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ALGUNOS ASPECTOS DEL PROGRAMA ELECTORAL DE PSOE

           

            Los textos que siguen han sido extraídos del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones. Son prácticamente copia literal en su integridad por lo que se respeta la primera persona del plural en la que están redactados. Texto completo

 

1º.- Seguridad Jurídica preventiva.

            - Reformaremos los registros y el notariado para, aprovechando las nuevas Tecnologías, hacerlos más accesibles, abaratar sus costes, garantizar la transparencia y la seguridad de la información sobre la propiedad a todos los efectos mercantiles y fiscales, y facilitar el acceso a los mismos en tiempo real.

            - Estableceremos una mayor homogeneidad práctica del sistema registral. Reforzaremos la seguridad jurídica para contribuir a la evitación preventiva de los conflictos.

            - Promoveremos la firma electrónica como instrumento de autenticación documental.

 

2º.- Acceso a la abogacía.

            Reformaremos el régimen jurídico del ejercicio de la abogacía para asegurar la adecuada formación que garantice los derechos fundamentales de todos los ciudadanos ante el sistema judicial, especialmente el derecho a asistencia letrada y la tutela judicial efectiva, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, con cobertura y garantía de los poderes públicos y participación de todas las instituciones implicadas, incluidas las Universidades y los Colegios Profesionales.

 

3º.- Justicia.

            - Los socialistas nos comprometemos a que, antes de finalizar la Legislatura, cualquier ciudadano o ciudadana obtenga una sentencia firme, dentro de la jurisdicción ordinaria, en un plazo no superior a 2 años.

            - Crearemos 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales en la legislatura y haremos un plan de choque para poner la Justicia al día.

            - Crearemos un sistema de prestación de asistencia jurídica preventiva y gratuita, con cargo al Estado, para que el ciudadano sin recursos económicos pueda ser asesorado por abogados en cuestiones civiles y administrativas.

            - Modificaremos el sistema de designación de abogado de oficio para que el ciudadano pueda elegir el abogado que le defienda.

            - Crearemos una Justicia de Proximidad o de primer nivel para que los litigios civiles y penales menos complejos sean enjuiciados por jueces profesionales, de manera pronta, sencilla y barata, con el objetivo de resolver en esta vía no menos de un millón de casos en cada ejercicio.

            - Estableceremos un horario de atención al ciudadano de mañana y tarde, y un sistema de cita previa, para evitar esperas injustificadas.

            - La entrada en la carrera judicial mediante concurso-oposición se hará a través de la Escuela Judicial, cuyo Plan de Estudios se revisará para mejorar la formación que imparte, asegurar la evaluación de la capacidad de análisis de jueces y fiscales y fortalecer el carácter selectivo de sus cursos.

            - Crearemos un sistema de ayudas para los candidatos a jueces y fiscales que tengan buen expediente universitario y carezcan de recursos para preparar el acceso, con el fin de atraer a la judicatura a los mejores estudiantes y profesionales del derecho.

            - Estableceremos los mecanismos legales precisos para posibilitar, en las debidas condiciones, el trasvase directo desde la carrera judicial a la fiscal, y viceversa.

            - Las partes y personas con interés legítimo en el proceso podrán acceder, a través de internet, a los datos que permitan conocer el inicio, la fase en que se encuentra y las resoluciones del mismo, así como el nombre del Juez y el Secretario y los demás referentes que sean precisos para atender sus intereses, sin merma de los derechos de terceros.

 

4º.- Derechos de las parejas de hecho.

            - Presentaremos una regulación que sirva de marco legal a las parejas que quieran formalizar su convivencia por la vía del Registro de Parejas de Hecho.

            - Reformaremos la Ley General de la Seguridad Social para incorporar el reconocimiento del derecho a prestaciones a favor de los miembros de las parejas de hecho registradas.

           - Ver más adelante propuesta en el Impuesto de Sucesiones.

 

5º.- Nuevos Registros.

            - Impulso de la transparencia de las decisiones de los órganos públicos en materia de suelo y ordenación urbana mediante la creación de órganos consultivos de participación, mejora de los mecanismos de información pública y desarrollo de registros públicos del planeamiento urbanístico y de su ejecución.

            - Incorporaremos a un Registro público a las empresas que, aceptando auditorías independientes, apuesten por la sostenibilidad de forma estable y evaluable; estas empresas obtendrán prioridades en toda contratación pública.

            - La VPO para venta mantendrá durante toda su vida útil un precio máximo actualizado cada año y sólo podrá venderse, en las segundas y posteriores transmisiones, a demandantes de VPO inscritos en un registro público.

            - La creación de una Agencia Pública de Alquiler, entre cuyas funciones estara la creación de un registro de información sobre los inquilinos.

            - Aprobación de un Sistema de Seguros Agrarios basado en el Seguro de Explotación, orientado al mantenimiento de rentas, en el marco de los Contratos de Explotación, Para su gestión será necesario elaborar un Registro de Explotaciones Sostenibles a las que se dirige el seguro

            - Creación del Registro Central del Patrimonio Cultural Estatal.

 

6º.- Política de vivienda: un derecho efectivo

            Los objetivos de las propuestas que presentamos se pueden resumir en dos. El primero, favorecer el acceso a la vivienda, a un precio asequible, en particular a los jóvenes y a otros colectivos vulnerables. El segundo, es frenar la burbuja inmobiliaria. Para ello:

            - Estableceremos un acuerdo entre las tres Administraciones, de forma que los suelos en propiedad pública que se desafecten de su uso preexistente, incluyendo los estatales (RENFE, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, etc..), se destinarán a vivienda de protección oficial, a equipamiento social o de interés colectivo.

            - Reformaremos la legislación estatal sobre valoración legal del suelo, de forma que en ningún caso el valor legal del suelo pueda incorporar elementos especulativos, y se favorezca así un uso del suelo mucho más conforme al interés general.

            - Estableceremos la reserva obligatoria de un porcentaje del suelo urbano no consolidado y urbanizable adecuado para la promoción de viviendas protegidas, preferentemente en alquiler o en derecho de superficie, que no será nunca inferior al 25% del aprovechamiento urbanístico residencial.

            - Reformaremos, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, el régimen jurídico de la figura de la vivienda protegida (VPO), para consolidar en España una oferta estable y suficiente de viviendas a precio asequible, evitando el fraude y flexibilizando sus tipologías en este tipo de vivienda. De tal forma que:

                        - Las ayudas públicas se destinarán preferentemente a la VPO en alquiler y en derecho de superficie.

                        - La VPO para venta mantendrá durante toda su vida útil un precio máximo actualizado cada año y sólo podrá venderse, en las segundas y posteriores transmisiones, a demandantes de VPO inscritos en un registro público.

            - Permitiremos que se puedan acoger a las ayudas para VPO viviendas cuya tipología se adapte a las necesidades de los demandantes actuales.

            - Favorecer el acceso a la vivienda, nueva o usada, en compra o en alquiler, a un precio razonable, asegurando 180.000 viviendas al año, mediante:

                        - Un nuevo Plan de Vivienda, que ampliará los objetivos y actuaciones del Plan actual, y que establecerá ayudas para el alquiler de VPO y de vivienda usada a precio asequible, para la adquisición y urbanización del suelo para VPO y para la rehabilitación de vivienda y de áreas urbanas.

                        - La creación de una Agencia Pública de Alquiler, que podrá concertar con las Comunidades Autónomas y que establecerá acuerdos con propietarios dispuestos a poner su vivienda en alquiler a un precio moderado. Los inquilinos, en función de sus ingresos, podrán ser beneficiarios de las ayudas incorporadas al Plan de Vivienda. Sus funciones serán: Ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios. Crear un registro de información sobre los inquilinos…

            -  Pretendemos elevar el porcentaje de viviendas en alquiler del 11% actual al 20% del total del parque existente.

            -  Apostamos por un sistema de asignación de ayudas más justo y transparente. Se favorecerá la asignación de ayudas directas en detrimento de las desgravaciones fiscales. Así se logrará que las ayudas recaigan sobre aquellos individuos que más lo necesiten. Las ayudas directas irán encauzadas preferentemente al alquiler. Y, se otorgarán en función de criterios de composición del hogar, localización del mismo y de la renta del individuo. Se favorecerá, en general, la equiparación fiscal del acceso a la vivienda en forma de alquiler con la correspondiente a la vivienda en propiedad, y se aplicará el IVA del 4% en todas las viviendas protegidas.

            - Desarrollaremos Fondos de Inversión Inmobiliarios en aras de fomentar la oferta de viviendas en alquiler. Para ello, igualaremos la normativa española de fondos de inversión inmobiliarios a la europea.

            - Favoreceremos la coordinación y la concertación entre las distintas Administraciones en política de suelo y vivienda, e impulsaremos entre ellas un auténtico Pacto en materia de suelo y vivienda.

 

7º.- Propuesta de reforma fiscal

Impuesto de Sociedades (IS)

            a) Simplificación de la actual maraña de deducciones, que resta libertad de elección a las empresas y dificulta una asignación eficiente de los recursos.

            b) Bajada del tipo para todas las empresas.

            c) Convergencia entre el tipo nominal y el tipo efectivo, de forma que todas las empresas paguen lo que les corresponde, favoreciendo la equidad horizontal, es decir, el tratamiento por igual de empresas iguales.

            d) Convergencia de los tipos existentes en el actual IS, entre el régimen general y el especial, favoreciendo la igualdad y evitando fraccionamientos oportunistas de sociedades por motivos de elusión fiscal.

            e) Convergencia entre el tipo del IS y el tipo del último tramo en el IRPF, desincentivando la creación de sociedades por motivos de elusión fiscal.

 

Impuesto de Patrimonio (IP)

            Este impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que se promoverá, de forma consensuada:

            - Elevación del mínimo exento actual, hasta conseguir que los patrimonios medios y bajos (en torno al 85% de los contribuyentes que hoy pagan este impuesto) queden exentos.

            -  Para fomentar el ahorro y favorecer la igualdad de oportunidades y, por tanto la equidad, el mínimo exento será una función creciente de la edad. Es decir, a mayor edad mayor será el mínimo exento.

            - Simplificación del impuesto, con el establecimiento de un tipo único, que guardará consonancia con una rentabilidad real razonable del patrimonio y con el tipo máximo del IRPF.

 

Impuesto de Sucesiones.

            Este impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que se promoverá, de forma consensuada:

            - La supresión del impuesto para patrimonios pequeños y medianos.

            - Mejora de la progresividad, mediante una elevación del mínimo exento.

            - Además, se igualará el tratamiento fiscal de las sucesiones de parejas de hecho y a las que no sean de padres a hijos al de las sucesiones entre cónyuges y a las que sean de padres a hijos, eliminando la discriminación actual y favoreciendo la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

            - Los objetivos giran en torno a la mayor simplicidad del impuesto, por lo que se propone que todos aquellos contribuyentes que lo deseen puedan recibir la liquidación de la Agencia Tributaria, en un documento del tamaño de una cuartilla.

            - Elevación significativa del mínimo personal y del mínimo exento por hijo a cargo. Con esta elevación, en torno al 50% de los contribuyentes de rentas más bajas que hoy pagan el impuesto, unos 7 millones de ciudadanos, dejarán de tributar por el IRPF

            - Reducción del número de tramos del impuesto y convergencia del tipo del último tramo al tipo nominal del Impuesto de Sociedades.

            - Las plusvalías en exceso de un mínimo formarán parte de la base del impuesto, recibiendo el mismo tratamiento que todas las fuentes de renta. Ello nos permite, introducir progresividad en las plusvalías realizadas, de tal forma que las pequeñas plusvalías queden exentas, frente al sistema, actual en el que todas las plusvalías pagan el 15% independientemente de su volumen.

            - Actualización del mínimo exento con la inflación.

 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

            - Reducción del tipo de gravamen para el grupo de alimentos básicos, que actualmente tributan al 7%, aplicando el tipo superreducido del 4%.

            - Aplicación de un tipo mínimo (1%) a la actividad cultural, en concreto prensa, revistas, libros, y de un tipo superreducido del 4% para los bienes culturales musicales.

            - Para compensar las reducciones de recaudación que se producirían con estas medidas en el IVA, se propondrá alternativamente la elevación de los tipos de gravamen en los impuestos especiales sobre el tabaco y sobre el alcohol de alta graduación, exceptuando el gravamen sobre el vino.

 

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