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DEMOCRACIAS Y/O CORRUPCIÓN Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)
En un artículo publicado el 18 de marzo de 1.994, en base a las reflexiones de
Octavio Paz sobre los sistemas políticos del tercer mundo, en el periódico
económico Expansión exponíamos que “la democracia es un instrumento que ofrece
tantas caras como grados de desarrollo tengan los países donde está implantada.
En las democracias de los pueblos poco desarrollados se dan, a menudo,
características negativas que no se encuentran en las democracias maduras.
Desplazado el centro de la decisión política a la colectividad, la capacidad y
la calidad del control de la gestión pública quedarán condicionadas por el
bajísimo nivel de renta y de cultura de la población.
Dos notas diferencian las democracias de los países más desarrollados de los
países del tercer mundo:
1- La
relación neutra entre el Estado y los ciudadanos, garantizada por la existencia
de un Estado de Derecho que trata a todos por igual. En el momento que los
ciudadanos se encuentren discriminados por el Estado, a causa de sus ideas, nos
encontraremos ante un sistema democrático falsificado, ya que gran parte de las
libertades quedarán cercenadas por este abuso de poder.
2- La
concepción que del Estado tenga la clase política dirigente. Mientras que en los
sistemas políticos del tercer mundo las clases dirigentes consideran al Estado
como su propiedad privada, en las democracias maduras, el Estado es de la
sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno. De
manera que, si desvían hacia finalidades particulares o partidistas dinero
común, la sociedad les retira la confianza política y les aplica un severo
correctivo legal.
De ahí que la corrupción no sea extraña en la democracia de las sociedades poco
desarrolladas mientras que los políticos corruptos son habitualmente separados
de la política por las sociedades en las democracias maduras”
Pero, para ello, ha de cambiar el concepto de la lucha política de
Consecuencia de esta concepción privativa del Estado, es la utilización de las
funciones públicas en beneficio propio, intentando asegurarse la continuidad,
una vez ganadas las elecciones y bloquear
el acceso de la alternativa política.
En el Estado germina un nuevo departamento que llamamos el Estado
B, compuesto de funcionarios que se ponen al servicio del partido en el
poder, unas veces por afinidad política y otras por intereses personales,
consiguiendo una promoción “profesional” y unos beneficios económicos que no
tienen el resto de funcionarios del Estado, que cumplen honestamente su
profesión.
Este grupo B, habitualmente, actúa al margen de normas morales y legales y si
tiene algún problema, serán otros del mismo clan los que acudirán, rápida y
eficientemente, en su ayuda.
Con la dirección de sectores claves, el Estado se convierte en un espía
universal que intenta controlar todo lo que pueda perjudicar a sus intereses.
Una vez ocupado el poder, en lugar de analizar las necesidades y los problemas
de la sociedad, elaborando planes para la corrección y mejora de las
deficiencias en infraestructuras y servicios públicos, centran la atención
preferente en investigar la acción pública de los anteriores dirigentes
políticos y la de los
actuales opositores.
De esta manera se montan enormes archivos con el objeto de hacerlos servir en el
futuro y desactivar el control de la oposición y reducir sus posibilidades en
los períodos electorales.
A ésta se le dará a entender que saben todo sobre ella y en el momento
que se produzca un debate público sobre fallos en la gestión pública o sobre
corrupción, utilizarán los expedientes en su contra.
De esta manera, intentan asegurarse el mantenimiento en el poder
no mejorando el nivel de los servicios públicos y la resolución de los problemas
sociales, sino a través de estas malas prácticas. Es más económico montar
informes que hacer carreteras y hospitales, que impiden disponer de recursos
públicos para otros objetivos. La calidad de los servicios e infraestructuras
desciende por la escasa inversión y la politización en la adjudicación.
El problema es que, los gestores que se han preocupado absolutamente de
gestionar con eficacia los recursos se ven en inferioridad de condiciones ya que
no tendrán otro archivo similar y la sociedad comprobará como, sin una oposición
crítica y sin unos medios de información independientes, la mayor parte de
promesas que se les hizo en los periodos electorales se quedarán sin atención.
Los momentos de más interés para este tipo de prácticas, es cuando se producen
grandes escándalos sociales por corrupción o incompetencia y en los períodos
previos a las elecciones.
Al final es toda la sociedad a la que se le somete a este control. Cuando hace
falta desviar la atención pública, se coge Instituciones de prestigio y
personajes populares “que no sean de los nuestros” y se monta una escandalera
monumental,” con escenas de película barata “y en la que contarán con la
complicidad y la colaboración de otros medios, ávidos de temas fáciles y
comerciales, para asegurar e incrementar sus cuotas de mercado.
Y, encima, siempre habrá alguien que se ensañe con las víctimas de esta
manipulación y hasta aplauda el valor del gestor al que no le tiembla el pulso
ante los poderosos y los populares y así protegen a los que tenían la
responsabilidad de evitar la especulación y la corrupción pública.
Dada la lentitud de
El problema es para los afectados a los que les masacraron el honor y hasta su
vida profesional y personal, teniendo que recurrir este calvario en soledad y
para las Instituciones a las que pertenecían.
Ningún medio recogerá con el mismo escándalo la resolución que decrete su
inocencia y hasta en las enciclopedias constará que participaron en actividades
delictivas.
Es fundamental, para la ocultación de las responsabilidades políticas y la
reducción de la cuota electoral de los opositores, la colaboración y la
complicidad de medios de comunicación poco escrupulosos con el deber de
información y de control de la clase política dirigente, a los que satisfarán
con todo tipo de ayudas, subvenciones, ventajas y privilegios ligando su futuro
al del partido en el poder.
De ahí que, cuando se detecte que en un Estado comienzan a
desarrollarse prácticas corruptas y antidemocráticas o la ciudadanía y los
partidos políticos actúan diligentemente contra este cáncer o serán responsables
de que se vaya desarrollando y acabe convirtiendo un Estado democrático al
servicio de todos los ciudadanos en un Estado
B al servicio exclusivo de su clase dirigente..
VILAFRANCA DEL PENEDÉS 8 DE ENERO DE 2.012
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