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INFORME Nº 142. (BOE de JULIO de 2006)
DISPOSICIONES GENERALES:
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Resolución de 16 de junio de 2006, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2006, relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
CANARIAS. Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Esta ley pretende buscar soluciones por razones sociales, en los casos que sea posible, para aquellas viviendas ya finalizadas, cuya construcción se hubiera iniciado sin licencia con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, y, en particular, regular la situación de aquellas viviendas edificadas sobre suelo rústico incluidas dentro de alguna de las categorías establecidas en el artículo 55.b del TRLOTCEN, y a las que, transcurrido el plazo previsto en el artículo 180 del mismo Texto Refundido, no se hayan aplicado las medidas pertinentes por la Administración competente. Esto se pretende conseguir con el establecimiento de un sistema suspensorio temporal de las demoliciones, creando para algunas de las viviendas un estatus fuera de ordenación temporal cuando las condiciones sociales del infractor se asemejen a las exigidas a un aspirante a la titularidad de las viviendas de promoción pública, aunque la vivienda objeto de la suspensión no pueda ser transmitida por negocio jurídico ínter vivos, y también busca proceder a la adecuación de las sanciones a las circunstancias que concurren en los expedientes. Afecta al apartado 3 del artículo 178, el apartado 1 del artículo 179 y a los artículos 182, 183 y 190 del Texto Refundido.
NAVARRA. Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. LEY DE MADRID. LEY 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. El objeto de esta Ley es el de regular un tratamiento legal especial que haga posible un gobierno municipal eficaz en atención a las singularidades de Madrid derivadas fundamentalmente de ser la capital de España, de la gran población que vive en ella y sus alrededores y de la convivencia de tres gobiernos, desarrollando las previsiones establecidas al respecto tanto por el texto constitucional, como por el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Esta Ley sigue la tradición de regulaciones especiales como el Decreto 1674/1963, de 11 de julio, o la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuya disposición adicional sexta previó la sustitución del régimen especial aprobado en 1963 por otro actualizado. La presente Ley no recoge todo el régimen jurídico de la ciudad de Madrid, sino únicamente normas especiales que se aplicarán preferentemente respecto de las previstas en la legislación general, sin que estas normas especiales cuestionen el ejercicio de las competencias legislativas sobre régimen local de la Comunidad de Madrid. Composición: Tiene un título preliminar y cuatro títulos más: - El Título Preliminar recoge el objeto de la Ley, las normas aplicables en lo no regulado y el principio de autonomía municipal. - El Título I está dedicado al régimen de capitalidad. Se crea la «Comisión Interadministrativa de Capitalidad». Recoge la previsión constitucional de que Madrid es la capital del Estado, asignándole las funciones propias de dicha condición. - El Título II se refiere a la organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid, desarrollando el título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Se basa en dos principios: - Se refuerza el esquema de corte parlamentario del gobierno local, con una más clara separación entre el Pleno y el ejecutivo local, potenciando las funciones del ejecutivo y reconociendo la debida separación entre el gobierno y la administración municipal. - Se amplía el ámbito de materias que pueden ser objeto de las potestades normativas y de autoorganización municipal, eludiendo la regulación de los aspectos secundarios. - El Título III aborda la regulación general de las distintas formas de atribución de las competencias a la ciudad, diferenciándose entre competencias propias, delegadas y las atribuidas mediante la técnica de la encomienda de gestión. Asimismo, se determinan las competencias de titularidad estatal que se asignan a la ciudad a través de esta Ley. - El Título IV alude a las especialidades del régimen jurídico aplicable a la ciudad. En materia de procedimientos administrativos se definen los trámites principales del procedimiento para la aprobación de las normas municipales por el Pleno, con el objetivo de agilizarlo respecto a la regulación actual, que contiene una doble aprobación por el Pleno municipal.
AGENCIA TRIBUTARIA. Orden PRE/2146/2006, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden de 11 de julio de 1997, por la que se reorganizan los servicios centrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
AGENCIA TRIBUTARIA. Resolución de 3 de julio de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se determinan los órganos competentes para tramitar los procedimientos especiales de revisión previstos en los artículos 8 y 11 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y se modifica la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
CATALUÑA. Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales. Esta ley tiene por objeto regular el ejercicio de las profesiones tituladas en el ámbito territorial de Cataluña y las asociaciones profesionales, los colegios profesionales y los consejos de colegios profesionales que ejercen su actividad en el mismo. PROPIEDAD INTELECTUAL. LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Mediante ocho directivas comunitarias se va conformando un proceso, todavía en curso, de formación de un derecho europeo de la propiedad intelectual. La razón inmediata de esta reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, está en la necesidad de incorporar al derecho español la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Los derechos armonizados son los patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública. Se aclara que la primera venta u otra transmisión de la propiedad no supone la extinción del derecho de distribución, sino que únicamente se pierde la facultad de autorizar o impedir posteriores ventas o transmisiones de la propiedad y, además, únicamente dentro del territorio de la Unión Europea. Se trata del llamado agotamiento comunitario, término ya acuñado por anteriores directivas y que ahora se armoniza con respecto a todo tipo de obras. La novedad más destacable en el catálogo de derechos está representada por el reconocimiento explícito en esta ley del derecho de puesta a disposición interactiva, es decir, aquel en virtud del cual cualquier persona puede acceder a las obras desde el lugar y en el momento que elija. Otra de las novedades más importantes es la nueva regulación del régimen de copia privada en la que se han intentado mantener los principios ya asentados en nuestro ordenamiento que originan la debida compensación que los fabricantes e importadores de equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para reproducir obras protegidas deben pagar a los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual. La reforma del régimen de copia privada introduce las debidas diferencias entre el entorno analógico y el digital, ya que la copia privada digital puede propagarse mucho más y tener mayor impacto económico. La Directiva establece un listado de límites de los derechos, de los cuales sólo uno es obligatorio, el previsto sobre exención de ciertas reproducciones provisionales de carácter técnico. En cuanto a los límites facultativos, esta ley introduce dos nuevos: uno, la ilustración con fines educativos, y otro, la consulta mediante terminales especializados en bibliotecas y otros establecimientos. También procede citar los límites basados en razones de seguridad, y los relativos a la discapacidad que vienen a sustituir a los que antes se observaban para invidentes. III El libro II de la ley regula los llamados «otros derechos de propiedad intelectual», cuyos titulares son, entre otros, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, los productores de grabaciones audiovisuales y las entidades de radiodifusión. Dentro de él está la tutela “post mortem” para los derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes, que no estarán limitados en el tiempo, con la salvedad del derecho a no ser doblados en su propia lengua que dura lo que dura la vida del artista. Se dictan diversas medidas de protección frente a las infracciones que propician las nuevas tecnologías capaces de una difusión masiva. Respecto a las acciones y procedimientos que los titulares de los derechos pueden instar, se establece, por primera vez, la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurre un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual, sin la exigencia de que el intermediario sea también infractor.
EGIPTO. CONVENIO entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Madrid el 10 de junio de 2005.
CASTILLA Y LEÓN. Ley 5/2006, de 16 de junio, de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León y su Consejo General.
SEGURIDAD SOCIAL. Real Decreto 807/2006, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. Se mejora la regulación de las bajas de los trabajadores agrarios por cuenta propia y por cuenta ajena en función de su inactividad en labores agrarias y no agrarias SEGUROS. LEY 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. Esta Ley tiene por objeto (art.1): - Regular las condiciones en las que deben ordenarse y desarrollarse las actividades mercantiles de mediación de seguros y reaseguros privados, - establecer las normas sobre acceso y ejercicio por parte de las personas físicas y jurídicas que las realicen y - fijar el régimen de supervisión y disciplina administrativa que les resulte de aplicación. Mediante ella se sustituye la Ley 9/1992, de 30 de abril, de mediación en seguros privados para incorporar la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros, que establece las bases para la armonización de la actividad de mediación de seguros en la Unión Europea. Esta Directiva responde a la necesidad de establecer un marco legal comunitario que permita a los mediadores de seguros ejercer libremente en toda la Unión. Son sus principios básicos los siguientes: a) La regulación de nuevas formas de mediación, con la incorporación de las figuras del agente de seguros vinculado a varias entidades aseguradoras y del corredor de reaseguros. b) El principio de igualdad de trato de las distintas clases de mediadores, para lo cual se prevén requisitos profesionales equivalentes para todos ellos atendiendo a su especial naturaleza. c) El principio de transparencia que garantice adecuadamente la protección de los consumidores en este ámbito. Se establece el principio de registro por la autoridad competente del Estado miembro de origen de todas las personas que accedan o ejerzan la actividad de mediación de seguros y reaseguros, siempre y cuando cumplan unos requisitos profesionales mínimos que se refieren fundamentalmente a su competencia profesional, honorabilidad, a la existencia de un seguro de responsabilidad civil profesional y a su capacidad financiera. Al respecto, La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones llevará el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, en el que deberán inscribirse, con carácter previo al inicio de sus actividades, los mediadores de seguros y los corredores de reaseguros residentes o domiciliados en España sometidos a esta Ley. En el caso de las personas jurídicas, además, se inscribirá a los administradores y a las personas que formen parte de la dirección, responsables de las actividades de mediación. Los ciudadanos podrán acceder a él en los términos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá un punto único de información que permitirá un acceso fácil y rápido que se nutrirá de la información procedente de este Registro, así como de la procedente de los Registros administrativos de mediadores de seguros y de corredores de reaseguros que lleven las Comunidades Autónomas. Según el art. 2.1, “las actividades a que se refiere el artículo 1 comprenderán la mediación entre los tomadores de seguros o de reaseguros y asegurados, de una parte, y las entidades aseguradoras o reaseguradoras autorizadas para ejercer la actividad aseguradora o reaseguradora privadas, de otra. A tales efectos, se entenderá por mediación aquellas actividades consistentes en la presentación, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro o de reaseguro, o de celebración de estos contratos, así como la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro. Igualmente, quedan sometidas a esta Ley, en aquello que les sea de aplicación, las actividades mercantiles de distribución de seguros que las entidades aseguradoras realicen a través de otros canales distintos de los mediadores de seguros. Los mediadores de seguros se clasifican en agentes de seguros, ya sean exclusivos o vinculados, y en corredores de seguros. Los agentes de seguros y los corredores de seguros podrán ser personas físicas o jurídicas. Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas que, mediante la celebración de un contrato de agencia con una o varias entidades aseguradoras y la inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, se comprometen frente a éstas a realizar la actividad definida en el artículo 2.1 de esta Ley. Los agentes de seguros se clasifican en agentes de seguros exclusivos y en agentes de seguros vinculados, según celebren un contrato de agencia con una o con varias entidades aseguradoras. En virtud del contrato de agencia se adquiere la condición de agente de seguros de la entidad aseguradora con la que se celebre. El contrato de agencia de seguros tendrá siempre carácter mercantil y se consignará por escrito. Su contenido será el que las partes acuerden libremente y se regirá supletoriamente por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia. Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad mercantil de mediación de seguros privados definida en el artículo 2.1 de esta Ley sin mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras, y que ofrece asesoramiento independiente, profesional e imparcial a quienes demanden la cobertura de los riesgos a que se encuentran expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o responsabilidades. Son corredores de reaseguros las personas físicas o jurídicas que, a cambio de una remuneración, realicen la actividad de mediación de reaseguros, definida en el artículo 2.1 de esta Ley. En el ámbito estrictamente mercantil destacamos las normas siguientes y sus posibles repercusiones en la inscripción de sociedades acogidas a dicha Ley: a) Para el ejercicio de la actividad de mediador de seguro, en todas sus modalidades (agente de seguros vinculado o exclusivo y corredor de seguros o reaseguros), es necesaria la inscripción previa en el Registro Administrativo que se lleva en el Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones regulado en el art. 52 de la propia Ley. Ello plantea la cuestión de si será exigible para la inscripción de las sociedades con objeto de mediación de seguros, que en el artículo relativo al comienzo de sus operaciones, se haga referencia a la necesaria inscripción previa en este Registro. b) Se prohíben a las sociedades de medición de seguros, denominaciones sociales que induzcan a error con las propias entidades aseguradoras. c) Las actividades de agente de seguros exclusivo, vinculado y de corredor de seguros son incompatibles entre sí. Es decir que una sociedad no podrá tener por objeto más que una de dichas actividades y si se trata de agencia deberá especificar si es exclusiva o vinculada. d) La denominación de agente o corredor de seguros se reserva en exclusiva a los mediadores de seguros. e) Los corredores de seguros además son incompatibles con las entidades aseguradoras o reaseguradoras, con agente de suscripción, con agentes de seguros, operadores de banca seguros, peritación de seguros, comisariado o liquidación de averías. Deberemos vigilar los objetos de estas sociedades para no caer en alguna de estas prohibiciones. Entrada en vigor: 19 de julio de 2006. (JFME) (JAGV)
MEDIO AMBIENTE. LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). SERVICIOS PÚBLICOS. LEY 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Esta Ley establece el régimen jurídico, la naturaleza, la constitución y el funcionamiento de las Agencias Estatales que, de acuerdo con la Ley de autorización, se creen por el Gobierno para la gestión de los programas correspondientes a políticas públicas de la competencia del Estado en los términos establecidos en el artículo 2. El artículo 2, referido a su naturaleza y régimen jurídico, indica que las Agencias Estatales son entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Las Agencias Estatales se rigen por esta Ley y, en su marco, por el Estatuto propio de cada una de ellas; supletoriamente por las normas aplicables a las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que les correspondan en cada caso. Las resoluciones del Consejo Rector y del Director de la Agencia ponen fin la vía administrativa. La creación de Agencias Estatales requiere autorización por Ley y se produce con la aprobación de su Estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda. Cuentas anuales (art. 30). 1. Las cuentas anuales de las Agencias Estatales se formulan por su Director en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado son sometidas al Consejo Rector, para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran. 2. Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
CORRUPCIÓN. Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003. La finalidad de la presente Convención es: a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. A continuación se citan algunos artículos de mayor interés: - El artículo 8 alude a códigos de conducta para funcionarios públicos. - El artículo 14 recoge medidas para prevenir el blanqueo de dinero y el 23 el blanqueo del producto del delito. - El art. 26: responsabilidad de las personas jurídicas. - Art. 31: embargo preventivo. Entrada en vigor: el 19 de julio de 2006. **CATALUÑA. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se recuerda el contenido del artículo 147: Artículo 147. Notariado y registros públicos. 1. Corresponde a la Generalitat de Cataluña, en materia de notarías y registros públicos de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, la competencia ejecutiva que incluye en todo caso: a) El nombramiento de los Notarios y los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, mediante la convocatoria, administración y resolución de las oposiciones libres y restringidas y de los concursos, que debe convocar y llevar a cabo hasta la formalización de los nombramientos. Para la provisión de las notarías y de los registros, los candidatos deben ser admitidos en igualdad de derechos y deben acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes en la forma y con el alcance que establecen el Estatuto y las leyes. b) La participación en la elaboración de los programas de acceso a los cuerpos de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, a los efectos de acreditar el conocimiento del Derecho catalán. c) El establecimiento de las demarcaciones notariales y registrales, incluida la determinación de los distritos hipotecarios y de los distritos de competencia territorial de los notarios. d) El nombramiento de Notarios archiveros de protocolos de distrito y guarda y custodia de los libros de contaduría de hipotecas. 2. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de los recursos sobre la calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán, que deban tener acceso a un Registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. 3. Corresponde a la Generalitat, en el marco de la regulación general, la competencia ejecutiva en materia de Registro Civil, incluido el nombramiento de sus encargados, interinos y sustitutos, el ejercicio con relación a éstos de la función disciplinaria, así como la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para el ejercicio de las funciones. Estos encargados deben acreditar el conocimiento de la lengua catalana y del derecho catalán en la forma y el alcance que establezcan el Estatuto y las leyes.
NAVARRA. Ley FORAL 7/2006, de 20 de junio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
SUBVENCIONES. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
PROTECCIÓN DE DATOS. Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se crea el Registro Telemático de la Agencia Española de Protección de Datos.
PROTECCIÓN DE DATOS. Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se aprueban los formularios electrónicos a través de los que deberán efectuarse las solicitudes de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos, así como los formatos y requerimientos a los que deben ajustarse las notificaciones remitidas en soporte informático o telemático.
TRIBUNAL SUPREMO:
INSPECCIÓN TRIBUTARIA. Sentencia de 4 de abril de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: «A los procedimientos de inspección tributaria iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, no les es aplicable el plazo máximo de duración de 12 meses, establecido en el art. 29-1, párrafo primero, de aquella Ley, aunque pudiera transcurrir tal espacio de tiempo con posterioridad a la entrada en vigor de la misma Ley, sin que hubiesen concluido las actuaciones».
SECCIÓN 2ª:
CONCURSO NOTARIAL. Resolución de 6 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, anunciando concurso para la provisión de notarías vacantes.
JUBILACIONES.
El Notario de Alacant/Alicante, don Julio Sainz Rodríguez El Notario de Palma de Mallorca, don Ciriaco Corral García. El Notario de La Seu d'Urgell, don Francisco Javier Galindo Llangort. Don Miguel Díaz del Moral Navarro, registrador de la propiedad de Huelva n.º 1 y mercantil. El Notario de Ibi, don Víctor Calatayud Tormo. El Notario de Mérida don Juan Manuel Higuera Heredero.
EXCEDENCIAS.
Se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Salt, don José Antonio García Caballer.
RESOLUCIONES (este mes sólo hubo de Propiedad): 140. PODER MERCANTIL PARA CASO CONCRETO. R. 30 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 7 de julio de 2006. Vinculante. Hechos: Se trata de una escritura de compraventa en la que la sociedad vendedora se halla representada por una apoderada en virtud de un poder especial no inscrito en el Registro Mercantil otorgado por el “órgano de administración”. El Registrador suspendió la inscripción, no por dudar de la suficiencia de las facultades de la apoderada que ha hecho el Notario, sino por no acreditarse la legitimación de la apoderada para el acto realizado al tratarse de un poder cuya inscripción en el Registro Mercantil no consta, por ser un poder especial para realizar actos concretos, por entender que es insuficiente indicar que el poder ha sido otorgado «por el órgano de administración de la sociedad», como se hace en la escritura, precisándose también la identificación de dicho órgano, los datos del documento de su nombramiento e inscripción en el Registro Mercantil o, en defecto de ésta, la presentación de todos los documentos que son necesarios, incluida la historia registral de la sociedad, para calificar la regularidad del nombramiento de dicho administrador. La DGRN confirma los argumentos del Notario y revoca la calificación. Comienza recordando que no cabe la notificación por correo electrónico, salvo que el destinatario haya aceptado ese medio mediante una manifestación de la que haya constancia fehaciente. Seguidamente reitera su criterio sobre el juicio de capacidad jurídica que emite el Notario y el contenido de la calificación registral en la materia, uno de cuyos aspectos es el de comprobar si ha habido reseña identificativa suficiente del documento de donde emana la representación. Al respecto, la DG estima que está suficientemente identificado, pues se expresa que se trata de escritura pública autorizada por el mismo Notario, añadiendo la fecha del poder y el número de protocolo; así mismo se expresa que la otorgante asevera la íntegra subsistencia de la representación que ejercita (entendiendo que esto último puede estar implícito). Interpreta que, aunque en su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el acto realizado, según el juicio hecho por el Notario, sin embargo, al expresar por otra parte que falta acreditar la legitimación de la apoderada y al exigir determinados datos para que el Registrador califique la regularidad del nombramiento del administrador de la sociedad que otorgó el poder, ello podría implica indirectamente la revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno- que legalmente compete al Notario. Finaliza la DG recordando el carácter vinculante de las resoluciones para los Registradores. En concreto estima que el Registrador debería haber rectificado su nota de calificación en este caso al haber recibido con anterioridad notificación de otra Resolución que estima guarda analogía con el caso presente. El Registrador alegó que no era todavía firme. Nota: En mi opinión, la escritura es poco precisa a la hora de determinar el otorgante del poder con lo que no se puede seguir por su contenido el rastro pleno desde el que tiene poder de disposición al que actúa. En ocasiones dicho rastro lo ha exigido la DGRN para cumplir con la “reseña identificativa” como es el caso en que concurre un sustituto del apoderado (debiéndose de hacer referencia a ambas escrituras, la del poder inicial y la de sustitución de poder, para así permitir al lector de la escritura seguir todo el iter desde el que tiene el poder de disposición primigenio: R. 11 de junio de 2004). Ese dato se hurta en el documento examinado, con lo cual queda en el limbo quién conforma dicho órgano de administración, y quién dentro de él otorgó el poder, circunstancia que se agrava en el caso al tratarse de un poder especial cuya inscripción en el Registro Mercantil no resulta obligada. Puede que no sea defecto que impida la inscripción –y no lo es pues la DGRN lo ha estimado así- pero no parece una comparecencia completa. (JFME)
141. ESCRITOS DEL REGISTRADOR Y SU NO CONSIDERACION COMO NOTA DE CALIFICACIÓN. R. 20 de abril de 2006, DGRN. BOE de 1 de junio de 2006. Se debate la posibilidad de recurso frente a un escrito de la registradora dirigido al notario, relativo a una escritura ya calificada negativamente, caducado su asiento de presentación, y presentada una segunda vez. El notario considera a dicho escrito una verdadera nota de calificación, aunque irregular, y la registradora no, pues razona que se trata de una mera nota explicativa del correcto cálculo de las responsabilidades hipotecarias en una ampliación de hipoteca, según su criterio. La DGRN inadmite el recurso, pues considera que para que pueda plantearse el recurso tiene que tratarse de una verdadera nota de calificación –y este escrito no lo es- y además debe presentarse en plazo el recurso -y en este caso ya pasó el tiempo para recurrir la primera nota. No obstante, ordena abrir una investigación para aclarar el alcance de dichas comunicaciones y depurar responsabilidades. (AFS) 142. SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL. R. 25 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 10 de julio de 2006. Hechos: Se trata de una escritura de compraventa en la que la parte compradora es una sociedad civil, la cual tiene por objeto «la promoción de apartamentos turísticos en Ayamonte». La sociedad se había constituido mediante documento privado, elevado a público en el número de protocolo anterior. El Registrador denegó la inscripción porque “la sociedad civil compradora tiene objeto mercantil y, por tanto, necesita revestir alguna de las formas reconocidas por el Código de Comercio e inscribirse en el Registro Mercantil”. La DGRN confirma la nota, pues, según su reiterada doctrina, la actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su calificación como mercantil, tanto desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, ánimo especulativo), como desde el estrictamente jurídico, al pretenderse la realización de genuinos actos de comercio, de forma permanente, a través de una organización estable y con ánimo de lucro. Por otra parte, todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto sea la realización de actos de comercio, tiene la consideración de acto de comercio y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer lugar, a las disposiciones contenidas en el Código o de Comercio sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades, sea suficiente la expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico, como ocurre con las que regulan el régimen de los órganos sociales, la responsabilidad de la sociedad, de los socios y de los encargados de la gestión social, la prescripción de las acciones o el estatuto del comerciante. De todo lo anterior se deduce que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Por ello, al conceptuarla como sociedad civil, el título presentado introduce un elemento de confusión sobre el titular registral que es suficiente para denegar la inscripción. El Centro Directivo apunta la posibilidad de una subsanación de la escritura de constitución, para ajustar su régimen a las exigencias establecidas en el ordenamiento para las sociedades mercantiles. En tal caso parece apuntar la posibilidad del acceso de la compra (rectificada a su vez) en el Registro aun antes de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, sin entrar en el cómo. Cita al respecto las Resoluciones de 22 de abril de 2000 y 14 de febrero de 2001. (JFME)
143. ERROR MATERIAL DE ESCASA ENTIDAD. R. 26 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 10 de julio de 2006. Vinculante. Hechos: Se trata de una escritura de ampliación y modificación de préstamo hipotecario que afecta a dos fincas, una vivienda y una plaza de garaje. En la descripción de esta última se comete un pequeño error al expresar que tiene una participación en los elementos comunes del 0,26 %, cuando, según la propia nota simple incorporada a la escritura y el Registro la participación es del 0,27%. El Registrador suspendió la inscripción: “No cabe duda de que la falta es un simple error material, fácil de subsanar por el Notario autorizante, y que desde un punto de vista meramente formal puede carecer de una gran trascendencia; pero siempre que no se olvide que quienes realmente deben apreciar la trascendencia del error son el Banco acreedor y los prestatarios. Que, en todo caso, teniendo en cuenta que el artículo noveno de la Ley Hipotecaria, en su apartado octavo establece como una de las circunstancias de la inscripción «la firma del Registrador, que implicará la conformidad de la inscripción con la copia del título de donde se hubiere tomado», y que si esa conformidad no existe el Registrador no debe poner su firma al pie de la inscripción, es por lo que ha sido calificado el título como defectuoso”. El Notario recurrió, presentando su escrito directamente ante la DGRN “para evitar un posible retraso en su tramitación si el Registrador se sintiese obligado a practicar las notificaciones que la derogada redacción del artículo 327 de la Ley Hipotecaria establecía”. Considera que se tendría que haber inscrito parcialmente respecto de la otra finca que no tenía problemas, pues hay solicitud en la propia escritura. Que el error material reseñado no tiene suficiente trascendencia para suspender la inscripción. Que se podría subsanar conforme al artículo 153 del Reglamento Notarial, pero que no lo considera necesario. El Registrador, al tramitar del expediente, inscribe parcialmente respecto de la vivienda. La DGRN revoca la nota. Comienza rechazando la posibilidad de una calificación verbal o con formalidades menores que las legalmente establecidas, no existiendo una fase previa de calificación material no sujeta a tales formalidades. Respecto al fondo, estima que la discrepancia en un centésima en la cuota de participación no es significativa ya que la finca está adecuadamente descrita sin que el Registrador albergue duda alguna sobre la su identidad. Se trata de un simple error material que no debería constituir en sí materia de recurso y puede ser fácilmente corregido, dada su escasa entidad, por el buen sentido del funcionario calificador sin necesidad incluso de que se subsane a través del medio establecido en el 153 del Reglamento Notarial, sugiriendo, de todos modos, que “a posteriori” subsane el Notario el defecto con un acta del 153 del Reglamento Notarial. Nota: en definitiva, errores de escasa importancia y que no afectan a los elementos esenciales del negocio (en este caso, la identificación de la finca) no es preciso que se rectifiquen para acceder el título al Registro, pero lo correcto, en buena técnica notarial, es que se haga, aunque no suponga un obstáculo registral. En este resumen se parte de la base de que la plaza de aparcamiento se formó por segregación y que no se trata de una cuota indivisa del local a la que se le asigne el uso exclusivo de una plaza de aparcamiento, porque, en este caso, sí que habría una diferencia en el objeto hipotecado que podría derivarse de un mero error material o de un posible título de modificación de la división horizontal no inscrito. (JFME)
144.- SEGREGACION EFECTUADA CON LICENCIA CONFORME A LA LEY URBANISTICA DE ANDALUCIA. R. 27 de Mayo de 2006. DGRN. BOE de 10 de julio de 2006. Vinculante. Hechos: Se formaliza una escritura de segregación de una finca rústica, inferior a la unidad mínima de cultivo, en Vera (Almería) dentro de la cual existe una edificación de carácter no agrario. Se obtiene para ello una licencia municipal de parcelación. El Registrador en base al art 80 del R Dto 1093/97 lo pone en conocimiento de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía, que resuelve que dicha segregación es nula. Se recurre por el Notario, alegando: - que en este caso, se da un supuesto de excepción a la exigencia de respeto a la unidad mínima, al existir una construcción no agraria (art 25.b) de la Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones Agrarias y – que la concesión de licencia de parcelación según la ley andaluza 7/2002 es competencia del Ayuntamiento. Dirección General: Estima el recurso, prácticamente en base a los argumentos del Notario. Recuerda las Rss de 22 marzo 2004 y 24 de mayo 2005, que son idénticas e indica: 1.- Que el art 25.b de la citada Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, exceptúa de la prohibición de segregaciones inferiores a la unidad mínima el caso de terrenos destinados a construcciones no agrarias, 2.- Y que aplicando las normas urbanísticas andaluzas, art 66 de la ley Urbanística 7/2002, la competencia para la concesión de licencias de parcelación corresponde a los municipios. 3.- Y por tanto el documento es inscribible, sin perjuicio de que si la licencia es nula, pueda ser impugnada por el procedimiento y con los efectos legalmente establecidos, sin que baste para ello, la simple declaración de nulidad de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía Comentario: Las normas afectadas por la Rs anterior son: - Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias: art 24 “la división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo. Art 25.- Se exceptúan... el caso de que la porción segregada se destine, de modo efectivo, en el año siguiente a cualquier edificación o construcción permanente, a fines industriales o a otros de carácter no agrario, siempre que se haya obtenido la licencia prevista por la legislación urbanística”. - R Dto 1093/97 art 80 “Cuando se trate de actos de segregación de fincas inferiores a la unidad mínima de cultivo, los registradores, remitirán copia de los documentos presentados a la Administración Agraria competente. Si la Administración adopta el acuerdo pertinente sobre nulidad del acto, remitirá al Registrador certificación del contenido de la resolución recaída” - Art 66 de la ley 7/2002 Urbanística de Andalucía: “Cualquier acto de parcelación urbanística precisará licencia o declaración de su inncesariedad. Las licencias municipales obre parcelaciones se otorgan y expiden bajo la condición de presentación en el municipio, dentro de los 3 meses siguientes a su otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. En la misma escritura los otorgantes deberán requerir al Notario para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente”. Sólo un comentario: la diversidad de leyes urbanísticas, nos obliga a estudiar cada una de ellas, según la ubicación del terreno correspondiente, dado que como ya es sabido, la competencia en urbanismo ha pasado a las Comunidades Autónomas. Por tanto, no basta con aplicar la legislación estatal, de todos conocida, hay que ir al caso concreto y a la norma autonómica correspondiente. (JLN)
145. PODERES EXTRANJEROS Y JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA. R. 29 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 10 de julio de 2006. Vinculante. Se presenta escritura en que la apoderada de la compradora alega un poder otorgado en Reino Unido. El Notario autorizante expresa que el poder se le exhibe y lo juzga suficiente para tal contrato. El Registrador entiende que al no existir en el país de otorgamiento del poder la llevanza de archivo protocolar de matrices u originales, no puede atribuirse el carácter de copia auténtica al simple traslado del documento extranjero que carezca legalmente de matriz o archivo de originales, por lo que, en el ámbito registral español, no teniendo el documento extranjero calificado la consideración de auténtico, no puede sobre la base del mismo procederse a la práctica de la inscripción, por exigencias derivadas del principio hipotecario de legalidad, contenido en los artículos 3 y 4 de la Ley Hipotecaria. La Dirección reitera una vez más la doctrina en materia de calificación de poderes y de la interpretación del art. 98 de la Ley 24/2001, confirmado por el artículo trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. (MN)
146. PODERES EXTRANJEROS Y JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA. R. 29 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 10 de julio de 2006. Vinculante. Idéntica a la anterior. (MN) 147.- DIFERENCIA ENTRE COMPLEJO INMOBILIARIO Y PROPIEDAD HORIZONTAL. R. 16 de junio de 2006. DGRN. BOE de 10 de julio de 2006. Vinculante. Hechos: Se formaliza en Palamós (Cataluña) la obra nueva de un complejo inmobiliario privado, constituido por nueve viviendas adosadas sobre un solar único, describiéndose como elementos comunes del mismo, además, una rampa de entrada a los garajes, la zona común de acceso a éstos y una escalera de emergencia para los garajes con su zona de paso. En la descripción de cada una de las viviendas, se asigna a las mismas una porción individualizada de terreno destinado a patio y jardín, y en las normas reguladoras, se dice que cada casa lleva consigo un dcho de copropiedad indivisible, igual a su cuota de participación, sobre el resto de elementos comunes del complejo, viales, instalaciones y servicios. El Registrador rechaza la inscripción al estimar que el art 24 de la Ley de P Horizontal, art 24, exige para considerar un complejo inmobiliario, el estar integrado por dos o más viviendas o parcelas independientes, y participar los titulares de los inmuebles, viviendas o locales que se encuentren divididos horizontalmente, en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios. En este caso, sólo hay una parcela, sobre la que se constituye una unidad arquitectónica, en la que no es posible separar cada vivienda del resto de las adosadas y no hay nada accesorio a la propiedad sobre lo que establecer una copropiedad con otra parcela independiente. El Notario alega, que el art 24 exige dos o más edificaciones independientes, no que tengan que ser fincas registrales independientes, bastando una autonomía funcional. Y si no hay nada accesorio a la propiedad sobre lo que establecer una copropiedad, tampoco el art 24 exige que los caminos o instalaciones tengan que ser fincas independientes, sólo exige participar en una copropiedad indivisible sobre tales elementos. Dirección General: Admite el recurso y estima que el art 24 de la LPH al regular la figura del complejo inmobiliario, se está refiriendo a diversos supuestos, ya conocidos, que se apartan de la P Horizontal clásica; tal es el caso de propiedades horizontales complejas, centros comerciales, conjuntos edificatorios en hilera, viviendas pareadas etc..Sólo exige dos rasgos definitorios: 1.- existencia de pluralidad de edificaciones o de parcelas con destino a viviendas o locales independientes entre sí, (elementos privativos) 2.- existencia de una copropiedad de esos elementos independientes sobre otros elementos inmobiliarios, viales o servicios (elementos comunes) 3.- y otro más, que todo ello sea un conjunto organizado. En tal sentido el art 24 prevé dos esquemas, la comunidad de propietarios única o la agrupación de comunidades de propietarios, pero reconoce además la posibilidad de otros supuestos. En definitiva dicho art admite la aplicación del sistema de la propiedad horizontal, a las realidades edificatorias distintas del edificio clásico. Para la DG la imposición de una naturaleza jca específica (P Horizontal típica) para el acceso de la obra nueva anterior al Registro, resulta de una rigidez no conforme con la libertad de configuración que el Ordenamiento reconoce en este punto a los particulares. Rechaza además la posibilidad de que a través de esta figura se quiera encubrir el supuesto de las P Horizontales que suponen verdaderas parcelaciones encubiertas, y para las que sería necesaria la licencia de parcelación (como es el caso de las asignaciones de uso de terreno individualizado, en el caso de la Ley Andaluza, aunque se mantenga formalmente la unidad del solar). Pero es que además en Cataluña (y de nuevo se nos lleva a la legislación autonómica) el Dto 287/2003 trata conjuntamente las situaciones de P Horizontal y complejo inmobiliario. Comentario: La DG se mueve, en este terreno con bastante ambigüedad, a mi juicio. Por un lado, admite la flexibilidad del complejo inmobiliario, en orden a admitir, cualquier supuesto que pueda chocar con la rigidez de la Propiedad Horizontal, pero de otro nos advierte que hay situaciones de P Horizontal en que será exigible la licencia de parcelación. Y de nuevo se nos lleva la legislación autonómica. No hay pues una separación neta de supuestos. Lo único que exige para el complejo es: una pluralidad de edificaciones o parcelas con destino a viviendas o locales independientes entre sí (elementos privativos), una copropiedad de tales elementos privativos sobre otros elementos inmobiliarios, viales o servicios (elementos comunes) y una cierta organización única. (JLN)
148. PODER MERCANTIL PARA CASO CONCRETO. R. 30 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 15 de julio de 2006. Vinculante. Similar a la 140. (JFME)
149. PODER MERCANTIL PARA CASO CONCRETO. R. 31 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 15 de julio de 2006. Vinculante. Similar a la 140. (JFME)
150. PODER MERCANTIL PARA CASO CONCRETO. R. 31 de mayo de 2006, DGRN. BOE de 15 de julio de 2006. Vinculante. Similar a la 140. (JFME)
151. CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DE FINCA: DE ERMITA A CAPILLA. R. 1 de junio de 2006, DGRN. BOE de 17 de julio de 2006. Vinculante. Hechos: Se presenta escritura complementaria de otra anterior de compraventa en la que los interesados solicitan modificar la descripción de una finca en el sentido de sustituir la referencia de que en ella se halla enclavada una ermita por la de que lo que realmente enclava es una capilla, aportando determinada documentación. El Registrador estima que, por existir otras dos ermitas con parecida descripción, inscritas en folios diferentes, existen dudas fundadas sobre la titularidad de la finca registral y, por tanto, sobre la legitimación para rectificar la descripción de la misma. Considera que el término «enclavado» no puede entenderse como sinónimo de «perteneciente» o «incluido» en la superficie de la finca. La DGRN revoca la calificación, centrándose en la certidumbre o no de la titularidad de la finca, ya que el Registrador nada opone a la documentación presentada. Resuelve que no puede considerarse incierta, pues, por el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, se presume que el derecho inscrito existe y pertenece a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo, por lo que, habiendo una inexactitud registral afectante a un dato de mero hecho, como lo es un mero cambio de denominación de la edificación contenida en el asiento, el titular de la finca está legitimado para solicitar su rectificación. Aunque se tratara de un supuesto de doble inmatriculación, como las fincas ya están inscritas, no puede ahora suspender el Registrador de oficio por tal motivo, ya que conforme al artículo 313 del Reglamento Hipotecario la nota marginal de doble inmatriculación ha de ser decretada por la Autoridad judicial en el procedimiento instado por el titular registral que crea que otra inscripción de finca señalada bajo distinto número se refiere al mismo inmueble. (JFME) 152. HIPOTECA CAMBIARIA: PUEDE GARANTIZAR INTERESES DE DEMORA, MAS ALLA DEL LIMITE DEL ART 58 DE LA LEY CAMBIARIA. R. 1 de junio de 2006, DGRN. BOE de 17 de julio de 2006. Vinculante. LEY CAMBIARIA: Para comprender la cuestión hago una breve referencia a la Ley Cambiaria (LC): -El art 6 de la Ley Cambiaria, establece que en la letra de cambio pagadera a la vista o a un plazo desde la vista, el librador podrá disponer que se devenguen intereses. El tipo de interés anual deberá indicarse en la letra. Los intereses correrán a partir de la fecha en que se libre la letra. -Art 58: El tenedor de la letra puede reclamar a la persona contra quien ejercite la acción: el importe de la letra no aceptada o no pagada, con los intereses indicados en ella, conforme al art 6. Los réditos (demora) de la cantidad anterior, devengados desde la fecha de vencimiento de la letra, calculados el tipo de interés legal de dinero (ahora al 4%) incrementado en dos puntos. Los gastos del protesto. -Art 59: El que hubiere reembolsado la letra de cambio podrá reclamar de las personas responsables frente a él: La cantidad íntegra pagada. Los intereses de dicha cantidad, calculados al interés legal del dinero, aumentado en dos puntos, a partir de la fecha de pago. Y los gastos realizados. HECHOS: Se formaliza una hipoteca cambiaria, que cubre unos intereses de demora de 3 años, al tipo del 25% nominal anual (el tipo correcto según art 58 LC sería de 4%, más 2 puntos o sea 6%). El Registrador suspende la inscripción por estimar que la hipoteca cambiaria, no puede amparar más intereses de demora que los legalmente establecidos (4% + 2 puntos), de manera que por encima de ese tope no cabe procedimiento de ejecución, aunque sí un declarativo ordinario. Por ello el exceso de intereses de demora, puede ser garantizado mediante una hipoteca ordinaria, separada de la cambiaria (se apoya además para ello en las Rs de 8 y 9 octubre de 2002, que habían establecido, que respecto de tales intereses extracambiarios habría que constituir una hipoteca ordinaria, separada de la cambiaria). DIRECCION GENERAL: Admite el recurso contra la posición del Registrador, aún reconociendo que con ello, se cambia la postura hasta ese momento de la propia Dirección General, que habían recogido las citadas Rs. Para la DG el que el pago de una letra sea objeto de una garantía hipotecaria, no implica una total dependencia entre una y otra, pues cada una tiene su propia virtualidad. Pese al carácter accesorio de ésta, esta accesoriedad no puede llevarse al extremo de impedir que la hipoteca, como garantía extracambiaria (a diferencia del aval) sea objeto de una configuración jca ajena al rigor cambiario. La hipoteca cambiaria cuya característica especial es que el acreedor o tenedor de la letra tenga lugar extrarregistralmente, no impide que ésta pueda garantizar, además de la obligación cartular, otras extracambiarias, como el pagar intereses de demora superiores al límite legal del art 58 LC. Para la DG (y esta manifestación es de suma importancia) obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria, cuando aquellas tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra (piénsese en el caso del crédito abierto que utilizan determinadas Cajas de Ahorro Catalanas; o en el supuesto de un crédito con tramos distintos y capital e intereses diferentes, en el supuesto de préstamos en parte subsidiados oficialmente). No lo impide el principio de especialidad, ni de accesoriedad de la hipoteca, en tanto las distintas obligaciones estén determinadas en sus aspectos definidores, y la hipoteca constituida quede enlazada con esas distintas obligaciones. Cuando tales obligaciones estén garantizadas por una sola hipoteca y no están sometidas al mismo título jco, para conseguir su efectividad hipotecaria será necesario, establecer separadamente la cantidad que respecto de cada obligación cubrirá la garantía (Ss TS 12 marzo 1991). En el caso de la hipoteca cambiaria no existe ninguna objeción a que la misma garantice también la obligación extracambiaria de abonar intereses más allá del límite legal del art 58 LC. Habrá una sola hipoteca, y el principio de especialidad quedará satisfecho en cuanto tales intereses queden englobados en una cifra de responsabilidad distinta de la obligación principal: existirá una cantidad exigible en el procedimiento cambiario, y otra exigible en el juicio de ejecución hipotecaria. Pero ello no supone tampoco que haya que separar las cantidades cubiertas por cada tramo, ya que: el art 58 LC permite suplir dicha diferenciación; y la determinación de la responsabilidad hipotecaria es un pacto negocial susceptible de interpretación, que debe ser entendido en el más favorable para que produzca efecto. Finalmente el carácter extracambiario de la obligación de pagar intereses por encima del tope legal (con la consiguiente improcedencia de su exigibilidad por la acción cambiaria) no impide que sea garantizada con una hipoteca a favor del aceptante y futuros tenedores, con la facultad conferida a éstos de acción real para promover la ejecución hipotecaria. Determinadas en la escritura la obligación cambiaria y la accesoria extracambiaria, que constituyen el objeto de la garantía hipotecaria, la misma es perfectamente inscribible. COMENTARIO: La presente Rs es, a mi juicio, realmente muy importante, ya que rompe aquel principio que notarios y registradores teníamos, inducido por las distintas Rs de la DG, de que una obligación = una hipoteca; no cabía mezclar dos obligaciones con una misma garantía, dado que lo impedía el principio de especialidad. No obstante, recordemos, que desde hace tiempo se están admitiendo, sin obstáculo registral alguno, los llamados “créditos abiertos” y “las obligaciones con tramos distintos en cuanto a plazo e intereses”. Creo que la presente puede ser el último aldabonazo para la admisión de una hipoteca que pase a garantizar varias obligaciones distintas. Los únicos requisitos exigidos son, según la DG: - una conexión causal entre sí o una dependencia de una respecto de otra u otras; - una determinación separada de las sumas garantizadas por capital y demás responsabilidades, aunque ello no sería necesario, si tal separación está ya determinada legalmente (caso del art 58 LC); - e incluso cabría reclamar separadamente una y otra obligación (en el caso que nos ocupa, procedimiento cambiario, o de ejecución hipotecaria de la LEC). (JLN)
153. ANULACIÓN JUDICIAL DE LICENCIA. INTERVENCION DEL TITULAR REGISTRAL. R. 2 de junio de 2006, DGRN. BOE de 17 de julio de 2006. Por sentencia se declara la nulidad de una licencia de edificación y se ordena su inscripción en el registro de la propiedad, constando inscrito un conjunto urbanístico en régimen de propiedad horizontal, adquisiciones de elementos y cargas por terceros, etc. La nota de calificación lo deniega porque los titulares de dominio y cargas de las siete fincas que integran la urbanización para cuya construcción se concedió la licencia anulada ni han sido demandados ni han participado ni sido oídos en el procedimiento, siendo, además, salvo decisión judicial en contrario, terceros de buena fe y a titulo oneroso. La DGRN desestima el recurso. Previamente afirma que “En la propiedad urbana, de acuerdo con el principio de subrogación real, las limitaciones del dominio afectan con trascendencia real a todo adquirente posterior, y si bien es cierto que parece atentar contra el principio de publicidad y seguridad del tráfico, no lo es menos que aquél se encuentra resguardado por la Ley de tal modo que las limitaciones derivadas del Urbanismo en manera alguna pueden ser catalogadas como las antiguas cargas ocultas, pues este principio de la subrogación real se da respecto a toda transmisión de bienes afectados por alguna función administrativa y estas limitaciones han sido configuradas por la más moderna corriente civilística caracterizada como «obligatio propter rem», que afectan al propietario de la finca por el mero hecho de serlo, sin que el actor pueda pretender ampararse en la literalidad del art. 34 de la Ley Hipotecaria. La cuestión que se plantea en el presente recurso no es tanto determinar el alcance subrogatorio de las limitaciones legales de la propiedad urbana, sino el grado de intervención que debe tener el titular registral al objeto de que se haga constar en el Registro de la Propiedad la declaración de nulidad de una licencia de edificación. Si lo que se pretende es la mera constancia por nota marginal de la declaración de ilegalidad de la licencia de edificación, de conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio (B. O. E. núm. 175, de 23 de julio), por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, es suficiente que los titulares registrales hayan sido citados en el procedimiento. Si lo que se hubiera pretendido hubiese sido la inscripción (Cfr. Art. 309.1 del RDL 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana) de la sentencia firme por la que se declare la anulación de la licencia (Cfr. Art. 307.7 del RDL 1/1992, de 26 de junio), hubiese sido precisa la participación del titular registral en el procedimiento, como expresamente dispone dicho precepto. No constando del documento presentado que los titulares registrales hayan sido citados, el recurso debe ser desestimado”. (JDR)
154. INMATRICULACIÓN. DUDAS SOBRE COINCIDENCIA CON FINCA INSCRITA. TITULAR CATASTRAL NO COINCIDENTE. R. 5 de junio de 2006, DGRN. BOE de 17 de julio de 2006. Vinculante en parte. Son dos los defectos alegados por el Registrador: 1.– Existir dudas fundadas sobre si la finca transmitida es o no parte integrante de otras dos fincas ya inscritas. 2.–Con carácter subsidiario, aparecer la finca catastrada a favor de persona distinta del adquirente o transmitente. Sobre el primer defecto, la DGRN recuerda que la solución a tal cuestión (que es más de hecho que jurídica) tiene su propio y específico cauce a través del procedimiento previsto específicamente para ello en el artículo 306 del Reglamento Hipotecario, al que remite para las inmatriculaciones en virtud de título público el artículo 300 del mismo cuerpo reglamentario En cuanto al segundo defecto, sí estima el recurso, pues “aunque la finca no esté catastrada a nombre de la transmitente ni de los adquirentes, sí lo está a nombre del titular del título pr |
