Informe 84. BOE septiembre-2001.

SENTENCIA de 9 de marzo de 2001, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 20 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre. Es un artículo del anterior Reglamento que se opone a una Directiva comunitaria que prohíbe someter a imposición indirecta los empréstitos con emisión de obligaciones y su cancelación incluido el gravamen sobre las escrituras notariales que los formalicen.

MERCADO DE TRABAJO. LEY 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

Se introducen diversas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores referidas, en primer lugar, a la forma, duración y modalidades del contrato de trabajo. De entre ellas, cabe destacar las dirigidas a reforzar el principio de estabilidad en el empleo, introduciendo limitaciones y garantías adicionales en los contratos temporales y de duración determinada. Se deroga de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores, que estimulaba la adopción de medidas dirigidas a lograr la jubilación forzosa de los trabajadores de mayor edad y su retirada del mercado de trabajo como instrumento de una política de empleo inspirada en concepciones y apoyada en realidades demográficas y del mercado de trabajo distintas de las actuales.

Se introducen modificaciones en el régimen jurídico del contrato a tiempo parcial, con objeto de lograr un mayor impulso y dinamismo de esta modalidad contractual.

Se amplían los colectivos que pueden beneficiarse de los contratos formativos.

Se concretan a través de un nuevo contrato temporal de inserción, los programas de contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

Otras modificaciones se dirigen a reforzar las garantías en los supuestos de subcontratación y de sucesión de empresa; en particular, a través de una mejora de los instrumentos de información y consulta de los trabajadores y sus representantes, que permita dotar a estas situaciones laborales de la debida transparencia y seguridad jurídica. Se procede a incorporar al ordenamiento interno el contenido de las recientes Directivas europeas 98/50/CE, del Consejo, de 29 de junio, por la que se modifica la Directiva 77/187/CEE, sobre mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, y 1999/70/CE, del Consejo, de 29 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

Asimismo, con el objeto de evitar la utilización abusiva de la contratación temporal de corta duración, aumenta en un 36 por 100 la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, en los contratos temporales cuya duración efectiva sea inferior a siete días.

Se amplía la normativa sobre permisos de maternidad o paternidad en atención al supuesto específico de nacimiento de hijos prematuros o que requieran hospitalización tras el parto, posibilitando la atención materna o paterna al neonato mientras permanezca ingresado, pudiendo ausentarse del trabajo durante una hora y teniendo, asimismo, el derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. En relación con lo anterior, el período de suspensión o el permiso podrá computarse, con excepción de las primeras seis semanas de suspensión o permiso obligatorio, posteriores al parto, en el contrato de la madre a partir de la fecha del alta hospitalaria. Es una excepción al disfrute ininterrumpido del permiso.

ESTATUTO DE LA ABOGACÍA. REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

EXTREMADURA. LEY 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

CASTILLA Y LEON. LEY 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

* AGUAS. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Deroga y sustituye fundamentalmente a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y a la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la anterior, excepto la disposición adicional primera.

CANARIAS. LEY 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Su art. 8º añade un apartado 6º al art. 27 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Es del siguiente tenor: "6. No será necesario el trámite previo de calificación territorial, en concordancia con el apartado 1 de este artículo, cuando el proyecto de edificación o uso objetivo del suelo se localice en un suelo rústico de asentamiento rural o agrícola a que se refiere el artículo 55 c) de esta Ley siempre que el planeamiento haya establecido para ellos la ordenación pormenorizada."

MADRID. LEY 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

ENJUICIAMIENTO CIVIL. CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Deja sin efecto una pequeña corrección anterior en el art. 778.

CATASTRO. RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2001, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la remisión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a las Comunidades y Ciudades Autónomas de la información sobre los bienes inmuebles remitida por los Notarios y Registradores de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

Por esta disposición, las Gerencias Regionales del Catastro remitirán a la Agencia Tributaria y a las Consejerías de Hacienda de las Comunidades y Ciudades Autónomas del lugar donde radiquen los bienes, durante los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, los ficheros con la información recibida durante el trimestre inmediato anterior, relativa a las alteraciones catastrales de cualquier orden de las personas que hayan incumplido la obligación establecida en el artículo 50. Dos de la Ley 13/1996, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

También remitirán trimestralmente a las Comunidades y Ciudades Autónomas y a la Agencia Tributaria, cuando así lo soliciten, y en el mismo formato, la información recibida sobre las alteraciones catastrales de todo tipo que se reciban de Notarios y Registradores de la propiedad sobre los bienes inmuebles radicados en su territorio.

BANCO DE ESPAÑA. CIRCULAR número 2/2001, de 30 de julio, sobre Declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables.

MODELOS DE HACIENDA. ORDEN de 27 de julio de 2001 por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo 777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002.

ABOGADOS EXTRANJEROS. REAL DECRETO 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea.

INVERSORES. REAL DECRETO 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores. Se garantiza la posición acreedora global frente a la empresa incursa, con el límite cuantitativo de 20.000 euros, contabilizando todas las cuentas o posiciones abiertas.

LICENCIADO EN DERECHO. REAL DECRETO 861/2001, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Derecho y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquél.

EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN. REAL DECRETO 867/2001, de 20 de julio, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión.

CANARIAS. LEY 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias. La Ley tiene el objetivo concreto de regular el régimen del planeamiento y el uso del suelo mientras se redactan las Directrices de Ordenación General y del Turismo, cuyo plazo de aprobación definitiva se establece en un año. Se trata de contener el crecimiento de la oferta alojativa turística y el fomento de su reconversión en oferta residencial o complementaria

Para ello, se limita la vigencia de instrumentos de planeamiento, licencias y autorizaciones administrativas obsoletas, aprobados u otorgadas en base a normas anteriores a la Ley de Ordenación del Turismo, por lo que la Ley dispone, para el planeamiento parcial no ejecutado, la pérdida de efectos del aprobado antes de la entrada en vigor de dicha Ley y la suspensión del aprobado posteriormente. Impone igual medida a las licencias urbanísticas anteriores a dicha fecha que no acrediten el grado de ejecución de las obras y establece plazos para la vigencia de las autorizaciones previas, en función de su grado de materialización. Y, conforme al art. 2.3 c), se suspende:” c) La concesión de las licencias urbanísticas que habiliten para la construcción o ampliación de establecimientos turísticos alojativos”.

La Palma, La Gomera y El Hierro tendrán un mecanismo específico de autorregulación transitoria del sector turístico, mediante instrumentos de planeamiento territorial específicos con vigencia máxima de dos años.

Se modifica el artículo 16 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo relativo a Directrices de ordenación: Procedimiento.

ANDALUCIA. LEY 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

NAVARRA. LEY FORAL 13/2001, de 29 de mayo, por la que se regulan los plazos de descalificación voluntaria de viviendas de protección oficial.

CATALUÑA. LEY 11/2001, de 13 de julio, de Acogida Familiar para Personas Mayores.

CUADRO DE INTERINIDADES. RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, modificando parcialmente el cuadro de sustituciones de los Registros de la Propiedad y Mercantiles para el desempeño de las interinidades.

* LICENCIA DE SEGREGACIÓN PARA RESTO. R. de 13 de junio de 2001. B. O. E. de 13 de julio de 2001. Se presenta escritura de venta del resto de una finca después de varias segregaciones algunas de ellas sin acceso todavía al Registro de la propiedad y tras la apertura de calles por el Ayuntamiento. Se suspende por falta de licencia de segregación o de declaración de su innecesariedad, conforme a la legislación urbanística, lo que se confirma por la DGRN ya que la porción de finca cuya inscripción se pretende sólo puede ser objetivada jurídicamente previa división de la originaria finca registral, y ello aún cuando a la porción ahora transmitida siga correspondiendo el mismo número de la primitiva, por convenir las partes en que la misma sea reputada como resto de la originaria finca, y en tal sentido continúe el folio abierto a ésta. (C.B.)

CLAUSULAS HIPOTECARIAS. R. 29 de mayo de 2001. R. 11 de junio de2001. Similares a las de 5 y 9 de abril y 16 de mayo de 2001 recogidas en los dos informes anteriores. (MDGA) (JFME)

*ANOTACIÓN PREVENTIVA LIMITANDO DISPONER. R. 31 de mayo de 2001. No puede anotarse preventivamente, ex. art. 26 y 27 de la Ley Hipotecaria, una demanda en que se solicita se condene al titular registral abstenerse de vender sin autorización expresa de determinada persona. (MDGA)

NOVACIÓN MODIFICATIVA DE HIPOTECA. R. de 7 de junio de 2001. B. O. E. de 13 de julio de 2001. Constituida una hipoteca única sobre un inmueble perteneciente proindiviso a tres personas, en garantía de una deuda exclusivamente de dos de ellos, se presenta novación modificativa otorgada entre el acreedor y sólo los dos deudores, sin el consentimiento del hipotecante no deudor. La novación establece nuevo índice de referencia de los intereses variables remuneratorios, fija estos para el próximo año en el 6,75 por ciento, sin modificar el total importe de la responsabilidad hipotecaria. El registrador deniega la inscripción.

La modificación de la obligación garantizada no puede extenderse a la hipoteca cuando suponga un agravamiento o ampliación de la misma, en tanto no haya sido consentida por el constituyente de la garantía. En el presente caso no es posible determinar si la modificación pactada es o no más beneficiosa para el propietario del bien gravado, por cuanto nada asegura que los nuevos índices de referencia pactados vayan a determinar una deuda por intereses remuneratorios menor que la que derivaría de los índices originariamente estipulados. La DGRN confirma el defecto pero con carácter subsanable.(C.B.)

lIMITACIÓN DE MEDIOS PARA LA CALIFICACIÓN. TRACTO SUCESIVO. R. de 8 de junio de 2001. B. O. E. de 13 de julio de 2001. El registrador deniega por falta de tracto la anotación preventiva de una querella criminal sobre una finca que aparece inscrita a favor de una sociedad distinta de los querellados. El Presidente del Tribunal Superior reclama, para mejor proveer, los autos correspondientes y revoca el defecto. La DGRN revoca el auto presidencial ya que el artículo 117 del Reglamento Hipotecario impone que deben desecharse en el recurso gubernativo todas las cuestiones basadas en documentos no tenidos en cuenta por el Registrador a la hora de calificar, como son en el presente caso los autos del procedimiento penal entablado.

De los solos documentos presentados no resulta que la sociedad titular registral del bien haya tomado parte en el procedimiento, por lo que ha de confirmarse la nota de calificación, ya que no consta que el procedimiento entablado lo haya sido contra el titular registral, como exige el principio constitucional de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española), y su corolario registral constituido por el principio de tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria), sin que ello quede desvirtuado por la obligación que incumbe a los Registradores de la Propiedad, como funcionarios públicos, de respetar y colaborar en la ejecución de las resoluciones judiciales firmes (artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). (C.B.)

DACIÓN EN PAGO DE DEUDA RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES. R. de 9 de junio de 2001. B. O. E. de 13 de julio de 2001. El esposo en pago de una deuda resultante de la liquidación de gananciales por separación judicial, cede un piso privativo que la esposa paga en parte con cargo a la dicha total deuda, en parte con cargo a un préstamo hipotecario que grava la vivienda, y en parte con el dinero obtenido de un crédito personal identificado en la escritura. El registrador suspende la inscripción por indeterminación de la causa. La DGRN revoca la nota ya que la dación en pago de deudas es un contrato perfectamente admitido en nuestro Derecho, tanto en su faceta de modo de extinción de las obligaciones, como en su aspecto de contrato traslativo del dominio y asimilable a la compraventa, por lo que la causa consta explícitamente en el contrato. Por otra parte, el registrador no tiene porqué entrar en averiguaciones sobre si son ciertos o no los hechos que exponen los contratantes y que dieron origen a la deuda que ahora se extingue. (C.B.)

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN. R. de 12 de junio de 2001. B. O. E. de 13 de julio de 2001. Se presenta copia de acta de protocolización de: a) Certificación expedida en 1982 del Director Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de adjudicación de determinada vivienda de protección oficial al recurrente según precio y condiciones obrantes en el anuncio previo de adjudicación; b) requerimiento al mismo recurrente para el ingreso de una aportación inicial, y comparecencia para la formalización de las escrituras correspondientes; y c) certificación de la Junta de Andalucía expresiva de que el recurrente fue adjudicatario de una vivienda, tomó posesión de la misma y realizó el ingreso correspondiente a la aportación inicial. Además el acta contiene manifestaciones unilaterales del recurrente y su esposa relativas a la descripción de la vivienda, así como manifestación de haber pagado el precio total. El registrador deniega la inscripción por faltar el consentimiento de ambas partes en el contrato bilateral de compraventa, otorgado en escritura pública, sin que el acta notarial sea título idóneo a tal efecto.

El acta notarial en la que sólo consta la declaración unilateral del comprador sobre elementos de negocio tan esenciales como la cosa y el precio no es título idóneo para la inscripción, debiendo acreditarse el consentimiento bilateral mediante escritura pública.

Esta conclusión no puede quedar empañada por el hecho de que el artículo 20 de la Orden de 17 de noviembre de 1980 a que se refiere el auto apelado contemple la posibilidad de practicar mediante la presentación del “título de adjudicatario”, una anotación preventiva convertible en inscripción cuando se acredite el cumplimiento de la condición suspensiva a que se refiere dicha norma, pues, aparte que esa anotación no se practicó, y sin necesidad de prejuzgar sobre cuál haya de ser dicho título de adjudicatario, tal precepto habrá de ser interpretado conforme a su rango normativo y, en este sentido, no puede olvidarse el criterio de “numerus clausus” que en materia de anotación preventiva se contiene en nuestra legislación, concretada esencialmente en los casos recogidos en la legislación hipotecaria y en todas aquellas normas, siempre con rango de Ley, en que así se establezca (artículo 42.10ª de la Ley Hipotecaria). (C.B.)

NOTA DE AFECCIÓN POR SUBVENCIONES. R. 1 de junio de 2001 DGRN, BOE del 13 de julio. Se quiere cancelar mediante instancia del titular registral por haber incurrido en caducidad la siguiente nota marginal: 'Afecta esta finca a favor del Estado para afianzar al Tesoro el reintegro de las cantidades que la empresa hubiera percibido de subvenciones y de las liquidaciones que procedan por las bonificaciones o exenciones disfrutadas en los supuestos de renuncia a los beneficios o incumplimiento de las condiciones que originan la declaración de caducidad de la concesión de los mismos... ‘ Se desestima el recurso porque no cabe aplicar por analogía las normas de caducidad de las anotaciones por lo que la afección deberá continuar mientras no haya una resolución judicial o se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas. Ello está en sintonía con lo dispuesto en el Real Decreto 1987/1981, de 19 de junio, modificado por el Real Decreto 3361/1983,de28 de diciembre, sobre beneficios en la Gran Área Industrial de Castilla y León que sirve de sustento legal a la nota pues la configura como una verdadera garantía real ya que en el caso de que la empresa renuncie a los beneficios o incurra en incumplimiento de las bases, establece que se procederá según lo dispuestdo en el entonces vigente Estatuto de Recaudación para los casos de descubierto. (JFME)

LÍMITES A LA CALIFICACIÓN REGISTRAL EN DOCUMENTOS JUDICIALES. R. 2 de junio de 2001 DGRN, BOE del 13 de julio. Se revoca la nota del Registrador sobre la inscripción de un auto recaído en expediente para la reanudación del tracto sucesivo, que es suspendido por no haberse publicado los edictos en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, como exige el artículo 201.3° de la Ley Hipotecaria. Se afirma en el auto apelado que dicho precepto ha sido modificado por el artículo 236 Ley Orgánica del Poder Judicial. Independientemente de la vigencia o no del artículo 201.3 LH, este aspecto está fuera del ámbito calificador determinado por el art. 100 Reglamento Hipotecario. El Registrador sí que puede entrar en la comprobación de la observancia en el procedimiento seguido de los trámites establecidos en beneficio de los titulares registrales, a fin de evitar su indefensión pero no en aquellas otras exigencias de publicidad como la debatida, dirigida a las personas ignoradas a quienes podría perjudicar la inscripción solicitada. (JFME)

*OBSERVACIONES VERTIDAS EN LA INSCRIPCIÓN. R. 4 de junio de 2001 DGRN, BOE del 13 de julio.

El recurso gubernativo se interpone cuando el Registrador deja de inscribir un título o parte de él. En este caso curiosamente lo que se pretende es que se eliminen del texto de la inscripción y de la nota de despacho ‘las precisiones que subrayan y resaltan las particularidades del préstamo de la escritura’, a juicio de la Registradora.

El Procurador recurre contra la nota de calificación que dice: ‘...Observaciones: Es de consignar que las condiciones del contrato dejan indeterminado el crédito en cuanto al plazo, número de pagos e importes concretos de los débitos por amortización de capital e intereses en cada uno de ellos.’ Esta nota de calificación es reflejo de unas amplias observaciones vertidas en el asiento. Por ello, el recurrente solicita la rectificación de la inscripción practicada en el sentido de que se supriman las observaciones introducidas por la Registradora, que, a su juicio, cuestionan la validez de las estipulaciones afectadas, provocando con esta técnica confusión e inseguridad jurídica.

En mi opinión, tal vez el entronque del caso con el recurso gubernativo esté en que esa actividad de realizar observaciones puede poner en entredicho la eficacia jurídica del contenido de los asientos por lo que debe de asimilarse a una suspensión. La DG critica la labor de la funcionaria calificadora ‘por cuanto siendo requisito necesario para la inscripción de un derecho real, el que esté suficientemente determinado en su contenido y alcance, si consideraba que el ahora cuestionado no quedaba debidamente definido en todos sus aspectos esenciales, debió abstenerse de practicar el asiento, y comunicar al presentante o interesado los defectos de que a su juicio adolecía el título calificado’.

También entiende que las meras advertencias del Registrador sobre el alcance de las estipulaciones que definen el derecho real contenido o transmitido, no serán, en sentido estricto, parte del asiento registral cuando indebidamente se hayan filtrado en él y, en consecuencia, habrán de cancelarse a instancia de parte, sin que pueda alegarse la salvaguardia judicial de los asientos registrales.

Se da, así pues, la curiosa situación de que, frente a lo que ocurre normalmente al perder un recurso el Registrador que es que se la obliga a inscribir lo que rechazó, en este caso, al perder, ha de desinscribir parte del contenido del asiento. (JFME)

*VENTA DE CUOTA INDIVISA CON ATRIBUCIÓN DE USO EXCLUSIVO. R. 5 de junio de 2001 DGRN, BOE del 13 de julio. Se vende en escritura pública una participación indivisa de un 41,73 por100 de una tierra en Alicante, de 2.520 metros cuadrados. Los otorgantes manifiestan sin eficacia real que “dicha participación indivisa le da derecho al uso, disfrute y aprovechamiento exclusivo de la siguiente finca: 'Tierra secano... de 1.047 metros cuadrados, incluidos caminos, y cuyos linderos son....” La DG estima el recurso, porque, en cuanto a la inscripción de la venta, la escritura recoge un contrato de compraventa de una participación indivisa de una finca, por lo que no requiere licencia alguna de división. Y, en cuanto a la manifestación sobre uso exclusivo de una parte determinada del terreno que se efectúa por los contratantes, al no pretenderse el carácter real del uso exclusivo ni su constatación registral, la eficacia del mismo se limita a la que deba tener en la órbita obligacional, sin que impida la inscripción de la compraventa de parte indivisa de la finca. El elemento diferencial con otras RR. parecidas está en esta configuración del pacto como meramente obligacional y la consiguiente renuncia a su inscripción por lo que no estamos ante un objeto jurídico independiente. (JFME)

D*NATURALEZA PRIVATIVA O GANANCIAL DE UN BIEN. R. 6 de junio de 2001 DGRN, BOE del 13 de julio.

En 1972 el interesado contrae matrimonio en Tarragona, siendo el marido de vecindad civil común. En 1973 se inscribe una finca en el Registro con carácter ganancial, por haberla adquirido el marido a título oneroso, sin haber hecho declaración alguna sobre la procedencia del precio. En 1999 se presenta en el Registro instancia suscrita por el marido solicitando se haga constar el carácter de bien privativo de la finca alegando que el régimen que regía el matrimonio era el de separación de bienes existiendo conformidad de ambos cónyuges en la exclusión voluntaria de la ley de Derecho común, sin que exista prueba alguna documental de aquella voluntad. A la instancia se acompaña un acta de requerimiento en la que, requerida la esposa para que reconozca el carácter privativo del precio y que el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes, aquélla contesta al requerimiento, en cuanto al primer extremo, que lo desconoce, y en cuanto al segundo, que el matrimonio se celebró conforme al derecho civil catalán.

La DG entiende en el matrimonio estaba sometido al régimen de derecho común de gananciales al ser el marido de vecindad civil de Derecho común al tiempo de la celebración del matrimonio, y no haberse otorgado capitulaciones matrimoniales. Las afirmaciones sobre una hipotética voluntad común carecen de relevancia jurídica si esta voluntad, en el supuesto de que existiera, no se expresó por los cauces legales establecidos, que no son otros que el otorgamiento de capitulaciones.

En segundo lugar, no procede la inscripción como privativo del bien al faltar una prueba documental pública de la naturaleza privativa del precio. (JFME)

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: ANOTACIÓN. R. 14 de junio de 2001. BOE del 24 de julio.

Interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Ourense por el que se desestima el recurso de reposición contra otro acuerdo del mismo Ayuntamiento por el que se ratifica el de aprobación definitiva de un proyecto de reparcelación, se ordena por el tribunal la 'anotación preventiva de este recurso' sobre determinada finca resultante que aparece inscrita a favor de personas que no aparecen ni como demandados ni como coadyuvantes. El registrador deniega la anotación por falta de tracto y, aunque se revoca el defecto por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se confirma por la DGRN.

El procedimiento ha de ser dirigido contra el titular registral en la Jurisdicción Civil. Esta exigencia, tratándose de un recurso contencioso administrativo, de características específicas, frente a los procedimientos declarativos seguidos ante la Jurisdicción Civil, exige para poder acceder a la anotación solicitada que de la documentación calificada resulte bien que el titular registral es parte demandada, bien que ha sido emplazado en legal forma, en cuanto persona a cuyo favor derivan incuestionables derechos del propio acto impugnado, cosa que no ha ocurrido en el caso presente. No es suficiente con que se alegue que los coadyuvantes son titulares actuales extrarregistrales de la finca en cuestión, por herencia de los titulares registrales toda vez que ni siquiera se ha acreditado su fallecimiento. Ello no obsta para que se pueda solicitar, en su caso, la anotación pretendida sobre el eventual derecho hereditario alegado. (JFME)

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. R. 15 de junio de 2001. BOE del 24 de julio.

Se presenta en el Registro un mandamiento judicial ordenando la inscripción del derecho de propiedad como consecuencia de una Sentencia. En el mandamiento se transcribe el texto de la Sentencia, que dice: 'Debo estimar y estimo la demanda .... condenando a la parte demandada al cumplimiento del contrato de compraventa de l8 de enero de 1988. Defectos (todos ellos confirmados):

1) Falta de previa inscripción en favor de la demandada. La argumentación del recurrente de que ambas personas jurídicas (la demandada y la titular registral) son idénticas es irrelevante en el ámbito de la calificación del Registrador, ya que tal identidad debería haberse controvertido en el procedimiento, trayendo a él a todas las panes implicadas.

2) Incongruencia del mandato de inscripción con el procedimiento y fallo judicial dirigidos al cumplimiento de un contrato y otorgamiento del título correspondiente de propiedad. Es tal vez el punto más interesante. El mandamiento presentado no es congruente con el contenido de la Sentencia que ejecuta porque en dicha Sentencia no se declara la propiedad de los bienes, sino que se condena a la demandada al otorgamiento del correspondiente título de propiedad, es decir, a una obligación de hacer que, caso de que la demandada no cumpla, compete realizar al Juez en su nombre. Por tanto, en ejecución de la sentencia, se debería haber elevado a público el contrato de compraventa de 18 de enero de 1988, y éste sería el título inscribible.

3) Falta de circunstancias personales de la demandada. El hecho de que el recurrente afirme desconocer las circunstancias personales de la demandada no es suficiente, cuando existen mecanismos legales para dicho conocimiento.

4) Por no aparecer debidamente liquidado el impuesto. La recurrente afirma que el acto está exento por ser una actuación judicial. Pero, estimando el Registrador que el acto está sujeto al impuesto, el documento deberá presentarse con la nota de la Oficina Liquidadora competente para acreditar el pago, o, en su caso, la exención o no sujeción, ya que a los meros efectos de la inscripción, el Registrador ha de practicar una previa calificación fiscal. (JFME)

*SUSPENSIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN AISLADA. R. 16 de junio de 2001. BOE del 24 de julio.

Figura inscrito en el Registro un Convenio de Suspensión de Pagos aprobado judicialmente, en el cual se establece el nombramiento de una Comisión Liquidadora que tiene, entre otras, las siguientes facultades: 'Primero: la realización de todos los bienes y derechos obrantes en el patrimonio de la suspensa, para aplicar su importe al pago de los créditos.' 'Cuarto: la Comisión... estando asimismo legitimada pasivamente en cualquier procedimiento judicial’. Estando inscrito este Convenio, se siguen autos de juicio de cognición, en los que son demandados la titular registral y la Comisión Liquidadora, que, no compareciendo, son declaradas en rebeldía, por impago de cuotas de la Comunidad de propietarios de las dos plazas de garaje objeto del procedimiento. Terminado dicho procedimiento por sentencia firme, y, en ejecución de la misma, se toma en el Registro anotación preventiva de embargo para responder de las cantidades reclamadas. Se presenta en el Registro la escritura de venta judicial en la que, como consecuencia del embargo, se adjudican las dos plazas de garaje. El Registrador deniega la inscripción 'de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Suspensión de Pagos’ que determina que “todos los embargos... quedarán en suspenso”.

Se revoca la nota porque se trata de una enajenación en ejecución de sentencia en la que han sido demandados todos los interesados, que reúnen la plena titularidad y facultades dispositivas de la finca por lo que todos ellos han tenido la oportunidad de oponerse, sin que lo hayan hecho. Para resolver el caso, es intrascendente que una parte de los créditos sean inmediatamente anteriores al Convenio, y el resto, posteriores, pues tal argumentación es aplicable cualquiera que sea la naturaleza de los mismos. (JFME) http://v2.vlex.com/es/asp/boe_detalle.asp?Articulo=14386

Se plantea en el presente recurso la posibilidad de inscribir la constitución del régimen de propiedad horizontal sobre una parte material de un edificio que aparece inscrita, con otras partes del mismo, bajo un único número registral.

La primera cuestión es la de determinar si existe una división horizontal sobre el conjunto del edificio. Tanto la Ley de Propiedad Horizontal como la jurisprudencia y la DGRN avalan el principio de que la propiedad horizontal existe desde que se dan los presupuestos legales exigidos para ello, es decir, que uno de los pisos o locales de un edificio pase a ser objeto de propiedad separada por cualquier título, al margen de que exista o no título constitutivo del singular régimen.

La segunda cuestión, partiendo de la existencia de un régimen global de división horizontal, es la de si cabe la constitución sobre una entidad independiente que forma parte de la misma de otro régimen de propiedad horizontal, independiente del existente aunque hasta cierto punto subordinado a él, y coexistiendo ambos. La DG resuelve en sentido positivo. En sintonía con los principios de libertad que rigen el dominio de cada departamento en régimen de propiedad horizontal, su propietario puede gozar y disponer del mismo sin más limitaciones que las establecidas en las leyes o en los estatutos, o del respeto debido a los derechos de los demás copropietarios. Además, las limitaciones no se presumen y son de interpretación estricta. No hay duda, pues, de que el propietario de cada departamento puede enajenarlo, ya a una, ya a varias personas, en comunidad ordinaria o especial. Respetando estas limitaciones, cabe crear, dentro de cada departamento, de cada 'espacio arquitectónico acotado' , nuevas unidades económicas susceptibles de ser objetos de derecho independientes, siempre que se cumplan los requisitos de determinación jurídica y de viabilidad económica, lo que exige la concreción de las unidades inmobiliarias que se crean y el especial régimen de comunidad que se constituya.

No es pues un supuesto de modificación del régimen de propiedad horizontal existente a través de la división de una de las entidades que lo integran, sino de la superposición de dos regímenes independientes, de un lado el preexistente, en el que la finca subdividida conservará su identidad, número, cuota y representación unitaria cual si no se subdividiera, y el de ésta, referido tan sólo a ella, con sus propios elementos independientes a los que corresponderá una participarán en sus propios elementos comunes entre los que necesariamente estará la cuota de participación que al elemento subdividido corresponde en la propiedad horizontal superior. (JFME)

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE DISPONER. R. 20 de junio de 2001. BOE del 24 de julio. Reitera el contenido de la R. 19 de julio de 2000. Interpuesta querella criminal contra una determinada persona física por supuestos delitos de estafa y falsedad, el juez de instrucción ordena tomar anotación preventiva de prohibición de disponer sobre una finca que aparece inscrita a nombre de una sociedad anónima, uno de cuyos socios es el querellado según se indica en el mandamiento presentado. No cabe practicar la anotación por falta de tracto, al aparecer como titular registral de la finca una tercera persona. (JFME)

D**SUBROGACIÓN DE HIPOTECA EN GARANTÍA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE. R. 18 de junio de 2001. BOE del 24 de julio.

El registrador deniega la inscripción de la subrogación en la titularidad de un crédito con garantía hipotecaria, realizada al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1994, de 30 de marzo, por entender que al tratarse aquél de un crédito en cuenta corriente tal subrogación no está sujeta al régimen establecido en dicha Ley. El Presidente del Tribunal Superrío de Justicia confirma su criterio.

Pero la DGRN revoca la nota. Parte de que el ámbito de aplicación de la nueva Ley, desde el punto de vista objetivo, se centra en los casos en que el crédito objeto de subrogación sea un 'préstamo hipotecario, Esta expresión, interpretada literalmente, habría de conducir a limitar la aplicación de la Ley a los préstamos garantizados con hipoteca, entendiendo por tales aquellos que se adecuen al régimen que para el contrato de préstamo regulan los artículos 1.753 a 1.757 del Código Civil y 311 y ss. del Código de Comercio, de naturaleza real en cuanto se perfeccionan con la entrega de la suma prestada y unilaterales por cuanto de ellos tan sólo surgen obligaciones para el prestatario. La apertura de crédito en cuenta corriente es bilateral y su hipoteca no es ordinaria o de tráfico sino de seguridad. En estos casos, en vez de acudirse a la subrogación prevista en la Ley 2/1994, ha de otorgarse una cesión de la posición contractual, del conjunto de derecho y obligaciones de cada parte, con todos los requisitos que esa cesión exige.

Sin embargo, surgen figuras híbridas, al amparo del principio de autonomía de la voluntad, como préstamos consensuales o mixtos, en que la cantidad prestada es objeto de entrega ficticia, pues se limita su disponibilidad, o aperturas de crédito en que se fija un plazo, transcurrido el cual, desaparece la disponibilidad, concretándose el importe debido en las sumas de que se haya dispuesto hasta entonces que se ha de devolver a partir de ese momento siguiendo un régimen de amortización periódico y con devengo de intereses en términos coincidentes con los préstamos sujetos a amortización por cuotas. La proximidad de ambas figuras es evidente en cuanto participan de la misma causa negocial y sus efectos, una vez que se ha recibido el préstamo o ha dispuesto del crédito, son perfectamente asimilables.

Y esta es la situación del caso concreto: Se convino que llegado el mes treinta y seis desde la fecha del otorgamiento, o antes si se producía la venta de la finca hipotecada con subrogación del adquirente, el límite de disponibilidad se reduciría a las cantidades hasta entonces dispuestas, cuyo importe habría de amortizarse en un plazo no prorrogable de veinte años, con rebajas mensuales del límite de disponibilidad conforme a un cuadro que incrementa progresivamente la cuantía de las reducciones, lo que indirectamente determina el importe de las cuotas de amortización. Se produjo la transmisión de la finca y el banco compareció consintiendo la subrogación. En consecuencia, a partir de la fecha de esa subrogación, que tuvo el oportuno reflejo registral en la inscripción de la compraventa, quedó fijado el importe de la suma debida por razón del crédito en la citada cantidad, desapareciendo la posibilidad de cualquier nueva disposición creándose una situación similar a la de cualquier préstamo ordinario sujeto a amortización a través de cuotas periódicas y con pago, también periódico, de los intereses devengados. Se produjo por tanto, y lo refleja el Registro, una conversión de lo que era en su momento un crédito en cuenta corriente, con obligaciones y derechos recíprocos entre las partes, en una situación de endeudamiento unilateral por una de las partes a favor de la otra en razón de unas cantidades entregadas en su día en concepto de préstamo, sujeta a un determinado y largo periodo de amortización, con devengo, entre tanto, de los intereses pactados. Para el Centro Directivo, negar en tal situación a la parte deudora la posibilidad de acogerse a las ventajas que le ofrece la Ley 2/1994 sería tanto como defraudar el espíritu y finalidad de dicha Ley dando preferencia a los conceptos jurídicos sobre la realidad que subyace bajo ellos.

El registrador hizo ver también en su nota la desarmonía sobrevenida: “En el supuesto de que pudiera practicarse la 'transformación' de la hipoteca, queda sin determinar la responsabilidad diferenciada por los diversos conceptos hipotecarios: 'principal', máximo por 'intereses ordinarios', máximo por 'intereses moratorios' y por 'costas y gastos de ejecución', así como el plazo para la devolución del principal y las cuotas de amortización”. Sin embargo la DGRN también revoca este punto porque la Ley2/1994 en ningún momento contempla la necesidad de adaptar a las nuevas características del crédito la garantía hipotecaria existente a pesar de los inconvenientes que ello pudiera conllevar. (JFME)

DIRECCION GENERAL: Toda sociedad puede redenominar su capital social en euros, en los términos previstos por la Ley 46/1998, con independencia de la fecha de su constitución.

Admite que una sociedad constituída con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley pueda realizar el ajuste al céntimo del Valor Nominal de sus acciones reduciendo su capital por el sistema del art. 28 de la citada Ley, por concurrir las siguientes circunstancias:

Admite la Dirección General la inscripción de una escritura de liquidación de una Sociedad Anónima, pese a discordar la cifra de Capital Social inscrita y la que resulta del Balance final de liquidación, dado que como consecuencia de ésta, la sociedad va a quedar extinta y que para los acreedores no existe riesgo al haberse observado el procedimiento legal de liquidación, habiendo sido satisfechos sus créditos y no habiendo lugar a reparto alguno entre los socios por inexistencia de Activo. (MDGA)

DIRECCION GENERAL: Rechaza la inscripción de la siguiente clausula: "La retribución del Administrador consistirá en una cantidad que será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta." Dado que no excluye la posibilidad de que en cada ejercicio la Junta acuerde que tal cantidad se determine por sistemas diferentes de año en año.

Comentario: Llama la atención que la escritura fundacional se otorgó en 1.995, y que SEIS AÑOS MAS TARDE esté aún discutiéndose sobre su inscripción. ¿ Porque no puede interpretarse la cláusula en el sentido de que la retribución consiste en un sueldo cuya cuantía fijará anualmente la Junta? (MDGA)

DEPÓSITO DE CUENTAS: INFORME DE AUDITORÍA. R. 3 de julio de 2001, DGRN. BOE del 8 de agosto. La sociedad aporta con las cuentas un informe que la DGRN estima que no es de auditoría. El artículo 205.2 de la Ley de Sociedades Anónimas reconoce a los socios minoritarios el derecho al nombramiento de un auditor para que verifique las cuentas anuales de determinado ejercicio económico y exige posteriormente en el artículo 218 la presentación de su informe para tener por efectuado el depósito. Dicho informe ha de ser de una auditoría realizada, o sea, que haya permitido comprobar si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, lo que no ocurre en el presente caso. En consecuencia, no han sido presentados todos los documentos que el citado artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil exige.

DEPÓSITO DE CUENTAS: REGISTRO CERRADO. R. 4 de julio de 2001, DGRN. BOE del 8 de agosto.

Se deniega el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 1998 y 1999 por cierre del Registro debido a la falta de depósito previo de las relativas a los ejercicios 1996 y 1997. El defecto se confirma porque el registrador ha de comprobar si la hoja registral está cerrada con carácter previo a la calificación de los documentos presentados.

Por otra parte, la sociedad pretende, en vez de presentar dichas cuentas, utilizar la certificación prevista en el art. 378.5 y 7 del Reglamento del Registro Mercantil para producir el levantamiento provisional del cierre registral. Pero el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal mientras persista dicho incumplimiento. No se puede dejar al arbitrio de la sociedad el presentar o no las cuentas anuales de determinado ejercicio sustituyéndola por la certificación a que dichos apartados se refieren.

(COMENTARIOS A CONSULTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE JUNIO DE 2001, realizado por Miguel Gil del Campo, Inspector de Hacienda del Estado).

Impuesto afectado: IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. IMP SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD.

Materia: SUJECIÓN AL IVA O A IMP. TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE LA CONSTRUCCIÓN POR UN PARTICULAR DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ÉL Y SU FAMILIA.

El supuesto que se plantea es de un particular que está construyendo un edificio de tres plantas destinado a vivienda particular de él y de su familia. Por problemas de tesorería luego decide vender una de las plantas construidas. El consultante pregunta si es empresario o no a efectos del IVA y, por consiguiente, la transmisión de una de las plantas a un tercero debe estar sujeta a IVA o, en el caso de no estarlo, a Imp. Transmisiones Patrimoniales.

La ley del IVA, Ley 37/1992, considera empresarios o profesionales a las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales entendiendo por tales las actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Asimismo, el apartado uno d) del mismo artículo 5 considera empresarios a quienes efectúen la promoción o construcción de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente.

La Dirección General de Tributos, siguiendo la línea ya sentada en anteriores consultas entre las que podríamos destacar la de 25-7-1995, considera que como el consultante promovió la construcción de la vivienda con la intención de destinarla exclusivamente a uso propio y no para la venta, no debe tener la consideración de empresario o profesional a efectos de IVA en cuanto que no hay voluntad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Por ello, el consultante debe soportar, como consumidor final, las cuotas de IVA que le hubieran repercutido el constructor, arquitecto, contratistas etc por los bienes y servicios empleados en la obra. No tienes derecho a deducirse estas cuotas soportadas. Por lo que se refiere a la subsiguiente transmisión de la parte de la vivienda, en este caso una de las plantas, que no destina a uso propio la DGT considera que tampoco está sujeta a IVA al tratarse de una entrega de una vivienda realizada por un particular, no afecta a la realización de una actividad empresarial o profesional. Esta no sujeción no es renunciable, como sucede con la exención de las segundas entregas de edificaciones establecida en el art. 20 apartado dos. La no sujeción al IVA implica que, de acuerdo con el artículo 1 y 7 del Texto Refundido de la ley de ITPAJD, la referida venta de una de las plantas a un tercero estará sujeta al concepto transmisiones patrimoniales onerosas del Imp. sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La citada consulta de 25-7-1995 ya había establecido que no debe ser calificado de empresario o profesional el particular que promueve la construcción de una vivienda para uso propio aunque, posteriormente, decida venderla a un tercero, siempre que pueda acreditarse adecuadamente la intención inicial de uso propio.

En el caso de que, inadecuadamente, el que ha promovido la vivienda hubiera repercutido el IVA por la venta de una de las plantas el comprador de ella, que ha soportado la correspondiente cuota de IVA, no queda liberado del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que deberá satisfacerlo. Podrá recuperar la cuota de IVA pagada a través del procedimiento de devolución de ingresos indebidos que se establece en el Real Decreto 1163/1990, si bien quien debe instar el mismo es el vendedor (en cuanto que es él el sujeto pasivo de IVA) aún cuando la cuota de IVA se devuelva directamente por la Agencia Tributaria al comprador.

La entidad consultante ejerce la actividad de asesoramiento fiscal, contable y laboral de empresas, en la mayoría de los casos en el domicilio de los clientes. Se plantea la compra de un vehículo destinado a la utilización por parte de sus socios trabajadores, para las visitas a clientes y en general para cualquier desplazamiento necesario de la actividad. La cuestión planteada es si es posible la deducción de las cuotas soportadas en la compra del vehículo y en los gastos posteriores ocasionados por él.

Establece el artículo 95 uno de la Ley 37/1992 que los empresarios o profesionales sólo podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importación de los bienes que se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional. Con anterioridad a 1998 el número tres de dicho artículo establecía que se exceptuaba de la regla general de no deducción de cuotas de bienes utilizados en forma mixta (para actividades empresariales y privadamente) cuando la utilización privada era accesoria y notoriamente irrelevante. Por consiguiente, para que un empresario o profesional pudiese deducirse las cuotas de IVA del vehículo debía demostrar, si estaba en vía de Inspección, que el vehículo se utilizaba exclusivamente para sus actividades empresariales o profesionales o que la utilización privada era notoriamente irrelevante, concepto éste indeterminado que dio lugar a numerosas controversias entre la Inspección y los contribuyentes.

Para acabar con esta inseguridad, la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, modificó el art. 95 estableciéndose en su número tercero 2º que "cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100." Por consiguiente, si la Inspección considera procedente un grado de afectación (y por tanto de deducción) inferior habrá de probarlo y, viceversa, si el contribuyente quiere deducirse un grado mayor, a él le corresponderá la carga de la prueba, para lo cual podrá acogerse a cualquiera medio admisible en derecho.

La consulta no se pronuncia sobre la admisión de estos gastos en el Impuesto sobre Sociedades. Dado que no existe en su normativa una presunción análoga a la indicada a efectos de IVA (presunción de afectación al 50%) serán deducibles las cuotas de amortización del vehículo y los gastos relacionados con él (combustibles, reparaciones etc) si el contribuyente los contabiliza adecuadamente y en la proporción en que se utilicen para las necesidades de la empresa. La utilización del vehículo para necesidades privadas de los socios se considerará retribución en especie a los accionistas y no será gasto deducible. La utilización del mismo de forma también privada por parte de trabajadores no socios (o de administradores no socios) se considerará gasto de personal de la empresa, deducible en el Impuesto sobre Sociedades, y rendimiento de trabajo personal en especie a tributar en el Imp. sobre la Renta de las Personas Físicas del trabajador o administrador.

Materia: DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL. PRÉSTAMOS PRIVADOS.

Se pregunta sobre la posibilidad de deducción en IRPF, en concepto de adquisición de vivienda habitual, de las cantidades satisfechas en concepto de devolución de un préstamo privado sin intereses solicitado por un nieto a su abuelo.

La Dirección General de Tributos establece que el supuesto de que el préstamo destinado a la financiación de la vivienda sea otorgado por un familiar, no altera el carácter de financiación ajena que incorpora todo préstamo, lo que implica que la deducción por inversión en la adquisición de vivienda habitual opera a medida que se vaya amortizando el importe del capital prestado. La conexión del capital prestado al destino exigido de pago de la vivienda habitual, así como la justificación de su devolución debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, siendo competencia de los órganos de gestión e inspección la valoración de las pruebas aportadas. Acreditándose suficientemente las circunstancias expresadas anteriormente, el consultante podrá practicar la deducción por inversión en vivienda habitual, siendo la base de ella las cantidades amortizadas en cada periodo impositivo.

El que el préstamo sea gratuito o con intereses es intranscendente a los efectos de la deducción, salvo por el hecho de que si el prestatario paga intereses estos formarán parte también de la base de la deducción y el prestamista deberá declararlos como rendimientos de capital mobiliario. El art. 6.3 de la Ley 40/1998, que aprueba el IRPF, establece una presunción de no gratuidad de las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o de capital, pero se trata de una mera presunción iuris tantum pudiendo realizarse la prueba de la gratuidad, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley General Tributaria, por cualquier medio admisible en derecho, entre los que se incluyen los documentos privados.

De acuerdo con el artículo 45. I. B) 15 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Imp. sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los préstamos privados se encuentran sujetos pero exentos de ese impuesto. No obstante, como medio de prueba a los efectos de su existencia y, en su caso, gratuidad se considera conveniente que el contribuyente presente el citado documento a la correspondiente Comunidad Autónoma (al tratarse de un tributo cedido por el Estado) no generando ingreso alguno puesto que se trata, como hemos indicado, de un hecho imponible exento.

El Ayuntamiento consultante va a ceder una parcela gratuitamente, que previamente había adquirido por cesión obligatoria en un Proyecto de Compensación, a una asociación de carácter benéfico. Se pregunta si esta cesión de carácter no oneroso que realiza el Ayuntamiento está sujeta a IVA.

La DGT nos recuerda que en relación con las cesiones obligatorias de terrenos a los Ayuntamientos y su renuncia a cambio de una compensación económica hay que tener en cuenta la Resolución 2/2000, de 22 de diciembre de la DGT. En ella se determina que las cesiones que los promotores hagan a las citadas Corporaciones Locales estarán no sujetas cuando se realicen en virtud de las normas urbanísticas.

Otra cosa es la transmisión que luego pueda realizar el Ayuntamiento puesto que “los terrenos que se incorporan al patrimonio municipal en virtud de la citada cesión obligatoria forman parte, en todo caso y sin excepción, de un patrimonio empresarial, por lo que la posterior transmisión de los mismos habrá de considerarse efectuada por parte del Ayuntamiento en el desarrollo de una actividad empresarial, quedando sujeta el IVA sin excepción.” Dado que el artículo 9 1 b) de la Ley 37/1992 asimila a las operaciones efectuadas a título oneroso (hecho imponible que constituye la regla general en el IVA) aquéllas que se realicen a título gratuito y consistan en la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales que integren el patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo (el Ayuntamiento), entonces se concluye que esa cesión gratuita del Ayuntamiento a la asociación sin ánimo de lucro es una operación sujeta y no exenta al IVA.

La DGT no se cuestiona, en cambio, cual sería la base imponible de esta operación. La regla general en el IVA, art. 78, es que la base imponible lo constituye la contraprestación pactada en la operación. Dado que en estas transmisiones no ha habido contraprestación, la ley establece en los artículos 79.3 y 79.4 unas reglas generales para estos supuestos de operaciones sin contraprestación (que en la técnica del impuesto se denominan autoconsumos) que señalan que en los transmisiones gratuitas de bienes en los que estos se entreguen en el mismo estado en que se adquirieron, sin haber sido sometidos a proceso alguno de fabricación, elaboración o transformación por el sujeto pasivo o por su cuenta, la base es la que se hubiera fijado en la operación por la que se adquirieron los bienes. Si por el contrario han sido sometidos a algún proceso la base imponible sería el coste de los bienes y servicios utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de los bienes, incluidos los gastos de personal efectuados con la misma finalidad. El problema es que el Ayuntamiento normalmente procede a transmitir los solares en el mismo estado en que los promotores se los han cedido, por lo que la base imponible debía ser el coste de los mismos para el Ayuntamiento, que por ley es cero dado que la cesión de los promotores al Ayuntamiento es obligatoria y sin contraprestación. Por ello, podría considerarse que a su vez la cesión de los bienes por el Ayuntamiento a la asociación está sujeta y no exenta pero que su base imponible es cero. La DGT no se pronuncia al respecto, lo que sería deseable puesto que también se podría interpretar que las obras de urbanización que realizan los promotores antes de la cesión al Ayuntamiento se estarían realizando por cuenta de éste de modo que al menos la base imponible de la cesión posterior de los terrenos por parte de los Ayuntamientos debería incluir el coste de las citadas obras de urbanización al menos (e incluso también sería discutible el coste de adquisición de los terrenos por los propios promotores previo a los trabajos de urbanización).

LISTA DE INFORMES

NORMAS 2002-2010

RESÚMENES DE NORMAS

RES.DGRN POR MESES

INFORME Nº 84.