INFORME Nº
90.
Nota: Los temas más interesantes llevan estrellas (*) y las RR. más
didácticas una ‘D’.
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL: CANARIAS.
ORDENACIÓN DEL TURISMO.
CUESTIÓN de Inconstitucionalidad número 4841-2001. PAIS
VASCO. LIBERALIZACIÓN DEL SUELO. CUESTIÓN de Inconstitucionalidad número 5691-2001. PAIS
VASCO. PLUSVALÍAS URBANÍSTIVAS. CUESTIÓN
de Inconstitucionalidad número 6513-2001. Enlace común: http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020308_09620.gif DISPOSICIONES GENERALES: MODELO 361 DE IVA. ORDEN
HAC/261/2002, de 8 de febrero, por la que se aprueba el modelo 361 de solicitud
de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados
empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020213_05771.gif DEMARCACIÓN.
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2002, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se hace efectiva la demarcación del Registro de la
Propiedad de Conil de la Frontera (Cádiz) http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020214_06038.gif DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS INDEBIDOS. RESOLUCIÓN 3/2002, de 6 de febrero, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dictan
instrucciones sobre procedimiento de devolución de ingresos http://www.boe.es/boe/dias/2002-02-16/pdfs/A06291-06309.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020216_06291.gif EMPLEO
PÚBLICO.
REAL DECRETO 198/2002,de 15 de febrero, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2002 http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020216_06322.gif TRANSMISIÓN
DE VEHÍCULOS GRAVADOS. INSTRUCCIÓN de 19 de febrero de 2002, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre actuación de los Registradores de bienes
muebles en las transmisiones de vehículos gravados. El Registro de Bienes Muebles,
a cargo de los Registros Mercantiles Provinciales,
es el único competente para proceder a las anotaciones de embargo
sobre vehículos y demás actos y contratos que las normas determinan, con
la eficacia propia de un Registro jurídico como lo concibe las disposiciones
legales y reglamentarias expresadas, así como para la expedición de la publicidad
sobre las titularidades y gravámenes sobre los bienes muebles registrados. Sin
perjuicio de la información que en el ámbito de sus competencias pueda
facilitar el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y su Organización
Periférica a los interesados y terceros que tengan interés legítimo y
directo, conforme previene el artículo 2 del Reglamento General de Vehículos. En la transmisión de los vehículos embargados, el adquirente tendrá
conocimiento de la existencia del embargo, conforme a las reglas generales. El
Registro de Bienes Muebles se rige, como los demás Registros Jurídicos, por un
principio de rogación, de manera que son los interesados con interés legítimo
los que pueden solicitar la publicidad formal, incluso a través de sistemas de
telecomunicación informáticos (cfr. Artículo 33 de la Ordenanza de 19 de
julio de 1999). También la autoridad embargante tendrá conocimiento de la transmisión
efectuada del vehículo embargado, en el momento de la expedición de la
correspondiente certificación registral de titularidades y cargas, dentro del
procedimiento de ejecución. Esta certificación es obligatoria, ya que las
normas sobre subastas de bienes inmuebles son aplicables a los bienes muebles
sujetos a un régimen de publicidad registral similar al de aquellos (cfr. Artículo
655.1 en relación con el 656 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil). En
definitiva, el ejecutante tendrá conocimiento de la transmisión en el momento
de la ejecución. Por eso la notificación de la transmisión de oficio por parte del
Registro deja de tener el sentido que pudiera tener bajo un sistema basado en un
Registro administrativo, donde la anotación del embargo no producía el efecto
jurídico de afección del bien al pago de la deuda frente a terceros. Por todo lo anterior, la Dirección General acordó “que a partir de
la entrada en vigor de esta Instrucción se dejen de practicar las
notificaciones prevenidas en los artículos 32.8, 33.5 y 37.4 del Reglamento
General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
por entender que están derogados tácitamente por las normas posteriores a que
se refiere esta Instrucción. La autoridad embargante tendrá conocimiento
de la transmisión administrativa del vehículo gravado en el instante mismo que
se expida por el Registrador de Bienes Muebles la certificación de dominio y
cargas en el procedimiento de apremio correspondiente. http://www.boe.es/boe/dias/2002-02-25/pdfs/A07332-07333.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020225_07332.gif MODELOS.
ORDEN HAC/401/2002, de 26 de febrero, por la que se aprueban los modelos 202,
218 y 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se regula la
colaboración social en la presentación telemática de las
declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 115, 117, 123, 124,
126 y 128 y de las declaraciones correspondientes a los resúmenes anuales de
retenciones, modelos 180 y 193 http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020228_08003.gif MADRID.
LEY 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de
Madrid http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020305_08844.gif MADRID.
LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas En el IRPF, con vigencia para el año 2002, se crea una nueva
deducción sobre la cuota autonómica y se mantienen las tres deducciones ya
existentes. Se crea una deducción por acogimiento familiar de menores
cualquiera que sea el régimen de dicho acogimiento, simple, permanente o
preadoptivo, administrativo o judicial, cuya cuantía se establece en coordinación
con la deducción por adopción de hijos; se mantiene la deducción por
nacimiento y adopción de hijos, incrementando sustancialmente su cuantía; se
mantiene la deducción y cuantías por acogimiento no remunerado de mayores de
65 años y/o minusválidos, incrementando las cuantías de la base imponible que
permiten esta deducción; y, por último, se mantiene la deducción por
donaciones a fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
de Madrid, clasificadas como fundaciones culturales, asistenciales, sanitarias y
otras de naturaleza análoga. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se incrementan para
el año 2002 las cuantías de las deducciones reguladas en el artículo 20.1 de
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y se mantienen la tarifa del impuesto y los
coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco y patrimonio
preexistente.
Se resumen seguidamente los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: A) Tipo general en la transmisión de inmuebles: 7 por 100. Se
excepcionan las transmisiones de viviendas ubicadas dentro del Distrito
Municipal Centro del Ayuntamiento de Madrid, aplicándoseles el tipo reducido
del 4 por 100 con determinados requisitos de m2, antigüedad y permanencia. .
B) Actos Jurídicos Documentados. - Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones
de viviendas. * 0,2 por 100 cuando se transmitan viviendas de protección pública
reguladas en la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda
de la Comunidad de Madrid, con una superficie construida máxima de 110 metros
cuadrados y útil de 90 metros cuadrados, que no cumplan los requisitos para
gozar de la exención aplicable a las Viviendas de Protección Oficial. Hay
especialidades para familia numerosa. * 0,4 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o
inferior a 120.000 euros. * 0,5 por 100 cuando se transmitan viviendas de entre 180.000 y 120.000
euros. * 1 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior
a 180.000 euros. - Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten préstamos
con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda: * 0,4 por 100 cuando el la responsabilidad hipotecaria no supere los
120.000 euros. * 0,5 por 100 cuando esté entre 120.000 y 180.000 euros. * 1 por 100 cuando sea superior a 180.000 euros. - Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten
transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la
exención contenida en el artículo 20.Dos, de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se aplicará el tipo de
gravamen del 1,5 por 100. Tipo general supletorio: 1
por 100. http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020305_08898.gif SECCION 2ª BOE: JUBILACIONES. El Notario de Madrid, don José Luis Pérez Gómez,
por haber cumplido la edad legalmente establecida. El
Notario de Madrid, don José Luis Sánchez Torres, por haber cumplido la edad
legalmente establecida El
Notario de Castellón de la Plana, don Francisco Lapuerta Fenollosa, por haber
cumplido la edad legalmente establecida EXCEDENCIAS. Se declara en situación de excedencia voluntaria por plazo no
inferior a un año al Notario de Madrid don Pedro Guerrero Guerrero. CONCURSILLO
ASPIRANTES REGISTROS. http://www.gespaniagua.com/CONCURSILLO.doc http://www.calvogestoria.com/WEB/novedad/webn.html CONCURSO REGISTROS. http://www.gespaniagua.com/avance21.doc http://www.calvogestoria.com/WEB/concursos_registros/webcr.html OPOSICIONES
REGISTROS. RESOLUCIÓN
de 5 de febrero de 2002, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de solicitantes
admitidos y excluidos a las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, y se corrigen errores materiales
de dicha lista. Se señala lugar y fecha del sorteo de los opositores http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020220_06805.gif OPOSICIONES
REGISTROS. ORDEN
JUS/396/2002, de 21 de febrero, por la que se nombra el Tribunal que ha de
juzgar las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 3
de septiembre de 2001 http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020227_07790.gif ABOGADOS DEL ESTADO. RESOLUCIÓN
de 19 de febrero de 2002, de la Subsecretaría, por la que se corrige error
padecido en la de 6 de febrero de 2002, por la que se aprueba el programa que ha
de regir en las pruebas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020228_08040.gif CONCURSO
DE NOTARÍAS.
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Notarías
vacantes, convocado por Resolución de 28 de diciembre de 2001, y se dispone su
publicación y comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a
los nombramientos http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020306_09122.gif OPOSICIONES
A REGISTROS.
ACUERDO de 28 de febrero de 2002, del Tribunal de oposiciones a ingreso en el
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, por el que se señala la fecha en que han de dar comienzo los
ejercicios de las mismas http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020306_09128.gif REGISTRO
MERCANTIL DE MADRID.
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2002, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, declarando inhábiles los días 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2002,
a efectos registrales, en el Registro Mercantil de Madrid.
El motivo es un cambio en el sistema informático. Nota: Esta Resolución
es de la Sección 3ª.
RESOLUCIONES PROPIEDAD 2.-
OBRA NUEVA.
R. 3 de enero de 2002 DGRN. BOE del 4 de marzo. Defecto 1º: “Falta acompañar certificación municipal que acredite
el cambio de la finca, de 'rústica' a 'urbana'. Se revoca porque del
hecho de que tal modificación registral no pudiera practicarse no se deriva un
impedimento para inscribir la obra
declarada pues también sobre suelo rústico se declaran edificaciones, si bien
normalmente sujetas a específicos requisitos legales, que ahora no se
prejuzgan. Tampoco entra la DG en determinar las exigencias de acreditación
necesarias para constatar tabularmente tal cambio en la calificación de la
finca. Defecto 2º: “Falta acompañar certificación municipal que
acredite que la finca sobre la que se declara la obra nueva, se halla situada en
calle Montaut El Pla, número 4 de policía, pues al no figurar este dato en el
Registro, no es posible tener en cuenta el certificado catastral a los efectos
de determinar la antigüedad de la construcción”.
Se revoca por una serie de datos que
llevan al centro directivo a considerar acreditado que la obra realizada en el año
1982 a que se refiere el certificado catastral aportado es la que ahora se
declara sobre la finca registral número 33475: coinciden algunos linderos, los
metros cuadrados construidos y ayuda el historial de las fincas colindantes. Se
rechaza la exigencia de certificación municipal para llegar a la convicción de
que una finca registral y una catastral son idénticas, “pues, es evidente que
el Ayuntamiento no puede llegar sobre este punto a una conclusión a la que no
puede llegar el propio Registrador”. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08726-08727.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08726.gif
3.-
EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDACIÓN DEL TRACTO.
R. 4 de enero de 2002 DGRN. BOE del 4 de marzo.
Se deduce del propio testimonio del auto que los promovientes adquirieron
la cuota a que el mismo se contrae por compra a quienes son hijos o únicos
causahabientes de los titulares registrales.
Se confirma la nota denegatoria al ser el auto recaído en expediente de
dominio un medio excepcional para lograr la inscripción de una finca ya
inmatriculada a favor del promotor, por tres razones fundamentales: a) Porque va contra la regla básica de nuestro sistema que exige para
la rectificación de un asiento el consentimiento de su titular o una resolución
judicial dictada en juicio declarativo contra él entablado. b) Por la presunción, a todos los efectos legales, de existencia y
pertenencia del derecho inscrito a favor del titular registral, el cual no tiene
que intervenir necesariamente en este procedimiento. c) Por el principio general de exigencia de acreditación fehaciente del
título adquisitivo para su acceso al Registro. Por ello, se impone una interpretación restrictiva de las normas
relativas al expediente de reanudación del tracto y en especial de las que
definen la propia hipótesis de interrupción de tracto. Centrándonos en el caso, según la DG, “no puede decirse que exista
efectiva interrupción del tracto cuando los promotores del expediente son los
compradores de los herederos de los esposos titulares registrales, pues, si bien
es cierto que el artículo 40 a) de la Ley Hipotecaria parece presuponer que hay
interrupción cuando al menos 'alguna' relación jurídica inmobiliaria no tiene
acceso al Registro, no lo es menos, que en otros lugares de la propia legislación
hipotecaria, se reconoce la inscripción directa a favor del adquirente de los
bienes cuando la enajenación ha sido otorgada por los herederos del titular
registral (artículos 20 de la Ley Hipotecaria y 209 del Reglamento
Hipotecario)”.
Es posible que la solución fuera distinta cuando la enajenación se
hubiese realizado por algunos tan sólo de los herederos (es comentario). (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08727-08729.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08727.gif 4.-
ELEVACIÓN A PÚBLICOS DE DOCUMENTOS PRIVADOS. R. 5 de enero de 2002 DGRN. BOE del 4 de
marzo. Se califica una escritura pública de la que resulta que, mediante
documento privado, una entidad vendió una finca a doña Romana T. V. , a la sazón
casada con don Isidro R. M. Con posterioridad, la citada señora, con autorización
de su marido, también en documento privado, cedió los derechos sobre el
inmueble a don Alonso T. C. El comprador demandó en juicio declarativo a la
sociedad titular registral, a la primera compradora y, por fallecimiento del
marido de ésta, a sus hijos. Habiéndose allanado todos los demandados, la
sentencia les condena al otorgamiento de la pertinente escritura a favor del
demandante. Se acompaña testimonio de la Sentencia, de la que resultan los
particulares de los documentos privados de venta y cesión, así como del
consentimiento de la sociedad a la cesión efectuada. Otorgan la escritura el
demandante y todos los demandados. Se revocan todos los puntos de la nota. Defecto 1º: “Debe
aportarse la escritura de transformación de 'Inmobiliaria L. ', S. A. en
S. L”. Se revoca por acompañarse a la escritura de venta testimonio
suficiente, tomado de la de transformación, de los particulares de ésta, en la
que figura también nota de su inscripción en el Registro Mercantil. En el
mismo cuerpo de la inscripción se puede hacer constar la transformación, para
lo cual son suficientes los documentos presentados. Defecto 2º: “Debe aportarse un certificado del Ayuntamiento
acreditativo del cambio de número de la finca en la calle...”. . El
que no se pudiera practicar tal cambio de número, si no se considera
suficientemente acreditado, no es un defecto que impida la inscripción, pues,
si se identifica la finca -y el Registrador no tiene duda de su identidad- podría
inscribirse sin cambiar dicho número, produciéndose dicho cambio, bien de
oficio por el Registrador, bien a solicitud de los interesados, con el simple
oficio de la alcaldía a que se refiere el artículo 437 del Reglamento
Hipotecario. Defecto 3º: “Las
estipulaciones no son acordes con los documentos privados de venta”. Se revoca
porque se deducen de la escritura y de la sentencia que se acompaña las dos
transmisiones de derechos producidas por los documentos privados
correspondientes de donde debe tomarlas el Registrador para hacer constar en los
libros a su cargo todas las vicisitudes producidas en la finca. Frente a otras
Resoluciones de solución contraria, en este caso actúan todos los interesados
y no existe aquí un salto de transmisiones, sino que todas ellas se expresan en
la Sentencia.
Defecto 4º: No aportarse la carta de pago del Impuesto. La nota
al pie del título expresiva del pago, exención o no sujeción -ahora, de la
presentación de la autoliquidación correspondiente- es suficiente para la
inscripción, sin perjuicio de que el Registrador, si lo estima procedente,
pueda poner en conocimiento de las autoridades fiscales lo que considere
oportuno. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08729-08730.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08729.gif 5.-
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DERECHO HEREDITARIO. R.
8 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. Se presenta en el Registro instancia privada solicitando la anotación
de derecho hereditario, así como 'la inscripción según los artículos 146 y
206 del Reglamento Hipotecario en el Libro de Alteraciones de las Facultades de
Administración y Disposición. La DG confirma la nota desfavorable salvo en un
punto: - Falta de pago del Impuesto correspondiente, ya que los artículos
254 y 255 de la Ley Hipotecaria establecen que no pueden tener acceso al
Registro, permitiéndose únicamente el asiento de presentación, aquellos actos
o contratos que devenguen impuestos sin el pago del impuesto devengado. - No consta la legitimación notarial de la firma de un
signatario de documento privado, porque, como establece el artículo 166, 11 del
Reglamento Hipotecario, en los casos en que un documento privado puede tener
acceso al Registro es necesario que las firmas de los que los suscriben estén
legitimadas notarialmente o ratificadas ante el Registrador. - No presentación de duplicado de la instancia, a los efectos de
archivo en el legajo correspondiente. La DG cree que de ello puede prescindirse,
pudiendo ser cumplida la obligación de archivo con una fotocopia hecha por el
Registrador. - Se presentan fotocopias de testamento y otros documentos públicos.
Las fotocopias de documentos públicos no tienen la consideración de tales, por
lo que los presentados no cumplen con el requisito esencial de documentación pública
o auténtica establecido en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. - La finca 1.728, sobre la que especialmente se pide la anotación de
derecho hereditario, consta inscrita a favor de una persona jurídica
distinta del causante (una sociedad). No influye en la calificación lo
alegado de que los causantes eran partícipes en la sociedad. - Se solicita la práctica de asiento en el Libro de Incapacitados
-denominado por la reforma de 1998 de alteraciones de las facultades de
administración y disposición- pero ni se sabe qué alteración de facultades
se pretende inscribir, ni de qué persona se alega la alteración de facultades
solicitada, ni en qué título se funda la solicitante. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08730-08732.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08730.gif 6.-
ACCESORIEDAD
DE LA HIPOTECA. R.
9 de enero de 2002 DGRN. BOE del 4 de marzo. La
DG confirma los dos defectos señalados por el registrador: 1º.-
Se rechaza la posibilidad de extender la garantía hipotecaria a los intereses
de demora al no resultar del título calificado ni de los antecedentes del
Registro que las cantidades impagadas por el prestatario queden sujetas al
devengo de tales intereses ni se determina el cómo y cuanto de los que puedan
devengarse por tal concepto. 2º.-
Dada la accesoriedad e indivisibilidad de la hipoteca, (que nace en garantía de
una concreta obligación y por un importe determinado, con la que se transmite y
se extingue, y que subsiste íntegra, en tanto no se cancele, aun cuando se haya
reducido la obligación garantizada y, por tanto, cualquiera que sea la cantidad
que en virtud de pagos parciales resulte aún debida), no puede utilizarse la
misma, según señaló la Resolución de 26 de mayo de 2001, para garantizar
otras responsabilidades de las previstas en su constitución, cual si de una
hipoteca de propietario se tratase, tal como parece pretender el recurrente al
considerar que hasta la suma garantizada cubre posibles ampliaciones del crédito
original una vez que éste se ha reducido.(JDR) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08732-08733.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08732.gif 9.- CANCELACIÓN DE HIPOTECA TRAS FUSIONES BANCARIAS. R.
12 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. La DG sienta la siguiente doctrina en materia de
cancelaciones de hipotecas que constan inscritas a favor de una entidad, que por
fusiones bancarias hoy es otra: “Siendo desde luego necesaria, en virtud del
principio del tracto sucesivo, la previa inscripción de la transmisión de la
hipoteca causada por la fusión y transmisión en bloque del patrimonio de la
entidad titular registral de la hipoteca a la que ahora otorga la escritura
calificada, debe accederse sin embargo a la cancelación solicitada ya que en
dicha escritura el Notario autorizante testimonia
los extremos necesarios para la previa inscripción de aquella transmisión, lo que hace innecesario la presentación de la misma copia de la fusión
como solicita el Registrador en su nota.” (JDR) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08736-08737.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08736.gif *10.-DIVISIÓN HORIZONTAL DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, SEGÚN LA LICENCIA. R. 16 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. Se presenta en el Registro de la Propiedad copia
autorizada de una escritura de declaración de obra nueva y constitución en régimen
de propiedad horizontal de un edificio chalet de cuatro plantas, de la que
resultan dos elementos privativos (dos viviendas unifamiliares independientes,
situadas una a la izquierda y otra a la derecha del edificio), que llevan como
anejo inseparable el uso y disfrute exclusivo de una parte de la parcela no
ocupada por la edificación dedicada a jardín. El Registrador rechaza la inscripción por estimar
que, al tratarse de una vivienda unifamiliar según la licencia municipal unida
a la escritura calificada, no puede inscribirse la división en régimen de
propiedad horizontal sin que se acompañe nueva licencia que, conforme a lo
establecido en el artículo 53. a) del Real Decreto 1092/1997, de 4 de julio,
acredite que se permite constituir como elementos independientes más de una
vivienda. La DG recuerda que abordó ya una cuestión análoga
a la presente mediante Resolución de 18 de julio de 1996, según la cual las
exigencias de la ordenación urbanística no pueden llevarse al extremo de
determinar el grado de ocupación material de cada una de las viviendas
permitidas en la zona de actuación; si bien es cierto que corresponde al
planeamiento la determinación de la intensidad edificatoria de cada zona de
suelo, ello debe agotarse en el señalamiento del volumen edificable o de los
metros cuadrados de edificación residencial por hectárea de terreno, pero, en
modo alguno, implican la determinación del número de personas o familias que
pueden alojarse en cada una de las viviendas construidas de conformidad con el
planeamiento urbanístico. Y añade: “Ciertamente, el precepto invocado por el
Registrador en su nota de calificación (artículo 53. a) del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio (es posterior a la mencionada Resolución; mas, si se
tiene en cuenta que falta
una norma con rango de ley que imponga una restricción como
la debatida y que, dado el principio de libertad que rige el dominio, las
limitaciones al mismo han de resultar de la Ley y ser interpretadas
restrictivamente (cfr. artículos 33 de la Constitución y 348 del Código
Civil) , debe concluirse que en el presente caso -en el que conforme a dicha
regla hermenéutica ha de estimarse que la mera indicación en la licencia de
que se refiere a una vivienda, sin mayor especificación en las prescripciones
generales y particulares de aquélla, no puede implicar prohibición de que
sobre dicha casa aislada se configure un régimen jurídico adecuado para que
pueda ser utilizada por más de una familia- debe accederse a la inscripción
solicitada. Por todo ello, la DG estima el recurso y revoca el
auto apelado y la nota de calificación. (JDR) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08737-08739.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08737.gif ***11.- AMPLIACION DE HIPOTECA. R. 17 de Enero de 2002. BOE 4 de Marzo de 2002 El registrador deniega la inscripción de una
ampliación de préstamo hipotecario por entender que la ampliación constituye
un nuevo contrato y nace un nuevo préstamo, independiente del anterior, y que
en consecuencia se necesita una nueva hipoteca por el importe
ampliado; ello es así porque considera que no es posible una novación
modificativa del préstamo original. La DGRN, recuerda su teoría recogida
en la Resolución de 26 de Mayo de 2001 según la cual no se puede aprovechar la
cobertura hipotecaria de un préstamo para dar cobertura luego dentro del límite
inicial a otro posterior, aunque el segundo sea una ampliación del
primero; lo anterior no impide, como en el presente caso, que se pueda dar
cobertura hipotecaria a la ampliación del préstamo mediante la simultánea
ampliación de la hipoteca, aunque habrá que diferenciar sus efectos frente a
terceros, pues la hipoteca inicial y la ampliada desplegarán sus efectos como
si fueran dos hipotecas. En definitiva rechaza la tesis del registrador, admite
que es posible la ampliación de la hipoteca, que es una sola la hipoteca
ampliada por el principio de accesoriedad con respecto al préstamo, aunque la
hipoteca inicial y la ampliada tienen prioridades distintas frente a titulares
de cargas intermedias. Rechaza sin embargo que la voluntad de las partes pueda
alterar el rango hipotecario de la hipoteca ampliada, equiparándola a la
inicial, considerándolo un mero pacto personal. Con esta Resolución
se clarifica la cuestión de las ampliaciones de hipoteca, pues últimamente se
había extendido entre algunos la opinión de que no era posible ampliar
hipotecas, si no sólo constituir nuevas. (AFS) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08739-08741.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08739.gif *12.- ESTATUTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL: CLAUSULA DE
SUBDIVISION FUTURA DE UN LOCAL. R. 18 de
Enero de 2002. BOE de 4 de Marzo de 2002. En unos estatutos de un edificio de propiedad
horizontal se pone una cláusula típica en la que se permite la modificación
de un local (segregación, división, etc..) de un local sin consentimiento de
la comunidad de propietarios. El registrador pretende que se añada una
coletilla, sin la cual no la considera inscribible "sin perjuicio de la
seguridad del edificio, y siempre que no se perjudiquen los elementos comunes
del mismo" Además considera que la licencia de obras se refiere a un local
comercial y la finca en cuestión se describe sólo como local, por lo que una
división necesitaría de licencia municipal. La DGRN revoca la nota del
registrador, confirmando el Auto, puesto que las prevenciones legales
delimitadoras de un derecho cumplen su función por sí mismas, y no necesitan
de la publicidad registral. En definitiva lo único que pretende dicha cláusula
es evitar el consentimiento de la Comunidad de Propietarios, y en caso de
ejercitar el derecho de subdivisión se aplicarán por sí solas las normas
generales relativas a los elementos comunes, o, en su caso, las urbanísticas
relativas a la necesidad o no de licencia municipal. (AFS) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08741-08742.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08741.gif 13.- NOTA FISCAL DE AFECCION POR EL IMPUESTO DE
SUCESIONES (Art. 100.3. del Reglamento de dicho
Impuesto).R. 21 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. Se presenta una instancia en Octubre de
1999 en la que se solicita cancelar una nota de afección fiscal al
pago del Impuesto de Sucesiones de las reguladas por el artículo 100.3
del Reglamento del Impuesto de Sucesiones (es decir puesta cuando todavía no se
ha pagado el impuesto o se ha acreditado su exención o no sujeción). Dicha
nota fue puesta en Enero de 1997 con motivo del otorgamiento de una
escritura de herencia; no se acredita en la solicitud de cancelación el pago,
no sujeción o exención del impuesto, por lo que la DGRN lo deniega, al estar
además la nota bajo la salvaguardia de los tribunales. Sin embargo en este caso
la oficina competente para liquidar dicho impuesto era el propio Registro de la
Propiedad, que dos meses antes (Noviembre de 1996) había notificado a los
interesados la liquidación de dicho impuesto; se supone por ello como causa del
recurso, aunque no se dice expresamente, que el pago del impuesto de
sucesiones debió de haberse producido antes de la expedición de la nota,
y que de ello tenía conocimiento el propio registro, a la vez oficina
liquidadora, pues el recurrente alega error al practicar la nota y la DGRN no
quiere cuestionarse ahora la procedencia o no de la nota de afección. Por otro
lado la DGRN parece dar a entender, aunque no lo dice directamente, que en
tema de afecciones fiscales no juegan los principios registrales que protegen al
tercero hipotecario. Tampoco accede a la división de la responsabilidad por
afección fiscal entre todas las fincas de la herencia, por no estar previsto
expresamente. (AFS) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08742-08744.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08742.gif 14.- REANUDACION DE TRACTO SUCESIVO. R. 22 de Enero de 2002. BOE 4 de Marzo de 2002. La registradora deniega la
inscripción del Auto judicial dictado en expediente para reanudar el tracto
interrumpido porque entiende que se ha producido una mera "ruptura en
el orden de la titularidad", y no una ruptura del tracto, por lo que el
titular actual tiene que acudir a un juicio declarativo, o elevar a público los
documentos privados intermedios. Sin embargo en el presente caso hay una
verdadera ruptura del tracto por cuanto ha habido varias transmisiones
intermedias que no han accedido al registro, por lo que procede el expediente de
dominio para reanudar el tracto y se ordena la inscripción, a pesar de
reconocer la DGRN el carácter excepcional de este expediente y de entender
que tiene que haber una interpretación restrictiva de lo que ha de considerarse
interrupción del tracto.
(AFS) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08744-08745.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08744.gif 15.-
CANCELACIÓN DE EMBARGO. R. 23 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. En el historial de la finca hay una anotación de embargo letra A)
caducada. Aparece otra B), relacionada con el mismo procedimiento que la A),
y que está prorrogada por la C). Se presenta instancia privada
solicitando la cancelación por nulidad de las anotaciones letras B y C,
alegando que la B es una prórroga de la A practicada fuera de plazo, y la C es
una ulterior prórroga no permitida en nuestro derecho. Se confirma la
negativa del Registrador a cancelar. Aunque la anotación B fuera por el mismo procedimiento de la A, no es
prórroga de la primera, sino una segunda anotación nueva, pues la diferencia
entre la prórroga y la nueva anotación no radica en que se trate del mismo
procedimiento o no, sino en que, en la prórroga se prolongan los efectos de la
primera en el tiempo, manteniendo la misma prioridad, cosa que no ocurre si,
aunque se trate del mismo procedimiento, se toma una anotación nueva. Por ello,
no existe duda alguna sobre la validez de la prórroga realizada. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08745-08746.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08745.gif 18.-
CANCELACIÓN DE HIPOTECA EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES. R.
28 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. Figura en el Registro una hipoteca en garantía de la emisión de 41
obligaciones. Al margen de la inscripción consta nota de haberse expedido
certificación de cargas como consecuencia de un procedimiento judicial sumario
por impago de algunos títulos. En la escritura de constitución de la hipoteca
se estableció que la finca de que se trata respondería del pago de las
obligaciones números 30 a 41, pero este pacto no se inscribió. Como
consecuencia del impago de las obligaciones números 30 a 41, se ejecutó la
hipoteca, adjudicándose la finca al tenedor de dichos títulos. Dicho titular
presenta instancia solicitando la cancelación total de la hipoteca que grava la
finca. El Registrador suspende la cancelación por falta de consentimiento de
los titulares del resto de las obligaciones emitidas y por constar en el
Registro haberse iniciado con anterioridad un procedimiento judicial sumario por
impago de otras obligaciones. Se confirma la nota porque, si se hubiera reflejado en la inscripción
de la hipoteca que la finca a que este recurso se refiere sólo respondía del
pago de las obligaciones 30 a 4l, no habría ninguna dificultad para cancelar la
hipoteca como consecuencia del procedimiento en que se ejecutaban dichos títulos,
pero no derivándose del Registro tal circunstancia, los adquirentes de las
obligaciones 1 a 29 pueden haber adquirido las mismas en la confianza de que la
finca de referencia garantizaba su pago, por lo que no podrá realizarse la
cancelación sobre dicha finca sin el consentimiento de tales titulares o
resolución judicial en la que, con las garantías debidas para ellos, se
acuerde tal cancelación, así como mediante la acreditación de la extinción
por pago de las obligaciones anteriormente expresadas, ya que el artículo 155
de la Ley Hipotecaria establece la subsistencia de la hipoteca si existen otros
títulos con igual derecho a los que se ejecutan. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08749-08751.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08749.gif RESOLUCIONES MERCANTIL: 1.-
RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.
R. 2 de enero de 2002 DGRN. BOE del 4 de marzo. Supuesto: Se solicita la modificación de la inscripción de constitución
de una sociedad de responsabilidad limitada mediante una escritura de subsanación
de la que provocó aquel asiento, en la que los socios fundadores de aquélla
expresan que intervienen en su propio nombre y declaran que en la escritura que
ahora se subsana se sufrió un error respecto del bien inmueble que se aportaba
por uno de ellos y su valoración, pues se describió como solar cuando, en
realidad, la aportación consistía en el referido solar y la edificación en
curso que estaba realizando sobre él, por lo que el capital social queda fijado
en una cifra superior y se rectifican dicha aportación, las participaciones
sociales que se asumen en pago de la misma, así como el artículo de los
estatutos relativos al capital social, dejando subsistentes las restantes cláusulas
de la escritura rectificada. Defecto 1º: “No se determina en concepto de qué intervienen
los comparecientes en el otorgamiento de esta escritura”. Se revoca. Queda
claro por la lectura del título que en nombre propio. El Registrador alega en
su informe que debería de haberse actuado a través de los órganos de la
sociedad. La DG no entra en el tema al no aparecer tal circunstancia en la nota
de calificación. Defecto 2º: “Según se refleja en la escritura la operación que se
realiza es una ampliación de capital, por lo que deben de reunirse los
requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Limitadas y en el Reglamento del
Registro Mercantil para las ampliaciones de capital”. También se revoca por
lo siguiente: - Respeto a la autonomía privada fruto de la cual es posible un
nuevo acuerdo entre los mismos otorgantes que reúna todos los requisitos y
elementos que exija su naturaleza y finalidad para que pueda ser rectificada la
situación jurídica creada por la titulación de un acuerdo anterior, siempre
que en el tiempo intermedio no hayan sobrevenido terceros cuyo
consentimiento sea imprescindible para la rectificación pretendida. - No estamos ante un negocio totalmente autónomo sino un negocio que
forma con el inicial una única operación, lo que reclama una valoración
conjunta de ambos y el consiguiente reflejo registral de esa dependencia. - Las edificaciones constituyen parte integrante de la finca
sobre que se asientan según la regla general de accesión con independencia de
las repercusiones contables y fiscales que pueda tener lo que se califica
por los otorgantes como error. - El reflejo en el Registro Mercantil de la composición cualitativa de
las aportaciones efectuadas sirve tan solo como corroboración de la
realidad de las mismas y su correspondencia con las participaciones
asignadas en pago y no como proclamación erga omnes de la titularidad de los
bienes respectivos. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08725-08726.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08725.gif 7.-
COMPUTO DE PLAZO EN CONVOCATORIAS DE JUNTA DE S.L. R.
10 de enero de 2002 DGRN. BOE del 4 de marzo. El
registrador mercantil suspende la inscripción de determinados acuerdos sociales
de una S.L. por defecto en la convocatoria de la junta: Entre la fecha de remisión
de la convocatoria y la de celebración de la junta no existe un plazo de,
al menos, quince días (artículo 46.3 de la LSL). La
DGRN, sobre computo del plazo en SA, recuerda que la postura del Tribunal
Supremo cambió y en dos sentencias (29 de marzo y 21 de noviembre de 1994)
entendió que el cómputo del plazo se ha de llevar a cabo teniendo en cuenta
como día inicial el correspondiente al de publicación de la
convocatoria social, excluyéndose el de la celebración de la Junta.
Esta doctrina jurisprudencial ha sido posteriormente adoptada por DG tanto para
las SA. como para las S.L. sin que pueda mantenerse, como pretende el
Registrador en su decisión recurrida, que, a pesar de coincidir en el presente
caso el día de la convocatoria y el de la remisión por correo del anuncio de
la misma a todos los socios, deba excluirse del cómputo del plazo de quince días
establecido en el artículo 46. 3 de la Ley tanto el día de la convocatoria
como el de la celebración de la junta, por el hecho que el socio no podrá
conocer la existencia de la convocatoria hasta la recepción del anuncio. Y es
que para los casos de convocatoria individual a cada socio dicho precepto legal
establece claramente que el plazo se computará a partir de la fecha en que
hubiese sido remitido el anuncio al último de ellos, mientras que cuando el
legislador quiere tener en cuenta la recepción de un anuncio o de una
comunicación así lo establece expresamente. A
mayor ahondamiento, dice la DG, no puede desconocerse que en este caso han
asistido a la Junta todos los socios y que el acuerdo de cuya inscripción se
trata, al ser de destitución como administrador de uno de tales socios, puede
adoptarse aun cuando dicha separación no conste en el orden del día.
(JDR) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08733-08735.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08733.gif *
8.- JUNTA DE S.L. EN SEGUNDA CONVOCATORIA. R. 11 de
enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. Se debate sobre la validez de la Junta de una
sociedad de responsabilidad limitada al haberse constituido en segunda
convocatoria. Frente al argumento del recurrente de que el silencio de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada sobre el particular ha de estimarse como
permisivo de tal posibilidad, opone el Registrador la literalidad del artículo
186 del Reglamento del Registro Mercantil. La DG, confirma la calificación registral diciendo
que , “al margen de la solución que habría de darse al supuesto que
existiese una expresa previsión estatutaria que contemplase esa posibilidad, sin prejuzgar con ello que fuera
inscribible en la actualidad, lo cierto es que legalmente no puede admitirse la
validez de una segunda convocatoria por cuanto ello supondría atribuir a los
administradores unas facultades discrecionales a la hora de señalar segundas,
terceras o posteriores convocatorias, sin distinción de quórum requeridos para
cada una de ellas y en fechas a determinar libremente, con la consiguiente
inseguridad jurídica y menoscabo del derecho de asistencia del socio que,
presente al tiempo en que habría de celebrarse en primera, puede racionalmente
presumir que legalmente ya no podrá celebrarse sin ser convocada de nuevo”.
(JDR) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08735-08736.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08735.gif 16.-CONVOCATORIA
SIN FECHA DE JUNTA. R. 24 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. Se padeció error en uno de los anuncios de convocatoria de la Junta
general de una sociedad de responsabilidad limitada, al omitir la fecha en que
la misma habría de tener lugar. Se subsanó posteriormente mediante un anuncio
de rectificación publicado tres días antes de que la Junta se celebrase. Dicha omisión, para la DG, vicia la Junta porque la regularidad de la
convocatoria es presupuesto de la validez de la reunión en cuanto supone la
garantía básica del derecho de los socios a asistir a la misma, tomando al
efecto las medidas que lo hagan posible, así como conocer previamente los
asuntos que se han de tratar con la posibilidad de informarse, asesorarse y
meditar el sentido de su voto. Y entre los requisitos de esa regularidad está
la forma y el contenido, exigiendo la Ley en cuanto a este último que se
exprese 'en todo caso la fecha y hora de la reunión’. La omisión o error en
esa dato, como en cualquiera de los demás que el anuncio ha de contener, puede
subsanarse, pero la publicación de la subsanación ha de respetar el
intervalo legalmente exigido, pues de lo contrario, al margen de las
posibilidades que se brindarían al fraude, se estarían mermando las garantías
que el legislador ha establecido en beneficio de los socios. No influye que la convocatoria sea judicial, pues las exigencias de
publicidad de tal convocatoria son las mismas, ni el hecho de que al existir dos
anuncios uno de ellos fuera correcto. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08746-08747.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08746.gif *D
17.- SOCIO UNICO PERSONA JURÍDICA. R. 25 de enero de 2002, DGRN. BOE del 4 de marzo. Para la inscripción de las decisiones del socio único de una sociedad
de responsabilidad limitada, cuando aquél es una persona jurídica, no es
preciso que conste en la certificación relativa a las mismas quién y
con qué representación actuó en su nombre. El RRM distingue entre los requisitos formales de las actas de
los órganos colegiados de las sociedades mercantiles, aunque referidos a los únicos
efectos de su inscripción en el Registro (art. 97) , y los particulares de
dichas actas que han de trasladarse a la certificación que se expida cuando
en base a ella se proceda a elevar a escritura pública los acuerdos que consten
en las mismas (art. 112), partiendo de la idea de que en ésta han de constar,
aparte de los acuerdos a inscribir, tan sólo los precisos para poder calificar
la validez y ejecutividad de tales acuerdos. Tratándose de sociedad unipersonal, el art. 127 LSRL establece que el
socio único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso sus
decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de su
representante, y congruente con ello el art. 97. 2 RRM exige que, aparte de la
transcripción de aquélla en el Libro de actas, se exprese, entre otros datos,
si la decisión ha sido adoptada personalmente o por medio de representante. Lo
que ya no contempla dicho Reglamento, pese al casuísmo con que se ocupa
del tema, es si en las certificaciones de tales decisiones también habrá de
constar si fueron adoptadas personalmente o por medio de representante. Si la razón última de los extremos exigibles en la certificación que
sirva de base para inscribir las decisiones del socio único es permitir al
registrador calificar su validez, la identificación en ella del representante
del socio único y del título en cuya virtud actúa resulta innecesaria, no
existiendo norma que obligue a consignar tales datos ni aportar el título
justificativo de la representación. En definitiva, será la persona facultada
para certificar del contenido del acta y trasladar la misma al Libro
correspondiente la que habrá de comprobar, bajo su responsabilidad, que la
decisión de la que certifica fue adoptada por persona legitimada en nombre del
socio único para hacerlo. (JFME) http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-04/pdfs/A08748-08749.pdf http://www.cde.ua.es/boe/frame.htm?boe20020304_08748.gif La Orotava, Archidona, Bilbao, Madrid y Los Realejos, a 11 de marzo de 2002. | |||||||||||||||||||||||||
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