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¿ACASO TENEMOS QUE PEDIR PERDÓN POR SER

NOTARIOS O REGISTRADORES?

Patricia Olivencia Cerezo, Notario de Tossa de Mar (Girona) 

 

Esta pregunta surge a colación de la próxima rebaja arancelaria que, en principio y salvo milagro, entrará en vigor el 1 de Enero de 2009 y que va a suponer, además de una importante merma en los ingresos de ambos colectivos, la necesidad de una reducción de las plantillas o, en el mejor de los caso, de su jornada laboral.

Uno de los problemas fundamentales que vengo observando es la gran pasividad con la que nos estamos comportando los notarios ante esta cuestión. Nadie levanta la voz para poner de relieve esta cuestión en ningún medio de comunicación o foro público, utilizando argumentos lógicos y coherentes, a fin de hacer comprender el enorme problema al que nos enfrentamos.

Da la sensación de que preferimos mantenernos apartados y no llamar la atención porque “la situación siempre es susceptible de empeorar” y “madrecita que me quede como estoy” o puede que haya quien piense que si no se habla de ello o se le da la espalda, desaparecerá.

Somos profesionales de prestigio, que hemos llegado hasta aquí tras una ardua oposición, en la que hemos invertido mucho tiempo, dejando de lado muchas otras cosas. Nadie nos ha regalado la plaza y precisamente por ello, no podemos comportarnos como si nos sintiésemos avergonzados de ser lo que somos o esperar que alguien nos saque “las castañas del fuego”.

No podemos ser tan conformistas y limitarnos a esperar que las cosas se arreglen solas, porque eso no va a ocurrir. Las reformas arancelarias no tienen marcha atrás y si no explicamos claramente al Gobierno, a la sociedad y a todo aquel que quiera escucharnos, que la solución a los problemas económicos del pais no está en una reducción indiscriminada de los aranceles (como argumento en contrario no me sirve que los documentos sin cuantía no se ven afectados, porque de por sí son totalmente antieconómicos ya que prácticamente cobramos lo que nos cuesta elaborarlos), sino en una adaptación a los tiempos que corren. Se podrían aplicar reducciones a los colectivos sociales más desfavorecidos, ya sea, dependiendo de los casos, con carácter temporal (por ejemplo, los parados) o definitivo (atendiendo a sus rentas, o en caso de minusvalías).

Es imprescindible la elaboración de un nuevo arancel que recoja, por un lado, un aumento en los documentos sin cuantía (que conllevan un trabajo y un asesoramiento en muchas ocasiones superior al de los de cuantía) y, por otro, una actualización de demás, porque debemos de ser de los pocos colectivos que no aplicamos el IPC.

Una de las cosas que más llaman la atención de los clientes que vienen a firmar a la notaría o se presentan en el despacho del registrador para hacer cualquier consulta es que, de conformidad con la LN, no cobremos absolutamente nada por el asesoramiento, cuando todos los profesionales liberales lo hacen. ¿No podría realizarse una reforma en este sentido, articulando de forma clara esta cuestión y señalando un tope máximo a fin de evitar grandes diferencias entre lo que se cobra en un despacho o en otro?

Por último, simplemente recordar que donde realmente se va el dinero de los particulares es en el pago de los impuestos. Si realmente se quieren adoptar medidas efectivas contra la crisis, que se baje el ITP a un cuatro o un cinco por ciento; o que se declaren exentas del ISD las herencias entre padres e hijos.

La única manera de que salgamos de este pozo sin fondo en el que nos encontramos, es adoptar medidas colectivas, asumiendo todos los implicados (notarios, registradores, entidades bancarias, agencias tributarias y organismos públicos) un porcentaje de ese coste, de manera que los ciudadanos, al ver la cantidad final que tienen que desembolsar al realizar una operación, aprecien esa disminución del gasto.

Hemos de tirar todos en una misma dirección, porque de lo contrario, la cuerda terminará rompiéndose y ese equilibrio y seguridad jurídica del que somos, en gran medida autores, se quebrará y solucionarlo requerirá mucho más tiempo y dinero del que podemos imaginar.

El sistema de control actual debe mantenerse, con las modificaciones necesarias para resultar beneficioso para todos, y cuando digo todos, incluyo a notarios y registradores, que también tenemos derecho a ganarnos la vida dignamente. Nadie nos ha regalado nada, así que dejemos de comportarnos como si debiéramos algo a alguien.

Luchemos por nosotros, nuestras familias y empleados, porque si no lo hacemos ¿quién lo hará?. La respuesta es clara, nadie.

 

PATRICIA OLIVENCIA CEREZO. Notario de Tossa de Mar (Girona).

     

MEDIDAS 22 Y 23 DEL GOBIERNO

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