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BEATRIZ CORREDOR CONCEDE UNA ENTREVISTA A NyR

 

“La política debe ser una etapa en la vida, en la que se aporte al interés público la experiencia y el conocimiento que cada uno tenga atesorado, pero no concibo la política como una profesión en sí misma”.

 

 

Beatriz Corredor Sierra

Breve biografía.

      En un breve resumen biográfico de esta madrileña, jurista, política y madre de tres hijas, diremos que nuestra entrevistada se licenció en Derecho en 1991 por la Universidad Autónoma de Madrid, y que es registradora de la propiedad desde 1993, actualmente desempeñando su labor profesional en el Registro de Majadahonda número 1, habiendo servido previamente en otros registros a lo largo del país como Ponferrada, Palamós, Plasencia o Lillo.

      Se afilió al PSOE en 2003, habiendo ejercido diversos cargos públicos entre los que destacan el Secretariado de Mujer e Igualdad en la Agrupación de San Blas de Madrid, Concejal y Portavoz del Área de Vivienda en el Ayuntamiento de la Capital, o Vocal de la Comisión Ejecutiva regional del PSM-PSOE.

      También ha contado con una intensa vida colegial y docente habiendo sido responsable del Centro de Estudios Registrales de Castilla-La Mancha, estuvo vinculada como Ponente en diversos Cursos y Seminarios con la Universidad de Castilla La Mancha y ha sido Miembro de Tribunal de Oposiciones.

       Pero, sobre todo, dentro de su quehacer político, destaca el haber formado parte, desde abril de 2008, del Gobierno de la Nación durante dos años y medio, como Ministra de la Vivienda –sucesora de Carme Chacón- y, cuando desapareció la Cartera, embebida en Fomento, pasó a desempeñar la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, hasta las últimas elecciones.

        ¡Ahí es nada para una persona de tan sólo 44 años recién cumplidos!

 

Preguntas:

La amplitud de las competencias autonómicas ¿justifica la desaparición del Ministerio de la Vivienda o usted considera que debería de existir?

La estructura y la composición de cada Gobierno son una prerrogativa del Presidente, que decide en función de las prioridades políticas y de cómo considere que se logra mayor eficacia y eficiencia en la gestión de esas prioridades.

Es cierto que las competencias en materia de Vivienda y Urbanismo están transferidas a las CCAA (y en buena medida, las han asumido los ayuntamientos) pero no lo es menos que inciden directamente en la cobertura de derechos de los españoles recogidos en la CE, que además garantiza la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de dichos derechos, independientemente de la CA donde nazcan.

De esta forma, al menos hasta el año 2011, más del 80% de las actuaciones protegidas en materia de vivienda, en todo el territorio del Estado, y ya sea en propiedad, en alquiler o referidas a la rehabilitación, estaban financiadas con cargo a los PGE a través del Ministerio de Vivienda o de la secretaría de estado de Vivienda; y esa financiación suponía en la práctica que las CCAA estaban aplicando las prioridades diseñadas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Además, es competencia del Estado la planificación económica general, y desde luego el sector inmobiliario tiene una incidencia determinante, como se ha demostrado a lo largo de esta profunda y persistente crisis económica y financiera que atravesamos, en el crecimiento económico, en su sostenibilidad y en la creación de empleo. Y, por tanto, en la recesión y el altísimo nivel de desempleo existente en la actualidad, en buena media derivados del sobredimensionamiento y falta de diversificación y de modernización del inmobiliario español. Desde esta perspectiva, es importante recordar que el estado tiene competencias tributarias en tipos impositivos relacionados directamente con el inmobiliario.

También es competencia del Estado la protección del medio Ambiente, y en este sentido, cabría recordar leyes dictadas en la última legislatura que tienen incidencia directa en él, relacionadas con el desarrollo territorial y urbano: el TR de la LS de 20 de junio de 2008, o el RDL de 1 de julio de 2011.

 

¿Cuál ha sido su enfoque respecto al Plan Vivienda 2009 – 2012, todavía en curso?

Nosotros tratamos de sentar las bases para lograr el reequilibrio del sector inmobiliario, no sólo con el Plan Estatal, sino con todas nuestras iniciativas legislativas, fiscales y  presupuestarias;  para que este sector económico estratégico contribuya de forma sostenible al crecimiento económico y a la creación de empleo estable y de calidad, en lugar de seguir siendo una losa para nuestra economía por su falta de diversificación y de modernización.

Para ello, suprimimos en 2011 la deducción por compra de vivienda habitual para rentas superiores a 24.000 euros (el 75% de los declarantes de IRPF tienen ingresos inferiores a esa cantidad) porque estaba probado que esa deducción contribuía a la espiral alcista de los precios; así lo había señalado también el FMI y la OCDE. La Ley del Suelo de 2007, fue la primera Ley Estatal que recogió como fundamento el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, valorando el suelo por lo que es en cada momento, no por lo que puede llegar a valer en una hipotética urbanización; además, dispuso medidas para luchar contra la especulación y la corrupción, en favor de la transparencia y de la participación de los ciudadanos en el diseño de la ciudad.

Y dimos un impulso definitivo a la rehabilitación y regeneración urbana, que son actividades muy intensivas en mano de obra y que ocupan a PYMES del ámbito de la edificación, como los fabricantes de materiales, instaladores, contratistas, etc. La inversión del sector de la construcción en la  rehabilitación es España está muy por debajo de la media europea, apenas un 24% frente a más del 40%; tiene por tanto un enorme potencial de desarrollo si se sigue incentivándola. Nosotros lo hicimos con medidas normativas (Ley de Economía Sostenible, RDL de 1 de julio de 2011), fiscales (mejora del tratamiento fiscal en IVA y en IRPF), y con ayudas públicas a través del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.

Respecto al Plan Estatal, nuestra prioridad fue hacer un programa flexible que pudiera después adaptarse a las particulares necesidades de cada una de las CCAA, y a las necesidades de sus ciudadanos; desde el punto de vista de la máxima libertad posible en el acceso a una vivienda, para que familias de todos los tramos de renta pudieran optar por la compra, el alquiler o el alquiler con opción a compra; y desde luego hicimos de la rehabilitación y regeneración urbana nuestra máxima prioridad política y económica, impulsándola con medidas normativas, fiscales y presupuestarias.

 

En España se ha beneficiado fiscalmente la compra de viviendas, y no el alquiler, desde hace décadas.

 

 

En el dilema entre potenciar el mercado de alquiler y el de venta, ¿cuál es su posición?

En España se ha beneficiado fiscalmente la compra de viviendas, y no el alquiler, desde hace décadas. Por tanto, ha sido fiscalmente más favorable comprar que alquilar. Además, había una cierta sensación de inseguridad para los propietarios en cuanto al cobro de las rentas, la agilidad de los procesos de desahucio y el estado de la vivienda al recuperarla. En consecuencia, en España apenas un 17% de las familias residen en una vivienda alquilada, frente a la media europea, que supera el 40%.

Nosotros pensamos que es necesario que el mercado inmobiliario se reequilibre también en cuanto a las formas de acceso a la vivienda; que haya verdadera libertad de elección para las familias y ciudadanos, según sus circunstancias vitales, profesionales, laborales…Para eso es necesario una oferta suficiente de viviendas de buena calidad disponibles para su arrendamiento, a precios asequibles. Para lograrlo, se tomaron medidas importantes desde 2004: ayudas a inquilinos en los planes de vivienda, apoyo a la promoción de viviendas protegidas en alquiler, creación de la Sociedad Pública de Alquiler, Renta Básica de Emancipación para jóvenes, reforma de la LAU y de la LEC para reforzar la seguridad de los propietarios (respetando siempre los derechos de los inquilinos de buena fe), equiparación fiscal de la deducción por alquiler de vivienda habitual respecto a la compra. Todas ellas, medidas que tenían una vocación estructural para consolidar los avances en este mercado e impulsarlo como alternativa para el desarrollo de un sector inmobiliario más sostenible.

  

¿Cuáles fueron las principales aportaciones en las que trabajó para preparar la reciente reforma de la Ley del Suelo?

 El RDL de 1 de julio de 2011 es el fruto de varios meses de trabajo en dos direcciones diferentes: por un lado, reforzar la normativa que pudiera facilitar el despegue de la rehabilitación y la regeneración urbana como alternativa económica y de creación de empleo para el sector inmobiliario (en la estela de la Ley de Economía Sostenible); y por otro, dar solución a algunas cuestiones que habían generado una fuerte polémica mediática en el ámbito de la seguridad jurídica inmobiliaria, sobre todo relacionado con la adquisición por parte de ciudadanos comunitarios de viviendas en España que después se vieron afectadas por expedientes de disciplina o infracción urbanística por anulación del planeamiento o de la licencia que las autorizó; o que una vez adquiridas carecían de los permisos administrativos necesarios para poder ser habitadas. Se consideró que reforzar la publicidad de estas situaciones a través del registro de la propiedad, como instrumento al servicio del Estado, era una manera óptima de lograr esa mayor seguridad jurídica demandada por estos ciudadanos afectados, no sólo extranjeros, sino un buena parte de los casos, españoles. De ahí la nueva regulación sobre silencio negativo, declaración de obra nueva, complejos urbanísticos o anotación preventiva obligatoria de la incoación de tales expedientes.

 

¿Cree que estaban justificadas las agrias críticas formuladas en foros internacionales al Estado español por demoliciones de viviendas adquiridas por ciudadanos, fundamentalmente británicos?

Realmente ha sido desproporcionada la polémica generada por algún caso muy puntual de ciudadanos británicos afectados; pero consciente de esa imagen negativa de la seguridad de las transacciones inmobiliarias, el Gobierno anterior realizó una gira por varios países europeos para dar a conocer estas nuevas medidas adoptadas y proporcionar información sobre la forma segura para adquirir una vivienda en España.

Debo agradecer de nuevo el apoyo prestado por el Colegio de Registradores en la realización de dicha Guía y la puesta en marcha de la web que permite pedir información registral en inglés; iniciativas ambas muy bien valoradas en los foros internacionales en los que las presentamos.

 

 

 

“La Ley del Suelo de 2007, fue la primera Ley Estatal que recogió como fundamento el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”

 

 

¿Qué medidas cree que convendría adoptar para que el neurálgico sector de la construcción se reactivase?

Durante las dos últimas legislaturas, como ya he referido, nuestra prioridad fue sentar las bases para el reequilibrio de este sector: equilibrio entre la construcción de vivienda libre y vivienda protegida y asequible; el equilibrio entre el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler; y entre la construcción de obra nueva y la rehabilitación y regeneración urbana de lo ya existente

Para conseguirlo, pusimos en marcha medidas normativas, presupuestarias y fiscales, además de convenios y pactos sociales. A título de ejemplo, y aunque repita algunas, me gustaría citar el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en 2008; el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012; la reforma de la LAU y de la LEC para mejorar los procedimientos arrendaticios y la seguridad de los propietarios; la consolidación de la RBE y de la SPA como herramientas estatales para mejorar el acceso a la vivienda en alquiler y la emancipación de los jóvenes; la mejora sustancial de la fiscalidad de la rehabilitación y del alquiler; el impulso a la vivienda protegida, que ha resistido la crisis (en 2010 y 2011, la mitad de todas las viviendas iniciadas en España fueron protegidas); la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, con el Solar Decathlon Europe como ejemplo de cómo aplicar la innovación y la tecnología a la edificación residencial…

Nos hubiera gustado consolidar las bases de este cambio de modelo en la actividad y en la inversión del sector de la construcción residencial, a través de una revisión de la política estatal de vivienda; de forma que pudiera dirigirse más específicamente a financiar programas estatales de promoción de vivienda protegida en alquiler, de rehabilitación y regeneración urbana y de eficiencia energética, habitabilidad, accesibilidad y energías renovables en el amplísimo parque edificado en España que supera los 30 años de antigüedad.

 

¿Cómo recuerda su aún muy reciente experiencia de haber formado parte del Gobierno de su País?

Fue un privilegio y una enorme responsabilidad poder servir a mi país, primero como concejal del Ayuntamiento de Madrid, luego ministra y como secretaria de Estado en el Gobierno de España; la vocación de servicio público me ha acompañado siempre, desde la elección y ejercicio de mi profesión.

La pasada legislatura fue difícil, especialmente por las cifras inasumibles de desempleo; fue especialmente dura para el sector inmobiliario, por el rápido ajuste en la iniciación y venta de viviendas y sus consecuencias en las industrias auxiliares y de fabricantes de materiales de construcción. Por eso nuestra prioridad fue sentar las bases para el reequilibrio de este sector: equilibrio entre la construcción de vivienda libre y vivienda protegida y asequible; el equilibrio entre el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler; y entre la construcción de obra nueva y la rehabilitación y regeneración urbana de lo ya existente. Sentamos en estos años, entre 2004-2011, las bases para un sector inmobiliario residencial sostenible, que pueda contribuir al crecimiento económico y a la creación de un empleo más estable y de calidad; puede lograrse a través de la investigación en materiales de construcción, nuevas tecnologías aplicadas a la edificación, como las energías renovables, de la eficiencia energética en los edificios existentes, de la promoción de viviendas protegidas en alquiler…

 

“Creo que las redes sociales están ya cambiando la forma de hacer política”

 

Y la vuelta a la vida cotidiana… ¿Cómo ha ido? ¿Cree que debe de haber profesionales de la política? ¿Mantiene el ánimo para seguir en la brega política?

Ha sido un regreso a mi profesión suave y escalonado, y me encuentro muy cómoda en mi puesto de registradora en Majadahonda 1.

La experiencia política ha sido inolvidable y ha supuesto un enorme aprendizaje para mí, no sólo en las materias propias de mi competencia y en lo relativo al funcionamiento de las principales instituciones públicas, del proceso legislativo y de la Administración General del Estado, sino también en el plano personal.

Sí creo que la política debe ser una etapa en la vida, en la que se aporte al interés público la experiencia y el conocimiento que cada uno tenga atesorado, pero no concibo la política como una profesión en sí misma. Desde mi personal punto de vista, me parece imprescindible una limitación de mandatos para garantizar la permeabilidad de entrada y de salida entre la sociedad y la mal llamada “clase política”, y también para asegurar el “reciclaje” de los que se dedican unos años a la política mediante su regreso a la vida laboral y personal.

Yo soy militante del PSOE desde 2003, y desde entonces he estado a disposición de mi partido, al que estoy profundamente agradecida por haberme dado la confianza y la oportunidad de ser concejal, ministra y secretaria de Estado; y de ocupar cargos de responsabilidad orgánica en mi agrupación local y en el PSM. Naturalmente, sigo estando a disposición del PSOE si considera que puedo seguir siendo útil a la organización y a la sociedad. 

 

He visto que hace uso de las redes sociales, concretamente de Twitter. ¿Qué experiencia y planteamientos tiene con relación a ellas?

Creo que las redes sociales están ya cambiando la forma de hacer política; las redes hacen más cercanos a los políticos, los aproximan a la sociedad; permiten una interlocución directa con las personas que te siguen, y eso permite recoger de forma más realista las inquietudes, críticas, reproches, ilusiones, emociones…de la gente. Pero creo que la impostura, el oportunismo, la utilización exclusivamente electoral de las redes consigue el efecto contrario: desconfianza en el mensaje, desconfianza en las personas que se dedican a la política. Al final, hace falta autenticidad. Creo que es bueno que se vea qué persona hay detrás del personaje público: humaniza la política.   

  

            

IMAGEN TOMADA DE LA CUENTA DE

TWITTER DE BEATRIZ CORREDOR

 

     Fuenlabrada, a 3 de julio de 2012. (JFME)

 

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