DEMOCRACIAS Y/O CORRUPCIÓN
 

Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

En un artículo publicado el 18 de marzo de 1.994, en base a las reflexiones de Octavio Paz sobre los sistemas políticos del tercer mundo, en el periódico económico Expansión exponíamos que “la democracia es un instrumento que ofrece tantas caras como grados de desarrollo tengan los países donde está implantada. En las democracias de los pueblos poco desarrollados se dan, a menudo, características negativas que no se encuentran en las democracias maduras.

Desplazado el centro de la decisión política a la colectividad, la capacidad y la calidad del control de la gestión pública quedarán condicionadas por el bajísimo nivel de renta y de cultura de la población.

Dos notas diferencian las democracias de los países más desarrollados de los países del tercer mundo:

1-      La relación neutra entre el Estado y los ciudadanos, garantizada por la existencia de un Estado de Derecho que trata a todos por igual. En el momento que los ciudadanos se encuentren discriminados por el Estado, a causa de sus ideas, nos encontraremos ante un sistema democrático falsificado, ya que gran parte de las libertades quedarán cercenadas por este abuso de poder.

2-      La concepción que del Estado tenga la clase política dirigente. Mientras que en los sistemas políticos del tercer mundo las clases dirigentes consideran al Estado como su propiedad privada, en las democracias maduras, el Estado es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno. De manera que, si desvían hacia finalidades particulares o partidistas dinero común, la sociedad les retira la confianza política y les aplica un severo correctivo legal.

De ahí que la corrupción no sea extraña en la democracia de las sociedades poco desarrolladas mientras que los políticos corruptos son habitualmente separados de la política por las sociedades en las democracias maduras”

Pero, para ello, ha de cambiar el concepto de la lucha política de la sociedad. Si esta continúa pensando que, el que gana las elecciones tiene derecho a apropiarse del Estado como un botín de guerra como lo hacían los ejércitos en los períodos predemocráticos, la corrupción no quedará definitivamente  erradicada.

Consecuencia de esta concepción privativa del Estado, es la utilización de las funciones públicas en beneficio propio, intentando asegurarse la continuidad, una vez ganadas las elecciones y  bloquear el acceso de la alternativa política.

En el Estado germina un nuevo departamento que llamamos el Estado B, compuesto de funcionarios que se ponen al servicio del partido en el poder, unas veces por afinidad política y otras por intereses personales, consiguiendo una promoción “profesional” y unos beneficios económicos que no tienen el resto de funcionarios del Estado, que cumplen honestamente su profesión.
    La función pública se politiza, intentando controlar la dirección de todos los departamentos y en especial los de justicia, policía y los que tengan una mayor proporción de inversión y gasto público.

Este grupo B, habitualmente, actúa al margen de normas morales y legales y si tiene algún problema, serán otros del mismo clan los que acudirán, rápida y eficientemente, en su ayuda.

Con la dirección de sectores claves, el Estado se convierte en un espía universal que intenta controlar todo lo que pueda perjudicar a sus intereses.

Una vez ocupado el poder, en lugar de analizar las necesidades y los problemas de la sociedad, elaborando planes para la corrección y mejora de las deficiencias en infraestructuras y servicios públicos, centran la atención preferente en investigar la acción pública de los anteriores dirigentes políticos y  la de los actuales opositores.

De esta manera se montan enormes archivos con el objeto de hacerlos servir en el futuro y desactivar el control de la oposición y reducir sus posibilidades en los períodos electorales.

A ésta se le dará a entender que saben todo sobre ella y en el  momento que se produzca un debate público sobre fallos en la gestión pública o sobre corrupción, utilizarán los expedientes en su contra.

 De esta manera, intentan asegurarse el mantenimiento en el poder no mejorando el nivel de los servicios públicos y la resolución de los problemas sociales, sino a través de estas malas prácticas. Es más económico montar informes que hacer carreteras y hospitales, que impiden disponer de recursos públicos para otros objetivos. La calidad de los servicios e infraestructuras desciende por la escasa inversión y la politización en la adjudicación.

El problema es que, los gestores que se han preocupado absolutamente de gestionar con eficacia los recursos se ven en inferioridad de condiciones ya que no tendrán otro archivo similar y la sociedad comprobará como, sin una oposición crítica y sin unos medios de información independientes, la mayor parte de promesas que se les hizo en los periodos electorales se quedarán sin atención.

Los momentos de más interés para este tipo de prácticas, es cuando se producen grandes escándalos sociales por corrupción o incompetencia y en los períodos previos a las elecciones.

Al final es toda la sociedad a la que se le somete a este control. Cuando hace falta desviar la atención pública, se coge Instituciones de prestigio y personajes populares “que no sean de los nuestros” y se monta una escandalera monumental,” con escenas de película barata “y en la que contarán con la complicidad y la colaboración de otros medios, ávidos de temas fáciles y comerciales, para asegurar e incrementar sus cuotas de mercado.

Y, encima, siempre habrá alguien que se ensañe con las víctimas de esta manipulación y hasta aplauda el valor del gestor al que no le tiembla el pulso ante los poderosos y los populares y así protegen a los que tenían la responsabilidad de evitar la especulación y la corrupción pública.

Dada la lentitud de la Justicia cuando esto se aclare ya habrán conseguido sus objetivos.

El problema es para los afectados a los que les masacraron el honor y hasta su vida profesional y personal, teniendo que recurrir este calvario en soledad y para las Instituciones a las que pertenecían.

Ningún medio recogerá con el mismo escándalo la resolución que decrete su inocencia y hasta en las enciclopedias constará que participaron en actividades delictivas.

Es fundamental, para la ocultación de las responsabilidades políticas y la reducción de la cuota electoral de los opositores, la colaboración y la complicidad de medios de comunicación poco escrupulosos con el deber de información y de control de la clase política dirigente, a los que satisfarán con todo tipo de ayudas, subvenciones, ventajas y privilegios ligando su futuro al del partido en el poder.

 De ahí que, cuando se detecte que en un Estado comienzan a desarrollarse prácticas corruptas y antidemocráticas o la ciudadanía y los partidos políticos actúan diligentemente contra este cáncer o serán responsables de que se vaya desarrollando y acabe convirtiendo un Estado democrático al servicio de todos los ciudadanos en un Estado B al servicio exclusivo de su clase dirigente..

DANIEL IBORRA FORT

VILAFRANCA DEL PENEDÉS 8 DE ENERO DE 2.012

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