Efectos de las uniones convivenciales de hecho. Conflictos transfronterizos e internos.

Admin, 24/11/2021

 EFECTOS DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES DE HECHO. CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS E INTERNOS

Vicente Martorell. Notario de Oviedo

ÍNDICE:  

  1. INTRODUCCIÓN
  2. PANORAMA REGULADOR
    1. Normativa española
      1. Marco normativo y constitucional
      2. Legislación autonómica
    2. Normativa europea
  3. SISTEMAS DE VALIDACIÓN
    1. Conexiones autonómicas: vecindad civil, residencia y empadronamiento
    2. Presupuestos
      1. Habilidad: número, género, disanguinidad, edad y capacidad
      2. Unidad: su acreditación notarial
      3. Estabilidad: convivencia y descendencia
      4. Exclusividad: separación matrimonial y poligamia
    3. Reconocimiento: meramente fácticas o voluntaristas
    4. Formalización: escriturarias y registradas
    5. Eficacia: administrativa y civil
  4. EFECTOS PARTICULARES
    1. Efectos económico-convivenciales
    2. Efectos sucesorios
    3. Efectos asistenciales
    4. Otros efectos
  5. CRITERIOS CONFLICTUALES TRANSFRONTERIZOS E INTERNOS
    1. Ley aplicable autónoma: prueba
    2. Ley aplicable heterónoma
      1. Determinación de su existencia
      2. Homologación de su existencia
      3. Homologación de su eficacia
    3. Casos prácticos
      1. Asturias versus Cataluña
      2. Galicia versus Cataluña
  6. REGLAMENTO (UE) 2016/1104: 29 DE ENERO DE 2019
    1. ¿Se aplica a toda «unión registrada» y a todas las materias?
    2. ¿Qué se entiende por «unión registrada»?
    3. ¿Es trasladable a los conflictos internos?

ENLACES

 

1.- INTRODUCCIÓN

Con los asépticos nombres de «unión convivencial», «unión de hecho» o «unión estable» se designa la pareja unida por relación análoga a la matrimonial. Utilizaremos indistintamente cualquiera de los tres o su combinación. La que ahora uso en mis escrituras de constitución o extinción es «pareja convivencial estable de hecho».

Siendo la definición deliberadamente amplia no dudo que puedan saltarle las costuras:

  • ¿Pareja de qué? Dependiendo de la realidad subyacente que cada legislador valora y estima necesitada de atención, se exige para su reconocimiento legal heterosexualidad (como ocurría en Ecuador hasta la reforma de 2015) o es indiferente la orientación sexual (como en Francia). Otras veces es el instrumento para reconocer a las parejas homosexuales un estado civil similar al matrimonio, pero sin utilizar esta denominación (como en todo el Reino Unido[1], en Alemania[2] y en Italia).
  • ¿Por qué pareja y no tríos? ¿o póker? ¿o la escalera entera? Es lo que ahora se llama el «poliamor».
  • Y llegado el momento, ¿qué tal con androides? David LEVY, experto en inteligencia artificial y autor del libro Love and sex with robots, no se pregunta si ocurrirá sino cuándo ocurrirá, vaticinando que en el 2050… y yo que lo vea.
  • ¿Qué clase de unión? Dependerá de cómo se ponderen los tradicionales presupuestos y requisitos de habilidad, unidad, estabilidad, exclusividad, voluntariedad y publicidad.
  • ¿De lecho y techo? Hace poco estaba de moda en la prensa dominical el Living Apart Together o, más castizamente, «juntos, pero no revueltos».
  • ¿Análoga a la matrimonial? Algo anticipó la Ley catalana 19/1998 sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua, que ha pasado al 240 del Código civil de Cataluña, con trascendencia incluso en el Impuesto sobre Sucesiones mediante su asimilación a los descendientes del Grupo II (art. 36 de la Ley 19/2010, tras la reforma del 2014). También las leyes 117 y siguientes de la Compilación de Navarra contemplan las comunidades de ayuda mutua.

Prescindiendo de aquellos países en que determinadas uniones «non sanctas» pueden, paradójicamente, implicar un súbito encontronazo con la divinidad, en las naciones «civilizadas» varias son las soluciones o no soluciones porque variados son los problemas que plantean las uniones de hecho.

Así, la última vez que miré en www.coupleseurope.eu/es, en Portugal no hay una regulación de las parejas de hecho, si bien se admite el matrimonio homosexual; Italia no regula las uniones convivenciales heterosexuales, pero desde una Ley del 2016 reconduce las homosexuales a tal unión civil; Rumanía carece en absoluto de una regulación de las parejas de hecho, ni siquiera para las homosexuales, cuyo matrimonio no contempla; mientras que en relación a Lituania se advierte que la modificación de su Código Civil para regularlas todavía no ha entrado en vigor, lo que ignoro.

Amigo como soy de las frases rotundas y de que cada uno haga lo que quiera menos marear, me sentía atraído por la atribuida a NAPOLEÓN de que «quien se sustrae al Derecho debe ser ignorado por el Derecho», pero ello sería también desconocer, como creo recordar que decía el manual de LACRUZ, que no todas las uniones de hecho obedecen a idénticas razones ni merecen la misma valoración.

A veces representan lo que gráficamente se ha llamado un «matrimonio a prueba». Otras, sus miembros, aun queriendo, no se han casado porque no pueden todavía o por mediar entre ellos un impedimento legal. En otros casos, la convivencia va acompañada de la voluntad de no contraer matrimonio, ya por una cuestión de principios, ya por facilitar la ruptura cuando cese la voluntad de convivencia[3], ya por temor a las consecuencias económicas de un eventual divorcio. En el extremo opuesto, la no celebración del matrimonio obedece en ocasiones a miseria e ignorancia.

Para completar el panorama hay que sumar en España la creciente internacionalización e interregionalización de las relaciones jurídicas privadas, motivada por una fuerte migración laboral y residente-vacacional, y la loca carrera de las Comunidades Autónomas en regular cualquier aspecto que refuerce su hecho diferencial.

Intentaremos poner un poco de orden y establecer una cierta sistemática en lo que no la tiene.

 

2.- PANORAMA REGULADOR

2.1 Normativa española

2.1.1 Marco normativo y constitucional

Desquiciante[4]:

  • No hay una regulación general de las uniones de hecho en la legislación española-estatal, tan solo referencias en determinadas leyes para extender su concreto régimen a tales uniones de hecho (subrogación arrendaticia, adopción, pensiones públicas, etc).
  • Ni siquiera contamos con una normativa estatal para resolver los conflictos de Derecho Internacional e Interregional en esta materia. Recordemos que tal competencia, según el artículo 149-1-8 de la Constitución, corresponde al Estado y así lo ha dejado claro la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 de abril en relación a la regulación navarra. Otra cosa son los conflictos intralocales, cuya competencia ya no sería estatal, como pusieron de manifiesto Andrés URRUTIA y Borja IRIARTE[5] en relación con el País Vasco.
  • Pero tampoco es que estemos solos[6], porque casi todas las Comunidades Autónomas han sacado su leyecita sobre uniones de hecho, que en su momento respondieron, quizás, al loable propósito de reconducir situaciones de otro modo bloqueadas, pero cuyo impacto ha perdido un poco de fuerza al reconocerse el matrimonio homosexual (Ley 13/2005, en vigor desde el 3 de julio de 2005) y el llamado «divorcio express» (Ley 15/2005, en vigor desde el 10 de julio de 2005).
  • Teniendo en cuenta que de estas Comunidades Autónomas la mayoría carece de competencias civiles (como Andalucía o Asturias); y otras se supone que las tienen sólo para el desarrollo de su Derecho Civil propio allí donde exista (como Cataluña y Galicia).
  • Para complicarlo más, algunas de estas leyes autonómicas han sido declaradas inconstitucionales casi en su totalidad (como la valenciana o la navarra) o tienen planteadas desde hace varios años cuestiones de inconstitucionalidad (como la gallega[7]). Aunque, como advierte Francisco MARIÑO[8], las normas autonómicas vigentes vincularán al notario mientras no hayan sido expresamente declaradas inconstitucionales[9]. También al juez, si bien este último puede elevar cuestión de inconstitucionalidad[10].
  • Resume muy bien la doctrina constitucional Antoni BOSCH CARRERA[11] a partir de la STC 93/2013 (para Navarra) y la STC 110/2016 (para Valencia): [1] las comunidades autónomas sin competencias civiles no pueden dictar normas sobre los efectos patrimoniales de las parejas de hecho; [2] las comunidades autónomas con competencias civiles pueden regular los efectos patrimoniales de las parejas de hecho, pero no por analogía con el matrimonio ( 32 CE) sino basadas en la familia como hecho constitucionalmente protegido (art. 35 CE); [3] no se puede imponer efectos a las parejas de hecho basadas en la mera convivencia, aunque se tengan hijos en común (argumento basado en el art. 10-2 CE sobre el desarrollo de la libre personalidad y defensa del derecho a la intimidad); [4] las parejas de hecho pueden pactar unos efectos sobre la convivencia y sobre la extinción de ésta; y [5] la Comunidades Autónomas pueden regular los efectos administrativos y entre ellos pueden crear y regular sus propios Registros administrativos.

2.1.2 Legislación autonómica

Pasando revista, trece Comunidades Autónomas cuentan desde hace tiempo con leyes sobre parejas de hecho: Andalucía (Ley 5/2002); Aragón (Ley 6/ 1999, que ha pasado a los artículos 303 y siguientes del Código del Derecho Foral de Aragón aprobado por Decreto-legislativo 1/2011); Asturias (Ley 4/2002); Baleares (Ley 18/2001); Canarias (Ley 5/2003); Cantabria (Ley 1/2005); Cataluña (Ley 10/1998, derogada por el artículo 234 de la Ley 25/2010, completada por el Decreto-ley 3/2015); Extremadura (Ley 5/2003); Galicia (disposición adicional tercera de la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia, modificada por la Ley 10/2007); Madrid (Ley 11/2001); Navarra (Ley 6/2000); País Vasco (Ley 2/2003 y disposición adicional segunda de la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco); Valencia (Ley 5/2012, en su mayor parte declarada inconstitucional por la STC de 9 de junio de 2016, sin afectar a las situaciones jurídicas consolidadas).

Por su parte, Murcia ni había regulado ni había creado registro autonómico de parejas de hecho hasta la Ley 7/2018 (en vigor desde el 3 de agosto de 2018), que prevé la integración de oficio de las inscripciones practicadas en los registros municipales.

Mientras que sólo tres Comunidades Autónomas no han aprobado leyes, pero sí han establecido registros de parejas de hecho: Castilla y León (Decreto 117/2002); Castilla-La Mancha (Decreto 124/2000, modificado por los Decretos 139/2012 y 43/2018); y La Rioja (Decreto 30/2010, si bien la Ley 2/2021 las asimila al matrimonio a los efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones siempre que, supuesta la inscripción, lleven 2 años de convivencia).

2.2 Normativa europea

Mientras que por arriba la normativa europea añade más incertidumbre, toda vez que su régimen no se proyecta sobre una total institución sino sobre los distintos efectos de la misma:

Pero recordemos la «vis attractiva» del Reglamento europeo de Sucesiones cuando la cuestión económico matrimonial o convivencial se plantea con motivo de la defunción de uno de los cónyuges o miembros de la unión (arts. 4 de sus respectivos Reglamentos 1103 y 1104/2016).

 

3.- SISTEMAS DE VALIDACIÓN

Incluso son muy distintos los regímenes de validación de las uniones convivenciales de hecho en cada una de las legislaciones que las contemplan. Y ello sin necesidad de salir de España.

Distinguiremos entonces, «alla maniera» aristotélica, entre los presupuestos, el reconocimiento, la formalización y la eficacia, ejemplificando los distintos sistemas con las regulaciones que me son más cercanas; y luego el que quiera que traslade todo ello a su ámbito regional y, si puede, al transfronterizo. No sin antes referirnos a los discutidos requisitos que en cada regulación autonómica se sigue para atraer a su ámbito competencial tales uniones convivenciales de hecho.

3.1 Conexiones autonómicas: vecindad civil, residencia y empadronamiento

Muy cuestionables son las exigencias de ciertos requisitos autonómicos adicionales de vecindad civil, residencia o empadronamiento para declararse competentes sobre una unión convivencial de hecho, con las consecuentes dificultades de coordinación e incluso tacha de inconstitucionalidad.

Al respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 de abril entendió que se invadía la competencia estatal para resolver los conflictos de leyes (art. 149-1-8 CE), entre los que se incluye la determinación de los puntos de conexión, al prever la Ley navarra su aplicación a las parejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tuviese la vecindad civil navarra; y ello sin aceptar que se trataba de una norma material de derecho navarro que resultaría de aplicación cuando así resultase de lo dispuesto en las normas estatales o en ausencia de ellas.

Pero, una vez más hay que recordar que las normas autonómicas vigentes nos vinculan mientras no hayan sido expresamente declaradas inconstitucionales.

Por ejemplo, Asturias exige empadronamiento de ambos miembros, aunque no necesariamente en el mismo domicilio (si bien la sede electrónica del Gobierno del Principado de Asturias, entre los requisitos exigibles habla de “… Certificado de empadronamiento actualizado. Ambos solicitantes deberán residir en Asturias, en el mismo domicilio…”); Andalucía, residencia habitual de ambos; Extremadura y Madrid, empadronamiento y residencia de uno de ellos; o País Vasco, vecindad civil de al menos uno. En otros casos la exigencia llega por vía reglamentaria, así el Decreto gallego 248/2007 establece para la constitutiva inscripción que uno de los miembros tenga vecindad civil gallega y que ambos estén empadronados en el mismo domicilio de un municipio gallego.

Por el contrario, más inteligentemente, nada dice Cataluña. Tampoco Valencia pero por la vía de haber sido también declarada inconstitucional su regulación en este punto.

3.2 Presupuestos

La causa material de las uniones convivenciales de hecho suele determinarse por los siguientes presupuestos: habilidad, unidad, estabilidad y exclusividad.

3.2.1 Habilidad: número, género, disanguinidad, edad y capacidad

La habilidad de la persona para integrar una unión convivencial de hecho viene referida al número, género, disanguinidad, edad y capacidad:

  • Número: La unión de hecho siempre se entiende limitada en España a parejas, por mucho que ahora esté de moda el «poliamor».
  • Género: Si en origen la unión de hecho pudo ser el instrumento para reconocer a las parejas homosexuales efectos similares al matrimonio, pero sin utilizar esta denominación, actualmente ninguna de las normativas españolas exige tal condición ni la contraria.
  • Disanguinidad: En todas las regulaciones españolas la unión de hecho se prohíbe a los parientes en línea recta, pero en la colateral la exclusión oscila entre el segundo grado (Andalucía, Asturias o Cataluña) y el tercer grado (Baleares, Canarias o Galicia)[12].
  • Edad: Respecto a la edad mínima, todas las legislaciones españolas incluyen a los mayores de edad y menores emancipados, excepto Aragón y Galicia que exigen mayoría de edad, salvo que se entienda la posibilidad de constituir una pareja estable dentro de los efectos generales de la emancipación, más discutible en el caso gallego que carece de una regulación propia de esta institución.
  • Capacidad: Nos remitimos a las consideraciones que sobre el derecho de las personas con discapacidad a formar parejas de hecho ofrece Salvador TORRES RUIZ[13], actualizadas con la reforma de la discapacidad por la Ley 8/2021, en vigor desde el 3 de septiembre de 2021.

3.2.2 Unidad: su acreditación notarial

La situación fáctica merecedora del reconocimiento legal es aquella análoga a la matrimonial, manifestada dicha analogía en la convivencia «more uxorio» y/o cualquier otro signo de proyección vital conjunta, como pueda ser descendencia común.

Al tener competencias civiles y reconocer, como veremos, a las uniones meramente fácticas, el problema se complica en Cataluña, particularmente tratándose de sucesión intestada sin descendencia[14], en la que el art. 442-3-2 del Código civil catalán llama al conviviente en pareja estable superviviente, sin perjuicio de la legítima de los padres de 1/4.

¿Puede acreditarse tal pareja estable puramente fáctica mediante acta notarial de notoriedad? Se puede, pero con cuidado. Personalmente preferiría declarar tal notoriedad en el marco de la misma declaración de herederos abintestato, con sus garantías jurisdiccionales para todos; extremando las cautelas, por ejemplo, con citación exhaustiva de los siguientemente llamados a la herencia, normalmente padres; y caso de oposición mínimamente fundada, cerrar el acta sin declarar heredero a nadie, pero tampoco la notoriedad o no de la unión de hecho, para que la cuestión se ventile judicialmente; y haciendo la oportuna reserva acerca de la doctrina constitucional sobre las uniones meramente fácticas.

Y digo que con cuidado, porque la simple convivencia sin hijos (que se trate de probar, por ejemplo, con testigos, un certificado de empadronamiento, una certificación de cuenta conjunta, billetes de avión o reservas de hotel comunes) puede no ser suficiente para justificar la «unidad», lo que en la regulación catalana se llama «comunidad de vida análoga a la matrimonial», pues podrían ser antiguos camaradas, amigos con derecho a roce, simples colegas compartiendo gastos de alquiler o, incluso, pudo haber tal «unidad» y quedar ahora sólo el rescoldo de la convivencia.

A la inversa, tampoco las simples infidelidades deben excluir la «unidad», pues suceden en las mejores familias matrimoniales, máxime ahora que están de moda las llamadas «relaciones abiertas».

Se hace entonces conveniente la formalización de la unión de hecho en escritura pública para evitar todos estos problemas… o de la declaración unilateral de su exclusión cuando se tema que el conviviente pretenda arrogarse derechos sucesorios en detrimento de los beneficiarios queridos.

3.2.3 Estabilidad: convivencia y descendencia

Suele exigírsele a la unión de hecho un determinado plazo de convivencia en defecto de descendencia común y declaración formal de voluntad.

No obstante, en Cantabria se exige convivencia ininterrumpida de 1 año en defecto de tal descendencia común y sin que baste la declaración de las partes ni de testigos para acreditarla.

Mientras que Madrid aplica un mayor rigor al exigir, aun mediando descendencia común y declaración formal de voluntad, una convivencia ininterrumpida de 12 meses.

3.2.4 Exclusividad: separación matrimonial y poligamia

La exclusividad en la unión implica inexistencia de vínculo equivalente con otra persona. Excepcionalmente en Cataluña cabe la convivencia estable en pareja en la que uno o los dos miembros esté casado, siempre que haya una separación de hecho; mientras que en Murcia se exige al menos la separación legal[15].

Exclusividad que cerraría la puerta a la poligamia, siquiera sea por la puerta de atrás del concubinato propiamente dicho, como aquella forma de poligamia en la cual la relación matrimonial principal se complementa con otra de rango jurídico inferior.

Recordemos que un país fronterizo como es Marruecos y con una notable presencia de inmigrantes en el nuestro reconoce la poligamia (en realidad la poliginia), si bien tras la reforma de 2004 del Código de Familia (Mudawana) se requiere autorización judicial (básicamente demostrar recursos económicos y garantizar el trato igualitario a todas las esposas) y que no se hubiese pactado la monogamia en el correspondiente contrato matrimonial. Por el contrario, en Argelia (incluso tras la reforma de 2005) no cabe el pacto capitular contrario a dicha poliginia, mientras que en Túnez la institución fue abolida en la reforma de 1956.

Y ya que hablamos de la poligamia, no creo que su rechazo en nuestro actual ordenamiento haya de buscarse en la discriminación de la mujer, pues la objeción decaería si se admitiese también la poliandria. Son sólo formas de organizarse familiarmente, las cuales pueden merecer el reconocimiento o incentivo legal, o su repugnancia, pero alguna solución hay que dar cuando el problema ya lo tenemos[16].

Respecto a la actuación notarial, cuyo marco es siempre más estrecho que si la cuestión ha de resolverse ante un juzgado, normalmente el tema de la poligamia se planteará en relación con declaraciones de herederos abintestato, entendiendo que dicho marco viene delimitado:

  • Por la presunción de exactitud y eficacia probatoria de lo que publica el Registro Civil español ( 16 y 17 de la Ley de 2011, por fin vigente desde el 30 de abril de 2021, y del anterior art. 2 de la Ley de 1957).
  • Y sólo en su defecto, puede acudirse a la distribución que marque la ley sucesoria islámica aplicable; y si la ley sucesoria aplicable fuese la española, ya podemos empezar a discutir si los derechos se asignan a partes iguales, proporcionalmente al tiempo de matrimonio o incluso recurrir a la ley de la nacionalidad común.

3.3 Reconocimiento: meramente fácticas o voluntaristas

La causa eficiente de la unión que haya de merecer especial protección puede ser meramente de hecho sujeta a determinados plazos de convivencia y/o descendencia; o por el contrario, exigirse como elemento esencial la declaración formal de voluntad de ambos miembros. Y ello con distintos requisitos en orden a su prueba y, sobre todo, repercusiones en su eficacia.

Andalucía y Galicia sólo reconocen como parejas de hecho las inscritas en sus respectivos registros.

Por el contrario, Asturias contempla ambas tipologías, la pareja estable meramente fáctica, que puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho (y para la que se exige convivencia de 1 año o descendencia común), y la documentada públicamente o inscrita en su registro (a la que no se exige los requisitos anteriores).

También Cataluña distingue en relación con la convivencia estable en pareja entre aquella meramente fáctica (y para la que exige convivencia ininterrumpida de 2 años o descendencia común durante dicha convivencia) y la formalizada en escritura pública (a la que no se exige los requisitos anteriores).

No obstante, la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 de abril, que se cargó buena parte de la regulación navarra, sienta la siguiente doctrina:

– La sola existencia de una unión «more uxorio», por referencia a datos objetivos como puedan ser la convivencia durante cierto tiempo o la descendencia común, no es suficiente para entender que se asumen los efectos jurídicos previstos por la Ley para las parejas estables (régimen económico, sucesión «mortis causa», etc), cuyo régimen ha de ser siempre dispositivo, esto es, abierto a su asunción voluntaria por ambos integrantes.

– Tal inconstitucionalidad no alcanza a derechos de carácter público (fiscalidad, función pública, etc), reconocidos por el legislador en ámbitos propios de su competencia, que impliquen unos beneficios para uno o los dos miembros de la pareja estable, porque su aplicación requiera la previa y voluntaria solicitud.

Así, por ejemplo, si trasladásemos ello de nuevo a Cataluña resultaría de dudosa constitucionalidad el llamamiento en la sucesión intestada al conviviente en pareja estable superviviente cuando dicha relación no se hubiese formalizado en escritura pública; y sin perjuicio de que ese mismo conviviente favorecido en testamento pueda solicitar, una vez acreditada la relación, los beneficios fiscales autonómicos.

Pero, una vez más hay que recordar que las normas autonómicas vigentes nos vinculan mientras no hayan sido expresamente declaradas inconstitucionales.

3. 4 Formalización: escriturarias y registradas

Desde el punto de vista de su causa formal, suele distinguirse en relación con las uniones convencionales cuyo reconocimiento depende de la declaración de voluntad de ambos miembros, entre aquellos regímenes en que para su oponibilidad tal declaración ha de hacerse en escritura pública y aquellos otros en que su publicidad depende de su inscripción en un registro.

Por ejemplo, Asturias admite ambas formas con iguales efectos administrativos.

Ya hemos visto que Andalucía y Galicia sólo reconocen como parejas de hecho la así inscritas en sus registros autonómicos, sin perjuicio de que tal inscripción pueda hacerse directamente por comparecencia de los miembros de la pareja o por la previa formalización notarial de la misma. Especialmente recomendable tal intervención notarial en el caso gallego, pues al equipararse la pareja de hecho registrada al matrimonio, se le aplica automáticamente un régimen económico de gananciales (por mucho que la Resolución DGSJFP de 21 de junio de 2021 exija pacto expreso), que la mayoría de las veces interesa sustituir por uno de separación.

Mientras que en Cataluña se invierten los términos al establecer la escritura pública como forma de reconocimiento de los efectos civiles y administrativos, sin perjuicio de organizar también un registro voluntario para tales escrituras.

Todo ello, sin olvidar la existencia en muchos casos de «protoregistros» municipales, la mayoría de los cuales fueron barridos por los autonómicos, y cuyo valor hoy se limitará a aquellos efectos en que la norma aplicable[17] o las propias ordenanzas municipales les reconozcan virtualidad… y a abonar la incertidumbre en los demás casos[18].

Así, el País Vasco reconoce virtualidad a tales registros municipales sujetando la inscripción a su verificación por el registro autonómico.

3.5 Eficacia: administrativa y civil

A diferencia del matrimonio, la unión de hecho no es un estado civil, esto es, una situación personal jurídicamente estandarizada, por más que pueda haber cierta confusión terminológica, como en los Países Bajos[19].

Consecuentemente sus efectos se proyectarán de manera distinta sobre cada institución, pudiéndose distinguir de entrada dos grandes grupos, aquellas regulaciones que sólo le atribuyen determinados efectos administrativos, entre ellos los fiscales; y aquellas otras que la equiparan, total o parcialmente, al matrimonio, también a efectos civiles, lo que en España sólo podría ocurrir en las Comunidades Autónomas con competencias civiles[20] (Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco) y siempre que no invadan competencias estatales como puedan ser la ordenación de los registros e instrumentos públicos o las normas para resolver los conflictos de leyes (art. 149-1-8º de la Constitución).

A riesgo de ser pesados, vuelve a hacerse patente la conveniencia de la escritura pública cuando sea presumible que la pareja de hecho vaya a «viajar» de una Comunidad Autónoma con competencias meramente administrativas a otra con competencias civiles, como forma de manifestar su voluntad informada de que tales efectos adicionales también eran queridos, en su caso, por las partes.

 

4.- EFECTOS PARTICULARES

Encima, cuando tales leyes autonómicas sobre uniones de hecho no han sido tachadas de inconstitucionales, su eficacia se ha cercenado en la práctica en aquellas materias que precisan para su plena efectividad de mecanismos estatales.

Ejemplo de tales limitaciones, serían desde el punto de vista fiscal, la Resolución DGT de 22 de mayo de 2015 (V1536-15), negando que quepa la tributación conjunta en el IRPF; o la Resolución DGT de 10 de marzo de 2016 (V0934-16), que a propósito de la exención en una liquidación de gananciales de una pareja gallega entiende que no hay tal liquidación porque los convivientes adquirieron en comunidad ordinaria.

Pasamos a examinar los efectos que plantean más consultas.

4.1 Efectos económico-convivenciales

  • La aplicación de un régimen económico-convivencial únicamente en aquellas Comunidades Autónomas con competencias civiles. Dicho régimen será, en defecto de pacto, el legal supletorio previsto para el matrimonio. Por ejemplo, separación de bienes en Cataluña o gananciales en Galicia. Incluso, en el País Vasco, tratándose de matrimonios el régimen supletorio es el de gananciales del Código Civil español, salvo en la tierra llana de Bizkaia, Aramaio y Llodio que es el de comunicación foral; mientras que para las parejas de hecho es el de separación de bienes.
  • Por lo mismo, solamente en aquellas Comunidades autónomas con competencias civiles para establecer un régimen económico-convivencial, será exigible el asentimiento del conviviente no titular de la vivienda familiar para disponer de la misma. Expresamente el 234-3-2 del Código Civil catalán.

Por ello conviene hacer extensiva a este tipo de situaciones la manifestación de no constituir la vivienda familiar: Que la finca descrita está libre de ocupantes y que no constituye la vivienda habitual de su familia o situación legalmente similar. Aparte de otras cuestiones como su intervención o no en el acta precontractual de transparencia hipotecaria prevista en la Ley 5/201 de Contratos de Crédito Inmobiliario.

  • Desde la perspectiva de la publicidad registral de las adquisiciones por los sujetos a algún tipo de régimen económico-convivencial, la Resolución DGRN de 7 de febrero de 2013, referida a Andalucía, que en rigor carece de competencias civiles, declaró no inscribible una aportación a gananciales por los siguientes argumentos:

– En los casos de ausencia de pacto entre los convivientes, no es aplicable analógicamente el régimen económico de gananciales.

 – En los casos de pacto entre los convivientes, serán inscribibles en el Registro de Uniones de Hecho, pero nunca perjudicarán a terceros, por tratarse de un registro meramente administrativo.

 – En consecuencia, como tales pactos no pueden perjudicar a terceros, tampoco pueden trasladarse al Registro de la Propiedad.

Por su parte, la Resolución DGRN de 11 de junio de 2018, referida al País Vasco, que sí tiene competencias civiles, entendió que conforme a lo expresado en la escritura, debe inscribirse por mitades indivisas y con carácter privativo, la adquisición por una pareja de hecho registrada; y ello a pesar de que habían pactado un régimen de gananciales y así lo expresaban también en la escritura de adquisición.

Menos digerible es que en relación a Galicia, que tiene competencias civiles y en el apartado 1 de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006 equipara las parejas de hecho registradas al matrimonio, siendo el régimen económico supletorio del mismo el de gananciales, la Resolución DGSJFP de 21 de junio de 2021 exija pacto expreso porque el apartado 3 diga que pueden pactar lo que estimen conveniente.

Para Javier OÑATE, la doctrina de la Dirección General es exagerada, pues que los pactos entre los miembros de la pareja de hecho no pueden perjudicar a tercero es una petición de principio; otra cosa son los requisitos formales para la aplicación de un determinado régimen económico y si, a los efectos de su acceso al Registro de la Propiedad, es preciso que conste en escritura pública, como ocurriría por ejemplo con un pacto de sociedad civil o de normas especiales de una comunidad de bienes.

Como nunca sabes a qué atenerte, si me lo explican y me lo piden, suelo hacer constar tal situación económico-convivencial añadiendo la siguiente disposición: Caso de que por el Registro de la Propiedad se considere que las parejas de hecho escrituradas/registradas con arreglo a ***, no están sujetas al régimen legal supletorio de gananciales, o que dicho régimen despliega sus efectos sólo en la relación interna entre los convivientes, se solicita subsidiariamente que la participación o partes indivisas adquiridas con carácter ganancial sean inscritas con carácter privativo, entendiéndose que corresponde a cada uno de los adquirentes una participación indivisa del 50%.

4.2 Efectos sucesorios

  • La equiparación al matrimonio en las legislaciones autonómicas que contemplan tales uniones convencionales a los efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por ejemplo, en Andalucía y Galicia dicha equiparación es total. Y no tanto en Asturias[21].
  • Por el contrario, la equiparación en la sucesión forzosa e intestada sólo puede darse en aquellas Comunidades Autónomas con competencias civiles. Por ejemplo, en Cataluña o Galicia, pero no en Andalucía ni Asturias. En este sentido, sorprende que el 13 de la Ley andaluza 5/2002 reconozca, en defecto de pacto, al sobreviviente el derecho a residir en la vivienda habitual durante el plazo de un año.
  • Suele suscitarse la diferencia entre matrimonio y unión convivencial de hecho formalizada, en orden a favorecer lo máximo posible a la pareja sin hijos, en detrimento de los derechos legitimarios de los padres. Por ejemplo, en Cataluña tal legítima es 1/4 independientemente de que el ascendiente concurra con el cónyuge o con el conviviente; más indiferente es todavía en Galicia, donde los ascendientes no son legitimarios; mientras que en Asturias y demás territorios de Derecho español común, al considerarse civilmente al sobreviviente un extraño, la legítima de los ascendientes es 1/2, mientras que en caso de matrimonio sin descendientes sería 1/3.
  • Problema particular presenta el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en las transmisiones «mortis causa» en favor de la pareja de hecho formalizada. El art. 108-4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé que las particulares ordenanzas puedan establecer una bonificación en la llamada «plusvalía municipal», de hasta el 95% de la cuota íntegra, cuando los beneficiarios sean el cónyuge, descendientes o ascendientes. No obstante, como señala Irene ROVIRA, a veces tales ordenanzas se extralimitan[22] e incluyen a la pareja de hecho formalizada[23]. Pues bueno.

Negativamente, el art. 105-c LRHL incluye la pareja de hecho legalmente inscrita dentro de la unidad familiar a los efectos de no disponibilidad de bienes para satisfacer la deuda hipotecaria en las daciones en pago y ejecuciones, y poder gozar así de la correspondiente exención[24].

  • Y aunque no forma parte de la herencia propiamente dicha, en un seguro de vida colectivo en el que en la póliza de adhesión figuraba como beneficiario el cónyuge antes que los padres, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2020 ha entendido que la voluntad del asegurado era equiparar al cónyuge a su pareja de hecho registrada. De donde se pone de manifiesto, una vez más, la conveniencia de aprovechar el momento del testamento para la designación de tales beneficiarios aseguraticios.
  • Asimismo, el 16-1-b de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, subsidiariamente al cónyuge conviviente y con preferencia a las demás personas que enumera, reconoce el derecho a subrogarse en el arrendamiento de vivienda a “… La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia…”.

4.3 Efectos asistenciales

  • Para las pensiones «de viudedad», José-Manuel ESTÉBANEZ[25] explica muy bien la triple exigencia del artículo 221 del Decreto-legislativo 8/2015 aprobatorio del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: [1] Económica: Ingresos durante el año natural anterior inferiores al 50% por ciento de la suma de los propios y de los del causante, aunque con dos excepciones: Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad; también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente, por cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. [2] Material: Convivencia estable e ininterrumpida durante 5 años inmediatamente anterior al fallecimiento del causante, acreditable por el certificado de empadronamiento u otro medio probatorio admisible en Derecho. [3] Formal: Declaración de voluntad con una antelación de 2 años, mediante inscripción en alguno de los registros autonómicos o municipales del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja[26].
  • A la inversa, según el artículo 223-2 del Decreto-legislativo 8/2015 aprobatorio del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, “El derecho a pensión de viudedad se extinguirá, en todos los supuestos, cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente…”.
  • Mientras que para las pensiones «compensatorias», la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2018 establece que no cabe aplicar por analogía la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil a los supuestos de ruptura de la convivencia de una unión de hecho, aunque, ello no impide que pueda recurrirse, en defecto de pacto, a principios generales, como el de enriquecimiento injusto.
  • Sin llegar a tales extremos, se reconoce a la pareja de hecho de un asegurado la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Si bien, como explica José Antonio PANIZO[27], desde el Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud el derecho a la asistencia sanitaria pública deja de vincularse prioritariamente a las condiciones de asegurado y beneficiario, para configurarse como un derecho ligado a la residencia, extendiendo también, con alguna limitación, a las personas que se encuentren irregularmente en España.

4.4 Otros efectos

  • En materia de adopción, la disposición adicional tercera de la Ley 21/1987, equiparó al hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de efectividad análoga a la conyugalal hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de efectividad análoga a la conyugal. Posteriormente, la Ley 13/2005 admitió el matrimonio entre contrayentes del mismo sexo y, en consecuencia, tal adopción dual por parejas homosexuales.
  • Una diferencia importante en relación al matrimonio con un español es que la pareja de hecho [debidamente formalizada o acreditada] no acorta a un año el plazo de residencia legal para conseguir la nacionalidad ( 22-2-d Código Civil); pero la pareja de hecho [debidamente formalizada o acreditada] con un residente legal sí sirve a los efectos de obtener tal residencia legal española por reagrupación familiar (Decreto 240/2007 y Ley Orgánica 4/2000)… con todos los problemas de simulación[28].
  • Para lo que sí sirve la formalización de la unión convivencial, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2020, es para facilitar la prueba de la relación de pareja entre los solicitantes de una comunicación íntima penitenciaria («vis a vis») sin que, a efectos del 45 del Reglamento Penitenciario, sea admisible como único medio de prueba las comunicaciones en locutorios desde seis meses antes que prevé la Instrucción 4/2005 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
  • Siguiendo con las celebraciones, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2019, la formalización de la unión de hecho sólo dará derecho al permiso retribuido de 15 días naturales por matrimonio ( 37-3-a del Estatuto de los Trabajadores)[29] cuando así venga previsto en el correspondiente convenio colectivo o contrato de trabajo. También para aquellos funcionarios autonómicos cuya legislación equipare tal situación a la matrimonial. Lo que no parece es que vuelva a poder disfrutarse dicho permiso al contraer matrimonio con la misma persona si previamente se disfrutó al formalizarse la unión de hecho.
  • Más luctuoso, lo mismo cabe decir del permiso retribuido de dos días o cuatro en caso de desplazamiento por fallecimiento, enfermedad o accidente de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad ( 37-3-b del Estatuto de los Trabajadores).

 

5.- CRITERIOS CONFLICTUALES TRANSFRONTERIZOS E INTERNOS

Cuando hablamos de la ley aplicable a las uniones o parejas de hecho, conviene distinguir tres planos distintos, aunque relacionados: la ley que regula la sucesión de sus miembros, la ley que regula los efectos de la pareja, especialmente los patrimoniales, y la ley conforme a la cual debe determinarse si existe tal unión de hecho.

Sobre este planteamiento, ante la carencia de normas estatales expresas que resuelvan tales conflictos internacionales –e interregionales- y una jurisprudencia a remolque de los acontecimientos, mi propio criterio pasa por:

  • Examinar primero si la ley aplicable a la situación jurídica (normalmente sucesoria o de régimen económico) exige unos requisitos específicos para la subsunción en ella de la relación convivencial y si los mismos se cumplen.
  • Y en su defecto, si solo se limita a atribuir determinados efectos a la unión de hecho, pero sin definir ésta o definiéndola por remisión a su propia regulación de la institución, procedo a comprobar si la unión de hecho alegada es homologable, civil o fiscalmente, a la contemplada por la ley aplicable a la relación material.

5.1 Ley aplicable autónoma: prueba

Cuando la ley material exige unos requisitos específicos para su aplicación a la unión de hecho, simplemente será una cuestión de prueba de su cumplimiento, sin necesidad de integración alguna de tal ley aplicable.

Así ocurre, por ejemplo, con el art. 16-1-b de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos cuando reconoce el derecho a la subrogación arrendaticia de vivienda al conviviente durante 2 años o con descendencia común, lo cual es ya un problema de prueba, fácil en el segundo supuesto.

También en materia de pensiones públicas, al exigir el art. 221 del Decreto-legislativo 8/2015 aprobatorio del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social convivencia de 5 años (nuevamente un problema de prueba, privilegiando el precepto el certificado de empadronamiento) más declaración de voluntad con una antelación de 2 años, mediante inscripción en alguno de los registros autonómicos o municipales del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja[30].

Ley aplicable heterónoma

Cuando la ley material contempla la unión de hecho, pero no define los requisitos específicos para su aplicación, habrá que proceder a la integración de la ley aplicable en tres pasos: determinación de su existencia, homologación de su existencia y homologación de su eficacia.

No ignoro que el planteamiento siguiente, sobre todo cuando se trate de reconocer determinados beneficios fiscales, va a ser difícil de asumir por las Comunidades Autónomas, que tirarán del argumento literalista de «si no está inscrita en mi registro no vale».

En este sentido es de aplaudir la Sentencia del TSJ de Galicia de 4 de mayo de 2020 que, en relación a una donación de inmuebles radicantes en Lugo entre una pareja de hecho de vecindad civil común, residente en Madrid e inscrita en un registro municipal madrileño, considera aplicables los beneficios fiscales gallegos, toda vez que sería discriminatorio por no reunir los requisitos para inscribirse en el registro autonómico de Galicia.

También, desde su perspectiva, la Consulta Tributaria – Dictamen 1/2019 de la Dirección General de Finanzas y Economía de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, según la cual, “… se cuestiona si a efectos impositivos resulta necesario formalizar de manera expresa la pareja estable cuando ya estuviera legalmente constituida conforme a otra normativa autonómica. Cabe indicar a estos efectos que la Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas estables no exige una constitución formal de las mismas, en consecuencia no resultaría necesaria una formalización expresa siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la citada norma y más concretamente lo previsto en el artículo 3 de la misma…”.

Al menos se va abriendo camino.

5.2.1 Determinación de su existencia

Consiste en identificar la existencia de la unión de hecho, para lo cual considero como tal a aquélla que cumpla los siguientes requisitos:

1º.- Alegada por cualquiera de los interesados y acreditada en forma documental pública.

2º.- No contradictoria de una situación matrimonial o convivencial protegida por la legislación española.

3º.- Reconocida legalmente.

Es precisamente el tercero de estos requisitos el que plantea mayores problemas. Sin perjuicio de lo que luego diremos acerca del Reglamento (UE) 2016/1104 para las uniones formalizadas desde el 29 de enero de 2019, el problema estriba en dilucidar conforme a qué legislación puede entenderse reconocida la unión de hecho[31]:

  • Teoría matrimonialista (por aplicación analógica del 9-2 del Código Civil relativo a los efectos del matrimonio): la ley nacional común al tiempo de la formalización, en su defecto, la ley nacional o de la residencia habitual de cualquiera de sus miembros elegida por ambos al tiempo de su formalización, en su defecto, la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la formalización y, en su defecto, la ley del lugar de formalización.
  • Teoría personalista (por incluirse las uniones de hecho en el estatuto personal del 9-1 del Código Civil, que comprende los derechos y deberes de familia): la ley nacional de cualquiera de sus miembros al tiempo de su formalización.
  • Teoría contractualista (prima la autonomía de la voluntad por no existir una respuesta positivizada): en los conflictos internacionales por aplicación del Reglamento europeo 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), sometimiento expreso y, en su defecto, vinculación más estrecha; y en los conflictos interregionales por aplicación del 10-5 del Código Civil, la ley a la que las partes se hubiesen sometido expresamente siempre que tenga alguna conexión, en su defecto, la ley personal común, en su defecto, la ley de residencia habitual común y, en su defecto, la ley de lugar de formalización.

Por mi parte, dado que el reconocimiento de la unión de hecho por la legislación de procedencia no implica, como veremos, su homologación automática por la legislación de recepción, admito el reconocimiento conforme a cualquiera de las leyes anteriores, con especial relevancia de la autonomía de la voluntad, siquiera ejercitada mediante la documentación o inscripción en un concreto notariado o registro, y siempre que tenga alguna conexión con el mismo.

5.2.2 Homologación de su existencia

Consiste en la comprobación de que dicha unión de hecho reconocida por la legislación de procedencia lo sea también con el mínimo de requisitos exigidos por la legislación sustantiva aplicable a la relación jurídica de que se trate o legislación de recepción[32], pues a diferencia del matrimonio, la unión de hecho no es un estado civil, esto es, una situación personal jurídicamente estandarizada.

Para esta homologación atenderemos a los siguientes parámetros, que Inmaculada ESPIÑEIRA[33] infiere de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2005[34]:

  • Habilidad: Cuando la legislación de recepción exija unos presupuestos de número, edad, disanguinidad, género, etc.
  • Unidad: Cuando la legislación de recepción exija que se trate de una situación análoga a la matrimonial, manifestada en la convivencia y/o cualquier otro signo de proyección vital conjunta, como pueda ser descendencia común.
  • Estabilidad: Cuando la legislación de recepción exija un determinado tiempo de convivencia.
  • Exclusividad: Cuando la legislación de recepción exija la inexistencia de vínculo equivalente con otra persona.
  • Voluntariedad: Cuando la legislación de recepción exija voluntad de que tal unión sea refrendada por el ordenamiento y, en su caso, una declaración de voluntad expresa de una o de ambas partes para tal reconocimiento.
  • Publicidad: Cuando la legislación de recepción exija una determinada forma (escritura, inscripción), habrá de cumplirse este requisito en la forma equivalente en la de procedencia.

5.2.3 Homologación de su eficacia

Consiste en la comprobación de que dicha unión de hecho reconocida por la legislación de procedencia con el mínimo de requisitos exigidos por la legislación sustantiva aplicable a la relación jurídica de que se trate o legislación de recepción, produce en la legislación de procedencia efectos análogos a los que se le pretende atribuir en la legislación de recepción.

Así, Inmaculada ESPIÑEIRA[35] niega que las uniones de hecho constituidas conforme a la regulación de aquellas Comunidades Autónomas españolas que carecen de competencias civiles, puedan surtir tales efectos civiles aunque la legislación de recepción se los reconozca.

Comparto las consideraciones de mi compañera, salvo precisamente que tal unión se hubiese formalizado en escritura pública y en la misma las partes, no sólo hubiesen sujetado su unión a la legislación administrativa de la Comunidad en cuestión, sino que hubiesen manifestado también su voluntad de que le fueren aplicables cualesquiera efectos en la posible legislación de recepción.

5.3 Casos prácticos

Ahora hagamos unas «prueba de stress» a la anterior teoría conflictual, imaginando las siguientes situaciones al cierre de esta edición y sin implicaciones transfronterizas, las cuales han sido elegidas por representar los modelos posibles de validación de la unión de hecho proyectados sobre los presupuestos (habilidad, unidad, estabilidad y exclusividad), reconocimiento (meramente fácticas o voluntaristas), formalización (escriturarias y registradas) y eficacia (administrativa y civil).

Todas las cuales pone de manifiesto la doble importancia del asesoramiento y documentación notarial frente a la tentadora gratuidad de la simple declaración en un registro autonómico o la falsa comodidad de no hacer nada. Muchas veces lo barato sale caro.

5.3.1 Asturias versus Cataluña

Muere intestado un español de vecindad civil catalana; no deja descendientes, pero sí padres y una pareja ovetense con la que convivía desde hace 1 año en Asturias, habiéndose inscrito como tales mediante simple declaración en el registro del Principado. ¿Quién hereda, los padres o la pareja?

Siendo una sucesión «interna», se rige por la ley catalana, al ser la correspondiente a la vecindad civil del causante (art. 9-8 del Código Civil español). En defecto de descendientes, el art. 442-3-2 del Código Civil catalán llama al cónyuge viudo o al conviviente en pareja estable superviviente, sin perjuicio de la legítima de los padres. Y el art 234 del Código Civil catalán considera que hay tal pareja estable en alguno de los siguientes casos: convivencia durante 2 años ininterrumpidos, tener un hijo común durante la convivencia o formalización de la relación en escritura pública. Siendo evidente que no estamos en ninguno de los dos primeros supuestos, ¿es equiparable la inscripción en el registro autonómico asturiano a la declaración de voluntad en escritura pública exigida por la legislación catalana?

No puede negarse que existe una pareja con cierta vocación de trascendencia jurídica más allá del puro hecho y ello conforme a la ley de su residencia habitual común. Dicha existencia es homologable en ambos ordenamientos, pues no infringe ninguno de sus respectivos presupuestos. Pero ¿es homologable en su eficacia?

Ya hemos visto que, careciendo Asturias de competencias civiles, la eficacia de su regulación de la pareja estable es meramente administrativa, por lo que no hay tal homologación civil con la regulación de Cataluña. Heredan los padres.

¿Y si el causante hubiese otorgado testamento instituyendo heredera a su pareja? Hereda la pareja, sin perjuicio de la legítima de los padres de una cuarta parte del valor de la herencia. En tal caso el problema se traslada a la esfera administrativa. Es aplicable a la sucesión la ley fiscal catalana, toda vez que el causante había residido mayoría de días en Cataluña durante los 5 años anteriores a su fallecimiento (art. 28-1 de la Ley 22/2009). Hay homologación de efectos entre las legislaciones fiscales asturiana y catalana, pues ambas reconocen a tal situación los beneficios correspondientes al matrimonio.

¿Y si en vez de inscripción en el registro administrativo asturiano hubiesen ido al notario para formalizar su unión? Pues éste les habría explicado que la Ley asturiana 4/2002 contempla la pareja estable meramente fáctica, la cual desaconseja por sus dificultades de prueba (amén de su posible inconstitucionalidad en los términos de la STC 93/2013 en las relaciones «inter partes») y, aunque exige sólo 1 año de convivencia si no hay descendencia común, son muchas las legislaciones que en ausencia de formalización o desconocen la unión o le exigen un plazo superior, como la catalana, que requiere 2 años. También les habría contado que el registro asturiano tiene eficacia administrativa, que no es poco, pero que no sirve a estos efectos civiles. Y les habría recomendado la formalización en escritura pública, a la cual la legislación asturiana reconoce eficacia administrativa sin necesidad de inscripción. Y lo habría articulado de modo que, además de sujetarse a tal legislación administrativa asturiana, sus efectos se extendiesen a cualesquiera otros civiles determinados por la ley a la postre aplicable. También les hubiese aconsejado el otorgamiento de testamento, pues si es la asturiana la que muere sin él, el catalán no hereda en ningún caso, ya que el Derecho común no reconoce a la pareja derecho alguno en la sucesión intestada. Y todo ello, por no hablar de otros aspectos colaterales como la pérdida o conservación de la vecindad civil, los derechos legitimarios de los padres, las diferencias con el matrimonio, los requisitos para la eventual pensión de viudedad… e incluso que, si son funcionarios autonómicos o así lo tienen reconocido por convenio colectivo, pueden disfrutar de 15 días de permiso retribuido…. y hasta la posibilidad de contraer matrimonio, ahora que la tramitación del expediente y su celebración puede hacerse notarialmente.

5.3.2 Galicia versus Cataluña

Muere intestado un español de vecindad civil catalana; no deja descendientes, pero sí padres y una pareja orensana con la que convivía desde hace 1 año en Galicia, habiéndose inscrito como tales mediante simple declaración en el registro de la Xunta. ¿Quién hereda, los padres o la pareja?

La solución es la misma que para el anterior supuesto asturiano, pero con una variante. Aunque el art 234 del Código Civil catalán exige escritura pública, teniendo Galicia competencias civiles y requiriendo la inscripción en su registro autonómico (disposición adicional tercera de la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia, modificada por la Ley 10/2007), incluso sin el otorgamiento de escritura pública, entiendo que deben equipararse ambas formas. Y ello mientras no se declare su inconstitucionalidad.

Con lo cual volvemos a la conveniencia, siquiera para evitar estas disquisiciones, de la formalización en escritura pública y, en aquellas legislaciones que así lo exijan, inscripción en el registro correspondiente. Y en el caso de residencia habitual común en Galicia, además, para evitar la aplicación supletoria de un régimen económico convivencial de gananciales (pues no me acabo de creer[36] la exigencia de pacto expreso de la Resolución DGSJFP de 21 de junio de 2021 para que exista tal régimen económico convivencial), que en muchos casos no es el querido por la pareja.

Y a la inversa también, en el caso de que la que hubiese muerto intestada fuese la gallega, conviviendo desde hace 1 año en Barcelona con su pareja catalana, habiendo formalizado tal unión en escritura. Heredaría la pareja catalana, pero sin que los padres de la causante gallega tuviesen derecho alguno, pues en el Derecho gallego no son legitimarios.

Exceptuase en este último caso que la pareja fuese su tío o sobrino, pues, aunque la legislación catalana exige disanguinidad superior al segundo grado, la legislación gallega eleva este presupuesto al tercer grado, con lo que no serían situaciones homologables. Y lo mismo si la pareja catalana estuviese casada pero separada de hecho, situación compatible en el Derecho catalán con la formalización de una nueva unión de hecho, pero no en la legislación gallega, que exige exclusividad absoluta.

 

6.- REGLAMENTO (UE) 2016/1104: 29 DE ENERO DE 2019

¿Altera o aclara algo la anterior construcción la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1104 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas?

6.1 ¿Se aplica a toda «unión registrada» y a todas las materias

Recordemos antes que el Reglamento (UE) 2016/1104 es aplicable sólo a las «uniones registradas» formalizadas o que hubiesen especificado su ley rectora después del 29 de enero de 2019; que se ciñe a las relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros; que no se extiende a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas, la capacidad jurídica de los miembros de la unión registrada, su existencia, validez y reconocimiento, sucesión «mortis causa», seguridad social, pensiones, derechos reales y su inscripción.

Tampoco obliga a los Estados miembros cuyo ordenamiento jurídico no contemple la institución de la unión registrada a establecer dicha institución en su Derecho nacional.

6.2 ¿Qué se entiende por «unión registrada»?

Incluso dentro de la misma obra colectiva, hay opiniones para todos los gustos acerca de lo que deba entenderse por «unión registrada», esto es, si se exige inscripción en un registro público propiamente dicho o basta con que la unión quede cubierta por el elemento formal exigido por la ley que la regula, normalmente escritura pública:

  • Considera Andrés RODRÍGUEZ BENOT[37], desde un punto de vista literalista, que se exige la inscripción de la unión por una autoridad pública en un registro oficial que pueda ser consultado por terceros, aunque admite que tal inscripción pueda ser constitutiva o declarativa. Se apoya en el Convenio de Múnich de 2007 sobre el reconocimiento de las uniones de hecho no inscritas que, como el mismo dice, no ha entrado en vigor, pues sólo ha sido ratificado por España; en la propia definición del 3-1-a del Reglamento 2016/1104, que en realidad sólo alude a la obligatoriedad del registro; y en la STJUE de 6 de junio de 2019 que remitió al Reglamento relativo a la materia civil y mercantil la disolución de una pareja de hecho no registrada, pero porque en el Reglamento 44/2001 aplicable al caso sólo se excluían los regímenes matrimoniales, y es ya en su sucesor, el Reglamento 1215/2012, en el que se amplía la exclusión a los regímenes que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable.
  • Por el contrario, para Martín GARRIDO MELERO[38], desde un punto de vista finalístico, lo determinante en palabras del Considerando 16 es el «carácter oficial» de la unión, lo que “… permite tener en cuenta su especificidad y proceder a su regulación en el Derecho de la Unión…”, y ello para «disociarlas» de aquellas otras en que su vinculación es meramente fáctica.

Por mi parte, según resulta de los Considerandos 16 y 17, por «unión registrada» hay que entender aquéllas parejas cuya unión se halla institucionalmente sancionada mediante su registro ante una autoridad pública, concepto que debe seguir regulándose en el Derecho nacional de los Estados miembros: [1] Ello incluye aquellas uniones para cuyo reconocimiento civil su legislación aplicable exige su formalización notarial sin necesidad de inscripción en ningún registro propiamente dicho, como ocurre en Cataluña y Ecuador. [2] Sin perjuicio de trasladar a esta materia (que no olvidemos va de relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros) la teoría general sobre cognoscibilidad del título de legitimación, sea general mediante su publicidad en registro accesible por terceros, sea particular mediante la exhibición del mismo.

Particularmente y para el entramado español, me gusta la solución catalana, que pone el centro de gravedad civil en la escritura, con lo que supera el déficit interno para la ordenación de un registro sustantivo, pero organiza también un registro administrativo voluntario, que puede cubrir este discutido frente europeo[39].

6.3 ¿Es trasladable a los conflictos internos?

En el Reglamento (UE) 2016/1104 la ley aplicable, en defecto de elección entre las de residencia habitual o nacionalidad de cualquiera de los miembros, sería la del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada, aunque no sea la de un Estado miembro y con exclusión del reenvío:

  • Considera Luis GARAU[40] que la regulación que los artículos 20 a 35 del Reglamento (UE) 2016/1104 hacen de la ley aplicable a las uniones registradas sería también de aplicación no solo a los conflictos internacionales, sino también a los interregionales, por entender que careciendo de normativa estatal, implícitamente España no hace uso de la posibilidad prevista en el artículo 35 del Reglamento de excluir su aplicación a los conflictos internos de leyes. De la misma opinión es Jesús GÓMEZ TABOADA[41], que califica de «parches» las soluciones internas vigentes.
  • Por el contrario, Andrés URRUTIA y Borja IRIARTE niegan que tal regulación del Reglamento (UE) 2016/1104 sea de aplicación a los conflictos meramente internos, pues es una decisión que no puede deducirse de nada que no sea la manifestación expresa de la voluntad del legislador nacional, que en diferentes materias no está optando por considerar directamente aplicables a tales conflictos internos las normas convencionales o comunitarias, sino que cuando lo considera oportuno incorpora a la normativa interna expresas remisiones a aquéllas.

Por mi parte, entiendo que el Reglamento (UE) 2016/1104: [1] Todo lo más puede servir como criterio para la determinación de la unión convivencial de hecho, uno más en el plano interno, siempre que no contradiga una situación matrimonial o convivencial protegida por la legislación española. [2] En ningún plano, interno o internacional, implica la homologación automática de sus efectos en lo que excedan del ámbito de aplicación del Reglamento (relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros[42]) pues, como decíamos, tales uniones convivenciales de hecho no son un estado civil, esto es, una situación personal jurídicamente estandarizada, sino algo que ha de irse resolviendo «golpe a golpe» y, sobre todo, «beso a beso».


[1] En prensa ha salido la noticia de que la justicia británica ha considerado que la exigencia de homosexualidad de la Civil Partnership Act 2004 es discriminatoria, toda vez que desde 2014 cabe el matrimonio homosexual.

[2] Si bien desde el 1 de octubre de 2017 el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Alemania.

[3] Aunque puede producirse el efecto contrario, como pone de manifiesto Matilde CUENA CASAS en la entrada El «calvario procesal» de las parejas de hecho en crisis, del blog ¿Hay Derecho? de 21 de marzo de 2017.

Y precisamente Esther VILALTA NICUESA dedica a los aspectos procesales de la ruptura Parejas de hecho. Uniones estables de pareja, Bosch, 2006.

[4] Buena prueba es el distinto tono, desde el historicismo especulativo hasta su completo tratamiento, de dos publicaciones colectivas entre las que justo media la década de frenesí legislativo:

  • HERRERA, Ramón (Director); AGÜERO, Juan (Secretario). Parejas de hecho. Colegio Notarial de Granada, 1996.
  • ROCA, Encarnación (Directora); MIRALLES, Isabel; y otros. Estudio comparado de la regulación autonómica de las parejas de hecho: soluciones armonizadoras. Consejo General del Poder Judicial, 2005.

[5] URRUTIA BADIOLA, Andrés; e IRIARTE ÁNGEL, Francisco de Borja. La espinosa cuestión de la norma de conflicto aplicable a las parejas de hecho registradas y los conflictos internos: una visión desde el País Vasco. www.millenniumdipr.com, número 7, marzo 2018.

[6] Me resisto a decir que «mal acompañados».

[7] Las cuestiones de inconstitucionalidad, no tienen efecto suspensivo (art. 163 CE).

[8] MARIÑO PARDO, Francisco. Acta de declaración de herederos abintestato a favor de ascendientes y descendientes, cónyuge, pareja o parientes colaterales. Jurisdicción Voluntaria Notarial. Colegio Notarial de Madrid, 2015.

[9] Distinto del tema de la inconstitucionalidad, sobrevenida o no, es el de la derogación tácita de las normas, entendiendo la Resolución DGRN de 19 de octubre de 2017 que, respecto de las normas con rango inferior a ley, puede ser apreciada en vía administrativa; mientras que tal derogación tácita de las normas con rango legal, incluidas las materias que hayan sido objeto de habilitación legal, sólo puede ser declarada por los órganos jurisdiccionales. Sorprendentemente la Resolución DGSJFP de 23 de diciembre de 2020 entiende que el art. 682 LEC ha sido derogado tácitamente por la redacción dada por la Ley 5/2019 al art. 129-2-a LH, por lo que el tipo de subasta en la ejecución hipotecaria judicial ha de ser como mínimo el 100% del valor de tasación.

[10] Posibilidad ésta, la de plantear cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial ante el TJUE, que habría de hacerse extensiva al notario en aquellos procedimiento en que asume funciones jurisdiccionales.

[11] BOSCH CARRERA, Antoni. Concepto y reconocimiento de las parejas de hecho (marcos conceptuales: Unión Europea, Estado español, comunidades autónomas. Los Reglamentos UE 2016/1103 y 2016/1104 de regímenes económico matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas. Colegio Notarial de Cataluña, 2020.

[12] Nada suele decirse en cambio del parentesco por afinidad, lo que abre interesantes posibilidades fiscales.

[13] TORRES RUIZ, Salvador. ¿Existe un derecho de los discapacitados a formar parejas de hecho? BIN Andalucía, número 48, junio 2018.

[14] O incluso con descendencia… si es de una pareja distinta, pues el art. 442-3-2 del Código civil catalán atribuye en la sucesión intestada al conviviente en pareja estable superviviente el usufructo universal de la herencia.

[15]… Las personas ligadas por vínculo matrimonial no separadas judicialmente…” dice el art. 3-b de la Ley murciana 7/2018, que parece que no se ha enterado de la reforma que hubo en materia matrimonial y de jurisdicción voluntaria por la Ley 15/2015, con lo que la separación o divorcio no necesariamente ha de ser judicial.

[16] No perdamos de vista que en el plano de los efectos el ordenamiento español atiende también a situaciones en cierto modo poligámicas, pues no es otra cosa la regulación de la pensión de viudedad en el caso de matrimonios y parejas sucesivas del art. 220 Decreto-legislativo 8/2015 aprobatorio del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Al respecto Mercedes SOTO MOYA pone de manifiesto (Eficacia de las relaciones poligámicas en el orden social: derecho a la pensión de viudedad. www.millenniumdipr.com, número 3, 2016) que:

[17] Por ejemplo, el art. 221 del Decreto-legislativo 8/2015 aprobatorio del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social a efectos de la pensión «de viudedad».

[18] Por ejemplo, según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense de 10 de noviembre de 2017, a efectos de la sucesión intestada, la inscripción ha de ser en el Registro autonómico dependiente de la Xunta y no en el Registro municipal dependiente del Concello.

En consecuencia, confirma la sentencia de primera instancia anulando el acta notarial de declaración de herederos abintestato (y consecuente escritura de adjudicación de herencia) en favor del sobreviviente, cuyo presupuesto era la inscripción de la unión de hecho en el registro municipal y no en el autonómico. Lo que no recoge la sentencia (pero sí el acta, tanto en su requerimiento inicial como en su declaración final, y la adjudicación hereditaria) es que dicha declaración notarial se realizó sobre la base de un auto judicial que, con el informe favorable del Ministerio Fiscal, rechazaba la pretensión de los herederos del sobreviviente de proceder en sede judicial a tal declaración de herederos; y ello por entender, a la vista de la certificación municipal aportada, que el heredero era precisamente el sobreviviente, siendo entonces competencia notarial la declaración en su favor. Lo sé porque el notario autorizante era yo.

[19] Conforme reconoce la propia web informativa del Gobierno del Reino de los Países Bajos (https://www.paisesbajosmundial.nl/paises/espana/residencia-y-trabajo/certificado-de-estado-civil), “El término “soltero” únicamente se emplea si usted no ha estado nunca casado ni ha formalizado una pareja de hecho registrada. Si ha estado anteriormente casado o ha sido parte de una pareja de hecho registrada, en el certificado se usarán los términos “divorciado” o “viudo”. En el certificado deben incluirse los datos de los matrimonios y las parejas de hecho registradas anteriores…”.

[20] Dejando aparte el tema del extremeño Fuero del Baylío y los intentos valencianos.

[21] Fiscalmente el art. 24 del Decreto-legislativo asturiano 2/2014 equipara las parejas de hecho formalizadas al matrimonio a los efectos de las reducciones y coeficientes multiplicadores del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pero en rigor no lo hace en relación a la escala reducida aplicable desde 2018 a las donaciones.

Sin embargo, la Consulta Tributaria – Dictamen 1/2019 de la Dirección General de Finanzas y Economía de la Consejería de Hacienda y Sector Público entiende que sí les es aplicable tal escala reducida, pues “… ha de entenderse que toda referencia que realiza la norma autonómica a los grupos de parentesco ha de vincularse necesariamente al artículo 20 y en consecuencia, las menciones que se llevan a cabo en el Texto Refundido al grupo II de parentesco se extienden tanto a descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes como a miembros de parejas estables y acogimientos familiares permanentes o preadoptivos…”.

[22] ROVIRA FERRER, Irene. La potestativa bonificación de la cuota íntegra del IIVTNU derivada de la adquisición mortis causa de derechos sobre la vivienda habitual del causante. Revista Técnica Tributaria, nº 121, septiembre 2018.

[23] Por ejemplo, Madrid extiende a la pareja de hecho inscrita en el Registro de su Comunidad sus bonificaciones en materia de «plusvalía municipal». También Gijón, habla de la “pareja de hecho inscrita en el Registro Municipal”. Por el contrario, en Oviedo no hay tal equiparación.

[24] MARTORELL GARCÍA, Vicente. Exención general de las plusvalías en las ejecuciones hipotecarias y daciones en pago de la vivienda habitual, www.notariosyregistradores.com, mayo 2015.

[25] ESTÉBANEZ IZQUIERDO, José Manuel. Pensión de viudedad y parejas de hecho, blog La Ventana Jurídica, 14 de diciembre de 2017.

[26] La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2018 no considera cumplido el requisito en la llamada «boda gitana», pues la pertenencia al colectivo gitano no exime de cumplir la exigencia de inscripción o formalización pública de la unión de hecho con 2 años de antelación para tener derecho a la pensión de viudedad; sin que quepa alegar buena fe por errónea creencia, cuando en todos los documentos oficiales (es decir, libro de familia e inscripciones de nacimiento) constan los miembros de la pareja como solteros y sus hijos como extramatrimoniales, rechazando así la aplicabilidad de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 2009 en el conocido como «Asunto Muñoz Díaz». La Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de enero de 2021 desestima el recurso de amparo por discriminación.

Por el contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2021 considera cumplida tal exigencia a través de “… certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido en derecho que demuestre la convivencia de manera inequívoca…”, en un supuesto de convivencia durante 30 años y 3 hijos comunes.

[27] PANIZO ROBLES, José Antonio. El acceso a la asistencia sanitaria pública se configura como derecho universal al margen del sistema de la Seguridad Social (Comentario al Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud). www.laboral-social.com, julio 2018.

[28] GAGO SIMARRO, Clara. Las parejas de hecho de complacencia, Revista de Derecho Civil, vol. 7, núm. 4, julio-septiembre 2020.

[29] En el permiso por matrimonio la fecha de éste debe estar incluida en los 15 días, salvo cuando la ceremonia se celebre en día no laborable para el trabajador, en cuyo caso el plazo comenzará a contar desde el primer día laborable (STS de 12 de mayo de 2009). En principio el permiso por matrimonio resulta absorbido por la vacaciones si coinciden.

[30] Que es lo que consagró la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de marzo de 2014, citada ampliamente en la alegada STS 04/05/2017, al ser contrario al principio de igualdad, que establece el artículo 14 de la Constitución, que exista diferente regulación en el acceso a una prestación de Seguridad Social, por causa de la diferente regulación del Registro de Parejas de Hecho por distintas leyes autonómicas.

[31] La Resolución DGRN de 10 de mayo de 2017 parece limitarse a la nacionalidad por aplicación del art. 9-1 del Código Civil para “los derechos y deberes de familia”. Tampoco era lo que se discutía. En cualquier caso excluye que sea de aplicación el Reglamento europeo 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

[32] Sucesión «mortis causa», beneficios convivenciales «post mortem», adquisición y disposición de bienes muebles e inmuebles, bonificaciones fiscales, etc.

[33] ESPIÑEIRA SOTO, Inmaculada. El notario ante las parejas de hecho con elemento internacional. La Notaría. Colegio Notarial de Cataluña, septiembre 2007 [publicado también en www.notariosyregistradores.com].

[34] Y a lo que añadiremos el presupuesto de la habilidad y variaremos algo la terminología.

[35] ESPIÑEIRA SOTO, Inmaculada. Uniones de hecho y Reglamento europeo sobre uniones registradas. www.notariosyregistradores.com, febrero de 2019.

[36] Y desde luego no es lo que ocurría en mi experiencia de casi cinco años en Ourense, donde desde el propio Registro autonómico eran remitidas a las notarías aquellas parejas que querían excluir la sociedad de gananciales.

[37] RODRÍGUEZ BENOT, Andrés. Los Reglamentos europeos sobre consecuencias patrimoniales de los matrimonios y de las uniones registradas: justificación, caracteres generales, ámbito de aplicación y definiciones. Los Reglamentos UE 2016/1103 y 2016/1104 de regímenes económico matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas. Colegio Notarial de Cataluña, 2020.

[38] GARRIDO MELERO, Martín. Las uniones registradas en el ámbito del Reglamento europeo 2016/1104, del Consejo, de 24 de junio. Los Reglamentos UE 2016/1103 y 2016/1104 de regímenes económico matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas. Colegio Notarial de Cataluña, 2020.

[39] Por más que ni los propios notarios catalanes se pongan de acuerdo en la anterior obra colectiva sobre el alcance de este registro . Así, para Jesús Julián FUENTES MARTÍNEZ dicho registro catalán de parejas estables, por su carácter administrativo, no es suficiente a los efectos del Reglamento (UE) 2016/1104; mientras que para Ángel SERRANO DE NICOLÁS lo que no es suficiente a tales efectos es la escritura y sí lo es dicho registro.

[40] GARAU JUANEDA, Luis. Un paso más en la errática determinación del ámbito de aplicación de las normas autonómicas en materia de parejas de hecho: la Disposición adicional segunda de la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco. www.millenniumdipr.com, número 6, octubre 2017.

[41] GÓMEZ TABOADA, Jesús. El nuevo Reglamento Europeo de Uniones Registradas. La Notaría, 2017, número 3.

[42] Con exclusión, entre otras materias, de las cuestiones fiscales y sucesorias.

 

Vicente Martorell, notario

22 de noviembre de 2021

 

ENLACES:

JURISPRUDENCIA SOBRE PAREJAS DE HECHO: JOSE MANUEL VARA

OTROS TRABAJOS DE VICENTE MARTORELL

APLICACIÓN CARONTE

RESUMEN DEL REGLAMENTO DE UNIONES REGISTRADAS

RESUMEN DEL REGLAMENTO SOBRE REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES

TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL

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Vista general de Oviedo en 1885. Por José Pascó i Mensa.

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