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Sobre el trilingüismo en la educación.

 

SOBRE EL TRILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN

CIRIACO CORRAL, NOTARIO DE PALMA DE MALLORCA

 

Introducción:

Publiqué un artículo en la edición de Baleares del diario “El Mundo” en mayo o junio del año 2007 y en él intenté reflexionar sobre los efectos que la política lingüística produce sobre la conformación de la sociedad. Creo que su contenido sigue vigente.

Se acababan de celebrar elecciones autonómicas y el PP había perdido la mayoría absoluta por un diputado. En la legislatura anterior este partido se había presentado a las elecciones con un programa que incluía la posibilidad de que los padres pudieran elegir el idioma vehicular, -catalán o castellano-, para la educación de sus hijos. El último año de la legislatura el entonces presidente, Jaime Matas rectificó y anunció que sustituiría el proyecto anterior por otro que permitiría a los padres de los alumnos de centros públicos optar por un modelo alternativo que impartía las materias en catalán, castellano e inglés, siendo igual el número de horas lectivas en cada idioma. En el artículo defendí que la rectificación era acertada, aunque Matas no llegó a llevar a cabo este proyecto.

El artículo está escrito después de que Francesc Antich del PSOE hubiera anunciado en una rueda de prensa que había alcanzado un acuerdo de gobierno con todos los partidos de la cámara a excepción del PP. Con la ilusión lógica por tratarse de la segunda vez que la izquierda gobernaba Baleares, Antich dijo que aspiraba a hacer una “política con mayúsculas”.

 

EL ARTÍCULO:

 LA POLÍTICA CON MAYÚSCULAS

 

Desde que se conoció el resultado de las últimas elecciones autonómicas, Francesc Antich ha repetido con frecuencia que aspiraba a crear un clima de consenso con la oposición, a gobernar con espíritu de concordia. Además, en su comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar el pacto de legislatura al que había llegado con el Bloc, dijo que el nuevo gobierno balear aspiraba a hacer “política con mayúsculas”. Todo ello contrasta con el incierto futuro del Decreto de Trilingüismo.

Públicamente, se han expuesto dos tipos de razones para derogar esta norma. Las primeras son técnicas, y consisten en que no hay suficientes profesores formados para que se impartan un tercio de las horas lectivas en inglés.

Aunque esto parece lógico, ello no significa que forzosamente se deba suspender su aplicación. No es necesario implantar un cambio así de la noche a la mañana. Se puede ir haciendo de forma gradual, utilizando medios audiovisuales de forma complementaria a las lecciones que se den en catalán o castellano. La propia administración autonómica, puede encargar vídeos en inglés de algunas materias, que contengan un resumen de cada lección de cinco o diez minutos de duración. Y se pueden hacer exámenes reducidos, aunque sean tipo test, de estos contenidos.

Las ventajas de los medios audiovisuales se pueden potenciar si se emplean en las guarderías, cosa que puede fomentar el Govern si distribuye entre ellas vídeos infantiles. Según los expertos en educación infantil, el cerebro de una persona media se desarrolla neurológicamente hasta los seis años de edad. Hasta ese momento su capacidad se puede aumentar con una estimulación adecuada. Enseñar a los niños tres idiomas desde prácticamente los seis meses, aumenta su habilidad para aprender cualquier otro en el futuro.

Hay otros motivos que no se dicen explícitamente porque son de carácter político, y se refieren al porcentaje de horas impartidas en castellano. Si el número de horas de clase en un determinado idioma oficial no supera el diez o quince por ciento, el mensaje que se inculca a los niños es que se trata de una lengua extraña e impuesta, que pertenece a una comunidad de hablantes de la que no formamos parte.

En cambio, la equiparación del número de horas impartidas en los dos idiomas oficiales, como autorizó Jaume Matas con el decreto 50/50 transmite un mensaje político concreto, que significa que ambas lenguas son igualmente importantes y propias de la Comunidad. Significa que quien elige esa opción está a gusto con el sistema político de la Constitución del 78 y se siente integrado en el conjunto de España. Cuando además de lo anterior se da el mismo peso al inglés, se está saliendo del aislamiento secular español, integrando a nuestros escolares en el mundo occidental, al ser capaces de entenderse con cualquier habitante del planeta.

A su vez, el hecho de que sean los padres quienes puedan elegirlo significa confiar en la capacidad de la sociedad para autorregularse. Es interesante recordar que el modelo que diseñó el Govern anterior era asimétrico, porque los padres de alumnos de centros públicos o concertados sólo podían elegir entre una enseñanza en los tres idiomas con el mismo peso, u otra en que la lengua vernácula fuera dominante. Esta posibilidad no cabía para el castellano.

Si el gobierno anterior hizo alguna “política con mayúsculas” indiscutible, esa fue el proyecto de trilingüismo. Porque se trató de un proyecto que promovieron los populares desdiciéndose de su promesa electoral de permitir a los padres elegir el idioma en que se educarían sus hijos para evitar un problema que siempre había alegado el expresident de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, cuando se le preguntaba por qué no se daba esta opción a los padres de su comunidad autónoma, y que consiste en que se crearían dos bloques sociales separados por la lengua en que hablan. La enseñanza en tres idiomas garantiza la convivencia al crear una sociedad abierta y plural, y al menos en parte, ayuda a superar la división entre las dos Españas y la cuestión regional.

No parece aventurado pensar que, si el Govern abandona el proyecto de trilingüismo, estará sustituyendo un modelo educativo apoyado por casi un 70% de los votantes que el pasado veintisiete de mayo acudieron a las urnas, por otro cuyo respaldo popular no llega al 30% restante.

Aunque no deja de ser un dato esperanzador el hecho de que la consellera Bárbara Galmés haya decidido mantener el proyecto en los centros concertados que se acogieron a él, no se ve cómo podrá el nuevo president compatibilizar su anhelado espíritu de concordia con los deseos del Bloc, algunos de cuyos miembros han hecho público que aspiran a la independencia, aunque no siempre ha quedado claro de qué.

La política lingüística fue uno de los factores que hizo que el PP ganara las elecciones autonómicas de 2003, partido que tras apartarse de su promesa electoral a favor del trilingüismo se ha quedado a las puertas de la mayoría absoluta. Es de esperar que el PSIB reflexione sobre ello.

 

REFLEXIÓN FINAL: LA COHERENCIA

Hasta aquí el artículo tal y como fue publicado. Creo que hoy falta añadir otra reflexión.

No se puede pedir que los medios de comunicación de una comunidad autónoma sean objetivos o plurales si no lo son los de las demás comunidades o los del Estado. Tampoco se puede pedir objetividad en la enseñanza de unas comunidades autónomas y de otras no. A mí me parece que se podrían crear unos órganos de supervisión de esa neutralidad y objetividad para todos los medios públicos, y para los sistemas educativos de todas la comunidades, que pudieran excitar la actuación de los Tribunales a través de un procedimiento sumario que permitiera conseguir que cesaran las actuaciones que se estimasen contrarias a esos principios, y cuyo marco legal podría ser definido en la Comisión Territorial del Congreso. Esos órganos deberían ser independientes del gobierno de turno. Algo así como lo que sucede con los órganos del Banco de España.

Todo ello puede ayudar, -en palabras de Ortega-, a conllevar un problema cuya solución nunca va a ser a gusto de todos.

 

SECCIÓN OPINIÓN

TRANSPARENCIA Y FONDOS BUITRE

ARTÍCULOS DE CIRIACO CORRAL

Sobre el trilingüismo en la educación.

Superluna sobre el castillo de Bellver en Mallorca. Por Silvia Núñez.

 

La transparencia y los fondos buitre

LA TRANSPARENCIA Y LOS FONDOS BUITRE. CONSIDERACIONES DE LEGE FERENDA

CIRIACO CORRAL, NOTARIO DE PALMA DE MALLORCA

 

Creo que fue alrededor de 2009 cuando empezaron a aparecer en la prensa noticias sobre los fondos buitre. Desde entonces su presencia se ha hecho cada vez más acusada, hasta el punto de que recientemente el telediario decía que eran los promotores del mayor número de ejecuciones hipotecarias.

Llama la atención la preocupación del legislador y de las autoridades sectoriales, -Ministerio de Economía y Banco de España-, por aumentar la transparencia en los préstamos que conceden a los consumidores tanto las entidades de crédito como los prestamistas profesionales distintos de éstas[1], en contraste con la falta absoluta de transparencia que existe sobre las cesiones de carteras de créditos morosos que hacen los bancos a fondos cuyo titular final es a menudo desconocido.

Hasta donde yo sé, los deudores de los créditos cedidos suelen recibir una llamada de teléfono en la que se les dice que el banco ha vendido su préstamo a una determinada empresa, que en adelante se deben entender con ellos, y que si no lo hacen en un breve plazo, iniciarán o continuarán con la ejecución hipotecaria.

A mi juicio, el deudor debería tener acceso al documento público de cesión, es decir, se le debería demostrar cómo se he cedido su crédito, y por qué importe, y la ley debería permitir al deudor beneficiarse de parte del descuento que obtuvo el cesionario, pudiendo liberarse de su deuda pagando un determinado porcentaje de la misma.[2]

Se dirá que eso no es posible porque se ceden conjuntamente una serie de derechos de crédito dudosos por un precio alzado. Pero precisamente por eso debería aprobarse una ley que obligara a los cedentes a identificar el precio por cada préstamo, de forma tal que se pudiese controlar tanto a priori, notarial como registralmente, como a posteriori, judicialmente, que el precio global de la cesión es la suma de los precios de cada crédito cedido.

Se dirá también que eso no es posible, porque entraña una privación singular de un derecho, y por tanto de acuerdo con el art. 33 de la Constitución, exigiría una causa de utilidad pública o interés social y una indemnización para el acreedor. Desde mi punto de vista, sin embargo, la causa de interés social es indiscutible, y en cuanto a la indemnización, no sería necesaria, si la reforma se hiciera dentro de la Ley Concursal. El hecho de que el primitivo acreedor haya renunciado de facto al cobro de parte del crédito es una prueba evidente de la situación de insolvencia del deudor.[3] [4]

Por último, existirá la tentación de decir que una reforma así, es contraria a la seguridad jurídica y perjudicaría la imagen internacional de España. Sobre este punto también disiento. Los fondos buitre no han venido a contribuir al desarrollo del país, sino a aprovecharse de su debilidad.

 

[1] Para éstos últimos Ley 2/2009 y el Real Decreto 106/2011. Las normas sobre entidades de crédito son tan conocidas que excusan su cita.

[2] Cierta jurisprudencia menor considera aplicable al art. 1535 CC. Es discutible que encaje en el supuesto de hecho.

[3] El problema en principio es cómo se aplica una modificación así con carácter retroactivo. A mi juicio eso sería posible si la reforma se hiciera en el marco de la legislación concursal. Para determinar el precio de la cesión de cada crédito se pueden establecer la presunción iuris tantum de que el precio individual resulta del prorrateo entre el importe nominal total de la cartera cedida y el principal de cada crédito.

[4] Otro inconveniente es que un concurso de acreedores requiere la existencia de varios acreedores. A mí me parece un inconveniente más teórico que práctico. Quien no puede pagar el préstamo de la hipoteca que grava su casa, tampoco podrá pagar otras deudas.

 

Catedral de Palma de Mallorca, por Bizarro.

Catedral de Palma de Mallorca, por Bizarro.

 

SECCIÓN OPINIÓN

SECCIÓN CONSUMO

SECCIÓN FUTURAS NORMAS

VER ART. 1535 DEL CÓDIGO CIVIL Y PRIVILEGIO DEL BANCO MALO

VER ARTÍCULO DE MARÍA ROSA TAPIA (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE)

VER STS 1 DE ABRIL DE 2015 (sin retracto en sucesión universal)