{"id":100773,"date":"2022-11-28T11:49:52","date_gmt":"2022-11-28T10:49:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=100773"},"modified":"2023-07-17T14:56:36","modified_gmt":"2023-07-17T12:56:36","slug":"limitaciones-a-la-publicidad-del-registro-de-titulares-reales-sentencia-del-tjue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-mercantil\/estudios-o-m\/limitaciones-a-la-publicidad-del-registro-de-titulares-reales-sentencia-del-tjue\/","title":{"rendered":"Limitaciones a la publicidad del Registro de Titulares Reales: sentencia del TJUE."},"content":{"rendered":"

LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD RELATIVA A TITULARES REALES.[1]<\/a><\/strong><\/span><\/h1>\n

Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas, Registrador<\/h2>\n

 <\/p>\n<\/a>

Introducci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Vivimos en unos momentos confusos y dif\u00edciles en los que la corrupci\u00f3n, la malversaci\u00f3n, el crimen organizado, el terrorismo y el blanqueo de capitales, se extienden como mancha de aceite por todo el mundo; Europa no es totalmente ajena a estas lacras y por ello esos son algunos de los problemas en los que la UE ha puesto su mirada para, en la medida de lo posible, evitarlos, y en todo caso prevenirlos.<\/p>\n

Para conseguirlo no cabe duda alguna de que la informaci\u00f3n especializada<\/strong> es algo de fundamental importancia.<\/p>\n

El legislador europeo desde antiguo -la primera Directiva sobre este problema es del a\u00f1o 1991- ha mostrado una gran preocupaci\u00f3n en especial por el fen\u00f3meno del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

Pero ha sido en los \u00faltimos a\u00f1os cuando, a partir de la llamada Cuarta Directiva antiblanqueo, ha puesto el foco en uno de los elementos que tradicionalmente han favorecido ese blanqueo.<\/p>\n

Efectivamente las tramas del crimen organizado y del terrorismo saben y son conscientes de que una de las mejores formas de encubrir el origen de los productos del delito, y de canalizar el producto de sus actividades il\u00edcitas, se basa en la utilizaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas, en sus diversas modalidades, pero especialmente de sociedades de capital.<\/p>\n

Ello llev\u00f3 a la necesidad de profundizar en la debida identificaci\u00f3n<\/strong> de los llamados \u201cbeneficial owners\u201d o titulares reales<\/strong> de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Publicidad en la Cuarta Directiva.<\/strong><\/span><\/h6>\n

En este sentido la Cuarta Directiva antiblanqueo, la 2015\/849<\/a>, en sus art\u00edculos 30 y 31, implement\u00f3 una serie de medidas para la identificaci\u00f3n de esos titulares reales.<\/p>\n

Una de esas medidas fue la necesaria creaci\u00f3n<\/strong> en los distintos Estados miembros de los Registros de Titulares Reales. <\/strong><\/p>\n

Ahora bien, de poco servir\u00eda esa creaci\u00f3n si los datos de esos registros no pudieran ser conocidos.<\/p>\n

De la publicidad formal del Registro de Titulares Reales (RTR) se ocup\u00f3 el art\u00edculo 30 citado estableciendo en su apartado 5, que la informaci\u00f3n sobre los titulares reales est\u00e9 a disposici\u00f3n de las autoridades, de los servicios de inteligencia, de los sujetos obligados en aplicaci\u00f3n de las medidas de diligencia debida, y en el apartado c) de toda \u201ctoda persona u organizaci\u00f3n que pueda demostrar un inter\u00e9s leg\u00edtimo\u201d.<\/strong><\/p>\n

Estas \u00faltimas personas como m\u00ednimo tendr\u00edan acceso, al nombre y apellidos, mes y a\u00f1o de nacimiento, la nacionalidad y el pa\u00eds de residencia del titular real, as\u00ed como a la naturaleza y alcance de la participaci\u00f3n\u00a0real.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, se establec\u00edan una serie de limitaciones<\/strong> para el caso de que esa publicidad pudiera perjudicar a determinadas personas, entre ellas a los menores o incapaces, o ponerlas en riesgo de ser extorsionadas o ser objeto de fraude, secuestro, chantaje, extorsi\u00f3n, acoso, violencia o intimidaci\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Publicidad en la Quinta Directiva.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Pues bien, no contento el legislador con la publicidad establecida a favor del p\u00fablico en general, y por estimar que el concepto de inter\u00e9s leg\u00edtimo era muy dif\u00edcil de definir<\/strong> y pod\u00eda dar lugar a arbitrariedades, en la llamada Quinta Directiva antiblanqueo, la 2018\/843<\/a>, va a modificar el apartado c) del punto 5 del citado art\u00edculo 30 estableciendo la posibilidad de dar publicidad de los titulares reales a \u201ccualquier miembro del p\u00fablico en general\u201d.<\/strong><\/p>\n

En concreto se dec\u00eda que \u201cse permitir\u00e1 a las personas a que se refiere la letra\u00a0c) el acceso, como m\u00ednimo, al nombre y apellidos, mes y a\u00f1o de nacimiento, pa\u00eds de residencia y de nacionalidad del titular real, as\u00ed como a la naturaleza y alcance del inter\u00e9s real ostentado.<\/p>\n

Los Estados miembros podr\u00e1n, en las condiciones fijadas en el Derecho nacional, dar acceso a informaci\u00f3n adicional<\/strong> que permita la identificaci\u00f3n del titular real. Dicha informaci\u00f3n adicional incluir\u00e1 como m\u00ednimo la fecha de nacimiento o datos de contacto<\/strong>, de conformidad con las normas de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n

5\u00a0bis.\u00a0Los Estados miembros podr\u00e1n decidir que la informaci\u00f3n conservada en sus registros nacionales a que se refiere el apartado 3 est\u00e9 disponible a condici\u00f3n de que se proceda a un registro en l\u00ednea y al pago de una tasa, que no ser\u00e1 superior a los costes administrativos de la puesta a disposici\u00f3n de la informaci\u00f3n, incluidos los costes de mantenimiento y desarrollo del registro\u201d.<\/p>\n

La justificaci\u00f3n de esa publicidad general, estaba en que \u201cel acceso p\u00fablico a la informaci\u00f3n relativa a la titularidad real posibilita adem\u00e1s un mayor control de la informaci\u00f3n por parte de la sociedad civil, incluidas la prensa o las organizaciones de la sociedad civil\u2026\u201d, lo que contribuir\u00eda a la lucha contra el crimen organizado y tambi\u00e9n al aumento de la confianza en las transacciones mercantiles al posibilitar el conocimiento en esas transacciones de la identidad de los titulares reales de las personas jur\u00eddicas participantes. Consideraba que \u201csi el entorno no es hostil para los delincuentes que buscan refugio para sus finanzas a trav\u00e9s de estructuras opacas\u201d se perder\u00eda parte de la efectividad de la norma, y que el \u201cincremento de la transparencia podr\u00eda ser un potente factor disuasorio\u201d. Pero al mismo tiempo se deber\u00eda guardar \u201cun justo equilibrio entre el inter\u00e9s p\u00fablico por la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, por un lado, y los derechos fundamentales de los interesados, por otro. El conjunto de datos que debe ponerse a disposici\u00f3n del p\u00fablico debe ser limitado, estar clara y exhaustivamente definido y tener car\u00e1cter general, a fin de minimizar todo posible perjuicio a los titulares reales\u201d.<\/p>\n

Y precisamente ha sido esta \u00faltima reforma la que ha provocado la sentencia de 22 de noviembre del TJUE (Gran Sala).<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Sentencia del TJUE.<\/strong><\/span><\/h6>\n

La sentencia de la Gran Sala de 22 de noviembre de 2022<\/a> viene motivada por dos cuestiones prejudiciales planteadas por un Tribunal de Distrito de Luxemburgo, ante la petici\u00f3n de invalidez del art\u00edculo 30 punto 5, apartado c) por la negativa del \u201cLuxembourg Business Registers\u201d de limitar la publicidad del p\u00fablico en general al car\u00e1cter de titular real de determinada persona, socio de una sociedad civil inmobiliaria, y de la titularidad real de una sociedad.<\/p>\n

El TJ para llegar a la resoluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n planteada, parte de los siguientes principios que nosotros extractamos y resumimos:<\/p>\n

— El Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos (RGPD) se aplica al tratamiento de los datos personales de la Directiva.<\/p>\n

\u00a0— El art\u00edculo 1, apartado 1, de la Directiva 2015\/849 limita el objeto de la Directiva a \u201cla prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero de la Uni\u00f3n para el blanqueo de capitales y para la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/p>\n

— El art. 5 del RGPD establece que los datos personales ser\u00e1n tratados bajo los principios de \u201clicitud, lealtad y transparencia\u201d, de limitaci\u00f3n de finalidad de minimizaci\u00f3n de datos y de integridad y confidencialidad. Se ratifica en los art\u00edculos 44 y 49 sobre la transferencia de datos.<\/p>\n

— Sobre ello la sociedad peticionaria de que se limite la transferencia al p\u00fablico en general de los datos de sus titulares reales sostiene, en primer lugar, que el hecho de conceder acceso p\u00fablico a la identidad y a los datos personales de su titular real vulnera el derecho a la protecci\u00f3n de la vida privada y familiar y el derecho a la protecci\u00f3n de los datos personales, derechos consagrados respectivamente en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea (en lo sucesivo, \u00abCarta\u00bb).<\/p>\n

— A\u00f1ade que \u201cno se ha demostrado de qu\u00e9 modo el acceso del p\u00fablico a los datos contenidos en el RTR, sin el menor control, permitir\u00eda alcanzar esos objetivos\u201d, por lo que infringe diversos preceptos del RGPD.<\/p>\n

Sobre las bases anteriores la primera cuesti\u00f3n prejudicial planteada, y la \u00fanica sobre la que se pronuncia el TJ, se va a centrar en la validez del art\u00edculo de la Directiva 2018\/843 en cuanto modific\u00f3 el art\u00edculo 30 de la Directiva 2015\/849 en los t\u00e9rminos que ya conocemos.<\/p>\n

La sentencia se apoya en los siguientes puntos, seg\u00fan las alegaciones de las partes:<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0A) Sobre la cuesti\u00f3n prejudicial planteada.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Se trata de un resumen de las consideraciones de las partes:<\/p>\n

1\u00ba. \u00a0El art\u00edculo 7 de la Carta garantiza a toda persona el derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones, mientras que el art\u00edculo 8, apartado 1, de la Carta confiere expresamente a toda persona el derecho a la protecci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que la conciernan.<\/p>\n

2\u00ba. Que la informaci\u00f3n adicional que puede darse de los titulares reales \u201cincluir\u00e1 como m\u00ednimo la fecha de nacimiento o datos de contacto, de conformidad con las normas de protecci\u00f3n de datos\u201d.<\/p>\n

3\u00ba. El acceso de cualquier miembro del p\u00fablico en general a esa informaci\u00f3n afecta al derecho fundamental al respeto de la vida privada, garantizado en el art\u00edculo 7 de la Carta. \u00a0<\/p>\n

4\u00ba. Por ello la publicidad general de \u201cdatos de car\u00e1cter personal constituye una injerencia en los derechos fundamentales consagrados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta, cualquiera que sea la utilizaci\u00f3n posterior de la informaci\u00f3n puesta a disposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n

5\u00ba. Dicha injerencia es de especial gravedad pues en cuanto se refiere \u00a0\u201ca la identidad del titular real y a la naturaleza y alcance de sus intereses reales en sociedades u otras entidades jur\u00eddicas, puede permitir elaborar un perfil sobre determinados datos personales identificativos de car\u00e1cter m\u00e1s o menos amplio, en funci\u00f3n de la configuraci\u00f3n del Derecho nacional, sobre la situaci\u00f3n patrimonial del interesado y sobre los sectores econ\u00f3micos, pa\u00edses y empresas espec\u00edficos en los que ha invertido\u201d.<\/p>\n

6\u00ba. Adem\u00e1s los \u201cdatos, una vez puestos a disposici\u00f3n del p\u00fablico en general, no solo pueden ser libremente consultados, sino tambi\u00e9n conservados y difundidos, y, en caso de tales tratamientos sucesivos, se hace a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil para esas personas, incluso ilusorio, defenderse eficazmente contra abusos\u201d.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0B) Sobre la justificaci\u00f3n de la injerencia resultante del acceso del p\u00fablico en general a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real.<\/strong><\/span><\/h6>\n

1\u00ba. \u00a0\u00a0Los derechos fundamentales de los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta \u201cno constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse seg\u00fan su funci\u00f3n en la sociedad\u201d.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0C) Sobre el respeto del principio de legalidad.<\/strong><\/span><\/h6>\n

1\u00ba. Cualquier limitaci\u00f3n del ejercicio de los derechos fundamentales debe ser establecida por ley.<\/p>\n

2\u00ba. Por ello la Ley debe definir el alcance de la limitaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a03\u00ba. Tambi\u00e9n \u201cel Tribunal de Justicia puede, en su caso, precisar por v\u00eda interpretativa el alcance concreto de la limitaci\u00f3n a la vista tanto de los propios t\u00e9rminos de la normativa de la Uni\u00f3n aplicable como de la sistem\u00e1tica general de esta y de los objetivos que persigue, tal como est\u00e9n interpretados a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta\u201d.<\/p>\n

\u00a04\u00ba. El art\u00edculo 30 de esta prev\u00e9, en sus apartados 1 y 5, por una parte, el acceso del p\u00fablico en general a datos sobre la identificaci\u00f3n de la titularidad real y sobre los intereses reales ostentados, precisando que dichos datos deben ser adecuados, exactos y actualizados y enumerando expresamente algunos de esos datos a los que se debe permitir el acceso a cualquier miembro del p\u00fablico en general. Por otra parte, el citado art\u00edculo 30 establece, en su apartado 9, las condiciones en las que los Estados miembros pueden establecer excepciones a tal acceso\u201d.<\/p>\n

Por todo ello el TJ estima que se respeta el principio de legalidad.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0D) Sobre el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales garantizados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta.<\/strong><\/span><\/h6>\n

1\u00ba. La informaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 30 es de dos categor\u00edas: \u201cidentidad del titular real (nombre y apellidos, mes y a\u00f1o de nacimiento as\u00ed como nacionalidad) y, la segunda, datos de \u00edndole econ\u00f3mica (naturaleza y alcance del inter\u00e9s real ostentado)\u201d.<\/p>\n

2\u00ba. Exclusivamente la informaci\u00f3n adecuada es la que \u201cpuede obtenerse, conservarse y, por tanto, ponerse potencialmente a disposici\u00f3n del p\u00fablico, lo que excluye, en particular, la informaci\u00f3n que no guarda relaci\u00f3n adecuada con las finalidades de la citada Directiva\u201d.<\/p>\n

3\u00ba. No \u201cparece que la puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico en general de informaci\u00f3n que s\u00ed guarda tal tipo de relaci\u00f3n menoscabe de alg\u00fan modo el contenido esencial de los derechos fundamentales garantizados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta\u201d.<\/p>\n

4\u00ba. En consecuencia \u201cno se discute que toda recopilaci\u00f3n, conservaci\u00f3n y puesta a disposici\u00f3n de informaci\u00f3n en virtud de la Directiva 2015\/849 modificada debe cumplir plenamente las exigencias derivadas del\u00a0RGPD\u201d.<\/p>\n

5\u00ba. \u201cEn estas circunstancias, la injerencia que implica el acceso del p\u00fablico en general a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real, previsto en el art\u00edculo 30, apartado 5, p\u00e1rrafo primero, letra\u00a0c), de la Directiva 2015\/849 modificada, no menoscaba el contenido esencial de los derechos fundamentales consagrados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta\u201d.<\/u><\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0E) Sobre el objetivo de inter\u00e9s general reconocido por la Uni\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n

1\u00ba. La Directiva 2015\/849 modificada tiene por objeto, \u201cla prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero de la Uni\u00f3n para el blanqueo de capitales y para la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/p>\n

2\u00ba. \u201cEsta finalidad constituye un objetivo de inter\u00e9s general que puede justificar injerencias, incluso graves, en los derechos fundamentales consagrados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta\u201d.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0F) Sobre el \u201ccar\u00e1cter id\u00f3neo, necesario y proporcionado de la injerencia de que se trata\u201d.<\/strong><\/span><\/h6>\n

1\u00ba. Las medidas establecidas por la Directiva en este punto deben ser proporcionadas con los fines perseguidos y cuando haya elecci\u00f3n se debe escoger la menos onerosa.<\/p>\n

2\u00ba. Para \u201ccumplir el requisito de proporcionalidad, la normativa de que se trata causante de la injerencia tambi\u00e9n debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicaci\u00f3n de las medidas en cuesti\u00f3n e impongan unas exigencias m\u00ednimas\u201d que eviten el abuso.<\/p>\n

3\u00ba. Por ello \u201cse debe examinar si el acceso del p\u00fablico en general a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real es id\u00f3neo para alcanzar el objetivo de inter\u00e9s general\u201d y \u00a0\u201c en segundo lugar, si la injerencia en los derechos garantizados por los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta que resulta de tal acceso se limita a lo estrictamente necesario, en el sentido de que el objetivo no podr\u00eda alcanzarse razonablemente de manera igualmente eficaz por otros medios menos atentatorios contra esos derechos fundamentales de las personas afectadas, y, en tercer lugar, si tal injerencia no es desproporcionada en relaci\u00f3n con ese objetivo, lo que implica, en particular, una ponderaci\u00f3n de la importancia de este \u00faltimo y la gravedad de dicha injerencia\u201d.<\/p>\n

4\u00ba. El acceso p\u00fablico a los titulares reales \u201cdebe considerarse id\u00f3neo para contribuir a la consecuci\u00f3n del objetivo de inter\u00e9s general\u201d.<\/p>\n

5\u00ba. En otro sentido la evaluaci\u00f3n de la Directiva de 2015, puso de manifiesto que la falta de definici\u00f3n del concepto de inter\u00e9s leg\u00edtimo \u201chab\u00eda planteado dificultades pr\u00e1cticas, de modo que se consider\u00f3 que la soluci\u00f3n id\u00f3nea consist\u00eda en suprimir dicho requisito\u201d.<\/p>\n

6\u00ba. Ante ese problema la Comisi\u00f3n consider\u00f3 la dificultad en dar un concepto uniforme de inter\u00e9s leg\u00edtimo y que \u201caun cuando tal concepto contara con una definici\u00f3n, seguir\u00eda siendo dif\u00edcil de aplicar y su aplicaci\u00f3n pod\u00eda dar lugar a decisiones arbitrarias\u201d.<\/p>\n

7\u00ba. Pese a estas dificultades, ello \u201cno puede justificar que el legislador de la Uni\u00f3n prevea el acceso del p\u00fablico en general a esa informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

8\u00ba. A\u00fan reconociendo que el acceso al p\u00fablico en general puede contribuir a una lucha m\u00e1s eficaz \u201ccontra el uso abusivo de sociedades y otras entidades jur\u00eddicas y que tambi\u00e9n ayudar\u00eda a las investigaciones penales, debe se\u00f1alarse que estas consideraciones tampoco pueden demostrar que dicha medida sea estrictamente necesaria para prevenir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/p>\n

9\u00ba. A la vista de lo anterior \u201cno puede considerarse que la injerencia en los derechos garantizados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta resultante del acceso del p\u00fablico en general a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real se limite a lo estrictamente necesario\u201d.<\/p>\n

10\u00ba. Adem\u00e1s el mismo legislador \u201cse tom\u00f3 la molestia de precisar que el conjunto de datos puesto a disposici\u00f3n del p\u00fablico debe ser limitado, estar clara y exhaustivamente definido y tener car\u00e1cter general, a fin de minimizar todo posible perjuicio a los titulares reales\u201d.<\/p>\n

11\u00ba. Tambi\u00e9n el Parlamento, el Consejo y la Comisi\u00f3n determinaron limitaciones al acceso general de las titularidades reales en casos excepcionales.<\/p>\n

12\u00ba. Tambi\u00e9n se condicion\u00f3 el suministro de informaci\u00f3n \u201ca que se proceda a un registro en l\u00ednea, con el fin de poder conocer la identidad de la persona que solicita tal informaci\u00f3n\u201d y de informar al titular real de quien solicita informaci\u00f3n.<\/p>\n

13\u00ba. Aparte de ello el art\u00edculo 30.5 c) permite que junto a la informaci\u00f3n b\u00e1sica m\u00ednima se pueda establecer por los Estados miembros una informaci\u00f3n adicional<\/strong> \u00a0\u201cla cual incluir\u00e1, \u00abcomo m\u00ednimo\u00bb, la fecha de nacimiento o los datos de contacto del titular real en cuesti\u00f3n\u201d.<\/p>\n

14\u00ba. Debe tenerse en cuenta que del \u201cuso de la expresi\u00f3n \u00abcomo m\u00ednimo\u00bb<\/u> se desprende que estas disposiciones autorizan la puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico de datos que no est\u00e1n suficientemente definidos ni son identificables\u201d, falt\u00e1ndoles la claridad y precisi\u00f3n exigibles.<\/p>\n

15\u00ba. Debe tenerse en cuenta adem\u00e1s \u201cque la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo incumbe prioritariamente a las autoridades p\u00fablicas y a entidades como las entidades de cr\u00e9dito o las entidades financieras a las que, por raz\u00f3n de sus actividades, se imponen obligaciones espec\u00edficas en la materia\u201d.<\/p>\n

16\u00ba. Por ello el r\u00e9gimen de la Directiva de 2018, en este punto, \u201crepresenta un menoscabo considerablemente m\u00e1s grave<\/strong> de los derechos fundamentales garantizados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta, sin que esta mayor gravedad se compense con los eventuales beneficios que, en lo que ata\u00f1e a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, podr\u00edan resultar de este \u00faltimo r\u00e9gimen en comparaci\u00f3n<\/strong> con el primero\u201d.<\/p>\n

17\u00ba. Y el hecho de que los estados miembros puedan establecer excepciones a esa publicidad general \u201cno demuestran por s\u00ed mismas ni una ponderaci\u00f3n equilibrada entre el objetivo de inter\u00e9s general perseguido y los derechos fundamentales consagrados en los art\u00edculos 7 y 8 de la Carta ni la existencia de garant\u00edas suficientes que permitan a las personas afectadas proteger eficazmente sus datos personales contra los riesgos de abuso\u201d.<\/p>\n

18\u00ba. Finalmente la alegaci\u00f3n de que desde la Primera Directiva de Sociedades de 1968, se estableciera un r\u00e9gimen de publicidad de los datos incluidos en los Registro Mercantiles, no se toma en consideraci\u00f3n pues \u00a0la publicidad obligatoria prevista por la Directiva de sociedades y \u201cel acceso del p\u00fablico en general a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real previsto por la Directiva 2015\/849 modificada, por otro, difieren tanto en sus respectivas finalidades<\/u> como en su alcance en t\u00e9rminos de datos personales abarcados\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Decisi\u00f3n de la Gran Sala<\/strong>.<\/span><\/h6>\n

A la vista de las consideraciones anteriores se declara que \u201cel art\u00edculo 1, punto 15, letra\u00a0c), de la Directiva 2018\/843 es inv\u00e1lido<\/strong> en la medida en que modific\u00f3 el art\u00edculo 30, apartado 5, p\u00e1rrafo primero, letra\u00a0c), de la Directiva 2015\/849,<\/u> en el sentido de que este \u00faltimo establece, en su as\u00ed versi\u00f3n modificada, que los Estados miembros deber\u00e1n garantizar que la informaci\u00f3n sobre la titularidad real de las sociedades y otras entidades jur\u00eddicas constituidas en su territorio est\u00e9 en todos los casos a disposici\u00f3n de cualquier miembro del p\u00fablico en general<\/strong>\u201d.<\/u><\/p>\n

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Consideraciones finales<\/strong>.<\/span><\/h6>\n

Pese a la brevedad de estas notas hemos querido transcribir los p\u00e1rrafos de la sentencia que nos han parecido decisivos a la hora de declarar inv\u00e1lida la publicidad general, sin manifestaci\u00f3n de inter\u00e9s leg\u00edtimo alguno, de los titulares Reales incluidos en el Registro de Titulares Reales, – en Espa\u00f1a todav\u00eda pendiente su creaci\u00f3n de desarrollo reglamentario-, o en los Registros Mercantiles, en cuanto instituciones encargadas del archivo, conservaci\u00f3n, mantenimiento y publicidad en origen de esos titulares reales.<\/p>\n

De todas las consideraciones que hace el TJ parece que la \u00faltima relativa a la indefinici\u00f3n<\/strong> de los datos adicionales que los Estados miembros pueden establecer que se suministren al p\u00fablico en general, es la determinante para declarar la invalidez de la publicidad de titulares reales al p\u00fablico en general. Por ello si se delimitaran esos datos, precisando cu\u00e1les pueden ser o incluso llegando m\u00e1s lejos se eliminara totalmente esa posibilidad, limitando los datos que se pueden dar a los terceros en general a los m\u00ednimos se\u00f1alados en la Directiva, la disposici\u00f3n podr\u00eda ser v\u00e1lida y se podr\u00eda dar esa publicidad sin cortapisas a los terceros en general sin perjuicio claro est\u00e1 de las limitaciones que se pueden establecer o acordar por el registrador en casos excepcionales.<\/p>\n

Todo ello nos lleva a considerar que, si bien a partir de la sentencia las legislaciones de los estados miembros deber\u00e1n acomodarse a ella, prohibiendo la publicidad general, s\u00ed ser\u00eda posible ajust\u00e1ndose a los t\u00e9rminos de la Directiva de 2015, dar publicidad al p\u00fablico en general si se acredita un inter\u00e9s leg\u00edtimo. El estimar que dada la modificaci\u00f3n sufrida por la Directiva de 2015 y la anulaci\u00f3n o invalidez de la modificaci\u00f3n, queda totalmente prohibida la publicidad a terceros, supondr\u00eda un regreso a la opacidad de las entidades jur\u00eddicas, salvo para las autoridades y sujetos obligados, algo que no es posible que quiera o pretenda el Tribunal de Justicia. Por tanto, aunque no entramos en ninguna pol\u00e9mica sobre si al declarar la nulidad de una modificaci\u00f3n revive el precepto anterior a dicha modificaci\u00f3n, en este caso, a la vista de los intereses protegidos, debemos concluir que lo normal es que se recupere esa vigencia y que los Estados miembros puedan organizar la publicidad de sus RRTTRR, en la forma que permit\u00eda la Cuarta Directiva.<\/p>\n

Ahora bien, en lo que habr\u00e1 de poner tambi\u00e9n especial cuidado el legislador nacional ser\u00e1 en esos datos adicionales que seg\u00fan la Directiva pueden darse de los titulares reales. Sobre ello quiz\u00e1s lo m\u00e1s prudente es que mientras no surja una modificaci\u00f3n de la Directiva en el sentido apuntado por la sentencia, no debe hacerse uso de esa posibilidad.<\/p>\n

Finalmente, en cuanto a la consideraci\u00f3n que hace el TJ sobre la distinta finalidad de los datos de que puede dar publicidad el Registro Mercantil y los datos que puede dar el RTR, siendo cierta, es tambi\u00e9n cierto que es una publicidad la del RM que puede comprender, en determinadas circunstancias, datos afectados por la sentencia. Quiz\u00e1s si el TJ hubiera profundizado algo m\u00e1s en este punto su decisi\u00f3n podr\u00eda haber sido distinta, pues, aunque la finalidad sea distinta lo cierto es que la publicidad existe. No obstante, este es un problema m\u00e1s complejo para cuyo estudio se requiere algo m\u00e1s que estas breves notas de urgencia. No obstante, insistiremos sobre ello y sobre la consideraci\u00f3n de que la posibilidad de inscripci\u00f3n de la transmisi\u00f3n de participaciones sociales en el RM no queda desvirtuada por la sentencia.<\/p>\n

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Registro de Titulares Reales en Espa\u00f1a.<\/strong><\/span><\/h6>\n

La DA 3\u00aa del Real Decreto-ley 7\/2021, de 27 de abril<\/a><\/strong>, de transposici\u00f3n de directivas de la Uni\u00f3n Europea en las materias de \u201c\u2026\u201d, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, \u201c\u2026\u201d, acuerda\u00a0la creaci\u00f3n<\/strong>\u00a0del Registro de Titularidades Reales por Real Decreto todav\u00eda pendiente de su publicaci\u00f3n pese a que se dieron seis meses para ello, ampliamente sobrepasados y pese a que el plazo de transposici\u00f3n<\/strong> de las Directivas sobre sobre la materia termin\u00f3 el 10 de enero de 2020, para el RTR, el 10 de marzo para el de fideicomisos y el 10 de marzo de 2021, para la interconexi\u00f3n europea de registros.<\/p>\n

Recordaremos aqu\u00ed simplemente su DA 4\u00aa que trata precisamente del acceso al RTR<\/a>, y dentro de ella en lo que se refiere a la informaci\u00f3n a disposici\u00f3n de otras personas en general.<\/p>\n

\u2013 Estas s\u00f3lo tendr\u00e1n accesos a los datos relativos al \u201cnombre y apellidos, mes y a\u00f1o de nacimiento, pa\u00eds de residencia y de nacionalidad de los titulares reales vigentes\u201d \u2026 y tambi\u00e9n \u201ca la naturaleza de esa titularidad real, en particular, al dato de si la misma se debe al control de la propiedad o al del \u00f3rgano de gesti\u00f3n de la misma\u201d.<\/p>\n

\u2014Se requiere \u201cidentificaci\u00f3n del solicitante, la acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n en la que se solicita el acceso y, en el caso de informaci\u00f3n sobre fideicomisos tipo trust<\/strong>, la demostraci\u00f3n de un inter\u00e9s leg\u00edtimo<\/strong> por los particulares en su conocimiento, en los t\u00e9rminos que se establezcan reglamentariamente\u201d.<\/p>\n

\u2014 Para los particulares<\/strong> \u201cser\u00e1 obligatorio el previo pago de una tasa que cubra el coste del Registro y, en su caso, el de las fuentes de los datos incluidos en el mismo, por el sistema que se establezca reglamentariamente\u201d. Se aclara, aunque ya se hab\u00eda dicho antes, que para los dem\u00e1s (autoridades, etc y notarios y registradores) el acceso ser\u00e1 gratuito.<\/p>\n

Come vemos s\u00f3lo para el caso de los fideicomisos, muy escasos en Espa\u00f1a, se requerir\u00e1 la acreditaci\u00f3n de un inter\u00e9s leg\u00edtimo para la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de los particulares. Para los dem\u00e1s particulares que soliciten informaci\u00f3n s\u00f3lo se va a exigir el registro en l\u00ednea. Cuando por fin se aborde la creaci\u00f3n del RTR, con el pertinente desarrollo reglamentario, deber\u00e1 tenerse en cuenta la sentencia que hemos extractado del TJUE, aunque hacemos notar que en Espa\u00f1a no se ha establecido ning\u00fan dato adicional del que dar informaci\u00f3n, sino que incluso se restringen<\/strong> los datos que pueden ser suministrados pues no se incluye el del \u201calcance\u201d del inter\u00e9s real ostentado. Aunque ese ser\u00e1 siempre como m\u00ednimo el 25%.<\/p>\n

Jos\u00e9 Angel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n.<\/p>\n

[1]<\/a> No tratan estas notas de hacer un estudio completo de las Directivas antiblanqueo, ni tampoco del RTR, ni de la sentencia del TJUE de 22 de noviembre de este a\u00f1o, sino simplemente de dar cuenta de la existencia de dicha sentencia en cuanto puede afectar a la publicidad del RTR, a la publicidad de dichos titulares por los RRMM, as\u00ed como, en su caso, a la publicidad que proporcione la Base de Datos de TR del CGN.<\/p>\n

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ENLACES<\/span><\/h6>\n