\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/a> Derecho de informaci\u00f3n<\/strong>.- 1. Procede confirmar en el presente expediente \u2013y por su propio fundamento-la calificaci\u00f3n del Registrador Mercantil n.\u00ba VI de Barcelona que no hace sino reiterar la doctrina sentada por este Centro Directivo en torno al derecho de informaci\u00f3n del accionista, doctrina que mantiene que dicho derecho de informaci\u00f3n, investido ciertamente de un car\u00e1cter esencial, aparece fuertemente protegido en la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, de manera que se impone extremar el cuidado a fin de evitar que, por v\u00edas indirectas, puede ser menoscabado. As\u00ed, las dudas que el desenvolvimiento de este derecho vaya suscitando deben interpretarse en favor de su salvaguarda. De ah\u00ed que la exigencia en la convocatoria general de que los socios deber\u00edan solicitar por escrito la documentaci\u00f3n que iba a someterse a la aprobaci\u00f3n de la misma, deba considerarse una limitaci\u00f3n indirecta del derecho de informaci\u00f3n que infringe lo dispuesto en la Ley.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sin perjuicio de que ante una eventual impugnaci\u00f3n por este motivo de los acuerdos adoptados en la junta general un Juez pudiera optar, previa eliminaci\u00f3n de la causa, por el principio de conservaci\u00f3n de los mismos (cfr. art\u00edculo 115 de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas), es lo cierto que la calificaci\u00f3n del Registrador fue ajustada a derecho, ya que efectivamente los acuerdos posteriormente adoptados resultaban nulos por infracci\u00f3n de la Ley y proced\u00eda, en consecuencia, la denegaci\u00f3n de los documentos contables presentados.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pues bien, todos estos argumentos jur\u00eddicos no resultan desvirtuados por ninguna de las alegaciones del recurso de alzada:<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.\u00ba Porque estamos ante la omisi\u00f3n de un requisito legal que afecta a un derecho especialmente protegido \u2013\u00abpotenciado\u00bb, seg\u00fan terminolog\u00eda acu\u00f1ada por la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal-y cuyo incumplimiento acarrea la nulidad de los acuerdos adoptados; y 2.\u00ba) Porque, en cualquier caso, los actos nulos no son susceptibles de convalidaci\u00f3n. Es obvio que ello no excluye, en virtud del derecho de tutela judicial efectiva que la Constituci\u00f3n proclama, que la sociedad puede instar a posteriori la v\u00eda judicial.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 28 octubre 2005<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Derecho de informaci\u00f3n<\/strong>.- 1. A la vista del escrito de interposici\u00f3n del recurso y de conformidad con el art\u00edculo 326 de la Ley Hipotecaria (aplicable al Registro Mercantil conforme a lo establecido en la disposici\u00f3n adicional 24 de la Ley 24\/2001, de 28 de diciembre), en congruencia con las pretensiones deducidas en su escrito por el recurrente, el presente recurso queda limitado a decidir sobre las siguientes cuestiones:<\/p>\n 1.\u00aa Si dado que la junta que acuerda el aumento del capital social fue universal, no es necesario hacer comunicaci\u00f3n alguna a los socios a los efectos del ejercicio de su derecho de asunci\u00f3n preferente, comput\u00e1ndose el plazo establecido para ello desde la fecha de la junta.<\/p>\n 2.\u00aa Si es requisito de la escritura de aumento de capital que el administrador manifieste de forma expresa que \u00abel aumento ha sido \u00edntegramente desembolsado en los t\u00e9rminos previstos\u00bb.<\/p>\n 3.\u00aa Si tambi\u00e9n es requisito que dicha escritura contenga la manifestaci\u00f3n de que \u00abdesde la convocatoria el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n propuesta ha estado a disposici\u00f3n de los socios\u00bb.<\/p>\n 4.\u00aa Si afecta a los derechos individuales de los socios la extensi\u00f3n de un privilegio sobre el derecho de voto que se hab\u00eda previsto a favor de una persona individualmente considerada y ahora se pretende extender a favor de \u00absus herederos legales y posteriores herederos\u00bb.<\/p>\n Es decir, el recurso ha de circunscribirse a los defectos se\u00f1alados en el acuerdo de la registradora bajo los n\u00fameros 1, 2 y 3 letras B) y C) respectivamente (en este apartado s\u00f3lo se examina el problema se\u00f1alado en la cuesti\u00f3n 3\u00aa; para los otros, ver los apartados \u201cCapital: aumento\u201d y \u201cDerecho de voto\u201d).<\/p>\n En este sentido se ha pronunciado tambi\u00e9n el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de octubre de 2005, en la que el problema planteado se centraba en que determinados accionistas asistentes a una junta universal cuya celebraci\u00f3n y orden del d\u00eda hab\u00edan aceptado, impugnaron los acuerdos adoptados por aquella junta, relativos a la aprobaci\u00f3n de las cuentas anuales de la sociedad, por infracci\u00f3n del derecho de informaci\u00f3n previsto en el antiguo art\u00edculo 212.2 de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas. En dicha Sentencia se consider\u00f3 que aceptar la celebraci\u00f3n de la junta, sin que se haya realizado previa convocatoria, por estar presente todo el capital social, \u00abes porque nada tiene que objetar respecto del cumplimiento por parte de los administradores de cualquier requisito previo a la misma\u00bb y que si no ha recibido la informaci\u00f3n requerida o se muestra disconforme con la misma \u00abes suficiente con que se oponga a la celebraci\u00f3n de la Junta universal, forzando la convocatoria en forma de una junta general\u00bb la cual s\u00ed quedar\u00e1 sujeta con toda amplitud al ejercicio del derecho de informaci\u00f3n de los socios, derecho de informaci\u00f3n que si no se cumple posibilitar\u00e1 entonces la impugnaci\u00f3n de los acuerdos adoptados.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7 diciembre 2011<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Derecho de informaci\u00f3n<\/strong>.- 1. Se debate en este recurso el dep\u00f3sito de las cuentas anuales de una sociedad limitada. El defecto alegado por el registrador es el siguiente: \u00abDel acta notarial aportada se desprende que no se da cumplimiento a los art. 196 y 272 de la LSC que establecen: \u00abA partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podr\u00e1 obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la misma\u00bb\u00bb. El recurrente estima que \u00abse ha acreditado plenamente la ausencia de falta de informaci\u00f3n documental imputada y subsanados las supuestas deficiencias anteriores por parte de la sociedad\u00bb.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dicha convocatoria establece expresamente que \u00abse recuerda a los se\u00f1ores socios respecto del derecho de asistencia e informaci\u00f3n que podr\u00e1n ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislaci\u00f3n aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el env\u00edo gratuito de la documentaci\u00f3n relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideraci\u00f3n de la Junta de accionistas\u2026\u00bb.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A su vez, el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que \u00aba partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podr\u00e1 obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la misma, as\u00ed como en su caso, el informe de gesti\u00f3n y el informe del auditor de cuentas\u00bb.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En consecuencia, esta Direcci\u00f3n General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificaci\u00f3n del registrador.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 23 abril 2012<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> \u00a0Derecho de separaci\u00f3n<\/strong>.- Se plantea este recurso ante la cl\u00e1usula estatutaria que establece un sistema de separaci\u00f3n libre y voluntario de los socios, en una sociedad de responsabilidad limitada. A diferencia de lo que ocurre en las sociedades personalistas, en las de capital, la libre transmisibilidad de los derechos que ostenta el socio, deja sin justificaci\u00f3n el derecho de separaci\u00f3n, ya que el socio puede desvincularse de la sociedad por esa v\u00eda. Finalmente, en las sociedades con matices personalistas, como son la de responsabilidad limitada, la amplitud del derecho de separaci\u00f3n debe estar en funci\u00f3n de las restricciones a que est\u00e9 sujeta la transmisibilidad de la posici\u00f3n del socio. La Direcci\u00f3n, despu\u00e9s de exponer los distintos argumentos que podr\u00edan utilizarse en sentido negativo y positivo, llega a la conclusi\u00f3n de que \u201cforzando la interpretaci\u00f3n de las normas pudiera plantearse la admisibilidad de un derecho estatutario de libre separaci\u00f3n sin necesidad de causa espec\u00edfica, pero que habr\u00eda de ir acompa\u00f1ado de las necesarias cautelas tanto en procedimientos como en plazos, al modo que las adopta el legislador cuando expresamente lo reconoce (anteriormente se\u00f1ala diversos ejemplos de ello), para evitar que con su ejercicio se cause un da\u00f1o a la sociedad y terceros relacionados con ella sin darles la oportunidad de adoptar medidas que les pongan a cubierto de sus efectos\u201d. Termina diciendo la Resoluci\u00f3n que, brillando por su ausencia estas cautelas en el caso planteado, confirma la calificaci\u00f3n denegatoria del Registrador.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 25 septiembre 2003<\/p>\n<\/a> Derecho de voto<\/strong>.- No es ilegal atribuir a uno de los socios, Director-gerente y Director-t\u00e9cnico de la empresa, determinado n\u00famero de votos adem\u00e1s de los que le corresponden por su aportaci\u00f3n, porque la preferencia se ha establecido inicialmente en una forma clara y precisa y el principio de igualdad de trato a los socios impera en lo esencial, ya que, guardada la integridad del capital, no es legalmente forzoso que los votos sean iguales o proporcionales a las aportaciones.<\/p>\n 2 agosto 1950<\/p>\n Derecho de voto<\/strong>.- La escritura cuestionada, refiri\u00e9ndose a la adopci\u00f3n de acuerdos sociales por correo, previene que los socios podr\u00e1n enviar su voto en el plazo de treinta d\u00edas desde la recepci\u00f3n del documento que exprese el acuerdo a adoptar, y el Registrador sostiene que, seg\u00fan el art\u00edculo 100.3 del Reglamento del Registro Mercantil, el plazo para ejercitar el derecho de voto fuera de la Junta no puede ser superior a diez d\u00edas si el voto se emite por correo. La Direcci\u00f3n revoca la nota de calificaci\u00f3n afirmando, en primer lugar, que no tiene sentido el establecimiento, con car\u00e1cter imperativo, de un plazo tan breve. Y bas\u00e1ndose en la libertad de estipular la antelaci\u00f3n con que ha de formularse la convocatoria de la Junta y en el derecho del socio de obtener la informaci\u00f3n pertinente y de reflexionar sobre el contenido del voto a emitir, as\u00ed como en la analog\u00eda de otros preceptos que establecen plazos m\u00ednimos de quince d\u00edas para casos similares, llega a la conclusi\u00f3n de que el plazo de treinta d\u00edas es razonable y se acomoda al principio de libertad proclamado en diversos preceptos de la Ley.<\/p>\n 6 octubre 1993 y 20 diciembre 1994<\/p>\n Derecho de voto<\/strong>.- Dos son las cuestiones decididas en esta Resoluci\u00f3n: 1\u00aa. Para poder inscribir un acuerdo adoptado de esta forma es preciso (arts. 7 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 174 del Reglamento del Registro Mercantil) que la escritura de constituci\u00f3n contenga unas determinaciones claras y precisas en orden a los medios en que ha de efectuarse la solicitud del voto y la constituci\u00f3n, los plazos, domicilios, etc., que hagan de este procedimiento un cauce verdaderamente efectivo para lograr la formaci\u00f3n y manifestaci\u00f3n de la voluntad social. 2\u00aa. Es indudable que la competencia para promover acuerdos por escrito es del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, no s\u00f3lo porque as\u00ed resulta de la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 15 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que confiere a \u00e9stos la facultad de convocar la Junta general, sino, adem\u00e1s, porque tal soluci\u00f3n es la \u00fanica coherente con el esquema legal del funcionamiento de la Sociedad, y de distribuci\u00f3n competencial entre sus \u00f3rganos, y la \u00fanica que garantiza su viabilidad y ordenado desenvolvimiento.<\/p>\n 9 octubre 1993<\/p>\n Derecho de voto<\/strong>.- Los estatutos de una Sociedad prev\u00e9n, para el caso de formaci\u00f3n de la voluntad social fuera de la Junta, que la solicitud de voto debe hacerse por carta certificada dirigida al domicilio del socio, debiendo recibirse en \u00e9ste con quince d\u00edas de antelaci\u00f3n, por lo menos, a la fecha se\u00f1alada para la celebraci\u00f3n de la Junta o la que se se\u00f1ale como l\u00edmite para la expresi\u00f3n de la voluntad en los dem\u00e1s casos. En cuanto al voto, puede emitirse por escrito enviado al domicilio social por correo, o por entrega personal, o por medio de otra persona o remitido por fax. En el caso de env\u00edo por correo, deber\u00e1 remitirse dentro del plazo de diez d\u00edas, a contar desde la fecha en que se reciba la solicitud para su emisi\u00f3n; y en los dem\u00e1s casos, el voto deber\u00e1 recibirse en el domicilio social antes de que transcurra la fecha que en la convocatoria se se\u00f1ale como l\u00edmite para su emisi\u00f3n. La Direcci\u00f3n, a la vista de lo anterior, entiende que no hay la contradicci\u00f3n acusada por el Registrador entre los preceptos estatutarios. El momento inicial del plazo ser\u00e1 el de la recepci\u00f3n de la solicitud de voto. Si se env\u00eda por correo, el socio s\u00f3lo podr\u00e1 tomarse diez d\u00edas, a partir de ese l\u00edmite, para entregarlo en la oficina de correos; mientras que en los dem\u00e1s casos podr\u00e1 disponer de todo el tiempo que medie entre la recepci\u00f3n de la solicitud de voto y la fecha l\u00edmite que en ella se fije.<\/p>\n 20 diciembre 1993<\/p>\n Derecho de voto<\/strong>.- Reitera la doctrina establecida en la Resoluci\u00f3n de 6 de octubre de 1993, ante la norma estatutaria que previene que \u00abel voto deber\u00e1 emitirse, para que sea v\u00e1lido, en el plazo al efecto concedido en la solicitud de voto, que no podr\u00e1 ser inferior a diez d\u00edas contados desde su recepci\u00f3n\u00bb, y por las mismas razones que en aquella otra el Centro Directivo desestima la calificaci\u00f3n del Registrador, basada en el art\u00edculo 100-3 del Reglamento del Registro Mercantil, que fija un plazo no superior a diez d\u00edas. Sin embargo, en este caso, al no expresarse en la escritura social el plazo concedido para el ejercicio del derecho de voto por correo, sino una remisi\u00f3n a lo que en cada ocasi\u00f3n determine el \u00f3rgano de administraci\u00f3n, la Direcci\u00f3n rechaza su inscripci\u00f3n, pues el derecho de los socios a participar efectivamente en la formaci\u00f3n de la voluntad social, la conveniencia de un marco normativo adecuado al que deban acomodarse los administradores y la exigencia de certeza sobre el momento en que haya de entenderse concluido el proceso de formaci\u00f3n de la voluntad social sin Junta, todo ello hace imprescindibles unas determinaciones claras y precisas tanto respecto al modo en que ha de verificarse la solicitud y emisi\u00f3n del voto, como al plazo concedido para su ejercicio.<\/p>\n 29 noviembre 1993<\/p>\n Derecho de voto<\/strong>.- Se plantea el problema ante la cl\u00e1usula estatutaria que establece dos clases de participaciones, A y B, que conceden a sus titulares la facultad de designar, respectivamente, a tres y dos de los miembros que componen el Consejo de Administraci\u00f3n; a su vez, \u00e9stos, deben elegir un Presidente entre los designados por los titulares de la serie B y un Vicepresidente entre los elegidos por los de la otra serie. La Ley vigente al tiempo de la calificaci\u00f3n conten\u00eda una remisi\u00f3n a lo dispuesto en la de Sociedades An\u00f3nimas para los Administradores, pero en todo caso la libertad de sistemas de elecci\u00f3n hab\u00eda de respetar tres principios b\u00e1sicos: que la voluntad de la mayor\u00eda habr\u00eda de prevalecer sobre la de la minor\u00eda; que todo socio hab\u00eda de tener derecho de voto en la formaci\u00f3n de la voluntad social y que, salvo que se optase por la formaci\u00f3n de mayor\u00eda por cabezas, no se rompiese la correspondencia entre el derecho de voto y la participaci\u00f3n social, lo que eliminaba la existencia de participaciones de voto plural. Por tanto, en el caso debatido se infringe tanto el principio mayoritario en la formaci\u00f3n de la voluntad social, como el de igualdad entre las participaciones.<\/p>\n 19 noviembre 1999<\/p>\n Derecho de voto<\/strong>.- 1. A la vista del escrito de interposici\u00f3n del recurso y de conformidad con el art\u00edculo 326 de la Ley Hipotecaria (aplicable al Registro Mercantil conforme a lo establecido en la disposici\u00f3n adicional 24 de la Ley 24\/2001, de 28 de diciembre), en congruencia con las pretensiones deducidas en su escrito por el recurrente, el presente recurso queda limitado a decidir sobre las siguientes cuestiones:<\/p>\n 1.\u00aa Si dado que la junta que acuerda el aumento del capital social fue universal, no es necesario hacer comunicaci\u00f3n alguna a los socios a los efectos del ejercicio de su derecho de asunci\u00f3n preferente, comput\u00e1ndose el plazo establecido para ello desde la fecha de la junta.<\/p>\n 2.\u00aa Si es requisito de la escritura de aumento de capital que el administrador manifieste de forma expresa que \u00abel aumento ha sido \u00edntegramente desembolsado en los t\u00e9rminos previstos\u00bb.<\/p>\n 3.\u00aa Si tambi\u00e9n es requisito que dicha escritura contenga la manifestaci\u00f3n de que \u00abdesde la convocatoria el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n propuesta ha estado a disposici\u00f3n de los socios\u00bb.<\/p>\n 4.\u00aa Si afecta a los derechos individuales de los socios la extensi\u00f3n de un privilegio sobre el derecho de voto que se hab\u00eda previsto a favor de una persona individualmente considerada y ahora se pretende extender a favor de \u00absus herederos legales y posteriores herederos\u00bb.<\/p>\n Es decir, el recurso ha de circunscribirse a los defectos se\u00f1alados en el acuerdo de la registradora bajo los n\u00fameros 1, 2 y 3 letras B) y C) respectivamente (a continuaci\u00f3n se examina s\u00f3lo la cuesti\u00f3n 4\u00aa; los otros defectos se recogen en los apartados \u201cCapital: aumento\u201d y \u201cDerecho de informaci\u00f3n\u201d).<\/p>\n La nota de calificaci\u00f3n de la registradora se basa en el art\u00edculo 292 de la Ley de Sociedades de Capital (procedente del art\u00edculo 71.1, p\u00e1rrafo segundo, de la Ley 2\/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada) que dispone que cuando una modificaci\u00f3n estatutaria afecte a los derechos individuales de cualquier socio, deber\u00e1 adoptarse con el consentimiento de los afectados. Limitado como est\u00e1 el recurso a las cuestiones directamente relacionadas con la calificaci\u00f3n registral (cfr. art\u00edculo 326 de la Ley Hipotecaria), no procede plantear ahora la cuesti\u00f3n de si el socio, titular precisamente de las participaciones privilegiadas cuyo privilegio se aumenta, y con cuyos votos se adopt\u00f3 el acuerdo, debi\u00f3 abstenerse, en evitaci\u00f3n de una situaci\u00f3n de posible conflicto de intereses, por tratarse de un supuesto de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 190 de la Ley de Sociedades de Capital, pues se trataba de incrementar los derechos de participaciones de las que era titular si bien no a su favor directamente sino a favor de \u00absus herederos legales y posteriores herederos\u00bb. El precepto viene a exigir el consentimiento del socio o socios que se vean afectados en sus derechos individuales por un acuerdo mayoritario de la junta general.<\/p>\n El art\u00edculo 188.1 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que \u00absalvo disposici\u00f3n contraria de los estatutos sociales, cada participaci\u00f3n da derecho a un voto\u00bb lo que permite la creaci\u00f3n de participaciones de voto plural, como ya se hizo en la cl\u00e1usula estatutaria en su redacci\u00f3n original y cuyos efectos se extienden en la cl\u00e1usula debatida a favor de sus herederos y siguientes herederos.<\/p>\n La cl\u00e1usula estatutaria en su redacci\u00f3n original establece el privilegio de voto plural con base en un doble criterio, objetivo y subjetivo. Seg\u00fan el primero, el privilegio reside en las participaciones numeradas del 1 al 752, pero siempre que seg\u00fan el criterio subjetivo, de las mismas sea titular don J. C. S. S. Ambos criterios deb\u00edan cumplirse lo que significa que si don J. C. S. S. fuera titular de otras participaciones distintas a las numeradas no dispondr\u00eda del privilegio de voto plural respecto de las mismas y que si dicho socio transmitiera a terceros dichas participaciones o pasaran por transmisi\u00f3n mortis causa a sus herederos, los nuevos titulares no dispondr\u00edan del privilegio del voto plural.<\/p>\n Con la modificaci\u00f3n propuesta de esta cl\u00e1usula estatutaria se pretende el mantenimiento del privilegio del voto plural a los que tengan la condici\u00f3n de herederos del actual titular, es decir, de quienes pudieran adquirir mortis causa la titularidad de las participaciones 1 a 752 y de quienes en el futuro pudieran ostentar su titularidad por v\u00eda mortis causa de los primeros herederos de don J. C. S. S.<\/p>\n Con la nueva redacci\u00f3n de la mencionada cl\u00e1usula estatutaria se mantiene el criterio objetivo (participaciones numeradas del 1 al 752) y el subjetivo, aunque en relaci\u00f3n con \u00e9ste ya no se define como titular de las participaciones referidas a una persona concreta, sino a sus herederos y los herederos de \u00e9stos, criterio, por tanto, que no determina personas concretas, en el momento de la adopci\u00f3n del acuerdo.<\/p>\n La registradora entiende que con la nueva redacci\u00f3n se estar\u00edan reduciendo los derechos de voto de los dem\u00e1s socios y, por tanto, que ello requiere su consentimiento expreso, no bastando el acuerdo mayoritario de la junta general.<\/p>\n Aunque la registradora no expresa de forma concreta de qu\u00e9 modo la cl\u00e1usula afecta a los derechos de los dem\u00e1s socios, su tenor literal permite deducir que supone la conversi\u00f3n de un privilegio atribuido a un socio concreto de naturaleza temporal, aunque de extensi\u00f3n indeterminada en el tiempo (hasta su fallecimiento o hasta que transmitiera sus participaciones a un tercero) en un privilegio de duraci\u00f3n indefinida, por cuanto se extender\u00eda a sus herederos y a los sucesivos herederos de las participaciones.<\/p>\n La modificaci\u00f3n de la cl\u00e1usula estatutaria referida afecta a los dem\u00e1s socios por cuanto que su redacci\u00f3n original, aunque limitaba su capacidad de inferencia en la sociedad con el derecho de voto plural reconocido a un socio determinado, lo hac\u00eda de forma temporal. La cl\u00e1usula no concretaba la finalizaci\u00f3n de dicho privilegio, pero era determinable: cuando lo transmitiera el socio a un tercero (por actos inter vivos, mortis causa o ejecuci\u00f3n forzosa). Sin embargo, la modificaci\u00f3n propuesta supone de facto una extensi\u00f3n indefinida al mantenerse vigente en el tiempo a favor de los herederos del socio y de los sucesivos herederos de aqu\u00e9llos, cuya identidad es indeterminada en el momento de la adopci\u00f3n del acuerdo.<\/p>\n En definitiva, los socios en la redacci\u00f3n original de la cl\u00e1usula estatutaria debatida, aceptaron un derecho de voto plural referida a unas concretas participaciones y respecto a un titular concreto, generando una expectativa de que en el futuro acrecentaran su capacidad de influencia en la sociedad mediante la extinci\u00f3n de dicho privilegio si se produc\u00eda la transmisi\u00f3n de dichas participaciones por cualquier medio (inter vivos, mortis causa o ejecuci\u00f3n forzosa). Quedaba indeterminado el momento en el que la extensi\u00f3n del privilegio pudiera producirse y, por tanto, cuando pudiera acrecentarse su capacidad de influencia en la sociedad. Sin embargo, con la alteraci\u00f3n de la cl\u00e1usula referida, se suprime la expectativa de acrecentar la capacidad de influencia en la sociedad ya que el privilegio de voto plural se mantendr\u00eda m\u00e1s all\u00e1 del fallecimiento del titular registral actual de las participaciones, extendi\u00e9ndose a sus herederos y a los herederos sucesivos. Se trata, en consecuencia, de la conversi\u00f3n de un privilegio limitado en el tiempo, aunque con plazo indeterminado, por un privilegio indefinido, lo que supone una limitaci\u00f3n indefinida del peso pol\u00edtico de los dem\u00e1s socios.<\/p>\n Admitido el privilegio del voto plural de las participaciones sociales, debe analizarse si dicho voto plural puede establecerse o extenderse, como sucede en este caso, por voluntad mayoritaria de los socios en junta general o bien requiere el consentimiento de los socios indirectamente afectados por la existencia de participaciones con un plus de derecho de voto pues la existencia de dicho derecho limita indudablemente sus derechos pol\u00edticos en la sociedad. No cabe duda de que en el momento de la constituci\u00f3n de la sociedad es perfectamente posible la creaci\u00f3n de participaciones de voto plural pues el consentimiento de todos los fundadores es necesario para el nacimiento de la sociedad como persona jur\u00eddica. Por el contrario, una vez nacida la sociedad, debe rechazarse toda creaci\u00f3n de participaciones de voto plural o la extensi\u00f3n de los efectos inicialmente previstos que no cuente con el asentimiento de todos los socios, pues todos ellos van a verse afectados en uno de los derechos m\u00ednimos que la ley les concede, disminuyendo de forma m\u00e1s o menos acusada su posibilidad de influir en la adopci\u00f3n de acuerdos por la junta general.<\/p>\n Este Centro Directivo en su Resoluci\u00f3n de 21 de mayo de 1999, al tratar de un caso similar referido al derecho al dividendo, expres\u00f3 claramente que \u00abentre las ideas rectoras de la Ley de Responsabilidad Limitada destaca la de una intensa tutela del socio y de la minor\u00eda, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el establecimiento de algunas normas legales que introducen l\u00edmites al poder mayoritario de la Junta general en caso de modificaciones estatutarias (v\u00e9ase el apartado III de la exposici\u00f3n de motivos de la Ley)\u00bb. Cita a continuaci\u00f3n una serie de medidas tuitivas, establecidas en preceptos de la Ley 2\/1995, y trasladadas a la Ley de Sociedades de Capital, que se centran, en unos casos, en la exigencia del acuerdo de todos los socios, en otros, en la necesidad del consentimiento individual del socio afectado, y finalmente, en otros, en la posibilidad de separaci\u00f3n del socio disconforme. Esta idea tuitiva del socio que subyace en toda la Ley de Sociedades Limitadas y que ahora ha recibido igualmente la vigente Ley de Sociedades de Capital, debe servir para, en caso de duda, llegar a una interpretaci\u00f3n correcta de los preceptos legales. Y si bien es cierto que la Ley establece en determinados casos de forma expresa y espec\u00edfica el requisito de la unanimidad o el consentimiento de todos los socios, en el caso que nos ocupa la conclusi\u00f3n ha de ser la misma puesto que al tratarse de derechos individuales de los socios, los mismos deben ser protegidos con base en este car\u00e1cter en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 292 de la Ley de Sociedades de Capital. Pero incluso aunque no existiera el citado art\u00edculo 292, el resultado deber\u00eda ser el mismo, pues la introducci\u00f3n de su precedente, el art\u00edculo 71.1 p\u00e1rrafo segundo de la Ley 2\/1995, se hizo en la discusi\u00f3n parlamentaria mediante enmienda en cuya justificaci\u00f3n ya se reconoc\u00eda que \u00abaunque la indisponibilidad de los derechos individuales de los socios constituye un principio general que no precisa expresa declaraci\u00f3n legal, parece conveniente incluir en la Ley una referencia expresa a la necesidad de contar con el consentimiento de los socios afectados\u00bb. El acuerdo cuestionado disminuye indudablemente los derechos de los socios que no votaron a favor de la modificaci\u00f3n estatutaria propuesta y, por otra parte, no responde a un claro inter\u00e9s social pues se trata de beneficiar o incrementar los privilegios de las participaciones pertenecientes a determinado socio. En definitiva se priva al socio de su expectativa de ejercer su derecho de voto en condiciones de igualdad, pues el derecho de voto es com\u00fan para todos los socios, su posici\u00f3n en la sociedad cambia al modo que cambian las participaciones ordinarias con la creaci\u00f3n de nuevas participaciones privilegiadas o con el incremento del derecho de estas como sucede en el presente caso.<\/p>\n Por todo ello no puede acogerse la interpretaci\u00f3n del precepto en el sentido de que se refiere, con la expresi\u00f3n derechos individuales, a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como dijo la Resoluci\u00f3n citada de 21 de mayo de 1999, \u00abhan de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posici\u00f3n jur\u00eddica de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento de su titular, de modo que la protecci\u00f3n legal ahora debatida est\u00e1 justificada por el perjuicio que la alteraci\u00f3n estatutaria produzca sobre aqu\u00e9llos\u00bb. Y a\u00f1ade que \u00abtales derechos no son \u00fanicamente los atribuidos por disposici\u00f3n estatutaria, o la medida o proporci\u00f3n en \u00e9sta fijada, sino tambi\u00e9n los reconocidos \u00abex lege\u00bb con car\u00e1cter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado ser\u00e1 exigible no s\u00f3lo cuando se trate de una modificaci\u00f3n estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creaci\u00f3n de nuevas participaciones privilegiadas que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las posiciones jur\u00eddicas de los socios y la modificaci\u00f3n estatutaria implique la introducci\u00f3n de diferencias en el contenido de derechos\u00bb. En definitiva se hace preciso el consentimiento de los socios afectados pues la extensi\u00f3n del privilegio de determinadas participaciones, afecta de forma indirecta a las participaciones no privilegiadas, al disminuir de forma indefinida su derecho de voto en contra de su voluntad.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7 diciembre 2011<\/p>\n Derecho de voto<\/strong>.- 1. Se debate en el presente recurso la inscripci\u00f3n de determinados apartados de los Estatutos Sociales de una sociedad de responsabilidad limitada relativos a la celebraci\u00f3n de la Junta General mediante videoconferencia o cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n a distancia que garantice debidamente la identidad del sujeto; as\u00ed como la delegaci\u00f3n del voto por iguales medios.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El texto de los Estatutos objeto de controversia es del siguiente tenor: \u00abEl voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del d\u00eda de cualquier clase de Junta General podr\u00e1 delegarse o ejercitarse por el socio mediante correspondencia postal, electr\u00f3nica, por videoconferencia o cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n a distancia que garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce el derecho de voto\u00bb.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El registrador en su nota de calificaci\u00f3n manifiesta que \u00abtrat\u00e1ndose de una S.L. no cabe la celebraci\u00f3n de la Junta General, sustituyendo la concurrencia presencial de los socios, por una asistencia a distancia, mediante el medio de videoconferencia o an\u00e1logo, ya que esta posibilidad est\u00e1 reservada exclusivamente a los Estatutos de las SAs (arts. 179 y ss; y en especial art. 182 LSC a sentido contrario). Y tampoco se ha inscrito el \u00faltimo inciso de ese mismo p\u00e1rrafo pen\u00faltimo repetido de los apartados 1 y 2 del mismo art. 19, desde \u00abo videoconferencia\u00bb hasta el final, en este caso, por cuanto trat\u00e1ndose de una S.L. no cabe la delegaci\u00f3n del voto en la Junta General, sustituyendo la concurrencia presencial del socio mediante el medio de videoconferencia o an\u00e1logo, ya que esta posibilidad esta reservada exclusivamente a los Estatutos de las SAs, imponiendo por el contrario la Ley que en las SLs \u00abla representaci\u00f3n deber\u00e1 conferirse por escrito\u00bb (arts. 179 y ss; y en especial art. 184 LSC, en sentido contrario y 183.2 LSC y 186.4 RRM)\u00bb.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De la nota de calificaci\u00f3n cabe diferenciar dos cuestiones: La primera, relativa a la asistencia por videoconferencia o an\u00e1logo medio (esta cuesti\u00f3n puede verse, m\u00e1s adelante, en el apartado \u201cJunta general: asistencia\u201d); y la segunda, hace referencia a la delegaci\u00f3n de voto mediante el medio de videoconferencia o an\u00e1logo.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n el art\u00edculo 183.2 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, determina que \u00abla representaci\u00f3n deber\u00e1 conferirse por escrito. Si no constare en documento p\u00fablico, deber\u00e1 ser especial para cada junta\u00bb. En una interpretaci\u00f3n literal, podr\u00eda entenderse \u00abpor escrito\u00bb como carta, documento o cualquier papel manuscrito, mecanografiado o impreso.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pero esta interpretaci\u00f3n estrictamente literal debe ser rechazada, por cuanto el art\u00edculo 3 de la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica, expresamente determina que la firma electr\u00f3nica reconocida tendr\u00e1 respecto de los datos consignados en forma electr\u00f3nica el mismo valor que la firma manuscrita en relaci\u00f3n con los consignados en papel y considera firma electr\u00f3nica reconocida la firma electr\u00f3nica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creaci\u00f3n de firma.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por su parte, los art\u00edculos 23 a 29 de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n y del comercio electr\u00f3nico, regulan la contrataci\u00f3n por v\u00eda electr\u00f3nica, siendo de destacar de esta regulaci\u00f3n el art\u00edculo 23.3 cuando determina que siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier informaci\u00f3n relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entender\u00e1 satisfecho si el contrato o la informaci\u00f3n se contiene en un soporte electr\u00f3nico, no siendo de aplicaci\u00f3n lo dispuesto a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones; y el art\u00edculo 24.2 cuando se\u00f1ala que en todo caso, el soporte electr\u00f3nico en que conste un contrato celebrado por v\u00eda electr\u00f3nica ser\u00e1 admisible en juicio como prueba documental. En consonancia con lo expuesto, la expresada Ley modifica los art\u00edculos 1262 del C\u00f3digo Civil y 54 del C\u00f3digo de Comercio, expres\u00e1ndose en ambos que en los contratos celebrados mediante dispositivos autom\u00e1ticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tambi\u00e9n la Ley de Enjuiciamiento Civil regula dentro de los medios de prueba la reproducci\u00f3n de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso en los art\u00edculos 382 y siguientes.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De acuerdo con lo expuesto, ha de entenderse que la expresi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 183 de la Ley de Sociedades de Capital de que en las sociedades de responsabilidad limitada la representaci\u00f3n ha de constar por escrito no excluye otras forma de constancia y prueba de que la representaci\u00f3n ha sido otorgada, como pueden ser los medios telem\u00e1ticos o incluso audiovisuales, siempre que quede constancia en soporte grabado para su ulterior prueba.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En el presente expediente, se regula en los Estatutos que la delegaci\u00f3n del voto pueda hacerse mediante correspondencia postal, electr\u00f3nica, lo cual es plenamente admisible de acuerdo con lo dicho. Tambi\u00e9n se se\u00f1ala que puede utilizarse la videoconferencia o cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n a distancia, lo cual ser\u00eda admisible si quedara registrado en alg\u00fan tipo de soporte, pel\u00edcula, banda magn\u00e9tica o inform\u00e1tica, circunstancia que por no concurrir en este caso, ha de ser desestimado.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En consecuencia, esta Direcci\u00f3n General ha acordado estimar parcialmente el recurso en los t\u00e9rminos que resultan de los anteriores pronunciamientos.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 19 diciembre 2012<\/p>\n<\/a> Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Aunque el art\u00edculo 30 de la Ley, adem\u00e1s de las causas de disoluci\u00f3n establecidas, permite que en la escritura social se determinen otras, estas nuevas no pueden oponerse al sistema de la Ley, suprimiendo, restringiendo o condicionando el juego de las por ella establecidas.<\/p>\n 20 julio 1957<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- El pacto estatutario de disoluci\u00f3n de la Sociedad por muerte de uno de los socios no act\u00faa ipso facto<\/strong>, sino que s\u00f3lo puede aplicarse a instancia de los interesados -socios o acreedores- por lo que, fallecido uno de los dos socios y transmitidas sus participaciones por el heredero del socio premuerto al sobreviviente, no se disuelve la Sociedad [7]<\/sup><\/sup><\/a>.<\/p>\n 22 noviembre 1957<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Es v\u00e1lido el pacto que permite evitar la liquidaci\u00f3n de la sociedad, acordada su disoluci\u00f3n, si los socios contrarios al acuerdo manifiestan su voluntad de comprar las participaciones de los restantes.<\/p>\n 7 abril 1981<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Otorgada escritura de liquidaci\u00f3n por los dos \u00fanicos socios y Administradores mancomunados, que, reunidos en Junta general, acordaron la disoluci\u00f3n de la sociedad, no se considera vulnerado el art\u00edculo 32 de los Estatutos, que dec\u00eda: \u00abSi la Junta general no acordara otra cosa, los Administradores de la sociedad seguir\u00e1n teniendo la representaci\u00f3n de la misma durante su liquidaci\u00f3n, quedando encargados de ella, en cuyas operaciones se ajustar\u00e1n a lo que acuerde la Junta general y, en su defecto, a lo dispuesto en el C\u00f3digo de Comercio. Si fueran pares se nombrar\u00e1 un n\u00famero impar de liquidadores\u00bb. S\u00ed se considera defecto, en cambio, conforme al art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Comercio, que el balance de cuentas sea anterior en m\u00e1s de dos meses al acuerdo de disoluci\u00f3n, y ello aunque el recurrente alegue que dicho balance puede estimarse como el cierre final por no haber realizado la sociedad operaci\u00f3n alguna durante dicho per\u00edodo, puesto que tal declaraci\u00f3n no consta en la escritura.<\/p>\n 20 julio 1984<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Es inscribible la escritura de disoluci\u00f3n de una sociedad cuyos miembros, aun existiendo deudas sociales seg\u00fan balance, acuerdan adjudicarse pro indiviso<\/strong> el \u00fanico bien social, pues en tal caso el acuerdo de disoluci\u00f3n es v\u00e1lido y lo \u00fanico que ocurre es que no puede el Registrador reflejar la liquidaci\u00f3n (que no se ha producido) y extinci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de la sociedad (que contin\u00faa existiendo).<\/p>\n 28 julio 1986<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Planteado el supuesto durante la vigencia de la Ley de 23 de marzo de 1995 y del Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de 1989, se considera que, en el caso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de una sociedad de responsabilidad limitada, no son aplicables las exigencias del citado Reglamento (dep\u00f3sito de los libros en el Registro Mercantil y aprobaci\u00f3n del balance y publicaci\u00f3n de \u00e9ste en el Bolet\u00edn Oficial del Registro Mercantil y uno de los diarios de mayor circulaci\u00f3n en el lugar del domicilio social). En cuanto a la publicaci\u00f3n, por tratarse de una extralimitaci\u00f3n no impuesta por ninguna norma del C\u00f3digo de Comercio, al que se remit\u00eda la Ley anterior; y en cuanto al dep\u00f3sito de los libros, porque adem\u00e1s de no existir norma legal que lo impusiera, esta obligaci\u00f3n parec\u00eda contrariar la obligaci\u00f3n de conservarlos, impuesta por el C\u00f3digo de Comercio a los Liquidadores. Por su parte, la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada no impone la publicidad del balance, que tampoco puede imponer ninguna norma reglamentaria, ni el dep\u00f3sito de la documentaci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\n 12 febrero 1999<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Aunque los Estatutos sociales prevean para la disoluci\u00f3n de la sociedad unas determinadas mayor\u00edas que no se cumplen en el acuerdo adoptado, que se basa en la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, es inscribible el acuerdo si, como en este caso, se trataba de una sociedad no adaptada a\u00fan a la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pues en tal supuesto la cl\u00e1usula estatutaria se limitaba a transcribir el contenido de una norma de la anterior ley y que no evidencia por s\u00ed misma una voluntad espec\u00edfica de los socios en favor de un porcentaje m\u00ednimo de votos, sino, tan s\u00f3lo, la expresa subordinaci\u00f3n a las exigencias del legislador, teniendo en cuenta que la vigente Ley, para el caso de imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, ha reducido la mayor\u00eda exigible respecto de la prevista en la Ley anterior.<\/p>\n 26 octubre 1999<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Ver, m\u00e1s atr\u00e1s, \u00abAdministradores. Facultades\u00bb.<\/p>\n 25 febrero 2000<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- Aunque es principio b\u00e1sico en nuestro Derecho el de la previa satisfacci\u00f3n de los acreedores sociales como requisito inexcusable para el reparto del haber social entre los socios, cuando se acredita la inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelaci\u00f3n de los asientos registrales de la sociedad, la cual no perjudica al acreedor, pues la cancelaci\u00f3n de asientos no implica la extinci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de la sociedad, sino que se trata de una f\u00f3rmula de mec\u00e1nica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que puede preceder a la definitiva extinci\u00f3n de su personalidad jur\u00eddica.<\/p>\n 13 abril 2000<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- 2. En segundo lugar (la nota recurrida conten\u00eda siete defectos, que se examinan por separado en diferentes apartados), ha de examinarse la adecuaci\u00f3n a la ley de la mayor\u00eda exigida por el art\u00edculo 9.\u00ba B) de los mismos estatutos para acordar la disoluci\u00f3n de la sociedad, sin distinci\u00f3n de supuestos, y que se fija en m\u00e1s del ochenta por ciento del capital social.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Es cierto que el art\u00edculo 53 de la Ley reguladora del tipo social permite reforzar o aumentar las mayor\u00edas legalmente exigibles para la adopci\u00f3n de determinados acuerdos, pero ese margen a la libertad tiene tambi\u00e9n sus l\u00edmites, tales como los establecidos en los art\u00edculos 68 y 69, expresamente salvados por el anterior, o, y es el que aqu\u00ed interesa, el previsto en el art\u00edculo 105.1, que se remite claramente a la mayor\u00eda prevista en el apartado 1.\u00ba del art\u00edculo 53 de la Ley \u2013mayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social\u2013 para acordar la disoluci\u00f3n por cualquiera de las causas previstas en las letras c) a g) del apartado 1 y en el apartado 2 del art\u00edculo anterior.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El argumento del recurrente en el sentido de que el apartado 1 b) del art\u00edculo 104 de la Ley permite que los estatutos refuercen la mayor\u00eda a exigir no puede prosperar. Ciertamente la causa de disoluci\u00f3n prevista en dicho apartado, el acuerdo puramente voluntario y discrecional de la Junta General, puede ser condicionada por los estatutos a la concurrencia de una concreta mayor\u00eda reforzada, pero no as\u00ed los supuestos contemplados en el apartado 1 del art\u00edculo 105, en que no cabe autonom\u00eda estatutaria para reforzar la mayor\u00eda legalmente establecida, y dado que la regla estatutaria no distingue entre unos u otros supuestos desde el momento en que se refiere a todo acuerdo de disoluci\u00f3n, incluidos por tantos los de mera constataci\u00f3n o corroboraci\u00f3n de la existencia de una causa legal de disoluci\u00f3n siempre susceptibles de ser declaradas subsidiariamente por resoluci\u00f3n judicial (cfr. art\u00edculo 105.3), ha de confirmarse la calificaci\u00f3n que lo rechaza.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4 mayo 2005<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- 1. Se recurre la negativa del registrador a hacer constar la disoluci\u00f3n de una sociedad de responsabilidad limitada solicitada con base en el argumento de estar la misma descapitalizada, lo que le impide proseguir realizando la actividad que constitu\u00eda su objeto social.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ahora bien, \u00e9sta, como en general las restantes causas legales de disoluci\u00f3n, salvo las excepciones que suponen el transcurso del t\u00e9rmino fijado o la que despu\u00e9s se ver\u00e1 y que operan ipso iure, no es autom\u00e1tica sino que exige un acuerdo del \u00f3rgano competente, la junta general (cfr. art\u00edculo 105.1 de la Ley), precisamente la misma que puede acordar las medidas tendentes a eliminar esa situaci\u00f3n que legalmente exige la disoluci\u00f3n (cfr. apartado 2.\u00ba del mismo art\u00edculo) o, en su defecto, una resoluci\u00f3n judicial que la declare. Por tanto, la sola voluntad de un tercero ajeno a la sociedad, ni incluso la de un socio o administrador, puede provocar ese efecto, al margen de que cualquiera de ellos, el primero en la medida que est\u00e9 interesado, resulte legitimado para instar la disoluci\u00f3n judicial subsidiaria si la junta no se convocara, celebrara o acordara la disoluci\u00f3n cuando fuera legalmente procedente o tomara otro acuerdo que provocase la remoci\u00f3n de la causa legal de disoluci\u00f3n (art. 105.3).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pero a la vista del expediente no es \u00e9sta la que se alega como causa de disoluci\u00f3n de la sociedad sino la contemplada en el fundamento anterior y, en consecuencia, una solicitud como la que ha dado lugar al presente recurso no es atendible en el \u00e1mbito registral y obliga a confirmar la calificaci\u00f3n de que fue objeto con desestimaci\u00f3n del recurso interpuesto frente a ella, del mismo modo que no tiene cabida la petici\u00f3n de notificaci\u00f3n al ICAC de la alegada falta de dep\u00f3sito de las cuentas anuales que ya tiene el tratamiento que en cuanto a comunicaciones establece el art\u00edculo 334 del Reglamento del Registro Mercantil.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta Direcci\u00f3n General ha acordado desestimar el recurso.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 27 octubre 2005<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- 1. En el supuesto al que se refiere este recurso se presenta una escritura de formalizaci\u00f3n de acuerdos sociales de una sociedad ya disuelta, por la que se deja constancia de su liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n. En ella, el liquidador manifiesta que existe un solo acreedor, al que no se le ha pagado ni asegurado su cr\u00e9dito (de 140.468,97 euros) por encontrarse la sociedad en estado de insolvencia total y definitiva, sin activo social alguno, seg\u00fan se acredita con el balance final de liquidaci\u00f3n. A\u00f1ade que no se ha solicitado procedimiento concursal judicial porque la pluralidad de acreedores es presupuesto necesario para la existencia de tal procedimiento. Por ello, se declara liquidada y extinguida la sociedad y se solicita la correspondiente cancelaci\u00f3n de su hoja registral al amparo de la Resoluci\u00f3n de este Centro Directivo de 13 de abril de 2000, que se cita.<\/p>\n El Registrador Mercantil resuelve no practicar el asiento registral solicitado por entender que el pago a los acreedores es requisito previo a la liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n de la sociedad; porque considera que el procedimiento legal previsto para la extinci\u00f3n de la sociedad cuando no hay haber social con el que satisfacer a los acreedores es el concurso de acreedores; porque, a su juicio, la Resoluci\u00f3n de esta la Direcci\u00f3n General de 13 de abril de 2000 no es aplicable por ser anterior a la entrada en vigor de la Ley Concursal; y, en fin, porque entiende que \u2013frente al pretendido requisito de pluralidad de acreedores para instar el procedimiento concursal\u2013, el concurso de acreedores est\u00e1 configurado en su regulaci\u00f3n legal actual no s\u00f3lo como un procedimiento de reparto del haber social entre los acreedores, sino tambi\u00e9n como un procedimiento alternativo de extinci\u00f3n de la sociedad en el Registro Mercantil, en el caso de que los liquidadores no puedan realizar las manifestaciones que le impone el art\u00edculo 395 de la Ley de Sociedades de Capital para el otorgamiento de la escritura de liquidaci\u00f3n de la sociedad: que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos.<\/p>\n El recurrente alega, en esencia, que los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital referentes a la obligaci\u00f3n del liquidador del pago de las deudas sociales, satisfacci\u00f3n de los acreedores o consignaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos como presupuesto previo a la extinci\u00f3n de la sociedad, no son aplicables si la situaci\u00f3n de la entidad es la de insolvencia total y definitiva. Asimismo, considera que la pluralidad de acreedores es un presupuesto imprescindible de la declaraci\u00f3n de una situaci\u00f3n concursal, seg\u00fan resulta no s\u00f3lo de la propia denominaci\u00f3n del procedimiento sino de numerosos preceptos de la Ley Concursal. Y a\u00f1ade que en caso de existencia de un \u00fanico acreedor su protecci\u00f3n se asegura mediante la ejecuci\u00f3n singular frente al deudor, con base en el principio de responsabilidad patrimonial universal derivado del art\u00edculo 1911 del C\u00f3digo Civil, con posibilidad de ejercitar las acciones previstas en este C\u00f3digo para los actos realizados en fraude de acreedores (art\u00edculo 1291-3.\u00ba) o por medio de la acci\u00f3n revocatoria o pauliana (art\u00edculo 1111).<\/p>\n En este sentido, antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayor\u00eda de la doctrina y el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de enero de 1984, consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaraci\u00f3n de quiebra o la admisi\u00f3n de la solicitud de suspensi\u00f3n de pagos (cfr. la Sentencia de 9 de enero de 1984: \u00ab\u2026la naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro,\u2026 que el de sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre ella pesan, a las responsabilidades econ\u00f3micas contra\u00eddas, mediante un proceso de ejecuci\u00f3n general, de modo que si no existe la necesidad de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la manera justa que el procedimiento universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones individuales, a que, en principio, tienen derecho los acreedores, caben en el activo patrimonial del comerciante, por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situaci\u00f3n de quiebra como contenido de una declaraci\u00f3n\u2026\u00bb).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se declare a un deudor en situaci\u00f3n concursal, la mayor\u00eda de los comentaristas infieren la existencia de tal presupuesto no s\u00f3lo de la propia Exposici\u00f3n de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa pluralidad de acreedores. As\u00ed, tambi\u00e9n se considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, que no se dirigen a satisfacer a un acreedor individual, ya que \u00e9ste cuenta con el proceso de ejecuci\u00f3n singular. As\u00ed, seg\u00fan el p\u00e1rrafo quinto del apartado II de dicho pre\u00e1mbulo, \u00abEl nombre elegido para denominar el procedimiento \u00fanico es el de \u00abconcurso\u00bb, expresi\u00f3n cl\u00e1sica que, desde los tratadistas espa\u00f1oles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodr\u00edguez (\u00abTractatus de concursu\u00bb, 1616) y de Francisco Salgado de Somoza (\u00abLabyrinthus creditorum concurrentium\u00bb, 1646), pas\u00f3 al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor com\u00fan\u2026\u00bb. Seg\u00fan el art\u00edculo 2.1 la declaraci\u00f3n de concurso procede en caso de insolvencia del \u00abdeudor com\u00fan\u00bb (de lo que evidencia la existencia de varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los art\u00edculos 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.\u00ba, 19.3, 21.1.5.\u00ba, 21.4, 27.1.3.\u00ba, 36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.\u00ba, 76 y siguientes, entre otros.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta interpretaci\u00f3n tiene apoyo mayoritario, frente a alg\u00fan autor que la ha puesto en duda por entender que la existencia de intereses p\u00fablicos dignos de tutela, har\u00edan aconsejable la apertura del concurso tambi\u00e9n en caso de un solo acreedor. Seg\u00fan esto, la pluralidad de acreedores es una caracter\u00edstica natural pero no esencial del procedimiento concursal, de modo que debe \u00e9ste admitirse tambi\u00e9n como medio de ejecuci\u00f3n universal para satisfacer el derecho de un \u00fanico acreedor.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Como puso de relieve este Centro Directivo en Resoluci\u00f3n de 13 de abril de 2000, aunque es principio b\u00e1sico de nuestro ordenamiento jur\u00eddico societario que el reparto del haber social entre los socios requiere inexcusablemente la previa satisfacci\u00f3n de los acreedores sociales \u2013o la consignaci\u00f3n o el dep\u00f3sito del importe de la obligaci\u00f3n pendiente e, incluso, su aseguramiento o afianzamiento, seg\u00fan los casos\u2013 (cfr. art\u00edculos 391.2, 394.1, 395 y 396 de la Ley de Sociedades de Capital, 235 del C\u00f3digo de Comercio, y 1708 en relaci\u00f3n con el 1082, del C\u00f3digo Civil), es tambi\u00e9n cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o consignaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que si resulta acreditada la inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelaci\u00f3n de los asientos registrales de la sociedad. Por ello, para practicar tal cancelaci\u00f3n, en dicha Resoluci\u00f3n se estim\u00f3 suficiente que en el balance de liquidaci\u00f3n, y bajo la responsabilidad del liquidador, constara la inexistencia de activo alguno para la satisfacci\u00f3n del acreedor.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por otra parte, la cancelaci\u00f3n de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jur\u00eddicas pendientes de la misma (cfr. art\u00edculos 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 de la Ley de Sociedades de Capital y 228 del C\u00f3digo de Comercio; y, por todas, la Resoluci\u00f3n de 5 de marzo de 1996). La cancelaci\u00f3n de los asientos registrales de una sociedad no es sino una f\u00f3rmula de mec\u00e1nica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disoluci\u00f3n, es que se considere terminada la liquidaci\u00f3n. Por ello, no impedir\u00e1 la ulterior responsabilidad de la sociedad si despu\u00e9s de formalizarse e inscribirse la escritura p\u00fablica de extinci\u00f3n de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidaci\u00f3n (cfr. art\u00edculo 398 de la Ley de Sociedades de Capital).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta Direcci\u00f3n General ha acordado estimar el recurso en los t\u00e9rminos que resultan de los precedentes fundamentos de Derecho. [8]<\/sup><\/sup><\/a><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 29 abril 2011<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- El objeto de este recurso, que puede verse m\u00e1s adelante, en el apartado \u201cLiquidaci\u00f3n\u201d, es determinar si para inscribir una escritura de liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n de una sociedad es necesaria una notificaci\u00f3n previa al socio no asistente a la junta en que se adopt\u00f3 el acuerdo.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3 marzo 2012<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- 1. La cuesti\u00f3n que se plantea en el presente expediente se centra en si es inscribible en el Registro Mercantil una escritura de formalizaci\u00f3n de acuerdos sociales de una sociedad ya disuelta, por la que se deja constancia de su liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n. En dicha escritura el liquidador manifiesta que existe un solo acreedor, al que no se le ha pagado ni asegurado su cr\u00e9dito por encontrarse la sociedad en estado de insolvencia total y definitiva, sin activo social alguno, seg\u00fan se acredita con el balance final de liquidaci\u00f3n. Se a\u00f1ade que no es posible la solicitud de procedimiento concursal judicial porque la pluralidad de acreedores es presupuesto necesario para la existencia de tal procedimiento. Por ello, se declara liquidada y extinguida la sociedad y se solicita la correspondiente cancelaci\u00f3n de su hoja registral al amparo de la Resoluci\u00f3n de este Centro Directivo de 13 de abril de 2000, y la de 29 de abril de 2011 que se cita.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El registrador Mercantil resuelve no practicar el asiento registral solicitado por entender que el pago a los acreedores es requisito previo a la liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n de la sociedad, y porque considera que el procedimiento legal previsto para la extinci\u00f3n de la sociedad, cuando no hay haber social con el que satisfacer a los acreedores, es el concurso de acreedores.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El recurrente alega, en esencia, que los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital referentes a la obligaci\u00f3n del liquidador del pago de las deudas sociales, satisfacci\u00f3n de los acreedores o consignaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos como presupuesto previo a la extinci\u00f3n de la sociedad, no son aplicables si la situaci\u00f3n de la entidad es la de insolvencia total y definitiva. Asimismo, considera que la pluralidad de acreedores es un presupuesto imprescindible de la declaraci\u00f3n de una situaci\u00f3n concursal, seg\u00fan resulta no s\u00f3lo de la propia denominaci\u00f3n del procedimiento sino de numerosos preceptos de la Ley Concursal. Y a\u00f1ade que en caso de existencia de un \u00fanico acreedor su protecci\u00f3n se asegura mediante la ejecuci\u00f3n singular frente al deudor, con base en el principio de responsabilidad patrimonial universal derivado del art\u00edculo 1911 del C\u00f3digo Civil, con posibilidad de ejercitar las acciones previstas en este C\u00f3digo para los actos realizados en fraude de acreedores (art\u00edculo 1291.3.\u00ba) o por medio de la acci\u00f3n revocatoria o pauliana (art\u00edculo 1111).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pues bien, las normas mercantiles aplicables a la liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n de la sociedad, rectamente interpretadas, conducen a la confirmaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n. La primera obligaci\u00f3n de los liquidadores es la formaci\u00f3n de un balance y de un inventario con referencia al d\u00eda en que se hubiera disuelto la sociedad (cfr. art\u00edculo 383 de la Ley de Sociedades de Capital). Una vez realizado el inventario y balance deber\u00e1n proceder, de conformidad con el art\u00edculo 385 de la Ley de Sociedades de Capital, al pago de las deudas sociales. Y es precisamente en esta fundamental fase de la liquidaci\u00f3n de la sociedad donde surge el problema que motiva el presente recurso. Seg\u00fan manifiesta el liquidador en la certificaci\u00f3n de los acuerdos de la junta y en la escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de dichos acuerdos, existe un \u00fanico acreedor de la sociedad (al que adem\u00e1s se le identifica de forma incompleta), y por ello ante la inexistencia de bienes con que satisfacer su cr\u00e9dito procede a dar por concluidas las operaciones de liquidaci\u00f3n solicitando el cierre de la hoja de la sociedad en el Registro Mercantil con la consiguiente extinci\u00f3n de su personalidad jur\u00eddica. Pero olvida el liquidador de la sociedad toda una serie de normas mercantiles que debe cumplir antes de llegar a la fase de cierre de la hoja de la sociedad con la consiguiente extinci\u00f3n de la misma. Una de dichas obligaciones, y esencial en este caso, es la que le impone el art\u00edculo 388.1 de la Ley de Sociedades de Capital relativa al deber de hacer llegar a los acreedores \u00abel estado de la liquidaci\u00f3n por los medios que resulten m\u00e1s eficaces\u00bb. Parece evidente que en el caso que nos ocupa el liquidador no debe limitarse a constatar la existencia de un \u00fanico acreedor y la inexistencia de bienes con que satisfacer su deuda, sino que debe cumplir con la obligaci\u00f3n que le impone dicho precepto a fin de que el acreedor pueda reaccionar en defensa de sus derechos. Si as\u00ed no lo hiciera, ese acreedor podr\u00eda encontrarse sorpresivamente ante la situaci\u00f3n de que cuando intentara el cobro de su cr\u00e9dito, bien por procedimientos de ejecuci\u00f3n singular o bien por procedimientos de ejecuci\u00f3n colectiva, su deudor habr\u00eda desaparecido del mundo de los sujetos de derecho, careciendo su cr\u00e9dito de sujeto pasivo o persona contra la que dirigir la acci\u00f3n de reclamaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta es una situaci\u00f3n que el Derecho no puede amparar, pues ante el vac\u00edo legal que se produce en esta materia, sin norma legal directamente aplicable al caso, adem\u00e1s de a los preceptos de la legislaci\u00f3n societaria y concursal que analizamos en los siguientes fundamentos jur\u00eddicos de esta Resoluci\u00f3n, debe recurrirse supletoriamente a los principios generales del Derecho, aplicables en defecto de ley o de costumbre (cfr. art\u00edculo 1 del C\u00f3digo Civil), y entre estos figuran los que rechazan el enriquecimiento injusto o los que proscriben la indefensi\u00f3n de los acreedores frente a actuaciones unilaterales de sus deudores. Se trata, en definitiva, de una cautela en evitaci\u00f3n de que por la simple declaraci\u00f3n de una persona queden definitivamente fijados derechos y publicadas situaciones jur\u00eddicas firmes en el Registro Mercantil amparadas por el principio de legitimaci\u00f3n, cautela de la que hay diversas manifestaciones en nuestra legislaci\u00f3n (cfr. v.gr. art\u00edculo 111 del Reglamento del Registro Mercantil).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Insiste en esta idea fundamental de protecci\u00f3n de los acreedores, como garant\u00eda de seguridad jur\u00eddica en el tr\u00e1fico mercantil y, por tanto, de fomento del mismo, la Ley de Sociedades de Capital en el art\u00edculo 391.2 al establecer que la satisfacci\u00f3n de los acreedores es previa a la satisfacci\u00f3n de los socios, tras lo cual exige de forma terminante, en el art\u00edculo 395.1.b, para la extinci\u00f3n definitiva de la sociedad que en la escritura p\u00fablica de extinci\u00f3n de la sociedad los liquidadores deber\u00e1n manifestar que se ha procedido \u00abal pago de los acreedores o a la consignaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos\u00bb. En consonancia con esta norma el art\u00edculo 247.2.3.\u00aa del Reglamento del Registro Mercantil, tambi\u00e9n exige para la \u00abcancelaci\u00f3n de los asientos registrales de la sociedad\u00bb la manifestaci\u00f3n de que se ha procedido a la satisfacci\u00f3n de los acreedores o a la consignaci\u00f3n o aseguramiento de sus cr\u00e9ditos\u00bb. Estas dos normas interpretadas, seg\u00fan el sentido propio de sus palabras, atendiendo a su esp\u00edritu y finalidad (cfr. art\u00edculo 3.1 del C\u00f3digo Civil), nos llevan a la conclusi\u00f3n, \u00aba sensu contrario\u00bb, de la imposibilidad de otorgar la escritura p\u00fablica de extinci\u00f3n de la sociedad y la consiguiente cancelaci\u00f3n de los asientos registrales de la misma, si existen acreedores pendientes de pago, siendo indiferente a estos efectos que exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente un \u00fanico acreedor. Este trato indistinto para ambas situaciones resulta perfectamente l\u00f3gico, pues en caso contrario se producir\u00eda el efecto parad\u00f3jico de dispensar un trato peor al acreedor \u00fanico frente a una pluralidad de acreedores. Y es que la sociedad mantiene su aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y por tanto su personalidad jur\u00eddica, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jur\u00eddicas pendientes de las mismas (cfr. art\u00edculos 390.1, 391.2 y 395.1 de la Ley de Sociedades de Capital y 228 del C\u00f3digo de Comercio).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ciertamente, antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayor\u00eda de la doctrina y el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de enero de 1984, consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaraci\u00f3n de quiebra o la admisi\u00f3n de la solicitud de suspensi\u00f3n de pagos (cfr. la Sentencia de 9 de enero de 1984). Es igualmente cierto que, aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se declare a un deudor en situaci\u00f3n concursal, una parte de nuestra doctrina infiere la existencia de tal presupuesto no s\u00f3lo de la propia Exposici\u00f3n de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa pluralidad de acreedores. As\u00ed, tambi\u00e9n se considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, que no se dirigen a satisfacer a un acreedor individual, ya que \u00e9ste cuenta con el proceso de ejecuci\u00f3n singular. As\u00ed, seg\u00fan el p\u00e1rrafo quinto del apartado II de dicho pre\u00e1mbulo, \u00abEl nombre elegido para denominar el procedimiento \u00fanico es el de \u00abconcurso\u02ee, expresi\u00f3n cl\u00e1sica que, desde los tratadistas espa\u00f1oles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodr\u00edguez (\u00abTractatus de concursu\u02ee, 1616) y de Francisco Salgado de Somoza (\u00abLabyrinthus creditorum concurrentium\u02ee, 1646), pas\u00f3 al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor com\u00fan\u2026\u00bb. Seg\u00fan el art\u00edculo 2.1 la declaraci\u00f3n de concurso procede en caso de insolvencia del \u00abdeudor com\u00fan\u00bb (de lo que evidencia la existencia de varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los art\u00edculos 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.\u00ba, 19.3, 21.1.5.\u00ba, 21.4, 27.1.3.\u00ba, 36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.\u00ba, 76 y siguientes, entre otros.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 No obstante los razonamientos anteriores, puestos de manifiesto en la Resoluci\u00f3n de este Centro Directivo de 29 de abril de 2011 invocada por el recurrente, existen otra serie de normas en nuestra Ley Concursal, fundamentalmente las relativas al concurso necesario, en que no se parte de la existencia de una pluralidad de acreedores, sino que un \u00fanico acreedor dispone de legitimaci\u00f3n activa para solicitar, como alternativa a la ejecuci\u00f3n singular del patrimonio de su deudor, la declaraci\u00f3n de concurso necesario para poder as\u00ed gozar de las garant\u00edas que proporciona la ejecuci\u00f3n jurisdiccional de los bienes del concursado, evitando de forma simult\u00e1nea la artificiosa creaci\u00f3n de una situaci\u00f3n de insolvencia del deudor. As\u00ed, el art\u00edculo 1 de la Ley Concursal que habla de \u00abcualquier acreedor\u00bb, el art\u00edculo 2.4 que, en concordancia con el art\u00edculo 7, se refiere a un acreedor como solicitante de la declaraci\u00f3n del concurso pudiendo adem\u00e1s basarla en la \u00abliquidaci\u00f3n apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor\u00bb, el art\u00edculo 15 sobre provisi\u00f3n de la solicitud del concurso o el art\u00edculo 25 sobre la declaraci\u00f3n conjunta de concurso de varios deudores. Pero si dichos art\u00edculos son meramente indiciarios de la posible existencia de concurso con un solo acreedor, el nuevo art\u00edculo 48 ter, introducido en la Ley Concursal por la reforma de la Ley 38\/2011, de 10 de octubre, posterior a la Resoluci\u00f3n antes citada, lo confirma al establecer la previsi\u00f3n de unas medidas cautelares a favor del acreedor del concurso, cuya adopci\u00f3n pueden producirse incluso de oficio, concretadas en la posibilidad de embargar los bienes y derechos de los administradores o liquidadores de hecho o de derecho, apoderados generales o de quienes hubieren tenido dicha condici\u00f3n en los dos a\u00f1os anteriores \u00abcuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificaci\u00f3n las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del d\u00e9ficit resultante de la liquidaci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en esta ley\u00bb.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta medida cautelar, confirma la necesidad del cambio de criterio que en esta Resoluci\u00f3n se opera respecto de la citada de 29 de abril de 2011, pues dada la trascendencia de la misma y su importancia para el acreedor de la sociedad, es evidente que no puede privarse a dicho acreedor de su obtenci\u00f3n, provoc\u00e1ndole una indefensi\u00f3n patente, por medio del proceso seguido en la escritura calificada de constatar de forma privada la inexistencia de bienes y la existencia de un \u00fanico acreedor. Tambi\u00e9n son fundamentales a estos efectos todas las normas que sobre calificaci\u00f3n del concurso se contienen en los art\u00edculos 167 y siguientes de la Ley Concursal, algunos profundamente afectados por la reforma de 10 de octubre de 2011. As\u00ed el nuevo art\u00edculo 172 bis establece la responsabilidad concursal, si el juez as\u00ed lo estima, pudiendo \u00abcondenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jur\u00eddica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificaci\u00f3n a la cobertura, total o parcial, del d\u00e9ficit\u00bb. A\u00f1adiendo a continuaci\u00f3n que \u00absi el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la secci\u00f3n sexta por incumplimiento del convenio, el juez atender\u00e1 para fijar la condena al d\u00e9ficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificaci\u00f3n como a los determinantes de la reapertura\u00bb. Y termina disponiendo que \u00aben caso de pluralidad de condenados, la sentencia deber\u00e1 individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participaci\u00f3n en los hechos que hubieran determinado la calificaci\u00f3n del concurso\u00bb. Resultar\u00eda jur\u00eddicamente injusto para el acreedor de la sociedad privarle de las medidas establecidas en su beneficio en la Ley Concursal ante la laguna legal existente en las leyes mercantiles y concursales acerca de la liquidaci\u00f3n de la sociedad con un \u00fanico acreedor y sin haber social para su pago.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta Direcci\u00f3n General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos que resultan de los anteriores fundamentos de derecho.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2 julio 2012<\/p>\n Disoluci\u00f3n<\/strong>.- A la vista del escrito de interposici\u00f3n del recurso la \u00fanica cuesti\u00f3n que plantea este expediente es si ser\u00e1 inscribible, una vez removido el obst\u00e1culo se\u00f1alado en primer t\u00e9rmino en la calificaci\u00f3n que no ha sido objeto de recurso, un acuerdo de disoluci\u00f3n de sociedad domiciliada en el t\u00e9rmino municipal de Madrid, cuando la junta general que adopta los acuerdos, a la que asistieron el 52,51% del capital social, se celebra en el t\u00e9rmino municipal de Valencia, localidad distante unos 355 kil\u00f3metros del domicilio social (la resoluci\u00f3n de este recurso se inserta, m\u00e1s adelante, en el apartado \u201cJunta general: lugar de celebraci\u00f3n\u201d).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20 noviembre 2012<\/p>\n<\/a> Domicilio: Cambio<\/strong>.- Aunque por domicilio puede entenderse un pa\u00eds, una poblaci\u00f3n o un inmueble o finca concreta, parece que el segundo sentido es el que debe prevalecer, y en \u00e9l se orientan la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Reglamento del Registro Mercantil de 1956, la Resoluci\u00f3n de 7 de junio de 1983 y el vigente art\u00edculo 149 de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, que salvo disposici\u00f3n en contra de los Estatutos, para acordar los Administradores el traslado de domicilio dentro del mismo t\u00e9rmino municipal, s\u00f3lo exige escritura p\u00fablica e inscripci\u00f3n en el Registro. Esta soluci\u00f3n, anal\u00f3gicamente, es aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada y, por tanto, no existe obst\u00e1culo alguno que impida la inscripci\u00f3n de una regla estatutaria que no s\u00f3lo exonera el cambio de domicilio social dentro del mismo t\u00e9rmino municipal de los requisitos que requiere su traslado fuera de \u00e9l, sino que expresamente establece un r\u00e9gimen espec\u00edfico para ello.<\/p>\n 9 marzo 1994<\/p>\n Domicilio: Cambio<\/strong>.- La determinaci\u00f3n del domicilio social es una menci\u00f3n estatutaria esencial y su traslado fuera del t\u00e9rmino municipal ha de cumplir las exigencias que se establecen con car\u00e1cter general para toda modificaci\u00f3n estatutaria. Por esta raz\u00f3n, y porque el domicilio debe ser \u00fanico, no es inscribible la escritura de disoluci\u00f3n de una sociedad en la que se expresa que el domicilio de \u00e9sta, mientras dure el proceso de liquidaci\u00f3n, ser\u00e1 uno determinado, distinto al que figura en los estatutos, sin que se haya acordado el traslado de \u00e9ste.<\/p>\n 9 octubre 1999<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Domicilio: cambio<\/strong>.- Se plantea en este recurso la inscripci\u00f3n de una escritura de cambio de domicilio de una sociedad unipersonal, d\u00e1ndose la circunstancia de que el socio \u00fanico es una persona distinta de la figura en el Registro. La Resoluci\u00f3n puede verse, m\u00e1s adelante, en el apartado \u201cSociedad unipersonal\u201d.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 21 febrero 2011<\/p>\n Domicilio: cambio<\/strong>.- En esta resoluci\u00f3n, que puede verse en el apartado \u201cCERTIFICACI\u00d3N. Competencia del registrador para expedirla\u201d, lo que se plantea en realidad es un problema que dif\u00edcilmente volver\u00e1 a repetirse. Con motivo del cambio de domicilio de una sociedad, se expidi\u00f3 una certificaci\u00f3n por el registrador del Registro de origen y la registradora del Registro de destino suspendi\u00f3 su tramitaci\u00f3n por considerar incompetente al registrador firmante de la certificaci\u00f3n, cuyo nombramiento en concurso hab\u00eda sido declarado nulo.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 11 julio 2011<\/p>\n<\/a> Contenido.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Modificaci\u00f3n.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Requisitos formales.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n <\/a>Estatutos: contenido<\/strong>.- Los Estatutos, como negocio constitutivo, pueden contener un convenio arbitral para la resoluci\u00f3n de controversias de car\u00e1cter social, que vincula a los futuros socios como una regla org\u00e1nica m\u00e1s, igual que las que imponen restricciones a la transmisi\u00f3n de participaciones sociales u obligan a realizar prestaciones accesorias. Admitida la validez de esta norma, no puede imponerse una determinaci\u00f3n de las controversias sujetas y excluidas del arbitraje, pues ello supondr\u00eda tener que llevar a cabo un recorrido por todo el derecho de sociedades para ir casu\u00edsticamente incluyendo o excluyendo unos u otros supuestos, con el evidente riesgo de no agotarlas. En definitiva, esta regla debe interpretarse en el sentido de que se limita a sujetar a arbitraje las controversias \u00absocietarias\u00bb y excluye todas aquellas \u00abcuestiones que sean de libre disposici\u00f3n\u00bb.<\/p>\n 19 febrero 1998<\/p>\n Estatutos: contenido<\/strong>.- 5. Los defectos cobijados bajo los ordinales quinto y s\u00e9ptimo (la nota recurrida conten\u00eda siete defectos, que se examinan por separado en diferentes apartados) pueden examinarse conJuntamente pues ambos surgen a prop\u00f3sito de unas a modo de previsiones de futuro en orden a la organizaci\u00f3n interna de la sociedad sobre la base de su car\u00e1cter familiar.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tal condici\u00f3n, y a salvo especialidades en su tratamiento fiscal, no tiene un r\u00e9gimen jur\u00eddico particular, lo cual no significa que dentro del marcado car\u00e1cter dispositivo de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el principio de libre autonom\u00eda de la voluntad que consagra su art\u00edculo 12.3 no quepa adoptar soluciones para preservar los intereses en juego cual parece que ha ocurrido en el caso planteado con normas espec\u00edficas sobre transmisibilidad de las participaciones sociales o mayor\u00edas reforzadas que se establecen para la adopci\u00f3n de determinados acuerdos y que bien pueden responder a esa finalidad.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Que, dentro del mismo marco dispositivo se creen \u00f3rganos espec\u00edficos al margen de los legalmente previstos no puede descartarse a priori, pero en todo caso la incorporaci\u00f3n de tales \u00f3rganos a la estructura de la sociedad requiere la adecuada regulaci\u00f3n de su composici\u00f3n, nombramiento, funciones, etc. y todo ello dentro del margen que aquella norma legal permite, el respeto a las leyes y a los principios configuradores del tipo social. Pero una previsi\u00f3n estatutaria referida simplemente a la posibilidad de su existencia, totalmente indeterminada en cuanto a esos elementos b\u00e1sicos a que se ha hecho referencia, tan solo contribuir\u00eda a crear confusi\u00f3n y la confusi\u00f3n est\u00e1 re\u00f1ida con la seguridad jur\u00eddica que los asientos registrales est\u00e1n llamados a brindar. Un \u00f3rgano meramente consultivo y que expresamente se configura como extraestatutario no puede ser recogido en el marco regulador del que se le est\u00e1 excluyendo.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y otro, previsto como estatutario, podr\u00e1 incorporarse a los estatutos tan s\u00f3lo cuando se cree y definan todos los elementos que en cuanto a composici\u00f3n, nombramiento y funciones permitan calificar su adecuaci\u00f3n a la ley.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y lo mismo cabe decir en cuanto a la previsi\u00f3n de un posible c\u00f3digo deontol\u00f3gico o unas normas de desarrollo de un protocolo familiar del art\u00edculo 16.\u00ba de los mismos estatutos. La regla, por \u00faltimo, del primer p\u00e1rrafo de este \u00faltimo art\u00edculo en cuanto establece un criterio interpretativo de los estatutos no parece que debiera encontrar obst\u00e1culos insuperables para acceder al Registro pero para ello ser\u00eda preciso que se completara debidamente definiendo los elementos que sirvan para caracterizar la empresa como ligada de modo exclusivo a la familia de los fundadores, en cuanto es tal condici\u00f3n la que se establece como premisa para acudir a tal principio interpretativo.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La posibilidad de que los estatutos sociales recojan un convenio arbitral se ha ido abriendo paso en la pr\u00e1ctica amparada en la postura favorable de la doctrina y avalada por la resoluci\u00f3n de este Centro Directivo de 19 de febrero de 1998 y la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril del mismo a\u00f1o. El principal obst\u00e1culo con el que normalmente ha chocado la admisi\u00f3n de tal convenio, la determinaci\u00f3n de las cuestiones que se sujetan a decisi\u00f3n arbitral y la prohibici\u00f3n legal de extenderlo a las controversias sobre materias que no sean de libre disposici\u00f3n conforme a derecho (art. 2.1 de la Ley de Arbitraje) se han solventado en sede societaria a trav\u00e9s de f\u00f3rmulas generales que lo refieran de forma espec\u00edfica o a trav\u00e9s de los criterios normales de interpretaci\u00f3n a las controversias \u00absocietarias\u00bb, sistema de concreci\u00f3n que ha de entenderse que cumple las exigencias del art\u00edculo 9.1 de la Ley de Arbitraje, y, a la vez, excluya las cuestiones que no sean de \u00ablibre disposici\u00f3n\u00bb, f\u00f3rmulas \u00e9stas que vienen siendo usual en la pr\u00e1ctica y ha obtenido el respaldo de este Centro en la resoluci\u00f3n antes citada.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La formulaci\u00f3n de la regla estatutaria en el caso que da lugar a este debate no es ciertamente modelo de claridad. Si comienza con una clara excepci\u00f3n del alcance del convenio arbitral que contiene para las cuestiones legalmente excluidas del mismo, continua con una referencia amplia en cuanto a la sumisi\u00f3n al mismo de las cuestiones \u2013expresi\u00f3n que habr\u00e1 de entenderse referida a los conflictos\u2013 relacionadas con la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los propios estatutos, para continuar con la inclusi\u00f3n tambi\u00e9n de cualquier tipo de conflicto relacionado con el funcionamiento de la sociedad, si bien limit\u00e1ndolos a los que puedan surgir entre los socios, administradores y unos u otros, quedando por tanto al margen los supuestos m\u00e1s frecuentes, los que se planteen entre la sociedad y sus socios y entre aquella y sus administradores. Y a continuaci\u00f3n, cual si la formulaci\u00f3n anterior pudiera plantear dudas, procede a enumerar una serie de cuestiones que se incluyen de modo expreso, aunque por su relaci\u00f3n con el p\u00e1rrafo anterior parecen igualmente limitadas a los conflictos entre los mismos elementos personales.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Y es la inscripci\u00f3n del arbitraje sobre estas materias: reparto de beneficios, ampliaciones o disminuciones de capital, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n social, separaci\u00f3n o exclusi\u00f3n de socios, exigencia de responsabilidad a los administradores sociales e impugnaci\u00f3n de todo tipo de acuerdos sociales, la que rechaza la calificaci\u00f3n recurrida, con el argumento de que por su regulaci\u00f3n legal est\u00e1n excluidas de la libre disponibilidad que permitir\u00eda su soluci\u00f3n arbitral.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Limitado como est\u00e1 el recurso gubernativo a las cuestiones relacionadas directa e inmediatamente con la calificaci\u00f3n (cfr. art\u00edculo 326 de la Ley Hipotecaria), limitaci\u00f3n que ha de entenderse referida tanto a la materia como a la raz\u00f3n jur\u00eddica, el recurso ha de admitirse. La f\u00f3rmula inicial de la norma estatutaria al excluir del convenio arbitral las materias que legalmente no quepan en el mismo ha de entenderse que abarca todas las que posteriormente se enumeran en ella, aunque sea utilizando g\u00e9nero y n\u00famero distinto del que se contiene en aqu\u00e9lla. Y en cuanto al argumento de la nota de que tales materias no son disponibles por ser objeto de regulaci\u00f3n legal no es atendible pues el conflicto puede surgir, precisamente, sobre el ajuste o desajuste de la cuesti\u00f3n que se plantee al r\u00e9gimen legal que le es aplicable. Cuesti\u00f3n distinta ya es, pero queda al margen del recurso, la escasa operatividad que pueda tener en la pr\u00e1ctica del arbitraje previsto, tanto por raz\u00f3n de los elementos personales entre los que pueda surgir el conflicto, como por las materias que se pretenden someter a \u00e9l, la mayor\u00eda sujetas a decisi\u00f3n de la Junta general cuyos acuerdos pueden impugnarse, pero no suplirse por la v\u00eda indirecta de provocar una controversia y sujetarla a una decisi\u00f3n arbitral. Como ya se\u00f1al\u00f3 la Resoluci\u00f3n de 10 de noviembre de 1993 fijadas en la norma estatutaria las cuestiones litigiosas futuras que, de surgir, se someten a arbitraje, ser\u00e1 en su momento cuando podr\u00e1 oponerse la excepci\u00f3n de falta de competencia objetiva de los \u00e1rbitros, o apreciarla \u00e9stos de oficio (cfr. art\u00edculo 22.1 de la Ley de Arbitraje) o impugnarse en su caso el laudo por tal motivo (art\u00edculo 41.1 e).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4 mayo 2005<\/p>\n <\/a>Estatutos: modificaci\u00f3n<\/strong>.- Cuando se produce la adaptaci\u00f3n de los Estatutos a una nueva normativa, deben introducirse todas las modificaciones que por tal raz\u00f3n sean necesarias. Ante la imposibilidad de que en el orden del d\u00eda de las convocatorias de las Juntas generales se precisen todas las modificaciones a introducir, se considera admisible se\u00f1alar tan s\u00f3lo ese extremo. Los rigores formales se aten\u00faan, adem\u00e1s, en lo tocante a qu\u00f3rum de asistencia y mayor\u00edas necesarias para acordar la adaptaci\u00f3n. Tales facilidades no cuentan, sin embargo, cuando adem\u00e1s de la adaptaci\u00f3n de los Estatutos se introducen otras modificaciones voluntarias, pero el peligro de utilizar el sistema de adaptaci\u00f3n a otros supuestos de modificaciones estatutarias a\u00f1adidas a las necesarias no se da, como en el supuesto que motiv\u00f3 este recurso, en que es el socio \u00fanico, constituy\u00e9ndose en Junta universal, quien adopta los acuerdos, tanto el de adaptar los Estatutos como el de aprobar un nuevo texto para los mismos. Es cierto que en tales ocasiones la falta de precisi\u00f3n sobre la existencia de una concreta voluntad de modificar los estatutos m\u00e1s all\u00e1 de lo que su adaptaci\u00f3n exigiera puede dar lugar a dudas y as\u00ed una alteraci\u00f3n de la denominaci\u00f3n social o del domicilio puede plantear la de si se est\u00e1 en presencia de una modificaci\u00f3n voluntaria o un error de redacci\u00f3n, cuya aclaraci\u00f3n ser\u00eda necesaria, pero tales dudas no se plantean en este caso con el art\u00edculo referente al capital social -cuyo importe no se altera- y lo \u00fanico que se ha hecho ha sido fijar un n\u00famero y valor nominal de las participaciones sociales distinto del que recog\u00edan los estatutos previamente inscritos.<\/p>\n 15 octubre 1998<\/p>\n Estatutos: modificaci\u00f3n<\/strong>.- Acordada la modificaci\u00f3n de los Estatutos para atribuir un dividendo extraordinario a determinadas participaciones sociales, se plantea la cuesti\u00f3n de si es necesario, como sostiene el Registrador, el consentimiento de todos los socios, al ser todos afectados en su derecho individual al dividendo, o basta con el voto de m\u00e1s de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones. La protecci\u00f3n del socio y de las minor\u00edas da lugar, seg\u00fan los casos, a la exigencia de acuerdo de todos los socios, del consentimiento individual del socio afectado, o al derecho de separaci\u00f3n. Se plantea aqu\u00ed el alcance del art\u00edculo 71.1, p\u00e1rrafo segundo, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, relativo a la modificaci\u00f3n que afecte a los derechos especiales que, por disposici\u00f3n estatutaria, correspondan a ciertos socios, mientras que, seg\u00fan la Direcci\u00f3n, incluye todos los derechos esenciales que configuran la posici\u00f3n jur\u00eddica del socio, cuyo origen no solo es estatutario, sino que incluye los derechos reconocidos \u00abex lege\u00bb con car\u00e1cter inderogable, por lo que esta situaci\u00f3n surge no solo cuando se trate de modificaci\u00f3n estatutaria que afecte a participaciones privilegiadas preexistentes, sino tambi\u00e9n cuando no exista previa desigualdad entre posiciones jur\u00eddicas de los socios y la modificaci\u00f3n estatutaria implique la introducci\u00f3n de diferencia en el contenido de derechos. Entre los derechos esenciales, que pueden ser afectados por el acuerdo de modificaci\u00f3n estatutaria, se encuentra el derecho al dividendo, por lo que la creaci\u00f3n de privilegios respecto al mismo no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de todos los socios afectados, que son todos los socios.<\/p>\n 21 mayo 1999<\/p>\n Estatutos: modificaci\u00f3n.-<\/strong> Cuando se da nueva redacci\u00f3n a los Estatutos en Junta universal y por unanimidad, no pueden rechazarse las modificaciones introducidas aunque no se hayan incluido en el orden del d\u00eda. Con m\u00e1s raz\u00f3n debe ser as\u00ed cuando se trata del caso de socio \u00fanico, en cuyo caso no hay ni que plantearse si sus decisiones fueron precedidas de un orden del d\u00eda, por lo que es inscribible la escritura de adaptaci\u00f3n a la nueva Ley, aunque incluya un cambio de objeto social.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 15 noviembre 2002<\/p>\n Estatutos: modificaci\u00f3n<\/strong>.- 1. La cuesti\u00f3n que se suscita en este recurso, consiste en decidir, si para la inscripci\u00f3n de una escritura por la que se eleva a p\u00fablicos unos acuerdos de modificaci\u00f3n de estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada, es necesario que figure siempre y en todo caso la declaraci\u00f3n exigida por el art\u00edculo 195.1 del Reglamento del Registro Mercantil, \u00abde que en la convocatoria de la Junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n propuesta ha estado desde la convocatoria a disposici\u00f3n de los socios en el domicilio social\u00bb (tesis sostenida por la Registradora Mercantil), o por el contrario entender, que esa exigencia reglamentaria puede entenderse cumplida, cuando se incorporan a la escritura los anuncios de la convocatoria realizada en el Bolet\u00edn Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulaci\u00f3n en el t\u00e9rmino municipal en que est\u00e9 situado el domicilio social (ex. Art\u00edculo 46.1 de la LSRL), en los que consta como orden del d\u00eda los extremos concretos que se propone modificar y la indicaci\u00f3n de que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta y obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita (tesis sustentada por el Notario).<\/p>\n La integridad en la exposici\u00f3n de los argumentos sobre los que el Registrador asienta su calificaci\u00f3n es requisito sine qua non para que el interesado o legitimado en el recurso (art. 325 de la Ley Hipotecaria) pueda conocer en su totalidad los razonamientos del Registrador, permiti\u00e9ndole de ese modo reaccionar frente a la decisi\u00f3n de \u00e9ste.<\/p>\n Sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificaci\u00f3n cuando es de car\u00e1cter negativo, pues su consecuencia no supone sino la denegaci\u00f3n de un derecho del ciudadano -inscripci\u00f3n del hecho, acto o negocio jur\u00eddico documentado en el t\u00edtulo-. Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la calificaci\u00f3n, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier \u00f3rgano administrativo y que se resumen, esencialmente, en dos: La denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia de la motivaci\u00f3n ofrecida.<\/p>\n Respecto del segundo requisito que ha de tener la motivaci\u00f3n, esta Direcci\u00f3n General (cfr. por todas, las Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1, 28 y 30 de abril de 2005, 1 de junio y 13 de octubre de 2.005, 20 de junio, 14 y 25 de julio de 2.006, adem\u00e1s de otras m\u00e1s recientes) ha acotado qu\u00e9 debe entenderse por suficiencia de la calificaci\u00f3n negativa, seg\u00fan el criterio que no es necesario ahora detallar, pues aunque la argumentaci\u00f3n en que se fundamenta la calificaci\u00f3n impugnada haya sido expresada en el presente caso de modo excesivamente escueto, lo cierto es que el Notario autorizante del t\u00edtulo ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposici\u00f3n del recurso; y, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo que admite que el \u00f3rgano competente para conocer del recurso pueda decidir sobre el fondo del mismo cuando la integridad del expediente as\u00ed lo permita (Sentencias de 3 de octubre de 1988, 30 de diciembre de 1989 y 2 de marzo de 1991), cabe concluir ahora, visto el expediente del recurso, que procede resolver el fondo de la cuesti\u00f3n, estimando el recurso interpuesto por las razones que a continuaci\u00f3n se expondr\u00e1n.<\/p>\n Por su parte, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, trat\u00e1ndose de acuerdos de modificaci\u00f3n de estatutos, aunque reconoce el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n propuesta, s\u00f3lo exige que en la convocatoria se exprese con la debida claridad, \u00ablos extremos que hayan de modificarse\u00bb (cfr. art. 71.1 LSRL), lo que unido al hecho de que los estatutos puedan prever (y de hecho una gran mayor\u00eda de ellos lo recogen). un sistema de convocatoria privado por comunicaci\u00f3n, individual y escrita a cada socio (cfr. art. 46.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), justifica la exigencia del art\u00edculo 195.1 del Reglamento del Registro Mercantil, para asegurarse, a trav\u00e9s de la declaraci\u00f3n expresa de la persona que otorga la escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablicos de los acuerdos que modifican los estatutos -ya que no puede acreditarse por anuncios publicados-, que en la convocatoria de la Junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n propuesta ha estado desde la convocatoria a disposici\u00f3n de los socios en el domicilio social.<\/p>\n Sin embargo, como ya sostuviera este Centro Directivo en su resoluci\u00f3n de 10 de julio de 1.995 (en ese caso trat\u00e1ndose del cumplimiento de la exigencia entonces contenida en el art\u00edculo 158.4 del RRM), la omisi\u00f3n en la escritura calificada de una especificaci\u00f3n como la prevenida en el art\u00edculo 195.1, podr\u00eda constituir ciertamente una irregularidad documental, un incumplimiento por el Notario autorizante de las exigencias prevenidas reglamentariamente por la redacci\u00f3n de ese t\u00edtulo, pero en modo alguno, puede ser obst\u00e1culo a la inscripci\u00f3n solicitada, toda vez que de los propios anuncios de la convocatoria ha quedado debidamente acreditados el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el art\u00edculo 71.1 de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, m\u00e1xime cuando, como en el presente caso, esos anuncios no es que se hayan presentado con motivo de la solicitud de inscripci\u00f3n -como acontec\u00eda en el supuesto contemplado en aquella resoluci\u00f3n-, sino que se incorporan por testimonio a la propia escritura, de la que pasan pues a formar parte integrante a todos los efectos (cfr. art\u00edculos 154.3 y 221.1 del Reglamento Notarial).<\/p>\n Esta Direcci\u00f3n General ha acordado estimar el recurso interpuesto.<\/p>\n 24 julio 2007<\/p>\n Estatutos: modificaci\u00f3n<\/strong>.- Sobre el derecho de informaci\u00f3n en una Junta universal en la que se modificaron los estatutos en lo relativo al derecho de voto, ver, m\u00e1s atr\u00e1s, los apartados \u201cDerecho de informaci\u00f3n\u201d y \u201cDerecho de voto\u201d.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7 diciembre 2011<\/p>\n <\/a>Estatutos: requisitos formales<\/strong>.- La falta de normas concretas -en la \u00e9poca de esta Resoluci\u00f3n- aplicables a esta clase de Sociedades, impone la necesidad de que consten en el instrumento fundacional todos los requisitos personales, reales y del funcionamiento de la Empresa, con las dem\u00e1s circunstancias que debe contener la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil, por lo que no es inscribible la escritura de constituci\u00f3n en la que aparte del objeto social y la menci\u00f3n de la prohibici\u00f3n establecida en el R.D. de 24 de diciembre de 1928, se aprueban y ratifican los estatutos sociales entregados para su protocolizaci\u00f3n al Notario, extendidos en dos pliegos de papel timbrado, firmado el \u00faltimo por los interesados.<\/p>\n 9 noviembre 1951<\/p>\n Estatutos: requisitos formales<\/strong>.- Si bien es cierto que no es necesaria, por superflua, la reproducci\u00f3n en los Estatutos de preceptos legales que tienen eficacia por encima de aqu\u00e9llos, no cabe llegar a la conclusi\u00f3n de que, de hacerse, sea indiferente su forma. En este sentido, las lagunas que genera en la reglamentaci\u00f3n estatutaria esa incorporaci\u00f3n parcial de la normativa legal no es defecto que impida su inscripci\u00f3n, salvo que resulte que con ello se pretende la exclusi\u00f3n de una norma imperativa, o bien que con la remisi\u00f3n o reproducci\u00f3n parcial de las normas legales se cree un confusionismo que, como ocurre en el caso que se examina, pueda provocar una falta de informaci\u00f3n adecuada a los terceros que consultan los libros registrales, pues ello es incompatible con la claridad y precisi\u00f3n exigible en la redacci\u00f3n de las normas estatutarias.<\/p>\n 20 abril 1998<\/p>\n Estatutos: requisitos formales<\/strong>.- 1. En el supuesto del presente recurso se constituye una sociedad de responsabilidad limitada mediante una escritura autorizada el 17 de enero de 2011 en la que los otorgantes se limitan a expresar que la sociedad \u00abse regir\u00e1 por los Estatutos aprobados por la Orden JUS\/3185\/2010, de 3 de diciembre, \u2026\u00bb y en la misma se especifica \u00fanicamente la denominaci\u00f3n, el capital, el domicilio y el objeto de la sociedad, as\u00ed como el d\u00eda de comienzo de las operaciones sociales, la designaci\u00f3n de un administrador \u00fanico, el car\u00e1cter gratuito de este cargo y su duraci\u00f3n por tiempo indefinido.<\/p>\n Adem\u00e1s, se incorpora a dicha escritura una certificaci\u00f3n negativa de denominaci\u00f3n social expedida en soporte papel por el Registro Mercantil Central el 19 de octubre de\u00a02010.<\/p>\n El Registrador se niega a practicar la inscripci\u00f3n solicitada porque falta la incorporaci\u00f3n de los Estatutos Sociales a la escritura. Adem\u00e1s, considera que, al no estar otorgada la escritura el mismo d\u00eda de la obtenci\u00f3n de la certificaci\u00f3n negativa de denominaci\u00f3n del Registro Mercantil Central ni haberse expedido telem\u00e1ticamente dicha certificaci\u00f3n, no procede la aplicaci\u00f3n del plazo de calificaci\u00f3n e inscripci\u00f3n establecido por el apartado dos del art\u00edculo 5 del Real Decreto-ley 13\/2010, de 3 de diciembre.<\/p>\n El criterio del Registrador debe ser confirmado. En efecto, una de las menciones esenciales de la escritura de constituci\u00f3n de toda sociedad de responsabilidad limitada est\u00e1 constituida, precisamente, por los Estatutos Sociales, como normas de organizaci\u00f3n societaria corporativa \u2013cfr. art\u00edculo 22.1.d) de la Ley de Sociedades de Capital\u2013.<\/p>\n Mediante la exigencia legal de que los Estatutos figuren como contenido necesario de la escritura se pretende que quede fijado, en el momento de la constituci\u00f3n, el r\u00e9gimen corporativo de la sociedad.<\/p>\n Al especificar el contenido de tales Estatutos no es necesario reproducir reglas id\u00e9nticas a las legales cuando en los mismos se haga constar la remisi\u00f3n al contenido de la Ley, dada la aplicaci\u00f3n, unas veces imperativa y en otras ocasiones supletoria, que tienen las normas contenidas en ella (cfr., por todas, las Resoluciones de 24 de enero de 1986 y 9 de diciembre de 1993).<\/p>\n En todo caso, esas menciones necesarias as\u00ed como aquellas otras que incluyan los socios en los Estatutos potestativamente deben ser objeto del consentimiento contractual expresado en el otorgamiento de la escritura de constituci\u00f3n \u2013o de modificaci\u00f3n estatutaria\u2013. Y el hecho de que, con af\u00e1n de simplificaci\u00f3n y agilizaci\u00f3n en el procedimiento constitutivo se prevea por el legislador la utilizaci\u00f3n de modelos de Estatutos, como los aprobados mediante la Orden JUS\/3185\/2010, de 9 de diciembre, no significa que los socios fundadores queden exonerados de la obligaci\u00f3n de incluir en la escritura de constituci\u00f3n esas menciones estatutarias \u2013necesarias unas y, en su caso, potestativas otras\u2013, pues tales Estatutos no tienen el car\u00e1cter de norma legal a la que los socios puedan remitirse o que entre en juego supletoriamente. Adem\u00e1s, debe entenderse que los referidos modelos no s\u00f3lo pueden ser completados en algunos aspectos, sino que en otros extremos es imprescindible su concreto detalle (como el relativo al n\u00famero exacto de administradores solidarios o el concreto n\u00famero m\u00e1ximo y el m\u00ednimo de ellos).<\/p>\n Por ello, debe concluirse que tambi\u00e9n en el presente caso es necesario que los Estatutos queden \u00edntegramente contenidos en la escritura de constituci\u00f3n de la sociedad, como materia sobre la que ha de recaer el consentimiento de los socios fundadores, con su examen y atenci\u00f3n (de suerte que, mediante la correspondiente lectura, queden debidamente informados del contenido de tales Estatutos y expresen respecto de los mismos su voluntad debidamente informada), evitando que, por temeraria simplificaci\u00f3n de la t\u00e9cnica notarial, se quebrante el esquema conceptual del instrumento y pierda \u00e9ste su fuerza, y aun su raz\u00f3n de ser, al traspasar a dichos modelos de Estatutos-tipo lo que debe tener lugar obligado en la escritura, para poder recibir en ella precisamente la virtud del otorgamiento y autorizaci\u00f3n.<\/p>\n Esta Direcci\u00f3n General ha acordado desestimar el recurso en cuanto al motivo impeditivo de la inscripci\u00f3n invocado por el Registrador y revocar el criterio expresado en su nota respecto del plazo de calificaci\u00f3n e inscripci\u00f3n establecido por el apartado dos del art\u00edculo 5 del Real Decreto-ley 13\/2010, de 3 de diciembre, todo ello en los t\u00e9rminos que resultan de los precedentes fundamentos de Derecho.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 18 abril 2011<\/p>\n<\/a> Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- Ver anteriormente \u00abAdministradores: Exclusi\u00f3n<\/a>\u00ab.<\/p>\n 30 marzo 1951<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- Para llevarla a cabo se requiere: 1\u00ba. Acuerdo un\u00e1nime. 2\u00ba. Previa audiencia del excluido. 3\u00ba. Escritura e inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil. 4\u00ba. Certificaci\u00f3n acreditativa del acuerdo, expedida por el Secretario, de la que resulte que se cumplieron los pertinentes requisitos legales.<\/p>\n 24 enero 1964<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- Es v\u00e1lido el pacto por el que se sanciona la deslealtad del socio con la posibilidad de exigirle una indemnizaci\u00f3n o imponerle la cesi\u00f3n a la sociedad de sus participaciones. Esto es as\u00ed aunque concurra en el socio la cualidad de Administrador, dado el car\u00e1cter dispositivo de la sociedad de responsabilidad limitada, que emplea el t\u00e9rmino potestativo \u00abpodr\u00e1\u00bb al referirse a los supuestos de exclusi\u00f3n.[9]<\/sup><\/sup><\/a><\/p>\n 7 abril 1981<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- Aunque las causas previstas en el art\u00edculo 31 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada no constituyen un numerus clausus<\/strong>, su ampliaci\u00f3n s\u00f3lo puede incluir otras que puedan suponer un incumplimiento de los deberes y obligaciones del socio para con la sociedad, a diferencia de las sociedades personalistas, donde las posibilidades son mayores por existir una responsabilidad solidaria entre sociedad y socio. Por todo lo anterior, no pueden admitirse como causas de exclusi\u00f3n el embargo de la cuota social ni la incapacidad, incapacitaci\u00f3n, quiebra, concurso o insolvencia del socio.<\/p>\n 13 enero 1984<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- Acordada la exclusi\u00f3n de un socio minoritario -en contra de su voluntad- por decisi\u00f3n del otro socio y suspendida la inscripci\u00f3n por entender el Registrador que la liquidaci\u00f3n de las participaciones sociales del primero no est\u00e1 justificada, la Direcci\u00f3n, aplicando el Reglamento de 14 de diciembre de 1956 y sin entrar en la cuesti\u00f3n de si es posible la exclusi\u00f3n de un socio en contra de su voluntad y por decisi\u00f3n del otro, se limita a decir que es posible la inscripci\u00f3n del acuerdo de disoluci\u00f3n parcial sin ir acompa\u00f1ada del de liquidaci\u00f3n, que puede reflejarse en un momento posterior.<\/p>\n 3 septiembre 1991<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- La inclusi\u00f3n en el orden del d\u00eda de la convocatoria de la Junta, como \u00fanico asunto a tratar, de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad y el nombramiento de liquidador, impide amparar el acuerdo social de exclusi\u00f3n de un socio, pues se opone a ello el criterio reiterado de la Direcci\u00f3n en el sentido de que los anuncios de convocatoria han de ser completos y claros, as\u00ed como la jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera la falta de claridad y precisi\u00f3n en el orden del d\u00eda como causa de nulidad de los acuerdos, e incluso de la propia convocatoria de la Junta. Y si la precisi\u00f3n y claridad son trascendentales cuando el acuerdo que se pretende adoptar es susceptible de alterar la posici\u00f3n jur\u00eddica del socio o aspectos fundamentales de la misma, con m\u00e1s motivo debe exigirse en el supuesto debatido, en que el acuerdo social afecta al presupuesto y antecedente de cualesquiera otros derechos individuales del socio, el mantenimiento de la condici\u00f3n de tal.<\/p>\n 10 octubre 1995<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- La exclusi\u00f3n del socio, que la Ley permite establecer en los estatutos, no tiene s\u00f3lo el sentido de una sanci\u00f3n por determinados comportamientos, sino que tambi\u00e9n puede establecerse para evitar situaciones perjudiciales a la sociedad, pero no existe una libertad absoluta para establecer tales causas. Por este motivo, se considera contraria al orden p\u00fablico la exclusi\u00f3n del socio por el embargo de sus participaciones o por haberlas adquirido a trav\u00e9s de un procedimiento de ejecuci\u00f3n seguido contra un socio, pues la medida cautelar que es el embargo y frente a la cual se puede reaccionar logrando incluso levantarla -adem\u00e1s de tener un desenlace \u00faltimo impredecible- no s\u00f3lo penaliza al socio, sino tambi\u00e9n a un tercero como es el acreedor, que tiene derecho a obtener, a trav\u00e9s de la realizaci\u00f3n de los bienes de su deudor, la mayor suma de dinero que la libre presentaci\u00f3n de ofertas en una subasta p\u00fablica permita para hacer posible la satisfacci\u00f3n de su cr\u00e9dito y que, adem\u00e1s, caso de ostentar ya la condici\u00f3n de socio ve como a la anterior se le acumula una nueva sanci\u00f3n, la p\u00e9rdida de tal condici\u00f3n.<\/p>\n 8 julio 1999<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- 1) El deber de interpretar literalmente las normas y de hacerlo con car\u00e1cter restrictivo cuando imponen prohibiciones, determina que la decisi\u00f3n de excluir a dos socios deba hacerse por separado para cada uno de ellos, a pesar de que la causa sea la misma, de forma que la p\u00e9rdida del derecho de voto para el afectado en una votaci\u00f3n no podr\u00eda extenderse al otro, quien conservar\u00eda ese derecho, impidiendo as\u00ed que se lograse la mayor\u00eda necesaria exigida por el art\u00edculo 53.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para acordar la exclusi\u00f3n. 2) Por otra parte, en atenci\u00f3n a las posibles tensiones de intereses que pueden producirse, cuando el socio excluido ostente una participaci\u00f3n igual o superior al veinticinco por ciento del capital social y no se conforme con el acuerdo de exclusi\u00f3n, debe complementarse \u00e9ste con una resoluci\u00f3n judicial firme, que, como requisito necesario para la eficacia del acuerdo, ha de considerarse que tiene eficacia constitutiva, de manera que sus efectos han de producirse \u00abex nunc\u00bb y, por tanto, mientras no se dicte, el socio en proceso de exclusi\u00f3n conserva todos sus derechos, como, en el caso que motiv\u00f3 este recurso, el de votar en las propuestas de cese y nombramiento de administradores. 3) En cambio, no constituye defecto el que no se acredite la valoraci\u00f3n y reembolso de las participaciones del o de los socios excluidos, puesto que el reintegro del valor de sus participaciones normalmente tendr\u00e1 lugar pasado cierto tiempo despu\u00e9s de adoptarse el acuerdo.<\/p>\n 16 octubre 2000<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- Ver, m\u00e1s adelante, \u00abJunta Universal: inscripci\u00f3n de sus acuerdos\u00bb.<\/p>\n 26 febrero 2001<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- En el caso de exclusi\u00f3n de un socio, lo mismo que en el de separaci\u00f3n, ha de reducirse el capital social en el importe del valor nominal de las participaciones del socio excluido o separado que han de amortizarse, lo cual no plantea problemas desde el punto de vista estatutario, pues supondr\u00e1 una minoraci\u00f3n de la cifra del capital social igual al importe del valor nominal de las participaciones que se amorticen. El problema radica en la dificultad de fijar el importe real o razonable que ha de abonarse por ellas. Para solucionarlo, el art\u00edculo 100 de la Ley da preferencia al acuerdo que puedan lograr las partes, bien fijando directamente ese valor, bien conviniendo sobre la persona o personas que han de valorar y el procedimiento a seguir. De no existir acuerdo, la soluci\u00f3n legal es la confiar la valoraci\u00f3n a un auditor, bien sea \u00e9ste el de la sociedad o el designado por el Registrador Mercantil, valoraci\u00f3n que puede combatirse en un procedimiento judicial, pero que es suficiente por s\u00ed para ejecutar el acuerdo, una vez pagado o consignado el valor fijado, y por tanto inscribible en el Registro. Lo que no puede admitirse el que el acuerdo a que se refiere la norma legal sea, no el que se logre entre el interesado \u2013el socio excluido o voluntariamente separado de la sociedad- y \u00e9sta, sino el que se logre en Junta general por los restantes socios, que ser\u00eda una decisi\u00f3n unilateral de parte interesada.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 15 octubre 2003<\/p>\n Exclusi\u00f3n de socios<\/strong>.- 2. La exclusi\u00f3n de socios, regulada por el art\u00edculo 98 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, es un recurso sancionador de car\u00e1cter excepcional que se da en el seno de estas sociedades de capital y que consiste b\u00e1sicamente en la resoluci\u00f3n parcial del contrato social mediante la salida forzosa del socio que ha incumplido alguna de las reglas contractuales b\u00e1sicas. Este proceso implica la necesidad de obtener una correcta valoraci\u00f3n de la participaci\u00f3n del socio que es apartado de la sociedad, el cual conserva el derecho a la liquidaci\u00f3n de su parte, y desemboca en una reducci\u00f3n de capital. La excepcionalidad del procedimiento es tal que cuando el socio excluido ostenta una participaci\u00f3n superior al 25 % del capital social y no se conforma con la exclusi\u00f3n, se precisa resoluci\u00f3n judicial firme sobre la cuesti\u00f3n, no siendo suficiente el acuerdo social mayoritario (art. 95 de la Ley).<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Es verdad que los estatutos sociales, como norma suprema de la sociedad, obligan a todos los socios y a ellos deben atenerse en sus relaciones internas y en las que mantienen con la sociedad. Pero ni los estatutos sociales pueden contener previsiones contrarias a normas imperativas, ni su silencio o laconismo puede interpretarse en sentido contrario a la Ley. Por eso este Centro Directivo estim\u00f3 en Resoluci\u00f3n de 16 de septiembre de 1958 y en otra posterior de 24 de enero de 1986 que no es necesario trasladar a los estatutos sociales reglas fundamentales id\u00e9nticas a las legales cuando en ellos se hace constar la remisi\u00f3n al contenido de la Ley. El hecho de que los estatutos de esta sociedad mercantil dispusieran en su art\u00edculo 18.1 (coincidente con el contenido del art. 17.1 de los Estatutos tras la modificaci\u00f3n acordada en la Junta cuyos acuerdos se elevan a p\u00fablico en la escritura calificada) un sistema de valoraci\u00f3n de las participaciones del socio excluido (obligando a computar su participaci\u00f3n en el capital y reservas, en los resultados del ejercicio en curso en proporci\u00f3n al tiempo transcurrido hasta la separaci\u00f3n o exclusi\u00f3n y al pago de la prestaci\u00f3n accesoria que corresponda a los servicios incluidos en las facturas giradas por la Sociedad antes de la separaci\u00f3n o exclusi\u00f3n o despu\u00e9s, que se cobren con posterioridad) no impide ni excluye la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el imperativo art\u00edculo 100.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, precepto que establece taxativamente que \u00aba falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoraci\u00f3n, las participaciones ser\u00e1n valoradas por un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones que hayan de ser valoradas\u00bb. S\u00f3lo del modo apuntado puede darse cumplimiento a otro precepto estatutario, el art\u00edculo primero, que con toda claridad dispone que la sociedad se rige por los propios estatutos sociales, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y por las dem\u00e1s disposiciones que le sean aplicables.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La necesidad de interpretar sistem\u00e1ticamente los estatutos sociales (cfr. art. 1.285 del C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con el 50 del C\u00f3digo de Comercio; y, por todas, la Resoluci\u00f3n de 5 de julio de 1.988) obliga a integrar lo establecido por los estatutos sociales de esta sociedad con las normas de Derecho imperativo de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por lo que, no constando la conformidad del socio con la liquidaci\u00f3n del valor de sus participaciones, el Registrador tiene que exigir, para practicar la inscripci\u00f3n de la reducci\u00f3n de capital derivada de la exclusi\u00f3n, que conste en la escritura el valor razonable de las participaciones del socio separado o excluido, la persona o personas que las hayan valorado y el procedimiento seguido para esa valoraci\u00f3n, as\u00ed como la fecha del informe del auditor, en el caso de que se hubiera emitido. Del mismo modo, debe tambi\u00e9n exigirse la manifestaci\u00f3n de los administradores o liquidadores de la Sociedad de que se ha reembolsado el valor de las participaciones del socio separado o excluido o consignado su importe, a nombre del interesado, en entidad de cr\u00e9dito del t\u00e9rmino municipal en que radique el domicilio social, acompa\u00f1ando documento acreditativo de la consignaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esta Direcci\u00f3n General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificaci\u00f3n de la Registradora, en los t\u00e9rminos que anteceden.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 28 julio 2009<\/p>\n<\/a> Fusi\u00f3n<\/strong>.- Acordada la fusi\u00f3n de dos sociedades por absorci\u00f3n, y otorgada la escritura por el administrador de ambas, quien afirma que la absorbente era titular de todas las participaciones de la absorbida -por lo que no se elabor\u00f3 el informe de expertos independientes ni se calcul\u00f3 el tipo de canje de las participaciones ni el procedimiento de canje-, la Direcci\u00f3n, pese a los inconvenientes que la situaci\u00f3n de unipersonalidad puede presentar -que tratan de paliarse con la necesaria publicidad de esta situaci\u00f3n y la identidad del socio-, rechaza la calificaci\u00f3n del Registrador, fundada en que la situaci\u00f3n de unipersonalidad no constaba en el Registro, pues a diferencia de lo que ocurre en los Registros de bienes, en el Mercantil no tiene aplicaci\u00f3n el principio de tracto sucesivo y no hay ning\u00fan precepto que imponga la constataci\u00f3n y protecci\u00f3n jur\u00eddica sustantiva del tr\u00e1fico jur\u00eddico sobre las participaciones en que se divide el capital de las sociedades de responsabilidad limitada.<\/p>\n 14 enero 2002<\/p>\n<\/a> En general<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Acta notarial<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Aprobaci\u00f3n del acta<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Asistencia<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Constituci\u00f3n<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Constituci\u00f3n y votaciones<\/a><\/span><\/strong><\/p>\nDERECHO DE INFORMACI\u00d3N<\/strong><\/span><\/h6>\n
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DERECHO DE SEPARACI\u00d3N.<\/span><\/h6>\n
DERECHO DE VOTO.<\/strong><\/span><\/h6>\n
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DISOLUCI\u00d3N.<\/span><\/h6>\n
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DOMICILIO: CAMBIO<\/span><\/h6>\n
ESTATUTOS.<\/strong><\/span><\/h6>\n
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EXCLUSI\u00d3N DE SOCIOS.<\/strong><\/span><\/h6>\n
FUSI\u00d3N.<\/strong><\/span><\/h6>\n
JUNTA GENERAL.<\/span><\/h6>\n