{"id":103523,"date":"2023-03-02T23:22:42","date_gmt":"2023-03-02T22:22:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=103523"},"modified":"2023-03-02T23:24:39","modified_gmt":"2023-03-02T22:24:39","slug":"ley-canales-de-informantes-para-la-lucha-contra-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/concretas\/ley-canales-de-informantes-para-la-lucha-contra-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"Canales de informantes para la lucha contra la corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

RESUMEN DE LA LEY QUE REGULA LA PROTECCI\u00d3N A LAS PERSONAS QUE INFORMAN SOBRE CORRUPCI\u00d3N Y SUS CANALES<\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/a><\/span><\/p>\n

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Resumen en breve:<\/span> <\/strong><\/span><\/h6>\n

Esta Ley regula la colaboraci\u00f3n ciudadana y su protecci\u00f3n en la lucha contra la corrupci\u00f3n, estableciendo las normas m\u00ednimas de los canales de informaci\u00f3n, tanto externos, como internos de las propias organizaciones. Obligaci\u00f3n de contar con un canal de informaci\u00f3n interno por parte de empresas a partir de 51 trabajadores y organismos p\u00fablicos (entre ellos, los Colegios Notariales y el Colegio de Registradores). Se crea la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I.<\/span><\/p>\n<\/a>

Introducci\u00f3n<\/span><\/h6>\n

La ley incorpora al Derecho espa\u00f1ol la <\/strong>Directiva (UE) 2019\/1937<\/strong><\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a023 de octubre de\u00a02019, relativa a la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

La Directiva regula aspectos m\u00ednimos<\/strong> que han de satisfacer los distintos cauces de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de los cuales una persona f\u00edsica que sea conocedora en un contexto laboral de una infracci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n Europea, pueda dar a conocer la existencia de la misma.<\/p>\n

En concreto, obliga a contar con canales internos<\/strong> de informaci\u00f3n a muchas empresas y entidades p\u00fablicas porque se considera que es preferible que la informaci\u00f3n sobre pr\u00e1cticas irregulares se conozca por la propia organizaci\u00f3n para corregirlas o reparar lo antes posible los da\u00f1os.<\/p>\n

Adem\u00e1s de tales canales internos, exige la Directiva la determinaci\u00f3n de otros canales de informaci\u00f3n \u00abexternos\u00bb<\/strong>, con el fin de ofrecer a los ciudadanos una comunicaci\u00f3n con una autoridad p\u00fablica especializada, lo que les puede generar m\u00e1s confianza al disipar su temor a sufrir alguna represalia en su entorno.<\/p>\n

La ley se estructura en\u00a0nueve T\u00edtulos<\/strong>, disposiciones adicionales, transitorias y doce finales.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo I: Finalidad y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

El T\u00edtulo I<\/strong><\/a> precisa la finalidad y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n

La finalidad<\/strong> de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.<\/p>\n

El \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n material<\/strong> se extiende a las infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n previstas en la Directiva y a las infracciones penales y administrativas graves y muy graves de nuestro ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n

El \u00e1mbito personal de aplicaci\u00f3n<\/strong> protege a los informantes que trabajen en el sector privado o p\u00fablico<\/strong> y que hayan obtenido informaci\u00f3n sobre infracciones en un contexto laboral o profesional.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo II: Sistema interno de informaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

El T\u00edtulo II<\/strong><\/a> de la ley establece el r\u00e9gimen jur\u00eddico del Sistema interno de informaci\u00f3n<\/strong>, que incluye el canal para la recepci\u00f3n de informaci\u00f3n, el responsable del Sistema y el procedimiento. El sistema interno debe utilizarse de manera preferente para canalizar la informaci\u00f3n, pero se permite al informante elegir el canal<\/strong> a seguir seg\u00fan las circunstancias y los riesgos de represalias que considere.<\/p>\n

El sistema debe cumplir ciertos requisitos, como la garant\u00eda de confidencialidad y la protecci\u00f3n del informante. Se permite la comunicaci\u00f3n an\u00f3nima<\/strong>, pero se except\u00faa en caso de que una norma nacional prev\u00e9 revelarlo o se solicita en el marco de un proceso judicial. La Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la corrupci\u00f3n y el Reglamento (UE, EURATOM) n.\u00ba 883\/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo permiten la informaci\u00f3n an\u00f3nima.<\/p>\n

En el \u00e1mbito privado<\/strong>, estar\u00e1n obligadas a configurar un Sistema interno de informaci\u00f3n<\/strong> todas aquellas empresas que tengan m\u00e1s de cincuenta trabajadores<\/strong>. No obstante, la ley permite a las empresas que cuenten con menos de doscientos cincuenta trabajadores, compartir medios<\/strong> y recursos para la gesti\u00f3n de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa.<\/p>\n

En todo caso, con independencia del n\u00famero de empleados, se obliga a contar con un Sistema interno de informaci\u00f3n a todos los partidos pol\u00edticos, sindicatos, organizaciones empresariales, <\/strong>y fundaciones que de los mismos dependan, siempre que reciban fondos p\u00fablicos para su financiaci\u00f3n.<\/p>\n

Con relaci\u00f3n al sector p\u00fablico<\/strong>, han de contar con un Sistema interno de Informaci\u00f3n las Administraciones p\u00fablicas, <\/strong>ya sean territoriales o institucionales, las autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social, las universidades<\/strong>, las sociedades y fundaciones pertenecientes al sector p\u00fablico, as\u00ed como las corporaciones de Derecho P\u00fablico (como lo son los Colegios Notariales y el Colegio de Registradores)<\/strong>. Tambi\u00e9n, todos los \u00f3rganos constitucionales y de relevancia constitucional, as\u00ed como aquellos mencionados en los Estatutos de Autonom\u00eda.<\/p>\n

La D.Tr. 2\u00aa<\/a> concede un plazo<\/strong> de creaci\u00f3n o adaptaci\u00f3n de estos canales que concluye el 1 de diciembre de 2023 <\/strong>paras las empresas por debajo de 250 trabajadores. Para el resto, el plazo es m\u00e1s breve, pues termina el 13 de junio de 2023<\/strong>.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo III: Canal externo de informaci\u00f3n<\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo III<\/strong><\/a> regula el canal externo de informaci\u00f3n<\/strong> donde pueden acudir las personas f\u00edsicas que deseen informar. Estar\u00e1 gestionado por la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante<\/strong> (A.A.I.) y gozar\u00e1 de independencia y autonom\u00eda en la recepci\u00f3n y tratamiento de la informaci\u00f3n sobre las infracciones.<\/p>\n

El colaborador podr\u00e1 acudir a este canal directamente o con posterioridad<\/strong> a la previa formulaci\u00f3n de informaci\u00f3n ante el canal interno.<\/p>\n

Se establece el procedimiento<\/strong> de recepci\u00f3n de comunicaciones y el tr\u00e1mite de admisi\u00f3n, que incluye un an\u00e1lisis preliminar y la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n, inadmisi\u00f3n motivada o remisi\u00f3n a otra autoridad u organismo. Se comunicar\u00e1 al Ministerio Fiscal en caso de indicios de delito.<\/p>\n

Si se admite a tr\u00e1mite la comunicaci\u00f3n, se inicia la fase instructora<\/strong>, que culmina con la emisi\u00f3n de un informe<\/strong> por la A.A.I., tras el cual, cabe el archivo o la iniciaci\u00f3n de un expediente sancionador<\/strong>. La resoluci\u00f3n de la A.A.I. no puede ser objeto de recurso. Se regula el conjunto de derechos y garant\u00edas que ostenta el informante en el procedimiento.<\/p>\n

La ley tambi\u00e9n prev\u00e9 la posible implantaci\u00f3n de canales externos por parte de las comunidades aut\u00f3nomas<\/strong>.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo IV: Disposiciones comunes al canal interno y externo.<\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo IV<\/strong><\/a> contiene disposiciones comunes a las comunicaciones internas y externas<\/strong>. Se regula la obligaci\u00f3n de proporcionar informaci\u00f3n adecuada de forma clara y f\u00e1cilmente accesible sobre los canales de comunicaci\u00f3n interna y externa. Tambi\u00e9n se recoge la obligaci\u00f3n de llevar un libro-registro<\/strong> de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo V: Revelaci\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

El <\/strong>t\u00edtulo V<\/strong><\/a> se ocupa de la revelaci\u00f3n p\u00fablica, <\/strong>que define como la puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico de informaci\u00f3n sobre acciones u omisiones en los t\u00e9rminos previstos en esta ley.<\/p>\n

Los informantes<\/strong> que utilizan los cauces internos y externos cuentan con un r\u00e9gimen espec\u00edfico de protecci\u00f3n frente a las represalias, incluyendo la protecci\u00f3n de las fuentes que mantienen los periodistas, especialmente los de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo VI: Tratamiento de datos<\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo VI<\/strong><\/a> regula el r\u00e9gimen del tratamiento de datos personales<\/strong> que deriven de la aplicaci\u00f3n de esta ley.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo VII: Medidas de protecci\u00f3n.<\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo VII<\/strong><\/a> se centra en las medidas de protecci\u00f3n<\/strong> para amparar a aquellas personas que alertan sobre infracciones graves que da\u00f1an el inter\u00e9s general.<\/p>\n

La ley proh\u00edbe y declara nulas las conductas de represalias<\/strong> como resoluci\u00f3n de contratos o da\u00f1o reputacional; ofrece medidas de protecci\u00f3n y anula cualquier cl\u00e1usula contractual que limite el derecho de informar<\/strong>, tales como cl\u00e1usulas de confidencialidad o disposiciones que reflejan renuncias expresas. Los informantes tambi\u00e9n contar\u00e1n con el apoyo de la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante.<\/p>\n

Adem\u00e1s, las personas a las que se refieren los hechos relatados<\/strong> en la comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n tienen derecho a una protecci\u00f3n adecuada.<\/p>\n

La ley incluye regulaciones sobre los programas de clemencia<\/strong> en ciertos \u00e1mbitos sectoriales, que pueden implicar la exenci\u00f3n o atenuaci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo VIII: Autoridad Independiente<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo VIII<\/strong><\/a> regula la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I.<\/strong><\/p>\n

Para cumplir los objetivos de esta ley y transponer la Directiva 2019\/1937, es necesario establecer una autoridad independiente y especializada t\u00e9cnicamente que reciba la informaci\u00f3n y la investigue, colaborando con el Ministerio Fiscal cuando se detecten delitos y proteja debidamente al informante.<\/p>\n

De sus tres cap\u00edtulos, el primero<\/strong> de ellos recoge la naturaleza y funciones<\/strong> de la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I.: Se trata de un ente de derecho p\u00fablico de nueva creaci\u00f3n, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propios, <\/strong>dotado de autonom\u00eda e independencia org\u00e1nica y funcional respecto del Ejecutivo y del sector p\u00fablico, as\u00ed como de toda entidad cuya actividad pueda ser sometida a su supervisi\u00f3n. Est\u00e1 vinculada al Ministerio de Justicia.<\/p>\n

Entre sus funciones<\/strong> se encuentra la llevanza del canal externo de comunicaciones<\/strong> (complementando los canales internos establecidos por las entidades p\u00fablicas y privadas), asunci\u00f3n de la condici\u00f3n de \u00f3rgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materia de protecci\u00f3n del informante, elaboraci\u00f3n de modelos de prevenci\u00f3n de delito en el \u00e1mbito p\u00fablico, asunci\u00f3n de la competencia sancionadora en la materia, entre otras.<\/p>\n

El cap\u00edtulo II<\/strong><\/a> desarrolla el r\u00e9gimen jur\u00eddico<\/strong> de la A.A.I.<\/p>\n

Se rige por<\/strong> lo dispuesto en esta ley y en su Estatuto (que se aprobar\u00e1). Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia se regir\u00e1 por las normas citadas en el art\u00edculo 110.1<\/a> de la Ley del Sector P\u00fablico.<\/p>\n

Su r\u00e9gimen presenta singularidades<\/strong> en materia de personal, de contrataci\u00f3n, patrimonial, de asistencia jur\u00eddica, presupuestario, de contabilidad y de control econ\u00f3mico-financiero. Entre ellas, cabe destacar que se le concede potestad para elaborar circulares y recomendaciones<\/strong> y el ejercicio de la potestad sancionadora <\/strong>prevista en el t\u00edtulo IX.<\/p>\n

El cap\u00edtulo III<\/strong><\/a> del t\u00edtulo VIII recoge el r\u00e9gimen de organizaci\u00f3n interna<\/strong> de la entidad. Se prev\u00e9 la existencia de una Presidencia, \u00f3rgano de gobierno de la Autoridad, que tendr\u00e1 como \u00f3rgano de asesoramiento una Comisi\u00f3n Consultiva, de marcado car\u00e1cter t\u00e9cnico. El presidente ser\u00e1 nombrado por un plazo improrrogable de 5 a\u00f1os y tendr\u00e1 el rango de subsecretario.<\/p>\n

Respecto a la coordinaci\u00f3n de sus competencias con las de las comunidades aut\u00f3nomas<\/strong>, la A.A.I. podr\u00e1 tramitar las comunicaciones que se reciban a trav\u00e9s de su canal externo que afecten al \u00e1mbito competencial de aquellas CCAA que as\u00ed lo decidan y suscriban el correspondiente convenio, y aquellas otras que no prevean \u00f3rganos propios que canalicen, en su \u00e1mbito competencial, las comunicaciones externas. Ver tambi\u00e9n la D.Ad. 2\u00aa<\/a> (convenios con las CCAA) y 4\u00aa<\/a> (Pa\u00eds Vasco).<\/p>\n

La A.A.I. elaborar\u00e1 una memoria anual<\/strong> y de informaci\u00f3n estad\u00edstica agregada (D.A. 3\u00aa<\/a>).<\/p>\n<\/a>

T\u00edtulo IX: R\u00e9gimen sancionador<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo IX<\/strong><\/a> -que es el \u00faltimo- establece el r\u00e9gimen sancionador<\/strong>, para combatir aquellas actuaciones que impliquen represalias contra los informantes, as\u00ed como los incumplimientos en el establecimiento de las reglas de los canales de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones Adicionales<\/span><\/h6>\n

Concluye la ley con seis disposiciones adicionales<\/strong> relativas a:<\/p>\n

– la revisi\u00f3n peri\u00f3dica de los procedimientos<\/strong> de recepci\u00f3n y seguimiento de las comunicaciones por las autoridades responsables,<\/p>\n

– los convenios<\/strong> que puedan suscribir Estado y comunidades aut\u00f3nomas,<\/p>\n

– la elaboraci\u00f3n de una memoria<\/strong> anual y de informaci\u00f3n estad\u00edstica agregada,<\/p>\n

– la administraci\u00f3n de los Territorios Hist\u00f3ricos del Pa\u00eds Vasco<\/strong><\/p>\n

– y la Estrategia<\/strong> contra la corrupci\u00f3n y a la extensi\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n;<\/p>\n<\/a>

Disposiciones finales<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

De las doce disposiciones finales, destacamos:<\/strong><\/p>\n

La D.F. 1\u00aa<\/a> incluye en el art\u00edculo 2<\/a> de la Ley\u00a01\/1996, de\u00a010 de enero, de asistencia jur\u00eddica gratuita<\/strong> a las personas informantes, seg\u00fan esta Ley.<\/p>\n

La D.F. 2\u00aa<\/a> afecta al art\u00edculo 10<\/a> (competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ) y a la D.Ad. 4\u00aa<\/a> (recursos) de la Ley\u00a0de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa<\/strong>, para incluir a la nueva Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I.<\/p>\n

La D.F. 3\u00aa<\/a> introduce la D.Ad. 12\u00aa<\/a> en la Ley\u00a0de Defensa de la Competencia<\/strong> dedicada a la comunicaci\u00f3n de posibles infracciones a trav\u00e9s del canal externo de comunicaciones de la Direcci\u00f3n de Competencia de la CNMC.<\/p>\n

La D.F. 4\u00aa<\/a> modifica el art. 65.5<\/a> de la Ley\u00a0de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/strong>, dedicado a la protecci\u00f3n de personas.<\/p>\n

La D.F. 5\u00aa<\/a> introduce el apartado 3 dentro del art\u00edculo 122<\/a> la Ley\u00a010\/2014, de\u00a026 de junio, de ordenaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y solvencia de entidades de cr\u00e9dito<\/strong>, que se dedica a la protecci\u00f3n en el \u00e1mbito laboral y contractual.<\/p>\n

La D.F. 6\u00aa<\/a> retoca el art\u00edculo 71<\/a> de la Ley\u00a0de Contratos del Sector P\u00fablico<\/strong>, sobre prohibici\u00f3n de contratar.<\/p>\n

La D.F. 7\u00aa<\/a> afecta al art\u00edculo 24<\/a> de la Ley Org\u00e1nica\u00a0de Protecci\u00f3n de Datos Personales<\/strong>, sobre el tratamiento de datos para la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas.<\/p>\n

Las siguientes <\/strong>disposiciones finales<\/strong><\/a> se refieren a los t\u00edtulos competenciales, la incorporaci\u00f3n de la Directiva (EU) 2019\/1937, una cl\u00e1usula de habilitaci\u00f3n normativa y la previsi\u00f3n de que en el plazo de un a\u00f1o tendr\u00e1 Estatuto la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I.<\/p>\n<\/a>

Entrada en vigor<\/span><\/h6>\n

Entrar\u00e1 en vigor el 13 de marzo de 2023<\/strong> (a los 20 d\u00edas de su publicaci\u00f3n en el BOE). Deben de tenerse en cuenta los plazos para la entrada en funcionamiento de los canales internos: 13 de junio de 2023 (general) o de 1 de diciembre de 2023 (para empresas de menos de 250 trabajadores).<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Enlaces<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n