\u00a0<\/p>\n
Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a><\/strong><\/p>\n Resoluci\u00f3n del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Foral de Bizkaia<\/a><\/strong><\/p>\n Consultas a la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia<\/a><\/strong><\/p>\n Resoluci\u00f3n del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Foral de Guipuzkoa<\/a><\/strong><\/p>\n Resoluciones y sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de\u00a0 4\u00a0 de mayo de 2015, Recurso 188\/2013. Improcedencia de la aplicaci\u00f3n de los beneficios fiscales de las explotaciones prioritarias a la adquisici\u00f3n de una finca que no se incorporaba en dicho momento a la explotaci\u00f3n<\/p>\n \u201cEn el supuesto analizado el demandante no adquiri\u00f3 ni una explotaci\u00f3n agraria, ni una parte de la misma, ni tampoco una finca r\u00fastica, sino una finca urbana en la que, al parecer, despu\u00e9s de la adquisici\u00f3n, realiz\u00f3 alguna instalaci\u00f3n accesoria a su explotaci\u00f3n y fue formalmente incorporada a la explotaci\u00f3n de su titularidad, ya en el a\u00f1o 2009, consecuencia de la solicitud formulada por el demandante 4 en el 17 de junio de 2008, por ser considerada, entonces, elemento de la explotaci\u00f3n conforme al apartado 3 del art\u00edculo 2 de la Ley 19\/1995 , y ello a la vista de la documentaci\u00f3n aportada por el actor en junio de 2008 y el informe del Ayuntamiento, al tener la finca dependencias agrarias. No cabe duda, por ello, que en el momento de la adquisici\u00f3n el solar objeto de la donaci\u00f3n gravada por el impuesto no formaba parte de su explotaci\u00f3n ni, en realidad, se incorporaba a la misma, sino que ocurri\u00f3 en un momento posterior, debiendo estarse para valorar la procedencia de la exenci\u00f3n al momento en que la transmisi\u00f3n tuvo lugar. Tampoco consta suficientemente justificado que la adquisici\u00f3n lo fuera para la primera instalaci\u00f3n de una explotaci\u00f3n prioritaria, como requiere el reproducido art\u00edculo 20.1 de la Ley 19\/1995, a la vista del tenor del art\u00edculo 17 de la misma Ley. Por ello el recurso debe ser desestimado en este punto.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 4 de mayo de 2015, Recurso 546\/2011. Actos Jur\u00eddicos Documentados. Valoraci\u00f3n por precios medios en el mercado. Norma reglamentaria que excluye la aplicaci\u00f3n de dicho medio de comprobaci\u00f3n cuando el bien excede de 300.000 euros. No se puede aplicar a otros supuestos<\/strong><\/p>\n El Tribunal se remite a la Sentencia de 15\u00a0 de noviembre de 2010 en la que declar\u00f3: \u201c<\/strong>Considera la parte actora que, al ser la extensi\u00f3n superficial de una de las fincas transmitidas superior a las 15 hect\u00e1reas de regad\u00edo y superar el valor de la transmisi\u00f3n los 300.000 #, por aplicaci\u00f3n de la norma no es posible la valoraci\u00f3n con esos criterios y que, por ende, la aplicaci\u00f3n que hace el perito de la Administraci\u00f3n de los precios medios del mercado recogidos en dicha Orden invalida la pericia practicada; a ello opuso el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que dicho precepto no puede entenderse en modo alguno como postula la parte demandante, pues ello comportar\u00eda una autolimitaci\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n v\u00eda Orden de los m\u00e9todos de comprobaci\u00f3n de valores que la Ley le otorga, de modo que, habida cuenta que el art. 134.1 de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , establece que \u00abLa Administraci\u00f3n tributaria podr\u00e1 proceder a la comprobaci\u00f3n de valores de acuerdo con los medios previstos en el art\u00edculo 57 de esta ley , salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administraci\u00f3n actuante en aplicaci\u00f3n de alguno de los citados medios\u00bb, lo que el legislador auton\u00f3mico establece no es otra cosa que una limitaci\u00f3n a la posibilidad de que los interesados puedan utilizar, en sus autoliquidaciones, los precios de mercado en los supuestos que enumera con el efecto excluyente de la comprobaci\u00f3n de valores por parte de la Administraci\u00f3n cuando el interesado se ajuste a dichos precios. No podemos, sin embargo, acoger los argumentos de la defensa de la Administraci\u00f3n demandada para fundamentar la conformidad a Derecho de la resoluci\u00f3n impugnada. La Propia Orden de 19 de enero de 2005 contempla, en su art. 5\u00ba, una serie de supuestos en los que expresamente se prev\u00e9 que la Administraci\u00f3n no proceder\u00e1 a la comprobaci\u00f3n de los valores declarados por los contribuyentes, entre los que se encuentra \u00abCuando sea de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en el cap\u00edtulo I de esta Orden y el valor declarado por los contribuyentes sea igual o superior al precio medio en el mercado que en \u00e9l se aprueba\u00bb (letra a); lo que ha de ser interpretado, en lo que aqu\u00ed nos interesa, en el sentido de que la Orden no es de aplicaci\u00f3n en todo caso sino solo en los supuestos contemplados en el art. 1\u00ba que, como hemos visto, excluye expresamente de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n las fincas que superen una determinada extensi\u00f3n o su valor sea superior a los 300.000 #, de lo que no cabe sino concluir que en los supuestos excluidos ha de acudirse, en su caso, a la comprobaci\u00f3n de valores. En consecuencia, y siendo la interpretaci\u00f3n que se postula en la contestaci\u00f3n a la demanda frontalmente contraria a la literalidad del mencionado art. 1.3, se impone (sin perjuicio de que la Administraci\u00f3n pueda, con el l\u00edmite de la prescripci\u00f3n o del abuso del derecho, proceder a comprobar el valor declarado), la estimaci\u00f3n del recurso, pues, descartada la aplicaci\u00f3n al presente caso de los precios medios del mercado, es evidente la falta de motivaci\u00f3n de una valoraci\u00f3n que se basa exclusivamente en la aplicaci\u00f3n de los precios medios que se recogen en la repetida Orden sin hacer la m\u00e1s m\u00ednima referencia a los criterios utilizados para llegar al valor impugnado, cuyo m\u00e9todo, insistimos, est\u00e1 expresamente excluido por la norma que se aplica. Aplicando la anterior doctrina, consideramos que procede estimar el recurso interpuesto pues el perito emplea un m\u00e9todo que la propia Administraci\u00f3n excluye en la norma que resulta de aplicaci\u00f3n; resultando innecesario resolver sobre el resto de cuestiones planteadas. Aunque se a trav\u00e9s de un dictamen pericial, en realidad tal dictamen no es sino un informe de un t\u00e9cnico que aplica la normativa cuyo uso queda excluido para ese supuesto.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Granada, de 4 de mayo de \u00a02015, Recurso 223872010. Diferencia entre la concesi\u00f3n administrativa, sujeta a ITP, y el contrato de prestaci\u00f3n de servicios.<\/p>\n \u00a0\u201cResulta que la gesti\u00f3n indirecta de un servicio p\u00fablico puede hacerse siguiendo las l\u00edneas de una concesi\u00f3n administrativa, cuando existe riesgo en la gesti\u00f3n o esta se asume por el empresario, o como un contrato de prestaci\u00f3n de servicios en el que el contratista act\u00faa como un mero auxiliar de la Administraci\u00f3n, de forma que queda claramente constituida la concesi\u00f3n desde el momento en que el concesionario act\u00faa sustituyendo a la Administraci\u00f3n concedente, actuando pro ella, mientras que en el contrato de servicios el contratista se limita a realizar una serie de prestaciones que sirven a la Administraci\u00f3n contratante como elemento auxiliar. Por tanto para establecer la verdadera naturaleza jur\u00eddica del contrato, y aunque en el presente caso no se configura inicialmente el contrato como gesti\u00f3n indirecta aunque en las clausulas se hace referencia al contratista concesionario), sin embargo se incorporan al mismo cl\u00e1usulas que si podr\u00eda determinar su car\u00e1cter de gesti\u00f3n indirecta a trav\u00e9s de la figura concesional, puesto que se somete a la Ley de Contratos de las Administraciones P\u00fablicas, adem\u00e1s de que se pacta en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo segunda que \u00abel contrato se realizar\u00e1 a riesgo y ventura del contratista, y esta no tendr\u00eda derecho a indemnizaci\u00f3n por causa de p\u00e9rdidas, aver\u00eda o perjuicios ocasionados, salvo en los casos de fuerza mayor admitidos por la legislaci\u00f3n vigente aplicable\u00bb.– Pero como se\u00f1ala la sentencia del TS de 18 de junio de 2010 , \u00abCon independencia de las referencias que, bien en el propio contrato celebrado o bien en los Pliegos de Condiciones aplicables en la contrataci\u00f3n, se hacen a la figura de la concesi\u00f3n o a la del concesionario, lo determinante, a los efectos fiscales, es si de la celebraci\u00f3n del contrato con el Ayuntamiento se origina un desplazamiento patrimonial en favor de la entidad contratante al colocarla en situaci\u00f3n de obtener un beneficio especial con motivo de la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso p\u00fablico……………..\u00bb, circunstancias \u00e9stas que debe entenderse que concurren en el caso del presente recurso, ya que se trata de una gesti\u00f3n indirecta de un servicio p\u00fablico de competencia municipal y de obligada prestaci\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 26, 1, a) de la Ley de Bases de R\u00e9gimen Local , y entre las formas de gesti\u00f3n indirecta al transferirse una esfera de actuaci\u00f3n originariamente perteneciente a la Corporaci\u00f3n local, que le faculta para gestionar plenamente el servicio, por lo que debe negarse la existencia de arrendamiento al no haberse procedido al arrendamiento de instalaciones. En consecuencia la redacci\u00f3n del art\u00edculo 13, 2 ya referido, es aplicable al caso de autos aunque cuando faltare alguna de las caracter\u00edsticas de las concesiones administrativas, y por ello, y a los efectos del impuesto, el actual contrato de servicio de mantenimiento y renovaci\u00f3n de las instalaciones del alumbrado p\u00fablico, se encontrar\u00eda equiparado a estas, y sujeto al impuesto, por lo que el recurso debe ser estimado, sin que de conformidad con el art\u00edculo 139 de la LJCA haya lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre las costas de la presente instancia.\u201d<\/p>\n En la Sentencia del TSJ de las Islas Baleares de 27 de mayo de 2015, Recurso 190\/2014, se declar\u00f3 lo siguiente: \u201csi atendemos a la verdadera naturaleza del contrato que se presta -y no a las cl\u00e1usulas del Pliego para el que se licit\u00f3-, ya se advierte que la empresa no es concesionaria ni gestora de un servicio p\u00fablico a los efectos del ITP y AJD, pues como bien afirma la resoluci\u00f3n recurrida\u00bb la esencia de la decisi\u00f3n ha de situarse en relaci\u00f3n a la condici\u00f3n de la facturaci\u00f3n, que es la que debe considerar como el criterio determinante para saber si se trata de un contrato de gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos (siempre que el contratista, relacion\u00e1ndose con los usuarios, les cobra a \u00e9stos las correspondientes tarifas), o ante un contrato de simple prestaci\u00f3n de servicios, en virtud del cual el contratista se relaciona con la Administraci\u00f3n que le paga el importe acordado\u00bb. Pues bien, atendi\u00e9ndose a dicho criterio ya se ha indicado que la empresa recauda las tarifas para el Ayuntamiento, que es quien las recibe de los particulares en su integridad, de modo que la empresa no participa en modo alguno en porcentaje sobre las indicadas tarifas en contraprestaci\u00f3n a sus servicios, sino que la \u00fanica contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por el servicio prestado al Ayuntamiento, es la cantidad anual que percibe de dicho Ayuntamiento. Cantidad desligada de la recaudaci\u00f3n anual que por el servicio de regulaci\u00f3n horaria del aparcamiento obtiene el Ayuntamiento. En definitiva, a efectos tributarios, la gesti\u00f3n del servicio de regulaci\u00f3n horaria lo presta el Ayuntamiento, que cobra las tarifas de los usuarios por ello, y el contratista se limita a prestar un servicio auxiliar al Ayuntamiento y por cuenta de \u00e9ste (recaudaci\u00f3n de tarifas para la corporaci\u00f3n, cuidar las instalaciones expendedoras de billetes y reponerlas, el control del tiempo de estacionamiento de los veh\u00edculos, …), lo que impide conceptuar lo convenido como concesi\u00f3n administrativa o de gesti\u00f3n indirecta de un servicio p\u00fablico.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 5 de mayo de 2015, Recurso 25\/2012. Condici\u00f3n de sujeto pasivo de IVA del arrendador de inmuebles que vende uno de ellos. \u00a0Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido. Sanci\u00f3n. Culpabilidad. Interpretaci\u00f3n razonable de la condici\u00f3n de empresarios de la parte vendedora.<\/strong><\/p>\n \u201cAl margen de la correcci\u00f3n o no de la liquidaci\u00f3n, que, como decimos, no ha sido objeto de recurso, la sanci\u00f3n impuesta resulta claramente improcedente. Los vendedores, que formaban comunidad de bienes, ten\u00edan arrendadas las naves como actividad empresarial, habi\u00e9ndose dado de alta en el censo fiscal y realizando las correspondientes declaraciones e ingresos de IVA en relaci\u00f3n a este alquiler. Esta situaci\u00f3n se mantuvo desde enero de 1998 hasta diciembre de 2005. Ciertamente en esa fecha se extingui\u00f3 el contrato de arrendamiento sobre las naves. Ahora bien, los propios vendedores manifiestan (en la contestaci\u00f3n a la demanda del pleito civil entablado entre las partes de la operaci\u00f3n) que una vez extinguido el arrendamiento en diciembre de 2005, la comunidad no se dio de baja en el censo de sujetos pasivos del IVA, ya que intent\u00f3 poner la nave en arriendo, pero sin \u00e9xito, de modo que la nave estuvo ofrecida en 2006 para arrendamiento sin que se lograse arrendar; y esa era la situaci\u00f3n cuando se vendi\u00f3 la nave. Siendo esto as\u00ed, es muy discutible que los vendedores no tuvieran la condici\u00f3n de empresarios cuando vendieron, o, en cualquier caso, hab\u00eda razones suficientes para que el comprador pudiera entender que lo eran sin forzar la realidad de las cosas, pues el hecho de que el inmueble que se arrienda est\u00e9 transitoriamente vacante pero siga intent\u00e1ndose su arriendo no elimina la actividad, y los propietarios segu\u00edan de alta en el censo. La consideraci\u00f3n de que eran empresarios supone una opci\u00f3n o interpretaci\u00f3n razonable que excluye la culpabilidad y por tanto la infracci\u00f3n, sin que los argumentos del Tribunal Econ\u00f3mico- administrativo para imputar culpabilidad pasen de ser puras hip\u00f3tesis carentes de sustento alguno o argumentos irrelevantes. As\u00ed, que en la escritura constase que la nave no ten\u00eda en ese momento inquilino, y que los adquirentes pudieran saber que llevaba unos meses sin arrendamiento efectivo, no imped\u00eda la inferencia razonable a que se ha hecho referencia en el p\u00e1rrafo anterior. Que en la factura se hablase de terrenos no obsta a que en la escritura se hablase de \u00abnaves\u00bb, y no vemos que eso afecte a la percepci\u00f3n por el comprador de que los vendedores pod\u00edan ser razonablemente considerados empresarios, y tanto puede deberse a lo que dice el Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo como a que el principal inter\u00e9s de los compradores radicase en los terrenos y no en las naves mismas. Y que el comprador se pudiera deducir el IVA soportado y tuviera por tanto inter\u00e9s econ\u00f3mico en que la operaci\u00f3n estuviera sujeta a este impuesto y no al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales no es algo desde luego que sirva para presumir su culpabilidad.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Sevilla, de 8 de mayo de 2015, Recurso 59\/2013. Hay que estar a la fecha del devengo del ISD para comprobar si concurren los requisitos necesarios para aplicar las reducciones que procedan.<\/p>\n Siguiendo la Sentencia del TS de 8 de mayo de 2015, que parcialmente se reproduce a continuaci\u00f3n, el Tribunal declara que \u201c\u2026 Hay que advertir que esta cuesti\u00f3n no ha sido directamente abordada por la jurisprudencia de esta Sala. No obstante, en nuestras sentencias de 17 de febrero de 2011 (casaci\u00f3n 2124\/06) y 26 de octubre de 2012 (casaci\u00f3n 6745\/09), nos pronunciamos sobre la fecha que deb\u00eda servir para marcar el momento de la constataci\u00f3n de la reducci\u00f3n del art\u00edculo 20.2.c) del impuesto sobre sucesiones. En ambos casos afirmamos que se debe estar a la fecha del devengo del impuesto sobre sucesiones para comprobar si concurren o no los requisitos para aplicarla….. Dijimos en las dos sentencias citadas, que el momento determinante para comprobar si concurr\u00edan los requisitos para aplicar la reducci\u00f3n de la base liquidable era el del devengo del impuesto, es decir, el del fallecimiento del causante, como establece el art\u00edculo 24.1 de la Ley. A\u00f1ad\u00edamos en la de 17 de febrero de 2011 (FJ 4\u00ba) que \u00ab [A]l tratarse de un Impuesto el de Sucesiones de devengo instant\u00e1neo, los requisitos para exigir la reducci\u00f3n deber\u00e1n cumplirse en el devengo; habr\u00e1 que atender al \u00faltimo periodo impositivo del IRPF anterior a la transmisi\u00f3n\u00bb. Es cierto que no puntualiz\u00e1bamos cual era ese \u00ab\u00faltimo periodo impositivo\u00bb, pero de la soluci\u00f3n dada al recurso se desprend\u00eda que era el ejercicio de renta que, con devengo anticipado por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 12 de la Ley 40\/1998 , se hab\u00eda producido con la muerte del causante. Es decir, en el supuesto en que el causante fuera la persona que llevara a cabo las actividades de direcci\u00f3n de la empresa familiar, su fallecimiento determinaba el devengo del impuesto sobre sucesiones y el devengo anticipado en renta, recayendo sobre sus herederos la obligaci\u00f3n de presentar la correspondiente autoliquidaci\u00f3n. Este ejercicio de renta, anticipadamente devengado, es el \u00faltimo periodo impositivo anterior a la transmisi\u00f3n mortis causa que constituye el hecho imponible del impuesto sobre sucesiones\u00bb. Y, aunque no sea nuestro caso (pues para nosotros -no se discute- la causante ejerc\u00eda la actividad), corrobora ese criterio lo que el TS dice a continuaci\u00f3n en la citada sentencia: \u00abid\u00e9ntica soluci\u00f3n debemos dar cuando quien lleva a cabo las funciones de direcci\u00f3n es uno de los herederos dentro del \u00e1mbito de parentesco contemplado por la norma, pese a que para \u00e9l no se produzca el devengo anticipado en su impuesto sobre la renta del ejercicio en que tiene lugar el deceso. Lo que deber\u00e1 acreditarse en cada supuesto enjuiciado es que, en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante, las retribuciones percibidas por el heredero por las efectivas funciones de direcci\u00f3n en la empresa familiar superaron el porcentaje del 50% sobre el resto de las retribuciones integradas en su base imponible general\u00bb. Pues bien, de la declaraci\u00f3n del IRPF obrante a los folios 598 y siguientes del expediente, correspondiente a la causante y respecto del ejercicio 2009 en que se produjo el fallecimiento (el 20 de febrero) y el devengo anticipado de dicho impuesto y el de sucesiones, declaraci\u00f3n a la que debemos estar conforme a la expresada STS, resulta que la Sra. \u00c1ngela , madre de los recurrentes, obtuvo unos rendimientos del trabajo de 1.601,58 euros y unos ingresos por actividades agr\u00edcolas, ganaderas y forestales de 6.829,83 euros. F\u00e1cilmente se colige que los rendimientos de la actividad empresarial eran su principal fuente de renta al momento del devengo del impuesto. Procede, pues, en este particular la estimaci\u00f3n del recurso, al cumplirse los requisitos para la reducci\u00f3n interesada.\u201d<\/p>\n En la Sentencia del TSJ de Madrid de 18 de junio de 2015, Recurso 481\/2013, se declar\u00f3 lo siguiente, citando la Sentencia del TS de 18 de junio de 2015: \u201cDijimos en las dos sentencias citadas, que el momento determinante para comprobar si concurr\u00edan los requisitos para aplicar la reducci\u00f3n de la base liquidable era el del devengo del impuesto, es decir el del fallecimiento del causante como establece el art\u00edculo 24.1 de la Ley. A\u00f1ad\u00edamos en la de 17 de febrero de 2011 (FJ 4\u00ba) que \u00ab [A]l tratarse de un Impuesto -el de Sucesiones – de devengo instant\u00e1neo, los requisitos para exigir la reducci\u00f3n deber\u00e1n cumplirse en el devengo; habr\u00e1 que atender al \u00faltimo periodo impositivo del IRPF anterior a la transmisi\u00f3n\u00bb. Es cierto que no puntualiz\u00e1bamos cual era ese \u00ab\u00faltimo\u00bb periodo impositivo, pero de la soluci\u00f3n dada al recurso se desprend\u00eda que era el ejercicio de renta que, con devengo anticipado por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 12 de la Ley 40\/1998 , se hab\u00eda producido con la muerte del causante. Es decir, en el supuesto en que el causante fuera la persona que llevara a cabo las actividades de direcci\u00f3n de la empresa familiar, su fallecimiento determinaba el devengo del impuesto sobre sucesiones y el devengo anticipado en renta, recayendo sobre sus herederos la obligaci\u00f3n de presentar la correspondiente autoliquidaci\u00f3n. Este ejercicio de renta, anticipadamente devengado, es el \u00faltimo periodo impositivo anterior a la transmisi\u00f3n mortis causa que constituye el hecho imponible del impuesto sobre sucesiones. Id\u00e9ntica soluci\u00f3n debemos dar cuando quien lleva a cabo las funciones de direcci\u00f3n es uno de los herederos dentro del \u00e1mbito de parentesco contemplado por la norma, pese a que para \u00e9l no se produzca el devengo anticipado en su impuesto sobre la renta del ejercicio en que tiene lugar el deceso. Lo que deber\u00e1 acreditarse en cada supuesto enjuiciado es que, en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante, las retribuciones percibidas por el heredero por las efectivas funciones de direcci\u00f3n en la empresa familiar superaron el porcentaje del 50% sobre el resto de las retribuciones integradas en su base imponible general. En el presente caso, por la Sala de instancia se constat\u00f3 y qued\u00f3 acreditado que don Borja percibi\u00f3 hasta el momento del fallecimiento cantidades que superaron el 50% del resto de sus retribuciones y rendimientos integrables en la base imponible general, por las efectivas labores de direcci\u00f3n en las empresas familiares. Por \u00faltimo, debemos a\u00f1adir que si acept\u00e1ramos el criterio defendido por la Administraci\u00f3n y consider\u00e1ramos como \u00ab\u00faltimo\u00bb ejercicio de renta el efectivamente devengado para el heredero, estar\u00edamos tomando como referencia lo acontecido el a\u00f1o anterior, y no lo ocurrido el a\u00f1o en que tuvo lugar el fallecimiento del causante. La soluci\u00f3n propuesta por la Comunidad de Madrid, que rechazamos, nos llevar\u00eda a situaciones ciertamente absurdas; permitir\u00eda aplicar la reducci\u00f3n de la base liquidable a casos en los que concurriendo los requisitos exigidos en el heredero en el periodo impositivo de renta anterior al a\u00f1o en que se produjo el fallecimiento no se dieran en el momento en que acaeci\u00f3 el deceso. Por el contrario, har\u00eda inviable la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n en aquellas empresas familiares constituidas o puestas en funcionamiento en el mismo a\u00f1o del fallecimiento del causante; en estos casos la referencia al \u00abejercicio anterior\u00bb impedir\u00eda la reducci\u00f3n de la base, a pesar de que en la fecha del devengo del impuesto sobre sucesiones se cumplieran las condiciones exigidas\u00bb A la vista de todos los antecedentes expuestos, el \u00fanico fundamento de denegaci\u00f3n de reducci\u00f3n no puede ser aceptado, por no ser exigible la acreditaci\u00f3n de presupuestos para momento distinto del devengo, por lo que no habiendo cuestionado la demandada en v\u00eda administrativa, ni jurisdiccional, el cumplimiento de requisitos respecto de la hermana del causante en el a\u00f1o 2002, que por el contrario en cuanto analiza reconoce, procede la estimaci\u00f3n del recurso.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de mayo de 2015, Recurso 955\/2012. En el ISD no se da la solidaridad entre los herederos<\/p>\n \u201cA diferencia de lo que ocurre con otros impuestos, en el Impuesto sobre Sucesiones no se da la concurrencia de dos o m\u00e1s personas en la titularidad del hecho imponible pues, para cada heredero, el hecho imponible no es la herencia en su totalidad, sino la visi\u00f3n individual que cada heredero hace de la parte que le corresponde. Como dice la resoluci\u00f3n del TEAR: \u00abde ah\u00ed que se giren tantas liquidaciones como herederos haya y (adem\u00e1s) por la porci\u00f3n hereditaria que corresponda a cada uno de ellos\u00bb. No existe solidaridad entre los herederos respecto de la deuda tributaria de todos los coherederos en su conjunto. Cada heredero est\u00e1 obligado a tributar por un hecho imponible distinto que corresponde exactamente a su hijuela. Por la misma raz\u00f3n, y en justa reciprocidad, tampoco resulta aplicable a estos casos el art\u00edculo 68.7 de la misma norma seg\u00fan el cual \u00abinterrumpido el plazo de prescripci\u00f3n para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los temas obligados, incluidos los responsables\u00bb.<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia \u00a0de 12 de mayo de 2015, Recurso 2368\/2011. La divisi\u00f3n horizontal y adjudicaci\u00f3n a los comuneros s\u00f3lo da lugar una vez al devengo del Impuesto de AJD.<\/p>\n Se cita doctrina y jurisprudencia favorable a dicha descripci\u00f3n.<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 15 de mayo de 2015, Recurso 718\/2011. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Valoraci\u00f3n de las pruebas periciales. Dictamen pericial presentado por la parte actora con una amplia motivaci\u00f3n, caracterizada por su racionalidad, que prevalece frente al dictamen del t\u00e9cnico de la Administraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>Y lo cierto es que las razones dadas por el perito en su informe convencen a la Sala, frente al informe que consta en el expediente administrativo carente de la m\u00ednima explicaci\u00f3n. Y ello porque todas ellas se respaldan en la documentaci\u00f3n que se aporta, sin que las alegaciones expuestas por el Abogado de la Junta lo desvirt\u00faen; no solo porque no es el momento procesal oportuno sino tambi\u00e9n por provenir de quien no est\u00e1 habilitado profesionalmente para contrarrestarlas sin ni siquiera proponer las aclaraciones en los extremos cuyas explicaciones no acepta. En cualquier caso si debemos decir que la publicidad que se aporta de las p\u00e1ginas web de la actora y de otros vendedores de parcelas de la zona en nada vinculan, pues como se\u00f1ala la parte constituye estrategia comercial y pod\u00eda haber sido acreditado de otra forma, lo que le perjudica en virtud del principio de facilidad probatoria. Las consideraciones de la aplicaci\u00f3n del POM a la parcela no dejan de carecer de traslado valorativo al precio; sin que el n\u00famero de viviendas o de alturas aporten ning\u00fan extremo nuevo a falta de otro extremo comparativo. Para la jurisprudencia la fuerza probatoria de los dict\u00e1menes periciales reside esencialmente, no en sus afirmaciones ni en la condici\u00f3n, categor\u00eda o n\u00famero de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentaci\u00f3n y raz\u00f3n de ciencia, debiendo tenerse por tanto como primer criterio orientador en la determinaci\u00f3n de su fuerza de convicci\u00f3n el de conceder prevalencia, en principio, a aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una superior explicaci\u00f3n racional…\u00bb. Por todo ello entendemos que el recurso debe ser estimado al venir probado el valor real de la parcela adquirida al tiempo de su compra por la pericial aportada con la demanda que no ha sido desvirtuada en forma.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid \u00a0de 18 de mayo de 2015, Recurso 24\/2013. Calificaci\u00f3n de la operaci\u00f3n como extinci\u00f3n del condominio, no sujeta a ITP, s\u00ed a AJD, rectific\u00e1ndose el error de los part\u00edcipes que la calificaron como permuta.<\/p>\n \u201cPone de manifiesto que las fincas objeto del cese del proindiviso fueron adquiridas por el actor y sus hermanos don Raimundo y do\u00f1a Rosana en virtud de t\u00edtulos de herencia de sus padres en iguales partes indivisa heredando respecto de la primera finca el 100% de la misma, es decir cada uno ha \u00a0adquirido una parte indivisas equivalente al 25% de la finca, y respecto de la otra finca s\u00f3lo el 90%, es decir cada uno el 22.5% de la misma. Entiende que las partes comparecientes en el negocio jur\u00eddico acordaron extinguir el condominio existente hasta entonces en cada una de las dos fincas y la operaci\u00f3n se liquid\u00f3 como extinci\u00f3n del condominio y as\u00ed aunque los otorgantes del negocio jur\u00eddico denominaran err\u00f3neamente al mismo como permuta ello no implica la sujeci\u00f3n a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas pues atendiendo al verdadero contenido de lo estipulado por los comparecientes lo que llevaron a cabo fue la disoluci\u00f3n del condominio de ambas fincas y ello se produjo a partir del negocio jur\u00eddico objeto de la liquidaci\u00f3n impugnada sin que exista duda de que en el presente caso el recurrente deja de ser comunero en la primera finca y el actor y su hermana dejan de serlo en la segunda finca extingui\u00e9ndose por lo tanto el condominio existente en ambas fincas debiendo tributar como cese de proindiviso y no como transmisi\u00f3n onerosa. El Abogado del Estado se opone a las alegaciones de la actora considerando que junto a la extinci\u00f3n del condominio se realiz\u00f3 la permuta adquiriendo la actora una cuota indivisa sobre un bien a cambio de la cesi\u00f3n de un derecho. En id\u00e9ntico sentido se pronuncia la parte codemandada.\u201d<\/p>\n \u201cComo bien saben las partes la cuesti\u00f3n ya ha sido resuelta positivamente en favor de la tesis del recurrente en nuestra sentencia de 18 de mayo de 2014 (recurso 1278\/2011) al resolver el recurso interpuesto por la hermana del recurrente, la otra due\u00f1a que suscribi\u00f3 la misma escritura, y que reproducimos en aras de la unidad de doctrina exigible en raz\u00f3n de la igualdad de litigio.<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Sevilla, de 21 de mayo de 2014, Recurso 512\/2014.\u00a0 El incumplimiento de obligaciones fiscales en el IRPF por el causante no impide la aplicaci\u00f3n de los beneficios por transmisi\u00f3n del patrimonio empresarial si concurren sus requisitos<\/p>\n \u201cCiertamente de lo destacado ya por la Administraci\u00f3n tributaria en el sentido de que el causante no estaba dado de alta como empresario, ni declaraba ingresos derivados de actividades econ\u00f3micas en el IRPF, pudieran desprenderse incumplimientos de la normativa sobre IRPF; pero por lo que aqu\u00ed interesa, lo que se infiere de los hechos m\u00e1s arriba considerados como probados, puestos en relaci\u00f3n con la regulaci\u00f3n igualmente referenciada, es la adquisici\u00f3n por el contribuyente por t\u00edtulo de herencia de participaciones en una serie de fincas de la titularidad de un socio cooperativista sobre las que se desarrollaba una actividad agr\u00edcola en funcionamiento; y por tanto el derecho de aqu\u00e9l a aplicar la reducci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 4.2 de la Ley 12\/2006 al darse los requisitos que en \u00e9l se establecen en la redacci\u00f3n aplicable a la fecha de devengo del impuesto. Procediendo por ello la desestimaci\u00f3n del recurso.\u201d<\/p>\n Las fincas r\u00fasticas se encontraban bajo el r\u00e9gimen de comunidad de bienes.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Sevilla, de 21 de mayo de 2015, Recurso 667\/2014. Necesidad de motivar particularmente la valoraci\u00f3n de un bien, no obstante el empleo de coeficiente multiplicador sobre el valor catastral<\/p>\n \u201c- Como ha tenido ocasi\u00f3n esta Sala de pronunciarse en sentencia de 24 de noviembre de 2011 (recurso 1242\/2010), ha de motivarse la comprobaci\u00f3n de valor en lo referente a la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del bien, coeficiente multiplicador, y m\u00e9todo de valoraci\u00f3n utilizado, y en el supuesto que se enjuicia, no sucede lo propio con la determinaci\u00f3n del valor catastral actualizado del inmueble transmitido. La valoraci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, cuando como en nuestro caso no coincide con la declarada por el obligado tributario, debe estar debida y expresamente motivada, motivaci\u00f3n que ha de ser puesta en su conocimiento para que en su caso pueda alegar y probar lo procedente en orden a contradecirla. As\u00ed resulta de lo dispuesto en la LGT, que en su art\u00edculo 102.2.c) dispone que las liquidaciones tributarias se notificar\u00e1n con expresi\u00f3n de la motivaci\u00f3n de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario; mientras que el art\u00edculo 134.3 del mismo cuerpo legal establece que si el valor determinado por la Administraci\u00f3n tributaria es distinto al declarado por el obligado tributario, aqu\u00e9lla, al tiempo de notificar la propuesta de regularizaci\u00f3n, comunicar\u00e1 la propuesta de valoraci\u00f3n debidamente motivada, con expresi\u00f3n de los medios y criterios empleados. En relaci\u00f3n con la motivaci\u00f3n de los actos de comprobaci\u00f3n de valores el Tribunal Supremo ha se\u00f1alado en la sentencia de 3 de diciembre de 1999 , con cita de las de 3 y 26 de mayo de 1989, 20 de enero y 20 de julio de 1990, 18 de junio y 23 de diciembre de 1991, 8 de enero de 1992, 22 de diciembre de 1993, 24 y 26 de febrero de 1994, 4, 11 y 25 de octubre y 21 de noviembre de 1995, 18 y 29 de abril y 12 de mayo de 1997 y 25 de abril de 1998 , que \u00abla jurisprudencia ha sentado la doctrina de que los informes periciales que han de servir de base a la comprobaci\u00f3n de valores, deben ser fundados, lo cual equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta; que la justificaci\u00f3n de dicha comprobaci\u00f3n es una garant\u00eda tributaria ineludible; que por muy lac\u00f3nica y sucinta que se interprete la obligaci\u00f3n administrativa de concretar los hechos y elementos adicionales motivadores de la elevaci\u00f3n de la base, no puede entenderse cumplida dicha obligaci\u00f3n impuesta por el art. 121 de la Ley General Tributaria , si se guarda silencio o si se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoraci\u00f3n o solo referencias gen\u00e9ricas a los elementos tenidos en cuenta mediante f\u00f3rmulas repetitivas que podr\u00edan servir y de hecho sirven, para cualquier bien. Por el contrario -contin\u00faa diciendo esa sentencia- la comprobaci\u00f3n de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administraci\u00f3n considera valor real, pueda conocer sus fundamentos t\u00e9cnicos y pr\u00e1cticos y as\u00ed aceptarlo, si llega a la convicci\u00f3n de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasaci\u00f3n pericial contradictoria a la que tambi\u00e9n tiene derecho. Analizando a la luz de esta jurisprudencia la valoraci\u00f3n efectuada por la Administraci\u00f3n se ha de concluir por lo expuesto que la misma no se encuentra debidamente motivada en lo relativo al valor catastral actualizado del inmueble, par\u00e1metro de referencia para determinar el valor real del inmueble seg\u00fan el m\u00e9todo de valoraci\u00f3n utilizado regulado en los art\u00edculos 57.1.b) LGT y Decreto Legislativo 1\/2009 y Ley 3\/2004. No debe olvidarse que por acuerdo anterior del TEARA de 27 de junio de 2013, se procedi\u00f3 a la anulaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n tributaria consecuencia de la comprobaci\u00f3n de valores, por falta de motivaci\u00f3n, fundament\u00e1ndose el acuerdo referido en sentencias de esta Sala.\u201d<\/p>\n Criterio distinto es el seguido por el TSJ de Andaluc\u00eda, Sede de M\u00e1laga, de 30 de junio de 2015, Recurso 909\/2012, que declar\u00f3 lo siguiente: \u201ccomo viene diciendo esta Sala en diversas Sentencias, dada la claridad de los preceptos y de la Orden en cuesti\u00f3n, as\u00ed como la escritura de compraventa, y la motivaci\u00f3n de la comprobaci\u00f3n de valor, debe rechazarse rotundamente la denuncia de falta de motivaci\u00f3n que se imputa a la Administraci\u00f3n que, por tanto, ninguna indefensi\u00f3n ha provocado a la parte recurrente. Constan en dicha documentaci\u00f3n los datos relativos al valor catastral del inmueble, as\u00ed como la operaci\u00f3n practicada al amparo del citado art\u00edculo 37.2, con el resultado que arroja. Nada ni nadie ha impedido al demandante demostrar, bien que era inadecuado a Derecho la utilizaci\u00f3n de ese medio de comprobaci\u00f3n por mor de las caracter\u00edsticas o destino de los bienes valorados, bien que no era ese el valor catastral actualizado a la fecha del hecho imponible, bien que la Administraci\u00f3n err\u00f3 en la aplicaci\u00f3n del coeficiente de referencia, bien que sufri\u00f3 error en la operaci\u00f3n de multiplicaci\u00f3n, o incluso que se equivoc\u00f3 al hallar el montante a que ascend\u00eda la liquidaci\u00f3n. Bas\u00e1ndose por lo dem\u00e1s la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n y resultado de un m\u00e9todo cuyas prescripciones aparecen consignadas en normas de rango legal. Es m\u00e1s, las caracter\u00edsticas f\u00edsicas, jur\u00eddicas y econ\u00f3micas del bien quedan debidamente justificadas y concretadas en la ficha catastral del inmueble; de ah\u00ed que sea posible a trav\u00e9s de estos datos individualizar esos bienes y obtener el valor catastral de los mismos en el a\u00f1o del hecho imponible, aplicado por la Administraci\u00f3n tributaria en la liquidaci\u00f3n impugnada, y frente a lo argumentado por la actora sobre la falta de motivaci\u00f3n del valor catastral actualizado, debemos se\u00f1alar que el valor catastral del inmueble actualizado al a\u00f1o 2011, que se indica en la comprobaci\u00f3n de valor, viene ya determinado por la Gerencia del Catastro, y coincide con el que se recoge en la referencia catastral que se adjuntaba a la escritura de compraventa (124.007,64 euros), siendo as\u00ed perfectamente conocido por los recurrentes, datos que su titular debe conocer y no constan impugnados.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de M\u00e1laga, \u00a0de 29 de mayo de 2015, Recurso 234\/2012.\u00a0 Sujeci\u00f3n a ITP de la llamada extinci\u00f3n parcial de comunidad.<\/p>\n El problema concierne \u201ca la autoliquidaci\u00f3n por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados presentada con ocasi\u00f3n del otorgamiento de escritura p\u00fablica de extinci\u00f3n parcial del condominio, mediante la cual se adjudicaba una de las viviendas a tres de los hermanos y las otras dos a los otros tres hermanos, siendo abonada la correspondiente compensaci\u00f3n en met\u00e1lico por el exceso recibido.\u201d<\/p>\n \u201cEn nuestro caso, como hemos dicho, se produce una transmisi\u00f3n de cuotas entre los condue\u00f1os y no a terceros extra\u00f1os, lo que reduce la problem\u00e1tica a determinar si la doctrina sentada en la STS 12 diciembre 2012 citada deviene o no aplicable a los supuestos en los que la comunidad se mantiene entre originarios comuneros, a los que se adjudican la cuota o cuotas de otros respecto a los cuales la comunidad de bienes s\u00ed se extingue, esto es, a los supuestos de la denominada \u00abextinci\u00f3n parcial\u00bb o \u00abdisoluci\u00f3n parcial\u00bb de una comunidad de bienes. En estos supuestos en los que lo que se produce es un aumento de la participaci\u00f3n de los copropietarios en la comunidad de bienes como consecuencia de la adjudicaci\u00f3n de la parte correspondiente a otro condue\u00f1o, concluyen que nos encontramos, en puridad, ante una traslaci\u00f3n o transmisi\u00f3n de cuotas sujeta al impuesto las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de Andaluc\u00eda (Sala con sede en Sevilla) de 10 de diciembre de 2013 (recurso 400\/2012 ); Cantabria de 9 de octubre de 2008 (recurso 633\/2006 ); y de Extremadura de 17 de diciembre de 2013 (recurso 43\/2012 ) y 28 de abril de 2015 (recurso 426\/2014 ) . Por el contrario no consideran que constituya operaci\u00f3n gravada las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y Le\u00f3n (Sala con sede en Valladolid) de 25 de octubre y 23 de noviembre de 2012 ( recursos 39\/2009 y 1427\/2009 , respectivamente); Comunidad Valenciana de 11 de mayo y 12 de febrero de 2013 ( recursos 357\/2009 y 1214\/2010 ) y 17 de junio de 2014 (recurso 2433\/2011 ) y de Madrid de 29 de octubre de 2013 (recurso 563\/2011 ), 26 de junio de 2014 (recurso 195\/2012 ) y 4 y 7 de noviembre de 2014 ( recursos 502\/2012 y 503\/2012 , respectivamente). Y la primera de las posturas aludidas es la que, precisamente, ha acogido esta Sala, con base a la doctrina contenida en la STS 12 diciembre 2012 mencionada. As\u00ed, en Sentencia de 15 de septiembre de 2014 (recurso 233\/2012 ) hemos argumentado, con referencia a supuesto de hecho id\u00e9ntico al aqu\u00ed concurrente (de hecho se trataba de recurso entablado por uno de los hermanos de la aqu\u00ed recurrente)que \u00bb Resulta claro que no se efectu\u00f3 adjudicaci\u00f3n a \u00abuno\u00bb, tal y como exige el art. 1.062 del C. Civil , sino que adjudic\u00e1ndose como hemos dicho a tres y tres hermanos pro indiviso, la comunidad se mantiene, produci\u00e9ndose como indica la sentencia transcrita una transmisi\u00f3n de cuotas en la comunidad de bienes. Ello hace que el recurso deba prosperar en el sentido que a continuaci\u00f3n se dir\u00e1, debiendo precisar este Tribunal que la resoluci\u00f3n judicial para la unificaci\u00f3n de doctrina aplicada, aun siendo de fecha posterior a la primitiva reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico administrativa, se aplica precisamente para dirimir la vacilante doctrina que los Tribunales Superiores de Justicia han mantenido al respecto \u00bb y en la posterior Sentencia de 14 de noviembre de 2014 (recurso 235\/2012 ), referida igualmente a id\u00e9ntica operaci\u00f3n, se expone que \u00bb Como quiera que en el supuesto de autos no se ha producido la disoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n de indivisi\u00f3n que persiste, de manera que lo que antes era una sola comunidad constituida por seis part\u00edcipes sobre tres fincas, se ha transformado en dos comunidades indivisas, de tres miembros cada una de ellas, la primera constituida sobre dos fincas, y la segunda sobre la tercera de las fincas de titularidad compartida, resultando beneficiados los integrados en este segunda comunidad con la adjudicaci\u00f3n de met\u00e1lico por el exceso, las aplicaci\u00f3n de la tesis jurisprudencial transcrita nos determina a estimar el recurso al entender que no se ha producido la disoluci\u00f3n de la comunidad dominical mediante la adjudicaci\u00f3n de los bienes indivisibles a uno, o a uno por cada bien en nuestro caso, persistiendo la antiecon\u00f3mica situaci\u00f3n de comunidad que el ordenamiento jur\u00eddico rechaza en t\u00e9rminos generales por sus efectos adversos en el tr\u00e1fico jur\u00eddico, de modo que se produce el hecho imponible en la modalidad de transmisi\u00f3n patrimonial \u00ab.<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n de 29 de mayo de 2015, Recurso 677\/2013.\u00a0 La exenci\u00f3n de VPO no alcanza a los garajes no acogidos a su r\u00e9gimen.<\/p>\n \u00a0\u201cHay que destacar que tanto en la escritura de compraventa que aqu\u00ed interesa (p\u00e1gina QS0538755) como en la calificaci\u00f3n definitiva del 27 de noviembre de 2009 (documentos 10 a 13 del expediente) se habla de plazas de garaje libres y de garajes no vinculados, de manera que al no estar acogidos al r\u00e9gimen de protecci\u00f3n oficial, y por tanto no estar sujetos a precio m\u00e1ximo de venta (y ello con independencia de que pudieran cumplirse los porcentajes normativamente previstos), no se ven afectados por las obligaciones y beneficios que tal calificaci\u00f3n comporta, entre los segundos el de la exenci\u00f3n aqu\u00ed objeto de discusi\u00f3n. En l\u00ednea con lo manifestado por la Sala de Burgos \u2013de 27 de abril de 2012- en la sentencia que ha sido transcrita en parte, falta la premisa o presupuesto previo, el de que las plazas de garaje no vinculadas est\u00e1n calificadas como de protecci\u00f3n oficial, lo que seg\u00fan ha sido anticipado debe conducir a la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n deducida por la sociedad actora.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 1 de junio de 2015, Recurso 535\/2011. No son aplicables las reducciones en el ISD por transmisi\u00f3n del patrimonio empresarial cuando la transmisi\u00f3n es de bienes privativos del causante, que no ejerc\u00eda actividad empresarial, no prob\u00e1ndose que el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite se dedicara\u00a0 a una actividad empresarial agr\u00edcola de forma habitual, personal y directa, ni que dichos bienes estuviesen afectos a dicha actividad.<\/p>\n \u201c-Del examen de la concreta situaci\u00f3n de hecho a la que viene referido el procedimiento, considera la Sala que procede la desestimaci\u00f3n del recurso por las siguientes razones: 1\u00ba.- No resulta de aplicaci\u00f3n el pfo.2\u00ba del num.1 del apartado Ocho del art\u00edculo 4 de la Ley del Impuesto sobre el patrimonio, pues la reducci\u00f3n se pretende sobre bienes privativos de la causante, que no comunes. As\u00ed resulta de la escritura de herencia que declara como privativos de D\u00aa. Delfina los 23 primero bienes que designa a excepci\u00f3n de una mitad indivisa valorada en 1.700.-# y saldos bancarios, imposici\u00f3n a plazo, fondos de inversi\u00f3n y participaciones sociales. Con ello queda claro que no viniendo acreditado en forma alguna que la causante ejerciera la actividad agr\u00edcola de forma habitual, personal y directa, resulta improcedente la reducci\u00f3n. 2\u00ba.- Tampoco se ha practicado prueba bastante, como se\u00f1ala el Abogado del Estado, sobre la afectaci\u00f3n de las fincas a la explotaci\u00f3n desarrollada por el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite. Solo consta en el expediente la relaci\u00f3n presentada por los herederos comprometi\u00e9ndose al mantenimiento de la titularidad por 10 a\u00f1os. 3\u00ba.- En relaci\u00f3n con el ejercicio de la actividad agr\u00edcola de forma habitual, personal y directa por el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, la Administraci\u00f3n tributaria certifica que no consta que estuviera dado de alta en 2005 en el r\u00e9gimen especial de agricultura; consta unido un documento suscrito por el Sr. Carlos Ram\u00f3n informando haber prestado servicios de labranza, simienza y cosechado los cereales a la finca r\u00fastica del Sr. Victorio , sin haberlo ratificado; y, finalmente, la testifical del asesor fiscal Sr. David relacionada con la renta obtenida. Considera la sala que no siendo relevante la jubilaci\u00f3n, no se justifica suficientemente tal extremo con el mero documento num.9; habiendo sido una cuesti\u00f3n suscitada en el procedimiento.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de junio de 2015, Recurso 195\/2013. Para aplicar las reducciones en el ISD es preciso que al tiempo del fallecimiento est\u00e9 ya inscrito el aumento del capital social.<\/p>\n \u201cSobre la misma cuesti\u00f3n planteada en este proceso, esta Secci\u00f3n ya se ha pronunciado mediante sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo n\u00ba 1147\/2011 que es desestimatoria de las pretensiones de la parte actora. Y por razones de unidad de doctrina y de seguridad jur\u00eddica nos remitimos a lo que ya hemos declarado en dicha sentencia. \u00a0Concretamente dec\u00edamos que: \u00abLa cuesti\u00f3n sustancial que aqu\u00ed se discute es esencialmente jur\u00eddica y se ci\u00f1e a determinar si la ampliaci\u00f3n de capital por importe de 8.009.749,37 euros suscrita por el causante en fecha 17 de diciembre de 2003, antes del fallecimiento del causante, pero elevada a p\u00fablico en escritura de fecha 23 de diciembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de marzo de 2004, despu\u00e9s de su fallecimiento (que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2003), despleg\u00f3 todos sus efectos a la fecha del acuerdo social de ampliaci\u00f3n del capital -como sostiene la parte actora- o a la fecha de la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil -como sostienen ambas Administraciones demandadas-, y ello, porque s\u00f3lo en el primer caso la ampliaci\u00f3n de capital pudo entenderse producida antes del fallecimiento del causante y, por eso, pod\u00eda ser susceptible de la reducci\u00f3n prevista en el art. 20.2.c) de la Ley del Impuesto , pretendida por la parte actora. Pues bien, tal y como destacan ambas Administraciones demandadas, la cuesti\u00f3n ha sido expresamente resuelta en sentido contrario al pretendido por la parte actora en la STS de 20 de diciembre de 2009 , en la que se argumenta sobre esta cuesti\u00f3n cuanto sigue: \u00abLa consecuencia del car\u00e1cter meramente declarativo de la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil que propugnan los recurrentes es que la ampliaci\u00f3n de capital despliega sus efectos desde el momento en que se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica –28 de diciembre de 1987– que solemnizaba el acuerdo de ampliaci\u00f3n de capital, con independencia de la inscripci\u00f3n de la escritura en el Registro Mercantil. El efecto derivado de la ampliaci\u00f3n de capital v\u00e1lida y eficaz sin inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil es que desde esa fecha 28 de diciembre de 1987 la participaci\u00f3n conjunta de los recurrentes en la sociedad L\u2026. pas\u00f3 a ser \u00fanicamente del 0’625%. La consecuencia del car\u00e1cter constitutivo de la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil es que determina la falta de eficacia de la escritura de 28 de diciembre de 1987 frente a terceros y, en consecuencia, frente a la Hacienda P\u00fablica. En la Ley de Sociedades An\u00f3nimas de 1951, el Abogado del Estado entiende que puesto que en virtud del aumento de capital social se eleva la cifra de \u00e9ste que figura en los estatutos de la sociedad, ello implica, en definitiva, una modificaci\u00f3n estatutaria lo que exig\u00eda acuerdo de la Junta General y publicidad registral (arts. 87 y 58 de la L.S.A. de 1951 y 114 del Reglamento del Registro Mercantil). En el r\u00e9gimen del Texto Refundido de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas aprobado por Real Decreto 1564\/1989 de 22 de diciembre, seg\u00fan el n\u00famero 2 del art. 144, al que se remite el art. 152.1 de la Ley, el aumento de capital debe formalizarse en escritura p\u00fablica y, adem\u00e1s, inscribirse en el Registro Mercantil, public\u00e1ndose en el Bolet\u00edn Oficial de dicho Registro. El punto de referencia obligado de la norma es el art. 25 de la Segunda Directiva comunitaria a cuyo tenor \u00abtodo aumento de capital deber\u00e1 ser decidido por la Junta General\u00bb. Este acuerdo y su ejecuci\u00f3n ser\u00e1n objeto de publicidad, efectuada seg\u00fan la modalidad prevista por la legislaci\u00f3n de cada Estado miembro, conforme al art. 3 de la Directriz 68\/15 \/CEE. La forma de publicidad en el Derecho espa\u00f1ol consiste precisamente en la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil y la publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn de dicho organismo. Con arreglo al art. 162.1, el acuerdo de aumento de capital social y la ejecuci\u00f3n del mismo deben inscribirse simult\u00e1neamente en el Registro Mercantil. Es evidente que esta disposici\u00f3n opera si la ejecuci\u00f3n es simult\u00e1nea al acuerdo y no puede operar si la ejecuci\u00f3n del acuerdo queda aplazada por el mismo (STS Sala de lo Civil, de 28 de noviembre de 2002 rec. n\u00fam. 1543\/1997). El aumento de capital, mientras no se inscribe en el Registro Mercantil, est\u00e1 en una situaci\u00f3n de incertidumbre que le hace m\u00e1s pr\u00f3ximo a un mero proyecto, con la consiguiente inseguridad jur\u00eddica respecto de terceros. De ah\u00ed que los suscriptores puedan pedir la resoluci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de aportar y la restituci\u00f3n de las aportaciones realizadas si, transcurridos seis meses desde que se abri\u00f3 el plazo de suscripci\u00f3n; no se hubieran presentado para su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil los documentos acreditativos de la ejecuci\u00f3n del aumento (art. 162.2 TR). De donde se deduce que los efectos del contrato de suscripci\u00f3n solo ser\u00e1n definitivos cuando el aumento de capital se inscriba. Conforme con la doctrina civilista m\u00e1s autorizada, el aumento de capital que junto a su ejecuci\u00f3n no se presenta para su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil dentro del plazo de seis meses desde que se abri\u00f3 el plazo para la suscripci\u00f3n, es un aumento claudicante. Lo es porque a partir de ese momento los suscriptores tienen derecho a exigir la restituci\u00f3n de las aportaciones realizadas y si lo hacen, el aumento de capital queda sin efecto. Nos encontramos ante un caso de documento sujeto a inscripci\u00f3n pero no inscrito, que, por tanto, no perjudica a tercero conforme al art. 21.1 del C\u00f3digo de Comercio y al art. 9 del Reglamento. Frente a terceros es inoponible el aumento de capital. Seg\u00fan el art. 165 del Reglamento del Registro Mercantil el aumento o la reducci\u00f3n de capital se inscribir\u00e1n en el Registro Mercantil en virtud de escritura p\u00fablica en la que consten los correspondientes acuerdos y los actos relativos a su ejecuci\u00f3n. \u00abEn ning\u00fan caso podr\u00e1n inscribirse acuerdos de modificaci\u00f3n del capital que no se encuentren debidamente ejecutados\u00bb. De esos preceptos se deduce que para que el aumento o ampliaci\u00f3n de capital surta efectos frente a terceros, se exige, con car\u00e1cter constitutivo, que el acuerdo se adopte por la Junta General de Accionistas, que se otorgue en escritura p\u00fablica y que se proceda a su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil y publicaci\u00f3n en su Bolet\u00edn Oficial, de tal forma que la ausencia de tales requisitos determinar\u00e1 que la pretendida ampliaci\u00f3n no surta efectos frente a terceros.\u00bb Por tanto, y en aplicaci\u00f3n de dicha doctrina del Tribunal Supremo, la demanda debe ser desestimada en su integridad y, en consecuencia, la ampliaci\u00f3n de capital no puede ser tenida en cuenta para aplicar la bonificaci\u00f3n establecida en el art. 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones , hip\u00f3tesis que hemos rechazado con sustento en la doctrina del Tribunal Supremo que hemos transcrito porque la ampliaci\u00f3n de capital s\u00f3lo despleg\u00f3 sus plenos efectos frente a terceros, si\u00e9ndolo la Hacienda P\u00fablica, tras la muerte del causante\u00bb.<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Arag\u00f3n \u00a0de 10 de junio de 2015, Recurso 457\/2012. Facultad para realizar pagos por terceros e interpretaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de un poder<\/p>\n \u201cEs cierto que del examen del poder no se comprende expresamente la facultad de compensar, ni de efectuar pagos por terceros, pero los t\u00e9rminos del poder son tan amplios -para su constataci\u00f3n han sido transcritas, en su mayor parte, las facultades concedidas en dicha escritura de poder en el fundamento de derecho precedente- que cabe concluir que dicha facultad le estaba concedida. En dicho sentido cabe hacer especial menci\u00f3n a las facultades recogidas en los puntos IV y VII del poder, entre las que se encuentran la facultad de \u00abdisponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones, cupones, valores y cualesquiera efectos p\u00fablicos o privados, pudiendo en tal sentido, con las condiciones y por el precio de contado, confesado o aplazado que estime pertinentes, ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventas, aportes, permutas, cesiones en pago y para pago, traspasos, amortizaciones, rescates, subrogaciones, retractos, opciones y tanteos, agrupaciones, segregaciones, parcelaciones, divisiones, declaraciones de fincas, declaraciones de obra nueva, cartas de pago, fianzas, transacciones, compromisos y arbitrajes (…)\u00bb y \u00ab(…) solicitar, aceptar, pagar, constituir, modificar, prorrogar y ceder todo tipo de cr\u00e9ditos y\/o pr\u00e9stamos, con garant\u00eda personal, hipotecaria, pignoraticia o cualquier otra, formalizando las p\u00f3lizas mercantiles o escrituras necesarias (…)\u00bb. Por ello, comprobado por la Administraci\u00f3n que la solicitud que se formulaba por el se\u00f1or Benito en nombre de la Sociedad se encontraba dentro de las facultades que ten\u00eda concedidas, no solo pod\u00eda, sino que ven\u00eda obligada a acordar conforme a lo solicitado.<\/p>\n Se afirma que el se\u00f1or Benito al formular su solicitud estaba actuando fuera del giro o tr\u00e1fico de la empresa, excedi\u00e9ndose de las facultades conferidas en el poder notarial. Sin embargo, tanto el cobro como la disposici\u00f3n de una devoluci\u00f3n del IVA se encuentra dentro del giro normal de la empresa, no pudiendo exigirse a la Administraci\u00f3n que, para admitir la solicitud, comprobase la vinculaci\u00f3n de la Sociedad solicitante o su representante y la Sociedad beneficiada por la solicitud y\/o sus socios o administradores.<\/p>\n Por \u00faltimo alega la parte recurrente que don Benito no ten\u00eda facultad expresa de autocontrataci\u00f3n y que la actuaci\u00f3n redund\u00f3 en claro perjuicio de N\u2026\u2026, S.L. y en beneficio de C\u2026\u2026\u2026 2010, S.L., y del referido solicitante. Al respecto debe comenzarse aclarando que la autocontrataci\u00f3n se da cuanto el interviniente en el negocio jur\u00eddico act\u00faa en su propio nombre y en el de su representado, o bien en nombre de dos personas a las que representa, posibilidad que plantea la dificultad de apreciar la existencia de dos voluntades plenamente aut\u00f3nomas, si bien la doctrina y la jurisprudencia, huyendo de posiciones dogm\u00e1ticas viene admitiendo la autocontrataci\u00f3n en el caso de que exista un poder expreso para autocontratar o cuando de la autocontrataci\u00f3n no se siguen consecuencias lesivas o perjudiciales para el representado. Pues bien, en el presente caso no nos encontramos ante un autocontrato, sino ante el pago por un tercero mediante la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito, el cual, como se ha se\u00f1alado anteriormente, se puede realizar \u00abya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago\u00bb, por lo que la referida invocaci\u00f3n deviene ineficaz. Temas distintos son la situaci\u00f3n de las relaciones comerciales existentes entre N\u2026\u2026.., S.L. y C\u2026\u2026. 2010, S.L., y la eventual responsabilidad por su actuaci\u00f3n del se\u00f1or Benito, sin embargo, los referidos temas son ajenos al presente procedimiento, en el que lo que se examina es si fue correcta la desestimaci\u00f3n de la petici\u00f3n de devoluci\u00f3n del IVA por las resoluciones recurridas. Por \u00faltimo se\u00f1alar que no se justifica que el hecho de que el acuerdo estimando la solicitud formulada por N\u2026\u2026. S.L. fuera de fecha 28 de septiembre y el acuerdo reconociendo y ordenando la devoluci\u00f3n fuera de 30 de septiembre, constituye causa invalidante del primer acuerdo, con independencia de que su eficacia hubiera de entenderse demorada al referido reconocimiento.<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 16 de junio de 2015, Recurso 1737\/2012. Sujeci\u00f3n a ITP de la aportaci\u00f3n social de finca hipotecada.<\/p>\n \u201cLa tesis de la recurrente no puede prosperar porque como dice el Tribunal Supremo en la sentencia 1 de julio de 2013, rec. casaci\u00f3n 713\/2012, que confirma otra dictada por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de enero de 2012: \u00bb Con buen criterio, la sentencia impugnada consider\u00f3 que se hab\u00eda realizado el hecho imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, puesto que junto a la operaci\u00f3n societaria por la que inicialmente tribut\u00f3 la mercantil, se materializ\u00f3 una entrega de bienes inmuebles con asunci\u00f3n de deudas pendientes, hecho imponible recogido en el art\u00edculo 7.2 del Texto Refundido de 1993. Prueba evidente del doble negocio jur\u00eddico llevado a cabo es que, para la suscripci\u00f3n del capital ampliado, se descont\u00f3 y no se comput\u00f3 el importe de la deuda asumida con la entrega de los bienes inmuebles y en la que se subrog\u00f3 \u00edntegramente \u00abDesarrollos Inmobiliarios\u201d En la Sentencia de instancia que se confirma se dice \u201cEn este punto debe coincidirse con el criterio de la Oficina Liquidadora en el sentido de que si la aportaci\u00f3n no dineraria tuviese valor equivalente al del capital suscrito, s\u00f3lo existir\u00eda operaci\u00f3n sujeta al IS (el subrayado es nuestro ). Pero como quiera que con independencia de la ampliaci\u00f3n de capital y aportaci\u00f3n correspondiente, se efect\u00faa otra operaci\u00f3n jur\u00eddica como lo es la transmisi\u00f3n de bien por valor superior al de la ampliaci\u00f3n a cambio de la asunci\u00f3n de una deuda que ten\u00eda el transmitente y de la que se hace cargo la sociedad, sin duda se ha de entender que esta operaci\u00f3n independiente y no necesaria para la suscripci\u00f3n del capital, tiene autonom\u00eda jur\u00eddica suficiente como para no ser identificada con la pura y estricta ampliaci\u00f3n de capital de la sociedad. Por una parte est\u00e1 la ampliaci\u00f3n del capital con suscripci\u00f3n de participaciones mediante aportaci\u00f3n no dineraria (a cambio de un inmueble) y por otra el compromiso nuevo y distinto de la sociedad, en virtud del cual a cambio de una aportaci\u00f3n patrimonial (inmueble de un valor 116.966 #) se asume una deuda de 115.966 # que el aportante tiene con tercero. La primera operaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a IS y la segunda a ITP y AJD en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en la letra A del apartado 2\u00ba del art. 7 del TR del ITP y AJD (RDL 1\/1993, de 24 de septiembre), conforme al cual se considerar\u00e1n transmisiones patrimoniales a efectos de liquidaci\u00f3n y pago del impuesto \u00ablas adjudicaciones en pago y para pago de deudas, as\u00ed como las adjudicaciones expresas en pago de asunci\u00f3n de deuda\u00bb. En el supuesto enjuiciado, como en el reproducido, la aportaci\u00f3n no dineraria no tiene un valor equivalente al capital suscrito, sino superior (458.630,76 #) al de la ampliaci\u00f3n (182.463,60 #) a cambio de asumir la recurrente la obligaci\u00f3n de abonar a la Caja de Ahorros Municipal de Burgos el pr\u00e9stamo hipotecario que grava la finca descrita -obligaci\u00f3n de la que quedan liberados los aportantes respecto del banco acreedor por raz\u00f3n de la finca transmitida, se dice en la escritura-. En el momento del otorgamiento de la escritura estaba pendiente de amortizar la cantidad de 276.167,16 #, cuyo importe sumado al de la ampliaci\u00f3n del capital responde a la cantidad en que se valora la finca. Existen por ello dos convenciones distintas sujetas a dos impuestos aunque se reflejen en una misma escritura p\u00fablica. Una, autoliquidada -el aumento de capital social- y otra no liquidada -la adjudicaci\u00f3n en pago de asunci\u00f3n de deuda-.\u201d El mismo criterio es el seguido por el TSJ de Madrid en la Sentencia de 19 de junio de 2015, Recurso\u00a0 319\/2013.<\/p>\n Criterio distinto mantiene el TSJ de la Comunidad Valenciana.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede \u00a0de M\u00e1laga, de 16 de junio de 2015, Recurso 1324\/2011. Inadmisi\u00f3n de la devoluci\u00f3n de la cuota del Impuesto de OS por no haber deducido del valor los bienes aportados en la constituci\u00f3n de una sociedad\u00a0 el importe de las cargas que las gravan.<\/p>\n \u201cEl 18 de enero de 2013 se formaliz\u00f3 en tiempo y forma la demanda, en la que ven\u00edan a exponerse, en s\u00edntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnaci\u00f3n: el 1 de agosto de 2008 se constituy\u00f3 la mercantil P\u2026\u2026, S.L., con un capital social inicial de 31.000.000 euros, suscrito mediante desembolso econ\u00f3mico y la aportaci\u00f3n de parcelas propiedad del socio D. Carlos Antonio y satisfaci\u00e9ndose 310.000 euros a la Junta de Andaluc\u00eda en pago del Impuesto por operaciones societarias; una vez constituida \u00a0la sociedad, la Administraci\u00f3n de la misma se percat\u00f3 de que se hab\u00eda padecido un error en la escritura respecto al capital social, al haberse tomado en consideraci\u00f3n el valor de las fincas aportadas pero no las cargas que las mismas ten\u00edan, por importe de 11.940.000 euros, por lo que se procedi\u00f3 a otorgar escritura de subsanaci\u00f3n, en la que fue consignado como cifra correcta del capital social la cantidad de 19.060.000 euros; al haberse liquidado el Impuesto por operaciones societarias sobre la primera escritura err\u00f3nea, se procedi\u00f3 con posterioridad a solicitar devoluci\u00f3n de ingresos indebidos por importe de 119.400 euros, correspondiente al 1% por Operaciones Societarias pagado por exceso, siendo desestimada la solicitud y ulterior recurso de reposici\u00f3n y reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico administrativa.\u201d<\/p>\n \u201cIncumbiendo, como hemos dicho, a P\u2026. S.L. la carga de la prueba de la err\u00f3nea determinaci\u00f3n de la cifra del capital social -por valoraci\u00f3n, al propio tiempo, err\u00f3nea del inmueble aportado en pago de la suscripci\u00f3n de las participaciones sociales, seg\u00fan aduce la recurrente- lo cierto es que, por un lado y como se pone de manifiesto en la resoluci\u00f3n impugnada, en la escritura posteriormente otorgada con el manifestado objeto o intenci\u00f3n de subsanar ese pretendido error se recogen meras manifestaciones del otorgante en cuanto al valor de los inmuebles aportados sin otro sustento que un certificado del mismo administrador de la entidad, pero sin haber aportado la interesada al expediente ni obrar unida a la escritura aludida pericial, informe t\u00e9cnico o documentaci\u00f3n alguna acreditativa de cargas a tener en cuenta a los efectos valorativos interesados.\u201d<\/p>\n \u201cEn puridad y aun de dar por v\u00e1lida la cifra del valor neto del inmueble que aduce la demandante como causa justificativa del otorgamiento de la que denomina escritura de subsanaci\u00f3n y ulterior solicitud de devoluci\u00f3n, lo que aqu\u00ed habr\u00eda acontecido no es sino una sobrevaloraci\u00f3n de aportaciones no dinerarias en el acto de constituci\u00f3n del ente social, sobrevaloraci\u00f3n que la propia normativa aplicable a las sociedades de capital resuelve contemplando la responsabilidad por la valoraci\u00f3n de los fundadores, las personas que ostentaran la condici\u00f3n de socio en el momento de acordarse el aumento de capital y quienes adquieran alguna participaci\u00f3n desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, en los t\u00e9rminos que contemplan los art\u00edculos 73 al 77 del Real Decreto legislativo 1\/2020 . Y as\u00ed, para similar supuesto al que aqu\u00ed se aduce concurrente, en el que se dilucidaba si estaba o no sujeto al Impuesto el ingreso efectivo en met\u00e1lico en el patrimonio social llevado a efecto por los accionistas de una Sociedad An\u00f3nima, en virtud de acuerdo social para restablecer el equilibrio entre el capital nominal de la Sociedad y su patrimonio efectivo, disminuido por la sobrevaloraci\u00f3n de las aportaciones no dinerarias realizadas por los socios al constituirse la sociedad, como contravalor de las acciones suscritas la STS 1 marzo 1980 (apelaci\u00f3n 35.115\/79 ) concluye que nos encontramos ante dos actos jur\u00eddicos distintos que, de hecho, provocan dos distintos devengos del Impuesto: la constituci\u00f3n de sociedad (produci\u00e9ndose el devengo por raz\u00f3n de las transmisiones patrimoniales realizadas por los socios a t\u00edtulo de aportaci\u00f3n y conforme a la valoraci\u00f3n de tales aportaciones en atenci\u00f3n al valor declarado por los propios interesados) y otro posterior con ocasi\u00f3n de los actos de abono en met\u00e1lico realizados para adecuar el valor mercantil de la aportaci\u00f3n en especie a su valor real, deshaciendo todo error en beneficio de los acreedores de la Sociedad y de los futuros accionistas, lo que constituye, seg\u00fan la indicada Sentencia, un nuevo hecho tributario.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de junio de 2015, Recurso 51\/2013. No cabe una renuncia posterior a la exenci\u00f3n del IVA<\/p>\n \u201cLa venta se perfecciona y el impuesto se devenga, el 19 de Enero de 2010. Hasta aquel momento la transmisi\u00f3n resultaba posible en principio que hubiera tributado conforme a IVA, previa renuncia a la exenci\u00f3n, o conforme a ITP; sin embargo, una vez realizada la venta sin renuncia previa, no es posible ya la renuncia posterior, siendo claro que dicha renuncia previa no tuvo lugar: -del tenor literal de la escritura \u00a0que nada da a entender en tal sentido y que por el contrario advierte de sujeci\u00f3n a ITP – y por acto propio de la recurrente que autoliquida e ingresa por ITP. \u00a0Al otorgar las partes con posterioridad a la perfecci\u00f3n del contrato y devengo del impuesto escritura renunciando a la exenci\u00f3n no pueden ya alterar con ello la realidad de las cosas, sosteniendo haber realizado lo que en modo claro, y expreso a tenor de sus actos, no tuvo lugar.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 2015, Recurso 390\/2013.\u00a0 La visita del perito al inmueble no es un requisito insoslayable en la valoraci\u00f3n del bien.<\/p>\n \u201cSin embargo, debemos puntualizar que la visita al inmueble del perito de la Administraci\u00f3n no es un requisito insoslayable para la valoraci\u00f3n individualizada, a salvo que concurran especiales circunstancias que exijan el reconocimiento directo del perito (art. 160.2 del Reglamento de gesti\u00f3n e inspecci\u00f3n tributaria), lo que aqu\u00ed no se ha acreditado que ocurra. La individualizaci\u00f3n de la tasaci\u00f3n tiene lugar mediante el an\u00e1lisis t\u00e9cnico de las condiciones f\u00edsicas, econ\u00f3micas y jur\u00eddicas singulares del bien que sean relevantes a tal efecto (art. 158.3 del mismo texto legal), lo que es posible obtener en la actualidad por medios distintos a la inspecci\u00f3n personal del edificio, tales como el examen de los datos que obran en las escrituras y registros o fuentes de acceso p\u00fablico y de los que dispone la misma Administraci\u00f3n autora de la valoraci\u00f3n. Y, por \u00faltimo, la utilizaci\u00f3n de comparables o testigos de transacciones reales para la determinaci\u00f3n del valor en venta de bienes semejantes es un m\u00e9todo absolutamente h\u00e1bil para evaluar el inmueble de que se trate, reconocido como tal en la legislaci\u00f3n del suelo y en la normativa constituida por la Orden ECO\/805\/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoraci\u00f3n de bienes inmuebles. Por tanto, no puede decirse del m\u00e9todo de valoraci\u00f3n por comparaci\u00f3n que est\u00e1 meramente fundado \u00aben estudios gen\u00e9ricos de mercado\u00bb.\u201d<\/p>\n Sin embargo en la Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 31 de julio de 2015, tratando de la motivaci\u00f3n se nos dice que \u201cTambi\u00e9n ha se\u00f1alado esta Sala reiteradamente (sentencias de 16 de julio , 15 y 27 de octubre y 11 de diciembre, todas ellas de 2009 , y 1 de julio de 2010 , entre otras) que es inaceptable que sin haberse visitado o reconocido personalmente un inmueble se hagan en un informe de valoraci\u00f3n del mismo referencias a su estado de conservaci\u00f3n (y si necesita o no arreglos), al nivel de sus instalaciones interiores o a la calidad de los materiales de fachadas, suelos, pinturas y carpinter\u00edas. En esos casos el dictamen del perito ha de considerarse falto de la adecuada motivaci\u00f3n. As\u00ed lo ha indicado tambi\u00e9n el Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 29 de marzo de 2012, dictada en el recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina n\u00fam.34\/2010. En esa sentencia se se\u00f1ala, en su fundamento jur\u00eddico quinto: \u00ab…esta Sala ha venido sosteniendo que para que puedan entenderse debidamente motivados los dict\u00e1menes periciales emitidos por la Administraci\u00f3n Tributaria para la comprobaci\u00f3n de valores respecto a bienes inmuebles, cuando para tal valoraci\u00f3n sea necesaria o simplemente tenida en cuenta -circunstancia que solamente pueden ser consideradas a la vista del mismo-, resulta preciso que se haya realizado la visita correspondiente para la comprobaci\u00f3n de la concurrencia y evaluaci\u00f3n de tales circunstancias. De tal modo que no podr\u00eda evacuarse el dictamen debidamente motivado sobre la base de circunstancias como el estado de conservaci\u00f3n o la calidad de los materiales utilizados, si no es porque previamente han sido consideradas las mismas respecto al inmueble concernido en raz\u00f3n de la correspondiente visita y toma de datos\u00bb. Y m\u00e1s adelante, al casar la sentencia de instancia, se se\u00f1ala en el fundamento jur\u00eddico sexto: \u00ab…hay que concluir que, no habi\u00e9ndose realizado visita al inmueble sobre el que se realiza la valoraci\u00f3n y teni\u00e9ndose en cuenta para la misma, como no puede ser de otro modo, circunstancias para cuya consideraci\u00f3n y evaluaci\u00f3n (estado de conservaci\u00f3n o calidad de los materiales), resulta imprescindible tal visita, el dictamen aparece defectuosamente motivado, pues se evidencian insostenibles las consideraciones que al respecto se han tenido en cuenta para la emisi\u00f3n del dictamen, sustrayendo as\u00ed, del conocimiento del interesado las razones, justificaci\u00f3n y datos que llevaron al valor administrativamente otorgado\u00bb. Trasladando las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa la conclusi\u00f3n a la que llegamos es que la liquidaci\u00f3n impugnada no est\u00e1 motivada. En efecto, seg\u00fan se hace constar en el apartado dedicado a la metodolog\u00eda del informe que sirve de fundamento a la liquidaci\u00f3n impugnada, el t\u00e9cnico no ha inspeccionado personalmente el bien a valorar y tampoco constan las razones por las que dicha visita no era necesaria. Se dice que el bien est\u00e1 correctamente identificado, pero es lo cierto que tal afirmaci\u00f3n se basa en meras generalizaciones, como son la referencia a las consultas y comprobaciones que el t\u00e9cnico ha considerado suficientes, y que no sabemos cu\u00e1les son en concreto. Por otro lado, se dice que se han aplicado unos coeficientes correctores, pero lo cierto es que no consta explicaci\u00f3n alguna de c\u00f3mo se han aplicado. Consiguientemente y a virtud de lo expuesto debe anularse la resoluci\u00f3n recurrida y con ella la liquidaci\u00f3n girada por la Administraci\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de junio de 2015, Recurso 219\/2014. Imposici\u00f3n de sanci\u00f3n a sujeto pasivo por no repercutir y liquidar el IVA.<\/p>\n \u201cLa lectura del acuerdo sancionador evidencia que la Administraci\u00f3n tributaria ha incorporado al mismo una justificaci\u00f3n razonada que, respecto de cada una de las conductas descritas, sirve de motivaci\u00f3n a la sanci\u00f3n finalmente impuesta. As\u00ed, y respecto del hecho de no haber repercutido ni liquidado el IVA correspondiente por entrega de bienes a los depositantes de la entidad (describe la conducta como la realizaci\u00f3n de campa\u00f1as entre sus clientes mediante \u00bb el sistema de entregarles objetos diversos tales como sartenes, vajillas, videos, etc., siendo los bienes recibidos por los impositores diferentes en funci\u00f3n de la cuant\u00eda y duraci\u00f3n del dep\u00f3sito realizado por cada uno de ellos \u00ab), supone que tales entregas constituyen verdaderas retribuciones en especie y, respecto de los bienes en qu\u00e9 consisten las mismas, advierte que \u00abla entidad ha deducido el IVA soportado en su adquisici\u00f3n, de acuerdo con el porcentaje de prorrata de cada ejercicio, si bien y a pesar de ello no ha repercutido ni liquidado el IVA correspondiente por la entrega de los bienes a los depositantes\u00bb. Tras referirse a los preceptos que imponen tales obligaciones, y para justificar la existencia de culpabilidad, a\u00f1ade la siguiente argumentaci\u00f3n: \u00abEntiende esta Oficina T\u00e9cnica que el hecho de no repercutir el IVA sobre las entregas de bienes a los impositores por parte de la entidad no puede justificarse ni en un comportamiento involuntario por su parte ni, tampoco, en un supuesto de duda razonable. Es claro que a una entidad cuya actividad principal se desarrolla en el \u00e1rea financiera ha de supon\u00e9rsele capacidad sobrada para dar a los productos que ofrece a sus clientes la fiscalidad correcta, y a\u00fan m\u00e1s en este caso en que la entidad financiera de referencia ha acudido a un recurso, el de retribuir a los impositores mediante entrega de bienes en lugar de retribuirles mediante entregas de dinero, de manera masiva, compitiendo con las empresas de comercio mayorista o minorista dedicadas a la venta de estos art\u00edculos, las cuales, incluso las m\u00e1s modestas, s\u00ed conocen y aplican normalmente esta fiscalidad cuando se trata de la entrega de bienes. Ello impide pensar que quien aplica esta forma de retribuci\u00f3n, cuyo coste es inferior al tipo de inter\u00e9s de mercado que se emplea para retribuir monetariamente a los impositores en las operaciones de captaci\u00f3n de fondos, no tenga, por s\u00ed o por medio de sus asesores externos, un pleno conocimiento de la fiscalidad que rodea a tal producto, cuando es lo cierto que la misma entidad en cuesti\u00f3n, conoce y aplica perfectamente cuestiones tanto o m\u00e1s complicadas, como, por ejemplo, la determinaci\u00f3n del porcentaje de prorrata, cuesti\u00f3n \u00e9sta de mucha m\u00e1s complejidad que la de calificar la entrega de bienes en el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, en el que la misma est\u00e1 catalogada, sin posibles dudas de interpretaci\u00f3n, como entrega de bienes sujeta y gravada por el impuesto\u00bb. La motivaci\u00f3n existe, pues, y a juicio de la Sala es sin duda suficiente y del todo razonable al incidir en las circunstancias que obligan a suponer que la entidad sancionada conoc\u00eda necesariamente la fiscalidad correcta.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de junio de 2015, Recurso 552\/2013. La reducci\u00f3n por vivienda habitual en el ISD beneficia por igual a todos los causahabientes, con independencia de la forma en que estos la hayan adjudicado, salvo que el testador la haya asignado espec\u00edficamente.<\/p>\n \u201cDel apartado 1 de dicho precepto se desprende que, como regla general, la reducci\u00f3n por vivienda habitual prevista en el art. 20.2.c) de la Ley 29\/1987, beneficia por igual a todos los causahabientes, con independencia de la forma en que \u00e9stos se adjudiquen la vivienda habitual en la partici\u00f3n, y cada uno sobre la parte del valor del bien objeto de reducci\u00f3n incluida en su correspondiente base imponible. Pero esta regla tiene una excepci\u00f3n que es la contenida en el apartado 2 del precepto, seg\u00fan el cual, cuando el testador haya asignado unos bienes espec\u00edficamente a un determinado heredero o causahabiente, en este caso, la reducci\u00f3n se aplicar\u00e1 exclusivamente a dicho causahabiente. Y esto es lo que ha ocurrido en el presente caso en el que, con toda claridad, el causante en su testamento manifest\u00f3 expresamente su deseo de que por v\u00eda particional se adjudicara a su esposa la totalidad de la vivienda que constitu\u00eda el domicilio familiar. Y constando en el testamento esta expresa voluntad del causante, la aplicaci\u00f3n del p\u00e1rrafo 2 del art. 27 de la ley del impuesto obliga a que s\u00f3lo su esposa se beneficie de la reducci\u00f3n aneja a dicha vivienda habitual con independencia de cu\u00e1l sea la f\u00f3rmula con la que los herederos o causahabientes decidan dar cumplimiento a la voluntad del testador en el documento particional ya que lo que interesa al precepto es la voluntad del causante sobre ese bien plasmada en su testamento y no c\u00f3mo se d\u00e9 cumplimiento a la misma por sus causahabientes en la partici\u00f3n. Si la partici\u00f3n realizada se ajusta o no a la voluntad del testador o si la f\u00f3rmula elegida por los causahabientes en el documento particional para dar cumplimiento a la voluntad del testador era la \u00fanica posible para respetar las leg\u00edtimas o cab\u00eda otra forma de ejecutarla, v.gr., mediante excesos de adjudicaci\u00f3n debidamente compensados, son cuestiones ajenas al impuesto al que, en el supuesto del art. 27.2, que es el caso de autos, s\u00f3lo interesa a qui\u00e9n haya adjudicado el testador el bien sujeto a reducci\u00f3n con independencia de c\u00f3mo se cumpla la voluntad del testador en la partici\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V2044-15<\/p>\n Fecha: 01\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cEl consultante, titular de un derecho de cr\u00e9dito en la secci\u00f3n de cr\u00e9dito de una cooperativa agraria en concurso voluntario de acreedores, cede (con la autorizaci\u00f3n del deudor) su cr\u00e9dito a un banco por un precio del 81,01 por 100 del importe del cr\u00e9dito.\u201d\u00a0 Se pregunta por la \u201cposibilidad de considerar la existencia de una p\u00e9rdida patrimonial por el importe no cobrado.<\/strong>\u201d<\/p>\n Se responde que \u201ctal transmisi\u00f3n comporta una alteraci\u00f3n en la composici\u00f3n del patrimonio del consultante que da lugar a una variaci\u00f3n patrimonial <\/strong>por diferencia entre el valor del derecho de cr\u00e9dito que aquel ten\u00eda contra la cooperativa y el importe obtenido por la cesi\u00f3n a la entidad bancaria: p\u00e9rdida patrimonial al ser el precio de cesi\u00f3n el 81,01 por ciento del importe del cr\u00e9dito.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V2049-15<\/p>\n Fecha: 01\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas.<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cEl consultante pretende ejercer la actividad de economista en un local propiedad de su hermano, que le ceder\u00e1 de forma gratuita mediante un contrato de comodato con una duraci\u00f3n de dos a\u00f1os.\u201d\u00a0\u00a0 Se plantea la cuesti\u00f3n de la \u201cincidencia de la operaci\u00f3n anterior en el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas.\u201d<\/strong><\/p>\n Se responde que \u201cen la medida en que el local comercial objeto de la presente consulta est\u00e1 afecto al patrimonio empresarial del cedente, su posterior cesi\u00f3n sin contraprestaci\u00f3n estar\u00e1 sujeta a dicho tributo como autoconsumo de servicios en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 12 de la Ley 37\/1992, no si\u00e9ndole de aplicaci\u00f3n supuesto alguno de exenci\u00f3n de los previstos en el art\u00edculo 20 de la referida Ley.<\/strong><\/p>\n La realizaci\u00f3n de esta operaci\u00f3n impondr\u00e1 al cedente la obligaci\u00f3n de repercutir el citado tributo y consignar el importe del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido devengado en la correspondiente autoliquidaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n Por lo que se refiere a la base imponible de dicha cesi\u00f3n gratuita el art\u00edculo 78 de la Ley 37\/1992 establece que \u201cla base imponible del Impuesto estar\u00e1 constituida por el importe total de la contraprestaci\u00f3n de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas.\u00bb<\/p>\n Para determinar el importe total de la contraprestaci\u00f3n, el art\u00edculo 79 de la misma Ley establece reglas especiales aplicables, entre otros, en los casos de que la contraprestaci\u00f3n no est\u00e9 constituida \u00fanicamente por dinero, la operaci\u00f3n se realice a t\u00edtulo gratuito o, existiendo vinculaci\u00f3n entre las partes, se haya convenido un precio notoriamente inferior al normal en el mercado.\u201d<\/p>\n En el IRPF \u201cpartiendo de la consideraci\u00f3n inicial de que el inmueble objeto de cesi\u00f3n gratuita no se encuentra afecto a ninguna actividad econ\u00f3mica que pudiera desarrollar el comodante\u201d<\/strong>, \u201cEn el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoraci\u00f3n colectiva de car\u00e1cter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994, la renta imputada ser\u00e1 el 1,1 por ciento del valor catastral.<\/p>\n Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles a que se refiere este apartado carecieran de valor catastral o \u00e9ste no hubiera sido notificado al titular, se tomar\u00e1 como base de imputaci\u00f3n de los mismos el 50 por ciento de aquel por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos casos, el porcentaje ser\u00e1 del 1,1 por ciento. \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V2059-15<\/p>\n Fecha: 02\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cEn el ejercicio 2014, el matrimonio consultante enajen\u00f3 un inmueble localizado en la Comunidad Aut\u00f3noma de Castilla La Mancha. Con el dinero obtenido en la mencionada operaci\u00f3n inmobiliaria, se est\u00e1n planteando realizar una donaci\u00f3n de dinero a su hija tambi\u00e9n consultante, no residente en Espa\u00f1a y residente fiscal en Dinamarca. A estos efectos, tienen dudas sobre la interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n adicional segunda de la LISD.\u201d\u00a0 Se plantea la cuesti\u00f3n siguiente: \u201cDado que la donaci\u00f3n tendr\u00eda como donantes a residentes fiscales madrile\u00f1os y la donataria es residente en un Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea (Dinamarca) y dado que el dinero a donar proviene de una enajenaci\u00f3n inmobiliaria de bien sito en Castilla La Mancha desde hace apenas un a\u00f1o, se consulta si para aplicar la normativa de la Comunidad Aut\u00f3noma de Madrid hay que esperar a que el dinero haya estado en Madrid un mayor n\u00famero de d\u00edas del periodo de los cinco a\u00f1os inmediatos anteriores o si, por el contrario, se puede considerar que el bien mueble \u00abdinero\u00bb nace en el momento de la venta del inmueble<\/strong> y por tanto no es necesario el transcurso de cinco a\u00f1os y con menos de cinco a\u00f1os de situaci\u00f3n de ese dinero en Madrid es v\u00e1lida la aplicaci\u00f3n de la normativa auton\u00f3mica madrile\u00f1a.\u201d<\/strong><\/p>\n Las Conclusiones de la Direcci\u00f3n General de Tributos son las siguientes:<\/p>\n \u201cPrimera: En el caso de la adquisici\u00f3n de bienes muebles situados en Espa\u00f1a por donaci\u00f3n o cualquier otro negocio jur\u00eddico a t\u00edtulo gratuito e \u00abintervivos\u00bb, los contribuyentes no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea o del Espacio Econ\u00f3mico Europeo, tendr\u00e1n derecho a la aplicaci\u00f3n de la normativa propia aprobada por la Comunidad Aut\u00f3noma donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor n\u00famero de d\u00edas del per\u00edodo de los cinco a\u00f1os inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el d\u00eda anterior al de devengo del impuesto.<\/strong><\/p>\n Segunda: A estos efectos, en el caso de que el donante haya pose\u00eddo el bien mueble un periodo inferior a cinco a\u00f1os, el c\u00f3mputo para determinar d\u00f3nde ha estado situado el bien mueble un mayor n\u00famero de d\u00edas del periodo debe ir referido al periodo en que el donante fue due\u00f1o del referido bien, y no al de cinco a\u00f1os.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V2067-15<\/p>\n Fecha: 02\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cLa consultante es una junta de compensaci\u00f3n fiduciaria que tiene encomendada la realizaci\u00f3n de un proceso de urbanizaci\u00f3n de los terrenos integrantes de un sector urban\u00edstico.\u201d\u00a0 Se pregunta \u201csi un propietario de los terrenos tiene la condici\u00f3n de sujeto pasivo por aplicaci\u00f3n del supuesto de inversi\u00f3n del sujeto pasivo contenido en el art\u00edculo 84.Uno.2\u00ba, letra f) de la Ley 37\/1992, \u00fanicamente por la comunicaci\u00f3n expresa a la Junta de Compensaci\u00f3n de que tiene voluntad de vender los terrenos de su propiedad y que act\u00faa como empresario o si es necesario, adem\u00e1s, que aporte copia del impreso de alta en el Impuesto sobre Actividades Econ\u00f3micas.\u201d <\/strong><\/p>\n \u00a0\u201cSe responde que \u201clos juntacompensantes<\/strong>, que no tuvieran previamente la condici\u00f3n de empresario o profesional a efectos del Impuesto, adquirir\u00e1n tal condici\u00f3n desde el momento en que comiencen a serles imputados los correspondientes costes de urbanizaci\u00f3n en forma de derramas, siempre que abonaran las mismas con la intenci\u00f3n de afectar el suelo resultante de la reparcelaci\u00f3n a una actividad empresarial o profesional<\/strong>.<\/p>\n No obstante, si no existe intenci\u00f3n de venta, cesi\u00f3n o adjudicaci\u00f3n posterior por cualquier t\u00edtulo de los terrenos que se urbanizan, no adquirir\u00e1n la condici\u00f3n de empresario o profesional quienes no la ostentar\u00e1n con anterioridad.\u201d \u201cEn consecuencia, ser\u00e1 necesario que los juntacompensantes comuniquen expresa y fehacientemente a la junta de compensaci\u00f3n<\/strong>, contratista principal de las obras, que las adquieren en su calidad de empresario o profesional.\u201d<\/strong><\/p>\n Por \u00faltimo se responde que \u201ca efectos de la aplicaci\u00f3n del supuesto de inversi\u00f3n del sujeto pasivo contenido en el art\u00edculo 84.Uno.2\u00ba.f), de la Ley 37\/1992, ser\u00e1 necesario que los juntacompensantes comuniquen expresa y fehacientemente a la junta de compensaci\u00f3n, contratista principal de las obras, que las adquieren en su calidad de empresario o profesional, tal y como se se\u00f1ala en el art\u00edculo 24 qu\u00e1ter del Reglamento del Impuesto, sin necesidad de aportar documentaci\u00f3n adicional alguna. <\/strong>Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el apartado 8 del citado art\u00edculo 24 qu\u00e1ter.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> N\u00ba de Consulta: V2088-15<\/p>\n Fecha: 07\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cSi la percepci\u00f3n de remuneraciones por el desarrollo de funciones directivas exclusivamente en una de las filiales impide el acceso a la exenci\u00f3n por la matriz en el Impuesto sobre el Patrimonio<\/strong>. Aplicabilidad del art\u00edculo 5.2 del Real Decreto 1704\/1999.\u201d<\/p>\n El Centro Directivo informa lo siguiente:<\/p>\n \u201cTal y como se\u00f1al\u00e1bamos en la consulta n\u00ba V0158-14, de la que se hace eco el escrito de consulta: \u2026\u201d Ser\u00e1 aplicable el art\u00edculo 5.2 del Real Decreto 1704\/1999, de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicaci\u00f3n de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio, en la hip\u00f3tesis de que una misma persona desempe\u00f1ase funciones directivas y percibiera las correspondientes remuneraciones en dos o m\u00e1s entidades, p.ej. en la matriz y en una filial. En tal caso, se har\u00e1 un c\u00f3mputo separado de las remuneraciones percibidas en cada entidad, sin considerar los correspondientes a la otra u otras, conforme previene dicho art\u00edculo y apartado.\u201d<\/p>\n La Consulta V2294-15 de 21.07.2015 ha declarado que \u201cconsecuentemente, la exenci\u00f3n en el impuesto patrimonial de la entidad \u201cholding\u201d, en cuanto condici\u00f3n necesaria para la donaci\u00f3n de las participaciones en el marco del art\u00edculo 20.6 de la Ley 29\/1987, exige que, con independencia de cu\u00e1l sea la entidad pagadora, respecto de dicha entidad se desarrollen funciones directivas por el sujeto pasivo titular de las participaciones, bien por s\u00ed mismo, bien por alguno de los miembros de su grupo de parentesco <\/strong>(c\u00f3nyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado), adem\u00e1s de percibirse el nivel de remuneraciones exigido por Ley. No ser\u00e1 este el caso de los Administradores, al ser dicho cargo gratuito por establecerlo as\u00ed las normas estatutarias.\u00a0<\/p>\n De acuerdo con lo expuesto, esa \u201cimputaci\u00f3n\u201d a una concreta entidad de la titularidad en las participaciones de uno o m\u00e1s sujetos pasivos y del ejercicio de tales funciones y percepci\u00f3n de las consiguientes remuneraciones, es independiente de la determinaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica en Grupos de sociedades a efectos del impuesto personal que recae sobre las mismas.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V2097-15<\/p>\n Fecha: 08\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cLa entidad consultante va a adquirir un solar a una persona f\u00edsica que lo destinaba al arrendamiento pero que ces\u00f3 en dicha actividad d\u00e1ndose de baja del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. En dicho solar exist\u00eda una edificaci\u00f3n que iba a ser objeto de demolici\u00f3n.\u201d\u00a0 Se pregunta por la tributaci\u00f3n de la operaci\u00f3n referida<\/strong>.<\/p>\n Se responde que \u201ccuando el cese en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional determinase la transferencia de los bienes integrantes del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo a su patrimonio personal o la transmisi\u00f3n gratuita de los mismos, ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo establecido en el art\u00edculo 9, n\u00famero 1\u00ba de la Ley 37\/1992, anteriormente transcrito y, en consecuencia, se deber\u00e1 entender producida la entrega de bienes que supone la referida transferencia o transmisi\u00f3n de bienes y devengado el Impuesto correspondiente<\/strong>.<\/p>\n A tales efectos, no podr\u00e1 entenderse producido dicho cese en tanto el sujeto pasivo, actuando como empresario o profesional, contin\u00fae llevando a cabo la liquidaci\u00f3n del patrimonio empresarial o profesional y enajenando los bienes de su activo.<\/strong><\/p>\n La presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n censal de baja en el ejercicio de una actividad no produce, por s\u00ed misma, dicho cese, ni determina el traspaso de los bienes integrantes del patrimonio empresarial o profesional de un sujeto pasivo<\/strong> a su patrimonio personal<\/strong> o su transmisi\u00f3n gratuita.<\/strong><\/p>\n En cualquier caso, si tiene lugar dicho traspaso, se producir\u00e1 un supuesto de autoconsumo de bienes sujeto al Impuesto, siendo preceptiva la declaraci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la cuota impositiva correspondiente. El referido traspaso deber\u00e1 justificarse por elementos objetivos en virtud de los cuales resulte acreditada la intenci\u00f3n del sujeto pasivo de desafectar los activos de su patrimonio empresarial (art\u00edculo 5.Dos, p\u00e1rrafo tercero, a sensu contrario).\u201d<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En el caso de la Consulta \u201cde resultar sujeta al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido la entrega del solar objeto de consulta estar\u00e1 no exenta por cuanto que se trata de la entrega de un terreno edificable en el que se asienta una edificaci\u00f3n destinada a su demolici\u00f3n.<\/p>\n En la Sentencia del TSJ de Madrid de 11 de junio de 2015, Recurso 46\/2013<\/strong>,\u00a0 se declar\u00f3 que \u201cEs patente que la sujeci\u00f3n de entregas de bienes al IVA depende de que hayan sido \u00abrealizadas en el \u00e1mbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a t\u00edtulo oneroso, con car\u00e1cter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional\u00bb ( art. 4.Uno LIVA ), entendi\u00e9ndose realizadas en el desarrollo de la actividad provisional \u00abLas transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos\u00bb (letra b\/ del apartado Dos del mismo art\u00edculo). En el presente caso, la citada D\u00aa. Catalina estaba al menos desde el a\u00f1o 1999 inscrita en la matr\u00edcula del IAE, ep\u00edgrafe 861.2, y ven\u00eda desarrollando la actividad de arrendamiento de inmuebles, y ello a juicio del inspector de Hacienda que suscribi\u00f3 el acta levantada con motivo de la inspecci\u00f3n que a dicha contribuyente le fue practicada a causa de las liquidaciones del IVA de dicho a\u00f1o 1999. Por otro lado, con ocasi\u00f3n de las actuaciones inspectoras fueron examinadas otras operaciones de la inspeccionada de id\u00e9ntica naturaleza a la aqu\u00ed controvertida, y en modo alguno se cuestion\u00f3 que el impuesto aplicable fuera el IVA. Es m\u00e1s, la regularizaci\u00f3n propuesta por la Inspecci\u00f3n se limitaba a la sustituci\u00f3n de la base imponible de dicho tributo. As\u00ed pues, aparte del hecho de que la venta o transmisi\u00f3n de inmuebles puede entenderse vinculada a la actividad empresarial de arrendamiento de esos mismos bienes, aqu\u00ed no nos hallamos ante una transmisi\u00f3n meramente ocasional cuando consta la participaci\u00f3n de D\u00aa. Catalina en negocios de igual naturaleza al menos desde 1999. Hay, por tanto, indicios suficientes para reputar probada la condici\u00f3n de empresaria de aquella. Sin duda, una b\u00e1sica aplicaci\u00f3n de las reglas distributivas de la carga de la prueba, y particularmente la relativa a la disponibilidad de los medios probatorios (217 LEC), impone atribuir a las Administraciones demandadas las consecuencias de la falta de prueba de los hechos susceptibles de desvirtuar los que han sido suministrados por la parte demandante.2<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V2101-15<\/p>\n Fecha: 08\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre el Valor a\u00f1adido<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cEl Ayuntamiento ha llevado a cabo una actuaci\u00f3n urban\u00edstica en un pol\u00edgono industrial a trav\u00e9s del sistema de cooperaci\u00f3n. El Ayuntamiento contrat\u00f3 a una empresa la ejecuci\u00f3n material de las obras y, posteriormente, va a proceder a imputar a los propietarios de los terrenos las correspondientes derramas.<\/strong><\/p>\n Algunos de los propietarios van a satisfacer las derramas mediante la cesi\u00f3n de derechos de aprovechamiento urban\u00edstico.\u201d\u00a0 Se pregunta por el \u201ctratamiento de la operaci\u00f3n en el \u00e1mbito del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido.\u201d<\/strong><\/p>\n Se responde que \u201cel Ayuntamiento recibir\u00e1 unos servicios de urbanizaci\u00f3n que, a su vez, prestar\u00e1 a los propietarios, titulares en todo momento de los terrenos a urbanizar. El Ayuntamiento tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de contratista principal de las obras urbanizaci\u00f3n que realiza en nombre propio pero por cuenta de los promotores que ser\u00e1n los propietarios de los terrenos. Las derramas cobradas a los propietarios de tales terrenos por los gastos de urbanizaci\u00f3n constituyen la contraprestaci\u00f3n de las referidas ejecuciones de obra.<\/p>\n Asimismo, de acuerdo con lo se\u00f1alado en la contestaci\u00f3n vinculante a la consulta V2583-12 referida anteriormente, los propietarios de los terrenos se convertir\u00e1n en empresarios o profesionales, si no lo fueran previamente, en tanto que promotores de la urbanizaci\u00f3n, desde el momento en que comiencen a serles imputados los correspondientes costes de urbanizaci\u00f3n en forma de derramas, siempre que abonaran las mismas con la intenci\u00f3n confirmada por elementos objetivos, de destinar los correspondientes terrenos al desarrollo de una actividad empresarial o profesional<\/strong>. Por otra parte, para que opere el supuesto de inversi\u00f3n del sujeto pasivo las derramas que impute el Ayuntamiento deben corresponderse con obras de urbanizaci\u00f3n de terrenos<\/strong>. A estos efectos, es importante se\u00f1alar que puede presumirse que la totalidad de las referidas derramas van a derivarse de la actuaci\u00f3n de urbanizaci\u00f3n de terrenos que le ha sido encomendada mediante el sistema de cooperaci\u00f3n, incluso en los supuestos de las derramas que se correspondan con la imputaci\u00f3n de gastos derivados de los estados previos que son necesarios para llevar a cabo las labores de urbanizaci\u00f3n, aunque en t\u00e9rminos estrictos el terreno no pueda considerarse todav\u00eda \u201cen curso de urbanizaci\u00f3n\u00bb al tratarse de estudios o de tr\u00e1mites administrativos, o de otra naturaleza, que no suponen todav\u00eda la ejecuci\u00f3n material propiamente dicha de las obras de urbanizaci\u00f3n.<\/p>\n En consecuencia, ser\u00e1n sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido los propietarios de los terrenos, empresarios o profesionales a efectos del mismo, por aplicaci\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 84.uno.2\u00ba.f) de la Ley 37\/1992, respecto de todas las derramas que el Ayuntamiento les impute correspondientes a la actuaci\u00f3n de urbanizaci\u00f3n de terrenos objeto de consulta y que se devenguen con posterioridad al 31 de octubre de 2012, incluidas las derramas que se correspondan con gastos por servicios recibidos con anterioridad al momento en que se entienda que el terreno se encuentra en curso de urbanizaci\u00f3n, como podr\u00edan ser los que se deriven de servicios de abogados, arquitectos o tr\u00e1mites administrativos previos al inicio de la ejecuci\u00f3n material de las obras de urbanizaci\u00f3n.<\/p>\n A estos efectos, ser\u00e1 necesario que los propietarios de los terrenos comuniquen expresa y fehacientemente al Ayuntamiento consultante que est\u00e1n actuando en su calidad de empresario o profesional.<\/p>\n No ser\u00e1 necesaria, sin embargo, dicha comunicaci\u00f3n en los supuestos en los que tales propietarios no act\u00faen con la condici\u00f3n de empresario o profesional, en cuyo caso no operar\u00e1 el supuesto de inversi\u00f3n del sujeto pasivo debiendo el Ayuntamiento consultante repercutir la cuota del Impuesto correspondiente<\/strong>.<\/p>\n En los supuestos en que los propietarios de los terrenos paguen las derramas correspondientes a gastos de urbanizaci\u00f3n cediendo al urbanizador los derechos de aprovechamiento urban\u00edstico que le corresponden (los cuales se corresponden con la parte de terreno entregada), el momento en que se incorporan los costes de urbanizaci\u00f3n al terreno que se transmite y que, por tanto, fija el instante en que se convierte el propietario transmitente en empresario a efectos del Impuesto, es aqu\u00e9l en el que se realice la entrega de bienes como pago en especie a cambio de la urbanizaci\u00f3n, es decir, el momento en que se entiendan entregados al urbanizador el terreno en pago de los servicios de urbanizaci\u00f3n que \u00e9ste va a prestar, ya que es \u00e9se el momento en el que se satisface o hace efectiva la contraprestaci\u00f3n por dichos servicios.<\/strong><\/p>\n A estos efectos, constituye doctrina de este Centro Directivo (por todas, contestaci\u00f3n de 17-06-2005, N\u00ba V1175-05), considerar que dicho momento, en su caso, viene determinado por la publicaci\u00f3n que prevalezca en el tiempo del acto de reparcelaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial de la provincia (o comunidad aut\u00f3noma uniprovincial), en el tabl\u00f3n de anuncios del ayuntamiento o en un peri\u00f3dico de la provincia de difusi\u00f3n corriente en la localidad as\u00ed como su inscripci\u00f3n registral, dada la funci\u00f3n de publicidad que tiene el Registro de la Propiedad<\/strong>.\u201d<\/p>\n \u201cNo obstante lo anterior, si el pago de las derramas se realiza mediante la entrega de terrenos al urbanizador acordada con posterioridad a la publicaci\u00f3n y registro p\u00fablico del acuerdo de reparcelaci\u00f3n, la condici\u00f3n de empresario o profesional del transmitente se adquirir\u00e1, en su caso, en el momento en que tales terrenos se pongan a disposici\u00f3n del adquirente. Es importante resaltar que para que se produzca la sujeci\u00f3n al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido tal y como se ha explicado en el p\u00e1rrafo anterior es necesario que se hallen afectas a la actividad las parcelas del propietario incluidas en el proyecto de reparcelaci\u00f3n, tanto las que se aportan como pago en especie de la urbanizaci\u00f3n, como las que se van a recibir urbanizadas. Para ello, es necesario que las parcelas que se van a recibir urbanizadas se destinen \u201cen alguna medida\u201d \u201ctotal o parcialmente\u201d a la venta, cesi\u00f3n o adjudicaci\u00f3n por cualquier t\u00edtulo. Si as\u00ed sucede, las parcelas entregadas como pago en especie de la urbanizaci\u00f3n tambi\u00e9n se entienden afectas a la actividad empresarial del propietario. Pero si las parcelas ya urbanizadas no se destinan a su venta, cesi\u00f3n o adjudicaci\u00f3n, ello implicar\u00e1 que las parcelas entregadas como pago en especie de la urbanizaci\u00f3n no se consideren afectas a la mencionada actividad empresarial del propietario, porque no existir\u00eda tal actividad.<\/p>\n Una vez establecida la sujeci\u00f3n al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido de la entrega al urbanizador de derechos de aprovechamiento urban\u00edstico (terrenos edificables) como pago de los servicios de urbanizaci\u00f3n prestados por el mismo, habr\u00e1 que determinar si esta entrega de bienes est\u00e1 o no exenta del Impuesto.\u201d<\/strong><\/p>\n \u201cDe acuerdo con la doctrina reiterada de este Centro Directivo (por todas, contestaci\u00f3n a consulta vinculante V1742-06, de 4 de septiembre), \u201ceste precepto conduce directamente a la valoraci\u00f3n de los terrenos en cuanto a su urbanizaci\u00f3n, porque, partiendo de la base de que se transmiten por el promotor de su urbanizaci\u00f3n, si se trata de terrenos urbanizados o que se hallan en curso de urbanizaci\u00f3n, la exenci\u00f3n no operar\u00e1.\u201d<\/p>\n \u201cEste Centro Directivo considera que un terreno no estar\u00e1 en curso de urbanizaci\u00f3n a efectos del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido hasta que se haya iniciado sobre el mismo la ejecuci\u00f3n de las obras de urbanizaci\u00f3n, es decir, hasta que comience la \u00faltima de las fases se\u00f1aladas. Este mismo criterio es el que establece el Tribunal Supremo en sentencias de fechas 11 de octubre y 8 de noviembre de 2004.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V2104-15<\/p>\n Fecha: 10\/07\/2015<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre Sociedades<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cLa persona f\u00edsica consultante participa en el 20% de una comunidad de bienes (CB), la cual se constituy\u00f3 como consecuencia del fallecimiento de su madre. La comunidad de bienes desarrolla una actividad empresarial, para la que cuenta con personal dado de alta en el r\u00e9gimen general de la Seguridad Social y un local destinado a la administraci\u00f3n de la misma.<\/strong><\/p>\n A su vez, el consultante participa en la sociedad X (74%), residente en Espa\u00f1a. La operaci\u00f3n la pretende realizar por razones de reestructuraci\u00f3n y racionalizaci\u00f3n de su patrimonio, ya que en sede de X ya existen explotaciones de arrendamiento con lo que conseguir\u00eda una unicidad en la administraci\u00f3n y control.\u201d Se pregunta \u201csi la operaci\u00f3n planteada podr\u00eda acogerse al r\u00e9gimen fiscal especial regulado en el cap\u00edtulo VII del t\u00edtulo VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y si los motivos econ\u00f3micos pueden considerarse como v\u00e1lidos a efectos de la aplicaci\u00f3n del citado r\u00e9gimen especial.\u201d<\/strong><\/p>\n Se responde que \u201cla aportaci\u00f3n por la persona f\u00edsica consultante, de su respectiva cuota de participaci\u00f3n en CB, podr\u00eda acogerse al r\u00e9gimen fiscal mencionado, siempre que se cumplan los requisitos se\u00f1alados en las letras a) y b) del apartado 1 del art\u00edculo 87 de la LIS y siempre que la aportaci\u00f3n de la cuota ideal suponga la aportaci\u00f3n de elementos patrimoniales afectos a actividades econ\u00f3micas (art\u00edculo 87.1.d) de la LIS).<\/strong><\/p>\n En particular, la letra b) del art\u00edculo 87.1 de la LIS, exige que, una vez realizada la aportaci\u00f3n, el sujeto aportante participe en el capital de la entidad que recibe la aportaci\u00f3n en m\u00e1s de un 5%. A estos efectos, de la literalidad del precepto se desprende que el supuesto de hecho delimitado para la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen fiscal especial no se circunscribe al supuesto en que el porcentaje del 5% en los fondos propios de la beneficiaria no se tenga con anterioridad y se alcance como consecuencia de la mencionada aportaci\u00f3n. Por el contrario, tambi\u00e9n cabe, en el \u00e1mbito de dicho supuesto, aquel caso en que antes y despu\u00e9s de la aportaci\u00f3n, el aportante participa en al menos un 5% en los fondos propios de la entidad que recibe la aportaci\u00f3n<\/p>\n Asimismo, la letra a) del art\u00edculo 87.1 de la LIS exige que la entidad que recibe la aportaci\u00f3n sea residente en territorio espa\u00f1ol o realice actividades en este por medio de un establecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados. Seg\u00fan afirman los datos de la consulta, X es residente en Espa\u00f1a.<\/p>\n\u00a0\u00a0<\/a>SENTENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA<\/h2>\n
1.- Prevalencia del dictamen razonado del perito del obligado tributario frente al dictamen del t\u00e9cnico de la Administraci\u00f3n.<\/span><\/h6>\n
2.- Rectificaci\u00f3n de una escritura en la que se calific\u00f3 como permuta lo que en realidad era una extinci\u00f3n del condominio.<\/span><\/h6>\n
3.- Necesidad de motivar la valoraci\u00f3n de un bien aunque se emplee el m\u00e9todo del valor catastral multiplicado por un coeficiente.<\/span><\/h6>\n
4.- Sujeci\u00f3n a ITP de la llamada extinci\u00f3n parcial de comunidad.<\/span><\/h6>\n
5.- La visita del perito al inmueble no es requisito necesario en su valoraci\u00f3n.<\/span><\/h6>\n
6.- Imposici\u00f3n de sanci\u00f3n al sujeto pasivo por no repercutir y liquidar el IVA.<\/span><\/h6>\n
\u00a0<\/a>\u00a0CONSULTAS A LA DIRECCI\u00d3N GENERAL DE TRIBUTOS<\/h2>\n
Cuando se trate de inmuebles en construcci\u00f3n y en los supuestos en que, por razones urban\u00edsticas, el inmueble no sea susceptible de uso, no se estimar\u00e1 renta alguna\u201d.
Conforme con los preceptos citados, si se prueba que la cesi\u00f3n del local se realiza de forma gratuita, el comodante no obtendr\u00eda por tal cesi\u00f3n rendimientos del capital inmobiliario pero s\u00ed deber\u00eda efectuar la imputaci\u00f3n de rentas inmobiliarias establecida en el art\u00edculo 85, ya que nos encontrar\u00edamos en presencia de un inmueble urbano que no genera rendimientos del capital inmobiliario.
<\/strong>La acreditaci\u00f3n de la gratuidad es una cuesti\u00f3n de hecho que este Centro Directivo no puede entrar a valorar, sino que deber\u00e1 acreditar el contribuyente por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 106.1 de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuya valoraci\u00f3n corresponde efectuar a los \u00f3rganos que tienen atribuidas las competencias de comprobaci\u00f3n e inspecci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Tributaria.\u201d<\/p>\n7.- Si la percepci\u00f3n de remuneraci\u00f3n por el ejercicio de funciones directivas exclusivamente en una de las filiales impide el acceso a la exenci\u00f3n por la matriz en el Impuesto sobre el Patrimonio.<\/span><\/h6>\n
\u201c\u2026
Como puede advertirse, el requisito de que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de direcci\u00f3n en la entidad y de la percepci\u00f3n del nivel de remuneraciones que la Ley establece no est\u00e1 vinculado a que sean precisamente satisfechas por la entidad de que se trate, si bien tal previsi\u00f3n habr\u00e1 de contenerse de forma expresa en la escritura de constituci\u00f3n o en los estatutos sociales, ya de la propia entidad ya de la entidad \u201cholding\u201d titular de las participaciones de aquella.<\/strong><\/p>\n
Aplicado ese criterio al caso planteado y en contestaci\u00f3n simult\u00e1nea a las cuestiones a) y c) del escrito de consulta, la percepci\u00f3n de remuneraciones por el ejercicio de funciones directivas en una filial no atribuye la exenci\u00f3n en la entidad matriz, diferenciada jur\u00eddicamente de la primera, ni al directivo ni al grupo de parentesco en que se integra. Ese obst\u00e1culo quedar\u00eda obviado si se incluyese una previsi\u00f3n en l\u00ednea con lo indicado en el p\u00e1rrafo reproducido<\/strong>.<\/p>\n
Por consiguiente, estar\u00e1n sujetas al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido y no exentas del mismo las ejecuciones de obras de urbanizaci\u00f3n de terrenos realizadas por el Ayuntamiento consultante en beneficio de los propietarios de los terrenos objeto de la actuaci\u00f3n urban\u00edstica<\/strong>.<\/p>\n
No obstante, si no existe intenci\u00f3n de venta, cesi\u00f3n o adjudicaci\u00f3n posterior por cualquier t\u00edtulo de los terrenos que se urbanizan, no adquirir\u00e1n la condici\u00f3n de empresario o profesional quienes no la ostentan con anterioridad.<\/p>\n
<\/strong>En todo caso, es importante se\u00f1alar que la condici\u00f3n de empresario o profesional est\u00e1 \u00edntimamente ligada a la intenci\u00f3n de venta, cesi\u00f3n o adjudicaci\u00f3n por cualquier t\u00edtulo de los terrenos que se urbanizan. Si falta este \u00e1nimo, la consideraci\u00f3n de empresario o profesional quebrar\u00e1 y las operaciones se realizar\u00e1n al margen del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido.\u201d \u201cEn el momento del primer anuncio p\u00fablico del acuerdo de la reparcelaci\u00f3n, se considera realizada la entrega de bienes consistente en la cesi\u00f3n al urbanizador de parte de los derechos de aprovechamiento urban\u00edstico que corresponden al propietario. De manera l\u00f3gica, la conclusi\u00f3n a la que necesariamente se llega es que la entrega de bienes antes citada est\u00e1 sujeta al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, pues en el momento de la notificaci\u00f3n o anuncio p\u00fablico del acuerdo de reparcelaci\u00f3n se dan todas las circunstancias descritas en el art\u00edculo 4 de la Ley 37\/1992: se produce una entrega de bienes en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Impuesto, a t\u00edtulo oneroso y realizada por un empresario o profesional en el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica.<\/p>\n
Se plantea aportar la quinta parte indivisa de la comunidad de bienes, de la que es propietario, a la sociedad X.<\/strong><\/p>\n