{"id":104718,"date":"2023-04-12T18:20:02","date_gmt":"2023-04-12T16:20:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=104718"},"modified":"2023-04-12T20:27:32","modified_gmt":"2023-04-12T18:27:32","slug":"competencia-internacional-del-notario-en-los-reglamentos-ue-2019-1111-y-2016-1103","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-notarial\/otros-temas\/competencia-internacional-del-notario-en-los-reglamentos-ue-2019-1111-y-2016-1103\/","title":{"rendered":"Competencia Internacional del notario en los Reglamentos (UE) 2019\/1111 y 2016\/1103."},"content":{"rendered":"

COMPETENCIA INTERNACIONAL DEL NOTARIO EN LOS REGLAMENTOS (UE) 2019\/1111 Y 2016\/1103.<\/strong><\/span><\/h1>\n

Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notaria de Santiago de Compostela<\/h2>\n

 <\/p>\n

I.- Sobre la sujeci\u00f3n a las normas de competencia de los Reglamentos (UE) 2016\/1103 y 2019\/1111.<\/strong><\/span><\/h2>\n

La cuesti\u00f3n acerca de si los notarios de un concreto Estado part\u00edcipe en el Reglamento (UE) 2016\/1103 est\u00e1n o no vinculados por las normas de competencia establecidas en el mismo, depende de si son o no \u00ab\u00f3rgano jurisdiccional\u00bb<\/strong>, tal como expresa el considerando (29) y dispone el art\u00edculo 3.1 letra d). Cuando los notarios ejercen funciones jurisdiccionales<\/strong>, est\u00e1n vinculados por las normas de competencia, y las resoluciones que dicten deben circular de acuerdo con las disposiciones sobre reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecuci\u00f3n de resoluciones. Cuando los notarios no ejercen funciones jurisdiccionales<\/strong>, no est\u00e1n vinculados por las normas de competencia, y los documentos p\u00fablicos que expidan deben circular de acuerdo con las disposiciones sobre estos.<\/p>\n

La definici\u00f3n<\/strong> \u00ab\u00f3rgano jurisdiccional\u00bb, \u00abresoluci\u00f3n\u00bb o el adjetivo \u00abjurisdiccional\u00bb calificando la funci\u00f3n del notario de un concreto Estado miembro,<\/strong> en este caso, Espa\u00f1a, debe resolverse con arreglo a la interpretaci\u00f3n aut\u00f3noma de las definiciones que tambi\u00e9n son aut\u00f3nomas contenidas en los Reglamentos y, como se\u00f1ala el Auto del TJUE de 23 de mayo de 2019, asunto C-658\/17 WB, referido al Reglamento (UE) 650\/2012, pero cuyo pronunciamiento puede hacerse extensivo a este Reglamento, la comunicaci\u00f3n por parte de un Estado acerca de la inclusi\u00f3n de una autoridad en la calificaci\u00f3n \u00abtribunal\u00bb<\/strong> aunque crea una presunci\u00f3n de que las autoridades nacionales declaradas en virtud del art\u00edculo 79 del Reglamento (UE) 650\/2012 constituyen tribunales, reviste un<\/strong> valor meramente indicativo<\/strong>; ello conduce a que debamos analizar la funci\u00f3n del notario en cada expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria que se le encomienda en nuestro ordenamiento para determinar su encaje dentro de la definici\u00f3n aut\u00f3noma de \u00abtribunal\u00bb, \u00abresoluci\u00f3n\u00bb y \u00abfunci\u00f3n jurisdiccional\u00bb del Reglamento que deba aplicarse.<\/p>\n

Como se\u00f1alamos anteriormente, el Auto del Tribunal de Justicia Sala Primera de 23 mayo de 2019, en el asunto C-658\/17 WB manifiesta que la circunstancia de que una autoridad nacional no haya sido mencionada en la lista no basta, por s\u00ed sola, para concluir que esa autoridad no cumple los requisitos <\/strong>contemplados en el art\u00edculo 3, apartado 2, y aclara: \u201cun \u00f3rgano jurisdiccional nacional que conozca de un litigio relativo a la calificaci\u00f3n como \u00abtribunal\u00bb, en el sentido del art\u00edculo 3, apartado 2, p\u00e1rrafo primero, del Reglamento n.o<\/sup>\u00a0650\/2012, de una autoridad o de un profesional del Derecho con competencias en materia de sucesiones, o que albergue dudas acerca de la exactitud de las declaraciones realizadas por un Estado miembro, puede plantearse la cuesti\u00f3n de si los requisitos establecidos en esta disposici\u00f3n se cumplen en el asunto del que conoce y, en su caso, plantear al Tribunal de Justicia una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial a este respecto\u201d y, con acierto, a\u00f1ade: \u201cEl objetivo del Reglamento n.o<\/sup>\u00a0650\/2012, que persigue asegurar la correcta administraci\u00f3n de justicia en la Uni\u00f3n Europea, se ver\u00eda seriamente amenazado si cada Estado miembro pudiera-, absteni\u00e9ndose de incluir en la comunicaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 79 del Reglamento n.o<\/sup>\u00a0650\/2012 o, por el contrario, inscribiendo sus nombres en ella, a las autoridades y los profesionales del Derecho que ejercen funciones jurisdiccionales en condiciones iguales a las de los tribunales-, determinar la calificaci\u00f3n de \u00abtribunal\u00bb, en el sentido del art\u00edculo 3, apartado 2, p\u00e1rrafo primero, de dicho Reglamento, sin que concurran los requisitos establecidos expresamente en esa disposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

II.-<\/strong> Acerca de lo que Exige el TJUE para calificar una funci\u00f3n notarial como \u201cjurisdiccional\u201d y la incongruencia de las comunicaciones del Estado espa\u00f1ol a la Comisi\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h2>\n

Esto expuesto, podemos preguntarnos qu\u00e9 exige el TJUE para calificar una funci\u00f3n notarial como \u00abjurisdiccional<\/strong>\u00bb; la sentencia citada lo clarifica: el notario debe tener un poder \u201cdecisorio\u201d<\/strong>: el ejercicio de funciones jurisdiccionales implica disponer de la facultad de resolver en virtud de su propia potestad sobre los posibles puntos controvertidos que existan entre las partes en cuesti\u00f3n, lo que no conlleva que la jurisdicci\u00f3n sea necesariamente contenciosa<\/strong> pues la vinculaci\u00f3n de una autoridad a las normas de competencia se extiende tambi\u00e9n a expedientes de jurisdicci\u00f3n voluntaria, STJUE de 21 de junio de 2018, asunto C-20\/17 Oberle, en los que medie un poder decisorio.<\/p>\n

La existencia de controversia no es un requisito sustancial siempre que exista una actividad decisoria. Nadie pone en duda, salvo una parte de la doctrina residual, hoy superada por el pronunciamiento de la STJUE de 15 de noviembre de 2022, asunto C-646\/20, al que nos referiremos, que los notarios cuando autorizan escrituras de separaci\u00f3n legal o de divorcio tienen la cualidad de \u00f3rganos jurisdiccionales, intervienen con car\u00e1cter constitutivo; en la escritura de divorcio por mutuo acuerdo ante notario espa\u00f1ol, es el notario quien disuelve el v\u00ednculo conyugal<\/strong> despu\u00e9s de haber controlado el consentimiento, la legalidad <\/strong>y haber emitido un juicio de equidad o de falta de lesividad sobre los extremos del convenio regulador y por tanto, est\u00e1n sujetos a la competencia internacional del Reglamento (UE) 2019\/1111, Bruselas II ter, que en su art\u00edculo 2.1 dispone que \u00aba los efectos del presente Reglamento, se entender\u00e1 por \u00abresoluci\u00f3n\u00bb una decisi\u00f3n de un \u00f3rgano jurisdiccional de un Estado miembro, en particular un fallo, una orden o una resoluci\u00f3n que conceda el divorcio, la separaci\u00f3n legal\u00bb, y define<\/strong> en su art\u00edculo 2.2.1 el t\u00e9rmino \u00ab\u00f3rgano jurisdiccional<\/strong>\u00bb, que engloba cualquier autoridad de cualquier Estado miembro con competencia en las materias que entran en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del presente Reglamento; siendo ilustrativo a estos efectos el considerando 14 del Reglamento que tras subrayar que seg\u00fan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe darse al t\u00e9rmino \u00ab\u00f3rgano jurisdiccional\u00bb un sentido amplio, a fin de abarcar igualmente a las autoridades administrativas u otras autoridades, como los notarios, que tienen competencia en ciertas cuestiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental.<\/p>\n

Diferencia:<\/strong><\/p>\n

1\u00ba.- Todo acuerdo<\/strong> que apruebe el \u00f3rgano jurisdiccional despu\u00e9s de haber examinado su fondo<\/strong> de conformidad con el Derecho y los procedimientos nacionales debe ser reconocido o ejecutado como una \u00abresoluci\u00f3n<\/strong>\u00bb. (escritura de mutuo acuerdo ante notario espa\u00f1ol).<\/p>\n

2\u00ba.- Cualquier otro acuerdo<\/strong> que adquiera efecto jur\u00eddico vinculante en el Estado miembro de origen tras la intervenci\u00f3n formal <\/strong>de una autoridad p\u00fablica o de otra autoridad comunicada por un Estado miembro a la Comisi\u00f3n para tal fin debe hacerse efectivo en los dem\u00e1s Estados miembros con arreglo a las disposiciones espec\u00edficas del presente Reglamento sobre documentos p\u00fablicos y acuerdos.<\/p>\n

3\u00ba.- Los acuerdos que no sean ni una resoluci\u00f3n ni un documento p\u00fablico<\/strong>, pero que hayan sido registrados por una autoridad p\u00fablica competente para hacerlo. Entre tales autoridades p\u00fablicas pueden figurar los notarios que registren acuerdos, aun cuando est\u00e9n ejerciendo una profesi\u00f3n liberal (clara alusi\u00f3n en este n\u00famero 3 al divorcio extrajudicial de derecho franc\u00e9s).<\/p>\n

El presente Reglamento<\/strong> no autoriza la libre circulaci\u00f3n de acuerdos meramente privados.<\/strong><\/p>\n

Existen divorcios no judiciales en derecho comparado y podemos aseverar que la caracter\u00edstica<\/strong> com\u00fan de todos ellos es que el divorcio se produce fuera de sede judicia<\/strong>l, pero aqu\u00ed se pone t\u00e9rmino a su semejanza<\/strong>\u00a0pues se trata de divorcios que difieren en sus presupuestos, tramitaci\u00f3n y naturaleza jur\u00eddica, <\/span>siendo esencial, a nuestro juicio, la funci\u00f3n que realiza la autoridad p\u00fablica que autoriza, interviene o registra el divorcio<\/strong>. En el divorcio de mutuo acuerdo, el notario espa\u00f1ol interviene con car\u00e1cter constitutivo, es un \u00f3rgano jurisdiccional. En derecho franc\u00e9s, por el contrario, es un divorcio por mutuo acuerdo por acto privado refrendado por abogado y depositado en el protocolo de un notario, (acuerdo dentro del \u00e1mbito del Reglamento Bruselas II ter). El art\u00edculo 229-1 del C\u00f3de franc\u00e9s dispone: \u00abcuando los c\u00f3nyuges se entiendan sobre la ruptura del matrimonio y sus efectos, asistidos por sus abogados, constatar\u00e1n su acuerdo en una convenci\u00f3n que toma la forma de acto privado refrendado por sus abogados\u00bb; y el p\u00e1rrafo 2 a\u00f1ade que esta convenci\u00f3n se depositar\u00e1 en el protocolo de un notario.<\/span><\/p>\n

El car\u00e1cter de \u00f3rgano jurisdiccional del notario espa\u00f1ol, la sujeci\u00f3n de este a las reglas de competencia internacional del Reglamento (UE) 2019\/1111 y el tratamiento del divorcio notarial como resoluci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s patente tras el pronunciamiento de la ya citada STJUE de 1 de noviembre de 2022, asunto C-646\/2020<\/a>, Senatsverwaltung, que considera resoluci\u00f3n el acta de divorcio extendida por un funcionario del Registro civil de un Estado miembro (en este caso, Italia) y nos dice: esta sentencia est\u00e1 referida al Reglamento Bruselas II Bis, \u201cen Italia, el funcionario del registro civil es una autoridad legalmente instituida que, en virtud del Derecho de ese Estado miembro, tiene competencia para declarar el divorcio de manera jur\u00eddicamente vinculante al hacer constar por escrito el acuerdo de divorcio redactado por los c\u00f3nyuges, tras haber llevado a cabo un examen en el sentido del apartado 54 de la presente sentencia\u201d. Y dicho apartado 54 se\u00f1ala: De esta jurisprudencia cabe deducir que toda autoridad p\u00fablica que deba adoptar una \u00abresoluci\u00f3n judicial\u00bb en el sentido del art\u00edculo 2, punto 4, del Reglamento Bruselas II bis<\/em> debe conservar el control de la declaraci\u00f3n del divorcio, lo que implica, en el \u00e1mbito de los divorcios de mutuo acuerdo, que lleve a cabo un examen de las condiciones del divorcio a la luz del Derecho nacional, as\u00ed como de la realidad y de la validez del consentimiento de los c\u00f3nyuges que van a divorciarse. Y por tanto, si el acta de divorcio extendida por el encargo del Registro Civil italiano es resoluci\u00f3n con mayor raz\u00f3n lo es, el divorcio de mutuo acuerdo autorizado por notario espa\u00f1ol.<\/p>\n

Dicho esto, siendo el notario espa\u00f1ol \u00f3rgano jurisdiccional, resulta incongruente la comunicaci\u00f3n que Espa\u00f1a ha formulado a la Comisi\u00f3n respecto al Reglamento 2019\/1111 (Bruselas II ter)<\/a>,<\/strong> prescrita en su art\u00edculo 103[1]<\/a>, pues seg\u00fan esta comunicaci\u00f3n, el notario espa\u00f1ol carece de competencia para emitir el certificado relativo a una resoluci\u00f3n en materia matrimonial utilizando el formulario del anexo II<\/strong>. La escritura p\u00fablica de separaci\u00f3n o divorcio notarial es resoluci\u00f3n, el notario realiza un doble control de legalidad y equidad y declara la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial o la separaci\u00f3n legal, pero seg\u00fan la informaci\u00f3n facilitada por nuestro Estado (que, a nuestro juicio, deber\u00eda corregir) no puede emitir el certificado (formulario anexo II) relativo a resoluci\u00f3n en materia matrimonial y debe expedir el certificado de documento p\u00fablico (formulario anexo VIII).<\/p>\n

Desafortunada es, igualmente, la comunicaci\u00f3n de Espa\u00f1a a la Comisi\u00f3n por lo que ata\u00f1e al Reglamento (UE) 2016\/1103<\/strong>; a diferencia del Reglamento europeo de sucesiones, la comunicaci\u00f3n realizada por Espa\u00f1a en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 65.1 del Reglamento dice textualmente que \u201cen Espa\u00f1a no existen autoridades con las caracter\u00edsticas y alcance del art\u00edculo 3.2 en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de este Reglamento. Solo existen en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Reglamento (UE) n\u00ba 650\/2012, como fue declarado por Espa\u00f1a al amparo del art\u00edculo 79\u201d. No obstante esta aseveraci\u00f3n, el notariado y doctrina internacionalista reputada, Jim\u00e9nez Blanco[2]<\/a>, sostienen que cuando el notario liquida el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial en el marco de un convenio regulador o en escritura independiente conexa a este, tiene un poder decisorio[3]<\/a> y como tal, est\u00e1 sujeto a las normas de competencia internacional del Reglamento 2016\/1103 y el resultado de esta intervenci\u00f3n es una Resoluci\u00f3n. La STS de 22 de abril de 1997, a la que se remite la de 31 de marzo de 2011, Recurso 807\/2007, pone de relieve que en las situaciones de crisis matrimoniales pueden coincidir tres tipos de acuerdos:<\/strong> \u00aben primer lugar, el convenio en principio y en abstracto, es un negocio jur\u00eddico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente (o en escritura notarial) queda integrado en la resoluci\u00f3n judicial<\/strong>, (o en la escritura de separaci\u00f3n o divorcio) con toda la eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jur\u00eddico, tanto m\u00e1s si contiene una parte ajena al contenido mismo que prev\u00e9 el art\u00edculo 90 CC ..\u201d; ya tratamos con anterioridad el valor de las comunicaciones de los Estados a la Comisi\u00f3n al analizar la STJUE de 23 de mayo de 2019 Asunto C-658\/17 WB: valor meramente indicativo; no obstante, dicha comunicaci\u00f3n crea una presunci\u00f3n y el tenor, a nuestro juicio, de la desafortunada comunicaci\u00f3n hecha por el Estado a la Comisi\u00f3n sin tener en cuenta la naturaleza de la funci\u00f3n notarial en la liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial en el marco del convenio regulador a lo que se a\u00f1adir\u00eda la falta de competencia del notario para expedir el certificado de resoluci\u00f3n (formulario anexo II) del Reglamento (UE) 2019\/1111 obliga al notario, en tanto no rectifique nuestro Estado, a emitir las certificaci\u00f3n concerniente al documento p\u00fablico, en materia de liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, en el marco del Convenio Regulador<\/strong>.<\/p>\n

Inmaculada Espi\u00f1eira.<\/p>\n

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[1]<\/a> Reglamento \u00abBruselas II ter\u00bb \u2014 Cuestiones matrimoniales y de responsabilidad parental (refundici\u00f3n)<\/a><\/p>\n

[2]<\/a> JIM\u00c9NEZ BLANCO, Pilar: \u201cReg\u00edmenes econ\u00f3micos Matrimoniales transfronterizos. Un estudio del Reglamento \/UE) n\u00fam. 2016\/1103. Tirant lo blanch 2021. Opini\u00f3n manifestada, igualmente, en la Sesi\u00f3n inaugural de la C\u00e1tedra de Derecho Notarial del Ilustre Colegio de Asturias donde tuve el honor de compartir con ella mesa redonda, celebrada el 20 de febrero de 2023.<\/p>\n

[3]<\/a> El convenio regulador puede formularse ante Notario o Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia que deben controlar el contenido del mismo, rechazando los acuerdos formalizados por los c\u00f3nyuges cuando considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser da\u00f1oso o gravemente perjudicial para uno de los c\u00f3nyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, art. 90.2 CC y 777.10 LEC modificados por la Ley de Jurisdicci\u00f3n Voluntaria. En este caso, los c\u00f3nyuges s\u00f3lo podr\u00e1n acudir ante el Juez para la aprobaci\u00f3n de la propuesta de convenio regulador<\/p>\n

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ENLACES:\u00a0<\/span><\/h2>\n