<\/p>\r\n
<\/p>\r\n
I. INTRODUCCI\u00d3N<\/strong><\/a><\/p>\r\n II. LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA<\/strong><\/a> III. LA INFLACI\u00d3N Y EL SISTEMA TRIBUTARIO<\/strong><\/a><\/p>\r\n IV. LAS CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LO EXPUESTO<\/strong><\/a><\/p>\r\n V. EL VOTO PARTICULAR<\/strong><\/a><\/p>\r\n ENLACES<\/strong><\/a><\/p>\r\n <\/p>\r\n 1.-No hace mucho y en esta misma Revista (1)<\/a>\u00a0 me ocup\u00e9 de \u201cLa inflaci\u00f3n monetaria y el c\u00e1lculo de los incrementos de patrimonio<\/a>\u201d<\/span>, con motivo de examinar el Auto de 18 de Mayo de 2022<\/span>, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, con sede en M\u00e1laga, que plante\u00f3 cuesti\u00f3n ante el Tribunal Constitucional para que este se pronunciara sobre la posible inconstitucionalidad del apartado veintiuno del art\u00edculo primero de la Ley 26\/2014<\/span>, de 27 de Noviembre<\/span>, por la que se modifican la Ley 35\/2006, de 28 de Noviembre<\/span>, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5\/2004, de 5 de Marzo<\/span>, y otras normas, por el que se introduce una nueva redacci\u00f3n del art. 35.2<\/a> de la Ley 35\/2006, de 28 de Diciembre<\/span>, sobre el Impuesto de la Renta de las Personas F\u00edsicas, que significa la supresi\u00f3n de los coeficientes de correcci\u00f3n monetariapara la actualizaci\u00f3n del valor de adquisici\u00f3n<\/strong> de los bienes inmuebles a efectos del c\u00e1lculo de la ganancia patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, por posible vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica a que se refiere el art. 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>.<\/p>\r\n 2.- La Sentencia del Tribunal Constitucional 67\/2023, de 6 de Junio<\/strong><\/a> (2)<\/a> dando respuesta al contenido del mencionado Auto resolvi\u00f3 que:<\/p>\r\n \u201cEn atenci\u00f3n a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constituci\u00f3n de la Naci\u00f3n espa\u00f1ola, ha decidido desestimar la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Ceuta y Melilla, con sede en M\u00e1laga, en relaci\u00f3n con el apartado vig\u00e9simo primero del art\u00edculo 1 de la Ley 26\/2014, de 27 de Noviembre, por la que se modifican la Ley 35\/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5\/2004, de 5 de Marzo, y otras normas tributaria\u201d.<\/em><\/p>\r\n 3.- Abordamos el an\u00e1lisis de los principales argumentos que se contienen en la mencionada Sentencia, as\u00ed como en el voto particular que se acompa\u00f1a a la misma (3)<\/a>.<\/p>\r\n <\/p>\r\n 4.- Antes de entrar en cuestiones espec\u00edficas de Derecho Tributario, plantea la Sentencia un tema de indudable inter\u00e9s, cual es el control de la legislaci\u00f3n omisiva, o si se prefiere el control negativo del legislador, pues no en vano lo que se solicita es que se mantengan en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas los coeficientes de correcci\u00f3n monetaria suprimidos por la ya citada Ley 26\/2014, de 27 de Noviembre<\/span>.<\/p>\r\n 5.- Seg\u00fan la doctrina reiterada del Tribunal, \u00abla inconstitucionalidad de una norma por omisi\u00f3n<\/span> solo puede entenderse producida cuando es la propia Constituci\u00f3n la que impone al legislador la necesidad de integrar su texto en aspectos no contemplados por ella\u00bb (Sentencias del Tribunal Constitucional 317\/1994, de 28 de Noviembre<\/span>, y 139\/2016, de 21 de Julio<\/span>), o en otros t\u00e9rminos, \u00abcuando la Constituci\u00f3n impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace\u00bb (Sentencias del Tribunal Constitucional 24\/1982, de 13 de Mayo, 74\/1987, de 25 de Mayo, 87\/1989, de 11 de Mayo, y 159\/2011, de 19 de Octubre<\/span>), entre otras (4)<\/a>.<\/p>\r\n Por tanto, \u00fanicamente cuando la omisi\u00f3n del legislador sea equivalente a la negaci\u00f3n de la eficacia directa y plena de un mandato o derecho concreto de la Constituci\u00f3n puede el Tribunal apreciarlo as\u00ed y declarar, o m\u00e1s bien reiterar, la eficacia de ese precepto constitucional silenciado o desconocido.<\/p>\r\n Ello quiere significar que se debe dilucidar si del principio de capacidad econ\u00f3mica \u2014\u00fanico invocado por el \u00f3rgano judicial\u2014, cabe inferir un mandato al legislador para que necesariamente corrija con la inflaci\u00f3n las ganancias patrimoniales inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas<\/span>; o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n se enmarca dentro de su margen de apreciaci\u00f3n normativa.<\/p>\r\n 6.- Despejado el anterior \u00f3bice procesal, se aborda por la Sentencia que se examina si la supresi\u00f3n de los coeficientes de correcci\u00f3n monetaria es contraria al principio de capacidad econ\u00f3mica contemplado en el art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n (5).<\/a><\/p>\r\n El Tribunal Constitucional con apoyo en su consolidada doctrina (6)<\/a> recuerda que dicho principio puede ser examinado desde dos puntos de vista:<\/p>\r\n \u201cComo fundamento de la imposici\u00f3n, este principio exige gravar un presupuesto de hecho revelador de capacidad econ\u00f3mica [Sentencias Tribunal Constitucional 276\/2000, de 16 de Noviembre, y 62\/2015, de 13 de Abril) esto es, \u00abuna manifestaci\u00f3n de riqueza\u00bb (Sentencias Tribunal Constitucional 37\/1987, de 26 de Marzo, FJ 13, y 276\/2000), bastando con que \u00abdicha capacidad econ\u00f3mica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio constitucional quede a salvo\u00bb [Sentencias Tribunal Constitucional 26\/2017; 59\/2017, de 11 de Mayo, de 31 de Octubre, y 182\/2021, de 26 de Octubre). <\/em><\/p>\r\n Una segunda vertiente del principio de capacidad es como \u00abcriterio, par\u00e1metro o medida\u00bb de la imposici\u00f3n, dimensi\u00f3n que ha sido revitalizada por la citada Sentencia Tribunal Constitucional 182\/2021, en relaci\u00f3n con la base imponible del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; dicha Sentencia, abandonando la doctrina del Auto del Tribunal Constitucional 71\/2008, de 26 de Febrero, (seg\u00fan la cual la capacidad como \u00abmedida\u00bb no era exigible a todos los tributos sino solo a los que constituyen los pilares estructurales del sistema), requiere que \u00absobre todo en los impuestos, rija la capacidad econ\u00f3mica no solo en la elecci\u00f3n de los hechos imponibles, sino tambi\u00e9n en la de los m\u00e9todos impositivos o medidas t\u00e9cnicas que, partiendo de la realizaci\u00f3n de esa manifestaci\u00f3n de capacidad econ\u00f3mica tipificada, conduzcan a la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda del tributo\u201d.<\/em><\/p>\r\n Tras esta doble referencia al citado principio se concluye que sentado que el principio de capacidad como \u00abcriterio, par\u00e1metro o medida\u00bb debe regir en todos los tributos, la propia Sentencia Tribunal Constitucional 182\/2021, de 26 de Octubre<\/span>, subraya que, para cumplir con esta dimensi\u00f3n, el legislador goza de un amplio margen de libertad en la configuraci\u00f3n de los tributos, \u00abno correspondiendo [al Tribunal Constitucional] en modo alguno [\u2026] enjuiciar si las soluciones adoptadas en la ley tributaria sometida a control de constitucionalidad son las m\u00e1s correctas t\u00e9cnicamente, aunque indudablemente se halla facultado para determinar si en el r\u00e9gimen legal del tributo aquel ha sobrepasado o no los l\u00edmites al poder tributario que se derivan de los principios constitucionales contenidos en el art. 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, Sentencias Tribunal Constitucional 27\/1981, de 20 de Julio, 214\/1994, de 14 de Julio, 46\/2000, de 17 de Febrero, 96\/2002, de 25 de Abril, 7\/2010, de 27 de Abril, 19\/2012, de 15 de Febrero, 20\/2012, de 16 de Febrero, y 182\/2021<\/span>.<\/p>\r\n <\/p>\r\n 7.- Comienza el Tribunal recordando que sobre sobre el principio de capacidad econ\u00f3mica y los ajustes por inflaci\u00f3n se pronunci\u00f3 el Tribunal en la Sentencia del Tribunal Constitucional 221\/1992, de 11 de Diciembre<\/span>; dicha Sentencia, a la que se refieren tanto el Fiscal General como el Abogado del Estado, no as\u00ed el auto de planteamiento, descart\u00f3 que del principio de capacidad econ\u00f3mica pudiera extraerse la exigencia de que el valor inicial del inmueble<\/span>, a efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se ajustara obligatoriamente con la inflaci\u00f3n<\/span>; trat\u00e1ndose de la misma cuesti\u00f3n planteada en el presente proceso, aqu\u00ed respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, interesa sintetizar a continuaci\u00f3n las principales conclusiones de dicho pronunciamiento (7).<\/a><\/p>\r\n 8.- En la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 221\/1992, de 11 de Diciembre<\/span>, se comenzaba afirmando que \u00abel principio de capacidad econ\u00f3mica no es un axioma del que puedan extraerse, por simple deducci\u00f3n l\u00f3gica, consecuencias positivas, precisas y concretas, sobre la particular regulaci\u00f3n de cada figura tributaria\u00bb y que \u00abes constitucionalmente posible que el legislador tributario, al regular cada figura impositiva, otorgue preeminencia a otros valores o principios, respetando, en todo caso, los l\u00edmites establecidos por la Constituci\u00f3n\u00bb; como segunda premisa, la citada Sentencia consideraba que el precepto all\u00ed cuestionado (el art. 355.5 del Texto Refundido de R\u00e9gimen Local, aprobado por el Real Decreto legislativo 781\/1976, de 18 de Abril<\/span>) no pod\u00eda \u00abenjuiciarse aisladamente, pues forma parte de un conjunto de normas\u00bb, por dicha raz\u00f3n, conectaba el precepto analizado con el resto de la regulaci\u00f3n del tributo (en ese caso, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) para afirmar que el aludido prop\u00f3sito, ajustar el incremento de valor a la inflaci\u00f3n puede alcanzarse, tambi\u00e9n, aunque de forma indirecta, por otras v\u00edas<\/span>, en particular, reconociendo \u201cla eficacia que, en este punto, pueden desplegar los tipos de gravamen del impuesto\u201d.<\/p>\r\n Entrando ya en el n\u00facleo de la cuesti\u00f3n debatida, la Sentencia del Tribunal Constitucional 221\/1992, de 11 de Diciembre<\/span>, constat\u00f3 que el legislador tributario, siguiendo el criterio establecido en otros sectores del Ordenamiento y, en especial, en el Derecho de obligaciones, ha establecido como principio configurador del sistema el principio nominalista.<\/span><\/p>\r\n 9.- Y tras ello se lleg\u00f3 a las siguientes consideraciones: Con base en lo expuesto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 221\/1992, de 11 de Diciembre<\/a>, desestim\u00f3 la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad referida a la actualizaci\u00f3n del valor de adquisici\u00f3n en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.<\/p>\r\n <\/p>\r\n 10.- Se expone por el Tribunal Constitucional lo que a continuaci\u00f3n sigue de lo que se desprende la justificaci\u00f3n de la supresi\u00f3n de los coeficientes de correcci\u00f3n monetaria<\/span>; en el caso que nos ocupa, el pre\u00e1mbulo de la Ley 26\/2014, de 27 de Noviembre<\/span>, justifica la eliminaci\u00f3n de los coeficientes de correcci\u00f3n monetaria para los inmuebles en razones de \u00abneutralidad\u00bb y \u00abequidad\u00bb<\/span>; como subrayan el Fiscal General y el Abogado del Estado, las de origen inmobiliario eran las \u00fanicas ganancias patrimoniales, es m\u00e1s, la \u00fanica partida del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, en la que se practicaba un ajuste por la inflaci\u00f3n, ya que esta no se tiene en cuenta en la transmisi\u00f3n de ning\u00fan otro activo, como los valores mobiliarios<\/span>, que tambi\u00e9n pueden haber tenido un largo per\u00edodo de permanencia en el patrimonio del contribuyente; ni, en general, en ning\u00fan otro elemento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas a los que la inflaci\u00f3n tambi\u00e9n puede afectar, como sucede con determinadas exenciones, gastos deducibles y reducciones aplicables a los distintos rendimientos; los m\u00ednimos personal y familiar; las reducciones por aportaciones a sistemas de previsi\u00f3n social y los umbrales determinantes de la obligaci\u00f3n de declarar, entre muchos otros.<\/p>\r\n Pero el que afecte s\u00f3lo a los inmuebles tiene su justificaci\u00f3n en que tambi\u00e9n se exige el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo que no ocurre en el caso de los valores mobiliarios pues no soporta la plusval\u00eda generada un tributo adicional, sin desconocer la especial movilidad de estos \u00faltimos de donde se desprende que puede ser menor el incremento del valor acumulado, cosa que no suele suceder en los inmuebles (8)<\/a> .<\/p>\r\n 11.- Adem\u00e1s se expone que, por tanto, suprimir una actualizaci\u00f3n exclusivamente prevista para inmuebles evita que las decisiones de inversi\u00f3n (9)<\/a><\/span> en unos u otros activos vengan condicionadas por esa circunstancia (neutralidad) y elimina un factor de desigualdad entre fuentes de renta (equidad) que, sin ser inconstitucional, el legislador ha dejado de considerar adecuado; en particular, el Abogado del Estado resalta el fundamento t\u00e9cnico de la medida citando el Informe de la Comisi\u00f3n de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario de Febrero de 2014, en el que se afirma que \u00abla actualizaci\u00f3n del valor de adquisici\u00f3n o inicial de los inmuebles en estos impuestos en referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y al Impuesto sobre Sociedades, constituye un caso especial porque las leyes de tales impuestos no contemplan la actualizaci\u00f3n de los valores de adquisici\u00f3n mediante coeficientes que reflejen las variaciones generales de los precios en el caso de los capitales mobiliarios; dado que tampoco en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas ni en el Impuesto sobre Sociedades se actualizan los valores de las restantes partidas que integran la base imponible, deber\u00eda suprimirse cualquier tipo de actualizaci\u00f3n fiscal de valores por indexaci\u00f3n con los precios y, muy especialmente, la comentada en relaci\u00f3n a los bienes inmuebles\u00bb (p\u00e1g. 130); en suma, la equiparaci\u00f3n de las ganancias inmobiliarias al resto de ganancias patrimoniales y, en general, a los dem\u00e1s elementos del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas en los que no se practica correcci\u00f3n alguna por inflaci\u00f3n es una justificaci\u00f3n razonable para la opci\u00f3n seguida por la norma cuestionada.<\/p>\r\n 12.- Y tras ello se concluye:<\/p>\r\n \u201cLo anterior es coherente con un Sistema Tributario nominalista. En la antes citada Sentencia del Tribunal Constitucional 221\/1992, de 11 de Diciembre, que ya pudimos constatar que el Ordenamiento Jur\u00eddico, en general, y el tributario, en particular, se asientan sobre el principio nominalista que \u2014dec\u00edamos\u2014 es \u00abcoherente con el orden constitucional\u00bb. De esto se colige que la correcci\u00f3n monetaria es la excepci\u00f3n, no la regla, y que \u00abel legislador goza en principio de libertad para decidir si aplica o no correcciones monetarias, as\u00ed como para determinar la f\u00f3rmula concreta de llevarlas a cabo\u201d.<\/em><\/p>\r\n 13.- Dos cuestiones adicionales se toman en consideraci\u00f3n:<\/p>\r\n a. la primera de ellas y aludiendo a la doctrina ya expuesta, se aborda la cuesti\u00f3n de que tan solo en situaciones \u00abextremas\u00bb de inflaci\u00f3n \u00abespecialmente aguda\u00bb, considera dicha Sentencia que la ley debe evitar que una \u00aberosi\u00f3n inflacionaria de tal grado\u00bb pueda afectar al principio de capacidad econ\u00f3mica; pero el auto que promueve la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, ni cita la Sentencia del Tribunal Constitucional 221\/1992, de 11 de Diciembre<\/span>, ni aporta argumento o dato alguno que acredite esa situaci\u00f3n excepcional; s\u00ed ofrece datos, pero para negar que estemos en un contexto de \u00abhiperinflaci\u00f3n\u00bb, el Fiscal General del Estado, que recuerda c\u00f3mo en la d\u00e9cada de 1970 la inflaci\u00f3n fue, en media anual, de un 13,62 por 100 y en la d\u00e9cada de 1980 de un 8,60 por 100; como destaca en sus alegaciones, a dicha \u00absituaci\u00f3n inflacionista\u00bb se refiere (aunque no lo hac\u00eda desde la \u00f3ptica del principio de capacidad econ\u00f3mica), la Sentencia del Tribunal Constitucional 27\/1981, citada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 221\/1992, de 11 de Diciembre<\/span>; tales cifras contrastan abiertamente con la inflaci\u00f3n media anual del 2,37 por 100 para el periodo 2004-2014 y del 1,80 por 100 para el periodo 2014-2023 que arrojan los datos de variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estad\u00edstica; coyuntura esta que se halla muy lejos de poder calificarse como \u00abextrema\u00bb o \u00abespecialmente aguda\u00bb<\/p>\r\n b. la segunda es que las normas forales reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas en los territorios hist\u00f3ricos del Pa\u00eds Vasco s\u00ed prev\u00e9n que se actualice el valor de adquisici\u00f3n (arts. 45.2 y 46 de las Normas Forales de las Juntas Generales de \u00c1lava 33\/2013, de 27 de Noviembre<\/span>; las Juntas Generales de Vizcaya 13\/2013, de 5 de Diciembre<\/span>; y del Territorio Hist\u00f3rico de Guip\u00fazcoa 3\/2014, de 17 de Enero<\/span>). Y lo hacen no solo para todo tipo de elementos \u2014inmuebles o no\u2014, sino tanto en las transmisiones onerosas como en las lucrativas (a las que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas anterior a la Ley 26\/2014 de 27 de Noviembre, no aplicaba coeficientes de actualizaci\u00f3n), pero tambi\u00e9n encontramos la opci\u00f3n contraria en la Comunidad Foral de Navarra, cuya normativa no prev\u00e9 ajustar a la inflaci\u00f3n los incrementos patrimoniales, ni de los inmuebles ni de ning\u00fan otro elemento patrimonial (art. 41.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4\/2008, de 2 de Junio<\/span>).<\/p>\r\n Esta alusi\u00f3n a la normativa foral se resuelve afirmando (10)<\/a> que tal disparidad normativa no es relevante para nuestro juicio de constitucionalidad, sino mera confirmaci\u00f3n de las diversas opciones de pol\u00edtica tributaria seguidas, en el tiempo y en el espacio, a la hora de ajustar a la inflaci\u00f3n todas, algunas o ninguna de las ganancias patrimoniales; como afirm\u00f3 la Sentencia del Tribunal Constitucional 19\/2012, de 15 de Febrero, \u201ccada norma reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, representa entonces una opci\u00f3n legislativa diferente respecto de la cual no es suficiente la mera discrepancia pol\u00edtica para destruir la presunci\u00f3n de constitucionalidad de la Ley.<\/p>\r\n 14.- Antes de pronunciar el fallo en el sentido desestimatorio ya expuesto<\/strong>, el Tribunal Constitucional precisa su doctrina al indicar:<\/p>\r\n \u201cEn definitiva, del principio de capacidad econ\u00f3mica no cabe inferir una obligaci\u00f3n para el legislador de prever, siempre y en todo caso, la actualizaci\u00f3n del valor de adquisici\u00f3n de los inmuebles, singularizando las ganancias inmobiliarias mediante un espec\u00edfico ajuste a la inflaci\u00f3n que no se aplica a ning\u00fan otro elemento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas (ni en otros tributos que gravan los incrementos patrimoniales, como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Sociedades); no existiendo tal obligaci\u00f3n, el art. 35.2 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, en la redacci\u00f3n dada por el apartado vig\u00e9simo primero del art\u00edculo 1 de la Ley 26\/2014, de 27 de Noviembre, no incurre en inconstitucionalidad por omisi\u00f3n, al igual que concluimos en el Auto del Tribunal Constitucional 261\/2003, de 15 de Julio, que inadmiti\u00f3 una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad sobre la no exenci\u00f3n en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de determinadas transmisiones; de la opci\u00f3n seguida por la Ley se podr\u00e1 discrepar desde un punto de vista de oportunidad pol\u00ed<\/em>tica o legislativa, pero en modo alguno supone un caso de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\r\n <\/p>\r\n 15.- Como antes expuso la Sentencia que se examina no fue acordada por unanimidad, sino que vino acompa\u00f1ada de un s\u00f3lido voto particular cuya conclusi\u00f3n puede adelantarse:<\/p>\r\n \u201cLa Sentencia de la que discrepamos, con fundamento en que es constitucionalmente posible que el legislador tributario, al regular cada figura impositiva, otorgue preeminencia a otros valores o principios, ha recurrido a un soterrado overruling que ha venido a consagrar un nuevo principio rector del sistema tributario, el \u00abnominalista\u00bb, el cual, aunque de configuraci\u00f3n legal, tendr\u00eda un alcance constitucional, pues opera como un contrapeso reductor del de capacidad econ\u00f3mica al que impregna de una enorme ductilidad que lo conduce hasta su total inanidad\u201d.(11)<\/a><\/em><\/p>\r\n 16.- El voto particular, am\u00e9n de sus consideraciones jur\u00eddicas no excluye descender al caso concreto con menci\u00f3n de lo que resultar\u00eda de prosperar la tesis que qued\u00f3 plasmada en el Auto de 18 de Mayo de 2022<\/span>, antes mencionado, y as\u00ed se indica que la recurrente en el proceso judicial a quo adquiri\u00f3 en 1995 la nuda propiedad de una vivienda que transmiti\u00f3 en 2016; la diferencia entre los valores nominales (comprobados por la Administraci\u00f3n Tributaria) de su derecho al momento de la adquisici\u00f3n (de 46.110 \u20ac) y al de la transmisi\u00f3n (de 105.968 \u20ac) ofreci\u00f3 como resultado una ganancia patrimonial de 5.585,00 \u20ac, que fue sometida a tributaci\u00f3n en la base del ahorro, conforme a los tipos de gravamen previstos en el art. 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas (que, en el a\u00f1o 2016, oscilaban entre el 19 y el 23 por 100).<\/p>\r\n La inflaci\u00f3n acumulada (\u00edndice general) en el per\u00edodo de generaci\u00f3n de la ganancia patrimonial sometida a tributaci\u00f3n (entre septiembre de 1995 y agosto de 2016) fue, seg\u00fan el propio informe pericial de la Dependencia Regional de recursos humanos y gesti\u00f3n econ\u00f3mica de la Delegaci\u00f3n Especial de Andaluc\u00eda, Ceuta y Melilla (Agencia Estatal Administraci\u00f3n Tributaria) que obra en los autos, del 62,90 por 100 (del 66 por 100 ser\u00eda seg\u00fan las citadas normas forales vascas anteriormente citadas); esto implica que si se hubiesen corregido las consecuencias de la inflaci\u00f3n mediante la actualizaci\u00f3n del valor de la nuda propiedad al momento de la adquisici\u00f3n, se habr\u00eda obtenido como resultado una cifra actualizada (de 75.113,90 \u20ac) que, restada al valor de la nuda propiedad comprobado por la Administraci\u00f3n al momento de la transmisi\u00f3n (de 105.968,00 \u20ac), hubiese ofrecido como resultado una ganancia patrimonial de tan solo 30.854,10 \u20ac<\/span> (esto es, de 29.003,90 \u20ac inferior a la sometida a tributaci\u00f3n), o lo que es lo mismo, un 48,67 por 100 inferior a la realmente gravada (lo que supone que se le imput\u00f3 una ganancia patrimonial superior en un 94 por 100 a la \u00abrealmente\u00bb obtenida) (12)<\/a> .<\/p>\r\n 17.- Acudiendo a argumentos jur\u00eddicos se expone:<\/p>\r\n \u201cTampoco es ajena la correcci\u00f3n de la inflaci\u00f3n en el c\u00e1lculo de las ganancias patrimoniales a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas fuera de nuestras fronteras, con la finalidad de someter a tributaci\u00f3n exclusivamente las rentas reales, que no las nominales. Vaya por delante que la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE), en su reciente informe sobre \u00abLa fiscalidad inmobiliaria en los pa\u00edses de la OCDE\u00bb (\u00abLa fiscalit\u00e9 inmobili\u00e8re dans les pays de l\u2019OCDE\u00bb, n\u00fam. 29, Par\u00eds, 2022), ha subrayado que \u00abcuando se gravan las ganancias de capital, los pa\u00edses deber\u00edan considerar gravar las ganancias reales en lugar de las nominales<\/strong>\u00bb, de modo que \u00ab[p]ara garantizar que solo se grava la ganancia real, los pa\u00edses deber\u00edan permitir la indexaci\u00f3n de las plusval\u00edas utilizando, por ejemplo, el \u00cdndice de Precios al Consumo.<\/em><\/p>\r\n As\u00ed viene sucediendo en algunos pa\u00edses de nuestro entorno como, por ejemplo, Luxemburgo<\/strong> o Portugal. En el primero, se aplican unos coeficientes de revalorizaci\u00f3n del coste de adquisici\u00f3n cuando se trate de ganancias no especulativas, es decir, de aquellas que se producen despu\u00e9s de los dos a\u00f1os siguientes a la adquisici\u00f3n (art. 99 ter de la Loi modifi\u00e9e du 4 d\u00e9cembre 1967 concernant l\u2019imp\u00f4t sur le revenu), actualiz\u00e1ndose mediante la aplicaci\u00f3n del coeficiente correspondiente al a\u00f1o de adquisici\u00f3n [que en el a\u00f1o 2016 era del 1,46 para las adquisiciones efectuadas en 1995 (art. 102.6 del texto de la Ley en vigor a 1 de Enero de 2016)]. <\/em><\/p>\r\n Y, en Portugal<\/strong>, se prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de una correcci\u00f3n monetaria (corre\u00e7\u00e3o monet\u00e1ria) en el c\u00e1lculo del valor de adquisici\u00f3n (art. 50 del C\u00f3digo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) aplicando \u00ablos coeficientes de devaluaci\u00f3n de la moneda\u00bb publicados por el Ministerio de Hacienda, siempre que \u00abhayan transcurrido m\u00e1s de veinticuatro meses entre la fecha de adquisici\u00f3n y la de enajenaci\u00f3n\u00bb [que en el a\u00f1o 2016 era del 1,54 para las adquisiciones efectuadas en 1995 (anexo de la Orden del Ministerio de Finanzas n\u00fam. 316\/2016, de 14 de Diciembre).<\/em><\/p>\r\n Otros pa\u00edses como Francia<\/strong> han optado por aprobar unos \u00abcoeficientes de abatimiento\u00bb (taux d\u2019abattement par ann\u00e9e de d\u00e9tention), aplicables a las ganancias patrimoniales generadas en per\u00edodos de permanencia del bien inmueble en el patrimonio durante m\u00e1s de cinco a\u00f1os, a raz\u00f3n del 6 por 100, entre el sexto y el vigesimoprimero a\u00f1o, del 4 por 100 el vigesimosegundo, y encontr\u00e1ndose exenta a partir del vigesimotercero (art. 150 VC del Code G\u00e9n\u00e9rale des Imp\u00f4ts).<\/em><\/p>\r\n En fin, en otros como Alemania <\/strong>o Italia, se ha optado por no gravar las ganancias patrimoniales inmobiliarias no especulativas (aquellas que se producen transcurrido un determinado plazo tras la adquisici\u00f3n). En el primero, las ganancias patrimoniales ocasionadas por la venta de inmuebles tributan por el impuesto sobre la renta (mediante la aplicaci\u00f3n de un gravamen que es conocido como \u00abimpuesto a la especulaci\u00f3n\u00bb), solo cuando el tiempo transcurrido entre la adquisici\u00f3n y la transmisi\u00f3n no haya sido superior a diez a\u00f1os (art. 23 de la Einkommensteuergesetz). <\/em><\/p>\r\n Por su parte, en Italia<\/strong>, se aplica el gravamen solo cuando se entiende que la transmisi\u00f3n del bien inmueble se ha hecho con una finalidad especulativa, lo que se produce cuando se lleve a efecto dentro de los cinco a\u00f1os siguientes al momento de su adquisici\u00f3n (salvo en el caso de que se trate de la vivienda habitual o de bienes adquiridos por herencia, en los que no se aplicar\u00eda el gravamen ni siquiera si la transmisi\u00f3n se hubiese producido dentro de ese plazo) [arts. 67.1 b) y 68.1 del Testo \u00fanico delle imposte sui redditi n\u00fam. 917, del 22 dicembre 1986] (13)<\/a>\u201d:<\/em><\/p>\r\n 18.- La conclusi\u00f3n a la que se llega viene ya anunciada pues ninguna duda cabe que el precepto cuestionado en el presente proceso constitucional, al establecer la ficci\u00f3n de que se ha producido una ganancia patrimonial<\/strong> por un importe superior al realmente generado \u00ablejos de someter a gravamen la verdadera riqueza de los sujetos intervinientes en el negocio jur\u00eddico hace tributar a estos por una riqueza inexistente<\/strong>, consecuencia esta que, a la par que desconoce las exigencias de justicia tributaria que dimanan del art. 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, resulta tambi\u00e9n claramente contradictoria con el principio de capacidad econ\u00f3mica reconocido en el mismo precepto\u00bb seg\u00fan ya expuso la Sentencia del Tribunal Constitucional 194\/2000, de 19 de Julio<\/a>.<\/p>\r\n Pero es il\u00f3gico admitir que el principio de capacidad econ\u00f3mica no soporta el gravamen de rentas \u2014total o parcialmente\u2014 inexistentes (por irreales o ficticias), para luego legitimar a rengl\u00f3n seguido el gravamen de una renta nominal<\/span> (total o parcialmente inexistente); carece de toda justificaci\u00f3n razonable entender que algo que no existe para la realidad econ\u00f3mica<\/span> (la renta negativa que provoca la inflaci\u00f3n), s\u00ed existe para la realidad constitucional<\/span> (justificando el gravamen de una renta meramente aparente o virtual<\/span>).<\/p>\r\n NOTAS A PIE DE P\u00c1GINA<\/strong><\/span><\/p>\r\n <\/a>[1] A\u00f1o 2023.<\/span><\/span><\/p>\r\n <\/a>[2] Bolet\u00edn Oficial del Estado de 14 de Julio de 2023.<\/span><\/p>\r\n <\/a>[3] A cargo de los Magistrados D. Ricardo Enr\u00edquez Sancho y D. Enrique Arnaldo Alcubilla<\/span><\/p>\r\n <\/a>[4] Adem\u00e1s se a\u00f1ade: \u201cComo hemos recordado en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 34\/2023, de 18 de Abril<\/u>, ha de ser as\u00ed porque la Constituci\u00f3n encomienda la funci\u00f3n de crear derecho a las Cortes Generales y a los Parlamentos Auton\u00f3micos (arts. 66.1 y 152.1), dado su origen y control democr\u00e1tico, lo que impide al Tribunal Constitucional asumir \u00abuna funci\u00f3n de legislador positivo que institucionalmente no le corresponde\u00bb (Sentencias del Tribunal Constitucional 45\/1989, de 20 de Febrero; 96\/1996, de 30 de Mayo, 235\/1999, de 20 de Diciembre, 194\/2000, de 19 de Julio, 184\/2003, de 23 de Octubre, 273\/2005, de 27 de Octubre, y 126\/2021, de 3 de Junio<\/u>). Como dijimos en la temprana Sentencia del Tribunal Constitucional 5\/1981, de 13 de Febrero<\/u>, \u00abel Tribunal Constitucional es int\u00e9rprete supremo de la Constituci\u00f3n, no legislador, y solo cabe solicitar de \u00e9l el pronunciamiento sobre adecuaci\u00f3n o inadecuaci\u00f3n de los preceptos a la Constituci\u00f3n\u00bb.<\/span><\/p>\r\n <\/a>[5] De entre los muchos estudios sobre el precepto, v\u00e9ase: \u201cEl principio de capacidad econ\u00f3mica de una encrucijada .La problem\u00e1tica interpretativa jurisprudencial del art\u00edculo 31 (1) de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos\u201d, del Profesor Rodr\u00edguez Bereijo en \u201cRevista Espa\u00f1ola de Derecho Financiero\u201d n\u00ba 191 (2021); tambi\u00e9n v\u00e9ase sobre ello la Conferencia de Clausura del Curso 2022\/2023, de la Secci\u00f3n de Derecho Financiero y Tributario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci\u00f3n de Espa\u00f1a, y que qued\u00f3 a cargo del Excmo. Sr. D. Juan Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez Rivas, que vers\u00f3 sobre los \u201cPrincipios constitucionales tributarios\u201d, de pr\u00f3xima publicaci\u00f3n en la \u201cRevista Espa\u00f1ola de Derecho Tributario\u201d.<\/span><\/p>\r\n <\/a>[6] Y en tal sentido expone: \u201cPor tanto, \u00fanicamente cuando la omisi\u00f3n del legislador sea equivalente a la negaci\u00f3n de la eficacia directa y plena de un mandato o derecho concreto de la Constituci\u00f3n puede este Tribunal apreciarlo as\u00ed y declarar, o m\u00e1s bien reiterar, la eficacia de ese precepto constitucional silenciado o desconocido\u201d.<\/span><\/p>\r\n <\/a>[7] Sobre este tema se ocup\u00f3 Benzo Mestre en: \u201cLa inflaci\u00f3n y la Hacienda P\u00fablica\u201d, integrante de la obra colectiva: \u201cAspectos Jur\u00eddicos de la inflaci\u00f3n\u201d, en la que quedaron reflejadas las Conferencias pronunciadas en las Primeras Jornadas de Estudio de la Direcci\u00f3n General de lo Contencioso-Administrativo del Estado (1976).<\/span><\/p>\r\n <\/a>[8] \u00a0Si se examina el art. 33 de la Ley 35\/2006, de 28 de Noviembre<\/u>, Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, se advertir\u00e1 que son muy numerosas las referencias a los inmuebles en la regulaci\u00f3n de las ganancias o p\u00e9rdidas patrimoniales.<\/span><\/p>\r\n <\/a>[9] La referencia a las decisiones de inversi\u00f3n no es acertada en los numerosos supuestos en que lo que se enajena y de lo que surge la \u00a0ganancia patrimonial es un bien adquirido por herencia; tampoco hay decisi\u00f3n inversora alguna cuando se expropia los bienes y el expropiado ha de hacer frente a la citada ganancia; me he ocupado del tema en: \u201cLa expropiaci\u00f3n forzosa y el Sistema Tributario\u201d. Libro Homenaje al Profesor Albi\u00f1ana Garc\u00eda -Quintana. Instituto de Estudios Fiscales, Volumen II(2008).<\/span><\/p>\r\n <\/a>[10] En el voto particular al que se har\u00e1 referencia de inmediato se expone que: \u201cSi se hubiese producido la ganancia patrimonial controvertida en el caso que ha dado lugar al planteamiento de la presente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad en alguno de los territorios hist\u00f3ricos, el valor de adquisici\u00f3n habr\u00eda que haberlo actualizado mediante la aplicaci\u00f3n de un coeficiente del 1,666 \u2014seg\u00fan esa normativa\u2014 (que era el vigente en el a\u00f1o 2016 para las adquisiciones de bienes inmuebles en el a\u00f1o 1995), de manera que la correcci\u00f3n de los efectos de la inflaci\u00f3n<\/u> aumentar\u00eda el citado valor en un 66 por 100, reduciendo considerablemente la ganancia patrimonial r<\/u>esultante, art. 1 del Decreto Foral de \u00c1lava 2\/2016, de 12 de enero, que aprueba los coeficientes de actualizaci\u00f3n aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y en el impuesto sobre sociedades, para la actualizaci\u00f3n del valor de adquisici\u00f3n de los correspondientes elementos patrimoniales en las transmisiones que tengan lugar en el ejercicio 2016; art. 1 del Decreto Foral de Vizcaya 175\/2015, de 1 de Diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualizaci\u00f3n<\/u> aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y en el Impuesto sobre Sociedades de las transmisiones que se efect\u00faan en el ejercicio 2016; y disposici\u00f3n adicional primera del Decreto Foral de Guip\u00fazcoa 88\/2015, de 29 de Diciembre<\/u>, por el que se modifican los reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y del impuesto sobre sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualizaci\u00f3n aplicables en 2016 para la determinaci\u00f3n en ambos impuestos de las rentas obtenidas en la transmisi\u00f3n de elementos patrimoniales\u201d.<\/span><\/p>\r\n <\/a>[11] Contrasta con el proceder del Tribunal Supremo que ha alumbrado un nuevo principio rector del Derecho Tributario cual es el de la \u201c\u00edntegra regularizaci\u00f3n\u201d; me he ocupado del tema en \u201cCarta Tributaria\u201d n\u00ba 98 (2022); este paso adelante difiere del paso atr\u00e1s, a mi entender por supuesto, que comporta gravar \u00a0las plusval\u00edas nominales y no las reales.<\/span><\/p>\r\n <\/a>(12) Y tras lo expuesto en el texto se a\u00f1ade: \u201cEntonces, que la falta de correcci\u00f3n de la inflaci\u00f3n ha supuesto el gravamen de una renta inexistente<\/u> y, con ello, el pago de una cuota tributaria superior en un 50,28 por 100 superior (en 6.287,98 \u20ac) a la que se habr\u00eda soportado de haberse sometido a tributaci\u00f3n exclusivamente la ganancia \u00abrealmente\u00bb obtenida<\/u>. Con estos mimbres, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Ceuta y Melilla, con sede en M\u00e1laga, consideraba, con toda la raz\u00f3n<\/u>, que la supresi\u00f3n de los coeficientes de correcci\u00f3n monetaria para la actualizaci\u00f3n del valor de adquisici\u00f3n de los bienes inmuebles en el c\u00e1lculo de las ganancias patrimoniales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas implicaba el sometimiento a tributaci\u00f3n de magnitudes econ\u00f3micas ficticias<\/u> en contra del principio de capacidad econ\u00f3mica del art. 31.1\u00a0 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola . No lo ha entendido as\u00ed, sin embargo, la Sentencia de la que discrepamos\u201d.<\/span><\/p>\r\n <\/a>[13] No s\u00f3lo la normativa foral, sino tambi\u00e9n la \u00a0estatal hasta la citada Ley 21\/2014, de 27 de Noviembre<\/u>, admiten la correcci\u00f3n de los efectos de la inflaci\u00f3n, lo que tambi\u00e9n reconoce la normativa comparada, y en tal sentido se alude a que: \u201cNo cabe duda de que el tributo, no solo es un instrumento al servicio de pol\u00edticas fiscales, lo que obliga al legislador a buscar la riqueza all\u00e1 donde se encuentre, sino tambi\u00e9n de las extrafiscales, raz\u00f3n por la cual, puede orientarlo al cumplimiento de fines o a la satisfacci\u00f3n de intereses p\u00fablicos que la Constituci\u00f3n preconiza o garantiza. Ahora bien, en uno y otro caso, la libertad de configuraci\u00f3n normativa del legislador en la determinaci\u00f3n de los medios y de los modos, que es un bien constitucionalmente protegido al derivar de su posici\u00f3n institucional y, en \u00faltima instancia, de su espec\u00edfica legitimidad democr\u00e1tica, no le permite desbordar, \u00aben ning\u00fan caso\u00bb, los l\u00edmites del art. 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. Si bien la Norma Suprema le legitima para que someta a tributaci\u00f3n aquellos hechos, actos o negocios expresivos de una capacidad econ\u00f3mica susceptible de gravamen, al mismo tiempo solo le autoriza a gravar capacidades econ\u00f3micas, reales o potenciales, pero, \u00aben ning\u00fan caso\u00bb, inexistentes o ficticias<\/u>. Y aunque entre sus potestades se halle la de concretar la densidad con la que someter a tributaci\u00f3n aquella capacidad econ\u00f3mica, su libertad configurativa no constituye un \u00abcheque en blanco<\/u>\u00bb que le permita esquivar, so pretexto de la existencia de un inter\u00e9s p\u00fablico prevalente, los l\u00edmites que la Constituci\u00f3n le ha impuesto y que, \u00aben todo caso\u00bb, constri\u00f1en su actuaci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\r\n <\/p>\r\n P\u00c1GINAS POR IMPUESTOS:\u00a0GENERAL<\/a>\u00a0\u2013\u00a0ISD<\/a>\u00a0\u2013\u00a0ITPAJD<\/a>\u00a0\u2013\u00a0IRPF<\/a>\u00a0\u2013\u00a0IVA<\/a>\u00a0\u2013\u00a0PLUSVAL\u00cdA<\/a><\/strong><\/span><\/p>\r\n OTROS TRABAJOS DE ANTONIO MART\u00cdNEZ LAFUENTE<\/a><\/strong><\/span><\/p>\r\n
\r\na. El control negativo del legislador<\/strong><\/a>
\r\nb. El principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica<\/strong><\/a><\/p>\r\n<\/a>I.- INTRODUCCI\u00d3N<\/span><\/strong><\/h1>\r\n
<\/a>II.- LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA<\/span><\/strong><\/h2>\r\n
\u00a0<\/strong>a) El control negativo del legislador:<\/strong><\/h3>\r\n
<\/a>\u00a0b) El principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica<\/h3>\r\n
<\/a>III.- LA INFLACI\u00d3N Y EL SISTEMA TRIBUTARIO<\/span><\/strong><\/h2>\r\n
\r\n(i) el Ordenamiento Tributario se rige, en general, por el principio nominalista<\/span>, sin que el principio de capacidad econ\u00f3mica exija aplicar un ajuste a la inflaci\u00f3n, decisi\u00f3n que corresponde al legislador.
\r\n(ii) por excepci\u00f3n, en situaciones \u00abextremas\u00bb de inflaci\u00f3n \u00abespecialmente aguda\u00bb, cuando la \u00aberosi\u00f3n inflacionaria sea de tal grado\u00bb, la ley s\u00ed debe evitar que resulte afectado el principio de capacidad econ\u00f3mica.
\r\n(iii) incluso en este \u00faltimo escenario, el legislador tiene margen para decidir la t\u00e9cnica concreta para ajustar la inflaci\u00f3n, actuando sobre distintos elementos del tributo, incluidos los tipos de gravamen, por lo que el precepto impugnado debe analizarse de forma sistem\u00e1tica con ellos.<\/p>\r\n<\/a>IV.- LAS CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LO EXPUESTO<\/strong><\/span><\/h2>\r\n
<\/a>V.- EL VOTO PARTICULAR<\/span><\/strong><\/h2>\r\n
\r\n<\/a>ENLACES:<\/span><\/h2>\r\n
\r\n\t
SECCI\u00d3N FISCAL<\/a>\u00a0<\/span><\/h2>\r\n