\u00a0<\/p>\n<\/a> \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n Se realizar\u00e1 el resumen m\u00e1s adelante al entrar en vigor en octubre de 2016.<\/p>\n Art\u00edculo\u00a014. Derecho y obligaci\u00f3n de relacionarse electr\u00f3nicamente con las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n 1. Las personas f\u00edsicas podr\u00e1n elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones P\u00fablicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos o no, salvo que est\u00e9n obligadas a relacionarse a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos con las Administraciones P\u00fablicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones P\u00fablicas podr\u00e1 ser modificado por aquella en cualquier momento.<\/p>\n 2. En todo caso, estar\u00e1n obligados a relacionarse a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos con las Administraciones P\u00fablicas para la realizaci\u00f3n de cualquier tr\u00e1mite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:<\/p>\n a) Las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n b) Las entidades sin personalidad jur\u00eddica.<\/p>\n c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiaci\u00f3n obligatoria, para los tr\u00e1mites y actuaciones que realicen con las Administraciones P\u00fablicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entender\u00e1n incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.<\/p>\n Ver\u00a0archivo de Albert Capell sobre el Proyecto<\/strong><\/a>.<\/p>\n La presente Ley entrar\u00e1 en vigor el\u00a02 de octubre de 2016.<\/p>\n No obstante, las previsiones relativas al registro electr\u00f3nico de apoderamientos, registro electr\u00f3nico, registro de empleados p\u00fablicos habilitados, punto de acceso general electr\u00f3nico de la Administraci\u00f3n y archivo \u00fanico electr\u00f3nico producir\u00e1n efectos a partir del 2 de octubre de 2017.<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-10565 – 68\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 1.170\u00a0KB)<\/a> Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico.<\/p>\n Entrar\u00e1 en vigor el 2 de octubre de 2016 con excepciones.<\/p>\n Se realizar\u00e1 el resumen m\u00e1s adelante al entrar en vigor en octubre de 2016.<\/p>\n Entraron en vigor el 3 de octubre de 2015 la disposici\u00f3n final primera, de modificaci\u00f3n de la Ley\u00a023\/1982, de\u00a016 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la disposici\u00f3n final segunda, de modificaci\u00f3n del Real Decreto-Ley\u00a012\/1995, de\u00a028 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los puntos uno a tres de la disposici\u00f3n final quinta, de modificaci\u00f3n de la Ley\u00a022\/2003, de\u00a09 de julio,\u00a0Concursal<\/strong>, la disposici\u00f3n final s\u00e9ptima, de modificaci\u00f3n de la Ley\u00a038\/2003, de\u00a017 de noviembre, General de Subvenciones y la disposici\u00f3n final und\u00e9cima, de modificaci\u00f3n de la Ley\u00a020\/2015, de\u00a014 de julio, de ordenaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.<\/p>\n La disposici\u00f3n final d\u00e9cima de modificaci\u00f3n de la disposici\u00f3n adicional d\u00e9cima tercera de la Ley\u00a017\/2012, de\u00a027 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o\u00a02013, entr\u00f3\u00a0en vigor el 3 de octubre de 2015, sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo p\u00e1rrafo; Dos; Tres, p\u00e1rrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, p\u00e1rrafos primero a cuarto y, Seis, surtir\u00e1n efectos a partir del\u00a01 de enero de\u00a02013, y de lo dispuesto en el apartado Siete.<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-10566 – 120\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 2.762\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Real Decreto-ley 11\/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros autom\u00e1ticos.<\/p>\n Cada a\u00f1o se realizan en Espa\u00f1a m\u00e1s de\u00a0900 millones de operaciones<\/strong>\u00a0de retiradas de efectivo en las redes de cajeros, que cuentan con 50.479 puntos operativos.<\/p>\n La retirada de efectivo en la red de cajeros autom\u00e1ticos en\u00a0una modalidad de prestaci\u00f3n de un servicio de pago<\/strong>\u00a0consistente en \u201cpermitir la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gesti\u00f3n de la propia cuenta de pago\u201d.<\/p>\n El\u00a0r\u00e9gimen jur\u00eddico de los sistemas de pagos<\/strong>\u00a0se regula en la\u00a0Ley 16\/2009, de 13 de noviembre<\/strong>\u00a0<\/a>\u00a0y tiene por objeto establecer derechos y obligaciones para prestadores y usuarios de servicios de pago, con el fin de que dichos servicios sean prestados en condiciones de competencia, transparencia y confianza entre las partes.<\/p>\n Hasta hace pocos meses,\u00a0los clientes<\/strong>\u00a0de entidades distintas s\u00f3lo deb\u00edan abonar en su caso\u00a0una \u00fanica comisi\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0a la entidad emisora de su tarjeta. Pero, tras el cambio en la pol\u00edtica comercial de varias entidades financieras,\u00a0pasaron a tener que abonar una segunda comisi\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0a la entidad propietaria del cajero en algunas ocasiones.<\/p>\n Esta reforma\u00a0evita la segunda comisi\u00f3n<\/strong>, a\u00f1adiendo, para ello\u00a0una disposici\u00f3n adicional nueva<\/a>\u00a0a la Ley 16\/2009, de 13 de noviembre.<\/p>\n Para ello, se dispone que\u00a0la entidad propietaria del cajero no podr\u00e1 exigir comisi\u00f3n alguna al usuario\u00a0<\/strong>del servicio ni repercutirle gastos,\u00a0pero s\u00ed podr\u00e1 exigirla a la entidad emisora de la tarjeta<\/em><\/strong>. Las entidades podr\u00e1n llegar a acuerdos para fijar el importe de esta comisi\u00f3n. En ausencia de acuerdos, las entidades propietarias de los cajeros autom\u00e1ticos determinar\u00e1n de manera no discriminatoria entre entidades qu\u00e9 comisi\u00f3n cobrar\u00e1n por defecto a las entidades emisoras de las tarjetas.<\/p>\n Adem\u00e1s, en los supuestos de\u00a0retirada de efectivo a d\u00e9bito<\/strong>, las entidades emisoras de la tarjeta \u00fanicamente podr\u00e1n repercutir a su cliente, total o parcialmente, la comisi\u00f3n satisfecha a la entidad propietaria del cajero, pero no m\u00e1s.<\/p>\n Si la\u00a0retirada de efectivo es a cr\u00e9dito<\/strong>, la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago podr\u00e1 aplicar al cliente un importe adicional por este concepto. En todo caso, dicho importe no podr\u00e1 ser superior al que aplique al cliente por la retirada de efectivo a cr\u00e9dito en sus cajeros.<\/p>\n Las entidades deber\u00e1n\u00a0informar al Banco de Espa\u00f1a<\/strong>\u00a0de las comisiones que por la retirada de efectivo se cobrar\u00e1n entre entidades de cr\u00e9dito.<\/p>\n Informar\u00e1n<\/strong>, igualmente,\u00a0al usuario del servicio en el momento de la retirada de efectivo y antes de que la consienta:<\/em><\/strong><\/p>\n – de la\u00a0comisi\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0que la entidad propietaria del cajero va a cobrar a la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago,<\/p>\n – y de la posibilidad de que dicha comisi\u00f3n le sea\u00a0repercutida<\/em><\/strong>\u00a0por la entidad emisora, total o parcialmente.<\/p>\n – en el caso de retirada de efectivo a\u00a0cr\u00e9dito<\/em><\/strong>, la informaci\u00f3n anterior deber\u00e1 incluir, asimismo, el importe m\u00e1ximo adicional que le podr\u00e1 aplicar la entidad emisora.<\/p>\n La\u00a0disposici\u00f3n transitoria<\/strong>\u00a0regula el r\u00e9gimen de\u00a0adaptaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de las entidades de cr\u00e9dito que concluye el\u00a01 de enero de 2016<\/em><\/strong>.<\/p>\n Este modelo se aplica exclusivamente a comisiones por retirada de efectivo en s\u00ed misma considerada, a cr\u00e9dito y d\u00e9bito, y\u00a0no afecta a otras comisiones<\/strong>\u00a0vinculadas a los servicios de cr\u00e9dito.<\/p>\n Entr\u00f3 en vigor el 3 de octubre de 2015.<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-10633 – 4\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 175\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> Real Decreto 877\/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26\/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517\/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditor\u00eda de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082\/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35\/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi\u00f3n Colectiva.<\/p>\n Las\u00a0fundaciones bancarias\u00a0<\/strong>son aquellas fundaciones que mantienen una participaci\u00f3n en una entidad de cr\u00e9dito que alcanza, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permite nombrar o destituir alg\u00fan miembro de su \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/p>\n Son un nuevo tipo de instituci\u00f3n cuyo\u00a0marco jur\u00eddico<\/strong>\u00a0b\u00e1sico se encuentra en la\u00a0Ley 26\/2013, de 27 de diciembre<\/a>, dise\u00f1ado para que, ante la crisis generalizada de las cajas de ahorro, estas entidades traspasasen su actividad financiera a un banco y mantuvieran \u00fanicamente la actividad fundacional.<\/p>\n Este real decreto tiene como objeto desarrollar el\u00a0art\u00edculo 44.3.b)<\/a>\u00a0de la Ley 26\/2013, en relaci\u00f3n con el\u00a0fondo de reserva<\/strong>\u00a0que deben constituir las fundaciones bancarias que posean una participaci\u00f3n, directa o indirecta, igual o superior al 50 por ciento en una entidad de cr\u00e9dito o que les permita el control de la misma.<\/p>\n Sus disposiciones finales modifican;<\/p>\n – el\u00a0Reglamento<\/a>\u00a0de la Ley de Auditor\u00eda de Cuentas y<\/p>\n – el\u00a0Reglamento<\/a>\u00a0de la Ley de Instituciones de Inversi\u00f3n Colectiva.<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-10636 – 9\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 240\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Real Decreto 878\/2015, de 2 de octubre, sobre compensaci\u00f3n, liquidaci\u00f3n y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el r\u00e9gimen jur\u00eddico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociaci\u00f3n en un mercado secundario oficial.<\/p>\n Este real decreto tiene por\u00a0objeto<\/strong>\u00a0el desarrollo de la Ley del Mercado de Valores en lo que se refiere a:<\/p>\n – la\u00a0representaci\u00f3n de valores por medio de anotaciones en cuenta\u00a0<\/em><\/strong>(T\u00edtulo I),<\/p>\n – la\u00a0compensaci\u00f3n<\/em><\/strong>, liquidaci\u00f3n y registro de valores (T\u00edtulo II),<\/p>\n – al r\u00e9gimen jur\u00eddico de las\u00a0entidades de contrapartida central<\/em><\/strong>\u00a0y de los\u00a0depositarios centrales<\/em><\/strong>\u00a0de valores (T\u00edtulo II)<\/p>\n – y a las\u00a0obligaciones de transparencia<\/em><\/strong>\u00a0de los emisores cuyos valores est\u00e1n admitidos a negociaci\u00f3n en un mercado secundario oficial<\/p>\n Entrar\u00e1 en vigor el 3 de febrero de 2016 con excepciones. (JFME)<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-10637 – 46\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 708\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Ley Org\u00e1nica 13\/2015, de 5 de octubre, de modificaci\u00f3n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garant\u00edas procesales y la regulaci\u00f3n de las medidas de investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n A la espera de un nuevo texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituya a la m\u00e1s que centenaria actual, ahora se abordan una serie de reformas ineludibles.<\/p>\n El legislador opta por desarrollar\u00a0dos leyes<\/strong>, una org\u00e1nica que incluye contenidos que afectan a derechos fundamentales, y otra ordinaria.<\/p>\n Destaquemos brevemente algunas de las\u00a0materias tratadas:<\/strong><\/p>\n A) Un grupo de ellas buscan el\u00a0fortalecimiento de los derechos procesales<\/strong>de conformidad con las exigencias del Derecho de la Uni\u00f3n Europea<\/p>\n – Derecho a la\u00a0asistencia de letrado<\/strong>\u00a0en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detenci\u00f3n europea.<\/p>\n –\u00a0Derecho a que se informe a un tercero<\/strong>\u00a0en el momento de la privaci\u00f3n de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n – Reconocimiento de la\u00a0confidencialidad de las comunicaciones<\/strong>\u00a0entre el investigado o encausado y su abogado, que podr\u00e1 ser limitada cuando concurran determinadas circunstancias.<\/p>\n – Mejor regulaci\u00f3n del\u00a0atestado policial\u00a0<\/strong>para que refleje el lugar y hora de la detenci\u00f3n y de la puesta a disposici\u00f3n judicial o en libertad.<\/p>\n – Custodia de\u00a0menores<\/strong>\u00a0y de su comunicaci\u00f3n y de personas con la capacidad modificada judicialmente<\/p>\n B) Otro grupo est\u00e1 relacionado con las nuevas tecnolog\u00edas:<\/strong><\/p>\n –\u00a0Investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica<\/strong>\u00a0en el \u00e1mbito de los derechos a la\u00a0intimidad<\/em><\/strong>, regulando las intromisiones en la privacidad del investigado en un proceso penal.<\/p>\n –\u00a0Secreto de las comunicaciones<\/strong>\u00a0y sus l\u00edmites: detenci\u00f3n y apertura de la correspondencia escrita y telegr\u00e1fica; intervenci\u00f3n y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a trav\u00e9s del tel\u00e9fono o de cualquier otro medio o sistema de comunicaci\u00f3n telem\u00e1tica, l\u00f3gica o virtual\u2026<\/p>\n –\u00a0Protecci\u00f3n de datos<\/strong>\u00a0personales garantizados por la Constituci\u00f3n: incorporaci\u00f3n al proceso de los datos electr\u00f3nicos de tr\u00e1fico o asociados y su borrado posterior o la orden de su conservaci\u00f3n.<\/p>\n – Utilizaci\u00f3n de\u00a0dispositivos t\u00e9cnicos de seguimiento y localizaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n – Mejor regulaci\u00f3n del denominado\u00a0agente encubierto<\/strong>\u00a0a efectos de la persecuci\u00f3n de determinadas modalidades delictivas.<\/p>\n La reforma aprovecha para\u00a0adaptar el lenguaje\u00a0<\/strong>de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los tiempos actuales. Por ejemplo, se sustituye el t\u00e9rmino \u201cimputado\u201d por investigado o encausado, seg\u00fan los casos.<\/p>\n La Ley se aplicar\u00e1 a todos los procedimientos penales que se\u00a0incoen con posterioridad a su entrada en vigor<\/strong>\u00a0que tendr\u00e1 lugar el 6 de diciembre de 2015, con excepciones.<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-10725 – 28\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 429\u00a0KB)<\/a> Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Ley 41\/2015, de 5 de octubre, de modificaci\u00f3n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilizaci\u00f3n de la justicia penal y el fortalecimiento de las garant\u00edas procesales.<\/p>\n En esta ley se regular\u00e1n las cuestiones que no requieren desarrollo mediante ley org\u00e1nica<\/strong>, que tendr\u00e1n una regulaci\u00f3n paralela en una norma con dicho rango, y que son las siguientes:<\/p>\n A) Disposiciones que agilizan la justicia penal con el fin de evitar\u00a0dilaciones indebidas<\/strong>:<\/p>\n a) La modificaci\u00f3n de las reglas de conexidad y su aplicaci\u00f3n al determinar la competencia de los tribunales. Se trata de\u00a0evitar el automatismo en la acumulaci\u00f3n de causas<\/em><\/strong>y la elefantiasis procesal.<\/p>\n b) La Polic\u00eda Judicial no remitir\u00e1 a los juzgados y al Ministerio Fiscal los\u00a0atestados relativos a delitos sin autor conocido<\/em><\/strong>, salvo excepciones, sino que los conservar\u00e1 a disposici\u00f3n de los antiguos destinatarios.<\/p>\n c) La fijaci\u00f3n de\u00a0plazos m\u00e1ximos realistas para la instrucci\u00f3n<\/em><\/strong>: seis y dieciocho meses, seg\u00fan se trate de un asunto sencillo o complejo.<\/p>\n d) La regulaci\u00f3n de un\u00a0procedimiento monitorio penal<\/em><\/strong>, que permite, para casos leves, la conversi\u00f3n de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme y el encausado da su conformidad, con preceptiva asistencia letrada.<\/p>\n B) Regulaci\u00f3n de un\u00a0procedimiento de\u00a0decomiso aut\u00f3nomo<\/strong><\/a>para cumplir con la\u00a0Directiva 2014\/42\/UE<\/a>, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito. Contempla la privaci\u00f3n de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado y prev\u00e9 la intervenci\u00f3n de terceros para defender sus derechos. Como corolario, se retoca el\u00a020 de la Ley Hipotecaria<\/a>, como veremos.<\/p>\n C) La instauraci\u00f3n general de la\u00a0segunda instancia<\/strong>, de tal modo que todo condenado por delito podr\u00e1 someter a revisi\u00f3n la causa ante un tribunal superior<\/p>\n D) La ampliaci\u00f3n del\u00a0recurso de casaci\u00f3n<\/strong>para conseguir que cumpla de forma eficaz su funci\u00f3n unificadora de la doctrina penal.<\/p>\n E) La reforma de los motivos que puedan dar lugar al\u00a0recurso extraordinario de revisi\u00f3n<\/strong>, dando, por ejemplo, un cauce legal al cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.<\/p>\n<\/a> La D. F. 1\u00aa modifica el p\u00e1rrafo s\u00e9ptimo del\u00a0art\u00edculo\u00a020 de la Ley Hipotecaria<\/a>, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n \u201cNo podr\u00e1 tomarse anotaci\u00f3n de demanda, embargo o prohibici\u00f3n de disponer, ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento. En los procedimientos criminales\u00a0y en los de decomiso<\/strong>\u00a0podr\u00e1 tomarse anotaci\u00f3n de embargo preventivo o de prohibici\u00f3n de disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el\u00a0encausado<\/strong>, haci\u00e9ndolo constar as\u00ed en el mandamiento.\u201d<\/em><\/p>\n Este art\u00edculo recoge el\u00a0principio de tracto sucesivo<\/strong>, seg\u00fan el cual,\u00a0\u201cpara inscribir o anotar t\u00edtulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y dem\u00e1s derechos reales sobre inmuebles,\u00a0deber\u00e1 constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona<\/strong>\u00a0que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos\u201d.<\/em><\/p>\n El p\u00e1rrafo s\u00e9ptimo y \u00faltimo, que es el \u00fanico modificado, incluye una\u00a0excepci\u00f3n<\/strong>, pues el juez o tribunal, en determinados procedimientos, podr\u00e1 tomar determinadas medidas cautelares, ordenando anotaciones preventivas, a pesar de que el titular registral sea persona distinta (descorriendo el velo de la titularidad).<\/p>\n Son\u00a0dos las novedades<\/strong>\u00a0de redacci\u00f3n, marcadas en\u00a0negrita<\/strong>:<\/p>\n – Aparte de los procedimientos criminales, tambi\u00e9n podr\u00e1n ordenarse estas medidas en los\u00a0procedimientos de decomiso<\/strong>.<\/p>\n – Se moderniza la terminolog\u00eda sustituyendo la voz \u201cimputado\u201d por \u201cencausado<\/strong>\u201d.<\/p>\n Entrar\u00e1 en vigor el 6 de diciembre de 2015<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-10726 – 20\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 326\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> Ley 42\/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n Ver p\u00e1gina especial<\/strong><\/a><\/p>\n Esta reforma de la LEC supone un paso trascendental para\u00a0la utilizaci\u00f3n masiva de las nuevas tecnolog\u00edas de comunicaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong>, cuando entre plenamente en vigor.<\/p>\n – La propia LEC en el a\u00f1o 2000.<\/p>\n – La Ley\u00a018\/2011, de\u00a05 de julio, reguladora del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en la Administraci\u00f3n de Justicia. Ver\u00a0resumen-esquema<\/a>. Se modifica para los apoderamientos apud acta y para mejorar la definici\u00f3n del expediente judicial electr\u00f3nico.<\/p>\n Sin embargo, con la Ley de 2011, la E. de M. reconoce que no se ha logrado una aplicaci\u00f3n generalizada de los medios electr\u00f3nicos<\/strong>\u00a0con el objetivo final de dar car\u00e1cter subsidiario al soporte papel.<\/p>\n Ahora se establece una\u00a0fecha concreta<\/strong>\u00a0para hacer efectiva la implantaci\u00f3n de las nuevas tecnolog\u00edas en la Administraci\u00f3n de Justicia. A partir del\u00a01 de enero de\u00a02016<\/strong>, todos\u00a0los profesionales de la justicia y \u00f3rganos judiciales y fiscal\u00edas estar\u00e1n obligados a emplear los sistemas telem\u00e1ticos existentes<\/strong>\u00a0en la Administraci\u00f3n de Justicia para la presentaci\u00f3n de escritos y documentos y la realizaci\u00f3n de actos de comunicaci\u00f3n procesal, debiendo la Administraci\u00f3n competente, las dem\u00e1s Administraciones, profesionales y organismos que agrupan a los colectivos establecer los medios necesarios para que ello sea una realidad.<\/p>\n –\u00a0365 d\u00edas al a\u00f1o<\/em><\/strong>, 24 horas al d\u00eda<\/p>\n – se desarrollan las garant\u00edas que deben reunir los\u00a0justificantes,<\/em><\/strong><\/p>\n – se regula sobre las\u00a0copias de los documentos<\/em><\/strong>\u00a0presentados y su valor probatorio.<\/p>\nDISPOSICIONES GENERALES:<\/strong><\/span><\/h6>\n
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COM\u00daN.<\/strong><\/span><\/h6>\n
R\u00c9GIMEN JUR\u00cdDICO DEL SECTOR P\u00daBLICO<\/strong><\/span><\/h6>\n
Comisiones cajeros autom\u00e1ticos<\/strong><\/span><\/h6>\n
Fondo de Reserva de las Fundaciones Bancarias<\/strong><\/span><\/h6>\n
Valores negociables representados por anotaciones en cuenta <\/strong><\/span><\/h6>\n
Reforma Ley Enjuiciamiento Criminal (Ley Org\u00e1nica)<\/strong><\/span><\/h6>\n
Reforma Ley Enjuiciamiento Criminal (Ley Ordinaria)<\/strong><\/span><\/h6>\n
Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 20 de la Ley Hipotecaria. (Ley 41\/2015)<\/strong><\/span><\/h6>\n
REFORMA LEY ENJUICIAMENTO CIVIL Y PRESCRIPCI\u00d3N<\/strong><\/span><\/h6>\n
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