{"id":119878,"date":"2024-09-13T18:48:41","date_gmt":"2024-09-13T16:48:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=119878"},"modified":"2024-09-17T19:29:10","modified_gmt":"2024-09-17T17:29:10","slug":"tema-14-derecho-civil-notarias-y-registros-extranjeros-javier-jimenez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oposiciones\/temas\/tema-14-derecho-civil-notarias-y-registros-extranjeros-javier-jimenez\/","title":{"rendered":"Tema 14 Derecho Civil notarias y registros: Extranjeros. Javier Jim\u00e9nez Cerrajer\u00eda."},"content":{"rendered":"

TEMA 14 CIVIL: <\/span>\u00a0<\/strong><\/span><\/h1>\n

Elaborado por Javier Jim\u00e9nez Cerrajer\u00eda, Notario de Puerto del Carmen – T\u00edas (Lanzarote)<\/h2>\n

 <\/p>\n

Tema 14.<\/strong>\u00a0Personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas extranjeras en Espa\u00f1a. Inversiones extranjeras. Limitaciones y prohibiciones en materia civil. Principales deberes de notarios y registradores para la prevenci\u00f3n del fraude fiscal y del blanqueo de capitales.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

TEMA 14 DE CIVIL:<\/strong><\/span><\/p>\n

I. Personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas extranjeras en Espa\u00f1a.<\/a> <\/span><\/strong><\/p>\n

II. Inversiones extranjeras.<\/a> <\/span><\/strong><\/p>\n

III. Limitaciones y prohibiciones en materia civil.<\/a> <\/span><\/strong><\/p>\n

IV. Principales deberes de notarios y registradores para la prevenci\u00f3n del fraude fiscal y del blanqueo de capitales.<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n

Enlaces<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

<\/a>I. PERSONAS F\u00cdSICAS Y JUR\u00cdDICAS EXTRANJERAS EN ESPA\u00d1A<\/strong><\/span><\/h2>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0Son extranjeros las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que carecen de nacionalidad espa\u00f1ola<\/strong>, concepto en el que, tal y como precisa MARI\u00d1O PARDO, se incluyen tambi\u00e9n a los ap\u00e1tridas.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 El art\u00edculo 13.1 <\/strong>de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/strong> establece que: Los extranjeros gozar\u00e1n en Espa\u00f1a de las libertades p\u00fablicas que garantiza el presente T\u00edtulo en los t\u00e9rminos que establezcan los tratados y la ley.<\/em><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por tanto, los extranjeros gozar\u00e1n de dichos derechos y libertades en funci\u00f3n de la configuraci\u00f3n que de los mismos que realice el legislador y no en un r\u00e9gimen de absoluta igualdad con los espa\u00f1oles. (STC de 7 de julio de 1984<\/strong>)[i]<\/a>.\u00a0<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los derechos y libertades de los extranjeros est\u00e1n regulados en la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, de 11 de enero, –<\/strong> desarrollada por el Real Decreto 557\/2011, de 20 de abril<\/strong>, – <\/strong>y su ejercicio requiere que el extranjero haya entrado regularmente<\/strong> en Espa\u00f1a, por un puesto habilitado al efecto, con su pasaporte o documento de identidad y, en su caso, visado de viaje y dem\u00e1s requisitos que fuesen requeridos, -(art 25 y s.s. Ley Org\u00e1nica 4\/2000).-<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Queda excluido de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n el personal diplom\u00e1tico y consular (art 2 de la Ley). \u00a0A los refugiados<\/strong> se les aplicar\u00e1 un estatuto especial en virtud del derecho de asilo regulado por la ley 26 de marzo de 1984<\/strong> y a los ap\u00e1tridas<\/strong> la Convenci\u00f3n de Nueva York de 28 de septiembre de 1954, <\/strong>sobre el Estatuto de Ap\u00e1tridas. (art 27 de la Ley). <\/strong>\u00a0<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El reconocimiento de determinados derechos a los extranjeros en Espa\u00f1a, est\u00e1n supeditados al criterio de reciprocidad<\/strong>, as\u00ed:<\/p>\n

    \n
  1. El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, (art 13 C.E.).<\/li>\n
  2. La condici\u00f3n de arrendatario en los arrendamientos r\u00fasticos (art 9 LAR).<\/strong><\/li>\n
  3. La aplicaci\u00f3n de la Ley de Propiedad intelectual de 12 de abril de 1996<\/strong>, ( arts. 199 y siguientes)<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adem\u00e1s, nuestro ordenamiento otorga un trato preferencial a determinados grupos de extranjeros, a saber:<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1) Los nacionales de los Estados Miembros de la Uni\u00f3n Europea<\/strong> a los que, en virtud del concepto de \u201cciudadan\u00eda europea<\/em>\u201d, -que en la actualidad consagra el art\u00edculo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea<\/strong>[ii]<\/a>,- <\/strong>\u00a0se les reconoce una progresiva equiparaci\u00f3n en el reconocimiento y ejercicio de derechos y aplicaci\u00f3n normativa en aquellas materias comprendidas en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de los tratados de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2) Los nacionales de los pa\u00edses iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal<\/strong>, as\u00ed como a los sefard\u00edes, <\/strong>a los efectos de la adquisici\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola (art 22 y 24 del C\u00f3digo Civil<\/a>).<\/p>\n

    Por otra parte, el:\u00a0 \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Art\u00edculo 8 C\u00f3digo Civil<\/strong><\/a>.<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las leyes penales, las de polic\u00eda y las de seguridad p\u00fablica obligan a todos los que se hallen en el territorio espa\u00f1ol.<\/p>\n

    Articulo 27 C\u00f3digo Civil<\/a>. <\/strong><\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Los extranjeros gozan en Espa\u00f1a de los mismos derechos civiles que los espa\u00f1oles, salvo lo dispuesto en las Leyes especiales y en los Tratados.<\/p>\n

    Art\u00edculo 28.2 C\u00f3digo Civil<\/a>: <\/strong><\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>\u2026<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendr\u00e1n en Espa\u00f1a la consideraci\u00f3n y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales.<\/p>\n

    Y el art\u00edculo 15 del C\u00f3digo de Comercio<\/strong> prev\u00e9 que, sin perjuicio de los previsto en los Tratados internacionales, los extranjeros podr\u00e1n ejercer el comercio en Espa\u00f1a con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en el C\u00f3digo, a excepci\u00f3n de su capacidad para contratar que se determinar\u00e1 por su ley nacional.<\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    <\/a>II. INVERSIONES EXTRANJERAS<\/strong><\/span><\/h2>\n

    El criterio para calificar una inversi\u00f3n como extranjera es la residencia del inversor y no su nacionalidad<\/strong>.<\/p>\n

    De conformidad con el Real Decreto 571\/2023 de 4 julio, sobre Inversiones exteriores \u2013<\/strong>(art 3)- y la Ley 19\/2003, de 4 de julio, sobre r\u00e9gimen jur\u00eddico de los movimientos de capitales y transacciones econ\u00f3micas con el exterior <\/strong>\u2013(art 2) tienen la condici\u00f3n de inversores extranjeros:<\/strong><\/p>\n

    a)<\/strong> Las personas f\u00edsicas<\/strong> que tengan su residencia habitual en territorio extranjero.<\/p>\n

    b)<\/strong> Los diplom\u00e1ticos<\/strong> extranjeros<\/strong> acreditados ante el Gobierno espa\u00f1ol y el personal extranjero que preste servicios en embajadas y consulados extranjeros o en organizaciones internacionales en Espa\u00f1a, mientras que los espa\u00f1oles en el extranjero conservan su condici\u00f3n de residentes.<\/p>\n

    c) Las personas jur\u00eddicas<\/strong> con domicilio social en el extranjero.<\/p>\n

    d) Las sucursales y los establecimientos<\/strong> permanentes en el extranjero de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas residentes en Espa\u00f1a.<\/p>\n

    Por residencia habitual se entender\u00e1 lo establecido en la normativa fiscal con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen[iii]<\/a>, cuyo estudio corresponde a los temas de derecho fiscal a los que nos remitimos.<\/p>\n

    Acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de residente y no residente<\/u><\/em><\/strong>: <\/strong><\/p>\n

    El art 2 <\/strong>del Real Decreto 1816\/1991 de 20 de diciembre, <\/strong>sobre Transacciones econ\u00f3micas con el exterior, \u00a0<\/strong>prev\u00e9 que se presume la condici\u00f3n de residentes<\/strong> a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas<\/strong> de nacionalidad espa\u00f1ola, por tanto:<\/p>\n

    1.-<\/strong> Las personas f\u00edsicas espa\u00f1olas: <\/strong>\u00a0acreditar\u00e1n su no residencia<\/strong> en Espa\u00f1a mediante certificaci\u00f3n acreditativa de su inscripci\u00f3n Registro de Matr\u00edcula del Consulado o Secci\u00f3n Consular de la Embajada correspondiente, expedida con una antelaci\u00f3n no superior a dos meses. <\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/strong>2.<\/strong>– Las personas f\u00edsicas extranjeras: <\/strong><\/p>\n

    i) Acreditar\u00e1n <\/span>su condici\u00f3n de residentes <\/strong>mediante:<\/span><\/p>\n

    a) Tarjeta, carn\u00e9 individual o cualquier otro documento p\u00fablico en el que conste la autorizaci\u00f3n de residencia, o<\/p>\n

    b) Certificaci\u00f3n acreditativa de residencial fiscal en Espa\u00f1a,<\/p>\n

    No afectar\u00e1 a su condici\u00f3n de residente que tengan adem\u00e1s su residencia en el extranjero.<\/p>\n

    ii) Por el contrario, acreditar\u00e1n su condici\u00f3n de no residentes<\/strong> en Espa\u00f1a mediante:<\/p>\n

    a) <\/strong>Certificaci\u00f3n negativa de residencia expedida por la autoridad espa\u00f1ola competente con una antelaci\u00f3n m\u00e1xima de dos meses.<\/p>\n

    b)<\/strong> Certificaci\u00f3n expedida por las autoridades fiscales del pa\u00eds de residencia.<\/p>\n

    iii) Alternativamente, las personas f\u00edsicas espa\u00f1olas y extranjeras<\/strong> podr\u00e1n acreditar su condici\u00f3n de no residentes mediante declaraci\u00f3n<\/strong> de que son residentes fiscales en otro Estado y que no disponen de establecimiento permanente en Espa\u00f1a y asumiendo el compromiso de comunicar cualquier alteraci\u00f3n de dichas circunstancias.<\/p>\n

    3.-<\/strong> Las personas jur\u00eddicas <\/strong>acreditar\u00e1n su domicilio en el extranjero<\/strong> mediante documento fehaciente que acredite su naturaleza y domicilio.<\/p>\n

    4.- Las<\/strong> sucursales y establecimientos<\/strong> de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas:<\/p>\n

    a) Espa\u00f1olas en el extranjero<\/strong> acreditar\u00e1n su condici\u00f3n de no residentes<\/strong> mediante certificaci\u00f3n del C\u00f3nsul espa\u00f1ol correspondiente, de que se hallan constituidos en el pa\u00eds de que se trate.<\/p>\n

    b) Las extranjeras domiciliadas en Espa\u00f1a <\/strong>acreditar\u00e1n su condici\u00f3n de residentes mediante documento fehaciente que acredite su constituci\u00f3n conforme a la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola o certificaci\u00f3n de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\n

    5.-<\/strong> Los diplom\u00e1ticos<\/strong> y personal de embajadas y consulados extranjeros y Organismos internacionales en Espa\u00f1a, acreditar\u00e1n su no residencia <\/strong>mediante tarjeta de identidad expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.<\/strong><\/p>\n

    Delimitaci\u00f3n del concepto de inversi\u00f3n extranjera[1]<\/a>: <\/u><\/em><\/strong><\/p>\n

    El art\u00edculo 4 <\/strong>del Real Decreto 571\/2023 <\/strong>prev\u00e9 que son inversiones extranjeras:<\/p>\n

    1.- <\/strong>La participaci\u00f3n en el capital de sociedades espa\u00f1olas que atribuya o permitan alcanzar un participaci\u00f3n igual o superior al 10% en su capital social o derechos de voto<\/strong>. Se incluyen tambi\u00e9n la adquisici\u00f3n de derechos de suscripci\u00f3n, obligaciones convertibles o cualquier negocio por el que se adquieran derechos pol\u00edticos en una Sociedad residente.<\/p>\n

    2<\/strong>.- La adquisici\u00f3n igual o superior al 10% del patrimonio o capital social de instituciones de inversi\u00f3n colectiva y entidades de inversi\u00f3n colectiva de car\u00e1cter cerrado<\/strong> cuya sociedad gestora sea residente.<\/p>\n

    3.<\/strong>– Aportaciones al patrimonio neto de sociedades espa\u00f1olas<\/strong> y la reinversi\u00f3n de beneficios<\/strong> en las mismas, por socios no residentes que tenga una participaci\u00f3n igual o superior la 10% del capital social.<\/p>\n

    4.<\/strong>– La constituci\u00f3n <\/strong>y la ampliaci\u00f3n de la dotaci\u00f3n en Espa\u00f1a de sucursales de no residentes<\/strong>.<\/p>\n

    5.<\/strong>– La financiaci\u00f3n a sociedades espa\u00f1olas o sucursales<\/strong> procedente de empresas del mismo grupo a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos, cr\u00e9ditos, pr\u00e9stamos, valores negociables o cualquier otro instrumento de deuda, con un periodo de amortizaci\u00f3n superior a un a\u00f1o natural <\/strong>y cuyo importe supere un mill\u00f3n de euros<\/strong>.<\/p>\n

    6<\/strong>.- La constituci\u00f3n, participaci\u00f3n o formalizaci\u00f3n de contratos de cuentas en participaci\u00f3n, uniones temporales de empresas, fundaciones, agrupaciones de inter\u00e9s econ\u00f3mico o comunidades de bienes <\/strong>que represente un porcentaje igual o superior al 10% del valor total y, adem\u00e1s, sea superior a 1.000.000 de euros.<\/p>\n

    7<\/strong>.- La adquisici\u00f3n de bienes inmuebles<\/strong> sitos en Espa\u00f1a cuyo importe supere los 500.000 euros.<\/strong><\/p>\n

    Por otra parte, tendr\u00e1n la condici\u00f3n de inversiones espa\u00f1olas en el exterior<\/u><\/strong> las realizadas en las mismas condiciones por personas f\u00edsicas o entidades \u00a0residentes en Espa\u00f1a si bien, \u00a0el l\u00edmite de la inversi\u00f3n en bienes inmuebles<\/strong> se reduce a 300.000 euros. \u00a0(art 7 Real 571\/2023).<\/strong><\/p>\n

    Modificaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n de la inversi\u00f3n extranjera<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n

    El cambio de domicilio social de personas jur\u00eddicas o el traslado de residencia de personas f\u00edsicas determinar\u00e1n el cambio en la calificaci\u00f3n de una inversi\u00f3n como espa\u00f1ola en el exterior o extranjera en Espa\u00f1a. (Art 24 Real Decreto 571\/2023).<\/p>\n

    Principio general de libertad:<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n

    El art\u00edculo 1.2<\/strong> de la ley 19\/2003<\/strong> establece que son libres las inversiones extranjeras en Espa\u00f1a y espa\u00f1olas en el exterior, pero \u00e9stas y su posterior \u00a0desinversi\u00f3n, deber\u00e1n ser objeto de declaraci\u00f3n<\/strong> ante el Registro de Inversiones Extranjeras, <\/strong>de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 5 y 8 del Real Decreto 571\/2023, <\/strong>\u00a0mediante los modelos de declaraci\u00f3n:<\/p>\n

    D-2A<\/strong> y D-2B,<\/strong> para la inversi\u00f3n y desinversi\u00f3n en inmuebles, respectivamente y<\/p>\n

    D-1A<\/strong> y D-2A,<\/strong> para la inversi\u00f3n y desinversi\u00f3n en el resto de supuestos[2]<\/a>.<\/p>\n

    La declaraci\u00f3n deber\u00e1 realizarse por el titular de la inversi\u00f3n[3]<\/a><\/strong> de forma telem\u00e1tica en el plazo de un mes[4]<\/a><\/strong>. Si la operaci\u00f3n hubiese sido autorizada o intervenida por un Notario espa\u00f1ol,[5]<\/a> \u00e9ste deber\u00e1 advertirle de la obligaci\u00f3n de declaraci\u00f3n y si el interesado le entregase todos los datos necesarios para la declaraci\u00f3n de la operaci\u00f3n en un archivo inform\u00e1tico generado y validado a trav\u00e9s del programa AFORIX, ser\u00e1 el Notario que deba remitir la declaraci\u00f3n a trav\u00e9s de la Sede Electr\u00f3nica Notarial al Consejo General del Notariado que, a su vez, la remitir\u00e1 al Registro de inversiones extranjeras[6]<\/a>.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n deber\u00e1n ser objeto de declaraci\u00f3n las inversiones extranjeras que tengan su origen directo o indirecto en alg\u00fan territorio o jurisdicci\u00f3n no cooperativa<\/u><\/strong> que define la Orden HFP\/115\/2023, de 9 de febrero: <\/strong><\/p>\n

    a) Dentro del mes<\/strong> siguiente a la inversi\u00f3n, mediante el modelo DP-1, <\/strong>en todo caso, con independencia de su cuant\u00eda y los umbrales anteriormente expuestos.<\/p>\n

    b) Adem\u00e1s, de forma previa con una antelaci\u00f3n no superior a seis meses<\/strong> de la fecha de la inversi\u00f3n mediante el modelo DP-2 <\/strong>cuando d\u00e9 lugar a una participaci\u00f3n que supere el 50% en una Sociedad espa\u00f1ola <\/strong>o se trate de una adquisici\u00f3n de inmuebles.<\/strong><\/p>\n

    El incumplimiento de las obligaciones de declaraci\u00f3n no afecta a la validez<\/strong> de la operaci\u00f3n, pero dar\u00e1 lugar a la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen sancionador<\/u><\/strong> previsto en los art\u00edculos 8 y 9 de la Ley 19\/2003 \u00a0<\/p>\n

    Tambi\u00e9n deber\u00e1 ser objeto de declaraci\u00f3n previa, mediante el modelo S-1, <\/strong>la entrada o salida o el movimiento por el territorio nacional de medios de pago, cuando su importe, respectivamente, sea igual o superior a 10.000 o 100.000 euros<\/strong> o su contravalor en moneda extranjera. (Art 34 de la Ley 28\/2010 de prevenci\u00f3n de blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/strong>, y la Orden Ministerial ETD\/1217\/2022, de 29 de noviembre.<\/strong><\/p>\n

    Excepciones del r\u00e9gimen de liberalizaci\u00f3n:<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n

    La ley 19\/2003<\/strong> prev\u00e9 la posibilidad de que las Autoridades espa\u00f1olas puedan establecer:<\/p>\n

    a) Limitaciones o prohibiciones<\/strong> a determinados movimientos de capitales y transacciones exteriores con pa\u00edses no miembros de la Uni\u00f3n Europea, en aplicaci\u00f3n de medidas de salvaguarda o excepcionales establecidas por la Uni\u00f3n Europea, (arts. 4 y 5).<\/p>\n

    b) La suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de liberalizaci\u00f3n, –<\/strong>(art 7)- cuando la inversi\u00f3n pudiese afectar a actividades:<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Relacionadas con el ejercicio del poder p\u00fablico<\/em>, aunque sea de forma ocasional.<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Relacionadas directamente con la defensa nacional<\/em>.<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Que afecten o puedan afectar al orden, seguridad <\/em>o salud p\u00fablicos<\/em><\/p>\n

    De este modo, el art\u00edculo 7 bis de la Ley 19\/2003<\/strong>, establece la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de liberalizaci\u00f3n <\/strong>respecto determinadas inversiones directas <\/strong>en Espa\u00f1a en ciertos sectores definidos en el mismo, -(fundamentalmente infraestructuras y tecnolog\u00edas cr\u00edticas, de doble uso o claves para el liderazgo, insumos, medios de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n sensible)-, por personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas:<\/p>\n

    1) Residentes, -o cuyos titulares reales sean residentes,- en pa\u00edses no miembros de la Uni\u00f3n Europea o de la Asociaci\u00f3n Europea de Libre Comercio.<\/p>\n

    2) Controladas directa o indirectamente por gobiernos, organismos p\u00fablicos o fuerzas armadas de terceros pa\u00edses.<\/p>\n

    3) Que hayan realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden p\u00fablico o a la salud p\u00fablica en otro Estado.<\/p>\n

    4) En que concurra riesgo grave de ejercer actividades delictivas o ilegales que afecten a la seguridad, orden o salud p\u00fablica en Espa\u00f1a.<\/p>\n

    Cuando la inversi\u00f3n se realice en personas jur\u00eddicas espa\u00f1olas ser\u00e1 necesario que representen un participaci\u00f3n igual o superior al 10 por 100 del capital social o una situaci\u00f3n de control en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 7 de la Ley 15\/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.<\/p>\n

    La realizaci\u00f3n de estas actividades, adem\u00e1s del cumplimiento de su normativa sectorial espec\u00edfica podr\u00e1 supeditarse a autorizaci\u00f3n administrativa previa.<\/strong><\/p>\n

    Tambi\u00e9n est\u00e1 sujetan sujetas a dicha autorizaci\u00f3n, -(arts. 19 y 20 Real Decreto 571\/2023): <\/strong><\/p>\n

    a) <\/strong>Las inversiones extranjeras en armas, cartucher\u00eda, material pirot\u00e9cnico y explosivo.<\/p>\n

    b)<\/strong> La adquisici\u00f3n de inmuebles destinados a representaciones diplom\u00e1ticas o consulares <\/strong>por Estados no miembros de la Uni\u00f3n Europea, salvo que exista un acuerdo de liberalizaci\u00f3n en r\u00e9gimen de reciprocidad.<\/p>\n

    La falta de obtenci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n administrativa previa<\/strong>, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen sancionador previsto en los art\u00edculos 8 y 9 de la Ley 19\/2003 determinar\u00e1 la falta de validez de la inversi\u00f3n, hasta que se proceda, en su caso a su legalizaci\u00f3n<\/strong> por la autoridad administrativa.<\/p>\n

    De conformidad con el art\u00edculo 12<\/strong> del Real<\/strong> Decreto 571\/2023 <\/strong>los notarios deben advertir de la necesidad de obtener la referida autorizaci\u00f3n, sin que la falta de la misma, impida, a nuestro juicio, la autorizaci\u00f3n del documento.[iv]<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>III. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES EN MATERIA CIVIL[7]<\/a><\/strong><\/span><\/h2>\n

    La Ley 8\/1975 de 12 de marzo, <\/strong>de Zonas e Instalaciones de Inter\u00e9s para la Defensa Nacional, <\/strong>desarrollada por el Real Decreto de 10 de febrero de 1978, <\/strong>exige autorizaci\u00f3n militar<\/strong> concedida por el Ministerio de Defensa a los extranjeros nacionales de pa\u00edses no miembros de la Uni\u00f3n europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein<\/strong> y la Confederaci\u00f3n Suiza,[v]<\/a><\/strong> con independencia de que sean o no residentes en Espa\u00f1a, para:<\/p>\n

    1.- Adquirir, por cualquier t\u00edtulo, el derecho de propiedad<\/strong> sobre fincas r\u00fasticas o urbanas, existan o no en las mismas, edificaciones u obras o construcciones de cualquier clase.<\/p>\n

    A estos efectos, la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe p\u00fablica ha resuelto que:<\/p>\n

    a) Ser\u00e1 necesaria la autorizaci\u00f3n militar cuando adquiere un nacional de la U.E. casado con un no comunitario en un r\u00e9gimen matrimonial de comunidad.[8]<\/a><\/p>\n

    b) Que, a los efectos de la autorizaci\u00f3n militar, se equipara a la adquisici\u00f3n la aportaci\u00f3n a del inmueble a la sociedad conyugal.[9]<\/a><\/p>\n

    2.- Constituir, transmitir, modificar<\/strong> hipotecas, censos, servidumbres y dem\u00e1s derechos reales. As\u00ed, por ejemplo, derechos se superficie o derechos de vuelo[vi]<\/a>.\u00a0\u00a0<\/p>\n

    3.- La construcci\u00f3n <\/strong>de obras o edificaciones<\/strong> de cualquier clase.\u00a0<\/p>\n

    4.- La adquisici\u00f3n de autorizaciones concedidas y no ejecutadas<\/strong> para dichas obras o edificaciones.<\/p>\n

    Dicha autorizaci\u00f3n ser\u00e1 necesaria en las siguientes zonas: \u00a0<\/p>\n

    1) En los territorios de Ceuta y Melilla. Este caso tambi\u00e9n requerir\u00e1n autorizaci\u00f3n militar los espa\u00f1oles y los nacionales de la Uni\u00f3n Europea y pa\u00edses asimilados: (Disposici\u00f3n Final Segunda de la Ley y Primera del Reglamento<\/strong>).<\/p>\n

    2) En los territorios fronterizos con Francia y Portugal.<\/p>\n

    3) En la totalidad de las islas e islotes de soberan\u00eda nacional, entre ellas las Islas Baleares y las Islas Canarias<\/strong>,\u00a0 y determinadas zonas de Galicia y Cartagena<\/strong>, Bah\u00eda de C\u00e1diz y Estrecho de Gibraltar<\/strong>, si bien, tras la Orden de Servicio comunicada de la Direcci\u00f3n General de Infraestructura del Ministerio de Defensa 1\/2021[10]<\/a> <\/strong>la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, <\/strong>solo para la adquisici\u00f3n cuando se trate de terrenos r\u00fasticos o no urbanizables<\/strong> entendiendo por tales todos aquellos que no est\u00e9n comprendidos en alguno de los supuestos previstos en los n\u00fameros 3 y 4 del art\u00edculo 21 del Real Decreto Legislativo 7\/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana. <\/strong>(Resoluci\u00f3n DGSJyFP <\/strong>de 9 de febrero de 2022<\/strong>).<\/p>\n

    A estos efectos la calificaci\u00f3n de suelo deber\u00e1 acreditarse por certificaci\u00f3n administrativa, salvo que constase ya en el Registro por inscripci\u00f3n previa de dicha certificaci\u00f3n o de un instrumento de ordenaci\u00f3n urban\u00edstica.[11]<\/a><\/p>\n

    El per\u00edmetro concreto de estas zonas de acceso restringido a la propiedad consta delimitada el anexo II<\/strong> del referido Reglamento<\/strong> y de la Orden Ministerio de Justicia de 21 de octubre de 1983:<\/strong><\/p>\n

    En las zonas calificadas como Centros o Zonas de Inter\u00e9s Tur\u00edstico Nacional, <\/strong>previstos en la Ley 197\/1963 <\/strong>de 28 de diciembre, <\/strong>se requerir\u00e1 o no la autorizaci\u00f3n militar en funci\u00f3n de lo establezca la normativa por la que se procede a su declaraci\u00f3n como tales. (art 38.2 del Reglamento).<\/p>\n

    La necesidad de autorizaci\u00f3n militar se extiende tambi\u00e9n las sociedades espa\u00f1olas<\/strong>, cotizadas o no, en las que los extranjeros que necesiten autorizaci\u00f3n militar tengan una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital social<\/strong> o siendo inferior tengan una situaci\u00f3n de prevalencia o dominio en la misma. En estos casos, el c\u00f3mputo de la inversi\u00f3n se realizar\u00e1 de conformidad con lo previsto normativa de inversiones extranjeras.<\/p>\n

    Los art\u00edculos 20 y siguientes de la Ley 44 y siguientes del Reglamento prev\u00e9n:<\/p>\n

    1)<\/strong> Que los notarios no autorizar\u00e1n<\/strong> ni los registradores inscribir\u00e1n ning\u00fan acto o contrato que, de conformidad con lo expuesto, est\u00e9 sujeto a autorizaci\u00f3n militar, que se configura como conditio iuris <\/em><\/strong>cuya falta no salvarse condicionando suspensivamente a su obtenci\u00f3n la eficacia del acto o negocio. (Resoluci\u00f3n DGRN de 5 de marzo de 2015<\/strong>).<\/p>\n

    2)<\/strong> La obligaci\u00f3n de inscribir<\/strong> en el plazo m\u00e1ximo de 18 meses<\/strong> los actos o contratos, por los que se reconozcan, transmitan, justifiquen, extingan o modifiquen, en favor de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas extranjeras en zonas de acceso restringido a la propiedad el dominio y dem\u00e1s derechos reales o concesiones administrativas sobre inmuebles<\/strong>.<\/p>\n

    Este plazo podr\u00e1 ampliarse a 24 meses<\/strong> cuando, sin cumpla del adquirente, est\u00e9 pendiente la liquidaci\u00f3n del impuesto de transmisiones patrimoniales o cualquier otra formalidad que impidiese la inscripci\u00f3n.<\/p>\n

    La falta de inscripci\u00f3n en los plazos indicados determina la nulidad del acto, <\/strong>circunstancia que deber\u00e1 advertir<\/strong> el Notario al autorizar el acto o negocio. \u00a0\u00a0<\/p>\n

    En el caso de que de que la adquisici\u00f3n de las fincas o de derechos reales sobre las mimas por un extranjero se verifique en virtud de sucesi\u00f3n mortis causa<\/strong>, tanto a t\u00edtulo singular como universal o de herencia, \u00e9ste deber\u00e1 obtener la correspondiente autorizaci\u00f3n dentro de los tres meses siguientes <\/strong>a la fecha en la que pudo ejercitar legalmente sus facultades como titular del dominio o del derecho real de que se trate<\/strong>, o, en su defecto, proceder <\/strong>a su transmisi\u00f3n en el plazo de un a\u00f1o. <\/strong>El incumplimiento de estos requisitos facultar\u00e1 al Ministerio de Defensa a expropiar de su derecho. \u00a0<\/strong><\/p>\n

    El art. 46.3 <\/strong>del Reglamento prev\u00e9 que iguales plazos y consecuencia<\/strong> se aplicar\u00e1n un s\u00fabdito espa\u00f1ol pierda esta nacionalidad<\/strong> y cuando por disoluci\u00f3n de Sociedad<\/strong> se adjudiquen derechos reales sobre bienes inmuebles a un titular extranjero[vii]<\/a>.<\/p>\n

    3) <\/strong>Los art\u00edculos 27 de la Ley y 48 del Reglamento<\/strong> establecen que en las zonas de acceso restringido los extranjeros no podr\u00e1n adquirir por prescripci\u00f3n<\/strong> el dominio y otros derechos reales sobre bienes inmuebles.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>IV. <\/strong>PRINCIPALES DEBERES DE NOTARIOS Y REGISTRADORES PARA LA REVENCI\u00d3N DEL FRAUDE FISCAL Y DEL BLANQUEO DE CAPITALES.<\/strong><\/span><\/h2>\n

    Obligaciones de los Notarios:<\/strong><\/p>\n

    1.- Suministro peri\u00f3dico de informaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n Tributaria a trav\u00e9s del \u00edndice \u00fanico del Consejo General Notariado. (art 17 Ley del Notariado).\u00a0<\/p>\n

    2.- Obligaci\u00f3n de comprobar y consignar los N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal de los otorgantes en los instrumentos p\u00fablicos que tenga por objeto actos o contratos con trascendencia tributaria. (art 23 Ley del Notariado).<\/p>\n

    3.- Prohibici\u00f3n autorizar instrumentos p\u00fablicos en los que sean otorgantes personas jur\u00eddicas que tenga revocado su N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal (art 23 Ley del Notariado).<\/p>\n

    4.- Obligaci\u00f3n de identificar los medios de pago empleados en los actos o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a t\u00edtulo oneroso el dominio y los dem\u00e1s derechos reales sobre bienes inmuebles se identificar\u00e1n, cuando la contraprestaci\u00f3n consistiere en todo o en parte en dinero o signo que lo represente, (art 24 Ley del Notariado y 177 del Reglamento Notarial).<\/p>\n

    5.- El Notario como sujeto obligado en materia de blanque de capitales, en los instrumentos p\u00fablicos que autorice o intervenga, entre otras medidas de diligencia debida, deber\u00e1 proceder a la:<\/p>\n

    i) Identificaci\u00f3n formal de las partes del acto o negocio documentado (art 3), debiendo conservar durante diez a\u00f1os documentos que acrediten su identidad y, en su caso, profesi\u00f3n o actividad.<\/p>\n

    ii) Identificaci\u00f3n de los titulares reales (art 4), debiendo tenerse en cuenta en esta materia el nuevo Registro Central de Titularidades Reales creado por el Real decreto de 11 de julio de 2023.<\/p>\n

    iii) Identificaci\u00f3n del prop\u00f3sito e \u00edndole de la relaci\u00f3n de negocios (art 5).<\/p>\n

    iv) Abstenerse de autorizar los actos o negocios en los que existan indicios de operaciones de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo, lo que le exige comprobar:<\/p>\n

    \u00a0– La existencia o no de indicadores de riego en la operaci\u00f3n,<\/p>\n

    – La consulta de las listas de personas con responsabilidad p\u00fablica e incluidas en los anexos de los reglamentos comunitarios que prevean el bloqueo o congelaci\u00f3n de fondos o activos o prohibici\u00f3n de operaciones y<\/p>\n

    –\u00a0 La vinculaci\u00f3n de los elementos objetivos o subjetivos de la operaci\u00f3n con jurisdicciones no cooperativas. (art 19)<\/p>\n

    v) Notificar al \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP) las operaciones que presenten alg\u00fan indicador de riesgo relevantes o cuya autorizaci\u00f3n hubiese denegado, as\u00ed como aquellas en que hubiese existido negativa a la identificar los medios de pago.<\/p>\n

    iv) Solicitar los modelos de declaraci\u00f3n de los movimientos de medios de pago anteriormente estudiados.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    Obligaciones de los Registradores: <\/strong><\/p>\n

    1.- Prohibici\u00f3n de inscripci\u00f3n de los actos o negocios en los que (art\u00edculos 254 y 255<\/a>\u00a0de la Ley Hipotecaria<\/strong>:<\/p>\n

    a) Existiendo obligaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de los medios de pago estos no consten identificados.<\/p>\n

    b9 No conste consignado el NIF de los otorgantes o este no est\u00e9 vigente.<\/p>\n

    c) No se acredite la liquidaci\u00f3n o autoliquidaci\u00f3n de los impuestos que gravan el acto o negocio que se trata de inscribir, as\u00ed como, en su caso, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.<\/p>\n

    2.- Como sujetos obligados en materia de blanqueo de capitales tienen obligaciones de comunicaci\u00f3n al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) las operaciones en las que aprecien indicios de ser susceptibles de constituir operaciones de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo y conservaci\u00f3n durante 10 a\u00f1os la documentaci\u00f3n relativa a dichas operaciones[12]<\/a>.<\/p>\n

    3.- Notificar al CRAB las comunicaciones de medios de pago<\/strong> previstas en la Orden EHA\/ETD\/1217\/2022 de 29 de noviembre, reguladora de la declaraci\u00f3n de movimientos de pago.<\/p>\n

    Finalmente, tanto Notarios como Registradores deber\u00e1n suministrar al SEBLAC<\/strong> la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que dicho \u00f3rgano solicite.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    Javier Jim\u00e9nez Cerrajer\u00eda.<\/p>\n

    Puerto del Carmen el 22 de agosto de 2024.<\/p>\n

    3874 palabras.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>Notas<\/span><\/strong><\/span>:<\/p>\n

    [1]<\/a> Las inversiones extranjeras est\u00e1n \u00edntimamente ligadas al \u00e1mbito de los movimientos de capitales y transacciones econ\u00f3micas con el exterior que regula la Ley 19\/2003 <\/strong>y que desarrolla de forma espec\u00edfica el Real Decreto 571\/2023<\/strong>, cuyo art. 2 circunscribe a las inversiones exteriores directas<\/u>, entendiendo por tal las realizadas en Espa\u00f1a procedentes del extranjero y las realizadas en el extranjero procedentes de Espa\u00f1a.<\/strong><\/p>\n

    [2]<\/a> Los modelos de declaraci\u00f3n est\u00e1n regulados en la Resoluci\u00f3n de 31 de enero de 2024 de la Direcci\u00f3n General de Comercio Internacional e Inversiones.<\/p>\n

    [3]<\/a> Salvo que se trate de inversiones en instituciones de inversi\u00f3n colectiva, que corresponder\u00e1 a su sociedad gestora.<\/p>\n

    [4]<\/a> Orden ECM\/57\/2024, de 29 de enero (art 12)<\/p>\n

    [5]<\/a> Se excluye el personal diplom\u00e1tico en el ejercicio de funciones notariales.<\/p>\n

    [6]<\/a> Art. 5-b del Real Decreto 571\/2023<\/strong><\/p>\n

    [7]<\/a> El presente estudio tiene la finalidad de ser un apoyo al opositor a notarias. Para un an\u00e1lisis en mayor profundidad y rigor resulta recomendable, cuando no obligada, -como todo lo que escribe dicho autor,- la lectura del trabajo publicado por MARI\u00d1O PARDO en http:\/\/www.iurisprudente.com\/2024\/04\/la-autorizacion-militar-para-la.html<\/a><\/p>\n

    [8]<\/a> Resoluci\u00f3n de 6 de noviembre de 2019.<\/p>\n

    [9]<\/a> Resoluci\u00f3n de 19 de octubre de 2017.<\/p>\n

    [10]<\/a> Por la que se dictan instrucciones para la racionalizaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n para adquisici\u00f3n de inmuebles por extranjeros no comunitarios.<\/p>\n

    [11]<\/a> No es suficiente a estos efectos la calificaci\u00f3n urban\u00edstica que conste en el Catastro (Res 9 de febrero de 2022).<\/p>\n

    [12]<\/a> Instrucci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado de 10 de diciembre de 1999<\/p>\n

    [i]<\/a>\u00a0 De la referida sentencia podemos extraer las siguientes conclusiones: 1.- El art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n proclama el principio de igualdad refiri\u00e9ndose exclusivamente a los espa\u00f1oles. 2.- La Constituci\u00f3n determina que la igualdad entre espa\u00f1oles y extranjeros en la titularidad y ejercicio de los derechos y libertades regulados en sus art\u00edculos 15 a 55 depender\u00e1 de la configuraci\u00f3n que de los mismos que realice el legislador, admitiendo por tanto la desigualdad de trato entre ellos. Como regla, general nuestra legislaci\u00f3n establece la igualdad entre espa\u00f1oles y extranjeros en aquellos derechos y libertades que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano: derecho a la vida, a la integridad f\u00edsica y moral, a la intimidad, la libertad ideol\u00f3gica, etc\u2026<\/p>\n

    [ii]<\/a> Dicho concepto fue introducido por el Tratado de Maastricht de 7 de julio de 1992, y en virtud del mismo, los nacionales de los distintos Estados miembros son conciudadanos sin dejar de ser extranjeros.<\/p>\n

    [iii]<\/a> A estos efectos, -de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 9 de la Ley 35\/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas,- con car\u00e1cter general, y sin perjuicio de las distintas presunciones legales de dicha condici\u00f3n que se estudian en el tema de derecho fiscal al que nos remitimos-, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de residentes en Espa\u00f1a a efectos fiscales<\/u><\/strong> los que permanezcan m\u00e1s de 183 d\u00edas durante el a\u00f1o natural<\/strong> en el territorio espa\u00f1ol o cuando sin darse esta circunstancia radique en Espa\u00f1a de forma directa e indirecta el n\u00facleo principal o la base de sus actividades o intereses econ\u00f3micos.<\/p>\n

    [iv]<\/a> El car\u00e1cter amplio y gen\u00e9rico de la definici\u00f3n de las inversiones sujetas a autorizaci\u00f3n hace muy dif\u00edcil que el Notario pueda comprobar\u00a0 que la concreta inversi\u00f3n proyectada est\u00e1 sujeta o no autorizaci\u00f3n, bastando con que recabe la manifestaci\u00f3n al respecto de los interesados y advierta de los efectos que se derivar\u00edan de la falta de autorizaci\u00f3n, ya que la misma no impide como hemos analizado, la sanaci\u00f3n de los efectos de la inversi\u00f3n mediante la obtenci\u00f3n posterior de la autorizaci\u00f3n administrativa sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, resulten aplicables.<\/p>\n

    [v]<\/a> As\u00ed resulta del Art\u00edculo 25 del Anexo I del Acuerdo sobre la libre circulaci\u00f3n de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederaci\u00f3n Suiza, por otra, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1999. (BOE n\u00fam. 148, de 21 de junio de 2002, p\u00e1ginas 22517 a 22575);\u00a0 Por otra parte tras la salida del Reino Unido de la Uni\u00f3n Europea, la mayor\u00eda de la doctrina, -(as\u00ed MASIDE P\u00c1RAMO, Enrique; https:\/\/blog.registradores.org\/-\/brexit-y-registro-de-la-propiedad-sobre-las-autorizaciones-militares<\/a>) – No obstante, REVILLA FERN\u00c1NDEZ, -(REVILLA FERN\u00c1NDEZ, I\u00f1igo Guillermo; Notario del Siglo XIX, marzo-abril, n\u00famero 96. https:\/\/www.elnotario.es\/hemeroteca\/revista-96\/10617-la-autorizacion-militar-de-la-ley-8-1975-tras-el-brexit),-<\/a> defiende la redacci\u00f3n de la Disposici\u00f3n Adicional de la Ley excluye la necesidad de autorizaci\u00f3n a los nacionales de todos los pa\u00edses que en dicho momento eran miembros de la Comunidad Econ\u00f3mica Europea, con independencia de que sigan conservando dicha cualidad.<\/p>\n

    [vi]<\/a> En cuanto al derecho de opci\u00f3n de compra<\/strong>, cuando este se configura con car\u00e1cter real, entendemos que deber exigirse la autorizaci\u00f3n en el momento de su ejercicio y no el momento de la constituci\u00f3n por el car\u00e1cter meramente preparatorio de otro contrato principal como es la compraventa. Si bien, tal y como destaca Mari\u00f1o Pardo, en contra puede argumentarse que es necesaria la autorizaci\u00f3n militar para la constituci\u00f3n de una hipoteca, en la que la eventual adquisici\u00f3n de la propiedad a favor del acreedor extranjero es menos inminente que en el derecho de opci\u00f3n.<\/p>\n

    [vii]<\/a> Algunos autores plantean el mismo r\u00e9gimen debe aplicarse a los nacionales brit\u00e1nicos tras el BREXIT. REVILLA FERNANDEZ entiende que el principio de no discriminaci\u00f3n del art\u00edculo 12 del tratado de retirada del Reino Unido de la U.E., que es directamente invocable, impide exigir la obtenci\u00f3n de la dicha autorizaci\u00f3n militar a los brit\u00e1nicos residentes en Espa\u00f1a, que adquirieron sus propiedades antes del BREXIT.\u00a0 No obstante, aun admitiendo esta tesis, de conformidad con el tener lo literal del art\u00edculo 46.3, deber\u00eda entenderse que, al menos, los brit\u00e1nicos no residentes, tras el BREXIT, deber\u00edan obtener la correspondiente autorizaci\u00f3n militar, aunque el esp\u00edritu simplificador de la Orden Comunicada del Ministerio de Defensa anteriormente citada, parece sugerir otra cosa.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a><\/p>\n

    <\/a>ENLACES:<\/span><\/h2>\n

    TEMA EN WORD<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n