{"id":122097,"date":"2024-11-28T21:22:21","date_gmt":"2024-11-28T20:22:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=122097"},"modified":"2024-11-28T21:22:21","modified_gmt":"2024-11-28T20:22:21","slug":"resumen-de-la-ley-del-derecho-de-defensa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/destacadas\/resumen-de-la-ley-del-derecho-de-defensa\/","title":{"rendered":"Resumen de la Ley del Derecho de Defensa"},"content":{"rendered":"

RESUMEN DE LA LEY DEL DERECHO DE DEFENSA<\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

Ley Org\u00e1nica 5\/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.<\/a><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Resumen en breve:<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Esta ley org\u00e1nica regula en un \u00fanico texto b\u00e1sico el desarrollo y garant\u00eda del derecho de defensa. Tiene un fin did\u00e1ctico para los ciudadanos y de gu\u00eda de ruta para los operadores jur\u00eddicos. Su \u00e1mbito excede del derecho penal. Regula, entre otros contenidos, la asistencia jur\u00eddica, derechos y deberes de los abogados o la asistencia jur\u00eddica gratuita, cuyo \u00e1mbito ampl\u00eda. Se anuncia una futura ley sobre el turno de oficio. Importante reforma del derecho transitorio en la Ley sobre personas con discapacidad<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Exposici\u00f3n de Motivos:<\/strong><\/span><\/h6>\n

El derecho a la defensa est\u00e1 \u00edntimamente relacionado con el Estado de Derecho<\/strong>. Junto con la tutela judicial efectiva<\/strong>, constituye uno de los derechos b\u00e1sicos de protecci\u00f3n de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n

Este derecho cobra una relevancia especial en el orden penal<\/strong>, pero el derecho de defensa se extiende a toda situaci\u00f3n de controversia jur\u00eddica en la que pueda verse una persona y sea cual sea su posici\u00f3n.<\/p>\n

El art\u00edculo\u00a024 de la Constituci\u00f3n<\/strong><\/a> consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, vincul\u00e1ndolo indisolublemente al tambi\u00e9n fundamental derecho a la no indefensi\u00f3n o, en t\u00e9rminos positivos, al derecho de defensa. Su apartado\u00a02<\/strong>, adem\u00e1s de reconocer expresamente el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, consagra algunas de las manifestaciones de este derecho fundamental: \u201cderecho a \u2026 ser informados<\/strong> de la acusaci\u00f3n formulada contra ellos, a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas<\/strong> y con todas las garant\u00edas<\/strong>, a utilizar los medios de prueba<\/strong> pertinentes para su defensa, a no declarar contra s\u00ed mismos, a no confesarse culpables y a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/strong>\u201d<\/em><\/p>\n

La jurisprudencia<\/strong> ha ido perfilando este derecho fundamental y su contenido de conformidad con nuestra Constituci\u00f3n y tratados internacionales ratificados por Espa\u00f1a en materia de derechos humanos, as\u00ed como con las pautas interpretativas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ha confirmado que, dentro del derecho a la defensa, se garantizan tres derechos al acusado<\/strong>: a defenderse por s\u00ed mismo, a defenderse mediante asistencia letrada de su elecci\u00f3n y, en determinadas circunstancias, a obtener asistencia letrada gratuita.<\/p>\n

Aunque se reconoce la posibilidad de la defensa privada o personal, hay un claro nexo entre el derecho a la defensa y la intervenci\u00f3n de letrados<\/strong> que, por sus conocimientos t\u00e9cnicos, permite como regla general un resultado m\u00e1s garantista. Por ello, en esta ley, la defensa personal est\u00e1 tratada como un mero mecanismo excepcional y siempre que no sea preceptiva la asistencia de profesional o cuando exista una habilitaci\u00f3n legal expresa.<\/p>\n

La Constituci\u00f3n consagra el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita<\/strong> en su art\u00edculo\u00a0119<\/a>, cuando as\u00ed lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este derecho se ampl\u00eda en esta Ley, desde un punto de vista objetivo, a los procedimientos extrajudiciales y a los mecanismos de soluci\u00f3n de controversias reconocidos legalmente, y, desde un punto de vista subjetivo a personas con especial vulnerabilidad.<\/p>\n

Seguidamente se citan diversas Directivas europeas<\/strong>, fundamentalmente referidas a procesos penales.<\/p>\n

Durante los a\u00f1os transcurridos desde la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n en 1978, la jurisprudencia y la pr\u00e1ctica judicial han ido consolidando los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del derecho a la defensa en los diversos \u00f3rdenes jurisdiccionales, procedimientos y actuaciones. Todo ese acervo, ahora se consagra en una ley org\u00e1nica<\/strong>, que desarrolla<\/strong> algunas de sus facetas y que tiene tambi\u00e9n un fin did\u00e1ctico<\/strong> tanto para facilitar que las personas conozcan<\/strong> el alcance de este derecho como para dejar constituida una gu\u00eda de ruta<\/strong> para todos los operadores jur\u00eddicos.<\/p>\n

En cambio, no es objetivo<\/strong> primordial de esta ley la recopilaci\u00f3n de normas procesales, ni la reiteraci\u00f3n de principios consagrados, o la determinaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n de la profesi\u00f3n de la abogac\u00eda.<\/p>\n

La ley, que entremezcla preceptos de rango org\u00e1nico y otros propios de una ley ordinaria, cuenta con cuatro cap\u00edtulos<\/strong>, aparte de las disposiciones de cierre.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Objeto, definici\u00f3n y contenido.<\/span><\/h6>\n

El cap\u00edtulo I<\/strong><\/a> se centra en el objeto, su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y el contenido del derecho de defensa.<\/p>\n

Objeto: <\/strong>regular el derecho de defensa<\/strong>, reconocido en el art\u00edculo\u00a024<\/a> de la Constituci\u00f3n como derecho fundamental indisponible. Su contenido ser\u00e1 desarrollado por las leyes procesales en sus respectivos \u00e1mbitos.<\/p>\n

Definici\u00f3n. <\/strong>El derecho de defensa comprende<\/strong> el conjunto de facultades y garant\u00edas, reconocidas en el ordenamiento jur\u00eddico, que permiten a todas las personas, f\u00edsicas y jur\u00eddicas, proteger y hacer valer, con arreglo a un procedimiento previamente establecido, sus derechos, libertades e intereses leg\u00edtimos en cualquier tipo de controversia ante los tribunales y administraciones p\u00fablicas, incluidas las diligencias de investigaci\u00f3n del Ministerio Fiscal, o en los medios adecuados de soluci\u00f3n de controversias regulados en la normativa de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Contenido.<\/strong><\/p>\n

Comprende la prestaci\u00f3n de asistencia letrada<\/strong> o asesoramiento en Derecho y la defensa de los intereses leg\u00edtimos<\/strong> de la persona a trav\u00e9s de los procedimientos previstos legalmente, as\u00ed como el asesoramiento previo<\/strong> al eventual inicio de estos procedimientos.<\/p>\n

Incluye los siguientes derechos: <\/strong><\/p>\n

– el libre acceso a los tribunales de justicia,<\/p>\n

– a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas, con todas las garant\u00edas<\/p>\n

– a que se dicte una resoluci\u00f3n congruente y fundada en Derecho por la juez predeterminado por la ley,<\/p>\n

– a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecuci\u00f3n en sus propios t\u00e9rminos<\/p>\n

– conocer y oponerse a las pretensiones que se formulen de contrario,<\/p>\n

– utilizar los medios de prueba pertinentes<\/p>\n

En las causas penales<\/strong>, procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario, tambi\u00e9n est\u00e1n el derecho de defensa integra, a ser informado de la acusaci\u00f3n, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunci\u00f3n de inocencia y a la doble instancia.<\/p>\n

El legislador podr\u00e1 condicionar<\/strong> el acceso a la jurisdicci\u00f3n, a los medios de impugnaci\u00f3n y a otros remedios de car\u00e1cter jurisdiccional al cumplimiento de plazos o requisitos <\/strong>de procedibilidad, que habr\u00e1n de ser suficientes para hacer efectivo el derecho de defensa.<\/p>\n

La utilizaci\u00f3n de los medios electr\u00f3nicos<\/strong> en la actividad de los tribunales y la Administraci\u00f3n de Justicia, as\u00ed como ante otras administraciones p\u00fablicas, deber\u00e1 ser accesible universalmente<\/strong> y compatible con el ejercicio efectivo del derecho de defensa.<\/p>\n

Cualquier duda sobre su interpretaci\u00f3n<\/strong> y alcance se resolver\u00e1 del modo m\u00e1s favorable<\/strong> al ejercicio del derecho.<\/p>\n

Los principios establecidos en este art\u00edculo resultar\u00e1n aplicables, con sus especificaciones propias, al derecho de defensa cuando se ejercite una acci\u00f3n, petici\u00f3n o controversia ante las administraciones p\u00fablicas<\/strong>, en procedimientos arbitrales<\/strong> o, en su caso, cuando se opte por un medio adecuado de soluci\u00f3n de controversias. Ver art. 3<\/a>.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Derecho a la defensa de las personas.<\/strong><\/span><\/h6>\n

El cap\u00edtulo II<\/strong><\/a> desarrolla la regulaci\u00f3n del derecho de defensa de las personas<\/strong>. En particular, regula el derecho a la asistencia jur\u00eddica<\/strong>, el derecho a la elecci\u00f3n, renuncia y sustituci\u00f3n<\/strong> en la asistencia jur\u00eddica, la protecci\u00f3n jurisdiccional del derecho de defensa, el derecho de informaci\u00f3n, el derecho a la prestaci\u00f3n de unos servicios jur\u00eddicos de calidad en el que los profesionales de la abogac\u00eda y de la procura y los graduados sociales est\u00e9n formados adecuadamente y con unos conocimientos actualizados, el derecho a ser o\u00eddas y los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administraci\u00f3n de Justicia. Ver tambi\u00e9n su protecci\u00f3n en el art. 16<\/a>.<\/p>\n<\/a>

Derecho a la asistencia jur\u00eddica.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas<\/strong> tienen derecho a recibir la asistencia jur\u00eddica adecuada para el ejercicio de su derecho de defensa, que incluye instrumentos de accesibilidad y la utilizaci\u00f3n de los medios t\u00e9cnicos, humanos o profesionales para asegurar la efectividad de este derecho.<\/p>\n

La prestaci\u00f3n de la asistencia jur\u00eddica para el ejercicio del derecho de defensa corresponde al profesional de la abogac\u00eda<\/strong>.<\/p>\n

Toda persona puede defenderse por s\u00ed misma<\/strong> y renunciar a la asistencia jur\u00eddica profesional en los casos en que la ley lo prevea expresamente.<\/p>\n

Las personas que acrediten insuficiencia de recursos tendr\u00e1n derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita. <\/strong>En determinados supuestos podr\u00e1 extenderse a personas en situaciones de especial vulnerabilidad y en otras situaciones reconocidas legalmente.<\/p>\n

Una ley<\/strong> regular\u00e1 las funciones de los profesionales del turno de oficio<\/strong> en el servicio p\u00fablico de asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

En el caso de menores de edad<\/strong>, la asistencia jur\u00eddica deber\u00e1 velar por el posible conflicto de intereses<\/strong> con los representantes legales, solicitando la designaci\u00f3n de un defensor judicial en su caso.<\/p>\n

Todas las personas tienen derecho a elegir<\/strong> libremente al profesional de la abogac\u00eda que vaya a asistirle en su defensa, as\u00ed como a prescindir de sus servicios, con excepciones justificadas. En caso de cambio de letrado, ha de garantizarse que el nuevo reciba la informaci\u00f3n necesaria. Arts. 4 y 5<\/a>.<\/p>\n<\/a>

Derecho de informaci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Los titulares del derecho de defensa tienen derecho a ser informados de manera clara<\/strong>, simple, comprensible y accesible universalmente de los procedimientos<\/strong> legalmente previstos para defender sus derechos e intereses ante los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n

Tienen derecho a acceder al expediente<\/strong> y a conocer el contenido y estado de los procedimientos<\/strong> en los que sean parte.<\/p>\n

Se exponen ocho contenidos respecto de los que se le puede solicitar informaci\u00f3n al abogado<\/strong> como la gravedad del conflicto, estrategias procesales, el estado del asunto, los costes o la posibilidad de solicitar asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

En el ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales, se podr\u00e1, con auxilio judicial, requerir<\/strong> a personas, administraciones p\u00fablicas o instituciones privadas, la informaci\u00f3n o documentos<\/strong> que se precisen en los casos, por los procedimientos y con las limitaciones establecidas por la ley. Art. 6.<\/a><\/p>\n<\/a>

Derecho a ser o\u00eddo.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Las personas cuyos derechos e intereses leg\u00edtimos pudieran resultar afectados por la decisi\u00f3n que se adopte tienen derecho, antes de que se dicte la resoluci\u00f3n, a ser o\u00eddas, a formular alegaciones<\/strong>, a aportar documentos<\/strong> y a utilizar los medios de defensa admitidos.<\/p>\n

Los menores<\/strong> tienen derecho a ser o\u00eddos en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediaci\u00f3n en que est\u00e9n afectados en los t\u00e9rminos del art. 9<\/a> de la Ley del Menor..<\/p>\n

Cabe en el \u00e1mbito judicial excluir de momento la audiencia para adoptar decisiones provisionales<\/strong> en casos de urgencia. Art. 7.<\/a><\/p>\n

Formaci\u00f3n continua de los abogados.<\/strong> Los profesionales de la abogac\u00eda seguir\u00e1n una formaci\u00f3n legal continua y especializada seg\u00fan los casos. Art. 8.<\/a><\/p>\n<\/a>

Lenguaje claro.<\/strong><\/span><\/h6>\n

– Los actos y comunicaciones procesales<\/strong> se redactar\u00e1n en lenguaje claro, de manera sencilla y accesible universalmente, de forma que permitan conocer a sus destinatarios el objeto y consecuencias del acto procesal comunicado.<\/p>\n

– Las resoluciones judiciales<\/strong>, las del MF y las dictadas por los LAJ estar\u00e1n redactadas en un lenguaje claro, de manera sencilla y comprensible para su destinatario, seg\u00fan sus caracter\u00edsticas personales, sin perjuicio de la necesidad de utilizar el lenguaje t\u00e9cnico-jur\u00eddico para garantizar la precisi\u00f3n y calidad de aquellas. Se prev\u00e9n adaptaciones para personas con discapacidad y menores, aunque est\u00e9n asistidos.<\/p>\n

– Tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 a interrogatorios y declaraciones<\/strong>. Art. 9<\/a>.<\/p>\n

Derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/strong><\/span><\/p>\n

Se recogen 18 en los arts. 10 y 11 para los titulares del derecho de defensa, encontr\u00e1ndose entre ellos:<\/p>\n

– Identificar autoridades, MF y funcionarios<\/p>\n

– exigir responsabilidades por error judicial o funcionamiento anormal de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n

– utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad aut\u00f3noma<\/p>\n

– puntualidad en las vistas, comparecencias y actos judiciales<\/p>\n

– relacionarse preferentemente, si as\u00ed lo solicitan, de forma electr\u00f3nica con juzgados y tribunales<\/p>\n

– conocer por medios electr\u00f3nicos el estado de tramitaci\u00f3n de los procedimientos y documentos<\/p>\n

– comparecencia personal lo menos gravosa posible y s\u00f3lo si es indispensable<\/p>\n

– formular reclamaciones, quejas y sugerencias<\/p>\n

– disponer de formularios necesarios si no han de intervenir abogado y procurador.<\/p>\n

– derecho a int\u00e9rprete y\/o traductor en determinadas circunstancias .Arts. 10 y 11<\/a>.<\/p>\n<\/a>

Asistencia jur\u00eddica.<\/strong><\/span><\/h6>\n

El cap\u00edtulo III<\/strong><\/a> desarrolla el r\u00e9gimen de garant\u00edas y de deberes<\/strong> de asistencia jur\u00eddica en el derecho de defensa, estructur\u00e1ndose a su vez en dos secciones. Por una parte, la Secci\u00f3n\u00a01.\u00aa se refiere a las garant\u00edas de la abogac\u00eda<\/strong> en el marco del derecho de defensa, desarrollando entre ellas, la de la prestaci\u00f3n del servicio por los abogados, las garant\u00edas de ellos mismos, las del encargo profesional, la de la confidencialidad de las comunicaciones y del secreto profesional, la de la libertad de expresi\u00f3n y las del profesional de la abogac\u00eda con discapacidad. Por otra parte, la Secci\u00f3n\u00a02.\u00aa se refiere a los deberes de la abogac\u00eda<\/strong> en el marco del derecho de defensa, desarrollando los deberes de actuaci\u00f3n y sus deberes deontol\u00f3gicos.<\/p>\n<\/a>

Garant\u00edas de la abogac\u00eda<\/strong><\/span><\/h6>\n

– Garant\u00eda de la prestaci\u00f3n del servicio<\/strong>. La asistencia letrada ser\u00e1 prestada por los profesionales de la abogac\u00eda<\/strong>, que son aquellas personas que, por cuenta propia o ajena, con t\u00edtulo para ejercer las profesiones de la abogac\u00eda y la procura, incorporadas a un colegio de la abogac\u00eda como ejercientes y se dedican de forma profesional al asesoramiento jur\u00eddico, a la soluci\u00f3n de conflictos y a la defensa de derechos e intereses ajenos, tanto p\u00fablicos como privados, en la v\u00eda judicial o extrajudicial. El turno de oficio es un pilar esencial de las garant\u00edas del derecho de defensa. Art. 13<\/a>.<\/p>\n

– Garant\u00edas del propio abogado<\/strong>. Se incluyen su actuaci\u00f3n libre e independiente, ser tratados con respeto por los poderes p\u00fablicos, acceso en igualdad a escritos y procedimientos, derecho a la conciliaci\u00f3n y al disfrute de los permisos de maternidad y paternidad, o solicitar la suspensi\u00f3n del procedimiento judicial o el nuevo se\u00f1alamiento de actuaciones procesales en determinados casos, la libertad de expresi\u00f3n salvo manifestaciones contrarias a la deontolog\u00eda y las ayudas precisas, si tiene discapacidad. Art. 14<\/a>, 17 y 18<\/a>.<\/p>\n

– Garant\u00edas del encargo profesional. <\/strong>Puede solicitarse que la contrataci\u00f3n de los servicios jur\u00eddicos de defensa se haga por escrito con determinados requisitos y pedir presupuesto previo. Art. 15<\/a>.<\/p>\n

– Garant\u00eda de confidencialidad<\/strong> de las comunicaciones. Se extiende a las mantenidas entre el profesional y el cliente y tambi\u00e9n a las comunicaciones que tengan lugar entre los defensores de las partes con ocasi\u00f3n de un litigio procedimiento.<\/p>\n

– Garant\u00eda de secreto profesional<\/strong>. Implica, entre otras manifestaciones, la inviolabilidad y el secreto de todos los documentos y comunicaciones del abogado que est\u00e9n relacionados con el ejercicio de sus deberes de defensa. Tambi\u00e9n la dispensa de prestar declaraci\u00f3n ante cualquier autoridad, instancia o jurisdicci\u00f3n sobre hechos, documentos o informaciones de los que tuvieran conocimiento como consecuencia de su desempe\u00f1o profesional, con excepciones. Art. 16<\/a>.<\/p>\n<\/a>

Deberes de la abogac\u00eda.<\/strong><\/span><\/h6>\n

– Sobre el modo de actuar. <\/strong>Los profesionales de la abogac\u00eda guiar\u00e1n su actuaci\u00f3n de conformidad con la Constituci\u00f3n y las leyes, con buena fe procesal y cumplimiento de los deberes deontol\u00f3gicos, atendiendo a las normas y directrices de sus colegios profesionales. No intervendr\u00e1n si existe conflicto de intereses y deber\u00e1n utilizar los medios electr\u00f3nicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por la Administraci\u00f3n de Justicia. Art. 19<\/a>.<\/p>\n

– Deberes deontol\u00f3gicos.<\/strong> Han de regir sus actuaciones por unos deberes deontol\u00f3gicos que garanticen su confiabilidad, estando fundamentalmente recogidos en el Estatuto General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola, (RD 135\/2021, de 2 de marzo<\/a>) y en el C\u00f3digo Deontol\u00f3gico de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola<\/a>. Los colegios podr\u00e1n iniciar de oficio procedimientos disciplinarios, con separaci\u00f3n entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendar\u00e1 a \u00f3rganos distintos. Art. 20.<\/a><\/p>\n<\/a>

Garant\u00edas institucionales para el ejercicio de la abogac\u00eda<\/strong><\/span><\/h6>\n

El cap\u00edtulo IV<\/strong><\/a> recoge:<\/p>\n

– las garant\u00edas de los colegios profesionales<\/strong> para asegurar el cumplimiento de las normas deontol\u00f3gicas y el amparo de los profesionales en el ejercicio de sus funciones<\/p>\n

– las garant\u00edas de protecci\u00f3n de los clientes de servicios jur\u00eddicos<\/strong>, a trav\u00e9s de los colegios profesionales, que tendr\u00e1n servicios para recibir y resolver reclamaciones y quejas<\/p>\n

– las garant\u00edas de las circulares deontol\u00f3gicas<\/strong> interpretativas emitidas por el Pleno del Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola<\/p>\n

– y las garant\u00edas de procedimiento en casos especiales<\/strong> para sancionar en materia deontol\u00f3gica con un \u00e1mbito superior a un colegio profesional<\/p>\n<\/a>

Disposiciones adicionales y transitoria.<\/strong><\/span><\/h6>\n

La D.Ad. 2\u00aa<\/strong><\/a> establece como finalidad de los servicios de orientaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong> organizados por los colegios de la abogac\u00eda, facilitar toda la informaci\u00f3n relativa a la prestaci\u00f3n de la asistencia jur\u00eddica, y en particular a los requisitos para el acceso al sistema de asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

La D.Ad. 3\u00aa<\/strong><\/a> dispone que los trabajadores<\/strong> tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realizaci\u00f3n de cualquier actuaci\u00f3n efectuada ante la empresa o ante una actuaci\u00f3n administrativa o judicial destinada a la reclamaci\u00f3n de sus derechos laborales<\/strong>.<\/p>\n

La Disposici\u00f3n transitoria<\/strong><\/a> determina el r\u00e9gimen transitorio para la compensaci\u00f3n de asistencia jur\u00eddica<\/strong> hasta que se proceda a la modificaci\u00f3n del RD 141\/2021, de 9 de marzo<\/a>.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones finales<\/span><\/h6>\n

La D.F. 1\u00aa<\/strong><\/a> modifica el art\u00edculo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/strong>: \u201cNo se podr\u00e1 detener por la presunta comisi\u00f3n de delitos leves<\/strong>, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle.\u201d<\/em><\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0Habeas Corpus<\/span><\/h6>\n

La D.F. 2\u00aa <\/a><\/strong>modifica el art\u00edculo tercero<\/a> de la Ley Org\u00e1nica 6\/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de \u00abHabeas Corpus<\/strong>\u00bb, relativo a las personas que podr\u00e1n instar este procedimiento, incluyendo tambi\u00e9n al abogado defensor del privado de libertad.<\/p>\n

La D.F. 3\u00aa<\/strong><\/a> afecta a la Ley 1\/1996, de 10 de enero, de asistencia jur\u00eddica gratuita<\/strong>. En concreto, dentro del art\u00edculo 2<\/a>, que determina qu\u00e9 personas tienen derecho a la misma, se modifica la letra g) (referida al \u00e1mbito concursal<\/strong>) y se a\u00f1ade la letra i), concediendo esta asistencia a determinadas personas jur\u00eddicas<\/strong> en el \u00e1mbito penal.<\/p>\n

La D.F. 4\u00aa<\/strong><\/a> modifica la Ley 52\/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur\u00eddica al Estado<\/strong> e Instituciones P\u00fablicas en dos disposiciones adicionales, la tercera<\/a> y la s\u00e9ptima<\/a> (nueva).<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0Representantes de personas con discapacidad<\/span><\/h6>\n

La D.F. 5\u00aa<\/a> ampl\u00eda los plazos de la D.Tr. 5\u00aa<\/a><\/strong> de la Ley 8\/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislaci\u00f3n civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad<\/strong> en el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica.<\/p>\n

Se transcribe \u00edntegra por su gran importancia pr\u00e1ctica:<\/strong><\/p>\n

\u00abDisposici\u00f3n transitoria quinta. Revisi\u00f3n de las medidas ya acordadas.<\/strong><\/p>\n

\u00abLas personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pr\u00f3digos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podr\u00e1n solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisi\u00f3n de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta. La revisi\u00f3n de las medidas deber\u00e1 producirse en el plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o desde dicha solicitud.<\/em><\/p>\n

Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el p\u00e1rrafo anterior, la revisi\u00f3n se realizar\u00e1 por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo m\u00e1ximo de seis a\u00f1os. <\/strong><\/em>(Hasta ahora eran tres a\u00f1os<\/strong> que se cumplieron el 3 de septiembre de 2024).<\/p>\n

Para la tramitaci\u00f3n de estos procedimientos de revisi\u00f3n los \u00f3rganos judiciales se podr\u00e1n auxiliar de herramientas tecnol\u00f3gicas que permitan obtener de manera automatizada la informaci\u00f3n sobre el fallecimiento de la persona interesada, en su caso.\u00bb.\u00bb.<\/em> Este p\u00e1rrafo es nuevo.<\/p>\n

La D.F. 6\u00aa<\/strong> <\/a>determina qu\u00e9 disposiciones<\/strong> tienen el car\u00e1cter de ley ordinaria, <\/strong>lo que es necesario, porque el legislador ha considerado preferible publicar una sola norma y no dos.<\/p>\n

Las dem\u00e1s disposiciones finales se refieren a los t\u00edtulos competenciales, la habilitaci\u00f3n para el desarrollo normativo y la entrada en vigor.<\/p>\n

Esta Ley Org\u00e1nica entrar\u00e1 en vigor el 4 de diciembre de 2024<\/strong>.<\/p>\n

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ENLACES:<\/strong><\/span><\/h6>\n