\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> 1. Como disposiciones de inter\u00e9s general<\/strong> para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de noviembre destacamos las siguientes:<\/strong><\/p>\n — <\/strong>La Orden ECC\/2316\/2015<\/strong>, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de informaci\u00f3n<\/strong> y clasificaci\u00f3n de productos financieros que tiene la finalidad de protecci\u00f3n de los usuarios<\/strong> de los servicios de las entidades financieras.<\/p>\n –<\/strong>— La Orden ECC\/2326\/2015<\/strong>, de 30 de octubre, relativa a deducciones en el impuesto de sociedades<\/strong> por actividades de investigaci\u00f3n, desarrollo e innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n –<\/strong>—\u00a0 El Real Decreto 1012\/2015, de 6 de noviembre<\/strong>, por el que se desarrolla la Ley 11\/2015, de 18 de junio, de recuperaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito<\/strong> y empresas de servicios de inversi\u00f3n, y por el que se modifica el Real Decreto 2606\/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garant\u00eda de dep\u00f3sitos de entidades de cr\u00e9dito. Como medida que pueden afectar al RM est\u00e1 la posibilidad de sustituir<\/strong> al \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0y a los directores generales de la entidad afectada lo que ser\u00e1 realizado por el FROB, conforme al\u00a0art. 22 de la Ley<\/a>\u00a0y 33 de este RD. En el nombramiento que haga el FROB se le pueden imponer limitaciones<\/strong> al \u00f3rgano de administraci\u00f3n nombrado, determinado sus facultades y forma de actuaci\u00f3n<\/strong> siendo todo ello inscribible en el Registro Mercantil.<\/p>\n 2. Como resoluciones de propiedad<\/strong> de posible aplicaci\u00f3n al RM y de BM podemos considerar las siguientes:<\/p>\n — \u00a0La de 14 de octubre en la que declara que en ejecuci\u00f3n hipotecaria<\/strong>, para que la notificaci\u00f3n al deudor persona jur\u00eddica en domicilio distinto<\/strong> al consignado en el registro produzca efectos deber ser realizada a los administradores de la sociedad<\/strong>.<\/p>\n — La de 19 de octubre que determina que en fase de ejecuci\u00f3n de concurso es posible la cancelaci\u00f3n de embargos administrativos<\/strong> siempre que, aparte de la autorizaci\u00f3n para la venta por el juez del concurso, se acompa\u00f1e el pertinente mandamiento cancelatorio.<\/p>\n — La de 20 de octubre sobre juicio de suficiencia notarial<\/strong> el cual debe hacer referencia al autocontrato<\/strong> si en el negocio documentado existe el mismo.<\/p>\n — La de 27 de octubre exigiendo la expresi\u00f3n manuscrita<\/strong> cualquiera que sea la cl\u00e1usula de variabilidad de intereses, es decir aunque no se trate de una cl\u00e1usula suelo<\/strong>.<\/p>\n — La de 27 de octubre sobre cancelaci\u00f3n de hipotecas por caducidad<\/strong> estimando que el plazo se interrumpe<\/strong> si existe nota marginal de expedici\u00f3n de cargas.<\/p>\n — Y la de 30 de octubre declarando que por dudas acerca de su autenticidad<\/strong> no puede despacharse un auto judicial en el que la expresi\u00f3n de que es firme aparece manuscrita<\/strong> mientras que el resto de su contenido aparece mecanografiado.<\/p>\n 3. Como resoluciones de mercantil<\/strong> de inter\u00e9s se han publicado las siguientes:<\/p>\n — La de 13 de octubre declarando la necesariedad de que en los acuerdos conste la mayor\u00eda en tanto por ciento<\/strong> con el que se adoptan los mismos. Por tanto no vale decir simplemente que lo fueron \u201cpor mayor\u00eda\u201d.<\/p>\n — La de 19 de octubre sobre la imposibilidad de constituir una sociedad relacionada con el cannabis<\/strong> sativa sin contar con las autorizaciones pertinentes.<\/p>\n — La de 20 de octubre admitiendo como v\u00e1lido un informe de auditor con opini\u00f3n desfavorable<\/strong> para depositar las cuentas de una sociedad.<\/p>\n — La de 21 de octubre que en fusi\u00f3n de sociedades reitera la DG la necesidad de respetar escrupulosamente las reglas de convocatoria establecidas en estatutos<\/strong> y declara que si en alguna de las sociedades afectadas por la fusi\u00f3n hay designado un auditor a instancias de la minor\u00eda, la fusi\u00f3n no puede llevarse a cabo sin que sea realizada la misma.<\/p>\n — La de 29 de octubre declarando admisible e inscribible<\/strong> una cl\u00e1usula estatutaria que obliga a someter las diferencias con la sociedad a la junta general<\/strong> antes de entablar demanda.<\/p>\n — La de 4 de noviembre que declara que si una fusi\u00f3n implica reducci\u00f3n del capital basta con un solo anuncio para ambos acuerdos<\/strong> y que si el administrador declara que un acreedor que se ha opuesto est\u00e1 debidamente garantizado no puede exigirse su conformidad.<\/p>\n — La de 5 de noviembre declarando que si se establece una retribuci\u00f3n a favor del Consejero delegado<\/strong> no es necesario hace referencia en los estatutos al contrato<\/strong> a celebrar con el mismo.<\/p>\n — Y finalmente la de 27 de octubre confirmando que los t\u00e9rminos o expresiones gen\u00e9ricas<\/strong> como la de Espa\u00f1a no implican diferenciaci\u00f3n<\/strong> en la denominaci\u00f3n de las sociedades.<\/p>\n Como sabemos la DT 6\u00aa de la Ley de reforma mercantil aprobada por la Ley 19\/1989, de 25 de julio<\/strong>, vino a establecer la disoluci\u00f3n de pleno derecho, con cancelaci\u00f3n de asientos y cierre de su hoja registral, de todas aquellas sociedades an\u00f3nimas que antes de 31 de diciembre de 1995, no hubieran presentado en el Registro Mercantil la escritura o escrituras en las que consten el acuerdo de aumentar el capital social hasta el m\u00ednimo entonces establecido de diez millones de pesetas, equivalentes a 60.101,21 euros, hoy de 60.000 euros. Dicha DT 6\u00aa pas\u00f3 al TR de la LSA aprobado por RDLeg 1564\/1989 de 22 de diciembre<\/a>. En concreto dicha DT6\u00aa.2 ven\u00eda a establecer de forma literal lo siguiente: \u201c2. Si antes del 31 de diciembre de 1995 las sociedades an\u00f3nimas no hubieran presentado en el Registro Mercantil la escritura o escrituras en las que consten el acuerdo de aumentar el capital social hasta el m\u00ednimo legal, la suscripci\u00f3n total de las acciones emitidas y el desembolso de una cuarta parte, por lo menos, del valor de cada una de sus acciones, quedar\u00e1n disueltas de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador los asientos correspondientes a la sociedad disuelta. No obstante la cancelaci\u00f3n, subsistir\u00e1 la responsabilidad personal y solidaria de administradores, gerentes, directores generales y liquidadores por las deudas contra\u00eddas o que se contraigan en nombre de la sociedad\u201d.<\/p>\n La DGRN<\/strong>, en m\u00faltiples resoluciones, vino a interpretar dicha disposici\u00f3n transitoria en el sentido de que pese a la cancelaci\u00f3n proclamada por la Ley de todas las inscripciones de la sociedad, todav\u00eda segu\u00eda siendo posible, como no podr\u00eda ser de otro modo, la inscripci\u00f3n del acuerdo de liquidaci\u00f3n<\/strong> de la sociedad con adjudicaci\u00f3n del haber social. E incluso, dando un paso m\u00e1s en su labor interpretadora, tambi\u00e9n vino a establecer que ser\u00eda igualmente posible la reactivaci\u00f3n o la transformaci\u00f3n<\/strong> de la sociedad. Citemos por todas, ya que es muy reciente y en ella se recogen en el vistos todas las resoluciones anteriores, la resoluci\u00f3n de 12 de marzo de 2013<\/a>. Esta doctrina, iniciada por la resoluci\u00f3n de 27 de diciembre de 1999, fue recogida de forma expresa en el RRM de 1996 en su DT8\u00aa<\/a>.<\/p>\n Pues bien el problema se plantea<\/strong> cuando al aprobarse el TR de la Ley de Sociedades de Capital por RDLeg 1\/2010, dicha DT6\u00aa desaparece de su articulado derog\u00e1ndose al propio tiempo el RDLeg que aprob\u00f3 el TR de la LSA y por consiguiente la citada DT6\u00aa (cfr. Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica del RDLeg 1\/2010<\/a>).<\/p>\n Por lo tanto lo que nos preguntamos en estas breves notas es si a partir de 1 de septiembre de 2010<\/strong>, fecha de entrada en vigor de la LSC, se podr\u00e1n seguir cancelando en los RRMM<\/strong> las sociedades an\u00f3nimas con un capital inferior al m\u00ednimo legal. El problema no es de laboratorio pues pese al tiempo transcurrido, todav\u00eda siguen apareciendo en los libros de los distintos RRM muchas sociedades an\u00f3nimas en dicha situaci\u00f3n, situaci\u00f3n que se revela normalmente cuando se pide una certificaci\u00f3n o nota simple de la sociedad afectada.<\/p>\n La resoluci\u00f3n de la DGRN de 11 de noviembre de 2015<\/a>, sobre un supuesto de denegaci\u00f3n de una denominaci\u00f3n social coincidente con otra previamente inscrita, en uno de sus fundamentos de derecho, para desmontar las alegaciones del recurrente, alude a la DT 6\u00aa tantas veces citada. \u00a0S\u00f3lo nos vamos a detener en una de las afirmaciones de la DG en uno de sus fundamentos de derecho. Apunta el CD que la disposici\u00f3n transitoria sexta<\/strong> del texto refundido de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas de 22 de diciembre de 1989, que ordenaba la disoluci\u00f3n de pleno derecho de las sociedades que a 31 de diciembre de 1995 no hubieran alcanzado el capital social m\u00ednimo de 10 millones de pesetas, ha quedado derogada<\/strong>. Efectivamente y as\u00ed ha sido pues la disposici\u00f3n derogatoria del TRLSC aprobado por RDLeg 1\/2010 deroga expresamente, como hemos dicho, el TR de la LSA de 1989 en el cual se conten\u00eda la norma de referencia. Con ello parece dar a entender que ya no es posible la disoluci\u00f3n de pleno derecho que la DT proclamaba.<\/p>\n Prescindiendo ahora de la regularidad o no de esa derogaci\u00f3n<\/strong>, pues un TR, seg\u00fan adem\u00e1s se dice en la EM de este, es \u201cel resultado de la regularizaci\u00f3n, la aclaraci\u00f3n y la armonizaci\u00f3n<\/strong> de los plurales textos legales\u201d que se refunden y por tanto, en principio, no parece muy adecuado que derogue una DT de claro car\u00e1cter sustantivo y adem\u00e1s purificador de sociedades presuntamente inexistentes, pudiera parecer que ya no es posible<\/strong> la constataci\u00f3n de la disoluci\u00f3n de pleno derecho de las sociedades an\u00f3nimas que no hayan adaptado su capital al m\u00ednimo legal. Nos parece que ello no es as\u00ed pues el RRM de 1996<\/strong>, tambi\u00e9n regulaba esa disoluci\u00f3n de pleno derecho en su\u00a0 Disposici\u00f3n Transitoria octava disponiendo de forma expresa que \u201c<\/strong>Las sociedades an\u00f3nimas que el 31 de diciembre de 1995 no hubieran presentado en el Registro Mercantil la escritura o escrituras en las que consten el acuerdo de aumentar el capital social hasta el m\u00ednimo legal, la suscripci\u00f3n total de las acciones emitidas y el desembolso de una cuarta parte, por lo menos, del valor de cada una de sus acciones, quedar\u00e1n disueltas de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador los asientos correspondientes a la sociedad disuelta, sin perjuicio de la pr\u00e1ctica de los asientos a que d\u00e9 lugar la liquidaci\u00f3n o la reactivaci\u00f3n, en su caso, acordada<\/strong>. No obstante la cancelaci\u00f3n, subsistir\u00e1 la responsabilidad personal y solidaria de administradores, gerentes, directores generales y liquidadores por las deudas contra\u00eddas o que se contraigan en nombre de la sociedad\u201d.<\/p>\n Aunque pudiera pensarse que esa DT 8\u00aa<\/strong> tambi\u00e9n qued\u00f3 derogada<\/strong> al derogarse el texto legal en que se basaba, no nos parece a nosotros as\u00ed pues, aparte de la utilidad que presta la misma para limpiar el registro de sociedades irregulares, al recogerse la disposici\u00f3n en un texto reglamentario<\/strong> que ahora cubre un vac\u00edo legal y que se apoyaba en un texto de esta naturaleza, parece que la misma debe seguir siendo aplicable<\/strong>. Adem\u00e1s la DT8\u00aa del RRM no ha sido expresamente derogada. Y a mayor abundamiento el RDLeg 1\/2010 en su disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica se limita a hacer una derogaci\u00f3n expresa de las normas que refunde<\/strong> pero para nada a\u00f1ade que quedan derogadas las dem\u00e1s disposiciones que se opongan a lo establecido en sus preceptos u otras normas de inferior rango legal.<\/p>\n Por tanto en\u00a0 nuestra opini\u00f3n actualmente y en base al RRM podremos seguir disolviendo aquellas sociedades an\u00f3nimas que queden en los libros del registro y cuyo capital no alcance el m\u00ednimo legal<\/strong>. Cualquier otra interpretaci\u00f3n, am\u00e9n de injusta con las ya disueltas antes de 2010, carecer\u00eda de sentido al dejar vivas unas sociedades que incumplen un precepto b\u00e1sico regulador de la forma social an\u00f3nima. As\u00ed resulta adem\u00e1s del art\u00edculo 4 del TRLSC y sobre todo del art. 360,1.b. del mismo TR cuando dispone la disoluci\u00f3n de pleno derecho, \u00a0una vez transcurrido un a\u00f1o desde la adopci\u00f3n del acuerdo de reducci\u00f3n del capital social por debajo del m\u00ednimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformaci\u00f3n o la disoluci\u00f3n de la sociedad, o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al m\u00ednimo legal\u201d. Si bien el caso contemplado en este precepto no es id\u00e9ntico al de las sociedades anteriores a 1990 con capital inferior al m\u00ednimo legal parece clara la intenci\u00f3n del legislador<\/strong> de no dejar sobrevivir en el registro mercantil ninguna sociedad, sea por la causa que sea, cuyo capital no alcance el m\u00ednimo legal.<\/p>\n Creemos que la soluci\u00f3n propuesta es la m\u00e1s congruente<\/strong> con lo que se ha venido haciendo desde 31 de diciembre de 1995 pues si esas sociedades no se disuelven de pleno derecho, public\u00e1ndose la disoluci\u00f3n en el BORME, se estar\u00eda prolongando una situaci\u00f3n irregular en el registro, creando una diferencia injustificada con todas las sociedades cuya disoluci\u00f3n se formaliz\u00f3 al amparo de la DT6\u00aa del TR de 1989. Adem\u00e1s dichas sociedades, por unos motivos u otros, es obvio que no pueden subsistir en su situaci\u00f3n actual pues pese a la no disoluci\u00f3n si opt\u00e1ramos por esta v\u00eda, el \u00fanico acuerdo posible<\/strong> ser\u00eda el aumento de su capital social o la transformaci\u00f3n de la sociedad y eso es perfectamente posible previa reactivaci\u00f3n, con la doctrina que emana del RRM y de la propia DGRN.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Orden ECC\/2316\/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de informaci\u00f3n y clasificaci\u00f3n de productos financieros.<\/p>\n Seg\u00fan la\u00a0E. de M<\/strong>., es preciso dotar a los clientes financieros de\u00a0documentaci\u00f3n precontractual estandarizada<\/strong>\u00a0que exponga, de forma f\u00e1cilmente comprensible y visual, la informaci\u00f3n imprescindible\u00a0sobre cada producto<\/em><\/strong>\u00a0y lo haga en un mismo formato homog\u00e9neo y mediante un sistema de representaci\u00f3n gr\u00e1fico com\u00fan. Estas nuevas herramientas\u00a0no sustituyen a la informaci\u00f3n precontractual de car\u00e1cter obligatorio<\/em><\/strong>.\u00a0<\/p>\n Objeto.\u00a0<\/strong>Esta orden ministerial tiene por\u00a0objeto garantizar un adecuado nivel de protecci\u00f3n al cliente o potencial cliente de productos financieros<\/em><\/strong>\u00a0mediante el establecimiento de un sistema normalizado de informaci\u00f3n y clasificaci\u00f3n que le advierta sobre su\u00a0nivel de riesgo<\/em><\/strong>\u00a0y le permita\u00a0elegir<\/em><\/strong>\u00a0los que mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversi\u00f3n.<\/p>\n \u00c1mbito objetivo<\/strong>. Se aplica a los siguientes productos financieros:<\/p>\n a) Los\u00a0valores negociables<\/em><\/strong>emitidos por personas o entidades, p\u00fablicas o privadas, y agrupados en emisiones (1 LMV<\/a>).<\/p>\n b) Los\u00a0dep\u00f3sitos bancarios<\/em><\/strong>incluyendo, entre otros, los dep\u00f3sitos a la vista, de ahorro y a plazo.<\/p>\n c) Los productos de\u00a0seguros de vida<\/em><\/strong>con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsi\u00f3n asegurados.<\/p>\n d) Los\u00a0planes de pensiones<\/em><\/strong>individuales y asociados.<\/p>\n Hay\u00a0exclusiones<\/strong>\u00a0como seguros colectivos o la deuda p\u00fablica (art. 2.2).<\/p>\n \u00c1mbito subjetivo.\u00a0<\/strong>Se enumeran las\u00a0entidades afectadas<\/em><\/strong>\u00a0cuando presten servicios de inversi\u00f3n o comercialicen, en territorio espa\u00f1ol, alguno de los productos financieros referidos a clientes o clientes potenciales. Entre ellas se encuentran las entidades de cr\u00e9dito, las aseguradoras, las empresas de servicios de inversi\u00f3n, los establecimientos financieros de cr\u00e9dito o las gestoras de fondos de pensiones.<\/p>\n Para la determinaci\u00f3n de las clases establecidas en el art\u00edculo anterior, se tendr\u00e1n en cuenta las\u00a0calificaciones del producto financiero<\/strong>\u00a0-emitidas por las Agencias de Calificaci\u00f3n Externas-, en su defecto las del originador o emisor y en defecto de las dos anteriores las del garante. Hay\u00a0dos niveles<\/strong>, el nivel 1 (mejor) y nivel 2 (peor).<\/p>\n Tienen un r\u00e9gimen especial los planes de pensiones (ver D. Ad. 3\u00aa).<\/p>\n D\u00f3nde y cu\u00e1ndo.\u00a0<\/strong>El indicador de riesgo y, en su caso, las alertas sobre liquidez y complejidad deber\u00e1n incluirse:<\/p>\n a) En las comunicaciones publicitarias.<\/p>\n b) En la descripci\u00f3n general de la naturaleza y los riesgos del producto financiero que deba facilitarse a los clientes o potenciales clientes con car\u00e1cter previo a la adquisici\u00f3n. Tambi\u00e9n en los casos de comercializaci\u00f3n a distancia.<\/p>\n Fondo de garant\u00eda de dep\u00f3sitos.\u00a0<\/strong>Las entidades incorporar\u00e1n junto al indicador de riesgo, en el caso de los dep\u00f3sitos bancarios, la\u00a0identidad<\/em><\/strong>\u00a0del fondo de garant\u00eda de dep\u00f3sitos al que se encuentre adherida la entidad y el\u00a0importe m\u00e1ximo<\/em><\/strong>\u00a0que garantiza.<\/p>\n Entrar\u00e1 en vigor el\u00a05 de febrero de 2016<\/strong>.<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-11932 – 14\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 336\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Orden ECC\/2326\/2015, de 30 de octubre, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1432\/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisi\u00f3n de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos cient\u00edficos y tecnol\u00f3gicos, a efectos de la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de deducciones fiscales por actividades de investigaci\u00f3n y desarrollo e innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, y por la que se establece la obligatoriedad de la tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica del procedimiento de solicitud de emisi\u00f3n de dichos informes por el Centro para el Desarrollo Tecnol\u00f3gico Industrial.<\/p>\n El\u00a0Real Decreto 1432\/2003, de 21 de noviembre<\/a>\u00a0regula la emisi\u00f3n de\u00a0informes<\/strong>\u00a0motivados relativos al\u00a0cumplimiento de requisitos cient\u00edficos y tecnol\u00f3gicos<\/strong>\u00a0a efectos de la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de\u00a0deducciones fiscales<\/strong>\u00a0por actividades de investigaci\u00f3n, desarrollo e innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n Tiene unos\u00a0anexos<\/strong>\u00a0con formularios normalizados para la presentaci\u00f3n de las solicitudes dirigidas a los \u00f3rganos competentes para la emisi\u00f3n del citado informe motivado. Ahora se modifica uno de estos modelos de solicitud (modelo 2 del anexo I) para adaptarlo a la\u00a0tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/strong>, e imponer la obligatoriedad de utilizar esta forma de tramitaci\u00f3n.<\/p>\n PDF (BOE-A-2015-11985 – 3\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 165\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Real Decreto 1012\/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11\/2015, de 18 de junio, de recuperaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n, y por el que se modifica el Real Decreto 2606\/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garant\u00eda de dep\u00f3sitos de entidades de cr\u00e9dito.<\/p>\n La normativa para afrontar las situaciones de potencial\u00a0dificultad en la que se pueden encontrar las entidades de cr\u00e9dito<\/strong>\u00a0y las empresas de servicios de inversi\u00f3n se encuentra fundamentalmente en la\u00a0Ley 11\/2015 de 18 de junio<\/strong><\/a>\u00a0y su predecesora la\u00a0Ley 9\/2012, de 14 de noviembre<\/strong><\/a>, de reestructuraci\u00f3n y resoluci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito.<\/p>\n En el\u00a0\u00e1mbito europeo<\/strong>\u00a0son esenciales la\u00a0Directiva 2014\/59\/UE<\/strong><\/a>, por la que se establece un marco para la reestructuraci\u00f3n y la resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n y el\u00a0Reglamento (UE) n\u00famero 806\/2014<\/strong><\/a>.<\/p>\n Los\u00a0principios<\/strong>\u00a0que inspiran estas disposiciones son\u00a0cuatro:<\/strong><\/p>\n – la necesidad de instaurar una\u00a0fase preventiva<\/strong>\u00a0que detecte tempranamente la situaci\u00f3n de dificultad y que, en caso de que se considere que una entidad deba ser liquidada, su resoluci\u00f3n se haga de manera ordenada;<\/p>\n – la articulaci\u00f3n de un\u00a0procedimiento especial<\/strong>, \u00e1gil y eficaz, que permita acometer la resoluci\u00f3n de estas entidades\u00a0sin acudir a la legislaci\u00f3n concursal<\/em><\/strong>\u00a0cuando razones de inter\u00e9s p\u00fablico y de protecci\u00f3n de la estabilidad financiera lo exijan;<\/p>\n – la\u00a0separaci\u00f3n entre\u00a0<\/strong>las\u00a0funciones<\/strong>\u00a0de\u00a0supervisi\u00f3n y de resoluci\u00f3n<\/em><\/strong>, con el fin de evitar el conflicto de intereses en que podr\u00eda incurrir la autoridad supervisora;<\/p>\n – Y asegurar que la absorci\u00f3n de las\u00a0p\u00e9rdidas\u00a0<\/strong>de la resoluci\u00f3n se realiza\u00a0por los accionistas y acreedores<\/strong>\u00a0de la entidad, y no con recursos p\u00fablicos.<\/p>\n El\u00a0presente real decreto<\/strong>\u00a0concluye la trasposici\u00f3n de la citada Directiva y tambi\u00e9n desarrolla determinados aspectos de la\u00a0Ley 11\/2015, de 18 de junio<\/a>, en especial los de car\u00e1cter organizativo. Cuenta con\u00a0nueve cap\u00edtulos<\/strong>.<\/p>\n Cap\u00edtulo I Disposiciones generales.\u00a0<\/strong>Entre ellas se encuentran:<\/p>\n –\u00a0\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/em>\u00a0<\/strong>En cuanto a las entidades afectadas, hay remisi\u00f3n al\u00a0art. 1 de la ley<\/a>\u00a0y a sus exclusiones. \u00a0Entre ellas se encuentran las entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n, con capital social superior a 730000 euros, establecidas en Espa\u00f1a y las sucursales de ambas; las entidades financieras establecidas en Espa\u00f1a, y las sociedades financieras de cartera.<\/p>\n – Los criterios para modular la aplicaci\u00f3n de la normativa de resoluci\u00f3n y permitir el establecimiento de\u00a0obligaciones simplificadas<\/em><\/strong>\u00a0y de\u00a0exenciones<\/em><\/strong>\u00a0para determinadas entidades.<\/p>\n – Forma en que deber\u00e1 realizarse la\u00a0valoraci\u00f3n<\/strong>\u00a0de las entidades con car\u00e1cter previo a la adopci\u00f3n de cualquier medida de resoluci\u00f3n, tanto la provisional como la definitiva.<\/p>\n Cap\u00edtulo II.<\/strong>\u00a0Planificaci\u00f3n de la recuperaci\u00f3n y actuaci\u00f3n temprana.<\/strong><\/p>\n – Se desarrollan los\u00a0Resumen del resumen:<\/strong><\/span><\/h6>\n
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\u00bfSigue siendo posible la disoluci\u00f3n de pleno derecho de las sociedades an\u00f3nimas que en 31\/12\/1995, no contaran con el capital m\u00ednimo de diez millones de pesetas o 60.101, 21 euros?<\/strong><\/span><\/h6>\n
DISPOSICIONES GENERALES:<\/strong>\u00a0^<\/strong><\/a><\/span><\/h6>\n<\/a>
Productos financieros: informaci\u00f3n y clasificaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h6>\n
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Impuesto sobre Sociedades. Deducciones<\/strong><\/span><\/h6>\n
Resoluci\u00f3n de entidades financieras<\/strong><\/span><\/h6>\n