{"id":124381,"date":"2025-02-09T11:18:36","date_gmt":"2025-02-09T10:18:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=124381"},"modified":"2025-12-23T19:32:31","modified_gmt":"2025-12-23T18:32:31","slug":"resumen-rdley-1-2025-de-28-de-enero-de-medidas-economicas-transporte-seguridad-social-y-vulnerabilidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/concretas\/resumen-rdley-1-2025-de-28-de-enero-de-medidas-economicas-transporte-seguridad-social-y-vulnerabilidad\/","title":{"rendered":"Resumen RDLey 1\/2025, de 28 de enero, de medidas econ\u00f3micas, transporte, Seguridad Social y vulnerabilidad."},"content":{"rendered":"

RESUMEN DEL NUEVO REAL DECRETO LEY \u00d3MNIBUS<\/span><\/h1>\n

\u00c1lvaro Cordero Taborda, notario de Valoria la Buena<\/h2>\n

Real Decreto-ley 1\/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia econ\u00f3mica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.<\/span><\/a><\/p>\n

RESUMEN EN BREVE:<\/span> <\/strong><\/p>\n

Real Decreto-ley que sustituye parcialmente al no convalidado RDLey 9\/2024, recogiendo medidas en el \u00e1mbito econ\u00f3mico, de transporte o de Seguridad Social: transporte p\u00fablico, pensiones, cotizaciones Seguridad Social, suspensi\u00f3n de desahucios, garant\u00edas y avales p\u00fablicos para inquilinos y propietarios, consumidores vulnerables, bicicletas el\u00e9ctricas, escudo antiopas, disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas, transmisi\u00f3n al PNV del palacete del Instituto Cervantes de Par\u00eds, endeudamiento auton\u00f3mico…<\/span><\/p>\n

Estructura de la norma<\/strong>:<\/span> Contiene cuatro t\u00edtulos, 83 art\u00edculos, tres disposiciones adicionales, una disposici\u00f3n transitoria, una disposici\u00f3n derogatoria, nueve disposiciones finales y dos anexos.<\/p>\n<\/a>

T\u00cdTULO I: MEDIDAS EN MATERIA ECON\u00d3MICA Y DE FINANCIACI\u00d3N TERRITORIAL<\/span><\/h6>\n

El T\u00edtulo I<\/a><\/strong>, subdividido en dos cap\u00edtulos, recoge medidas en materia econ\u00f3mica y de financiaci\u00f3n territorial<\/strong>.<\/p>\n

En el Cap\u00edtulo I<\/a><\/strong>, relativo a las medidas econ\u00f3micas<\/strong>, se dispone la aplicaci\u00f3n hasta el 31 de diciembre de 2026, del r\u00e9gimen transitorio de suspensi\u00f3n de liberalizaci\u00f3n de determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea (UE) y de la Asociaci\u00f3n Europea de Libre Comercio (AELC), regulado en los apartados 2 y 5 del art. 7 bis de la Ley 19\/2003, de 4 de julio, sobre r\u00e9gimen jur\u00eddico de los movimientos de capitales y de las transacciones econ\u00f3micas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. Se modifica al efecto la Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica del Real Decreto-ley 34\/2020, de 17 de noviembre.<\/p>\n

<\/a>Tambi\u00e9n incluye, en su art\u00edculo 2<\/a>, la suspensi\u00f3n de la causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas<\/strong> provocada por diversos acontecimientos naturales. Aquellas sociedades mercantiles que se hayan visto afectadas por p\u00e9rdidas derivadas de los efectos causados por la DANA (de oto\u00f1o 2024), no incluir\u00e1n el importe de las mismas a efectos del c\u00e1lculo de la causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas prevista en el art\u00edculo 363.1.e) TRLSC<\/a>, hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el a\u00f1o 2026. En la memoria que acompa\u00f1e a las cuentas anuales se incluir\u00e1 informaci\u00f3n al respecto.\u00a0Si, excluidas las p\u00e9rdidas de los a\u00f1os 2024 y 2025 en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el apartado anterior, en el resultado del ejercicio 2024, 2025 y 2026 se apreciaran otras p\u00e9rdidas<\/strong> que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deber\u00e1 convocarse por los administradores o podr\u00e1 solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al art\u00edculo 365<\/a> de la citada Ley, la celebraci\u00f3n de Junta para proceder a la disoluci\u00f3n de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo II<\/a><\/strong> contempla un r\u00e9gimen excepcional en materia de endeudamiento auton\u00f3mico en 2025<\/strong>. De forma excepcional, el Estado podr\u00e1 autorizar a la Comunidad Valenciana a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiaci\u00f3n<\/u> para cubrir las necesidades de financiaci\u00f3n correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad aut\u00f3noma en respuesta a la situaci\u00f3n de emergencia derivada de la DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.<\/p>\n<\/a>

T\u00cdTULO II: AYUDAS DIRECTAS AL TRANSPORTE DE VIAJEROS<\/span><\/strong><\/h6>\n

El T\u00edtulo II<\/a><\/strong> se dedica a medidas en materia de transporte terrestre<\/strong>. Sigue la estela del Real Decreto-ley 14\/2022, de 1 de agosto, que introdujo medidas relativas a la gratuidad del transporte p\u00fablico de media distancia por ferrocarril y el incremento de la l\u00ednea de ayudas directas para el transporte urbano y por carretera, apoyando financieramente a entidades locales y CCAA que prestan servicio de transporte colectivo urbano o interurbano, a RENFE y a los concesionarios nacionales del servicio regular de viajeros por carretera. El Real Decreto-ley insiste en estas medidas, justific\u00e1ndolo en que no se han conseguido los objetivos marcados por el Plan Integrado de Energ\u00eda y Clima (PNIEC) en materia de trasvase modal y descarbonizaci\u00f3n, por lo que se crea un nuevo sistema de ayudas que entrar\u00e1 en vigor a partir del 1 de julio. Hasta entonces, se extienden hasta el 30 de junio las medidas contenidas en los arts. 64 a 73 del Real Decreto-ley 8\/2023, de 27 de diciembre.<\/p>\n

Estas medidas se centran en los t\u00edtulos de transporte multiviaje, la gratuidad de los t\u00edtulos dirigidos a poblaci\u00f3n infantil y la ayuda del 50% en los de poblaci\u00f3n juvenil, y para el resto de la poblaci\u00f3n, una ayuda del 20% de la tarifa en la adquisici\u00f3n de dichos t\u00edtulos multiviaje, siempre que la administraci\u00f3n beneficiaria de la ayude subvencione la tarifa con, al menor, otro 20%.<\/p>\n

A lo largo de sus siete cap\u00edtulos, se desgranan los distintos transportes y descuentos, as\u00ed como ayudas para el fomento de los servicios p\u00fablicos de pr\u00e9stamo de bicicletas.<\/p>\n<\/a>

T\u00cdTULO III: MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

El T\u00edtulo III<\/a><\/strong> contiene medidas en materia de Seguridad Social y empleo<\/strong>.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo I<\/a><\/strong> se dedica a medidas en materia de pensiones y otras prestaciones p\u00fablicas. La falta de aprobaci\u00f3n de Presupuestos Generales del Estado para 2025 determina la pr\u00f3rroga de los de 2023, a falta de aprobaci\u00f3n de los de 2024. El Consejo de Estado dictamin\u00f3 que la revalorizaci\u00f3n de las pensiones no es, como regla general, objeto de la pr\u00f3rroga presupuestaria prevista en el art. 134.4 CE, lo que requiere un expreso pronunciamiento legislativo, objeto de este cap\u00edtulo, revaloriz\u00e1ndolas en un 2,8%<\/strong> junto a otras prestaciones p\u00fablicas, cifra resultante del valor medio de las tasas de variaci\u00f3n interanual expresadas en tanto por ciento IPC de los doce meses previos a diciembre del a\u00f1o anterior. Asimismo, se ha actualizado la base m\u00e1xima de cotizaci\u00f3n al sistema de Seguridad Social, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de la nueva cotizaci\u00f3n de solidaridad<\/strong> regulada en el art. 19 bis<\/a> del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se aplica desde el 1 de enero de 2025.<\/p>\n

El Cap\u00edtulo II<\/a><\/strong> contempla otras medidas en materia de Seguridad Social<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  1. Una nueva disposici\u00f3n transitoria en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado<\/a> para hacer extensible a este R\u00e9gimen Especial la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n transitoria trig\u00e9sima novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina el incremento progresivo de la cuant\u00eda m\u00e1xima inicial prevista en el art. 57 de aquella norma para las pensiones que se causen desde 2025 a fin de acompasarla con el progresivo incremento aplicado a la base m\u00e1xima de cotizaci\u00f3n desde 2024.<\/li>\n
  2. Se modifica la disposici\u00f3n adicional quinta de la Ley 47\/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protecci\u00f3n social de las personas trabajadoras del sector mar\u00edtimo-pesquero, para que la cotizaci\u00f3n adicional de solidaridad no resulte de aplicaci\u00f3n a las personas trabajadoras por cuenta propia del R\u00e9gimen Especial del Mar, dado que esa cotizaci\u00f3n adicional es de aplicaci\u00f3n exclusiva a las personas trabajadoras por cuenta ajena.<\/li>\n
  3. Se modifica la Ley General de la Seguridad Social, en relaci\u00f3n con los beneficios en la cotizaci\u00f3n a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulaci\u00f3n temporal de empleo<\/strong> y al Mecanismo RED; que est\u00e1n actualmente condicionados al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalizaci\u00f3n del periodo de vigencia del expediente de regulaci\u00f3n temporal de empleo.<\/li>\n
  4. Con la finalidad de permitir una mejor adaptaci\u00f3n a las circunstancias particulares de cada caso y de garantizar, en su caso, un compromiso reforzado de mantenimiento de los puestos de trabajo<\/strong>, se modifica el apartado 10 de la disposici\u00f3n adicional cuadrag\u00e9sima cuarta TRLGSS<\/a>, para establecer que esa obligaci\u00f3n se extender\u00e1 durante un m\u00ednimo de seis meses y m\u00e1ximo de dos a\u00f1os siguientes al periodo de vigencia del expediente de regulaci\u00f3n temporal de empleo.<\/li>\n<\/ol>\n

    El Cap\u00edtulo III<\/a><\/strong> incluye como medida en materia de empleo<\/strong> que las empresas beneficiaras de las ayudas directas<\/strong> previstas en el presente Real Decreto-ley no podr\u00e1n esgrimir el aumento de los costes energ\u00e9ticos como causa objetiva de despido<\/strong> hasta el 31 de diciembre de 2025. El incumplimiento de esta obligaci\u00f3n conllevar\u00e1 el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducci\u00f3n de jornada o suspensi\u00f3n de contratos reguladas en el art. 47 ET<\/a> por causas relacionadas con la invasi\u00f3n de Ucrania y que se beneficien de apoyo p\u00fablico no podr\u00e1n utilizar estas causas para realizar despidos.<\/p>\n<\/a>

    T\u00cdTULO IV: MEDIDAS DE APOYO A COLECTIVOS VULNERABLES<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

    El T\u00edtulo IV<\/a><\/strong> abarca medidas de apoyo a colectivos vulnerables<\/strong>.<\/p>\n

    El Cap\u00edtulo I<\/a>:<\/strong><\/p>\n

    – Suspende, hasta el 31 de diciembre de 2025, los procedimientos de desahucio y lanzamientos<\/strong>, modificando al efecto los arts. 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11\/2020, de 31 de marzo.<\/p>\n

    – Asimismo, ampl\u00eda el plazo hasta el 31 de enero de 2026 para solicitar compensaci\u00f3n por parte del arrendador<\/u> o propietario<\/strong> al amparo del Real Decreto-ley 37\/2020, de 22 de diciembre. As\u00ed, se establece que la referencia al 31 de diciembre de 2024 que se realiza en la Disp. Trans. 3\u00aa de la Ley 12\/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se entender\u00e1 hecha al 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n

    – Adem\u00e1s, se prev\u00e9 la creaci\u00f3n de una l\u00ednea de avales<\/strong> por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda para j\u00f3venes y familias vulnerables, cuyas condiciones deber\u00e1n ser objeto de desarrollo reglamentario. Ver resumen<\/a> del Real Decreto 1135\/2025, de 10 de diciembre, por el que se determinan las condiciones de la l\u00ednea de ayudas, por cuenta del Estado, para la cobertura en caso de impagos del alquiler de viviendas para j\u00f3venes y colectivos vulnerables.<\/p>\n

    El Cap\u00edtulo II<\/a><\/strong> contempla la aplicaci\u00f3n, hasta el 30 de junio de 2025, de las medidas dirigidas a la reconstrucci\u00f3n econ\u00f3mica de la isla de La Palma<\/strong> tras la erupci\u00f3n volc\u00e1nica de Cumbre Vieja:<\/p>\n

      \n
    1. Se mantiene el r\u00e9gimen de expedientes de regulaci\u00f3n temporal de empleo<\/u> vinculados a la situaci\u00f3n de fuerza mayor temporal para los centros de trabajo ubicados en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacote, afectados por la erupci\u00f3n.<\/li>\n
    2. Se extiende hasta dicha fecha el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social<\/u> de empresas y aut\u00f3nomos afectados en su actividad por la erupci\u00f3n volc\u00e1nica, la prestaci\u00f3n de cese de actividad para los trabajadores aut\u00f3nomos que se han visto obligados a cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupci\u00f3n volc\u00e1nica; y las medidas extraordinarias de Seguridad Social para los trabajadores aut\u00f3nomos y la exenci\u00f3n en el pago de cuotas a la Seguridad Social y conceptos de recaudaci\u00f3n conjunta, de superior cuant\u00eda que la aplicable con car\u00e1cter general, en los expedientes de regulaci\u00f3n temporal de empleo mencionados.<\/li>\n
    3. Se incluye una nueva disposici\u00f3n en el Real Decreto-ley 20\/2021, de 5 de octubre, con el fin de permitir a los deudores inscritos en el Registro de personas afectadas por el volc\u00e1n, de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte y cuyos ingresos principales provengan de la agricultura, solicitar una suspensi\u00f3n por seis meses adicionales de sus obligaciones de pago derivadas de los contratos de pr\u00e9stamo o cr\u00e9dito con o sin garant\u00eda hipotecaria<\/u>; aliviando de este modo la situaci\u00f3n de familias de agricultores que no pueden trabajar en sus fincas porque a\u00fan se encuentran afectadas.<\/li>\n<\/ol>\n

      El Cap\u00edtulo III<\/a><\/strong> incorpora la aplicaci\u00f3n de determinadas medidas dirigidas a consumidores vulnerables<\/strong>:<\/p>\n

        \n
      1. Se aplica hasta el 31 de diciembre de 2025 la garant\u00eda de suministro de agua y energ\u00eda<\/strong> a consumidores en los que concurra la condici\u00f3n de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusi\u00f3n social, conceptos definidos en los arts. 3 y 4 del RD 897\/2017, de 6 de octubre.<\/li>\n
      2. Se aplican tambi\u00e9n los valores extraordinarios de los descuentos del bono social<\/strong>, aprobados aprobados en el contexto de crisis energ\u00e9tica, a trav\u00e9s de la extensi\u00f3n de la senda decreciente que permitir\u00e1 alcanzar el r\u00e9gimen permanente de estos descuentos a partir del 1 de enero de 2026, frente al 1 de julio de 2025 como se hab\u00eda planteado inicialmente.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a>
        DISPOSICIONES ADICIONALES: EN PARTICULAR, T\u00cdTULO TRASLATIVO DEL PALACETE DE PAR\u00cdS<\/span><\/span>\u00a0A FAVOR DEL PNV<\/span><\/span><\/h6>\n

        La Disp. Adic. 1\u00aa<\/a><\/strong> mantiene la vigencia en 2025 del t\u00edtulo IV y del t\u00edtulo VIII de la Ley 31\/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2023, y sus normas de desarrollo, con las modificaciones y excepciones previstas en este real decreto-ley. Con ello se garantiza la seguridad jur\u00eddica en la aplicaci\u00f3n de las disposiciones sobre las pensiones y las cotizaciones sociales en 2025 en la situaci\u00f3n actualmente existente de pr\u00f3rroga presupuestaria.<\/p>\n

        La Disp. Adic. 2\u00aa<\/a><\/strong> recoge actuaciones concretas en materia de traspaso y compensaci\u00f3n de inmuebles al Partido Nacionalista Vasco. En particular, y por la entrada en vigor del Real Decreto-ley, se transfiere la propiedad de un inmueble sito en la Avenue Marceau<\/em> n\u00famero once de Par\u00eds al Partido Nacionalista Vasco, constituyendo esta misma disposici\u00f3n el t\u00edtulo traslativo del inmueble en virtud del cual se podr\u00e1 hacer constar la transferencia en cualesquiera registros p\u00fablicos<\/em>. El inmueble en cuesti\u00f3n estaba siendo utilizado por el Instituto Cervantes, siendo su sede en la capital francesa, por lo que la disposici\u00f3n recoge que el Instituto podr\u00e1 seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030, abonando desde el 1 de enero de 2025 una renta de mercado.<\/p>\n

        Esta disposici\u00f3n ha sido objeto de recurrente aparici\u00f3n en los medios. En primer lugar, merece un repaso de hechos, para lo cual, y huyendo de cuestiones ideol\u00f3gicas, utilizaremos los hechos que figuran en la STS 17-10-2003<\/a>, que resolvi\u00f3 el contencioso-administrativo que, sobre el particular, interpuso el PNV contra el Gobierno de Espa\u00f1a:<\/p>\n

          \n
        1. Iniciada la Guerra Civil Espa\u00f1ola, los miembros del Gobierno vasco se exiliaron. En 1937, la sociedad \u201cFINANCES ET ENTERPRISES, S. A.\u201d, domiciliada en Londres y de nacionalidad brit\u00e1nica, adquiri\u00f3 el inmueble siguiendo instrucciones del PNV, el cual carec\u00eda de personalidad jur\u00eddica en Francia y, con arreglo a las leyes del pa\u00eds vecino, no pod\u00eda optar a constituirse como asociaci\u00f3n pol\u00edtica en dicho pa\u00eds, por lo que la citada compa\u00f1\u00eda act\u00fao como testaferro (en t\u00e9rminos de la sentencia que se indica en el p\u00e1rrafo siguiente), en lo que considerar\u00edamos hoy un supuesto de fiducia.<\/li>\n
        2. Cuando Alemania invade Francia y ocupa Par\u00eds, toma el edificio el 20 de junio de 1940. Ante la posibilidad de que las autoridades alemanas confisquen el edificio, por tratarse de propiedad brit\u00e1nica, o bien que las denominadas Potencias del Eje pierdan la guerra, el Estado espa\u00f1ol ve la necesidad de hacerse con la propiedad del mismo, para convertirlo en embajada y tener as\u00ed un t\u00edtulo jur\u00eddico-pol\u00edtico de cierta solidez. As\u00ed las cosas, interpone demanda contra \u201cFINANCES ET ENTERPRISES, S. A.\u201d ante el Tribunal Civil del Sena, ganando el pleito. Consider\u00f3 el Tribunal que la adquisici\u00f3n del inmueble se hab\u00eda producido con fondos procedentes del Gobierno vasco, teniendo en cuenta que la persona que llevaba la contabilidad de dicho Gobierno vasco era el mismo que la llevaba del PNV. Se rechaz\u00f3 que el inmueble fuera adquirido con donativos procedentes de exiliados en Am\u00e9rica u otras v\u00edas de financiaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/li>\n
        3. La Ley 43\/1998, de 15 de diciembre, de Restituci\u00f3n o Compensaci\u00f3n a los Partidos Pol\u00edticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicaci\u00f3n de la normativa sobre responsabilidades pol\u00edticas del per\u00edodo 1936-1939<\/a> reconoc\u00eda el derecho a recuperar los bienes incautados, incluso si estos se encontraban en el extranjero, y de no ser posible por no haber quedado suficientemente identificados, por pertenecer a terceras personas distintas del Estado, por pertenecer al dominio p\u00fablico o por otra causa, el Estado compensar\u00eda pecuniariamente su valor.<\/li>\n
        4. El 22 de enero de 2001 el Consejo de Ministros rechaza la petici\u00f3n presentada por el PNV de la restituci\u00f3n del inmueble y, en su defecto, de obtener una compensaci\u00f3n, por considerar que el supuesto de hecho no encaja en la norma: la incautaci\u00f3n no hab\u00eda sido por las autoridades espa\u00f1olas, sino por Alemania, y el Estado espa\u00f1ol hab\u00eda recuperado la propiedad en virtud de una sentencia de un Tribunal franc\u00e9s, sentencia v\u00e1lida y firme.<\/li>\n
        5. El PNV recurri\u00f3 la resoluci\u00f3n en v\u00eda judicial. El Tribunal Supremo confirm\u00f3 la validez y firmeza de la resoluci\u00f3n dictada por el Tribunal franc\u00e9s y consider\u00f3 que el supuesto de hecho no entraba dentro de la Ley 43\/1998. La cuesti\u00f3n de la continuidad en la personalidad jur\u00eddica de la organizaci\u00f3n a lo largo de todo el siglo XX no fue esgrimida ni por el Consejo de Ministros ni tampoco a lo largo del proceso judicial, por lo que no existe pronunciamiento alguno sobre este extremo, al no ser objeto de controversia entre Administraci\u00f3n y administrado.<\/li>\n<\/ol>\n

          Para salvar el escollo de la norma, la Disp. Adic. 9\u00aa de la Ley 20\/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democr\u00e1tica<\/strong><\/a>, en su primer apartado, extendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la Ley 43\/1998 a bienes y derechos obtenidos en el extranjero en ejecuci\u00f3n del Acuerdo Internacional firmado entre el Estado Espa\u00f1ol y la Rep\u00fablica de Francia, el 25 de febrero de 1939 (Acuerdo B\u00e9rard-Jordana), la Ley de 30 de enero de 1940 y el Decreto de 6 de mayo de 1940; aun cuando el t\u00edtulo de propiedad del Reino de Espa\u00f1a hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de estados extranjeros<\/u>.<\/em> Y en su apartado segundo declara como beneficiarios a los partidos pol\u00edticos aun cuando tales bienes hubieran sido objeto de una fiducia o cualquier otra forma de cobertura jur\u00eddica sustentada en negocios o pactos de interposici\u00f3n personal.<\/p>\n

          Ahora bien, la referida Disp. Adic. 9\u00aa prev\u00e9 el plazo de un a\u00f1o para el ejercicio de los derechos y acciones de reclamaci\u00f3n, que comenzar\u00eda a partir del d\u00eda siguiente a la entrada en vigor de la ley, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2022. Transcurrido el plazo, y teniendo en cuenta que la adjudicaci\u00f3n de la propiedad al PNV tiene lugar por acto normativo y no por acto administrativo singular, realmente no nos encontramos ante el procedimiento regulado en la citada disposici\u00f3n, sino en una medida singular, de caso \u00fanico, que plantea el debate de las disposiciones legislativas de caso \u00fanico y si es posible, a trav\u00e9s de disposici\u00f3n legislativa, la transferencia de propiedad: una cosa es establecer un procedimiento general de restituci\u00f3n de la propiedad sobre determinados bienes, con arreglo a un procedimiento administrativo a desarrollar en ciertos plazos -lo que contempla la Disp. Adic. 9\u00aa-, y otra distinta es, directamente, atribuir la propiedad de un bien p\u00fablico a un sujeto privado al margen del sistema general de transferencia de la propiedad y como caso \u00fanico en cuanto al medio, al bien y al sujeto privado beneficiado por la misma.<\/p>\n

          A mayor abundamiento, destacar que el estatuto jur\u00eddico de la propiedad se rige por la lex rei sitae<\/em>, la francesa, con la dificultad que puede tener el reconocimiento de la norma fuera de suelo espa\u00f1ol, por cuanto no es una resoluci\u00f3n judicial que pueda reconducirse a las gen\u00e9ricas disposiciones sobre reconocimiento de efectos entre Estados.<\/p>\n

          Finalmente, esta disposici\u00f3n adicional contiene una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del PNV por la privaci\u00f3n del inmueble sito en Noyon (Francia) conocido como Hotel de Mont Renaud<\/em> (\u2026) y del localizado en Compans (Francia), denominado Ferme de I\u2019Hotel de Dieu.<\/em> Estos inmuebles fueron, asimismo, reclamados al Gobierno de Espa\u00f1a, siendo objeto de desestimaci\u00f3n en la referida resoluci\u00f3n, reclamaci\u00f3n que termin\u00f3 tambi\u00e9n en el Tribunal Supremo, quien se pronunci\u00f3 en la sentencia antes aludida. Dichos inmuebles, y seg\u00fan se indica en los \u201chechos\u201d de la sentencia, fueron adquiridos por la ya aludida sociedad brit\u00e1nica, y la solicitud al Gobierno fue desestimada por formularse fuera de plazo. El Tribunal Supremo acogi\u00f3 la misma argumentaci\u00f3n que para el inmueble de Par\u00eds.<\/p>\n

          La Disp. Adic. 3\u00aa<\/a><\/strong> ampl\u00eda el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de las medidas en materia agraria previstas en el t\u00edtulo IV del Real Decreto-ley 7\/2024, de 11 de noviembre<\/a>, a las producciones, parcelas, explotaciones agrarias y elementos afectos a las mismas de la provincia de Valencia que, habiendo sido gravemente afectados por la DANA, no se encuentren localizadas en el t\u00e9rmino de los municipios previstos en el art\u00edculo 23 de dicho real decreto-ley.<\/p>\n<\/a>

          DISPOSICIONES TRANSITORIA, DEROGATORIA Y FINALES<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

          Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica<\/a><\/strong>:<\/p>\n

          Establece la aplicaci\u00f3n de determinadas medidas del Real Decreto-ley.<\/p>\n

          Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica<\/a><\/strong>:<\/p>\n

          Suprime cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto-ley.<\/p>\n

          Disposiciones Finales<\/strong>:<\/p>\n

          La Disp. Final 1\u00aa<\/a><\/strong> modifica la Ley 43\/1998, de 15 de diciembre, de Restituci\u00f3n o Compensaci\u00f3n a los Partidos Pol\u00edticos<\/strong> de Bienes y Derechos incautados, atribuyendo al Ministerio de Pol\u00edtica Territorial y Memoria Democr\u00e1tica la instrucci\u00f3n de estos procedimientos.<\/p>\n

          La Disp. Final 2\u00aa<\/a><\/strong> modifica la Disp. Final 1\u00aa de la Ley 50\/2007, de 26 de diciembre, de modificaci\u00f3n de la Ley 43\/1998, de 15 de diciembre, de restituci\u00f3n o compensaci\u00f3n a los partidos pol\u00edticos<\/strong> de bienes y derechos incautados, permitiendo el desarrollo reglamentario por el Gobierno, a propuesta del Ministerio con competencia en materia de Memoria Democr\u00e1tica, y previo informe de los Ministerios con competencia en materia de Hacienda y Justicia.<\/p>\n

          La Disp. Final 3\u00aa<\/a><\/strong> modifica el art. 4 del Real Decreto-ley 6\/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los da\u00f1os causados por la DANA<\/strong>, ampliando el plazo de presentaci\u00f3n de ayudas, que venc\u00eda el 6 de febrero, extendi\u00e9ndolo a cuatro meses a contar desde la publicaci\u00f3n del presente Real Decreto-ley en el BOE (29 de enero), plazo que podr\u00e1 ser ampliado por el Consejo de Ministros.<\/p>\n

          La Disp. Final 4\u00aa<\/a> <\/strong>modifica el Real Decreto-ley 8\/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucci\u00f3n y relanzamiento frente a los da\u00f1os causados por la DANA<\/strong>, introduciendo mejoras de car\u00e1cter t\u00e9cnico que permiten una mejor aplicaci\u00f3n de la norma y sus finalidades.<\/p>\n

          La Disp. Final 5\u00aa<\/a> <\/strong>modifica el Real Decreto 1120\/2024, de 5 de noviembre, por el que se regula la concesi\u00f3n directa de subvenciones destinadas a la financiaci\u00f3n del transporte p\u00fablico regular<\/strong> de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias, ampliando el plazo de justificaci\u00f3n previsto en el p\u00e1rrafo primero del apartado 6, de su art\u00edculo 4.<\/p>\n

          La Disp. Final 6\u00aa<\/a><\/strong> establece la salvaguardia de rango<\/strong> de las disposiciones normativas de rango reglamentario que se ven modificadas por este Real Decreto-ley.<\/p>\n

          La Disp. Final 7\u00aa<\/a><\/strong> recoge los t\u00edtulos competenciales<\/strong>: reglas 1.\u00aa, 6.\u00aa, 7.\u00aa, 8.\u00aa, 13.\u00aa, 14.\u00aa, 17.\u00aa, 21.\u00aa, 23.\u00aa, 24.\u00aa, 25.\u00aa y 29.\u00aa del art\u00edculo 149.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas en materia de regulaci\u00f3n de las condiciones b\u00e1sicas que garanticen la igualdad de todos los espa\u00f1oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislaci\u00f3n procesal y mercantil; legislaci\u00f3n laboral, sin perjuicio de su ejecuci\u00f3n por los \u00f3rganos de las Comunidades Aut\u00f3nomas; legislaci\u00f3n civil; bases y coordinaci\u00f3n de la planificaci\u00f3n general de la actividad econ\u00f3mica; hacienda general y deuda del Estado; legislaci\u00f3n b\u00e1sica y r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci\u00f3n de sus servicios por las Comunidades Aut\u00f3nomas; ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de m\u00e1s de una Comunidad Aut\u00f3noma; r\u00e9gimen general de comunicaciones; tr\u00e1fico y circulaci\u00f3n de veh\u00edculos a motor; legislaci\u00f3n b\u00e1sica sobre protecci\u00f3n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut\u00f3nomas de establecer normas adicionales de protecci\u00f3n; obras p\u00fablicas de inter\u00e9s general; bases de r\u00e9gimen minero y energ\u00e9tico; y seguridad p\u00fablica.<\/p>\n

          La Disp. Final 8\u00aa<\/a><\/strong> recoge habilitaciones<\/strong> a los distintos Ministerios para el desarrollo, aplicaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del Real Decreto-ley.<\/p>\n

          La Disp. Final 9\u00aa<\/a><\/strong> prev\u00e9 la entrada en vigor<\/strong> de la norma el 30 de enero de 2025. Los art\u00edculos 64, 65 y 66 (pensiones y cotizaciones a la Seguridad Social) producir\u00e1n efectos econ\u00f3micos desde el d\u00eda 1 de enero de 2025.<\/p>\n

          Los anexos I<\/a> y II<\/a><\/strong> recogen las cuant\u00edas m\u00ednimas de pensi\u00f3n, l\u00edmites y otras pensiones p\u00fablicas para el a\u00f1o 2025.<\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          ENLACES:<\/span><\/h6>\n