{"id":125908,"date":"2025-03-23T11:14:39","date_gmt":"2025-03-23T10:14:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=125908"},"modified":"2025-03-23T21:23:50","modified_gmt":"2025-03-23T20:23:50","slug":"informe-mercantil-marzo-2025-la-prudencia-en-la-calificacion-y-la-interpretacion-de-resoluciones-judiciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-mercantil-marzo-2025-la-prudencia-en-la-calificacion-y-la-interpretacion-de-resoluciones-judiciales\/","title":{"rendered":"Informe mercantil marzo 2025. La prudencia en la calificaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de resoluciones judiciales"},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME MERCANTIL MARZO<\/span><\/strong> DE 2025\u00a0<\/span><\/strong><\/h1>\n

Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n<\/span><\/h2>\n

Registrador de la Propiedad y Mercantil<\/span><\/h2>\n

 <\/p>\n<\/a>

CUESTIONES DE INTER\u00c9S:<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
LA PRUDENCIA EN LA CALIFICACI\u00d3N: \u00bfPUEDE EL REGISTRADOR O LA DG INTERPRETAR UNA RESOLUCI\u00d3N JUDICIAL Y EXTENDERLA M\u00c1S ALL\u00c1 DE SUS JUSTOS T\u00c9RMINOS?<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
\u00a0 \u00a0Preliminares<\/strong>.<\/span><\/h6>\n

Es relativamente frecuente que en su calificaci\u00f3n el registrador se encuentre con un contenido registral no lo suficientemente claro y ante esa oscuridad o ambivalencia del registro opte por lo que a su juicio da m\u00e1s seguridad jur\u00eddica como es suspender la inscripci\u00f3n de que se trate y esto es lo que ocurri\u00f3 en el caso que traemos al informe de este mes.<\/p>\n

Efectivamente, la cuesti\u00f3n o el problema que planteo en el t\u00edtulo de esta nota, lo provoca una resoluci\u00f3n de la DGRN de 1 de julio de 2016<\/a>, que ha sido anulada<\/strong> y revocada<\/strong> por sentencia, ya firme, de 17 de marzo de 2020, n\u00famero de Recurso: 658\/2016, del Juzgado de lo Mercantil n\u00famero 7 de Madrid.<\/a> En ella se ve que la prudencia excesiva en la calificaci\u00f3n, nos puede jugar una mala pasada, tanto al calificante, como a la DG, como tambi\u00e9n al comentarista o al lector de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0Caso planteado.<\/strong><\/span><\/h6>\n

El problema que planteaba la resoluci\u00f3n que se anula se centraba en si era posible un cambio de domicilio a Madrid de una sociedad, acordado por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la misma, existiendo en la hoja de la sociedad una anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n de acuerdos sociales de una junta en la que se acordaba el traslado del domicilio a la provincia de Madrid, orden\u00e1ndose<\/strong> al registrador que se abstuviera<\/strong> de inscribir los acuerdos suspendidos y de tramitar el cambio de domicilio de la sociedad a la provincia de Madrid.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0Calificaci\u00f3n del registrador.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Para la no inscripci\u00f3n del acuerdo el registrador se basaba en que si bien el acuerdo ahora era del consejo y no de la junta,\u00a0 la inscripci\u00f3n supondr\u00eda burlar la medida cautelar en contra de lo que dijo la\u00a0resoluci\u00f3n de la DGRN de 31 de enero de 2014<\/a>\u00a0de que \u00abla medida cautelar de suspensi\u00f3n no implica per se una declaraci\u00f3n de invalidez\u2026.pero s\u00ed implica de presente<\/strong> una orden de cierre<\/strong> del Registro a dichos acuerdos\u00bb.<\/p>\n

El interesado aleg\u00f3 en s\u00edntesis que la medida cautelar se refer\u00eda a un concreto<\/strong> traslado de domicilio y no a cualquier otro que pudiera acordarse.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0Resoluci\u00f3n DG.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Pues bien, la DG confirm\u00f3 la nota de calificaci\u00f3n bas\u00e1ndose en que la anotaci\u00f3n de suspensi\u00f3n<\/strong> \u201ccierra el Registro<\/strong>\u00a0a cualquier pretensi\u00f3n de inscripci\u00f3n de los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa\u201d.<\/p>\n

\u00a0No obstante, reconoce que, a la medida cautelar, por su propia naturaleza, no se le puede atribuir m\u00e1s alcance que aqu\u00e9l que le es propio, pero pese a ello interpreta<\/strong> que \u201cel mandato judicial es\u00a0triple<\/strong>: (i) suspender<\/strong> el concreto acuerdo adoptado por la junta, (ii) suspender \u00ab\u2026tramita<\/strong>r el cambio de domicilio de la sociedad a la provincia de Madrid\u2026\u00bb y (iii) \u00ab\u2026apercibimiento<\/strong> al Consejo de Administraci\u00f3n\u2026de la prohibici\u00f3n de realizar cualquier acto de ejecuci\u00f3n de los acuerdos suspendidos\u2026\u00bb. A ello se une, a su juicio, que \u201cla deslocalizaci\u00f3n del domicilio de la sociedad<\/strong>\u00a0pudiera ocasionar da\u00f1os<\/strong> dif\u00edcilmente reparables a los socios impugnantes\u201d, apoyando su acuerdo en el art\u00edculo 726.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil<\/a>, que le autoriza a incluir en su mandato \u201cprohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso\u201d. Finalmente tambi\u00e9n se apoya la DG, y eso nos pareci\u00f3 importante en su d\u00eda, que la suspensi\u00f3n de los acuerdos sociales de la junta no era por motivos formales sino al parecer por lesi\u00f3n del inter\u00e9s social, y si fue por ello, es decir conforme al \u00a0art\u00edculo 204.1 segundo p\u00e1rrafo de la Ley de Sociedades de Capital<\/a>, el posible perjuicio de los dem\u00e1s socios, el acuerdo suspendido no podr\u00eda ser sustituido por otro, aunque proviniera de distinto \u00f3rgano que fuera competente por raz\u00f3n de la materia.<\/p>\n

Cuando en su d\u00eda hicimos un breve comentario a la resoluci\u00f3n nos pareci\u00f3 acertado<\/strong> el criterio del registrador y el de la DG, con independencia de los fundamentos en que el registrador basaba su calificaci\u00f3n y la DG su resoluci\u00f3n. Como podemos ver ni el uno ni la otra estaban muy convencidos de su decisi\u00f3n, pero la prudencia y el posible perjuicio de terceros eran m\u00e1s que suficientes para no inscribir el cambio de domicilio hasta que los Tribunales resolvieran sobre el acuerdo de la junta suspendido. Debemos reconocer que practicar una inscripci\u00f3n en contra de un mandato judicial, aunque este mandato judicial se refiera a un acuerdo de junta y el que ahora pretend\u00eda su acceso al registro sea un acuerdo el consejo, se hac\u00eda muy cuesta arriba y cualquier registrador lo hubiera suspendido basado en el contenido del registro o si no lo hubiera suspendido seguro que le habr\u00eda costado mucho tomar la decisi\u00f3n de inscribirlo.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0Sentencia Juzgado Mercantil.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Lo que ocurri\u00f3 en este caso, que como vemos tanto para el registrador como para la DG ten\u00eda muchas luces y sombras, es que los interesados <\/strong>en el acuerdo no se conformaron con la resoluci\u00f3n de la DG y demandaron al registrador y al Centro Directivo ante el juzgado de lo Mercantil pidiendo se revocara la calificaci\u00f3n y se acordara la inscripci\u00f3n del traslado<\/strong> de domicilio social adoptado en consejo de 24 de setiembre de 2015.<\/p>\n

El registrador en su contestaci\u00f3n a la demanda alega falta de legitimaci\u00f3n pasiva en funci\u00f3n de existir ulterior Resoluci\u00f3n de la DGRN (Rs. de 1 de julio de 2016) confirmatoria de su calificaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0Por su parte el abogado del Estado contest\u00f3 a la demanda pidiendo la desestimaci\u00f3n de la misma sobre la base de los mismos argumentos de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Sobre la falta de legitimaci\u00f3n del registrador el juzgado la estima<\/strong>; carece el Registrador de legitimaci\u00f3n, ni activa, ni pasiva pues no fue su resoluci\u00f3n la directamente impugnada ante esta jurisdicci\u00f3n, sino la del \u00f3rgano administrativo, aunque reconoce que existen sentencias en sentido contrario. As\u00ed cita una sentencia de la AP e Pamplona en la que sobre la base del art\u00edculo 13 de la LEC<\/a> estima que el registrador est\u00e1 legitimado, aunque la resoluci\u00f3n de la DG sea desestimatoria, por tener un inter\u00e9s directo y leg\u00edtimo en el resultado del pleito, pero que su presencia en el pleito en este caso s\u00f3lo se debe producir a su instancia para defender la resoluci\u00f3n de la DG.<\/p>\n

Sobre el problema de fondo<\/strong> planteado, seg\u00fan la parte actora, la propia resoluci\u00f3n les da la raz\u00f3n cuando se refiere a la imposibilidad de extender la causa de pedir (los motivos de impugnaci\u00f3n de las acciones impugnatorias del pleito 309\/2013) en proyecci\u00f3n sobre la legalidad de un acuerdo de consejo<\/strong> y de su posibilidad de inscripci\u00f3n.<\/p>\n

A\u00f1ade que la DG en su resoluci\u00f3n dice que podr\u00eda tener parcial raz\u00f3n el recurrente al afirmar que debe interpretarse que dicha suspensi\u00f3n afecta s\u00f3lo a los concretos<\/strong> acuerdos adoptados por la junta general objeto de la espec\u00edfica<\/strong> impugnaci\u00f3n en que se ha adoptado tal medida cautelar, y a los que de ellos traigan causa,<\/strong> pero no a otros<\/strong> acuerdos adoptados por el \u00f3rgano competente para ello.<\/p>\n

A la vista de todo lo anterior la sentencia anula<\/strong>, usando t\u00e9rminos bastante duros, tanto la calificaci\u00f3n como la resoluci\u00f3n de la DG.<\/p>\n

Parte de estos hechos que reproducimos para mayor claridad de su argumentaci\u00f3n:<\/p>\n

a) La sociedad toma un acuerdo en 2013 en el que traslada su domicilio social a Madrid.<\/p>\n

b) Se pide la nulidad de los acuerdos de la junta general; y como medida cautelar se adopta la suspensi\u00f3n de acuerdos sociales y la anotaci\u00f3n preventiva de demanda en el Registro Mercantil lo que se hace reflejando en el Registro que el registrador deber\u00eda abstenerse de inscribir los acuerdos suspendidos (\u2026) apercibiendo al Consejo de Administraci\u00f3n… de la prohibici\u00f3n de realizar cualquier acto de ejecuci\u00f3n de los acuerdos suspendidos\u00bb.<\/p>\n

c) Posteriormente por el consejo se acuerda el traslado el domicilio a Madrid.<\/p>\n

El registrador como sabemos suspende el acuerdo pues a su juicio, aparte de otras razones ya vistas, la inscripci\u00f3n del acuerdo burlar\u00eda<\/strong> la medida cautelar dictada en su d\u00eda por la autoridad judicial.<\/p>\n

El juez basa la anulaci\u00f3n<\/strong> de la resoluci\u00f3n en las siguientes razones:<\/p>\n

— extralimitaci\u00f3n<\/strong> por parte de la DG de la medida cautelar \u201centrando a valorar cuestiones de pura jurisdicci\u00f3n, extendiendo la decisi\u00f3n jurisdiccional m\u00e1s all\u00e1 de sus propios l\u00edmites\u201d;<\/p>\n

— el alcance a efectos registrales de una medida cautelar,<\/strong> \u201ctal y como se regula en los art\u00edculos 721 y ss. LEC<\/a>, tiene un alcance concreto y limitado: la efectividad<\/strong> de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare. Es decir, tiene un car\u00e1cter restrictivo<\/strong>, dada la limitaci\u00f3n que en \u00e9l se produce de la tutela judicial efectiva\u201d;<\/p>\n

— la medida cautelar \u201cdebe alcanzar s\u00f3lo a los l\u00edmites<\/strong> del proceso, conformados en ese momento por la petici\u00f3n concreta y la causa de pedir de la demanda\u201d;<\/p>\n

— el juez en ning\u00fan caso puede \u201cacordar medidas m\u00e1s gravosas<\/strong> que las solicitadas\u201d pues si lo hiciere podr\u00eda incurrir en \u201cen incongruencia <\/strong>ultra petitum y nulidad<\/strong> por infracci\u00f3n de ley.<\/p>\n

— la medida cautelar ten\u00eda por objeto la impugnaci\u00f3n de una Junta de socios<\/strong> celebrada en el a\u00f1o 2013 y la nulidad de todos los acuerdos all\u00ed adoptados. Y a dicho objeto del proceso debe limitarse<\/strong> el alcance de las medidas cautelares judicialmente adoptadas\u201d;<\/p>\n

— por ello \u201cla interpretaci\u00f3n de la naturaleza o fin de las acciones ejercitadas por la parte constituye una extralimitaci\u00f3n<\/strong> del Registrador y de la DIRECCI\u00d3N GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO\u201d por entrar a valora<\/strong>r cuestiones jurisdiccionales \u201cextendiendo m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites procesales los efectos de la tutela cautelar recogida en la resoluci\u00f3n judicial anotada preventivamente\u201d;<\/p>\n

— <\/strong>\u00a0adem\u00e1s la distinci\u00f3n que hace la DG de que si la posible nulidad fuera por defectos formales, no estar\u00eda incluido en la medida cautelar el acuerdo del consejo, mientras que si la nulidad reclamada fuera por posible lesi\u00f3n de los socios s\u00ed estar\u00eda incluido tambi\u00e9n \u201cimplica interpretar<\/strong> una resoluci\u00f3n judicial m\u00e1s all\u00e1 de su estricto contenido a fin de justificar una ampliaci\u00f3n<\/strong> de los efectos de las medidas adoptadas m\u00e1s all\u00e1 del petitum objeto del proceso donde \u00e9stas fueron adoptadas\u201d, lo que es err\u00f3neo- \u201cyerra\u201d<\/strong> la DG en palabras de la sentencia-;<\/p>\n

— tambi\u00e9n se equivoca<\/strong> cuando dice que si fuera por lesi\u00f3n del inter\u00e9s social el acuerdo no puede ser sustituido por otro;<\/p>\n

— ignora <\/strong>la DG lo manifestado en el art\u00edculo 204.2 LSC<\/a> cuando, dice que no es procedente la impugnaci\u00f3n de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido v\u00e1lidamente por otro posterior pues el juez en ese caso lo que debe hacer es dictar auto de terminaci\u00f3n del procedimiento por desaparici\u00f3n sobrevenida del objeto;<\/p>\n

— con su resoluci\u00f3n la DG \u201cextiende los efectos de una resoluci\u00f3n judicial a unos supuestos<\/strong> no espec\u00edficamente previstos en la misma\u201d;<\/p>\n

— el acuerdo del consejo al que se le deniega el acceso es un acuerdo posterior<\/strong> al acuerdo tomado en Junta y que forma parte de las competencias del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, tal y como se establece en el art\u00edculo 285.2 LSC<\/a>.<\/p>\n

— denegar la inscripci\u00f3n de un acuerdo adoptado, en un principio, conforme a la Ley, implica extender<\/strong> los efectos de las medidas cautelares a un supuesto que no es objeto del proceso donde fueron adoptadas: el proceso se centra en unos acuerdos de una junta en concreto y el acto que se pretende inscribir no es uno de ellos, ni trae consecuencia en dichos acuerdos;<\/p>\n

— el acuerdo del consejo ha sido adoptado, en un principio, conforme a las nuevas competencias <\/strong>del \u00f3rgano de administraci\u00f3n societario, por lo que ninguna ley infringe ni tampoco medida cautelar alguna.<\/p>\n<\/a>

\u00a0 \u00a0Conclusiones.<\/strong><\/span><\/h6>\n

La conclusi\u00f3n que extraemos de esta sentencia es clara: ni el registrador ni tampoco la DG pueden entrar a interpretar <\/strong>una resoluci\u00f3n judicial extendi\u00e9ndola m\u00e1s all\u00e1 de sus justos t\u00e9rminos, ni tampoco es posible que se entre en especulaciones<\/strong> acerca de si un acuerdo es nulo por una causa o por otra, pues ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia.<\/p>\n

En definitiva, que, aunque la prudencia es algo que los registradores llevamos en nuestro ADN, y por lo que se ve tambi\u00e9n en el de la DG, esa prudencia no nos debe llevar a desfigurar<\/strong> o desnaturalizar el contenido del registro extendiendo la protecci\u00f3n que el mismo brinda a supuestos no comprendidos en ese contenido paralizando un acuerdo de un \u00f3rgano competente para adoptarlo en aras de una presunta protecci\u00f3n a unos socios que no est\u00e1n de acuerdo con la deriva de la sociedad. Esos socios ser\u00e1n lo suficientemente capaces para que si el nuevo acuerdo del consejo tambi\u00e9n le perjudica demanden su nulidad y pidan respecto el mismo las cautelares que estimen necesarias. No podemos presumir la posible nulidad de un acuerdo porque presumiblemente lo sea el de otro de \u00f3rgano diferente.\u00a0<\/p>\n<\/a>

DISPOSICIONES DE CAR\u00c1CTER GENERAL.<\/span><\/span><\/u><\/h6>\n

S\u00f3lo destacaremos la siguiente:<\/p>\n

— El Real Decreto 87\/2025, de 11 de febrero<\/a>, por el que se fija el salario m\u00ednimo<\/strong> interprofesional para 2025, subiendo un 4,41% y aplic\u00e1ndose retroactivamente dese el 1 de enero.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones Auton\u00f3micas.<\/span><\/span><\/strong><\/a><\/h6>\n

No existe ninguna disposici\u00f3n de inter\u00e9s.<\/p>\n<\/a>

Tribunal Constitucional<\/span><\/b><\/span>.<\/h6>\n

— La Sentencia de la sala segunda, 2\/2025, de 13 de enero de 2025 vuelve a reiterar que vulnera el derecho a la tutela judicial<\/strong> el emplazamiento en una ejecuci\u00f3n hipotecaria mediante edictos sin agotar las posibilidades de notificaci\u00f3n personal al administrador de la mercantil demandada. \u00a0<\/p>\n