{"id":127812,"date":"2025-06-01T23:35:37","date_gmt":"2025-06-01T21:35:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=127812"},"modified":"2025-06-11T12:57:31","modified_gmt":"2025-06-11T10:57:31","slug":"oficina-registral-propiedad-informe-mayo-2025-diez-resoluciones-escogidas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-registral\/informes-mensuales-o-r\/oficina-registral-propiedad-informe-mayo-2025-diez-resoluciones-escogidas\/","title":{"rendered":"Oficina Registral (Propiedad). Informe Mayo 2025. Diez Resoluciones escogidas"},"content":{"rendered":"

INFORME REGISTROS PROPIEDAD MAYO 2025<\/span><\/h1>\n

por\u00a0MAR\u00cdA N\u00da\u00d1EZ N\u00da\u00d1EZ<\/a> y ANTONIO MANUEL OLIVA IZQUIERDO<\/a><\/span><\/h2>\n

REGISTRADORES DE LUGO Y DE TRUJILLO (C\u00c1CERES)<\/span><\/h2>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

TEMA DEL ME<\/strong>S:<\/strong><\/span><\/span> \u00a0<\/strong><\/strong><\/span>DIEZ RESOLUCIONES ESCOGIDAS.<\/strong>\u00a0<\/strong>Por Antonio Oliva Izquierdo<\/strong><\/span><\/h6>\n

Sin perjuicio de un resumen m\u00e1s extenso de las mismas que puede consultarse en los\u00a0Titulares de Resoluciones DGRN y DGSJFP de esta web de Notarios y Registradores<\/strong><\/a>,<\/u><\/strong>\u00a0en el presente informe\u00a0<\/strong>de la Oficina registral del mes de mayo de 2025, se pone de relieve,\u00a0<\/strong>por su importancia,\u00a0un breve resumen del contenido de diez Resoluciones<\/u><\/strong>\u00a0de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica\u00a0publicadas en el Bolet\u00edn Oficial del Estado entre los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  1. CADUCIDAD DE LAS ANOTACIONES:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Resoluci\u00f3n de 12 de noviembre de 2024<\/strong><\/a>, de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 5 de diciembre de 2024)<\/u><\/strong>: Si se trata de anotaciones preventivas sujetas al plazo ordinario del art\u00edculo\u00a086 de la Ley Hipotecaria o sus pr\u00f3rrogas, practicadas durante la suspensi\u00f3n de los plazos de caducidad con motivo del estado de alarma (como ocurre en el presente caso que se practic\u00f3 la pr\u00f3rroga de embargo el d\u00eda\u00a030 de abril de\u00a02020), o lo que es lo mismo, desde el d\u00eda\u00a014 de marzo de\u00a02020 hasta el d\u00eda\u00a09 de junio de\u00a02020, ambos inclusive, los plazos se computar\u00e1n tambi\u00e9n de fecha a fecha, pero adicionado no los\u00a088 d\u00edas naturales, sino \u00fanicamente aquellos d\u00edas naturales que efectivamente hubiesen mediado desde la pr\u00e1ctica de la anotaci\u00f3n preventiva o su pr\u00f3rroga hasta el levantamiento de la suspensi\u00f3n, o lo que es lo mismo, 4 a\u00f1os a contar desde el d\u00eda\u00a010 de junio de\u00a02020 inclusive. De tal forma, que todas las anotaciones preventivas o sus pr\u00f3rrogas sujetas al plazo ordinario del art\u00edculo\u00a086 de la Ley Hipotecaria y practicadas desde el d\u00eda\u00a014 de marzo de\u00a02020 hasta el d\u00eda\u00a09 de junio de\u00a02020 caducaron el d\u00eda\u00a010 de junio de\u00a02024.<\/p>\n

      \n
    1. SOCIEDAD CIVIL:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Resoluci\u00f3n de 18 de noviembre de 2024<\/strong><\/a>, de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 18 de diciembre de 2024)<\/u><\/strong>: Descartado que, en el presente caso, la sociedad compradora tenga objeto mercantil, debe recordarse que, seg\u00fan la jurisprudencia del Tribunal Supremo (vid., por todas, las Sentencias de\u00a014 de julio de\u00a02006 y\u00a07 de marzo de\u00a02012 \u2013Sala Primera\u2013, y\u00a024 de febrero de\u00a02000 y\u00a028 de mayo de\u00a02013 \u2013Sala Tercera\u2013) y la doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones de\u00a014 de febrero de\u00a02001 \u2013en un caso de sociedad civil cuyo objeto social era la actividad agr\u00edcola y ganadera\u2013, 14 de julio de\u00a02020 y\u00a029 de septiembre de\u00a02022), en nuestro sistema no se supedita a la inscripci\u00f3n en registro alguno el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles, por lo que no existe obst\u00e1culo para inscribir la adquisici\u00f3n de bienes a nombre de estas en el Registro de la Propiedad. Esta doctrina no ha quedado desvirtuada por la disposici\u00f3n adicional octava de la Ley\u00a018\/2022, de\u00a028 de septiembre, de creaci\u00f3n y crecimiento de empresas, seg\u00fan la cual \u00ablas sociedades civiles por su objeto que no tengan forma mercantil constituidas conforme al derecho com\u00fan, foral o especial que les sea aplicable podr\u00e1n inscribirse en el Registro Mercantil con arreglo a las normas generales de su Reglamento en cuanto le sean aplicables\u00bb. Y es que esta inscripci\u00f3n no es obligatoria sino potestativa (con las ventajas que se derivan de la fe p\u00fablica registral ex art\u00edculos\u00a020 del C\u00f3digo de Comercio y\u00a08 del Reglamento del Registro Mercantil). Por ello, no es aplicable el art\u00edculo\u00a0383 del Reglamento Hipotecario, citado por el registrador en su calificaci\u00f3n. En el presente caso, como ha quedado expuesto, la sociedad compradora se constituy\u00f3 en documento privado elevado a p\u00fablico mediante la escritura rese\u00f1ada, que se ha exhibido a la notaria autorizante de la escritura de compraventa; y en aquel t\u00edtulo consta que el objeto social es la \u00abexplotaci\u00f3n de la actividad agr\u00edcola\/ganadera\u00bb, por lo que se trata de una sociedad civil formalizada en escritura p\u00fablica, regularmente constituida, de modo que aun cuando adquiere un bien inmueble se cumplen las exigencias de formalizaci\u00f3n en documento p\u00fablico por el que se acredita el poder de representaci\u00f3n de los administradores que act\u00faan en nombre de aqu\u00e9lla. Deber\u00e1, por tanto, practicarse la inscripci\u00f3n solicitada a nombre de la sociedad civil compradora, sin necesidad de reflejar en el asiento los datos de identificaci\u00f3n de los socios (vid. las citadas Resoluciones de\u00a014 de febrero de\u00a02001 y\u00a029 de septiembre de\u00a02022), conforme a los art\u00edculos\u00a09.e) de la Ley Hipotecaria y\u00a051.9.\u00aa.b) del Reglamento Hipotecario.<\/p>\n

        \n
      1. CORREO ELECTR\u00d3NICO Y REGISTRO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Resoluci\u00f3n de 30 de diciembre de 2024,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 6 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: Tras la reforma del a\u00f1o\u00a02023, como regla general, los actos de comunicaci\u00f3n se realizar\u00e1n por medios electr\u00f3nicos con aquellas personas obligadas a relacionarse electr\u00f3nicamente con la Administraci\u00f3n de Justicia (ej. personas jur\u00eddicas) no representadas por procurador, y cuando conste la correcta remisi\u00f3n de dicho acto de comunicaci\u00f3n por los citados medios t\u00e9cnicos, transcurridos tres d\u00edas sin que el destinatario acceda a su contenido, se entender\u00e1 que la comunicaci\u00f3n ha sido efectuada legalmente, desplegando plenamente sus efectos. Se except\u00faa el caso de primer emplazamiento o citaci\u00f3n en el que, si en tres d\u00edas el destinatario no ha accedido a su contenido, se publicar\u00e1 el emplazamiento o citaci\u00f3n en el Tabl\u00f3n Edictal \u00danico.<\/p>\n

        Ahora bien, en el supuesto de la ejecuci\u00f3n hipotecaria directa se establece un r\u00e9gimen especial en los art\u00edculos\u00a0682, 683, 686 y\u00a0660 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se puede conjugar con la regulaci\u00f3n general de la siguiente forma:<\/p>\n

        Trat\u00e1ndose de personas f\u00edsicas deber\u00e1 fijarse en la escritura de pr\u00e9stamo hipotecario un domicilio f\u00edsico para notificaciones y requerimientos y, opcionalmente, tambi\u00e9n un correo electr\u00f3nico. En este \u00faltimo caso, la comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica deber\u00e1 realizarse de forma acumulativa con la personal y no de forma alternativa, en los t\u00e9rminos que resultan, con car\u00e1cter general, del art\u00edculo\u00a0155.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n

        Trat\u00e1ndose de personas jur\u00eddicas la fijaci\u00f3n de un correo electr\u00f3nico es obligatoria, como se desprende del art\u00edculo\u00a0682.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al disponer, tras la redacci\u00f3n dada por el Real Decreto-ley\u00a06\/2023, de\u00a019 de diciembre que \u00ablos actos de comunicaci\u00f3n se practicar\u00e1n siempre por medios electr\u00f3nicos cuando sus destinatarios tengan obligaci\u00f3n, legal o contractual, de relacionarse con la Administraci\u00f3n de Justicia por dichos medios\u00bb.<\/p>\n

        Pero, adem\u00e1s, el art\u00edculo\u00a0686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relaci\u00f3n con el requerimiento notarial de pago, y lo mismo puede decirse respecto del requerimiento judicial, exige, dentro de la regulaci\u00f3n espec\u00edfica \u00abde las particularidades de la ejecuci\u00f3n sobre bienes hipotecados o pignorados\u00bb y como garant\u00eda cualificada ante el car\u00e1cter especial que tiene este procedimiento, que este requerimiento de pago se realice en un domicilio f\u00edsico, por lo que, consecuentemente, en la constituci\u00f3n de garant\u00edas hipotecarias por personas jur\u00eddicas es requisito indispensable, para poder hacer constar en el Registro la posibilidad de ejercicio de la acci\u00f3n hipotecaria por este especial procedimiento de ejecuci\u00f3n directo de bienes hipotecados, que en la escritura y en Registro de la Propiedad se haga constar, tambi\u00e9n, un domicilio f\u00edsico, adem\u00e1s del domicilio telem\u00e1tico. En ambos supuestos, si las expresadas notificaciones (la f\u00edsica en el domicilio y la electr\u00f3nica en el correo) resultaren infructuosas, la oficina judicial deber\u00e1 realizar las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio real del deudor para verificar la notificaci\u00f3n, y de no dar ello resultado, deber\u00e1 ordenar la publicaci\u00f3n de edictos en la forma prevista en el art\u00edculo\u00a0164: Tabl\u00f3n Edictal \u00danico.<\/p>\n

          \n
        1. INSCRIPCI\u00d3N PARCIAL:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Resoluci\u00f3n de 16 de diciembre de 2024,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 7 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: No ha de obviarse la regla general en orden a la posibilidad de inscripci\u00f3n parcial de los documentos presentados en el Registro de la Propiedad, cual es que si el pacto o estipulaci\u00f3n rechazados por el registrador afectan a la esencialidad del contrato o derecho real cuya inscripci\u00f3n se pretende, la inscripci\u00f3n parcial solo ser\u00e1 posible \u2013sin dicho pacto\u2013 si media solicitud expresa e indubitada del interesado o interesados (art\u00edculos\u00a019 bis y\u00a0322 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de\u00a018 de julio y\u00a019 y\u00a020 de octubre de\u00a02016, 20 de octubre de\u00a02017, 21 de junio, 31 de octubre y\u00a02 de noviembre de\u00a02018 y\u00a021 de junio de\u00a02019); no pudiendo el registrador actuar de oficio en aras a practicar esa inscripci\u00f3n parcial. Y solo es admitido que el registrador de la Propiedad practique de oficio una inscripci\u00f3n parcial, es decir, no mediando solicitud expresa de las partes, cuando el defecto de que se trate afecte solo a alguna de las fincas o derechos independientes objeto del negocio jur\u00eddico escriturado, o cuando la escritura p\u00fablica comprenda diferentes negocios jur\u00eddicos (vid. Resoluciones de\u00a015 de marzo de\u00a02006, 14 de septiembre de\u00a02016 y\u00a08 de octubre de\u00a02018), y ello siempre que de tal inscripci\u00f3n parcial no se derive perjuicio para nadie (cfr. Resoluci\u00f3n de\u00a08 de febrero de\u00a02023).<\/p>\n

            \n
          1. DIVISI\u00d3N MATERIAL IMPL\u00cdCITA:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            Resoluci\u00f3n de 16 de diciembre de 2024,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 7 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: Es doctrina consolidada de esta Direcci\u00f3n General en materia de obra nueva, para un supuesto similar al que nos ocupa, que lo relevante para rectificar la superficie construida o la descripci\u00f3n de una edificaci\u00f3n no son los t\u00e9rminos (m\u00e1s o menos precisos) en los que se solicita tal rectificaci\u00f3n, sino si efectivamente de la documentaci\u00f3n presentada resulta que se re\u00fanen los requisitos propios para la modificaci\u00f3n de una obra nueva. Siguiendo esta l\u00ednea, lo mismo resulta aplicable cuando se trata de una divisi\u00f3n material, como la que se hace en este caso al describirse en el inventario de los bienes de la causante como dos entidades independientes las dos partes de una casa que est\u00e1 inscrita en el Registro como una sola finca registral.<\/p>\n

              \n
            1. ARRENDAMIENTOS URBANOS CON PR\u00d3RROGA CONVENCIONAL<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

              Resoluci\u00f3n de 11 de diciembre de 2024,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 8 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: Para los arrendamientos con pr\u00f3rroga convencional nacidos bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de\u00a01994 (tanto en su versi\u00f3n original como en la reformada por la Ley\u00a04\/2013, de\u00a04 de junio) ha se\u00f1alado el de\u00a030 a\u00f1os para los arrendamientos de local con arrendatario persona jur\u00eddica (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de\u00a09 de septiembre de\u00a02009); la jubilaci\u00f3n del arrendatario en arrendamientos de local con arrendatario persona f\u00edsica (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de\u00a08 de junio de\u00a02015); y la vida del arrendatario para los arrendamientos de vivienda. Pero estos t\u00e9rminos lo son solo a los efectos de determinaci\u00f3n por los tribunales de Justicia tras el juicio contradictorio, lo que no sirve para el arrendamiento que se pretenda inscribir, ya que colisiona con el principio de especialidad registral. Por lo tanto, solo existe la posibilidad de que las partes fijen para la pr\u00f3rroga convencional un l\u00edmite pactado, claro e inequ\u00edvoco.<\/p>\n

                \n
              1. SEGREGACI\u00d3N<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                Resoluci\u00f3n de 13 de enero de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 13 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: Cuando no existen dudas de que hay correlaci\u00f3n entre la escritura de segregaci\u00f3n y la licencia concedida, pero concurre una discrepancia de superficies entre las que resultan de las coordenadas de las representaciones gr\u00e1ficas alternativas aportadas y las de las certificaciones catastrales obtenidas tras las correcciones hechas en estas \u00faltimas con motivo de su traslado e informe de validaci\u00f3n gr\u00e1fica, lo que procede es la tramitaci\u00f3n del procedimiento previsto en el art\u00edculo\u00a0199 de la Ley Hipotecaria, donde se apreciar\u00e1 la procedencia o no de la inscripci\u00f3n de las representaciones gr\u00e1ficas alternativas aportadas y por ende, la procedencia de la inscripci\u00f3n de la segregaci\u00f3n.<\/p>\n

                  \n
                1. R\u00c9GIMEN MATRIMONIAL EXTRANJERO (COHONESTACI\u00d3N DE LOS ART\u00cdCULOS 92 Y 54 DEL REGLAMENTO HIPOTECARIO):<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                  Resoluci\u00f3n de 28 de enero de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 19 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: Algunas Audiencias Provinciales han puesto de manifiesto que, aun cuando se trate de reg\u00edmenes econ\u00f3mico-matrimoniales de participaci\u00f3n de ganancias, prevalece la norma del art\u00edculo\u00a092 sobre la del art\u00edculo\u00a054 del Reglamento Hipotecario (cfr. sentencia de la Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de M\u00e1laga n\u00famero\u00a028\/2003, de\u00a020 de enero, relativa a la Resoluci\u00f3n de esta Direcci\u00f3n General de\u00a010 de junio de\u00a02020 en un caso de adquisici\u00f3n por c\u00f3nyuges cuyo r\u00e9gimen econ\u00f3mico-matrimonial era el de participaci\u00f3n de ganancias legal supletorio en Alemania; con cita, entre otras, de la sentencia de la Secci\u00f3n Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife n\u00famero\u00a0371\/2019, de\u00a03 de octubre, relativa a un supuesto de aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen legal de Reino Unido).<\/p>\n

                    \n
                  1. SUELOS CONTAMINADOS:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                    Resoluci\u00f3n de 6 de febrero de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 21 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: Una adjudicaci\u00f3n consecuencia de una ejecuci\u00f3n hipotecaria es un acto oneroso y, por tanto, obligada la declaraci\u00f3n de suelos contaminados. La cuesti\u00f3n se concreta en determinar qui\u00e9n ser\u00eda el obligado a hacerla, dado que la transmisi\u00f3n dominical se produce, como fija la citada Sentencia del Tribunal Supremo de\u00a014 de julio de\u00a02015, con el decreto de aprobaci\u00f3n del remate (t\u00edtulo) y el testimonio del decreto de adjudicaci\u00f3n (modo). Y el art\u00edculo\u00a098 de la Ley\u00a07\/2022 de residuos y suelos contaminados para una econom\u00eda circular impone la obligatoriedad de tal declaraci\u00f3n a \u00ablas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas propietarias de fincas\u00bb, no al juez o al letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia. Ahora bien, los propios t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n de referencia conducen a que tal exigencia debe ser cubierta por el propietario del bien adjudicado, una vez testimoniado el decreto de adjudicaci\u00f3n y mediante un instrumento jur\u00eddico y documental adecuado (cfr. art\u00edculo\u00a03 de la Ley Hipotecaria). Como pudiera ser el otorgamiento de un instrumento p\u00fablico (acta o escritura) que recogiera una manifestaci\u00f3n (vid. los t\u00e9rminos admitidos en la Resoluci\u00f3n de\u00a023 de enero de\u00a02023) que supera la simple afirmaci\u00f3n de un dato meramente f\u00e1ctico actual; toda vez que, a la vista del tenor literal de la norma, tal manifestaci\u00f3n ha de proyectarse necesariamente hacia el pasado. Y la conclusi\u00f3n final que se impone es que, no siendo exigible tal declaraci\u00f3n a la autoridad p\u00fablica, s\u00f3lo cabe acudir a la soluci\u00f3n apuntada, a fin de paliar su omisi\u00f3n y posibilitar as\u00ed la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n decretada.<\/p>\n

                      \n
                    1. DIVISI\u00d3N DE UN ELEMENTO PRIVATIVO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                      Resoluci\u00f3n de 6 de febrero de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 21 de febrero de 2025)<\/u><\/strong>: En lo que concierne\u00a0 a si la previsi\u00f3n del t\u00edtulo constitutivo de poder dividir un elemento privativo sin consentimiento de la junta de propietarios que consta debidamente inscrita y evita tener que contar con autorizaci\u00f3n de la junta de propietarios opera s\u00f3lo a modo de derecho personal\u00edsimo en favor de los titulares registrales concretos que la establecieron, o se trata de algo inherente a la propiedad de tales elementos, de modo que los ulteriores adquirentes de tales elementos tendr\u00e1n tambi\u00e9n la posibilidad de efectuar tales divisiones sin necesidad de consentimiento de la comunidad de propietarios. A estos efectos debe considerarse que de la redacci\u00f3n inscrita no hay indicio alguno que permitiera interpretar que se estuviera configurando un derecho personal\u00edsimo que hubiera de extinguirse al fallecimiento de su titular, ni que se trate de un derecho cuya transmisibilidad se pudiera producir de modo separado a la del elemento privativo en cuyo favor opera. Al contrario, parece claro que tal facultad inscrita (poder dividir un elemento privativo sin consentimiento de la junta de propietarios) se integra en el contenido de facultades inherentes al derecho de propiedad del elemento privativo en cuyo favor se estableci\u00f3, y\u00a0por tanto, la transmisi\u00f3n de tal elementos conlleva conjunta y necesariamente la de aqu\u00e9lla facultad. Se trata por tanto de un supuesto distinto al contemplado en la Resoluci\u00f3n de\u00a023 de julio de\u00a02024 relativa a un supuesto de reserva referida a una concreta persona nominada. En el caso que nos ocupa la reserva se produce a favor del due\u00f1o de un determinado inmueble privativo, condici\u00f3n que en este caso ostentan los herederos recurrentes.<\/p>\n

                       <\/p>\n<\/a>

                      DISPOSICIONES GENERALES<\/a>.\u00a0<\/strong><\/span>Por Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (el resto del informe).<\/strong><\/span><\/h6>\n

                      Real Decreto 252\/2025: desarrolla la ley 7\/2024, de 20 de diciembre, que cre\u00f3 el impuesto complementario para garantizar un m\u00ednimo global de imposici\u00f3n a multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Sirve para desarrollarla, aclararla y fijar criterios interpretativos.<\/p>\n

                      Ley\u00a07\/2024, de\u00a020 de diciembre\u00a0<\/strong>(ver resumen<\/a>)<\/p>\n

                      Obligaciones de informaci\u00f3n tributaria<\/a>: <\/strong><\/p>\n

                      realiza modificaciones puntuales en el Reglamento del IRPF y en el Reglamento de Gesti\u00f3n e inspecci\u00f3n. Declaraci\u00f3n informativa que han de presentar los centros de educaci\u00f3n infantil y guarder\u00edas. Se incluye entre los obligados a suministrar informaci\u00f3n a las entidades de pago y a las entidades de dinero electr\u00f3nico. La informaci\u00f3n abarca todo tipo de cuentas, tarjetas y pagos a un n\u00famero de tel\u00e9fono m\u00f3vil. Nueva obligaci\u00f3n informativa de car\u00e1cter anual relativa a operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas.<\/p>\n<\/a>

                      Estandarizaci\u00f3n programas inform\u00e1ticos de facturaci\u00f3n<\/a><\/strong><\/span><\/h6>\n

                      Real Decreto 254\/2025, de 1 de abril: contiene un \u00fanico art\u00edculo que modifica el Reglamento de facturaci\u00f3n y una Disposici\u00f3n Final \u00fanica (entrada en vigor), todo ello relativo a los sistemas y programas inform\u00e1ticos o electr\u00f3nicos de facturaci\u00f3n y la estandarizaci\u00f3n de formato de los registros de facturaci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

                      Documento Nacional de Identidad<\/a><\/strong><\/span><\/h6>\n

                      Real Decreto 255\/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad: sustituye al 1553\/2005, de 23 de diciembre, introduciendo una nueva regulaci\u00f3n en el proceso de expedici\u00f3n, gesti\u00f3n y desarrollo del DNI en sus versiones f\u00edsica y digital en t\u00e9rminos m\u00e1s completos de seguridad jur\u00eddica. Adapta la regulaci\u00f3n al Reglamento (UE) 2019\/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la uni\u00f3n, y a la posibilidad de que la ciudadan\u00eda pueda disponer de su DNI en formato digital a trav\u00e9s de una aplicaci\u00f3n en un dispositivo m\u00f3vil.<\/p>\n

                      Contramedidas aranceles Trump<\/a><\/strong><\/p>\n

                      Real Decreto-ley 4\/2025, de 8 de abril: dise\u00f1a el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial para mitigar los efectos de la crisis arancelaria. Incluye medidas como avales para la financiaci\u00f3n de empresas expuestas, aumento de fondos para el FIEM o cobertura de los riesgos de la internacionalizaci\u00f3n. Se flexibiliza la causa de disoluci\u00f3n de las sociedades por p\u00e9rdidas del art\u00edculo 363.1 e) TRLSC y se da un plazo para reformular cuentas anuales.<\/p>\n<\/a>

                      Registro huella de carbono<\/a><\/strong><\/h6>\n

                      Real Decreto 214\/2025: sustituye a otro previo de 2014 que dispuso la creaci\u00f3n del registro de huella de carbono, compensaci\u00f3n y proyectos de absorci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono. Tambi\u00e9n establece la obligaci\u00f3n del c\u00e1lculo de la huella de carbono, del establecimiento de un plan de reducci\u00f3n de emisiones de gases de efecto invernadero y de su publicaci\u00f3n para determinadas empresas e instituciones. Prev\u00e9 la relaci\u00f3n de este Registro con el de la Propiedad, mediante la pr\u00e1ctica de una nota marginal, con redacci\u00f3n similar a la derogada.<\/p>\n

                      Ir a la\u00a0p\u00e1gina especial<\/strong><\/a>.<\/p>\n

                      Destacamos que:<\/p>\n