{"id":128192,"date":"2025-06-11T19:33:39","date_gmt":"2025-06-11T17:33:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=128192"},"modified":"2025-06-11T20:29:54","modified_gmt":"2025-06-11T18:29:54","slug":"el-valor-de-la-jurisprudencia-en-el-marco-de-las-fuentes-del-derecho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/practica\/analisis-jurisprudencia-jmdf\/el-valor-de-la-jurisprudencia-en-el-marco-de-las-fuentes-del-derecho\/","title":{"rendered":"El valor de la Jurisprudencia en el marco de las fuentes del Derecho."},"content":{"rendered":"

EL VALOR DE LA JURISPRUDENCIA EN EL MARCO DE LAS FUENTES DEL DERECHO<\/span> <\/strong><\/h1>\n

UN AN\u00c1LISIS EMP\u00cdRICO A LA VISTA DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE SOBRE OBLIGACIONES Y CONTRATOS (PARTE GENERAL)<\/strong>[1]<\/strong><\/a><\/h2>\n

Juan Mar\u00eda D\u00edaz Fraile<\/strong><\/h2>\n

Registrador de la Propiedad y Mercantil<\/span><\/strong><\/p>\n

Ex Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00cdNDICE:<\/span><\/h2>\n

I. Introducci\u00f3n. El valor y funciones de la jurisprudencia.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

II. Sentencias que consagran principios generales del derecho.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

    \n
  1. El enriquecimiento injusto como fuente de las obligaciones.<\/strong><\/a><\/li>\n
  2. La buena fe tambi\u00e9n como par\u00e1metro interpretativo de los contratos.<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ol>\n

    III. Sentencias que cumplen la funci\u00f3n de establecer la interpretaci\u00f3n \u00abuniforme\u00bb e \u00abintegradora\u00bb de una norma jur\u00eddica.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

      \n
    1. Adaptaci\u00f3n del Derecho a la realidad social del tiempo de su aplicaci\u00f3n, incluyendo la modificaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n expresa de la jurisprudencia<\/strong><\/a><\/li>\n
    2. Aclaraci\u00f3n del significado de las expresiones ambiguas, oscuras o excesivamente gen\u00e9ricas de la ley.<\/strong><\/a><\/li>\n
    3. Resoluci\u00f3n de lagunas y contradicciones legales.<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      Conclusi\u00f3n<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

      Enlaces<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

       <\/p>\n

      <\/a>I. INTRODUCCI\u00d3N. EL VALOR Y FUNCIONES DE LA JURISPRUDENCIA<\/strong><\/span><\/span><\/h2>\n

      En los momentos previos a la elaboraci\u00f3n de la Ley 3\/1973, de 17 de marzo, de Bases para la modificaci\u00f3n del T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo civil (CC), la doctrina espa\u00f1ola polemizaba sobre si la jurisprudencia del Tribunal Supremo es o no una fuente del derecho, en torno a lo cual confrontaban dos tesis:<\/p>\n

      (i) Una primera que afirmaba el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho desde el punto de vista de lo que se consider\u00f3 como un ejercicio de \u00abrealismo jur\u00eddico\u00bb. La realidad \u2013 se afirmaba – es la prueba palmaria de que las afirmaciones jurisprudenciales operan en el plano de la aplicaci\u00f3n del Derecho como gu\u00edas o directrices que sirven para resolver los conflictos, en forma similar a como lo hacen las genuinas normas jur\u00eddicas.<\/p>\n

      (ii) Desde la tesis negativa se hac\u00eda hincapi\u00e9 en la imposibilidad de que un \u00f3rgano jurisdiccional, aunque sea el superior en la escala jer\u00e1rquica, cree reglas de derecho de aplicaci\u00f3n general, pues tal no es constitucionalmente su espec\u00edfica funci\u00f3n. Se argumentaba tambi\u00e9n la falta de obligatoriedad, en sentido estricto, de observar como mandatos los criterios emanados de la jurisprudencia ni para los ciudadanos, ni tampoco para los dem\u00e1s \u00f3rganos jurisdiccionales, ni para el propio tribunal a quien nada impide cambiar su jurisprudencia.<\/p>\n

      Finalmente, tanto en la Ley de Bases como en el texto refundido aprobado por Decreto 1836\/1974, de 31 de mayo,\u00a0prevaleci\u00f3 una posici\u00f3n que podemos denominar \u00abecl\u00e9ctica\u00bb marcada por la ambig\u00fcedad. En el actual art. 1.6 del C\u00f3digo la jurisprudencia no se define como fuente del derecho, sin embargo, sistem\u00e1ticamente se la coloca dentro del precepto dedicado a su enumeraci\u00f3n. La funci\u00f3n que se le asigna es la de complemento o integraci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, aunque no se precisa en qu\u00e9 consiste en concreto esa funci\u00f3n de complemento o integraci\u00f3n: \u00abla jurisprudencia complementar\u00e1 el ordenamiento jur\u00eddico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho\u00bb.<\/p>\n

      A partir de esa ambigua concepci\u00f3n legal, la doctrina ha tratado de caracterizar la jurisprudencia sistematizando las funciones que cumple. En este sentido me parece singularmente acertada la sistematizaci\u00f3n hecha por el profesor D\u00edez-Picazo[2]<\/a>, que distingue tres funciones:<\/p>\n

      (i) funci\u00f3n de \u00abinterpretaci\u00f3n uniforme\u00bb de las normas, estableciendo el alcance, la inteligencia o la significaci\u00f3n de sus expresiones ambiguas u oscuras;<\/p>\n

      (ii) funci\u00f3n de \u00abinterpretaci\u00f3n integradora\u00bb de las normas, cuando se introducen en ellas variantes que sin aparecer expresamente en las mismas son exigidas por la coherencia sistem\u00e1tica dentro del ordenamiento;<\/p>\n

      (iii) funci\u00f3n de \u00abconsagraci\u00f3n y concreci\u00f3n de los principios generales del Derecho\u00bb, extrayendo los valores en que se fundan del ordenamiento y, al tiempo, incorpor\u00e1ndolos al propio ordenamiento una vez concretados.<\/p>\n

      Tres elementos adicionales contribuyen a subrayar la relevancia de la jurisprudencia, no solo en la interpretaci\u00f3n del Derecho sino tambi\u00e9n en su formaci\u00f3n: (i) la necesidad de adaptar el Derecho a la realidad social cambiante aun sin modificar la ley; (ii) la consideraci\u00f3n como supuestos de error judicial indemnizable los de aquellas resoluciones en que un \u00f3rgano judicial prescinda totalmente de la jurisprudencia (art. 292 LOPJ); y (iii) la relevancia que para la admisi\u00f3n de los recursos de casaci\u00f3n tiene no s\u00f3lo la infracci\u00f3n de las normas de Derecho positivo, sino tambi\u00e9n la infracci\u00f3n de la jurisprudencia (art. 477 LEC).<\/p>\n

      La importancia de este \u00faltimo elemento se ha subrayado tras la reciente reforma del recurso de casaci\u00f3n por el Real Decreto-ley 5\/2023, de 28 de junio, al restringir el acceso a la casaci\u00f3n a los casos en que exista inter\u00e9s casacional (con la sola excepci\u00f3n de las sentencias de tutela judicial civil de los derechos fundamentales), entendiendo que existe inter\u00e9s casacional \u00ab[i] cuando la resoluci\u00f3n recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo [\u2026] o [ii] aplique normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo\u00bb. Adem\u00e1s, la reforma de 2023 se hace eco del reciente fen\u00f3meno de la litigaci\u00f3n en masa y a\u00f1ade tambi\u00e9n como supuestos de inter\u00e9s casacional aquellos en que la \u00abcuesti\u00f3n litigiosa sea de inter\u00e9s general para la interpretaci\u00f3n uniforme de la ley \u2026. Se entender\u00e1 que existe inter\u00e9s general cuando la cuesti\u00f3n afecte potencial o efectivamente a un gran n\u00famero de situaciones, bien en s\u00ed misma o por trascender del caso objeto del proceso\u00bb. Se piensa fundamentalmente en los pleitos relativos a condiciones generales de la contrataci\u00f3n, pero tambi\u00e9n en otros como p.ej. los relativos a infracciones al Derecho de la competencia.<\/p>\n

      Esto pone de manifiesto que el recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia y que su naturaleza de recurso extraordinario se basa en que resulta de mayor inter\u00e9s la defensa del ius constitutionis<\/em> (fijaci\u00f3n de doctrina legal), que el ius litigatoris<\/em> (soluci\u00f3n del caso concreto), entendiendo que \u00e9ste, con car\u00e1cter general, queda suficientemente satisfecho con el derecho a la doble instancia.<\/p>\n

      Vamos a ver a continuaci\u00f3n algunos ejemplos que ilustran estas tres citadas funciones de la jurisprudencia a trav\u00e9s de algunas de las sentencias dictadas en los \u00faltimos a\u00f1os por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en materia de obligaciones y contratos.<\/p>\n

      Una advertencia previa: aunque el art. 1.6 CC exige que la doctrina sea reiterada (lo que supone, al menos, dos sentencias), esta regla se except\u00faa cuando se trate de sentencias del Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina, en cuyo caso bastar\u00e1 la cita de una sola sentencia para fundar un recurso de casaci\u00f3n (Acuerdo sobre criterios de admisi\u00f3n de los recursos de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal. Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017).<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n

      <\/a>II. SENTENCIAS QUE CONSAGRAN PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.<\/span><\/h2>\n

      Don Federico de Castro sostuvo que los principios generales son el fundamento del orden jur\u00eddico, orientadores de la labor interpretativa y fuente en caso de insuficiencia de la ley y la costumbre[3]<\/a>. Ya hemos visto que una de las funciones de la jurisprudencia es precisamente consagrar y concretar estos principios generales. Citar\u00e9 solo dos ejemplos, de entre los muchos que ofrece la jurisprudencia.<\/p>\n

      <\/a>1. El enriquecimiento injusto como fuente de las obligaciones.<\/em><\/h3>\n

      La STS 1216\/2023, de 7 de septiembre, declara expresamente su car\u00e1cter de principio general del derecho. La raz\u00f3n jur\u00eddica o fundamento de que sea fuente de obligaciones es la \u00abatribuci\u00f3n patrimonial sin causa\u00bb: el que se ha enriquecido, lo ha hecho sin causa y, por ello, debe restituir al empobrecido aquello en que se enriqueci\u00f3. Precisamente este fundamento explica la afirmaci\u00f3n de la Sala de que los cuasicontratos (gesti\u00f3n de negocios ajenos y pago de lo indebido) no son sino expresi\u00f3n del principio del enriquecimiento injusto. En congruencia con ello, la propuesta de modernizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n General de Codificaci\u00f3n de 2023 excluye los cuasicontratos del cat\u00e1logo de fuentes de las obligaciones, e incluye en su lugar el enriquecimiento injusto.<\/p>\n

      La jurisprudencia no solo consagra el principio general, sino que tambi\u00e9n delimita con precisi\u00f3n sus elementos y requisitos: (i) el \u00abenriquecimiento\u00bb del demandado debe consistir en cualquier provecho o utilidad patrimonial o econ\u00f3mica, y puede tener lugar aumentando su patrimonio (lucrum emergens<\/em>) – por v\u00eda de incremento del activo o por v\u00eda de la disminuci\u00f3n del pasivo – o evitando su disminuci\u00f3n (damnum\u00a0cesans<\/em>) – v.gr. gasto hecho por un tercero en provecho del demandado -; (ii) este enriquecimiento puede surgir por el solo hecho del desplazamiento patrimonial indebido, incluso con ignorancia o buena fe del beneficiario, ya que no requiere para su aplicaci\u00f3n que exista mala fe, negligencia o un acto il\u00edcito por parte del enriquecido [la antijuridicidad no se predica de la conducta sino del resultado]; (iii) es necesario que entre el enriquecimiento y el correlativo empobrecimiento exista una relaci\u00f3n o nexo causal, bien directo (desplazamiento patrimonial inmediato), bien indirecto (la salida o disminuci\u00f3n del patrimonio del perjudicado no es simult\u00e1nea e inmediata a la entrada o aumento del patrimonio del beneficiario, sino a trav\u00e9s de un tercero o transmisi\u00f3n intermedia). La acci\u00f3n para exigir su declaraci\u00f3n es subsidiaria en defecto de otras.<\/p>\n

      <\/a>2. La buena fe tambi\u00e9n como par\u00e1metro interpretativo de los contratos<\/em>.<\/h3>\n

      La STS 367\/2016, de 3 de junio, reconoce su condici\u00f3n de principio general cuya vulneraci\u00f3n puede expulsar del contrato, entre otras, las denominadas cl\u00e1usulas sorpresivas por contrarias al contenido natural del contrato (pues los contratos obligan a \u00abtodas las consecuencias que, seg\u00fan su naturaleza, sean conforme a la buena fe\u00bb ex art. 1258 CC). Principio que ha tenido importante aplicaci\u00f3n en el \u00e1mbito de los contratos de seguro respecto de las cl\u00e1usulas limitadoras de los derechos del asegurado.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n

      <\/a>III. SENTENCIAS QUE CUMPLEN LA FUNCI\u00d3N DE ESTABLECER LA INTERPRETACI\u00d3N \u00abUNIFORME\u00bb E \u00abINTEGRADORA\u00bb DE UNA NORMA JUR\u00cdDICA<\/span><\/h2>\n

      La funci\u00f3n de interpretaci\u00f3n uniforme e integradora de la norma jur\u00eddica abarca tres actuaciones: (I) aclarar la significaci\u00f3n de las expresiones ambiguas u oscuras, (ii) resolver las contradicciones o lagunas de la ley y (iii) actualizar su significaci\u00f3n con arreglo a la realidad social de cada momento. Actuaciones que tienen una eficacia general m\u00e1s all\u00e1 el caso resuelto.<\/p>\n

      Utilizando las categor\u00edas de la semi\u00f3tica y haciendo una met\u00e1fora podr\u00edamos decir que la ley funciona como significante y la jurisprudencia como significado del Derecho.<\/p>\n

      Se trata de una funci\u00f3n que est\u00e1 tambi\u00e9n avalada por la jurisprudencia del TJUE, en particular, en sus sentencias 7 de agosto de 2018,\u00a0Escobedo<\/em>\u00a0Cort\u00e9s\u00a0y 14 de marzo de 2019,\u00a0Dunai,<\/em>\u00a0al recordar que los \u00f3rganos jurisdiccionales superiores de un Estado miembro pueden estar facultados, \u00abal ejercer su funci\u00f3n de armonizaci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n del Derecho y en aras de la seguridad jur\u00eddica, [\u2026], para elaborar determinados criterios que sirvan de gu\u00eda a los tribunales inferiores a la hora de examinar el car\u00e1cter abusivo de las cl\u00e1usulas contractuales\u00bb.<\/p>\n

      Los ejemplos que podemos citar en materia de obligaciones y contratos son m\u00faltiples.<\/p>\n

      <\/a>1. Adaptaci\u00f3n del Derecho a la realidad social del tiempo de su aplicaci\u00f3n, incluyendo la modificaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n expresa de la jurisprudencia<\/strong><\/h3>\n

      A) En materia de clases de contratos por el modo en que se perfeccionan,<\/em><\/strong> se diferencia entre los contratos consensuales, y los contratos reales. Y desde el punto de vista del tipo de v\u00ednculo que generan, se diferencian los contratos bilaterales o sinalagm\u00e1ticos, de los que nacen obligaciones para las dos partes contratantes, y contratos unilaterales, que solo crean obligaciones a cargo de una de las partes. Tradicionalmente la jurisprudencia hab\u00eda venido clasificando el pr\u00e9stamo mutuo como un contrato real, que se perfeccionaba con la entrega del capital prestado y, en consecuencia, unilateral, porque a partir de su nacimiento solo surgen obligaciones a cargo del prestatario.<\/p>\n

      Esta doble construcci\u00f3n doctrinal del pr\u00e9stamo comportaba unos resultados pr\u00e1cticos que se han considerado inasumibles en el moderno tr\u00e1fico jur\u00eddico, y que se concretaban en tres puntos:<\/p>\n