PR\u00c1CTICA REGISTRAL<\/p>\n
REGISTRO DE LA PROPIEDAD<\/strong><\/p>\n BOE DICIEMBRE 2014<\/strong><\/p>\n (JDR)<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n RESE\u00d1A ABREVIADA DE ALGUNAS DE LAS NOVEDADES M\u00c1S DESTACADAS DEL BOE DE DICHO MES.<\/strong><\/p>\n (Para informaci\u00f3n m\u00e1s completa, v\u00e9ase el informe mensual<\/a>).<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 1.- DISPOSICIONES GENERALES<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n A destacar:<\/p>\n <\/p>\n PARQUES NACIONALES. Ley 30\/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales<\/b><\/a><\/p>\n <\/p>\n LEY SOCIEDADES DE CAPITAL. Ley 31\/2014, de 3 de diciembre,<\/b><\/a><\/p>\n <\/p>\n PRESUPUESTOS. Ley 36\/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2015.<\/strong><\/a><\/p>\n <\/p>\n 2.- SENTENCIAS SOBRE CALIFICACI\u00d3N REGISTRAL<\/strong><\/p>\n No se han publicado en el boe de este mes.<\/p>\n <\/p>\n 3.- RESOLUCIONES DE LA DGRN<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n A destacar:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 1.- DISPOSICIONES GENERALES:<\/b><\/p>\n <\/p>\n PARQUES NACIONALES. <\/b>Ley 30\/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b>Esta tiene por objeto<\/strong> establecer el r\u00e9gimen jur\u00eddico b\u00e1sico para asegurar la conservaci\u00f3n de los parques nacionales y de la Red que forman, as\u00ed como los diferentes instrumentos de coordinaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n.<\/p>\n Sustituye a la Ley 5\/2007, de 3 de abril<\/a>, de la Red de Parques Nacionales, que queda derogada, aunque la figura de parque nacional, protegido por Ley de Cortes, tiene ya cerca de cien a\u00f1os de historia, desde la creaci\u00f3n del Parque Nacional de la Monta\u00f1a de Covadonga, manteniendo el objetivo declarado de garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural.<\/p>\n La presente ley desarrolla y actualiza el modelo<\/strong> existente basado en su configuraci\u00f3n en la Red de Parques Nacionales<\/strong>, entendida como el sistema integrado por aquellos espacios declarados parques nacionales, su marco normativo b\u00e1sico y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.<\/p>\n El marco normativo<\/strong> est\u00e1 formado fundamentalmente por esta ley y sus instrumentos de desarrollo, as\u00ed como las leyes declarativas de cada parque.<\/p>\n La ley se estructura en 11 t\u00edtulos<\/strong>.<\/p>\n El T\u00edtulo I,<\/strong> \u00abDisposiciones Generales<\/strong>\u00bb, se refiere al objeto de esta ley, ya visto, los deberes de los poderes p\u00fablicos y desarrolla definiciones.<\/p>\n Destacamos la definici\u00f3n de zona perif\u00e9rica de protecci\u00f3n<\/strong>: es el espacio mar\u00edtimo o terrestre exterior, continuo y colindante a un parque nacional, dotado de un r\u00e9gimen jur\u00eddico propio destinado a proyectar los valores del parque en su entorno y amortiguar los impactos ecol\u00f3gicos o paisaj\u00edsticos procedentes del exterior sobre el interior del parque nacional.<\/p>\n La Ley en su T\u00edtulo II,<\/strong> \u00abLos parques nacionales<\/strong>\u00bb, establece que el objetivo de estos espacios es la conservaci\u00f3n de sus valores naturales y culturales, supeditando a este logro el resto de actividades.<\/p>\n Los parques nacionales son<\/strong> espacios naturales, de alto valor ecol\u00f3gico y cultural, poco transformados por la explotaci\u00f3n o actividad humana que, en raz\u00f3n de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geolog\u00eda o de sus formaciones geomorfol\u00f3gicas, poseen unos valores ecol\u00f3gicos, est\u00e9ticos, culturales, educativos y cient\u00edficos destacados cuya conservaci\u00f3n merece una atenci\u00f3n preferente y se declara de inter\u00e9s general del Estado.<\/p>\n Los requisitos<\/strong> que debe cumplir un parque son exigentes con superficie m\u00ednima de 20000 hect\u00e1reas (5000 en las islas).<\/p>\n Seg\u00fan la D. Ad. 7\u00aa, las administraciones p\u00fablicas adoptar\u00e1n, en un plazo m\u00e1ximo de seis a\u00f1os<\/strong> a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las medidas precisas para adecuar la situaci\u00f3n de los parques nacionales a los requisitos que la Ley exige, salvo superficie.<\/p>\n Su declaraci\u00f3n lleva aparejada la utilidad p\u00fablica<\/strong> o el inter\u00e9s social de las actuaciones necesarias para la consecuci\u00f3n de sus objetivos.<\/p>\n Tanteo y retracto <\/strong>(art. 7.2):<\/p>\n Las actividades<\/strong> presentes y consolidadas en el territorio de los parques nacionales en el momento de su declaraci\u00f3n ser\u00e1n objeto de estudio a fin de determinar las que resulten incompatibles<\/strong>.<\/p>\n El suelo incluido en un parque nacional no podr\u00e1 ser susceptible de urbanizaci\u00f3n ni edificaci\u00f3n<\/strong>, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gesti\u00f3n en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gesti\u00f3n y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del parque nacional.<\/p>\n Se regula el procedimiento<\/strong> para declarar un parque nacional, o ampliarlo, cuya iniciativa corresponde a las comunidades aut\u00f3nomas o al Gobierno. Con la adopci\u00f3n del acuerdo de aprobaci\u00f3n inicial entrara en vigor un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n preventivo que se prolongar\u00e1 hasta la entrada en vigor de la ley declarativa.<\/p>\n Puede perderse<\/strong> la condici\u00f3n de parque nacional que se efectuar\u00e1 por ley de las Cortes Generales.<\/p>\n El T\u00edtulo III<\/strong> se dedica a la \u00abRed de Parques Nacionales<\/strong>\u00bb que define como un sistema integrado por aquellos espacios declarados parques nacionales, su marco normativo b\u00e1sico y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.<\/p>\n Se enumeran los objetivos de la Red y las amplias funciones que se reserva la Administraci\u00f3n General del Estado. El Gobierno establecer\u00e1 la imagen corporativa<\/strong> e identidad gr\u00e1fica de la Red por real decreto.<\/p>\n Quedan integrados en la Red el conjunto de parques nacionales ya declarados (D. Ad. 1\u00aa):<\/p>\n – el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,<\/p>\n – el Parque Nacional de Aig\u00fcestortes i Estany Sant Maurici,<\/p>\n – el Parque Nacional de los Picos de Europa,<\/p>\n – el Parque Nacional mar\u00edtimo-terrestre de las Islas Atl\u00e1nticas de Galicia,<\/p>\n – el Parque Nacional mar\u00edtimo-terrestre del Archipi\u00e9lago de Cabrera,<\/p>\n – el Parque Nacional de Caba\u00f1eros,<\/p>\n – el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel,<\/p>\n – el Parque Nacional de Monfrag\u00fce,<\/p>\n – el Parque Nacional de Sierra Nevada,<\/p>\n – el Parque Nacional de Do\u00f1ana,<\/p>\n – el Parque Nacional de Timanfaya,<\/p>\n – el Parque Nacional del Teide,<\/p>\n – el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente,<\/p>\n – el Parque Nacional de Garajonay y<\/p>\n – el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.<\/p>\n Cualquier nueva declaraci\u00f3n de parque nacional por las Cortes Generales supondr\u00e1 su autom\u00e1tica integraci\u00f3n en la Red de Parques Nacionales.<\/p>\n El T\u00edtulo IV<\/strong> se refiere a \u00abinstrumentos de planificaci\u00f3n<\/strong>\u00bb, en cuya c\u00faspide se encuentra el Plan Director de la Red de Parques Nacionales<\/em><\/strong>. Tambi\u00e9n est\u00e1n los planes rectores de uso y gesti\u00f3n, as\u00ed como los que, en su \u00e1mbito de competencia, acuerden las comunidades aut\u00f3nomas de car\u00e1cter sectorial.<\/p>\n Los Planes Rectores de Uso y Gesti\u00f3n deber\u00e1n ajustarse al Plan Director y prevalecer\u00e1n sobre el planeamiento urban\u00edstico.<\/p>\n El T\u00edtulo V<\/strong> se dedica a la \u00abgesti\u00f3n<\/strong>\u00bb, que corresponde a las CCAA, salvo los de aguas marinas.<\/p>\n El Estado se reserva la posibilidad de intervenir, con car\u00e1cter excepcional, si el estado de conservaci\u00f3n es desfavorable.<\/p>\n La Administraci\u00f3n General del Estado gestionar\u00e1 la Red de Parques Nacionales.<\/p>\n El T\u00edtulo VI<\/strong> se refiere a los \u00ab\u00f3rganos consultivos, de colaboraci\u00f3n y de coordinaci\u00f3n<\/strong>\u00bb. Se regulan los siguientes:<\/p>\n – Los Patronatos. Pensados como \u00f3rgano de participaci\u00f3n de la sociedad. Habr\u00e1 uno por parque.<\/p>\n – El Comit\u00e9 de Colaboraci\u00f3n y Coordinaci\u00f3n de Parques Nacionales.<\/p>\n – Las Comisiones de Coordinaci\u00f3n.<\/p>\n – El Consejo de la Red de Parques Nacionales.<\/p>\n – El Comit\u00e9 Cient\u00edfico de parques nacionales.<\/p>\n El T\u00edtulo VII<\/strong> se refiere a \u00abacciones concertadas<\/strong>\u00bb y consagra los principios de informaci\u00f3n mutua, cooperaci\u00f3n, haciendo especial hincapi\u00e9 en la financiera, y colaboraci\u00f3n entre las administraciones p\u00fablicas implicadas en la gesti\u00f3n de los parques nacionales.<\/p>\n El T\u00edtulo VIII<\/strong> trata del \u00abdesarrollo territorial<\/strong>\u00bb. Define el \u00e1rea de influencia socioecon\u00f3mica<\/em><\/strong>, de manera m\u00e1s restrictiva, constituida por los t\u00e9rminos municipales que aportan territorio al parque nacional salvo excepciones.<\/p>\n En estas \u00e1reas las administraciones p\u00fablicas podr\u00e1n conceder ayudas<\/em><\/strong> t\u00e9cnicas econ\u00f3micas y financieras, establecer planes de desarrollo y poner en marcha programas piloto que persigan una activaci\u00f3n econ\u00f3mica sostenible.<\/p>\n La Ley tambi\u00e9n protege aquellos usos y actividades tradicionales<\/em><\/strong> practicados de forma hist\u00f3rica por propietarios usuarios o residentes locales, en los parques nacionales que hayan sido reconocidos como compatibles.<\/p>\n Se potenciar\u00e1 el desarrollo de la marca \u00abParques Nacionales de Espa\u00f1a\u00bb<\/em><\/strong> como un identificador com\u00fan de calidad para las producciones de estos espacios.<\/p>\n El T\u00edtulo IX<\/strong> se ocupa de las \u00abrelaciones internacionales<\/strong>\u00bb. La Administraci\u00f3n General del Estado, asegurar\u00e1 una presencia internacional efectiva de los parques nacionales en el exterior.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El T\u00edtulo X<\/strong> se dedica a \u00abproyecci\u00f3n y participaci\u00f3n social<\/strong>\u00bb, persiguiendo que los parques nacionales sean un referente en materia de conservaci\u00f3n, en el modo de gestionar y en la implicaci\u00f3n de la sociedad civil.<\/p>\n La Ley se ocupa tambi\u00e9n de los titulares de derechos<\/em><\/strong> en los parques nacionales integr\u00e1ndolos en la propia conservaci\u00f3n del parque nacional y reconoci\u00e9ndoles capacidad para desarrollar actividades econ\u00f3micas o comerciales compatibles en especial las relacionadas con el uso p\u00fablico o el turismo rural.<\/p>\n Y el T\u00edtulo XI<\/strong> se refiere al \u00abr\u00e9gimen de infracciones y sanciones<\/strong>\u00bb que ser\u00e1 el establecido en la legislaci\u00f3n sobre protecci\u00f3n del medio natural, sin perjuicio de que las leyes declarativas de los parques nacionales establecer\u00e1n un r\u00e9gimen sancionador espec\u00edfico para cada uno de ellos.<\/p>\n Entr\u00f3 en vigor el 5 de diciembre de 2014.<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12588 – 31\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 460\u00a0KB)<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/b><\/p>\n **RESUMEN REFORMA PARCIAL DE LA LEY SOCIEDADES DE CAPITAL. <\/b>Ley 31\/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.<\/p>\n Empieza la EM de la ley de reforma ponderando la gran trascendencia<\/strong> que hoy d\u00eda tiene todo lo relativo al gobierno corporativo de las sociedades de capital<\/strong>. Materia adem\u00e1s que abarca no s\u00f3lo lo relativo al funcionamiento del consejo de administraci\u00f3n sino tambi\u00e9n a su pol\u00edtica de retribuciones y a la profesionalizaci\u00f3n de los administradores y directivos.<\/p>\n Apunta la EM que son dos los pilares<\/strong> en que se asienta el inter\u00e9s por el gobierno de las empresas: De una parte su utilidad<\/strong> de forma que \u201cel buen gobierno corporativo es un factor esencial para la generaci\u00f3n de valor en la empresa, la mejora de la eficiencia econ\u00f3mica y el refuerzo de la confianza de los inversores\u201d y de otra el convencimiento de la UE de que su complejidad y falta de transparencia han estado en el origen de la actual crisis financiera y no financiera<\/strong>, citando expresamente el defectuoso dise\u00f1o de los sistemas de retribuci\u00f3n<\/strong> como una de sus causas.<\/p>\n Espa\u00f1a ha compartido hist\u00f3ricamente el convencimiento de la importancia de que las sociedades y, especialmente las cotizadas y las entidades financieras, cuenten con un buen gobierno corporativo<\/p>\n Para ello se crearon en 1997, 2003 y 2006 grupos de expertos de car\u00e1cter t\u00e9cnico. Surge as\u00ed el informe Olivencia<\/strong>, resultado de los trabajos de la Comisi\u00f3n especial para el estudio de un c\u00f3digo \u00e9tico de los consejos de administraci\u00f3n, tambi\u00e9n el llamado informe Aldama<\/strong> y finalmente en 2006 se cre\u00f3 un Grupo de Trabajo Especial para armonizar y actualizar, en l\u00ednea con las tendencias europeas, el contenido del C\u00f3digo de buen gobierno<\/strong>, dando lugar al C\u00f3digo Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas hasta ahora vigente.<\/p>\n Junto a los c\u00f3digos se\u00f1alados tambi\u00e9n se han ido produciendo diversas modificaciones en leyes<\/strong> relativas a sociedades dirigidas al mismo fin. As\u00ed la Ley 44\/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que modifica la Ley 24\/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y por la que se oblig\u00f3 a las sociedades cotizadas a contar con un Comit\u00e9 de Auditor\u00eda; o la Ley 26\/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24\/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564\/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades an\u00f3nimas cotizadas, que oblig\u00f3 a estas sociedades a contar con los reglamentos de la junta general y del consejo de administraci\u00f3n respectivamente. Posteriormente, destaca la Ley 25\/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporaci\u00f3n de la Directiva 2007\/36\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Tambi\u00e9n hay que mencionar los avances que introdujo la Ley 2\/2011, de 4 de marzo<\/p>\n Pues bien, el antecedente directo de esta Ley se encuentra en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013, que crea una comisi\u00f3n de expertos en gobierno corporativo.<\/p>\n Con la Ley se pretende en lo relativo a la junta general de accionistas, reforzar su papel y abrir cauces para fomentar la participaci\u00f3n accionarial. A estos efectos, se extiende expresamente la posibilidad de la junta de impartir instrucciones al \u00f3rgano de administraci\u00f3n de las sociedades an\u00f3nimas.<\/p>\n Para el Consejo lo que se pretende es incrementar la transparencia<\/strong> en los \u00f3rganos de gobierno, el tratamiento equitativo de todos los accionistas<\/strong>, la gesti\u00f3n de los riesgos<\/strong> o la independencia, participaci\u00f3n y profesionalizaci\u00f3n de los consejeros<\/strong>. Para ello y en relaci\u00f3n a las sociedades cotizadas se introducen importantes modificaciones en las funciones de los cargos del consejo y en especial de su presidente y del secretario, se definen las distintas categor\u00edas de consejeros y la creaci\u00f3n de comisiones especializadas. Adem\u00e1s y con car\u00e1cter general, aunque de forma m\u00e1s pormenorizada en las cotizadas, se regula minuciosamente todo lo que se refiere a la remuneraci\u00f3n de los administradores.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.1 Competencia de la junta. Art. 160.<\/strong><\/p>\n Se incluye como nueva competencia<\/strong> de la junta la relativa a \u201cf) La adquisici\u00f3n, la enajenaci\u00f3n o la aportaci\u00f3n a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el car\u00e1cter esencial del activo cuando el importe de la operaci\u00f3n supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el \u00faltimo balance aprobado\u201d.<\/p>\n Es una norma que bien intencionada puede, en ocasiones, dada la menor agilidad de la junta en la toma de sus acuerdos, dificultar decisiones de importancia para la sociedad, am\u00e9n de la dificultan que existir\u00e1 puntualmente para determinar si determinados activos entran o no dentro del 25% a que se refiere la Ley.<\/p>\n Llama la atenci\u00f3n que no se incluya el gravamen<\/strong> de esos activos, si bien en cuanto ese gravamen pueda suponer una futura enajenaci\u00f3n lo l\u00f3gico es que tambi\u00e9n est\u00e9 comprendido en la competencia asignada a la junta general.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.2. Intervenci\u00f3n de la junta en asuntos de gesti\u00f3n. Art. 161.<\/strong><\/p>\n Ampl\u00eda a la sociedad an\u00f3nima y por tanto tambi\u00e9n a la cotizada la posibilidad de que la junta imparta instrucciones<\/strong> o someter a su autorizaci\u00f3n determinados asuntos de gesti\u00f3n, si bien ello se entiende sin perjuicio de las facultades de los administradores. Es decir que frente a terceros esas instrucciones o autorizaciones no surtir\u00e1n efecto alguno.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.3. Conflicto de intereses.<\/strong><\/p>\n Ampl\u00eda tambi\u00e9n a la sociedad an\u00f3nima<\/strong> la anterior norma s\u00f3lo aplicable a la sociedad limitada. Aparte de ello se aclara o extiende el conflicto<\/strong> a otras cuestiones que se\u00f1alamos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n \u201ce) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad<\/strong> conforme a lo previsto en el art\u00edculo 230.<\/p>\n No obstante en las sociedades an\u00f3nimas la prohibici\u00f3n de voto<\/strong> para autorizar la transmisi\u00f3n de acciones o para la exclusi\u00f3n s\u00f3lo existir\u00e1 si as\u00ed se prev\u00e9 en los estatutos.<\/p>\n Aparte de ello se a\u00f1ade un punto 3 a este art\u00edculo expresivo de que \u201c3. En los casos de conflicto de inter\u00e9s distintos de los previstos en el apartado 1, los socios no estar\u00e1n privados de su derecho de voto. No obstante, cuando el voto del socio o socios incursos en conflicto haya sido decisivo<\/strong> para la adopci\u00f3n del acuerdo, corresponder\u00e1, en caso de impugnaci\u00f3n, a la sociedad y, en su caso, al socio o socios afectados por el conflicto, la carga de la prueba de la conformidad del acuerdo al inter\u00e9s social<\/strong>. Al socio o socios que impugnen les corresponder\u00e1 la acreditaci\u00f3n del conflicto de inter\u00e9s. De esta regla se except\u00faan los acuerdos relativos al nombramiento, el cese, la revocaci\u00f3n y la exigencia de responsabilidad de los administradores y cualesquiera otros de an\u00e1logo significado en los que el conflicto de inter\u00e9s se refiera exclusivamente a la posici\u00f3n que ostenta el socio en la sociedad. En estos casos, corresponder\u00e1 a los que impugnen la acreditaci\u00f3n del perjuicio al inter\u00e9s social\u201d.<\/p>\n Observamos que se ha suprimido el antiguo conflicto de intereses que exist\u00eda cuando, siendo administrador (el socio), \u201cel acuerdo se refiera a la dispensa de la prohibici\u00f3n de competencia o al establecimiento con la sociedad de una relaci\u00f3n de prestaci\u00f3n de cualquier tipo de obras o servicios\u201d que ahora se sustituye<\/strong> por una referencia m\u00e1s general<\/strong> al deber de lealtad<\/strong> contenido en el nuevo art\u00edculo 230 que comprende dichos aspectos ampli\u00e1ndolos y concret\u00e1ndolos.<\/p>\n Ahora bien en materia de obras y servicios de los administradores deberemos tener en cuenta el art\u00edculo 220, no modificado, que impone el acuerdo de la junta para el establecimiento de contratos de servicio o de obra entre la sociedad y sus administradores.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.4. Derecho de informaci\u00f3n en la sociedad an\u00f3nima.<\/strong><\/p>\n Se reforma el art\u00edculo 197<\/strong>, s\u00f3lo aplicable a la sociedad an\u00f3nima. La reforma incide en una mera correcci\u00f3n de estilo en la redacci\u00f3n del art\u00edculo, en los supuestos en que los administradores pueden denegar esa informaci\u00f3n<\/strong>, en las consecuencias de la vulneraci\u00f3n del derecho de informaci\u00f3n<\/strong> y en la imposici\u00f3n al socio de la obligaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios por un uso abusivo de dicho derecho.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Es muy importante que, en la l\u00ednea de restringir los supuestos de impugnaci\u00f3n de acuerdos<\/strong> sociales, el nuevo art\u00edculo 197 dispone expresamente que la infracci\u00f3n del derecho de informaci\u00f3n solicitado en la propia junta<\/strong>, no facultar\u00e1 para la impugnaci\u00f3n de los acuerdos sociales. S\u00ed podr\u00e1 ser causa de impugnaci\u00f3n la infracci\u00f3n de ese derecho de informaci\u00f3n solicitado por el socio hasta siete d\u00edas antes de la celebraci\u00f3n de la junta. Ahora bien esta norma debe ponerse en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 204.3<\/strong> que tambi\u00e9n suprime el derecho de impugnaci\u00f3n por incorrecci\u00f3n o insuficiencia<\/strong>del derecho de informaci\u00f3n ejercitado por el socio antes de la celebraci\u00f3n de la junta.<\/p>\n 1.5. Votaciones en la junta general.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.5.1. Votaciones separadas.<\/strong><\/p>\n Se introduce un nuevo art\u00edculo, el 197 bis, sobre la votaci\u00f3n separada por asuntos.<\/b><\/p>\n Se pretende con esta norma clarificar la adopci\u00f3n<\/b> de los acuerdos sociales.<\/p>\n Su r\u00e9gimen es el siguiente:<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – <\/b>Votaci\u00f3n separada para los asuntos que sean sustancialmente independientes<\/b> unos de otros. Realmente no supone novedad pues era lo normal en el funcionamiento de la junta general.<\/p>\n – De forma imperativa y aunque figuren en el mismo punto del orden del d\u00eda, deben ser objeto de votaci\u00f3n separada los siguientes asuntos:<\/p>\n Desde el punto de vista notarial y registral<\/strong> nos podemos preguntar la trascendencia que pueda tener la infracci\u00f3n<\/strong> de esta norma. Parece que si se trata de junta formalmente convocada el precepto deber\u00e1 respetarse por el presidente de la junta que deber\u00e1 ordenar el debata en el sentido exigido por el precepto, sobre todo en las cuestiones espec\u00edficamente se\u00f1aladas. Es decir que si se infringe el precepto, en estos casos, ello puede ser causa de suspensi\u00f3n de la inscripci\u00f3n<\/strong>, que ser\u00eda adem\u00e1s por defecto insubsanable al no poderse volver hacia atr\u00e1s en la celebraci\u00f3n de la junta. Nosparece excesivo<\/strong> que por infracci\u00f3n de esta norma pueda denegarse la inscripci\u00f3n de unos acuerdos sociales. La misma Ley, en su nuevo art\u00edculo 204.3 reformado, considera que no procede la impugnaci\u00f3n de acuerdos por la infracci\u00f3n de requisitos meramente procedimentales<\/strong> con las salvedades que se\u00f1ala ninguna de las cuales de forma literal se refiere a la forma de votaci\u00f3n de los acuerdos sociales. S\u00f3lo considerando que esa forma de votaci\u00f3n es un asunto relevante<\/strong> pudiera fundarse una impugnaci\u00f3n en la infracci\u00f3n del precepto y no creemos que, pese a la claridad que dar\u00e1 a las votaciones el respetarlo, el mismo sea esencial para que un acuerdo se considere o no inscribible.<\/p>\n En cambio cuando se trate de junta universal y los acuerdos se tomen por unanimidad<\/strong> el precepto del nuevo art\u00edculo 197 bis podr\u00e1 obviarse<\/strong> pese a que sea imperativo, como se obvian otras normas tambi\u00e9n imperativas- informes de los administradores, dep\u00f3sito de proyectos, etc- cuando de estas juntas se trata.<\/p>\n En definitiva creemos que el art\u00edculo 197 bis trata de clarificar<\/strong>, de permitir a los socios exigir la votaci\u00f3n separada<\/strong>, de no mezclar unos asuntos con otros<\/strong>, de no obligar al socio que no est\u00e9 de acuerdo con un punto el tener que votar en un sentido no deseado por \u00e9l al estar inmerso en otra cuesti\u00f3n que s\u00ed le interesa, y en definitiva la norma tambi\u00e9n debe servir para obligar a los administradores a verificar las convocatoria de la forma m\u00e1s clara posible y en fin a servir de gu\u00eda a los nombrados presidentes de la juntas<\/strong> a dirigir el debate de forma ordenada y clara.<\/p>\n Para terminar el breve comentario de la norma nos llama la atenci\u00f3n que se hable de ratificaci\u00f3n<\/strong> de administradores. No tengo ahora conciencia de si en alg\u00fan precepto de la LSC o del RRM se habla de ratificaci\u00f3n de administradores. Creo que no<\/strong> y en todo caso dicha ratificaci\u00f3n debe responder a los supuestos en que se ponga en tela de juicio la actuaci\u00f3n de los administradores y estos incluyan expresamente en el orden del d\u00eda esa ratificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Registralmente la ratificaci\u00f3n, si los administradores lo eran por tiempo indefinido en una sociedad limitada, carece de significaci\u00f3n, pues el administrador, con ratificaci\u00f3n o sin ella, lo seguir\u00e1 siendo. En cambio si los administradores lo eran por un plazo determinado, sea la sociedad an\u00f3nima o limitada, la ratificaci\u00f3n pudiera prestar utilidad y ser inscribible<\/strong> en aquellos supuestos en que se producen nuevos nombramientos y se desea que todos los miembros del \u00f3rgano se sujeten a una misma duraci\u00f3n. En estos casos esa ratificaci\u00f3n, siempre que sea aceptada por su destinatario, podr\u00e1 ser objeto de inscripci\u00f3n en la hoja de la sociedad.<\/p>\n 1.5.2. Forma de c\u00f3mputo de las mayor\u00edas.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Se contiene en nuevos art\u00edculo 201<\/strong> que aclara la forma de computar las mayor\u00edas en la adopci\u00f3n de acuerdos.<\/p>\n Ahora para los casos normales se dice que los acuerdos se tomaran por mayor\u00eda simple cuando antes se hablaba de mayor\u00eda ordinaria, lo que hab\u00eda dado lugar a distintas teor\u00edas sobre la forma de computar esa mayor\u00eda. Incluso se aclara que esa mayor\u00eda simple se da cuando los votos a favor superan los votos en contra<\/strong>. Parece por tanto, con esta aclaraci\u00f3n, que siempre que se d\u00e9 el supuesto previsto en el art\u00edculo se entender\u00e1 adoptado el acuerdo<\/strong> incluso cuando las abstenciones, los votos en blanco o los votos nulos superen en n\u00famero, no s\u00f3lo a los votos a favor, lo que es l\u00f3gico, pues a esos votos no se les pueda dar un valor negativo, sino incluso al total de los votos emitidos en una forma u otra. Este \u00faltimo supuesto pudiera ser dudoso pues aqu\u00ed ya no habr\u00eda mayor\u00eda de votos emitidos sobre el acuerdo pues los votos no significados a favor o en contra superan a los que se inclinan por una u otra postura. No obstante, como el precepto no lo contempla, creemos que si se cumple en sus estrictos t\u00e9rminos<\/strong> prescindiendo de los otros tipos de voto el acuerdo deber\u00e1 entenderse adoptado.<\/p>\n El mismo art\u00edculo 201 tambi\u00e9n aclara que cuando se trata de acuerdos que exigen un qu\u00f3rum reforzado de votaci\u00f3n en primera convocatoria o segunda superando el 50% de asistencia, esa mayor\u00eda \n
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