{"id":138855,"date":"2026-07-10T19:00:20","date_gmt":"2026-07-10T17:00:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=138855"},"modified":"2026-07-10T19:00:20","modified_gmt":"2026-07-10T17:00:20","slug":"a-quien-le-amarga-un-pacto-sucesorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-notarial\/otros-temas\/a-quien-le-amarga-un-pacto-sucesorio\/","title":{"rendered":"\u00bfA qui\u00e9n le amarga… un pacto sucesorio?"},"content":{"rendered":"

\u00bfA QUI\u00c9N LE AMARGA…UN PACTO SUCESORIO?<\/strong><\/span><\/h1>\n

(Comentario a la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica de 26 de enero de 2026).<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0Bartolom\u00e9 Bibiloni Guasp, <\/span><\/strong>\u00a0<\/strong><\/span>Notario de Alcudia<\/strong><\/span><\/h2>\n

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.<\/strong><\/p>\n

\u00cdndice:<\/h2>\n

0.<\/strong>– EXPOSICI<\/strong><\/a>\u00d3N DE -FALTA- DE MOTIVOS<\/a>.<\/strong>\u00a0<\/b><\/p>\n

I.- EL SUPUESTO DE HECHO<\/a>.<\/strong><\/p>\n

II.- LA CALIFICACI\u00d3N DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD<\/a>.<\/strong><\/p>\n

III.- LOS ARGUMENTOS DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD<\/a>.<\/strong><\/p>\n

IV.- LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE<\/a>.<\/strong><\/p>\n

V.- LA RESOLUCI\u00d3N DE LA DIRECCION GENERAL.<\/a><\/strong><\/p>\n

VI.- POR ALUSIONES<\/a>.<\/strong><\/p>\n

VII.- EL MEOLLO DE LA CUESTI<\/a><\/strong>\u00d3N<\/strong><\/a>.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 1.- Los pactos sucesorios en el Reglamento Sucesorio Europeo<\/a>.<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 2.- Los pactos sucesorios en el C<\/a><\/strong>\u00f3digo civil.<\/strong><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a02.1.- Introducci<\/a><\/strong>\u00f3n<\/a>.<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a02.2.- Los pactos sucesorios otorgados por espa\u00f1oles<\/a><\/strong>.<\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 2.2.1.- Los pactos sucesorios otorgados por espa\u00f1oles residentes en Espa\u00f1a<\/strong><\/a>.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 2.2.2.- Los pactos sucesorios otorgados por espa\u00f1oles residentes en el extranjero<\/strong><\/a>.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 2.3.- Los pactos sucesorios otorgados por extranjeros<\/strong>.<\/span><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 3.- Los pactos sucesorios en los Derechos civiles auton<\/strong><\/a>\u00f3micos<\/a>.<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03.1.- Introducci\u00f3n.<\/a><\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03.2.- Los pactos sucesorios en el Derecho civil de las Illes Balears<\/a>.<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03.2.1.- El pacto sucesorio de definici\u00f3n<\/a>.<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03.2.2.- El pacto sucesorio de instituci\u00f3n.<\/strong><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03.3.- Los pactos sucesorios en el Derecho Civil de Galicia<\/strong><\/a>.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 3.3.1.- Introducci\u00f3n<\/a>.<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 3.3.2.- El significado de la redacci\u00f3n del precepto.<\/strong><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 3.3.3.- La competencia para incluir este articulo<\/a>.<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 3.3.4.- La existencia de una normativa preferente<\/a><\/strong>.<\/p>\n

\u00a0VIII.- CONCLUSI\u00d3N.<\/strong><\/a><\/p>\n

\u00a0\u00a0ENLACES<\/strong><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>0.- EXPOSICI<\/strong>\u00d3N DE -FALTA- DE MOTIVOS. <\/strong><\/span><\/h2>\n

Puedo prometer y prometo que me he resistido -muy mucho- a realizar estos comentarios. Creo que no hay nada que decir, que ya no se haya dicho.<\/p>\n

Es reiterar unos argumentos, que han quedado suficientemente justificados, para rebatir una doctrina jurisprudencial que ha quedado suficientemente rebatida por una doctrina jurisprudencial superior y por una doctrina altamente cualificada en la materia.<\/p>\n

Pero tampoco pod\u00eda dejar pasar la ocasi\u00f3n y aceptar que se mantengan unos criterios, sobre los que se asienten ulteriores calificaciones registrales, que se refrenden por posteriores resoluciones de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, creando una doctrina que se acepte, no por convincente, sino por reiterada. Todo lo cual provoca cierta inseguridad jur\u00eddica, al existir unos pactos sucesorios que tienen acceso al Registro de la Propiedad sin problema alguno, y otros no.<\/p>\n

Desde mi atalaya del Norte de Mallorca donde resido, he seguido de cerca el tema de los pactos sucesorios. He viviendo el importante auge que han experimentado en los \u00faltimos a\u00f1os, a ra\u00edz de sucesivas reformas fiscales y de una nueva concepci\u00f3n de la sucesi\u00f3n hereditaria, tendente a evitar los conflictos familiares que se dan en muchos casos.<\/p>\n

Y, entonces, al leer la resoluci\u00f3n que aqu\u00ed comentamos, me surge esa pregunta: \u00bfA qui\u00e9n le amarga un pacto sucesorio? \u00bfA qui\u00e9n pretendemos defender al negar la posibilidad de otorgar ese pacto por parte de un extranjero residente en Espa\u00f1a?<\/p>\n

Es cierto que, de esta modalidad de disposici\u00f3n mortis causa,<\/em> no pueden beneficiarse todos los espa\u00f1oles, concretamente los que se rigen por las reglas del C\u00f3digo civil. No es m\u00e1s que una consecuencia de las normas que \u00e9ste dispone, que hay que aceptar sin m\u00e1s opci\u00f3n y que en nada alteran el supuesto que ahora analizamos.<\/p>\n

Pero, adem\u00e1s, de lege<\/em> -muy- ferenda<\/em>, ser\u00eda deseable que en toda Espa\u00f1a se\u00a0 pudieran celebrar pactos sucesorios. Las grandes ventajas que aportan -en especial, en el acuciante tema de la vivienda- deber\u00edan extenderse a todos los ciudadanos, sin distinci\u00f3n por raz\u00f3n de su vecindad civil.<\/p>\n

Y ser\u00eda muy f\u00e1cil conseguirlo. S\u00f3lo con suprimir, o modificar, tres art\u00edculos del C\u00f3digo civil -concretamente, los art\u00edculos 658<\/a>, 816<\/a> y 1.271<\/a>-, se podr\u00eda dar entrada a esa opci\u00f3n, eliminando la prohibici\u00f3n existente, que se fundamenta en unos criterios que, hoy por hoy, est\u00e1n totalmente superados.<\/p>\n

Pues bien, el motivo que, al final, ha hecho decidirme a escribir este art\u00edculo es doble:<\/p>\n

a) El respeto al Derecho civil de Galicia, a cuyos pactos sucesorios hay que agradecer que fueron el detonante de la eliminaci\u00f3n de su tributaci\u00f3n por la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en el momento de su otorgamiento, lo que se plasm\u00f3 en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016<\/a><\/p>\n

b) Y, sobre todo, el respeto al Derecho civil de las Illes Baleares, cuyos pactos sucesorios se van otorgando diariamente, con una regulaci\u00f3n civil altamente detallada, con una sujeci\u00f3n fiscal casi inexistente y con una doctrina judicial de acorde con todo ello.<\/p>\n

Iremos incidiendo en esos puntos al comentar el caso en cuesti\u00f3n, el de la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, de fecha 26 de enero del 2026<\/a>.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>I.- EL SUPUESTO DE HECHO.<\/strong><\/span><\/h2>\n

Se trata del otorgamiento de un pacto sucesorio de mejora, previsto en el Derecho civil de Galicia, por parte de un donante de nacionalidad alemana, residente de forma habitual en Galicia, a favor de sus dos hijos. La nacionalidad y la residencia habitual de \u00e9stos es irrelevante, a los efectos del pacto.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>II.- LA CALIFICACI\u00d3N DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD<\/span>.<\/strong><\/h2>\n

La registradora competente deniega su inscripci\u00f3n por el defecto siguiente: s\u00f3lo se admite el pacto sucesorio de mejora cuando el otorgante ostenta la nacionalidad espa\u00f1ola y la vecindad civil gallega, no siendo suficiente la simple residencia. Por consiguiente, no es v\u00e1lido un pacto sucesorio otorgado por un extranjero, aunque sea residente en Espa\u00f1a, al no ostentar la vecindad civil gallega.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>III.- LOS ARGUMENTOS DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD<\/span>.<\/strong><\/h2>\n

No aporta ninguno.<\/p>\n

Se limita a transcribir los argumentos del texto de la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe Publica de 20 de enero de 2022, que trat\u00f3 un caso similar y que acord\u00f3 ratificar la calificaci\u00f3n registral y denegar el recurso interpuesto contra ella.<\/p>\n

Tal razonamiento tiene su l\u00f3gica. Si, en aquella Resoluci\u00f3n, la Direcci\u00f3n General se inclin\u00f3 por mantener la calificaci\u00f3n del registrador -aunque precisare de 32 argumentos para hacerlo- hay que suponer que, ahora, tambi\u00e9n resolver\u00e1 a favor de esa postura. Aunque, s\u00f3lo sea por un principio de coherencia.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>IV.- LOS ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE.<\/strong><\/span><\/h2>\n

La recurrente aporta una serie de argumentos, dispersos y variados, con transcripci\u00f3n de preceptos del Reglamento Sucesorio Europeo, que es la norma b\u00e1sica que deber\u00eda reconducirnos a una clara soluci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0Existen algunas divagaciones a lo largo de su exposici\u00f3n. Dif\u00edcil de seguir, pero f\u00e1cil de rebatir.<\/p>\n

Eso s\u00ed, nos aporta dos datos interesantes:<\/p>\n

1\u00ba.- La referencia al art\u00edculo 36 de dicho Reglamento, precepto fundamental que comentaremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n

2\u00ba.- La alusi\u00f3n a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 14 de mayo de 2021, que revoca la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado de 24 de mayo de 2019 y admite el otorgamiento de un pacto de definici\u00f3n por parte de una disponente y causante de nacionalidad francesa residente en Mallorca.<\/p>\n

Lo extra\u00f1o del caso es que la recurrente no utilice los argumentos que se aportaron a la contestaci\u00f3n al recurso de casaci\u00f3n que dio lugar a esta sentencia. Si en ella se dio la raz\u00f3n al extranjero residente, del mismo modo habr\u00eda podido servir para este caso. Tambi\u00e9n por un principio de coherencia.<\/p>\n

Habr\u00eda sido una transcripci\u00f3n tan razonable como la realizada por la registradora de la propiedad.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>V.- LA RESOLUCI\u00d3N DE LA DIRECCI\u00d3N GENERAL.<\/span><\/strong><\/h2>\n

La Direcci\u00f3n General confirma la nota de calificaci\u00f3n y desestima \u00edntegramente el recurso interpuesto contra ella.<\/p>\n

Lo plantea en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n

\u00a0\u00abLa cuesti\u00f3n que plantea este recurso ha sido objeto de an\u00e1lisis por este Centro Directivo en diversas ocasiones anteriores respecto del Derecho balear y gallego, reproduciendo el presente recurso, como bien expresa la registradora, la problem\u00e1<\/em>tica de<\/em> la Resoluci<\/em>\u00f3n de 20 de enero de 2022 a cuyos argumentos cabe referirse.<\/em><\/p>\n

2. La cuesti\u00f3n de fondo es la relaci\u00f3<\/em>n del Reglamento (UE) n.<\/em>\u00ba 650\/2012 con los Derechos forales o auton\u00f3micos civiles que regulan pactos sucesorios <\/em>\u00ab<\/em>disposiciones <\/em>mortis causa<\/em>\u00bb <\/em>en el Reglamento, limitadamente previstas en el art\u00edculo 3.1. y sujetas a los requisitos de admisibilidad y validez material y formal de los art\u00edculos 24 a 28 del <\/em>Reglamento (UE) n.<\/em>\u00ba 650\/2012, a su vez relacionados con los art\u00edculos 36 a 38 de la misma norma europea<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

El argumento esencial sobre el que se apoya la resoluci\u00f3n a favor de mantener la calificaci\u00f3n registral no se observa de forma clara, al acudir a remisiones a otras decisiones judiciales o de la propia Direcci\u00f3n General.<\/p>\n

Precisa, pues, de un an\u00e1lisis m\u00e1s estructurado. Pero antes vamos a detenernos a comentar algunas afirmaciones que realiza la Direcci\u00f3n General sobre el Derecho civil balear.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>VI.- POR ALUSIONES.<\/span><\/strong><\/h2>\n

\u00a0<\/strong>Con la pretensi\u00f3n de resolver una cuesti\u00f3n que est\u00e1 relacionada con el Derecho civil de Galicia, la Direcci\u00f3n General acude a referencias de casos similares que se dieron en el Derecho civil de las Illes Balears. Podemos mencionar los siguientes comentarios:<\/p>\n

1\u00aa.<\/strong>– Esta cuesti\u00f3n ya fue tratada por la Direcci\u00f3n General respecto del Derecho civil balear.<\/p>\n

Existen varias resoluciones sobre este tema. La \u00fanica que se recurri\u00f3 termin\u00f3 en la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears revoc\u00e1ndola.<\/p>\n

Como las dem\u00e1s resoluciones -una de Eivissa y una de Galicia- no fueren impugnadas, la Direcci\u00f3n General da a entender que esa dejadez implica la aceptaci\u00f3n y el reconocimiento de sus principios. Quien calla, otorga.<\/p>\n

Olvida que la no impugnaci\u00f3n de las resoluciones citadas pudo deberse, m\u00e1s bien, a la \u201cpereza\u201d de acudir a la lenta y atascada v\u00eda judicial. O, quiz\u00e1s, al desconocimiento y falta de asesoramiento por parte del disponente alem\u00e1n, que s\u00ed tuvo la donante francesa en el pacto de definici\u00f3n. O, \u00fanicamente, por un tema de coste, en tiempo y en dinero, que indujo a no pleitear contra la Administraci\u00f3n del Estado, que no tiene problemas econ\u00f3micos para llegar hasta el final.<\/p>\n

2\u00aa.<\/strong>– Se trata de un criterio pacifico el que se defiende, excepto lo dispuesto en dicha Sentencia del tribunal balear, a la que califica de breve -s\u00f3lo 12 p\u00e1ginas- y modificada por una correcci\u00f3n de errores -que, tal vez, pudiera dar a entender que alterara el resultado de la misma-.<\/p>\n

La raz\u00f3n jur\u00eddica no precisa de una mayor extensi\u00f3n en sus argumentos. La brevedad no est\u00e1 re\u00f1ida con el acierto en la resoluci\u00f3n. Quien tiene raz\u00f3n, no precisa de muchas razones.<\/p>\n

Y sorprende la referencia a una correcci\u00f3n de errores de dicha Sentencia, lo que se llev\u00f3 a cabo por Auto 1\/2021, de 1 de junio, que subsan\u00f3 determinados errores materiales detectados en el texto original, ajustando errores de transcripci\u00f3n, num\u00e9ricos o remisiones dentro de los fundamentos jur\u00eddicos, sin alterar el sentido de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Mencionar su existencia es irrelevante, desde el momento en que para nada afecta el criterio que se deduce de la doctrina del Tribunal Superior. Irse por las ramas, en modo alguno potencia la credibilidad de una resoluci\u00f3n que impide la manifestaci\u00f3n de una voluntad, en defensa de los intereses de nadie.<\/p>\n

3\u00aa.<\/strong>– Hace referencia a las sentencias que precedieron a la del Tribunal Superior, entre ellas la del Juzgado de Primera Instancia que, en materia de Derecho internacional privado, alter\u00f3 totalmente la brillante exposici\u00f3n de la registradora de la propiedad, cuya calificaci\u00f3n dio lugar a ese recurso.<\/p>\n

Lo m\u00e1s curioso del caso radica en que la calificaci\u00f3n de la registradora fue favorable a la aplicaci\u00f3n de la normativa balear a un extranjero -una francesa- residente en Mallorca. La negativa a inscribir el pacto de definici\u00f3n se concret\u00f3 a un requisito del propio Derecho civil mallorqu\u00edn, no de Derecho internacional privado, que el Tribunal Superior aclar\u00f3 en sus justos t\u00e9rminos.<\/p>\n

4\u00aa<\/strong>.- Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears anul\u00f3, aisladamente, la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de 24 de mayo de 2019, objeto de impugnaci\u00f3n.<\/p>\n

Es cierto que esta Resoluci\u00f3n impugnada fue anulada. Pero el Tribunal Superior no contradice los criterios de la Direcci\u00f3n General en materia de Derecho Internacional Privado, con los que coincide, sino los de Derecho civil balear.<\/p>\n

En cambio, no fue objeto de impugnaci\u00f3n la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, de 10 de agosto del 2020, en la que se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de pacto sucesorio con entrega de bienes, conforme al Derecho civil de Eivissa y Formentera, otorgado por un extranjero residente.<\/p>\n

En ella, se remite sustancialmente a la de 24 de mayo del 2019, de forma que podr\u00edamos entender que sus argumentos quedan \u00abanal\u00f3gicamente\u00bb revocados por lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Superior.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

5\u00aa<\/strong>.- Lo que ya es del todo punto inadmisible es el consejo de la Direcci\u00f3n General de que \u00abuna reforma de la Compilaci\u00f3n de las Islas Baleares (…) podr\u00eda ser el camino adecuado para actualizar si as\u00ed se quiere, el pacto de definici\u00f3n…<\/em>\u00ab<\/p>\n

La Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe Publica olvida -o desconoce- que en las Islas Baleares se aprob\u00f3 la Ley 8\/2022, de 11 de noviembre, de sucesi\u00f3n voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears<\/strong>, que fue publicada en el BOIB n\u00famero 148, de 17 de noviembre del 2022 y en el BOE n\u00famero 290, de 3 de diciembre del 2022, y que entr\u00f3 en vigor el 17 de enero del 2023. Son m\u00e1s de tres a\u00f1os durante los cuales se han ido otorgando pactos sucesorios por espa\u00f1oles de vecindad civil balear y por extranjeros residentes.<\/p>\n

Regula esta ley, con sumo detalle, los pactos sucesorios existentes en estas islas, incluyendo el pacto de definici\u00f3n que fue el objeto de recurso en su d\u00eda, con una extensi\u00f3n de 80 art\u00edculos, y que permite su otorgamiento por parte de quienes, espa\u00f1oles y extranjeros, tengan reconocida esa facultad conforme a la legislaci\u00f3n aplicable, sea el C\u00f3digo civil, sea el Reglamento Sucesorio Europeo.<\/p>\n

En fin, y para cerrar este apartado, podemos decir que la redacci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n, que aqu\u00ed comentamos, revela un cierto menosprecio a esa Sentencia del Tribunal Superior de las Illes Balears, como si se tratara de un caso aislado y cuyos argumentos fueran de poco peso, por su brevedad y por la existencia de una posterior -totalmente irrelevante- correcci\u00f3n de errores.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>VII.- EL MEOLLO DE LA CUESTI<\/span><\/strong>\u00d3N<\/strong>.<\/span><\/h2>\n

La conclusi\u00f3n final se reduce al hecho de que un extranjero residente de forma habitual en Espa\u00f1a no puede otorgar un pacto sucesorio de mejora, previsto en el Derecho civil de Galicia, por la simple raz\u00f3n de que no posee la vecindad civil gallega.<\/p>\n

La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: \u00bfqui\u00e9n lo impide?<\/p>\n

Se han propuesto varias opciones, barajando la relaci\u00f3n entre el Derecho foral o auton\u00f3mico y el Reglamento Sucesorio Europeo, con la intermediaci\u00f3n del Derecho civil estatal, sobre la ley aplicable a un pacto sucesorio. Son las siguientes:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Porque lo proh\u00edbe el Reglamento Sucesorio Europeo.<\/li>\n
  2. Porque lo proh\u00edbe el C\u00f3digo civil.<\/li>\n
  3. Porque lo proh\u00edbe el Derecho civil auton\u00f3mico.<\/li>\n<\/ol>\n

    Vamos a intentar desgranar todas estas posibilidades.<\/p>\n

     <\/p>\n

    <\/a>1.- Los pactos sucesorios en el Reglamento Sucesorio Europeo.<\/span><\/strong><\/h2>\n

    Son pocos los que defienden que el Reglamento Sucesorio Europeo proh\u00edbe el otorgamiento de pactos sucesorios en aquellos Estados en los que su ley interna, o algunas de sus leyes, lo permite. Y que el pacto de mejora, en cuesti\u00f3n, lo es tanto a nivel nacional como internacional.<\/p>\n

    A\u00fan as\u00ed, la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica de 20 de enero de 2022,<\/a> que sirve de apoyo argumental a la que aqu\u00ed comentamos, lleg\u00f3 a decir que:<\/p>\n

    \n

    \u00abEs decir, pese al <\/em>\u201c<\/em>nomen ius\u201d de la mejora con entrega de bienes en Derecho gallego, al referirse a una entrega de presente, cuyo r<\/em>\u00e9<\/em>gimen se ha de regular por este propio Derecho seg\u00fan la reciente interpretaci\u00f3n del Tribunal de Justicia citada, cabe dudar seriamente que pueda dar lugar a pacto de los incluidos en el Reglamento, (…)<\/em>\u00ab.<\/p>\n

    Y \u00abque un pacto con entrega de presente de los mismos, dif\u00edcilmente puede ser considerado un pacto sucesorio a los efectos de los art\u00edculos 3.1.b) y 25 a 27 del <\/em>Reglamento (UE) n.<\/em>\u00ba 650\/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecuci\u00f3<\/em>n de<\/em> las resoluciones, a la aceptaci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n de los documentos p\u00fablicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creaci\u00f3n de un certificado sucesorio europeo<\/em>\u00ab.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    Ahora bien, de los restantes argumentos se deduce que lo dicho se trata de una cuesti\u00f3n meramente incidental, sin mayor trascendencia.<\/p>\n

    El Reglamento Sucesorio Europeo admite los pactos sucesorios en su art\u00edculo 25, que dispone:<\/p>\n

    \n

    \u201cPactos sucesorio. Un pacto sucesorio relativo a la sucesi\u00f3n de una sola persona se regir\u00e1, por lo que ata\u00f1e a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resoluci\u00f3n, por la ley que, en virtud del presente Reglamento, fuese aplicable a su sucesi\u00f3n si aquella hubiera fallecido en la fecha de conclusi\u00f3n del pacto\u201d<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    Equipara el otorgamiento del pacto sucesorio a la sucesi\u00f3n hereditaria, acudiendo a la ficci\u00f3n de que el otorgante \u00abfallece\u00bb al celebrarlo y que \u00abfallece\u00bb tantas veces como pactos otorgue.<\/p>\n

    Con ello, realiza una remisi\u00f3n a estos otros dos preceptos del mismo texto legal, que son:<\/p>\n

    \n

    a) Art\u00edculo 21: \u201cRegla general. Salvo disposici\u00f3n contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesi\u00f3n ser\u00e1 la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento<\/em>\u201d.<\/p>\n

    b) Art\u00edculo 22: \u201cElecci\u00f3n de la ley aplicable. 1. Cualquier persona podr\u00e1 designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elecci\u00f3n o en el momento del fallecimiento<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    Ofrece un importante abanico de posibilidades, desde el momento en que admite la validez de un pacto sucesorio si \u00e9ste est\u00e1 reconocido en alguna de estas leyes:<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 a) La ley del Estado de residencia habitual del causante.<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 b) La ley del Estado cuya nacionalidad ostente el causante al realizar la professio iuris<\/em> a favor de\u00a0 ella.<\/p>\n

    De la combinaci\u00f3n de ambos supuestos queda confirmado que puede otorgar un pacto sucesorio quien no reside en el pa\u00eds de su nacionalidad, siempre que lo admitan las leyes,<\/strong> bien de su Estado nacional, bien del Estado de su residencia.<\/strong><\/p>\n

    La cuesti\u00f3n se traslada, pues, a las normas internas de estos Estados.<\/p>\n

     <\/p>\n

    <\/a>2.- Los pactos sucesorios en el C<\/strong>\u00f3digo civil.<\/strong><\/span><\/h2>\n

    <\/a>2.1.- Introducci<\/strong>\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h2>\n

    Aunque el C\u00f3digo civil sea contrario a la facultad de otorgar un pacto sucesorio a quienes se sometan a sus normas materiales, s\u00ed reconoce su admisibilidad cuando un punto de conexi\u00f3n permita aplicar las reglas de conflicto a favor de una legislaci\u00f3n auton\u00f3mica que, en la mayor\u00eda de los casos, reconoce su validez.<\/p>\n

    Esta normativa conflictual tendr\u00e1 un distinto desarrollo seg\u00fan quien pretenda otorgar el pacto sea un espa\u00f1ol o un extranjero.<\/p>\n

    <\/a>2.2.- Los pactos sucesorios otorgados por espa\u00f1oles<\/span><\/strong>.<\/span><\/h2>\n

    Se excluyen de este an\u00e1lisis los pactos que pretendan celebrar los espa\u00f1oles residentes en el extranjero, sin hacer expresa elecci\u00f3n de su ley nacional, cuya admisibilidad depender\u00e1 de las normas del Estado de su residencia habitual. En l\u00edneas generales, los reconocen las que siguen el sistema jur\u00eddico germ\u00e1nico, frente a las que se inclinan por el sistema latino o anglosaj\u00f3n.<\/p>\n

    Nos centraremos en analizar la posibilidad de celebrar un pacto sucesorio por parte de los espa\u00f1oles residentes en Espa\u00f1a y de los que residen fuera de nuestras fronteras, pero que hagan professio iuris<\/em> a favor de las normas de su nacionalidad.<\/p>\n

    Aunque al final lleguemos a la misma conclusi\u00f3n, el camino a seguir es distinto en ambos casos, como vamos a ver a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

    <\/a>2.2.1.- Los pactos sucesorios otorgados por espa\u00f1oles residentes en Espa\u00f1a<\/strong>.<\/span><\/p>\n

    Se trata de pactos internos,<\/strong> con respecto a los cuales el Reglamento Sucesorio Europeo se inhibe de determinar cu\u00e1l debe ser la norma aplicable, al decir su art\u00edculo 38, intitulado \u201cInaplicaci\u00f3n del presente Reglamento a los conflictos internos de leyes<\/em>\u201d, que:<\/p>\n

    \n

    \u201clos Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jur\u00eddicas en materia de sucesiones no estar\u00e1n obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre dichas unidades territoriales<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    En consecuencia, para la regulaci\u00f3n de los pactos sucesorios internos, habr\u00e1 que acudir a las normas del C\u00f3digo civil, en especial los art\u00edculos 9.8<\/a>, 14.1<\/a>, 15.4<\/a> y 16.1<\/a>, a la hora de conocer cu\u00e1l es la legislaci\u00f3n aplicable, siguiendo el criterio, \u00fanico admisible, de la vecindad civil del causante en el momento del otorgamiento de ese pacto.<\/p>\n

    Ello nos llevar\u00e1 a su prohibici\u00f3n de ser aplicable el C\u00f3digo civil -art\u00edculos 1.271<\/a> y 816<\/a>– o a su general admisibilidad de regirse por alguna de las dem\u00e1s legislaciones civiles espa\u00f1olas.<\/p>\n

    <\/a>2.2.2.- Los pactos sucesorios otorgados por espa\u00f1oles residentes en el extranjero<\/span><\/strong>.<\/span><\/span><\/p>\n

    Se trata de un pacto transfronterizo<\/strong>, por la residencia del causante fuera de Espa\u00f1a, a pesar de lo cual elige la ley de su nacionalidad como la aplicable.<\/p>\n

    En este caso, el Reglamento ya se considera competente y lo resuelve en su art\u00edculo 36, relativo a los \u201cEstados con m\u00e1s de un sistema jur\u00ed<\/em>dico <\/em>\u2013 conflictos territoriales de leyes\u00bb, <\/em>cuyo apartado 1 dispone que: <\/em><\/p>\n

    \n

    \u00abEn el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jur\u00eddicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinar\u00e1n la unidad territorial correspondiente cuyas normas jur\u00ed<\/em>dicas regular<\/em>\u00e1n la sucesi\u00f3n\u00bb.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

    Remite a las normas internas del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol -\u00fanico en el que existen diversas unidades territoriales con sus normas jur\u00eddicas en materia de sucesiones-, concretamente a las normas de conflicto, que existen y son aplicables a los espa\u00f1oles.<\/p>\n

    Ello nos llevar\u00e1, tambi\u00e9n aqu\u00ed, a su prohibici\u00f3n de ser aplicable el C\u00f3digo civil -art\u00edculos 1.271<\/a> y 816<\/a>– o a su general admisibilidad de regirse por alguna de las dem\u00e1s legislaciones civiles espa\u00f1olas.<\/p>\n

     <\/p>\n

    <\/a>2.3.- Los pactos sucesorios otorgados por extranjeros<\/strong><\/span>.<\/h2>\n

    Nos encontramos con pactos sucesorios transfronterizos<\/strong> por raz\u00f3n de la nacionalidad del causante que pretende otorgarlo en el Estado de su residencia habitual, en este caso Espa\u00f1a, y sin hacer elecci\u00f3n de su ley nacional.<\/p>\n

    La disposici\u00f3n del art\u00edculo 25 del Reglamento por su remisi\u00f3n al art\u00edculo 21 nos reconduce, sin lugar a dudas, a que la ley nacional aplicable sea la espa\u00f1ola.<\/p>\n

    Determinar cu\u00e1l de las leyes existentes en territorio nacional debe decidir si reconoce la validez, o no, del pacto sucesorio, ha planteado una mayor problem\u00e1tica. centrada, sobre todo, en qu\u00e9 apartado del articulo 36 debe aplicarse.<\/p>\n

    S\u00f3lo la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 10 de Palma, en Sentencia de 11 de mayo de 2020 se inclina por el apartado 1, en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 1\u00aa.-<\/strong> Consider\u00f3 que era aplicable el Reglamento Sucesorio Europeo, en base al cual -art\u00edculos 25.1 y 21.1- la ley que deb\u00eda regir el pacto sucesorio era la ley espa\u00f1ola.<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 2\u00aa.<\/strong>– Consider\u00f3 que, al ser Espa\u00f1a un Estado \u201cplurilegislativo\u201d por comprender varias unidades territoriales con sus propias normas jur\u00eddicas en materia de sucesiones, era aplicable el art\u00edculo 36 del citado Reglamento.<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03\u00aa.-<\/strong> Dentro de las distintas opciones que ofrece dicho precepto, se inclin\u00f3 por la prevista en su apartado 1 por entender que en dicho Estado existen normas internas sobre conflictos de leyes para determinar la unidad territorial correspondiente cuyas normas jur\u00eddicas regular\u00e1n el pacto en cuesti\u00f3n.\u00a0Entiende que las normas internas existen y que son las previstas en el C\u00f3digo civil que, por tanto, deben ser las aplicables al caso.<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04\u00aa.-<\/strong> Que, en consecuencia, el C\u00f3digo civil -art\u00edculos 16 y 14- establece que el criterio para resolver el conflicto de leyes a nivel interno es el de la vecindad civil, de la que carece la causante de cuya sucesi\u00f3n, anticipada, se trata -art\u00edculo 9.8-.<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a05\u00aa.-<\/strong> Y que, por todo ello, al no ostentar la causante la vecindad civil mallorquina, ni alguna otra, resuelve que ser\u00e1 aplicable el Derecho civil \u201ccom\u00fan\u201d, es decir, el C\u00f3digo civil, que proh\u00edbe los pactos sucesorios -art\u00edculos 1.271 y 816-.<\/p>\n

    A la vista de estos argumentos, la conclusi\u00f3n fue la desestimaci\u00f3n de la demanda y, consiguientemente, el no reconocimiento de la validez del pacto otorgado.<\/p>\n

    Las dem\u00e1s Sentencias y Resoluciones optan por entender que debe regir el apartado 2 -y, en alg\u00fan caso, el apartado 3-. Pasamos a transcribir algunos extractos de ellas.<\/p>\n

    a)<\/strong><\/span> Ya la registradora de la propiedad cuya calificaci\u00f3n dio lugar a la Resoluci\u00f3n de 24 de mayo de 2019, lo expuso en esa l\u00ednea:<\/p>\n

    \n

    \u00ab<\/span>La donaci<\/em>\u00f3n con definici\u00f3<\/em>n de leg<\/em>\u00edtima es un pacto sucesorio que se refiere exclusivamente a la sucesi\u00f3<\/em>n del donante.<\/em><\/p>\n

    En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art<\/em>\u00ed<\/em>culo 25.1<\/em>\u00a0<\/em>del Reglamento, la admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes de dicho pacto, incluidas las condiciones para su resoluci\u00f3n, se rige por la ley que fuese aplicable a la sucesi\u00f3n si el causante hubiera fallecido en la fecha de conclusi\u00f3n del pacto.<\/em><\/p>\n

    En la fecha de celebraci\u00f3n del pacto la donante resid<\/em>\u00ed<\/em>a en Baleares, por lo que, de conformidad con lo previsto en el art<\/em>\u00ed<\/em>culo 21 del Reglamento, la ley aplicable a su sucesi\u00f3n habr<\/em>\u00ed<\/em>a sido la ley espa\u00f1ola, como ley de la residencia habitual de la causante en el momento de su (presunto) fallecimiento.<\/em><\/p>\n

    El art<\/em>\u00ed<\/em>culo 25.3 del Reglamento habr<\/em>\u00ed<\/em>a permitido a las partes elegir como ley aplicable la ley francesa, nacionalidad que ostentaba la donante en el momento del pacto y que podr<\/em>\u00ed<\/em>a haber elegido como ley sucesora de conformidad con la professio iuris contemplada en el art<\/em>\u00ed<\/em>culo 22.<\/em><\/p>\n

    Para disipar cualquier duda, en el acta de manifestaci\u00f3n que se acompa\u00f1a a la escritura la donante declara no haber otorgado professio iuris. Esta manifestaci\u00f3n es hasta cierto punto innecesaria, pues son las partes en el pacto sucesorio las que pueden elegir dicha ley, y no la donante\/causante. Es obvio que las partes han optado por un pacto sucesorio que se contempla en la ley balear, y no en la ley francesa.<\/em><\/p>\n

    Establecida la aplicaci\u00f3n de la ley espa\u00f1ola, el car<\/em>\u00e1<\/em>cter plurilegislativo del sistema espa\u00f1ol exige justificar la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n balear sobre la base de lo previsto en el art<\/em>\u00ed<\/em>culo 36 del Reglamento.<\/em><\/p>\n

    Las normas espa\u00f1olas de Derecho interregional, contempladas b<\/em>\u00e1<\/em>sicamente en el art<\/em>\u00ed<\/em>culo 16 del C\u00f3digo civil, resultan inoperantes en estos casos, pues utilizan como criterio para los conflictos de leyes internos en materia sucesoria la vecindad civil del causante.<\/em><\/p>\n

    Habida cuenta de que la donante carece de vecindad civil, por ser extranjera, el apartado 2<\/em>\u00ba <\/em>del art<\/em>\u00ed<\/em>culo 36 habilita un sistema de remisi\u00f3n directa, de forma que la remisi\u00f3n a la ley espa\u00f1ola como ley de la residencia habitual del causante debe ser entendida como referida a la ley de la unidad territorial de la residencia del causante.<\/em><\/p>\n

    En este caso, pues, procede la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n balear en consideraci\u00f3n de la residencia habitual de la donante\/causante en Mallorca.<\/em><\/p>\n

    El art\u00edculo 50 de la Compilaci\u00f3n balear es aplicable, pues, en principio, al pacto sucesorio<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    b)<\/strong><\/span> La Direcci\u00f3n General, en dicha resoluci\u00f3n, no contradijo sus afirmaciones, aunque se inclin\u00f3 m\u00e1s por la aplicaci\u00f3n del apartado 3 del articulo 36 y no el apartado 2 como hizo la citada registradora. Lo expuso as\u00ed:<\/p>\n

    \n

    \u00abEstas normas determinar<\/em>\u00e1n la unidad territorial correspondiente cuyas previsiones regular\u00e1n la sucesi\u00f3n. Seleccionado el Derecho espa\u00f1ol, \u00fanico Estado miembro concernido al no realizar <\/em>\u00ab<\/em>opt in<\/em>\u00bb <\/em>Reino Unido en su momento, al que hubiera sido aplicable este sistema, la soluci\u00f3n a los conflictos interregionales conforme a la ley interna \u2013ley de la vecindad civil\u2013 <\/em>se aplicar<\/em>\u00e1 preferentemente en la sucesi\u00f3n internacional causada exclusivamente por nacionales espa\u00f1<\/em>oles.<\/em>(…).<\/em><\/p>\n

    Trat<\/em>\u00e1ndose de un causante no espa\u00f1ol, a cuya sucesi\u00f3n se le aplique la ley espa\u00f1<\/em>ola (art<\/em>\u00edculo 22), se estar\u00e1 a la normativa que resulte aplicable en la ley de la unidad territorial en que tenga su residencia habitual, o en su defecto la de v\u00ednculos m\u00e1<\/em>s estrechos.<\/em><\/p>\n

    6. Con este dise\u00f1o, el Reglamento que es, como se ha indicado, de aplicaci\u00f3n universal, hace equivaler las situaciones en las que no hay Derecho interregional interno \u2013normas internas sobre conflicto de leyes\u2013 y en las que las haya, pero el causante no es nacional.<\/em><\/p>\n

    A partir de ah\u00ed se distingue entre la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 21, 22 o 30, en cuanto conexiones principales de la ley aplicable. Si <\/em>\u00e9<\/em>sta se selecciona conforme a la regla principal y a la vez subsidiaria de la residencia habitual, habr\u00e1 que estar a la ley de la unidad territorial en la que el causante no espa\u00f1ol hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento (36.2.a, designaci\u00f3n directa). (…).<\/em><\/p>\n

    16. Conforme a la ley espa\u00f1<\/em>ola <\/em>\u2013a la que conducen las restantes conexiones\u2013, debe analizarse, previamente, si existe una norma interna de conflicto aplicable al supuesto (art\u00edculo 36.3 del Reglamento). Y la respuesta es negativa, en cuanto la norma del art\u00ed<\/em>culo 9, p<\/em>\u00e1rrafo 8, apartado 2, del C\u00f3<\/em>digo Civil, regir<\/em>\u00e1 solo en el \u00e1mbito de los conflictos internos, entre distintas unidades territoriales y sin elemento internacional.<\/em><\/p>\n

    En este \u00e1mbito internacional, en el que se desenvuelve el supuesto planteado, ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 36.3 del Reglamento, que, como se ha indicado, a falta de norma de conflicto, toma como referencia a la unidad territorial con la que el testador las personas cuya sucesi\u00f3n sea objeto de un pacto sucesorio hubieran tenido un v\u00ednculo m\u00e1s estrecho. Vinculo que referido al momento del otorgamiento del pacto queda reflejado en la residencia habitual en la unidad territorial. Por lo tanto, a esa unidad debe venir referida la validez formal de la unidad territorial<\/em>\u00ab.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    c)<\/strong> <\/span>La Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, de 10 de agosto del 2020, relativa a un pacto sucesorio conforme al Derecho civil de Eivissa y Formentera, por su parte, destaca lo siguiente, aunque sin ser tan expl\u00edcita como la anterior:<\/p>\n

    \n

    \u00ab2. El tema ya fue abordado por este Centro Directivo en la resoluci\u00f3<\/em>n de<\/em>\u00a024 de mayo de\u00a02019 a cuya integra lectura cabe hacer remisi\u00f3n. (…).<\/em><\/p>\n

    \u00a0<\/em>3.\u2003Nuestra normativa, tanto internacional como interna establece como regla principal para determinar la ley personal en el derecho interregional, la vecindad civil, trat\u00e1ndose de espa\u00f1<\/em>oles<\/em>\u00ab.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    d)<\/strong><\/span> La Sentencia 1\/2021 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Sala de los Civil y de lo Penal de Palma de Mallorca, de 14 de mayo del 2021 lo expone as\u00ed:<\/p>\n

    \n

    \u00a0\u00abComo ya se ha dicho, la residencia habitual en Mallorca de quien otorgo\u0301 la definicio\u0301n en calidad de causante o disponente no viene cuestionada, y en el art. 36.1 del mencionado Reglamento sucesorio europeo, se dispone que:<\/em><\/p>\n

    \u00ab<\/em>En el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas juri\u0301dicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinara\u0301n la unidad territorial correspondiente cuyas normas juri\u0301dicas regulara\u0301n la sucesio\u0301n.\u00bb<\/em><\/p>\n

    Segu<\/em>\u0301n se ha adelantado, el Co\u0301digo Civil establece en su art. 14 que la sujecio\u0301n al derecho civil comu\u0301n o al especial o foral, en este caso el derecho civil de las Islas Baleares para la isla de Mallorca, se determina por la vecindad civil, cuya adquisicio\u0301n por los extranjeros se supedita, en el art. 15 del Co\u0301digo Civil, a la previa obtencio\u0301n de la nacionalidad espan\u0303ola, de modo que -en el caso- la causante o disponente de nacionalidad francesa carece de vecindad civil y, como tal, no puede llegar a adquirirla.<\/em><\/p>\n

    Por tanto, para la otorgante de la definicio<\/em>\u0301n en calidad de causante o disponente se carece de norma de conflicto, en tanto la norma aplicable contempla un punto de conexio\u0301n (la vecindad civil) de imposible aplicacio\u0301n al supuesto que se examina.<\/em><\/p>\n

    El art. 36.2.a) del Reglamento sucesorio europeo se refiere especi<\/em>\u0301ficamente al problema conflictual propio de los Estados que comprendan ma\u0301s de un sistema juri\u0301dico, sen\u0303alando que, para este caso en que falta norma de conflicto: \u00abtoda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entendera\u0301, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual del causante, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento.\u00bb<\/em><\/p>\n

    Por tanto, la referencia a la residencia habitual en Espan<\/em>\u0303a debe ser entendida como referida a la unidad territorial donde residi\u0301a habitualmente la interesada en el momento de otorgar la donacio\u0301n con pacto de definicio\u0301n, para el caso la isla de Mallorca, debie\u0301ndose concluir que resulta de aplicacio\u0301n el derecho civil de las Islas Baleares, y concretamente el aplicable en la isla de Mallorca<\/em>\u00ab.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

    e)<\/strong><\/span> La Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica, de 20 de enero del 2022, que fundamenta y se reproduce en la que comentamos. Dice as\u00ed:<\/p>\n

    \n

    \u00ab21.<\/em> Resulta, por tanto, pac\u00edfico ex art\u00edculos\u00a025.1 y\u00a021.1 del Reglamento que el Derecho aplicable es el espa\u00f1ol por ser el del Estado de la residencia habitual don M. A. R. M. Lo que no lo resulta tanto es qu\u00e9 normas de nuestro ordenamiento, si el C\u00f3digo Civil o la Ley de derecho civil de Galicia. Las claves para resolver esta cuesti\u00f3n se hallan en el art\u00edculo\u00a036 del Reglamento.<\/em><\/p>\n

    El art<\/em>\u00edculo\u00a036 del Reglamento relativo a los Estados con m\u00e1s de un sistema jur\u00eddico \u2013conflictos territoriales de leyes\u2013, en su apartado primero establece que en el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jur\u00eddicas en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinar\u00e1n la unidad territorial correspondiente cuyas normas jur\u00eddicas regular\u00e1n la sucesi\u00f3n.<\/em><\/p>\n

    Se<\/em>\u00f1alando el p\u00e1rrafo segundo criterios a falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes. (…).<\/em><\/p>\n

    23. La interpretaci\u00f3n que realiza el recurrente, conduce a entender que la falta de aplicabilidad del primer inciso del art\u00edculo 36 del Reglamento (referido a las sucesiones ya causadas, pero cuya extensi\u00f3n a las disposiciones \u00abmortis causa\u00bb no es excluida) supone \u2013contra su propia argumentaci\u00f3n, que parte de destacar su supuesta vecindad civil\u2013 la aplicaci\u00f3n de la normativa de la residencia habitual.<\/em><\/p>\n

    24. En este expediente como en los analizados en las Resoluciones de 24 de mayo de 2019 (revocada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares n\u00famero 1\/2021 de 14 de mayo (correcci\u00f3n de errores por Auto n\u00famero 1\/2021, de 1 de junio) y 10 de agosto de 2020 nada hace dudar sobre este aserto.<\/em><\/p>\n

    Se aplica la normativa de la Comunidad Aut<\/em>\u00f3noma con legislaci\u00f3n foral, directamente. Sin intermediaci\u00f3n del Derecho interregional que no puede ser de aplicaci\u00f3n en cuanto no ha lugar \u2013en esta materia\u2013 la vecindad civil respecto del disponente extranjero y no discuti\u00e9ndose que la \u00fanica unidad territorial relevante es Galicia.<\/em><\/p>\n

    25. Por lo tanto, se aplica (si fuere un pacto a los efectos del Reglamento) la normativa de la unidad territorial.<\/em><\/p>\n

    Si bien esta normativa es de aplicaci<\/em>\u00f3n directa en caso de sucesiones abiertas cuyo causante es un residente extranjero, para el caso de las disposiciones \u00abmortis causa\u00bb, ser\u00e1 necesario que estas cumplan los requisitos de validez material y formal conforme a la ley de la residencia habitual del disponente<\/em>\u201d.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

    La conclusi\u00f3n a la que llegamos es la de que el C\u00f3digo civil, con sus normas de conflicto -limitadas ahora al \u00e1mbito interno-, no hace referencia al extranjero residente,<\/strong> a quien se le aplicar\u00e1 directamente la norma propia de su residencia habitual, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 36.2 del Reglamento.<\/p>\n

    De residir en una Comunidad aut\u00f3noma con normas civiles especificas, se estar\u00e1 a \u00e9stas.<\/strong> Y a ellas acudimos.<\/p>\n

     <\/p>\n

    <\/a>3.- Los pactos sucesorios en los Derechos civiles auton<\/strong>\u00f3micos.<\/strong><\/span><\/h2>\n

    <\/a>3.1.- Introducci<\/span><\/strong>\u00f3n.<\/strong><\/span><\/span><\/h2>\n

    Todo lo expuesto hasta ahora nos ha llevado a la conclusi\u00f3n de que quien decide si un pacto sucesorio otorgado por un extranjero residente es v\u00e1lido, o no, es la legislaci\u00f3n civil auton\u00f3mica. Siempre que esa residencia habitual, su centro de vida o el lugar de su arraigo, se encuentre en una Comunidad aut\u00f3noma cuyas leyes civiles reconocen la validez del pacto sucesorio para sus propios ciudadanos.<\/p>\n

    Y, a este respecto, deberemos comprobar si la prohibici\u00f3n del pacto procede de la no aplicaci\u00f3n de la normativa auton\u00f3mica en general, o bien, de las normas espec\u00edficas que regulan el pacto.<\/p>\n

    Las dos resoluciones contrarias a la celebraci\u00f3n de un pacto sucesorio de los regulados en el Derecho civil de las Illes Balears se corresponden a cada uno de estos dos supuestos.<\/p>\n

    Por ese motivo, vamos a comentarlas en los apartados siguientes.<\/p>\n

    <\/a>3.2.- Los pactos sucesorios en el Derecho civil de las Illes Balears.<\/strong><\/span><\/span><\/h2>\n

    <\/a>3.2.1.- El pacto sucesorio de definici<\/strong>\u00f3n.<\/strong><\/span><\/p>\n

    La Resoluci\u00f3n de 24 de mayo del 2019 en ning\u00fan momento entr\u00f3 a analizar si el Derecho civil de\u00a0 la isla de Mallorca, en la totalidad de sus normas, era aplicable, o no, a un extranjero residente en ella.<\/p>\n

    M\u00e1s bien, se centr\u00f3 en que era el propio art\u00edculo 50 de la Compilaci\u00f3n balear el que exig\u00eda que el causante fuera de \u00abvecindad civil mallorquina\u00bb.<\/p>\n

    Tanto la Sentencia de la Audiencia Provincial como la del Tribunal Superior de Justicia vinieron a aceptar que esa expresi\u00f3n no respond\u00eda a un requisito subjetivo para otorgar el pacto de definici\u00f3n, sino a una norma interpretativa para resolver la cuesti\u00f3n que se plante\u00f3 en la Comisi\u00f3n codificadora de la Compilaci\u00f3n en el a\u00f1o 1990.<\/p>\n

    Lo resumimos as\u00ed:<\/p>\n

    El punto de partida se fija en que el art\u00edculo 50 de la Compilaci\u00f3n balear introduce un requisito de validez del pacto de definici\u00f3n cu\u00e1l es la \u201cvecindad civil mallorquina\u201d del ascendiente.<\/p>\n

    Frente a ello, tanto en el recurso de apelaci\u00f3n como en el de casaci\u00f3n se aportaron las siguientes aclaraciones.<\/p>\n

    As\u00ed, se sugiri\u00f3 que, para conocer la raz\u00f3n de la inclusi\u00f3n de la expresi\u00f3n \u201cde vecindad civil mallorquina\u201d en el texto de la Compilaci\u00f3n, y si se pretendi\u00f3 introducir un requisito de validez material del pacto o un precepto delimitador de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, se deb\u00eda partir de la redacci\u00f3n del art\u00edculo 50 de la Ley 5\/1961, de 19 de abril, por la que se aprob\u00f3 la Compilaci\u00f3n del Derecho civil especial de las Islas Baleares, seg\u00fan el cual \u201cpor la <\/em>\u00ab<\/em>definici<\/em>\u00f3n<\/em>\u00bb<\/em>, los hijos e hijas emancipados pueden renunciar y dar finiquito a las leg\u00edtimas y dem\u00e1s derechos en la sucesi\u00f3n de sus padres en contemplaci\u00f3n a alguna donaci\u00f3n o ventaja que <\/em>\u00e9<\/em>stos les hicieren en vida<\/em>\u201d. De su literalidad, se observa que no se exig\u00eda, expresamente, que el padre donante ostentara la vecindad civil mallorquina. En ese momento, todo el Derecho civil mallorqu\u00edn s\u00f3lo era aplicable a quienes pose\u00edan esa vecindad.<\/p>\n

    La doctrina posterior a la promulgaci\u00f3n de la Compilaci\u00f3n de ese a\u00f1o se plante\u00f3 si hab\u00eda que exigir esa vecindad civil mallorquina s\u00f3lo con respecto al donante o tambi\u00e9n con relaci\u00f3n al donatario, como punto de conexi\u00f3n para la determinaci\u00f3n de la ley aplicable.<\/p>\n

    El ilustre jurista Luis Pascual Gonz\u00e1lez, en el a\u00f1o 1962, en su libro \u201cLa definici\u00f3n: Instituci\u00f3n de Derecho sucesorio contractual<\/em>\u201d, entend\u00eda que para otorgar el pacto de definici\u00f3n deb\u00edan ostentar la \u201cregionalidad civil mallorquina<\/em>\u201d tanto los padres como los hijos, como se deduc\u00eda tanto de la costumbre, como de las normas civiles de car\u00e1cter general. Y, con relaci\u00f3n a \u00e9stas, aunque las sucesiones se deb\u00edan regir por la ley personal de la persona de cuya sucesi\u00f3n se tratare, la capacidad del donatario se reg\u00eda por su propia ley personal, de forma que, si \u00e9sta no se correspond\u00eda con la vecindad civil mallorquina, sino con la vecindad civil com\u00fan, el C\u00f3digo civil le imped\u00eda otorgar el pacto de definici\u00f3n.<\/p>\n

    Esta cuesti\u00f3n se replante\u00f3 por los miembros de la Comisi\u00f3n de codificaci\u00f3n que estudiaron la reforma de la Compilaci\u00f3n, poniendo en tela de juicio las citadas opiniones del citado jurista, en especial tras la reforma del C\u00f3digo civil, llevada a cabo por el Decreto 1.830\/74, de 31 de mayo, cuyo art\u00edculo 9.8 estableci\u00f3 que<\/p>\n

    \n

    \u201cLa sucesi\u00f3n por causa de muerte se regir\u00e1 por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualquiera que sean la naturaleza de los bienes y el pa\u00eds donde se encuentren. <\/em><\/p>\n

    Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento, conservar<\/em>\u00e1n su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesi\u00f3n, si bien las leg\u00ed<\/em>timas se ajustar<\/em>\u00e1n, en su caso, a esta \u00fa<\/em>ltima<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    A la vista de que lo determinante era la ley del causante, se discuti\u00f3 si deb\u00eda mantenerse o no la exigencia de la vecindad civil mallorquina del hijo o hija que otorgaban definici\u00f3n, ante una posible interpretaci\u00f3n integradora basada en la tradici\u00f3n jur\u00eddica balear, encarnada en antiguas leyes y costumbres.<\/p>\n

    Tras la promulgaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en el a\u00f1o 1978, a cuyos principios la comisi\u00f3n de codificaci\u00f3n deb\u00eda adecuar las normas de la Compilaci\u00f3n, la postura de mantener esa exigencia plante\u00f3 una situaci\u00f3n discriminatoria por raz\u00f3n del sexo que hab\u00eda que evitar.<\/p>\n

    \u00a0En efecto, la exigencia de la vecindad civil mallorquina a los hijos e hijas donatarios, conllevaba la posibilidad del otorgamiento del pacto de definici\u00f3n por parte del hijo mallorqu\u00edn, aunque estuviere casado con una esposa no mallorquina, ya que aqu\u00e9l conservaba su vecindad civil. En cambio, no permit\u00eda la celebraci\u00f3n de ese pacto a la hija mallorquina casada con un esposo no mallorqu\u00edn, dado que, por disposici\u00f3n del entonces art\u00edculo 14 del C\u00f3digo civil, aqu\u00e9lla deb\u00eda seguir la condici\u00f3n de su marido, perdiendo su vecindad civil y adquiriendo la de \u00e9ste.<\/p>\n

    Recordemos que no fue hasta la Ley 11\/1990, de 15 de octubre cuando se elimin\u00f3 esa dispar situaci\u00f3n, fecha en la que ya se hab\u00eda aprobado la reforma de la Compilaci\u00f3n por Ley 8\/1990 de 28 de junio, con inclusi\u00f3n de la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 50.<\/p>\n

    Fue por ello, que los citados miembros de la comisi\u00f3n que estudiaba la reforma de la Compilaci\u00f3n optaron por la postura de exigir la vecindad civil s\u00f3lo para el padre o madre -ahora, ascendiente- donante, y no para el hijo o hija -ahora descendiente- donatario.<\/p>\n

    A los efectos de ilustrar ese cambio de orientaci\u00f3n, se citaron las palabras del Notario Jaime Ferrer Pons, cuando lo expres\u00f3 con los siguientes t\u00e9rminos: \u201ca pesar de que fue objeto de controversia en el seno de la Comisi\u00f3n, finalmente prevaleci\u00f3 la tesis de que la vecindad mallorquina o ibicenca s\u00f3lo es exigible para el ascendiente. Y as\u00ed lo refleja el art\u00edculo 50. Teniendo en cuenta que no hab\u00eda ning\u00fan pronunciamiento jurisprudencial y por la importancia de los movimientos migratorios (con frecuentes casos de disparidad de vecindades en la familia) era aspecto que la Ley deb\u00eda clarificar<\/em>\u201d.<\/p>\n

    A consecuencia de esa pretensi\u00f3n, se clarific\u00f3 ese aspecto en el definitivo texto del art\u00edculo 50 de la Compilaci\u00f3n, con una redacci\u00f3n algo desafortunada, ya que, en vez de aclarar que los descendientes no precisaban ostentar la vecindad civil mallorquina, incluyeron la expresi\u00f3n de que los ascendientes deb\u00edan ser \u201cde vecindad civil mallorquina<\/em>\u201d, cuando nadie dudaba de que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 9.8 del C\u00f3digo civil, de aplicaci\u00f3n preferente, los pactos sucesorios se deb\u00edan regir por la ley de la vecindad civil del causante.<\/p>\n

    Lo que se pretendi\u00f3 con esa norma, por tanto, no fue fijar el \u00e1mbito subjetivo de aplicaci\u00f3n del pacto, en lo que al ascendiente se refiere, que ya ven\u00eda delimitado por las reglas del C\u00f3digo civil, sino del descendiente, ampliando su posibilidad de celebraci\u00f3n, aunque no tuviere la vecindad civil balear-mallorquina. Fue una norma interpretativa y aclaratoria de una duda, planteada desde a\u00f1os atr\u00e1s, y que precisaba su regulaci\u00f3n expresa para eludir cualquier atisbo de confusi\u00f3n.<\/p>\n

    En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior concluy\u00f3 que: \u00abY cabe insistir en que la mencio\u0301n sobre la vecindad civil mallorquina de los ascendientes, inserta en el art. 50 de la Compilacio\u0301n del derecho civil de las Islas Baleares, trata de cumplir una funcio\u0301n meramente aclaratoria, que si es entendida como norma de cara\u0301cter conflictual resulta superflua e irrelevante; y que aun considera\u0301ndola norma de cara\u0301cter material tampoco afectari\u0301a a la validez del pacto sucesorio en cuestio\u0301n, puesto que no regula la exigencia de vecindad civil mallorquina para los ascendientes, sino que intenta aclarar que los descendientes no necesitan tener esa misma vecindad civil y, en consecuencia, tampoco podri\u0301a conducir a entender inva\u0301lida la que fue otorgada por la parte opuesta al recurso, quien -como ciudadana de nacionalidad francesa y residente en Mallorca- dono\u0301 y dispuso va\u0301lidamente aquella definicio\u0301n junto con sus hijos donatarios y definidores<\/em>\u00ab.<\/p>\n

    Por su parte, la Resoluci\u00f3n de 10 de agosto del 2020 deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de pacto sucesorio con entrega de bienes, conforme al Derecho civil de Eivissa y Formentera, con una disparidad de criterios que hace dif\u00edcil su seguimiento.<\/p>\n

    Se remite a la Resoluci\u00f3n de 24 de mayo del 2019 en muchas de sus consideraciones lo que no deja de extra\u00f1ar ya que para los pactos sucesorios de esas islas ning\u00fan precepto exige una espec\u00edfica \u201cvecindad civil eivissenca o formenterense\u201d, cuando esta expresi\u00f3n fue determinante para la decisi\u00f3n al respecto del pacto de definici\u00f3n mallorqu\u00edn.<\/p>\n

    Entonces, cuando la Direcci\u00f3n General resuelve que, si el extranjero no posee una determinada vecindad civil, no est\u00e1 facultado para otorgar el pacto sucesorio pretendido, viene a decirnos que es el conjunto de las normas auton\u00f3micas, y no las especificas del pacto en cuesti\u00f3n, el que no es aplicable a un extranjero residente.<\/p>\n

    Lo cual nos obliga a acudir al Decreto Legislativo 79\/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Compilaci\u00f3n del Derecho civil de las Islas Baleares<\/a>, cuyo art\u00edculo 2 dispone:<\/p>\n

    \n

    \u00abLas normas de derecho civil de Baleares tendr\u00e1n eficacia en el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma. Se except\u00faan los casos en que, conforme al derecho interregional o internacional privado, deban aplicarse otras normas.<\/em><\/p>\n

    La vecindad y los conflictos interinsulares de normas se regular\u00e1n por el C\u00f3digo civil y dem\u00e1s disposiciones de aplicaci\u00f3n general<\/em>\u00ab.<\/p>\n<\/blockquote>\n

    Es un precepto abierto del que se deducen las siguientes consecuencias:<\/p>\n

    1\u00aa.- Nada dice con respecto al hecho de que la Compilaci\u00f3n balear sea aplicable \u00fanicamente a los que ostentan la vecindad civil de esta Comunidad aut\u00f3noma.<\/p>\n

    2\u00aa.- Deja que sea el C\u00f3digo civil el que determine la vecindad civil y los posibles conflictos entre el Derecho de las distintas islas.<\/p>\n

    3\u00aa.- Delimita el \u00e1mbito de su aplicaci\u00f3n al territorio balear.<\/p>\n

    4\u00aa.- Deja abierta la posibilidad de que a los que residen en ellas les sean aplicables otras normas:<\/p>\n

      \n
    1. \u00a0De Derecho interregional.<\/li>\n
    2. \u00a0De Derecho internacional privado.<\/li>\n<\/ol>\n

      Con todo ello, considerar que un extranjero residente en alguna de las islas no pueda otorgar un pacto sucesorio conforme al Derecho civil de las mismas, nos asemeja algo totalmente arbitrario<\/strong>.<\/p>\n

      Con la aprobaci\u00f3n de la Ley 8\/2022, de 11 de noviembre, de sucesi\u00f3n voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears<\/a>, el tema controvertido -si realmente lo fue- queda totalmente zanjado<\/strong>, desde el momento en que su art\u00edculo 2<\/a> dispone que \u00abe<\/span>sta ley tiene eficacia en el territorio de las Illes Balears, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de leyes y de las excepciones que puedan establecerse de acuerdo con la normativa general que afecte a esta materia<\/em>\u00ab.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      <\/a>3.3.- Los pactos sucesorios en el Derecho civil de Galicia<\/span><\/strong>.<\/span><\/span><\/p>\n

      <\/a>3.3.1.- Introducci\u00f3n<\/strong>.<\/span><\/p>\n

      En fin, centr\u00e1ndonos en los pactos sucesorios previstos en el Derecho civil de Galicia -entre ellos el pacto de mejora, objeto de la calificaci\u00f3n negativa-, hay que resaltar que en ninguno de los art\u00edculos del 209 al 227<\/a> de la Ley 2\/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia<\/a> se exige, de forma espec\u00edfica, que el causante disponente sea de vecindad civil gallega, ni siquiera el pacto t\u00edpico de la regi\u00f3n conocido como la mejora de labrar y poseer.<\/p>\n

      Hay que acudir, por tanto, a lo dispuesto en el art\u00edculo 3, seg\u00fan el cual:<\/p>\n

      \n

      \u00abEl derecho civil gallego tendr\u00e1 eficacia en el territorio de la comunidad aut\u00f3noma. Se except\u00faan los casos en que, conforme al derecho interregional o internacional privado, hayan de aplicarse otras normas<\/em>\u00ab.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      Es una redacci\u00f3n id\u00e9ntica a la prevista para el Derecho civil balear que, como hemos dicho, no plantea limitaci\u00f3n alguna al pacto otorgado por un extranjero residente.<\/p>\n

      La diferencia proceder\u00e1 del texto del art\u00edculo 4 que establece lo siguiente:<\/p>\n

      \n

      \u00ab1. La sujeci\u00f3n al derecho civil de Galicia se determinar\u00e1 por la vecindad civil, con arreglo a lo dispuesto en el derecho civil com\u00fan.<\/em><\/p>\n

      2. Los gallegos que residan fuera de Galicia tendr\u00e1n derecho a mantener la vecindad civil gallega con arreglo a lo dispuesto en el derecho civil com\u00fan y, en consecuencia, podr\u00e1n seguir sujetos al derecho civil de Galicia<\/em>\u00ab.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      Parece una novedad de la norma y a ella se agarra la calificaci\u00f3n registral denegando la validez de un pacto de mejora celebrado por un alem\u00e1n residente en Galicia, refrendada por la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General.<\/p>\n

      Ante ello, nos hacemos estas preguntas: \u00bfqu\u00e9 dice? \u00bfqu\u00e9 pod\u00eda decir? y \u00bfqu\u00e9 no dice? Intentemos responder a ellas.<\/p>\n

      <\/a>3.3.2.- El significado de la redacci\u00f3n del precepto.<\/strong><\/span><\/h2>\n

      El art\u00edculo 4 reitera lo que dice el C\u00f3digo civil, en su art\u00edculo 14.1, de forma que, a quien tiene la vecindad civil gallega, le ser\u00e1 aplicable el Derecho civil gallego. Y, si a pesar de residir fuera de la Comunidad aut\u00f3noma, no la ha perdido por la residencia continuada en otra, se le seguir\u00e1 aplicando dicho Derecho.<\/p>\n

      No dice nada nuevo. Por tanto, debemos entender que el r\u00e9gimen jur\u00eddico de quien ostenta la vecindad civil gallega tiene el mismo tratamiento que quien posee la balear u otra distinta.<\/p>\n

      <\/a>3.3.3.- La competencia para incluir este articulo.<\/strong><\/span><\/h2>\n

      La competencia para determinar las reglas de conflicto es estatal, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 149.8\u00aa de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola y son, por tanto, las previstas en el C\u00f3digo civil.<\/p>\n

      Si el Derecho gallego reitera lo dispuesto en \u00e9ste, es una exigencia superflua y redundante. Si dijera lo contrario o algo distinto, ser\u00eda inconstitucional.<\/p>\n

      Para poner un ejemplo, el originario art\u00edculo 2 de la Compilaci\u00f3n balear, en la reforma de 1990 establec\u00eda que: \u00abLas normas del Derecho civil de Baleares tendr\u00e1n eficacia en el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma y ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n a quienes residan en \u00e9l sin necesidad de probar su vecindad civil<\/strong><\/span>. Se except\u00faan los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado, deban aplicarse otras normas<\/em>\u00ab.<\/p>\n

      La expresi\u00f3n que se resalta fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, en Sentencia 156\/1993, de 6 de mayo, por atentar contra la competencia estatal prevista en el art\u00edculo 149.1. 8\u00ba de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. Lo expres\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos:\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

      \n

      \u00abEs competencia exclusiva del Estado el establecimiento de reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas, lo que comprende las reglas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas (STC 83\/1986, fundamento jur\u00eddico 3.). La misma interpretaci\u00f3n del t\u00e9rmino <aplicaci\u00f3n> lleva a entender que el establecimiento del criterio determinante para la aplicaci\u00f3n del Derecho foral corresponde realizarlo al Estado (art. 149.1.8 C.E.). <\/em><\/p>\n

      Se se\u00f1ala, a este respecto, que el art. 14.1 del C\u00f3digo Civil dispone que <la sujeci\u00f3n al Derecho civil com\u00fan o al especial o foral se determina por la vecindad civil>, determin\u00e1ndose en el n\u00famero 3 del mismo precepto que la residencia continuada en territorio de Derecho foral durante dos o diez a\u00f1os, seg\u00fan exista o no manifestaci\u00f3n expresa de voluntad del residente, es un medio para la adquisici\u00f3n de la vecindad civil de dicho territorio. En todo caso, se har\u00e1n constar las declaraciones correspondientes a dicha adquisici\u00f3n en el Registro Civil.<\/em><\/p>\n

      Por ello, la residencia no es, por s\u00ed misma, elemento suficiente para determinar la aplicaci\u00f3n del Derecho civil com\u00fan o foral. Ese elemento es la vecindad civil, que habr\u00e1 de ser acreditada mediante la correspondiente inscripci\u00f3n en el Registro civil. <\/em><\/p>\n

      Es evidente, por ello, que el criterio introducido por el inciso primero, p\u00e1rrafo primero, del art. 2 del nuevo texto de la Compilaci\u00f3n (la residencia) vulnera las reglas contenidas en la legislaci\u00f3n del Estado para la aplicaci\u00f3n del Derecho foral, violando as\u00ed el art. 149.1.8 C.E., inconstitucionalidad que se produce a pesar de la salvedad -antes rese\u00f1ada- introducida por el inciso segundo, que no supone, realmente, una excepci\u00f3n a la regla general que se consagra sobre la aplicaci\u00f3n y eficacia del Derecho civil balear, pues en \u00e9l se regula una materia distinta: El Derecho interregional o internacional privado que tiene por objeto resolver los conflictos de leyes cuando exista un elemento sujeto a otro Derecho foral o al com\u00fan, o sujeto a un Derecho extranjero, materia en la que resulta directamente aplicable el art. 149.1.8 C.E., que atribuye competencia exclusiva al Estado para establecer las normas de resoluci\u00f3n de los conflictos de leyes. <\/em><\/p>\n

      No obstante, al establecer como excepci\u00f3n al criterio determinante de la aplicaci\u00f3n de la normativa civil foral <los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado deban aplicarse otras normas>, se est\u00e1 aludiendo a materia distinta, tambi\u00e9n de exclusiva competencia estatal y se est\u00e1 introduciendo ambig\u00fcedad en el precepto. Alude, a este respecto, el Abogado del Estado a la doctrina constitucional sobre la garant\u00eda de la certeza del Derecho en la legislaci\u00f3n y concluye con la observaci\u00f3n de que el precepto impugnado, tras establecer una regla para la aplicaci\u00f3n y eficacia del Derecho foral distinta a la prevista en el C\u00f3digo Civil, salva los supuestos en que con arreglo al Derecho interregional o internacional privado deba aplicarse otra norma, lo que supone aludir -se dice- a una regla competencial distinta, introduciendo oscuridad en el precepto y perturbando la seguridad jur\u00eddica (art. 9.3 C.E.). <\/em><\/p>\n

      Por todo ello, el art. 2 de la Ley 8\/1990, en cuanto confiere nueva redacci\u00f3n al art. 2, p\u00e1rrafo primero, de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil de Baleares, ha de ser declarado inconstitucional<\/em>\u00ab.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      En consecuencia, el citado articulo 4 de la Ley de Derecho civil gallego no dice, ni puede decir, algo distinto a lo previsto en el C\u00f3digo civil. Y ya hemos dicho que las normas de conflicto previstas en \u00e9ste se limitan a los conflictos internos, cuando los sujetos afectados son espa\u00f1oles. Y no cuando son extranjeros.<\/p>\n

      <\/a>3.3.4.- La existencia de una normativa preferente<\/strong>.<\/span><\/p>\n

      El citado articulo 4 no puede extenderse a los extranjeros residentes en Galicia.<\/p>\n

      Las reglas de conflicto previstas en el C\u00f3digo civil se han visto superadas por las que determina el Reglamento Sucesorio Europeo cuando interviene un elemento transfronterizo.<\/p>\n

      As\u00ed lo tiene reconocido el Tribunal Constitucional en las siguientes sentencias:<\/p>\n

      1\u00aa.-<\/strong> <\/span>La Sentencia del Tribunal Constitucional 215\/2014, de 18 de diciembre, introdujo la siguiente doctrina:<\/p>\n

      \n

      \u201cAs\u00ed, desde la incorporaci\u00f3n de Espa\u00f1a a las Comunidades Europeas <\/em>\u201c<\/em>se integr\u00f3 en el Ordenamiento espa\u00f1<\/em>ol un sistema normativo aut<\/em>\u00f3nomo, dotado de un r<\/em>\u00e9<\/em>gimen de aplicabilidad espec\u00edfico, basado en el principio de prevalencia de sus disposiciones propias frente a cualesquiera del orden interno con las que pudieran entrar en contradicci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n

      De acuerdo con lo anterior, la relaci<\/em>\u00f3n entre el Derecho de la Uni\u00f3n Europea y el Derecho nacional se rige por el principio de primac\u00eda, conforme al cual, las normas de la Uni\u00f3<\/em>n Europea <\/em>\u201c<\/em>tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicaci\u00f3<\/em>n preferente o prevalente<\/em>\u201d, pues no s\u00f3<\/em>lo <\/em>\u201c<\/em>forman parte del acervo comunitario incorporado a nuestro ordenamiento\u201d, sino que tienen un <\/em>\u201c<\/em>efecto vinculante\u201d, de manera que opera <\/em>\u201c<\/em>como t<\/em>\u00e9<\/em>cnica o principio normativo<\/em>\u201d destinado a asegurar su efectividad<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      2\u00aa.<\/strong><\/span>– La Sentencia del Tribunal Constitucional 145\/2012, de 2 de julio, en la misma l\u00ednea, a\u00f1ade lo siguiente:<\/p>\n

      \n

      \u201cEn este sentido debemos recordar que el principio de primac\u00eda del Derecho de la Uni\u00f3n Europea forma parte del acervo comunitario incorporado a nuestro ordenamiento en virtud de la Ley Org\u00e1nica 10\/1985, de 2 de agosto, de autorizaci\u00f3n para la adhesi\u00f3n de Espa\u00f1a a las Comunidades Europeas, y su efecto vinculante se remonta a la doctrina iniciada por el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con la Sentencia de 15 de julio de 1964, asunto Costa contra Enel, habi<\/em>\u00e9<\/em>ndose aceptado la primac\u00eda del Derecho de la Uni\u00f3n Europea, en el \u00e1mbito competencial que le es propio, por la propia Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en virtud de su art. 93, como hemos tenido ocasi\u00f3n de recordar en repetidas ocasiones. (\u2026)<\/em><\/p>\n

      Asimismo es pertinente traer a colaci<\/em>\u00f3n la doctrina fijada en la Declaraci\u00f3n 1\/2004, de 13 de diciembre, en la que precisamos que la primac\u00eda no se sustenta necesariamente en la jerarqu\u00eda, <\/em>\u201c<\/em>sino en la distinci\u00f3<\/em>n entre <\/em>\u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n de diferentes normas, en principio v\u00e1lidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicaci\u00f3n preferente o prevalente debida a diferentes razones\u201d, lo que obliga al Juez nacional o a la Administraci\u00f3n p\u00fablica, en su caso, a aplicar la norma prevalente y a dejar sin efecto a la norma desplazada, aun cuando no haya sido expulsada del ordenamiento interno (algo propio de la Uni\u00f3n Europea como proceso de creaci\u00f3n de una unidad pol\u00edtica por agregaci\u00f3n o uni\u00f3<\/em>n de Estados)<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      3\u00aa.<\/span>–<\/strong> Y, finalmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 145\/2012, de 2 de julio, lo concreta a\u00fan m\u00e1s, al decir que:<\/p>\n

      \n

      \u201cEn tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, los Jueces y Tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Uni\u00f3n, tienen la obligaci\u00f3n de inaplicar la disposici\u00f3n nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la Uni\u00f3n. Esta obligaci\u00f3n, cuya existencia es inherente al principio de primac\u00eda antes enunciado, recae sobre los Jueces y Tribunales de los Estados miembros con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo as\u00ed un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Uni\u00f3n Europea. Esta facultad de inaplicaci\u00f3n se ha extendido tambi<\/em>\u00e9<\/em>n a las Administraciones p\u00fablicas, incluidos los organismos reguladores<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

      <\/a>VIII.- CONCLUSI\u00d3N.<\/strong><\/span><\/h2>\n

      De todo lo dicho, hay que finalizar con el reconocimiento de la validez de un pacto sucesorio de mejora otorgado por un extranjero residente conforme a la legislaci\u00f3n civil gallega. Otra interpretaci\u00f3n nos llevar\u00e1 al absurdo.<\/p>\n

      La Direcci\u00f3n General no se ha planteado que, si no es v\u00e1lido un pacto sucesorio otorgado por quien no ostenta una vecindad civil determinada, tampoco la ley auton\u00f3mica ser\u00e1 aplicable a la sucesi\u00f3n hereditaria. Cuesti\u00f3n \u00e9sta escasamente discutida y, cuando lo fue, la propia Direcci\u00f3n General lo resolvi\u00f3 a favor de la aplicaci\u00f3n de la ley civil espa\u00f1ola, en especial en el caso de brit\u00e1nicos residentes.<\/p>\n

      Entonces, nos preguntamos cu\u00e1l es la ley aplicable a la sucesi\u00f3n de un alem\u00e1n residente en Galicia en el momento de su fallecimiento.<\/p>\n

      Si no rige el Derecho civil gallego, deberemos aplicar el Derecho civil com\u00fan como sugiri\u00f3 la Sentencia de Primera Instancia citada. Es decir, igual que si resid\u00eda en Madrid.<\/p>\n

      O bien, aplicar el Derecho civil alem\u00e1n, como ocurr\u00eda antes de la entrada en eficacia del Reglamento Sucesorio Europeo, como si \u00e9ste nunca hubiera existido.<\/p>\n

      En aras de una mayor seguridad jur\u00eddica ser\u00eda deseable que, por parte de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe Publica, se fijaren unos criterios coherentes sobre esta importante cuesti\u00f3n, por los perjuicios que se ocasionan a los particulares, en lugar de ir realizando dispares afirmaciones al socaire de la calificaci\u00f3n registral que, en casos muy puntuales, demanda su pronunciamiento.<\/p>\n

      \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n

      <\/a>ENLACES:<\/h2>\n

    <\/a>3.2.2.- El pacto sucesorio de instituci<\/strong>\u00f3n.<\/strong><\/span><\/p>\n

    A partir de aqu\u00ed el iter<\/em> argumental enlaza con lo dicho para los espa\u00f1oles residentes en Espa\u00f1a, de forma que habr\u00e1 que acudir a las normas del C\u00f3digo civil, en especial los art\u00edculos 9.8<\/a>, 14.1<\/a>, 15.4<\/a> y 16.1<\/a>, a la hora de conocer cu\u00e1l es la legislaci\u00f3n aplicable, siguiendo el criterio, \u00fanico admisible, de la vecindad civil del causante en el momento del otorgamiento de ese pacto<\/strong>.<\/p>\n