<\/p>\n
<\/p>\n<\/a> El art\u00edculo 346 de la LSC<\/a> establece los supuestos en los que los socios de una sociedad, incluso los sin voto, tiene derecho a separarse de la sociedad. Algunos de estos casos son comunes para las sociedades an\u00f3nimas y limitadas, como es el caso de la sustituci\u00f3n o modificaci\u00f3n sustancial del objeto social, la pr\u00f3rroga de la sociedad, su reactivaci\u00f3n o la creaci\u00f3n, \u00a0modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n anticipada de la obligaci\u00f3n de realizar prestaciones accesorias, los casos de modificaciones estructurales, y el especial por no reparto de dividendos, pero existe un caso que es exclusivo de las sociedades limitadas, como es el acuerdo relativo a la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transmisi\u00f3n<\/strong> de las participaciones sociales.<\/p>\n Todos ellos, dejando aparte el contemplado en el art. 348bis de la LSC, exigen dos requisitos fundamentales, como es el de no haber votado a favor del acuerdo, y que se ejercite por escrito en el plazo de un mes<\/strong> a contar desde la publicaci\u00f3n del acuerdo en el Borme o desde la recepci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n<\/strong> que haga la sociedad a los socios, comunicaci\u00f3n que solo es posible en las sociedades limitadas y en las an\u00f3nimas con acciones nominativas.<\/p>\n Si la sociedad opta por la publicaci\u00f3n en el Borme, el inicio del c\u00f3mputo del plazo no plantea especiales problemas, pero estos s\u00ed se pueden plantear cuando el socio asiste a la junta en que se tom\u00f3 el acuerdo, problema que puede ser com\u00fan a otros acuerdos de sociedades de capital de los que surgen derechos individuales para los socios.<\/p>\n Al hilo de la cuesti\u00f3n antes planteada, y porque se trata de un supuesto no habitual en el que al parecer el acuerdo que origina el derecho de separaci\u00f3n fue pactado<\/strong> entre sociedad y socio que se separa, vamos a ver una interesante resoluci\u00f3n de la DGSJFP, en que se abordan los problemas de ese presunto acuerdo y el del c\u00f3mputo del plazo de mes.<\/p>\n<\/a> Se trata de la resoluci\u00f3n de 9 de julio de 2020, en expediente 37\/2020 sobre nombramiento de experto<\/p>\n Los hechos<\/strong> son muy simples: la propia sociedad<\/strong> es la que solicita el nombramiento de un experto para la valoraci\u00f3n de participaciones debido a que un socio, ante una modificaci\u00f3n del sistema de transmisi\u00f3n de las participaciones, ejercita su derecho de separaci\u00f3n.<\/p>\n Del expediente resulta que la Junta se celebra el 20 de octubre, que el 28 de octubre se remiti\u00f3 burofax a la socia para informarle de su derecho a separarse de la Sociedad y que el 25 de noviembre la socia comunica el ejercicio de su derecho de separaci\u00f3n.<\/p>\n La socia, que sin duda lo que deseaba era desvincularse de la sociedad sin recurrir a la venta de sus participaciones a la propia sociedad o a otro de los socios o a un tercero, no se opone<\/strong> al expediente iniciado a instancia de la propia sociedad.<\/p>\n Sin embargo, el registrador, pese a la falta de oposici\u00f3n, resuelve la improcedencia <\/strong>del nombramiento por lo siguiente:<\/p>\n — Por ejercicio extempor\u00e1neo<\/strong> del derecho de separaci\u00f3n dado que la Sociedad recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n el 25 de noviembre, es decir despu\u00e9s de transcurrido m\u00e1s de un mes del acuerdo en junta<\/strong> a la que asistieron todos<\/strong> los socios.<\/p>\n — Porque la escritura que contiene la modificaci\u00f3n<\/strong> del sistema de transmisi\u00f3n est\u00e1 defectuosa.<\/p>\n El administrador recurre y alega que la existencia o inexistencia del derecho de separaci\u00f3n solo lo puede llevar a cabo la autoridad judicial,\u00a0 que la calificaci\u00f3n de la escritura no puede formar parte de este expediente y en todo caso no es firme, que la \u00fanica discrepancia<\/strong> entre socia y sociedad est\u00e1 en la valoraci\u00f3n<\/strong> de las participaciones,\u00a0 que si no hay oposici\u00f3n el registrador debe proceder a la designaci\u00f3n de experto independiente, que no puede confundirse<\/strong> el hecho de que la socia estuviera presente en la junta con la notificaci\u00f3n del acuerdo, y que incluso\u00a0 el derecho de separaci\u00f3n<\/strong> cabe ejercitarlo por acuerdo de las partes aunque no se trate de los supuestos legal o estatutariamente previstos, como reconoce la sentencia de la Audiencia Provincial de Mallorca de 30 de julio de 2008.<\/p>\n La DG revoca<\/strong> el acuerdo del registrador y retrotrae<\/strong> el expediente al momento anterior a la resoluci\u00f3n en los t\u00e9rminos<\/strong> que ahora veremos.<\/p>\n<\/a> La DG empieza recordando su reiterada doctrina acerca de la competencia<\/strong> del registrador para resolver, tanto en caso de oposici\u00f3n al ejercicio del derecho de separaci\u00f3n, como tambi\u00e9n en los supuestos en que no existe oposici\u00f3n ni de la sociedad, ni del socio.<\/p>\n Recuerda tambi\u00e9n que, aunque no exista oposici\u00f3n, no por ello el registrador est\u00e1 obligado a hacer el nombramiento. La actuaci\u00f3n del registrador en todo caso est\u00e1 presidida por el principio de legalidad<\/strong> de modo que s\u00f3lo si el solicitante re\u00fane los requisitos que la LSC exige para hacer el nombramiento, lo har\u00e1, a\u00fan en ausencia de oposici\u00f3n de la sociedad, del socio o del solicitante.<\/p>\n Es decir que no procede<\/strong> la estimaci\u00f3n de la solicitud si del expediente no resulta la concurrencia<\/strong> de los requisitos exigidos, aunque no exista oposici\u00f3n de la contraparte.\u00a0<\/p>\n Tampoco es cierta, en el sentido que ahora veremos, la afirmaci\u00f3n del escrito de que el reconocimiento de la existencia del derecho solo corresponde a los jueces y tribunales, pues a los solos efectos de resolver en el \u00e1mbito administrativo<\/strong> si existe o no el derecho, \u201cel \u00f3rgano encargado de llevar a cabo la designaci\u00f3n tiene la competencia necesaria para apreciar si concurre o no el conjunto de requisitos de los que deriva el derecho de separaci\u00f3n y la solicitud de la que el mismo deriva\u201d.<\/p>\n Es decir que \u201cel registrador tiene atribuida la competencia legal para determinar si concurren los requisitos legalmente exigibles para ejercerla, ya se trate de la designaci\u00f3n de un experto para la valoraci\u00f3n del cr\u00e9dito de liquidaci\u00f3n de un usufructo (art\u00edculo 128 de la Ley de Sociedades de Capital<\/a>), ya de la designaci\u00f3n de un experto para la determinaci\u00f3n del valor razonable de las acciones o participaciones de un socio separado o excluido (art\u00edculo 346 y 347 de la propia Ley<\/a>), ya para la apreciaci\u00f3n de que concurren los requisitos para llevar a cabo la convocatoria de junta general (art\u00edculos 169 y 171<\/a>), ya para reducir el capital social (art\u00edculos 139 y 141 de la Ley<\/a>)\u201d.<\/p>\n En cuanto al plazo<\/strong> para el ejercicio del derecho es cierto que el art\u00edculo 348 de la LSC exige la publicaci\u00f3n o notificaci\u00f3n<\/strong> del acuerdo que origina el derecho de separaci\u00f3n y que ello lo hace pensando en los socios que no asistieron<\/strong> a la junta general en la que se adoptaron los acuerdos pues respecto de los asistentes<\/strong> el plazo debe computarse desde la celebraci\u00f3n<\/strong>. Pero a\u00f1ade la DG \u201cel ejercicio del derecho de separaci\u00f3n frente a la sociedad no puede quedar perjudicado si la propia entidad notifica el acuerdo a la socia asistente y le advierte de que el plazo se cuenta desde dicha notificaci\u00f3n<\/strong>, como ha ocurrido en el supuesto de hecho\u201d.<\/p>\n En cuanto a la posible denegaci\u00f3n<\/strong> de la inscripci\u00f3n de los acuerdos originadores del derecho de separaci\u00f3n, por un defecto referido a la convocatoria, \u201cno procede que ahora, en el \u00e1mbito de otro expediente registral que tiene por exclusivo objeto determinar si procede o no la designaci\u00f3n de experto independiente, se haga un pronunciamiento al respecto hasta que la situaci\u00f3n derivada de la anterior presentaci\u00f3n adquiera firmeza\u201d.<\/p>\n Por ello la DG ha declarado que \u201cante una situaci\u00f3n de indeterminaci\u00f3n<\/strong> sobre el estado del Registro cuando se solicita una designaci\u00f3n de experto, el registrador Mercantil debe esperar a que la misma adquiera firmeza. Hasta ese momento no se podr\u00e1 determinar la situaci\u00f3n registral y, en consecuencia, la procedencia o no de proceder a la designaci\u00f3n de un experto\u201d.<\/p>\n Es decir que hasta que se resuelva el recurso, caso de que se interponga, o hasta que caduque el asiento de presentaci\u00f3n si no se interpone, la situaci\u00f3n registral no ser\u00e1 firme y por lo tanto el registrador no podr\u00e1 decidir<\/strong>. Pero una vez que adquiera firmeza esa situaci\u00f3n registral el registrador podr\u00e1 adoptar la resoluci\u00f3n que proceda.<\/p>\n<\/a> Varias e interesantes conclusiones<\/strong> se extraen de este expediente:<\/p>\n Primera: que exista o no exista oposici\u00f3n<\/strong> al nombramiento, sea la oposici\u00f3n de la sociedad o del socio, el registrador siempre deber\u00e1 comprobar que se cumplen todos los requisitos para efectuar el nombramiento. Esta regla es adem\u00e1s aplicable a todos los expedientes de jurisdicci\u00f3n voluntaria a cargo del registrador.<\/p>\n Segunda: que, si existe un documento pendiente<\/strong> en el registro y defectuoso de cuya inscripci\u00f3n dependa el derecho de separaci\u00f3n ejercitado, debe suspenderse la tramitaci\u00f3n del expediente, bien hasta que se inscriba, bien hasta que caduque el asiento de presentaci\u00f3n, o bien hasta que en el pertinente recurso se declare la correcci\u00f3n o no de la calificaci\u00f3n del registrador.<\/p>\n Tercera: que si el socio titular del derecho de separaci\u00f3n asiste a la junta general<\/strong> en la que se toma el acuerdo que lo origina, el plazo para notificarlo<\/strong> a la sociedad se cuenta desde la fecha de la junta.<\/p>\n Cuarta: si la sociedad pese a la asistencia del socio a la junta, notifica<\/strong> a los socios no asistentes o que votaron en contra, el acuerdo a los efectos de que ejerciten su derecho, en este caso el plazo se cuenta desde la notificaci\u00f3n.<\/p>\n Esta cuarta conclusi\u00f3n, relativa a que si se asiste a la junta el socio se da por notificado del acuerdo originador de su derecho, y en ese momento empieza a correr el plazo para su ejercicio, aunque pueda ser aceptada o aceptable para los supuestos en que se trata del ejercicio de concretos derechos individuales, ratificados indirectamente como es en este caso por su no oposici\u00f3n al nombramiento de experto, nos plantea algunas dudas<\/strong> en otros supuestos, quiz\u00e1s no para la sociedad pero s\u00ed para el notario que debe elevar a p\u00fablico los acuerdos o para el registrador que deba calificarlos. Por ello para esos otros supuestos como puede ser el del ejercicio del derecho de suscripci\u00f3n preferente en los aumentos de capital, creemos que siempre ser\u00e1 conveniente<\/strong> y aconsejable o bien que el socio afectado de forma expresa<\/strong> se d\u00e9 por notificado o bien que renuncie a la notificaci\u00f3n en el seno de la junta, o, en su defecto, que el presidente manifieste que el hecho de su asistencia equivale a la notificaci\u00f3n, sin que el socio se oponga a dicha manifestaci\u00f3n. Aceptar sin m\u00e1s la tesis de la DG de que la asistencia a la junta equivale a notificaci\u00f3n, sobre todo si no son juntas universales, puede ser de peligrosa, tanto por parte del notario que eleva a p\u00fablico los acuerdos sobre dicha base, como al registrador que deba inscribirlos, pues el socio pese a su asistencia a la junta puede razonablemente<\/strong> esperar a que el administrador cumpla con sus obligaciones legales de notificaci\u00f3n, sin que sobre ello se apliquen presunciones. JAGV.<\/span><\/p>\n<\/a> — El Real Decreto-ley 20\/2026, de 29 de julio<\/a>, por el que se establecen medidas urgentes de protecci\u00f3n laboral y social frente a los incendios forestales<\/strong> contiene en su cap\u00edtulo III medidas en materia notarial y registral. <\/strong>En materia notarial (art. 8)<\/strong>, las medidas se centran en el asesoramiento gratuito notarial<\/strong> a los afectados por los incendios a fin de localizar y recuperar la documentaci\u00f3n<\/strong> destruida, facilitar la prueba documental de derechos existentes y dar soluci\u00f3n a otras dificultades. Se podr\u00e1 adem\u00e1s habilitar a notarios de otros Colegios Notariales. En materia registral<\/strong> (art. 9), se establece la emisi\u00f3n de forma gratuita de notas de localizaci\u00f3n<\/strong> de patrimonio inmobiliario u otros bienes o derechos inscritos cuando sus titulares hayan perdido su documentaci\u00f3n Se incluye tambi\u00e9n informaci\u00f3n espec\u00edfica en el Geoportal Registradores. \u00a0<\/p>\n<\/a> — En Madrid, <\/strong>la Ley 3\/2026, de 30 de junio, de Apoyo a la Empresa Familiar<\/strong>, que sobre la base de que la empresa familiar representa un pilar fundamental para la econom\u00eda espa\u00f1ola y madrile\u00f1a, establece una serie de reducciones<\/strong> en materia de tributos cedidos por el Estado, sobre todo para la adquisici\u00f3n sucesoria y para la adquisici\u00f3n por donaci\u00f3n de empresas familiares o de participaciones en sociedades.<\/p>\n — En Valencia <\/strong>su Ley 3\/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulaci\u00f3n, la agilizaci\u00f3n de procedimientos y la garant\u00eda de la unidad de mercado, pretende aliviar <\/strong>a empresarios y emprendedores, en la medida de lo posible, de la mara\u00f1a de requisitos y condicionamientos que afectan a su actividad diaria.<\/p>\n Sin novedades mercantiles rese\u00f1ables.<\/p>\n Tribunal Supremo<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n<\/a> Ninguna<\/p>\n<\/a> — La 560,<\/a><\/strong> seg\u00fan la cual, si en la escritura de venta con condici\u00f3n resolutoria<\/strong> se pact\u00f3 que su cancelaci\u00f3n se har\u00eda mediante acta notarial acreditativa del pago, es imposible esa cancelaci\u00f3n mediante una instancia privada, siendo necesario adem\u00e1s acreditar en todo caso los medios de pago.<\/p>\n — La 561,<\/a><\/strong> que a vueltas con el juicio de suficiencia notarial<\/strong> del art\u00edculo 98 de la Ley 24\/2001, interpreta que si se trata de una compraventa compleja con precio aplazado, pacto de solidaridad entre compradores y constituci\u00f3n de condici\u00f3n resolutoria, ese juicio de suficiencia debe extenderse<\/strong> a todos esos pactos que no son los propios de la compraventa, aunque la acompa\u00f1en en muchas ocasiones. Tambi\u00e9n declara que sI la venta implica a determinadas titularidades \u201cob rem\u201d, como participaciones indivisas de otras fincas, todas ellas deben describirse.<\/p>\n — La 562,<\/a><\/strong> que ante un caso de desheredaci\u00f3n<\/strong> declara que para que una desheredaci\u00f3n sea v\u00e1lida tienen que identificarse individualmente<\/strong> los desheredados en el testamento, tener aptitud para ser excluidos en el momento de otorgamiento del testamento (ser mayores de 14 a\u00f1os) y que se les atribuya una causa de desheredaci\u00f3n. En otro caso conservar\u00e1n su derecho a la leg\u00edtima y deben de intervenir en la escritura de partici\u00f3n de la herencia.<\/p>\n — La 563,<\/a> <\/strong>que permite la inscripci\u00f3n de un cambio de uso de local a vivienda<\/strong>, amparado en una inscripci\u00f3n en el Registro de Empresas Tur\u00edsticas de la Comunidad de Madrid desde el a\u00f1o\u00a02023, por ser anterior a la entrada en vigor de la nueva redacci\u00f3n dada al art\u00edculo 17.12 de la Ley sobre propiedad horizontal por la Ley Org\u00e1nica de medidas en materia de eficiencia del Servicio P\u00fablico de Justicia (DA2\u00aa).<\/p>\n — La 582,<\/a> <\/strong>seg\u00fan la cual un pr\u00e9stamo hipotecario empresarial<\/strong> sobre vivienda unifamiliar propiedad de la SL prestataria, con un avalista persona f\u00edsica<\/strong>, puede inscribirse, aunque no conste si el avalista ha otorgado acta notarial de transparencia de la LCCI.<\/p>\n — La 590,<\/a> <\/strong>que ante un caso de ejecuci\u00f3n directa<\/strong> contra bienes hipotecados estima que el traslado de la demanda de ejecuci\u00f3n hipotecaria y el requerimiento de pago a los ejecutados, han de realizarse personalmente<\/strong>, sin que, por tanto, sea suficiente la utilizaci\u00f3n de Lexnet<\/strong> para hacer las notificaciones al procurador.<\/p>\n — La 598,<\/a> <\/strong>que sobre las notificaciones<\/strong> que deben hacerse al tercer poseedor<\/strong> de los bienes hipotecados vuelve a reiterar que: (i) Si el tercer poseedor tiene inscrito su derecho antes de la interposici\u00f3n de la demanda tiene que ser demandado y requerido de pago, (ii) si inscribe su derecho despu\u00e9s de la interposici\u00f3n de la demanda, pero antes de la nota de expedici\u00f3n del certificado de cargas no tiene que ser de demandado ni requerido de pago, pero s\u00ed tiene que ser notificado para que se persone en el procedimiento si quiere, y (iii) si el tercer poseedor inscribe su t\u00edtulo despu\u00e9s de la interposici\u00f3n de la demanda y de la nota del certificado de cargas no tiene que ser ni demandado ni notificado.<\/p>\n — La 610,<\/a> <\/strong>interesante en cuanto viene a establecer que si se vende una participaci\u00f3n indivisa <\/strong>de una finca que ya figura inscrita en el registro, no se pueden plantear cuestiones sobre la necesidad o no de licencia municipal<\/strong> y en cambio si esa participaci\u00f3n indivisa se vende a su vez en partes indivisas, en este caso ser\u00e1n exigibles las licencias correspondientes.<\/strong><\/p>\n — La 611,<\/a> <\/strong>aclaratoria de que en las anotaciones preventivas que reflejan medidas cautelares<\/strong> o de aseguramiento hay que distinguir entre el plazo sustantivo<\/strong> de la medida y el registral de caducidad<\/strong> del asiento que la contiene, no siendo inscribible la cancelaci\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva con plazo de vigencia por Ley de 6 meses prorrogables por otras 6, pues existe la posibilidad de que exista ejecuci\u00f3n y esta no haya llegado al Registro.<\/p>\n — La 717,<\/a> <\/strong>sobre las cuestiones que plantean los llamados engalabernos<\/strong>, frecuentes en construcciones antiguas, aclarando que, en el caso de una vivienda extralimitada del suelo de su finca, que invade el subsuelo de la finca colindante, conocido como engalaberno, es posible regular esa situaci\u00f3n mediante la figura jur\u00eddica de la servidumbre de medianer\u00eda horizontal<\/strong>, descartando otras figuras como el derecho de subedificaci\u00f3n y la propiedad horizontal. En la servidumbre de medianer\u00eda, el propietario del predio dominante tiene un derecho real consistente en el uso o aprovechamiento exclusivo del volumen de la vivienda extralimitado en el predio sirviente, pero no tiene el derecho de propiedad de dicho espacio. \u00a0<\/p>\n<\/a> — La 673,<\/a> <\/strong>sobre las llamadas sociedades fantasmas<\/strong> o inexistentes en la realidad, en la que vuelve a insistir en que no es posible por instancia privada solicitar, ni la cancelaci\u00f3n de la sociedad en el Registro Mercantil, ni tampoco el cese del administrador, aunque la hoja de la sociedad est\u00e9 cerrada por falta de dep\u00f3sito de cuentas y por revocaci\u00f3n del CIF, carezca de bienes y no tenga actividad alguna.<\/p>\n — La 688,<\/a> <\/strong>seg\u00fan la cual, en caso de prenda de participaciones sociales<\/strong>, aunque del contrato de prenda resulte que en caso de impago el derecho de voto pasa al acreedor prendario, si en los estatutos consta que el derecho de voto lo conserva el titular de las participaciones, deber\u00e1 estarse al contenido de los estatutos.<\/p>\n — La 712,<\/a> <\/strong>sobre error en la certificaci\u00f3n aprobatoria de unas cuentas anuales<\/strong> estableciendo que no \u00a0es posible cancelar un dep\u00f3sito de cuentas ya practicado sin que se solicite en certificaci\u00f3n <\/strong>expedida por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n expresiva de las causas por las que se solicita la cancelaci\u00f3n, indicando al propio tiempo los asientos posteriores a ese dep\u00f3sito de cuentas que tambi\u00e9n deben ser cancelados, sin que resulte muy claro de la resoluci\u00f3n cu\u00e1les pueden ser las causas para la cancelaci\u00f3n y cu\u00e1les los requisitos para la cancelaci\u00f3n de los asientos posteriores, ni tampoco si ser\u00eda necesaria una nueva junta general de la sociedad.<\/p>\n — La 728,<\/a> <\/strong>sobre si se pueden o no hacer indicaciones al registrador<\/strong> en materia de calificaci\u00f3n registral de documentos presentados estableciendo que no es admisible<\/strong> solicitar por instancia, aunque venga acompa\u00f1ada de un acta notarial de contestaci\u00f3n a un requerimiento, que en la calificaci\u00f3n de un documento ya presentado se tengan en cuenta determinadas alegaciones hechas por un interesado que se opone<\/strong> a su despacho.<\/p>\n — La 729,<\/a> <\/strong>que vuelve a reiterar una vez m\u00e1s la imposibilidad de inscribir el cese de un administrador en una sociedad aquejada de un triple cierre<\/strong>: por falta de dep\u00f3sito de cuentas anuales, por baja en el \u00edndice de entidades de la AEAT, y por revocaci\u00f3n del NIF.<\/p>\n Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n<\/p>\n <\/p>\n<\/a>CUESTIONES DE INTER\u00c9S:<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Modificaci\u00f3n del sistema de transmisi\u00f3n de participaciones sociales: derecho de separaci\u00f3n \u00bfLa asistencia a la Junta equivale a la notificaci\u00f3n al socio para el ejercicio de sus derechos?<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Planteamiento.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Resoluci\u00f3n DGSJFP.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Decisi\u00f3n de la DGSJFP.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Conclusiones.<\/strong><\/span><\/h6>\n
DISPOSICIONES DE CAR\u00c1CTER GENERAL.<\/span><\/span><\/u><\/a><\/h6>\n
DISPOSICIONES AUTON\u00d3MICAS.<\/span><\/span><\/strong><\/a><\/h6>\n<\/a>
Madrid y Valencia<\/strong><\/span><\/h6>\n
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL<\/span><\/b><\/span>.<\/a><\/span><\/h6>\n
RESOLUCIONES<\/span><\/span><\/strong><\/a><\/h6>\n<\/a>
Sentencias sobre resoluciones<\/strong><\/span><\/h6>\n
Resoluciones Propiedad<\/strong><\/span><\/a><\/h6>\n
Resoluciones Mercantil<\/span><\/strong><\/a><\/h6>\n