{"id":141854,"date":"2026-11-03T20:11:25","date_gmt":"2026-11-03T19:11:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=141854"},"modified":"2026-11-03T20:11:25","modified_gmt":"2026-11-03T19:11:25","slug":"oficina-registral-propiedad-informe-octubre-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-registral\/informes-mensuales-o-r\/oficina-registral-propiedad-informe-octubre-2026\/","title":{"rendered":"Oficina Registral (Propiedad). Informe Octubre 2026."},"content":{"rendered":"

INFORME REGISTROS PROPIEDAD OCTUBRE 2026<\/span><\/h1>\n

por MAR\u00cdA N\u00da\u00d1EZ N\u00da\u00d1EZ<\/a> y ANTONIO MANUEL OLIVA IZQUIERDO<\/a><\/span><\/h2>\n

REGISTRADORES DE LUGO Y DE TRUJILLO (C\u00c1CERES)<\/span><\/h2>\n

 <\/p>\n

TEMA DEL ME<\/strong>S:\u00a0<\/strong><\/span><\/span>DIEZ RESOLUCIONES ESCOGIDAS. <\/strong><\/span><\/span>Por Antonio Manuel Oliva Izquierdo<\/strong><\/span><\/h6>\n

Sin perjuicio de un resumen m\u00e1s extenso de las mismas que puede consultarse en los\u00a0Titulares de Resoluciones DGRN y DGSJFP de esta web de Notarios y Registradores<\/strong><\/a>,<\/u><\/strong>\u00a0en el presente informe\u00a0<\/strong>de la Oficina registral del mes de octubre de 2026,\u00a0se pone de relieve,\u00a0<\/strong>por su importancia,\u00a0un breve resumen del contenido de diez Resoluciones<\/u><\/strong>\u00a0de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica\u00a0publicadas en el Bolet\u00edn Oficial del Estado entre los meses de marzo a mayo de 2026<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  1. PACTO DEL ART\u00cdCULO 217 DEL RH:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Resoluci\u00f3n de 10 de diciembre de 2025<\/strong><\/a>, de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 13 de marzo de 2026)<\/u><\/strong>: El art\u00edculo\u00a0217 del Reglamento Hipotecario constituye una excepci\u00f3n a la regla general de nuestro Derecho hipotecario de distribuci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario entre las participaciones indivisas. Pero tambi\u00e9n es una excepcionalidad que los propietarios de participaciones indivisas de una sola finca constituyan hipoteca de forma separada sobre sus respectivas cuotas distribuyendo\/determinando la cantidad de que cada cuota debe responder, precisamente porque, en caso de ejecuci\u00f3n, el actor tendr\u00eda que dirigir su acci\u00f3n contra cada derecho hipotecado de forma independiente y hasta el l\u00edmite de la responsabilidad que se le haya asignado. Esto \u00faltimo, unido a que se constituye en el presente caso por los copropietarios la hipoteca sobre la total finca y no cada uno sobre su respectiva cuota, que se determina un \u00fanico precio como tasaci\u00f3n de la misma a efectos de subasta y no uno particular para cada cuota indivisa, y que en la escritura no se ha distribuido la cantidad de que cada participaci\u00f3n indivisa deba responder, hace que entre dentro de lo racional, y no de las conjeturas, que lo que se ha querido constituir es una \u00absola hipoteca a los efectos del art\u00edculo\u00a0217 del Reglamento Hipotecario\u00bb. La calificaci\u00f3n registral no puede basarse en presunciones y ser\u00eda m\u00e1s que forzado presumir que lo que realmente ha ocurrido es que los otorgantes y el notario, han olvidado distribuir la responsabilidad hipotecaria y han aportado una tasaci\u00f3n err\u00f3nea, teniendo en cuenta que, adem\u00e1s, es absolutamente excepcional encontrar un supuesto en que, cuando se constituye una hipoteca sobre toda la finca entre los diferentes propietarios de la misma, no se constituya una sola hipoteca a los efectos del art\u00edculo\u00a0217 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, y por aplicaci\u00f3n de las reglas hermen\u00e9uticas en materia de contratos (art\u00edculos\u00a01281, 1283 y\u00a01285 del C\u00f3digo Civil) y el art\u00edculo\u00a03.1 del C\u00f3digo Civil, se impone estimar que es lo suficientemente clara y expl\u00edcita la voluntad de las partes de constituir una sola hipoteca sobre la totalidad de la misma, y una sola hipoteca de los derechos que sobre ella ostenta cada hipotecante, sin distribuir entre ellos la responsabilidad asegurada.<\/p>\n

      \n
    1. VALIDEZ DEL TESTAMENTO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Resoluci\u00f3n de 25 de noviembre de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 21 de marzo de 2026)<\/u><\/strong>: Nuestro C\u00f3digo Civil se aparta de dos reglas del Derecho romano que ven\u00edan a condicionar la validez del testamento (cfr. art\u00edculos 764 y 791 del C\u00f3digo Civil). La primera era la necesidad de la instituci\u00f3n de heredero. La segunda se refer\u00eda a la necesidad de que el testador dispusiera de la totalidad de sus bienes en el testamento. En el C\u00f3digo Civil ya no se exige la instituci\u00f3n de heredero ni que el testador disponga de la totalidad de sus bienes en el testamento.<\/p>\n

        \n
      1. DISPOSICI\u00d3N TESTAMENTARIA A FAVOR DEL EXC\u00d3NYUGE DIVORCIADO CON POSTERIORIDAD AL TESTAMENTO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Resoluci\u00f3n de 25 de noviembre de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 21 de marzo de 2026)<\/u><\/strong>: En los casos de disposici\u00f3n testamentaria en favor del c\u00f3nyuge que, despu\u00e9s deja de serlo por divorcio, no podr\u00e1, sin la pertinente declaraci\u00f3n judicial de ineficacia, prescindirse del testamento del que deriva la condici\u00f3n de heredero o legatario del exc\u00f3nyuge del causante. Y el mismo criterio se ha mantenido recientemente en Resoluci\u00f3n de\u00a027 de mayo de\u00a02025 respecto del cese de la situaci\u00f3n de uni\u00f3n de hecho. Como consecuencia, no puede admitirse la instancia de heredero \u00fanico a favor del heredero que concurre con el exc\u00f3nyuge, en tanto en cuanto no recaiga la expresada declaraci\u00f3n judicial de ineficacia.<\/p>\n

          \n
        1. SUCESI\u00d3N TESTADA E INTESTADA:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Resoluci\u00f3n de 17 de diciembre de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 24 de marzo de 2026)<\/u><\/strong>: En la sucesi\u00f3n testada, los padres solo ser\u00e1n legitimarios, en defecto de descendientes, si estos no han existido o han premuerto al causante; y si existen descendientes que sobreviven al causante, no ser\u00e1n legitimarios los ascendientes, aunque aquellos descendientes hubieran renunciado a la leg\u00edtima o hubieran sido desheredados justamente o resultaren indignos para suceder. No se aplicar\u00eda por tanto a la leg\u00edtima la sucesi\u00f3n por \u00f3rdenes sucesivos propia de la sucesi\u00f3n intestada, a la vista del derecho hist\u00f3rico y del tenor literal del art\u00edculo\u00a0807.2 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual, los padres y ascendientes son legitimarios solo \u00aba falta de descendientes…\u00bb.<\/p>\n

            \n
          1. PR\u00d3RROGA DE EMBARGO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            Resoluci\u00f3n de 26 de diciembre de 2025,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 27 de abril de 2026)<\/u><\/strong>: Carece de todo fundamento la alegaci\u00f3n de que no es posible prorrogar una anotaci\u00f3n preventiva de embargo vigente por el hecho de que el titular registral del dominio sea una persona distinta del deudor contra el que se sigui\u00f3 el procedimiento y titular registral de dicho dominio en el momento de practicarse las anotaciones preventivas de embargo. Lo contrario equivaldr\u00eda a afirmar que el simple hecho de transmitirse una finca e inscribirse la transmisi\u00f3n impedir\u00eda la pr\u00f3rroga de los embargos ya anotados sobre la finca, lo cual es contrario al principio hipotecario de prioridad, uno de los pilares de nuestro sistema registral y que consagra el art\u00edculo\u00a017 de la Ley Hipotecaria.<\/p>\n

              \n
            1. NOTIFICACI\u00d3N AL ARRENDATARIO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

              Resoluci\u00f3n de 16 de enero de 2026,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 15 de mayo de 2026)<\/u><\/strong>: Como resulta del art\u00edculo\u00a025 de la Ley de Arrendamientos Urbanos es al arrendatario a quien debe dirigirse la notificaci\u00f3n fehaciente con el contenido en el previsto. Cualquier comunicaci\u00f3n que se haya realizado a tercera persona no produce los efectos del art\u00edculo citado si no queda acreditado, a su vez, que dichas personas actuaban en nombre del arrendatario con poder vigente y suficiente. Tampoco puede basarse la acreditaci\u00f3n del hecho del conocimiento por parte del arrendatario con el contenido legalmente exigible de meras presunciones o afirmaciones de parte que no acreditan m\u00e1s que el hecho de su propia realizaci\u00f3n. De este modo, en ausencia de acreditaci\u00f3n fehaciente de la notificaci\u00f3n del art\u00edculo\u00a025 de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el contenido en ella previsto, debe rechazarse la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad sin que el mero hecho de que el adjudicatario afirme que los arrendatarios conoc\u00edan el hecho de la adjudicaci\u00f3n y su contenido o que resulte que estaban debidamente representados en el procedimiento supla aquella exigencia por los motivos expuestos por extenso.<\/p>\n

                \n
              1. BASES GR\u00c1FICAS:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                Resoluci\u00f3n de 14 de enero de 2026,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 16 de mayo de 2026)<\/u><\/strong>: Conforme al art\u00edculo\u00a010.1 de la Ley Hipotecaria la base de representaci\u00f3n gr\u00e1fica de las fincas registrales ser\u00e1 la cartograf\u00eda catastral, que estar\u00e1 a disposici\u00f3n de los registradores de la Propiedad; sin que corresponda al registrador, en el ejercicio de su funci\u00f3n calificadora, revisar de oficio dicha cartograf\u00eda catastral (cfr. Resoluciones de\u00a024 de octubre de\u00a02016 y\u00a07 de noviembre de\u00a02016), la cual goza, adem\u00e1s, de la presunci\u00f3n de veracidad contemplada en el art\u00edculo\u00a03 de la Ley del Catastro<\/p>\n

                  \n
                1. CANCELACI\u00d3N DE ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                  Resoluci\u00f3n de 15 de enero de 2026,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 16 de mayo de 2026)<\/u><\/strong>: La cancelaci\u00f3n de una anotaci\u00f3n de embargo solo puede llevarse a efecto en virtud del mandamiento judicial librado por el Juzgado que la orden\u00f3 practicar (art\u00edculo\u00a083 de la Ley Hipotecaria). La pretensi\u00f3n del recurrente de que se proceda a la cancelaci\u00f3n por v\u00eda de confusi\u00f3n de derechos una vez se consiga inscribir la finca en favor de la misma sociedad ejecutante en el procedimiento en el que se acord\u00f3 el embargo, choca con la naturaleza del embargo, que supone la afecci\u00f3n del bien a las resultas de determinado procedimiento, careciendo el ejecutante de poder de disposici\u00f3n sobre \u00e9l. Por tanto, no se trata de un derecho real cuyo titular sea el acreedor ejecutante, como s\u00ed ocurre en el caso de una hipoteca. Por esa raz\u00f3n, en el caso de una anotaci\u00f3n de embargo solo cabe su cancelaci\u00f3n por medio del correspondiente mandamiento librado por el Juzgado que orden\u00f3 practicarla.<\/p>\n

                    \n
                  1. EXTINCI\u00d3N DE CONDOMINIO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                    Resoluci\u00f3n de 19 de enero de 2026,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 23 de mayo de 2026)<\/u><\/strong>: Tras la extinci\u00f3n de la copropiedad conserva la misma naturaleza que ten\u00eda la titularidad originaria del condue\u00f1o adjudicatario, sobre la cuota indivisa de la que trae causa la adjudicaci\u00f3n. Esa posici\u00f3n se ajusta, adem\u00e1s, a la que ha venido manteniendo esta Direcci\u00f3n General (vid., entre otras posteriores \u2013como la m\u00e1s reciente de\u00a06 de septiembre de\u00a02023\u2013, la Resoluci\u00f3n de\u00a014 de abril de\u00a02005, que trata de la adjudicaci\u00f3n de un bien hereditario a uno de los herederos que indemniza a los dem\u00e1s con fondos gananciales, y la de\u00a017 de septiembre de\u00a02012, en que se sostiene la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de la regla\u00a04.\u00aa del art\u00edculo\u00a01346 del C\u00f3digo Civil \u2013que atribuye car\u00e1cter privativo a los bienes y derechos adquiridos en ejercicio de un derecho de retracto privativo, aunque la adquisici\u00f3n se haya realizado con fondos comunes\u2013, criterio que \u00abcabr\u00eda extender, por concurrir la misma \u201cratio iuris\u201d, a los casos en que los comuneros convienen que se adjudique la cosa a uno de ellos indemnizando a los dem\u00e1s (soluci\u00f3n que esta Direcci\u00f3n General ha aplicado a los supuestos de partici\u00f3n de herencia con exceso de adjudicaci\u00f3n: Vid. Resoluci\u00f3n de\u00a014 de abril de\u00a02005), por entender, con una parte cualificada de nuestra doctrina, que tales adquisiciones son desenvolvimientos naturales del derecho de cuota (cfr. art\u00edculo\u00a01523 del C\u00f3digo Civil), y que coordina con la tesis sostenida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de\u00a028 de mayo de\u00a01986 sobre la naturaleza de la comunidad ordinaria (en el sentido de que cada comunero tiene la propiedad total sobre la cosa, limitada por el concurso de las otras propiedades totales de los dem\u00e1s)\u00bb.<\/p>\n

                      \n
                    1. C\u00c9DULA DE HABITABILIDAD:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                      Resoluci\u00f3n de 26 de enero de 2026,<\/strong><\/a> de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica (BOE 23 de mayo de 2026)<\/u><\/strong>: El art\u00edculo\u00a028 del Real Decreto Legislativo\u00a07\/2015, de\u00a030 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana, no exige que se acredite que la edificaci\u00f3n cuya obra se declara re\u00fane las condiciones de habitabilidad establecidas por la legislaci\u00f3n que en materia de vivienda o calidad de la edificaci\u00f3n sea aplicable. Por tanto, una vez acreditado a trav\u00e9s de la licencia de primera ocupaci\u00f3n (o, en su caso, comunicaci\u00f3n equivalente) que la edificaci\u00f3n re\u00fane las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la norma de ordenaci\u00f3n urbana, no puede cerrarse el Registro por raz\u00f3n de la falta de justificaci\u00f3n de la obtenci\u00f3n de c\u00e9dula de habitabilidad, sin perjuicio de su posible exigibilidad para la inscripci\u00f3n de actos distintos.<\/p>\n

                      \u00a0<\/p>\n

                      DISPOSICIONES G<\/span><\/a>ENERALES.<\/a>\u00a0Por Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (el resto del informe).<\/strong><\/span><\/h6>\n

                      Real Decreto-ley 22\/2026: medidas urgentes de apoyo social y econ\u00f3mico a la ciudad de Ceuta<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto-ley 22\/2026, de 1 de septiembre. Objeto. <\/strong>Paliar los efectos de la avalancha humana sufrida por Ceuta a finales de julio de 2026, con medidas jur\u00eddicas y econ\u00f3micas que complementan la declaraci\u00f3n de situaci\u00f3n de inter\u00e9s para la seguridad nacional (art. 24 de la Ley 36\/2015; RD 681\/2026, de 25 de agosto) y la declaraci\u00f3n de recursos (RD 705\/2026, de 26 de agosto). Persigue aliviar la presi\u00f3n sobre empresas y aut\u00f3nomos, reforzar el personal de los servicios esenciales (sanidad, seguridad, defensa, educaci\u00f3n y justicia) y los dispositivos de atenci\u00f3n a menores extranjeros no acompa\u00f1ados.<\/p>\n

                      Real Decreto 707\/2026: Reglamento de las condiciones b\u00e1sicas de accesibilidad cognitiva<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto 707\/2026, de 2 de septiembre. Entrada en vigor: 2 de enero de 2027 (D.F. 8.\u00aa). Objeto. <\/strong>Desarrollar las condiciones b\u00e1sicas de accesibilidad cognitiva previstas en el art. 29 bis del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (introducido por la Ley 6\/2022), como elemento de la accesibilidad universal. Es un reglamento de m\u00ednimos aplicable en toda Espa\u00f1a; las CC. AA., Ceuta, Melilla y las corporaciones locales pueden establecer reglas suplementarias o m\u00e1s exigentes dentro de sus competencias. Se apoya en tres tipos de recursos: de accesibilidad a la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (lenguaje claro, lectura f\u00e1cil, comunicaci\u00f3n aumentativa y alternativa), de orientaci\u00f3n (pictogramas, orientaci\u00f3n espacial) y tecnol\u00f3gicos.<\/p>\n

                      Ir a la p\u00e1gina especial.<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto-ley 23\/2026: medidas urgentes para La Palma y super\u00e1vits auton\u00f3micos<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto-ley 23\/2026, de 8 de septiembre. Entrada en vigor: 10 de septiembre de 2026. Objeto. <\/strong>Mantener medidas fiscales y financieras de reconstrucci\u00f3n de La Palma tras la erupci\u00f3n volc\u00e1nica de septiembre de 2021 y habilitar a las comunidades aut\u00f3nomas con super\u00e1vit presupuestario y excesos de financiaci\u00f3n pendientes de aplicar (anteriores a 2026) para destinarlos a inversiones.<\/p>\n

                      Orden PJC\/947\/2026: Comisi\u00f3n Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Orden PJC\/947\/2026, de 7 de septiembre. Entrada en vigor: 12 de septiembre de 2026. Objeto. <\/strong>Crear la Comisi\u00f3n Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio y de sus organismos p\u00fablicos y regular sus funciones, composici\u00f3n y funcionamiento, as\u00ed como el procedimiento de acceso a los archivos central y general del Departamento. Se apoya en el art. 58 de la Ley 16\/1985 del Patrimonio Hist\u00f3rico Espa\u00f1ol y en el RD 1401\/2007, que prev\u00e9 comisiones calificadoras subordinadas.<\/p>\n

                      Real Decreto 723\/2026: informaci\u00f3n sobre las condiciones laborales (transposici\u00f3n de la Directiva (UE) 2019\/1152)<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto 723\/2026, de 9 de septiembre. Publicado en el BOE el 15 de septiembre de 2026; entra en vigor a los veinte d\u00edas de su publicaci\u00f3n. Objeto. <\/strong>Desarrollar el art. 8.5 del Estatuto de los Trabajadores (deber de informar por escrito de los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecuci\u00f3n en relaciones laborales de duraci\u00f3n superior a cuatro semanas) y transponer parcialmente la Directiva (UE) 2019\/1152. Se aplica a las empresas y personas trabajadoras del art. 1 del TRET, con reglas especiales para relaciones laborales especiales y para el personal empleado p\u00fablico. El RD ampl\u00eda los elementos esenciales sobre los que hay que informar por escrito con car\u00e1cter previo al inicio de la relaci\u00f3n laboral en contratos cuya duraci\u00f3n sea superior a 4 semanas. Tambi\u00e9n hay que informar de las modificaciones. Se aplica tambi\u00e9n a los contratos laborales en vigor<\/p>\n

                      Acuerdo administrativo Espa\u00f1a-Filipinas para la aplicaci\u00f3n del Convenio de Seguridad Social<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Acuerdo administrativo hecho en Madrid el 11 de septiembre de 2026, en aplicaci\u00f3n del art. 21 del Convenio de Seguridad Social firmado en Manila el 12 de noviembre de 2002 (en vigor desde el 1 de agosto de 2012). Entrada en vigor: 11 de septiembre de 2026, fecha de su firma. Objeto. <\/strong>Desarrollar el Convenio, regulando la legislaci\u00f3n aplicable y las prestaciones. Se aplica a los trabajadores nacionales de cada parte, sus familiares y derechohabientes.<\/p>\n

                      Real Decreto-ley 24\/2026: reintegro de anticipos de ayudas por la DANA de 2024<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto-ley 24\/2026, de 29 de septiembre. Entrada en vigor: 1 de octubre de 2026. Objeto. <\/strong>Regular el reintegro de los anticipos a cuenta de las ayudas del art. 3 del RDLey 6\/2024, de 5 de noviembre (da\u00f1os personales, da\u00f1os materiales en vivienda y enseres, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y prestaciones personales o de bienes), por los da\u00f1os de la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.<\/p>\n

                      Real Decreto-ley 25\/2026: medidas energ\u00e9ticas y fiscales del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto-ley 25\/2026, de 29 de septiembre. Entrada en vigor: 30 de septiembre de 2026 (art. 1) y 1 de octubre de 2026 (resto), salvo la modificaci\u00f3n del RD 413\/2014 por el art. 9, que entra en vigor a los tres meses de la publicaci\u00f3n (30 de diciembre de 2026).<\/p>\n

                      Objeto. <\/strong>Adoptar y prorrogar medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio: medidas energ\u00e9ticas (sobre todo gas natural), fiscales (hidrocarburos, IVA y electricidad), ayudas al transporte, a la agricultura y la pesca, internacionalizaci\u00f3n de empresas y medidas sociales.<\/p>\n

                      Real Decreto-ley 26\/2026: vivienda (DEROGADO POR EL CONGRESO DE DIPUTADOS; no convalidado)<\/strong><\/a><\/p>\n

                      Real Decreto-ley 26\/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protecci\u00f3n de la funci\u00f3n social de la vivienda y la ampliaci\u00f3n de la oferta de vivienda asequible. Derogado por el Congreso de los Diputados, por lo que no lleg\u00f3 a ser convalidado.<\/p>\n

                      DISPOSICIONES<\/a> AUTON\u00d3<\/a>MICAS<\/a><\/span><\/h6>\n

                      Este mes se han publicado normas de dos comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n

                      Extremadura<\/strong>: el Decreto-ley 3\/2026, de 28 de julio, de medidas extraordinarias y urgentes para adaptar la normativa auton\u00f3mica de las C\u00e1maras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios a la normativa b\u00e1sica estatal y facilitar el ejercicio del comercio ambulante, y el Decreto-ley 4\/2026, de 28 de julio, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo para agilizar la aprobaci\u00f3n del planeamiento y su ejecuci\u00f3n e impulsar la promoci\u00f3n de vivienda.<\/p>\n

                      Comunitat Valenciana<\/strong>: la Ley 4\/2026, de 22 de julio, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026, y la Ley 5\/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gesti\u00f3n administrativa y financiera y de organizaci\u00f3n de la Generalitat.<\/p>\n

                      TRIBUNAL CONSTITUCIONAL<\/a><\/span><\/h6>\n

                      Sentencias<\/strong><\/p>\n

                      Este mes no se ha publicado ninguna sentencia del Tribunal Constitucional.<\/p>\n

                      Recursos<\/strong><\/p>\n