{"id":1445,"date":"2015-01-28T21:36:24","date_gmt":"2015-01-28T20:36:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=1445"},"modified":"2018-11-04T11:21:23","modified_gmt":"2018-11-04T10:21:23","slug":"nuevas-facultades-de-la-junta-general-juicio-de-suficiencia-notarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-mercantil\/estudios-o-m\/nuevas-facultades-de-la-junta-general-juicio-de-suficiencia-notarial\/","title":{"rendered":"Nuevas facultades de la Junta General. Juicio de suficiencia notarial."},"content":{"rendered":"

\u00a0<\/strong><\/p>\n

NUEVAS FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL<\/strong><\/h1>\n

 <\/p>\n

Jos\u00e9 Ignacio Su\u00e1rez Pinilla. Notario de Armilla (Granada).<\/b><\/h2>\n

 <\/p>\n

Enero-2015<\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La Ley 31\/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno corporativo, ha introducido en el art\u00edculo 160 de la LSC, la letra f) con la siguiente redacci\u00f3n:<\/em><\/span><\/p>\n

\u201cEs competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:<\/span><\/p>\n

\u2026.f)\u00a0<\/i><\/b>La adquisici\u00f3n, la enajenaci\u00f3n o la aportaci\u00f3n a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el car\u00e1cter esencial del activo cuando el importe de la operaci\u00f3n supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el \u00faltimo balance aprobado.\u201d<\/i><\/span><\/p>\n

Antes de esta reforma, las facultades atribuidas \u201cpor ley\u201d a la Junta general no presentaban especial problema para la seguridad jur\u00eddica y para el juicio de suficiencia notarial, pues se trataba de actos concretos y objetivos, que no dejaban margen a la interpretaci\u00f3n: aprobaci\u00f3n de cuentas anuales, nombramiento y cese de administradores, liquidadores y auditores de cuentas; ejercicio de la acci\u00f3n social de responsabilidad; modificaci\u00f3n de estatutos sociales; aumento y reducci\u00f3n de capital; limitaci\u00f3n o supresi\u00f3n del derecho de suscripci\u00f3n preferente y asunci\u00f3n preferente; la transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, escisi\u00f3n o cesi\u00f3n global del activo y pasivo; traslado del domicilio social al extranjero; disoluci\u00f3n de la sociedad; aprobaci\u00f3n del balance final de liquidaci\u00f3n; todos ellos contenidos en el citado art. 160 LSC. A estas facultades hay que a\u00f1adir otras dispersas por la citada LSC, como la emisi\u00f3n de obligaciones (art. 406), dispensa en situaciones de conflicto de intereses (art. 190 y 227 y siguientes)<\/span><\/p>\n

La nueva facultad de la Junta General, esto es, decidir sobre \u201cLa adquisici\u00f3n, la enajenaci\u00f3n o la aportaci\u00f3n a otra sociedad de activos esenciales\u201d <\/i>introduce sin embargo un elemento perturbador a la seguridad jur\u00eddica preventiva, pues obliga a distinguir en los negocios jur\u00eddicos realizados por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n (generalmente\u00a0 adquisici\u00f3n\/enajenaci\u00f3n de activos), si se trata de activos \u201cesenciales\u201d \u2013competencia de la Junta General- o no \u2013competencia del \u00f3rgano de administraci\u00f3n-, sin que el legislador precise de forma tasada que es un \u201cactivo esencial\u201d \u2013solo establece como veremos una presunci\u00f3n-, ni aclare de quien es la competencia para decidir sobre el car\u00e1cter de \u201cesencial\u201d del activo, ni tampoco si la posible falta de acuerdo afecta a terceros.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.- Operaciones que comprende.<\/span><\/p>\n

La primera duda que pudiera plantearnos la simple lectura del citado p\u00e1rrafo, es saber a qu\u00e9 operaciones se refiere, especialmente en los supuestos de adquisici\u00f3n y enajenaci\u00f3n de activos.<\/span><\/p>\n

Una lectura r\u00e1pida del precepto pudiera darnos a entender que afecta a cualquier operaci\u00f3n de adquisici\u00f3n\/enajenaci\u00f3n de activos esenciales, independientemente de quien sea el transmitente\/adquirente (sociedad o no).<\/span><\/p>\n

Sin embargo entendemos, que ha de tratarse de:<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Adquisici\u00f3n de activos esenciales, siempre que el transmitente sea una sociedad,<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Enajenaci\u00f3n de activos esenciales, siempre que el adquirente sea otra sociedad, y<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Aportaci\u00f3n de activos esenciales a otra sociedad.<\/span><\/p>\n

As\u00ed resulta de la lectura literal de la norma, tal y como est\u00e1 redactada\u00a0 y, de la finalidad de la reforma:<\/span><\/p>\n

La Exposici\u00f3n de motivos, apartado IV, de la Ley 31\/2014 justifica la reforma diciendo:<\/span><\/p>\n

\u201c..se ampl\u00edan las competencias de la junta general en las sociedades para reservar a su aprobaci\u00f3n aquellas operaciones societarias<\/b> que por su relevancia tienen efectos similares a las modificaciones estructurales<\/b>\u201d<\/span><\/p>\n

Ley 3\/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, determina su \u00e1mbito objetivo y subjetivo (art. 1 y 2) considerando modificaciones estructurales a la transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, escisi\u00f3n o cesi\u00f3n global de activo y pasivo, incluido el traslado internacional del domicilio social, realizado por sociedades que tengan la consideraci\u00f3n de mercantiles, excepto las sociedades cooperativa, que se regir\u00e1n por su espec\u00edfico r\u00e9gimen legal<\/em>.<\/span><\/p>\n

Esto nos hace concluir, que el precepto se refiere s\u00f3lo a operaciones realizadas entre sociedades mercantiles, que excedan del tr\u00e1fico ordinario de la gesti\u00f3n social y, que sean similares a una modificaci\u00f3n estructural, bien sea porque implique una\u00a0 alteraci\u00f3n del objeto social o una liquidaci\u00f3n total o parcial de la sociedad. \u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

2.- Operaciones entre sociedades mercantiles.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Trat\u00e1ndose de operaciones societarias entre entidades mercantiles, nos planteamos si han de ser operaciones entre sociedades dependientes o, se refiere el precepto tambi\u00e9n a operaciones entre sociedades extra\u00f1as entre s\u00ed.<\/span><\/p>\n

La duda surge porque el nuevo art. 511 bis de la LSC, introducido tambi\u00e9n por la ley 31\/2014, al referirse a las competencias de la Junta general en las sociedades cotizadas, a\u00f1ade a las reconocidas en el art\u00edculo 160,\u00a0\u201cla transferencia a entidades dependientes<\/span> de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad\u201d, presumiendo\u00a0 igualmente el car\u00e1cter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operaci\u00f3n supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance.\u201d<\/em><\/span><\/p>\n

Al no especificar el art. 160 f) como lo hace el 511.bis, entendemos que aqu\u00e9l no\u00a0 excluye las operaciones de adquisici\u00f3n, enajenaci\u00f3n o aportaci\u00f3n de activos esenciales a otra sociedad NO dependiente y, en consecuencia, requieren la aprobaci\u00f3n de la junta general tambi\u00e9n en estos casos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

3.- Presunci\u00f3n de activos esenciales.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La norma comentada no define los activos esenciales, s\u00f3lo establece una presunci\u00f3n sobre el car\u00e1cter esencial del activo atendiendo a su valor econ\u00f3mico:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cSe presume el car\u00e1cter esencial del activo cuando el importe de la operaci\u00f3n supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el \u00faltimo balance aprobado\u201d<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Se trata de una presunci\u00f3n\u00a0iuris tantum,\u00a0<\/i>de modo que puede haber activos que superen el 25% y no sean esenciales, y viceversa, activos de valor inferior al 25% y que sin embargo sean esenciales.<\/em><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La presunci\u00f3n significa, que:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

– Si el activo<\/i> enajenado o adquirido supera el 25 %, corresponder\u00e1 al administrador probar, en caso de reclamaci\u00f3n, que NO se trata de un activo esencial (p.ej. sociedad que enajena un inmueble cuyo valor supera el 25% del valor de los activos, pero cuyo objeto social sea precisamente la venta de los inmuebles que forman parte de su activo, trat\u00e1ndose por tanto de una operaci\u00f3n del tr\u00e1fico normal de la sociedad, de competencia del \u00f3rgano de administraci\u00f3n).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

– Por el contrario, si el activo enajenado no supera el 25%, pero se considera por los socios o acreedores, que es un activo esencial para la sociedad, deber\u00e1n ser ellos al reclamar responsabilidad al \u00f3rgano de administraci\u00f3n, quienes prueben el car\u00e1cter esencial de dicho activo (p.ej. sociedad que enajena una patente o una concesi\u00f3n administrativa, cuyo valor no supere el 25% de los activos, pero sin la cual no puede desarrollar el objeto social).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

4.- Eficacia frente a terceros<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

4.1.-<\/b>\u00a0 En primer lugar, debemos referirnos a la extralimitaci\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n a las obligaciones, que en materia de gesti\u00f3n, le puede imponer la Junta General.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Dice el art\u00edculo 161 de la LSC, tambi\u00e9n redactado por la 31\/2014, que:<\/span><\/p>\n

Salvo disposici\u00f3n contraria de los estatutos, la junta general de las sociedades de capital podr\u00e1 impartir instrucciones al \u00f3rgano de administraci\u00f3n o someter a su autorizaci\u00f3n la adopci\u00f3n por dicho \u00f3rgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gesti\u00f3n<\/span>, sin perjuicio de lo establecido en el art\u00edculo 234\u201d<\/span><\/p>\n

Y el art. 234 LSC, no modificado por la citada Ley, al referirse al \u00e1mbito del poder de representaci\u00f3n de los administradores:<\/span><\/p>\n

\u201c1.<\/i><\/b>\u00a0La representaci\u00f3n se extender\u00e1 a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos.<\/i><\/span><\/p>\n

Cualquier limitaci\u00f3n de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, ser\u00e1 ineficaz frente a terceros.<\/span><\/p>\n

    \n
  1. <\/i><\/b>La sociedad quedar\u00e1 obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no<\/span><\/b> est\u00e1 comprendido en el objeto social.\u201d<\/em><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Parece claro, que si el administrador incumple cualquier obligaci\u00f3n impuesta por la Junta en asuntos de gesti\u00f3n, el tercero de buena fe estar\u00e1 protegido y s\u00f3lo podr\u00e1 accionar la sociedad contra el administrador infractor.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    4.2.- <\/b>La nueva facultad \u201clegal\u201d de la junta general plantea el problema de la\u00a0 vinculaci\u00f3n de la sociedad frente a terceros de buena fe. Cuando el administrador incumple su obligaci\u00f3n de recabar la aprobaci\u00f3n de la Junta en materias a ella reservada por disposici\u00f3n legal, especialmente en los supuestos de la letra f) del art. 160, que es donde puede haber terceros, \u00bfes un acto nulo por infracci\u00f3n\u00a0 de norma imperativa y falta de un elemento esencial de todo contrato: el consentimiento?<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0Tras haber visto la finalidad de la reforma (consentimiento de las Juntas generales en aquellas operaciones societarias similares a las modificaciones estructurales),<\/i> junto a una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley, as\u00ed como la inteligencia de \u00e9sta en el sentido m\u00e1s adecuado para que produzcan efectos (art. 3 y 1284 Cc), a nuestro juicio, a\u00fan en estos casos, el tercero de buena fe siempre est\u00e1 protegido, porque as\u00ed lo exige la seguridad del tr\u00e1fico jur\u00eddico, que con toda claridad se plasma en el citado art\u00edculo 234 de la LSC:<\/span><\/p>\n

    \u201c.. aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no<\/span><\/b> est\u00e1 comprendido en el objeto social\u201d<\/span><\/p>\n

    Y m\u00e1s claro a\u00fan en el art. 236.1 LSC, tambi\u00e9n alterado por la Ley 31\/2014, cuando dice:<\/span><\/p>\n

    \u201c Los administradores responder\u00e1n frente a la sociedad<\/span>, frente a los socios<\/span> y frente a los acreedores sociales<\/span>, del da\u00f1o que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos<\/span><\/b> o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempe\u00f1o del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumir\u00e1, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales<\/b>.\u201d<\/span><\/p>\n

    Es decir, a quienes se pueden sentir perjudicados por una acci\u00f3n abusiva del administrador (sociedad, socios o acreedores sociales) se les concede la acci\u00f3n frente al citado administrador, pero no frente a terceros de buena fe y, ello aun cuando el acto sea contrario a la Ley o a los estatutos.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0La Jurisprudencia del TS<\/b> as\u00ed parece confirmarlo, pues aunque la norma del art. 160 f) de la LSC es reciente, no hace sino reflejar lo que ya\u00a0 ven\u00eda sosteniendo el T.S. Ponemos un ejemplo:<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Sentencia de 17 de Abril del 2.008 <\/span>(Sala de lo civil, recurso 689\/2001. Roj 1382\/2008):<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    – supuesto de hecho<\/span>: demanda \u00a0por una sociedad (cuyo objeto social, entre otros, era el transporte), \u00a0de la nulidad de una escritura p\u00fablica otorgada por los Consejeros delegados\u00a0 de venta de \u201clas concesiones administrativas de transportes, las tarjetas de transportes y los autobuses\u201d por dejar a la sociedad sin actividad.<\/i><\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    – Juzgado 1\u00aa instancia<\/span>: desestima la demanda porque no exist\u00eda falta de consentimiento de la sociedad vendedora, pues intervino en la escritura a trav\u00e9s de sus dos Consejeros-Delegados, quienes de conformidad con las facultades que ostentaban seg\u00fan los estatutos sociales, pod\u00edan actuar como lo hicieron, todo ello sin perjuicio de la acci\u00f3n de responsabilidad contra los administradores. <\/i>Se entabla recurso de apelaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    – La Audiencia<\/span>: desestima el recurso y confirma la sentencia de 1\u00aa instancia en base a que la cesi\u00f3n de las concesiones administrativas, bienes y personal laboral, relativo al transporte de viajeros, se ubica dentro del objeto social, que era: el transporte de viajeros, mercanc\u00edas y correspondencia por mar y por tierra; la explotaci\u00f3n de negocios de hosteler\u00eda, salas de fiestas, cantinas y cafeter\u00edas, etc.; la construcci\u00f3n de edificios, el uso, arrendamiento y venta de viviendas; y cualquier objeto de comercio, industria o servicio que en el futuro pudiera emprender, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas. Por ello la actividad de transporte no es m\u00e1s que una de las comprendidas en el objeto social, y que daba a la sociedad actora la posibilidad de continuarlas dentro de la amplitud con que se estableci\u00f3. En consecuencia, los Consejeros-Delegados actuaron representando a la sociedad. Afirma tambi\u00e9n la Audiencia que, incluso en el supuesto de actuaci\u00f3n ajena al objeto social, la sociedad queda obligada frente a terceros que obran de buena fe y sin culpa grave, lo que no se ha observado en este caso. <\/i>Se interpone recurso de casaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    – El T.S.<\/span>: estima el motivo de casaci\u00f3n: Lo atendible es, por tanto, la suficiencia de los\u00a0 poderes de los Consejeros-Delegados para llevar a cabo el \u00a0otorgamiento de la escritura p\u00fablica que se impugna.Estimamos que excede del tr\u00e1fico normal de la empresa dejarla sin sus activos,<\/b> sin autorizaci\u00f3n de la Junta General para este negocio de gesti\u00f3n extraordinario.<\/b> El que el objeto social fuera m\u00e1s amplio no es argumento que lo justifique,\u00a0 porque la cesi\u00f3n impugnada seccionaba una parte del objeto social estatutario, desde el punto de vista literal, lo que deb\u00eda de ser autorizado por la Junta de Accionistas. No tiene sentido que se exija la autorizaci\u00f3n para la ampliaci\u00f3n y no para su mutilaci\u00f3n pr\u00e1ctica, precisamente el que de hecho constitu\u00eda su \u00fanica actividad.<\/em><\/span><\/p>\n

    \u00a0No obstante, falla la sentencia que: La estimaci\u00f3n del motivo no da lugar a la casaci\u00f3n<\/b> de la sentencia recurrida, pues el fallo de la de esta Sala deb\u00eda ser tambi\u00e9n desestimatorio de la demanda, por la protecci\u00f3n de terceros de buena fe y sin culpa grave ante el abuso de exceso de poderes de los Consejeros-Delegados<\/b> (art. 129.2 LSA \u2013hoy 234 LSC- aplicable por una clara raz\u00f3n de analog\u00eda). Las sentencias de 27 de septiembre de 2.002, 19 de diciembre de 2.003 y 14 de junio de 2.005 as\u00ed lo han declarado\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    5.- Juicio de suficiencia notarial.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    El art\u00edculo 98 de la Ley 24\/2001, seg\u00fan redacci\u00f3n dada por la Ley 24\/2005, dispone:<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0\u201cEn los instrumentos p\u00fablicos otorgados por representantes o apoderado<\/span>, el Notario autorizante insertar\u00e1 una rese\u00f1a identificativa del documento aut\u00e9ntico que se le haya aportado para acreditar la representaci\u00f3n alegada y expresar\u00e1 que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas<\/span> para el acto o contrato a que el instrumento se refiera\u201d.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0Como se\u00f1alamos al principio, las facultades que ten\u00eda atribuidas \u201cpor ley\u201d\u00a0 la Junta general, antes de la reforma, \u00a0no presentaban especial problema para la seguridad jur\u00eddica y para el juicio de suficiencia notarial, pues se trataba de actos concretos y objetivos y no de gesti\u00f3n patrimonial, que requer\u00edan la aportaci\u00f3n del certificado del acuerdo de la Junta General para el otorgamiento de la escritura p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0Sin embargo hemos visto, que la nueva facultad introducida por la Ley 31\/2014 entra\u00f1a dificultades interpretativas, especialmente porque abarca actos como los de enajenaci\u00f3n\/adquisici\u00f3n de activos, que entran dentro del \u00e1mbito objetivo del poder de representaci\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/strong>El \u00e1mbito del poder de representaci\u00f3n org\u00e1nica de los administradores comprende seg\u00fan el TS <\/strong>(st, sala de lo civil, recurso 1084\/2000, de 8-02-2007) \u00a0\u201clos actos de desarrollo y ejecuci\u00f3n del objeto social, ya sea de forma directa o indirecta, y los complementarios o auxiliares para ello, adem\u00e1s de los neutros o polivalentes y los aparentemente no conectados con el objeto social;, y a\u00f1ade la DGRN \u00a0(rons DGRN 11-11-1991; 17-11-1998, 15-10-2005) \u00a0\u201c, quedando excluidos exclusivamente los denegatorios o contradictorios con el objeto social. Incluso los art\u00edculos 129 de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas y 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada \u2013hoy 234 LSC- mantienen la eficacia de la operaci\u00f3n, que obliga a la compa\u00f1\u00eda representada, frente a terceros que hubiesen obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos que el acto no est\u00e1 comprendido en el objeto social\u201d.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Ante este \u00e1mbito del poder del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, el juicio de suficiencia notarial, en cualquier operaci\u00f3n de adquisici\u00f3n, enajenaci\u00f3n o aportaci\u00f3n a otra sociedad de activos, \u00a0nos plantea el interrogante de si se ha de acreditar<\/span> el car\u00e1cter esencial o no del activo; o por el contrario basta con la manifestaci\u00f3n<\/span> del \u00f3rgano de administraci\u00f3n sobre dicho car\u00e1cter.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En caso de exigirse la acreditaci\u00f3n, s\u00f3lo un acuerdo social \u00a0de la Junta General, adoptado con la mayor\u00eda legal, podr\u00eda acreditar con todas las garant\u00edas el car\u00e1cter esencial o no del activo. Tambi\u00e9n, haciendo uso de la presunci\u00f3n legal, se podr\u00eda \u00a0acreditar con el \u00faltimo balance aprobado, que la operaci\u00f3n no supera el 25% de\u00a0 los activos que figuren en dicho balance.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Tras lo expuesto en este estudio (finalidad de la reforma, presunci\u00f3n iuris tantum del car\u00e1cter esencial del activo, protecci\u00f3n de terceros; seguridad del tr\u00e1fico mercantil)<\/i> entendemos sin embargo, m\u00e1s ajustado a una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la norma, que debe ser el propio representante (administrador o apoderado)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 de la sociedad quien, bajo su responsabilidad, manifieste el car\u00e1cter esencial o no del activo. En caso de manifestar el car\u00e1cter esencial del activo, se deber\u00e1 exigir el acuerdo de la Junta para emitir un juicio de suficiencia positivo y, en los dem\u00e1s casos, bastar\u00e1 la manifestaci\u00f3n del representante de no ser esencial el activo en cuesti\u00f3n para emitir el juicio de suficiencia.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    En cualquier caso, deber\u00e1 estarse atento al caso concreto y a las circunstancias de cada operaci\u00f3n, para actuar en consecuencia. Hay que recordar a estos efectos, el alcance del control de legalidad notarial<\/b>, que seg\u00fan la sentencia del TS de 20 de mayo del 2.008 (sala contencioso, recurso 63\/2007), fundamento 6\u00ba, se materializa en las correspondientes \u201creservas y advertencias legales\u201d as\u00ed como en la adecuada informaci\u00f3n de la voluntad de los intervinientes y, salvo que una norma con rango de Ley as\u00ed lo establezca de forma concreta,<\/span> \u00a0no puede el notario\u00a0 denegar la autorizaci\u00f3n del instrumento p\u00fablico, a\u00fan en el caso de juicio de legalidad desfavorable, entre otras razones por la trascendencia que la denegaci\u00f3n puede tener para los derechos y titularidades jur\u00eddicas de car\u00e1cter patrimonial de los interesados priv\u00e1ndoles de la forma documental p\u00fablica (arts. 1278 y 1279 CC)\u00a0 y\u00a0 la correspondiente garant\u00eda y eficacia que de ello deriva (art. 1218 CC) y posibilidades de negociaci\u00f3n que tal garant\u00eda facilita, as\u00ed como de la subsiguiente protecci\u00f3n registral<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    CONCLUSION<\/span><\/b>:<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    De conformidad el art\u00edculo 160 de la LSC,\u00a0 letra f),\u00a0 introducido por <\/em>\u00a0La Ley 31\/2014, de 3 de diciembre, se requiere acuerdo de la Junta General de la sociedad mercantil, para formalizar las operaciones en las que se den las siguientes circunstancias:<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Se trate de una operaci\u00f3n societaria, entendiendo por tal las que se efect\u00faan entre sociedades, sean dependientes o extra\u00f1as\u00a0entre s\u00ed.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0<\/span><\/p>\n

        \n
      1. La operaci\u00f3n sea de adquisici\u00f3n de un activo a otra sociedad; de enajenaci\u00f3n de un activo a otra sociedad\u00a0o de aportaci\u00f3n de un activo a otra sociedad.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

          \n
        1. La operaci\u00f3n sea relevante y de efectos similares a las modificaciones estructurales de transformaci\u00f3n, fusi\u00f3n, escisi\u00f3n o cesi\u00f3n global de activo y pasivo, incluido el traslado internacional del domicilio social<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/span><\/p>\n

            \n
          1. El activo de la operaci\u00f3n sea \u201cesencial\u201d para la sociedad.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

            \u00a0<\/span><\/p>\n

              \n
            1. Ser\u00e1 el representante de la sociedad, quien bajo su responsabilidad, deber\u00e1 manifestar sobre el car\u00e1cter esencial o no del activo, jugando a su favor o en su contra, en caso de acci\u00f3n de responsabilidad, la presunci\u00f3n legal establecida en el precepto atendiendo al valor del activo, estando en todo caso protegido el tercero de buena fe.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

              \u00a0<\/span><\/p>\n

              Expresar por \u00faltimo, que estas modificaciones legislativas no suelen tener en cuenta la importancia de la seguridad jur\u00eddica preventiva, que precisa de textos claros y con poco margen a la interpretaci\u00f3n. En la sentencia del TS antes referida\u00a0 de 17-04-2008, tenemos un ejemplo claro de las consecuencias de lo mencionado: La escritura que se impugna (venta por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la concesi\u00f3n administrativa de trasportes, tarjetas y autobuses) es de \u00a011-06-1992; la sentencia del Juzgado de 1\u00aa instancia, denegando la demanda es de \u00a031-07-1998; la sentencia de la Audiencia, confirmando la de 1\u00aa instancia es de\u00a0 15-12-2000; y la sentencia del TS, admitiendo el motivo de casaci\u00f3n pero no casando la sentencia por protecci\u00f3n de\u00a0 terceros de buena fe es de 17-04-2008. Esto es, 16 a\u00f1os despu\u00e9s del otorgamiento de la escritura impugnada, tenemos la soluci\u00f3n (los autobuses seguramente descansaban ya en el desguace).<\/span><\/p>\n

              \u00a0<\/span><\/p>\n

              \u00a0<\/span><\/p>\n\n\n\n\n
              \n

              Resumen <\/strong>Ley 31\/2014, de 3 de diciembre<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n<\/td>\n

              		Apuntes de Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas<\/strong><\/a><\/span><\/td>\nSociedades de capital<\/strong><\/a><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
              Novedades de la Ley 1\/2013 de deudores hipotecarios<\/strong><\/a><\/span><\/td>\nIVA: Inversi\u00f3n del sujeto pasivo<\/strong><\/a><\/span><\/td>\n\n

              SECCI\u00d3N <\/strong>DOCTRINA<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

               <\/p>\n

               <\/p>\n

              ARCHIVO PUBLICADO EL 28 DE ENERO DE 2015<\/strong><\/p>\n

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              \u00a0 NUEVAS FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL   Jos\u00e9 Ignacio Su\u00e1rez Pinilla. Notario de Armilla (Granada).   Enero-2015 \u00a0 La Ley 31\/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno corporativo, ha introducido en el art\u00edculo 160 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[268,254],"tags":[668,671,661,373,665,439,1052,663,660,610,513,672,667,670,666,664],"class_list":{"0":"post-1445","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-articulos-doctrina","7":"category-estudios-o-m","8":"tag-armilla","9":"tag-capital","10":"tag-facultades","11":"tag-general","12":"tag-ignacio","13":"tag-jose","14":"tag-jose-ignacio-suarez-pinilla","15":"tag-juicio","16":"tag-junta","17":"tag-notarial","18":"tag-notario","19":"tag-nuevas","20":"tag-pinilla","21":"tag-sociedades","22":"tag-suarez","23":"tag-suficiencia"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}