\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> \u00a01.\u00a0<\/strong>Como disposiciones de inter\u00e9s general<\/strong> para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de Diciembre destacamos las siguientes:<\/strong><\/p>\n — <\/strong>El Real Decreto 1065\/2015, de 27 de noviembre<\/strong>, sobre comunicaciones electr\u00f3nicas en la Administraci\u00f3n de Justicia en el \u00e1mbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. Debemos tenerlo muy presente<\/strong> pues afecta de forma directa a notarios y registradores de la propiedad aparte de a todo profesional que se relacione con la Administraci\u00f3n de Justicia. Como era previsible en estos primeros momentos de aplicaci\u00f3n de lo que se ha llamado \u201cpapel cero\u201d<\/strong> en la Justicia se est\u00e1n est\u00e1 dando problemas de ajuste.<\/p>\n — La Orden PRE\/2537\/2015, de 26 de noviembre<\/strong>, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal<\/strong>. La competencia para su llevanza se atribuye a la DGRN<\/strong>, lo que puede considerarse un \u00e9xito para la misma y una nueva competencia<\/strong> acorde con sus funciones.<\/p>\n — El Real Decreto 1084\/2015, de 4 de diciembre<\/strong>, por el que se desarrolla la Ley 55\/2007, de 28 de diciembre, del Cine. Es curioso<\/strong> que no se haya aprovechado este RD para desarrollar<\/strong> los que dispuso la Ley 55\/2007, de 28 de diciembre<\/a>, del Cine, cuando cre\u00f3 una secci\u00f3n adicional en el Registro de Bienes Muebles<\/strong> destinada a la inscripci\u00f3n, con eficacia frente a terceros, de las obras y grabaciones audiovisuales<\/strong>, sus derechos de explotaci\u00f3n y, en su caso, de las anotaciones de demanda, embargos, cargas, limitaciones de disponer, hipotecas, y otros derechos reales impuestos sobre las mismas, en la forma que se determine reglamentariamente. Quiz\u00e1s se est\u00e9 esperando al futuro Reglamento del Registro de Bienes Muebles<\/strong> que esperemos tenerlo pronto.<\/p>\n — La Resoluci\u00f3n de 26 de noviembre de 2015<\/strong>, de la Secretar\u00eda de Estado de Administraciones P\u00fablicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuaci\u00f3n frente a la violencia en el trabajo<\/strong> en la Administraci\u00f3n General del Estado y los organismos p\u00fablicos vinculados o dependientes de ella. Es una disposici\u00f3n aplicable a los Registros y Notar\u00edas, en los que, si bien no proliferan estos casos, se dan pudiendo crear problemas no deseados. Se debe poner en conocimiento<\/strong> de todo el personal<\/strong> de las oficinas y especialmente de los encargados<\/strong> de la \u201cventanilla\u201d<\/strong> o mostradores.<\/p>\n 2. Como resoluciones de propiedad<\/strong> de posible aplicaci\u00f3n al RM y de BM podemos considerar las siguientes:<\/p>\n — La de 11 de noviembre disponiendo que, en caso de ejecuci\u00f3n hipotecaria<\/strong>, si el tercer poseedor ha inscrito antes de la ejecuci\u00f3n, debe demand\u00e1rselo \u201cad initio\u201d, no siendo admisible a efectos registrales la ampliaci\u00f3n de la demanda hecha con posterioridad. Doctrina muy discutible<\/strong> en opini\u00f3n de AFS.<\/p>\n — La de 26 de noviembre, seg\u00fan la cual el poder para novar obligaciones<\/strong> comprende las facultades de ampliar y modificar un pr\u00e9stamo.<\/p>\n — La de 10 de diciembre que exige que, en caso de resoluci\u00f3n por falta de pago acordada entre vendedor y comprador,<\/strong> se haga la consignaci\u00f3n del precio a favor de los acreedores posteriores. Apunta la posibilidad de que se pudiera haber inscrito sin cancelar las cargas posteriores. De ello se deduce que si no hay cargas posteriores no hay nada que consignar.<\/p>\n — la de 11 de diciembre que considera que no cumple con el art. 98 de la Ley 24\/2001 la f\u00f3rmula \u201csuficiente para otorgar esta escritura\u201d.<\/p>\n — La de 14 de diciembre que trata sobre el ya famoso 160.f. de la LSC<\/strong>. Si un administrador solidario vende diciendo que no es activo esencial, aunque el otro declare en acta notarial que s\u00ed lo es, la escritura es inscribible<\/strong>. El acta notarial de manifestaciones del otro administrador como documento no presentable no puede ser tenida en cuenta.<\/p>\n — La de 14 de diciembre sobre notificaciones<\/strong> considerando v\u00e1lida una notificaci\u00f3n en el domicilio de la sociedad, cuando la notificaci\u00f3n en el domicilio designado en la escritura no ha sido posible. Si se hace en el domicilio de la sociedad no es necesario que sea a un representante org\u00e1nico de la misma. Esta doctrina puede ser tenida en cuenta en el \u00e1mbito del Registro Mercantil<\/strong> en los supuestos contemplados en los art\u00edculos 111 y 147 del RRM.<\/p>\n — La Resoluci\u00f3n de 14 de diciembre de 2015 seg\u00fan la cual para ejecutar una hipoteca<\/strong> por ejecuci\u00f3n ordinaria<\/strong> es preciso que antes se practique la anotaci\u00f3n del embargo<\/strong>.<\/p>\n — La de 15 de diciembre que considera necesario para practicar una inscripci\u00f3n que se obtenga un NIF provisional para un menor de 14 a\u00f1os<\/strong>. Tambi\u00e9n aplicable al \u00e1mbito del R. Mercantil cuando entre los fundadores hay menores de edad.<\/p>\n — La de 16 de diciembre seg\u00fan la cual el registrador no tiene porqu\u00e9 expresar el tipo de impuesto que grava una determinada operaci\u00f3n inscribible<\/strong> cuando se\u00f1ala en su nota de calificaci\u00f3n que no se acredita el pago del impuesto. Joaqu\u00edn Zejalbo, comentarista de la resoluci\u00f3n, piensa de distinto modo.<\/p>\n 3. Como resoluciones de mercantil<\/strong> de inter\u00e9s se han publicado las siguientes:<\/p>\n — La de 11 de noviembre sobre imposibilidad de denominaciones id\u00e9nticas,<\/strong> aunque una de las sociedades est\u00e9 dada de baja en la AEAT e inactiva con la hoja cerrada por falta de dep\u00f3sito de cuentas.<\/p>\n — La de 16 de noviembre estableciendo que no es posible una reducci\u00f3n de capital<\/strong> por constituci\u00f3n de reservas de libre disposici\u00f3n.<\/p>\n — La de 18 de noviembre, de gran trascendencia en cuanto a la doctrina que emana de la resoluci\u00f3n, pues viene a establecer que, si se deniega un expediente de auditor a petici\u00f3n de la minor\u00eda porque la sociedad ya cuenta con otro inscrito<\/strong>, dicho auditor no puede ser cesado o revocado<\/strong> hasta que haya realizado la auditor\u00eda pues en otro caso quedar\u00edan defraudados los derechos de los socios minoritarios. Pero si a pesar de ello se ha inscrito la revocaci\u00f3n se pueden depositar las cuentas sin informe del auditor dado que este ya no existe.<\/p>\n — La de 23 de noviembre reiterando que si se reduce el capital de una sociedad<\/strong> por error en la valoraci\u00f3n de los bienes aportados debe darse cumplimiento a los requisitos de toda reducci\u00f3n de capital en garant\u00eda de los acreedores.<\/p>\n — la de 24 de noviembre reiterando igualmente que en la certificaci\u00f3n de los acuerdos debe manifestarse l fecha y forma<\/strong> en que fue convocada la junta.<\/p>\n — La de 25 de noviembre relativa a que, si varias sociedades voluntariamente consolidan cuentas<\/strong>, no las pueden depositar sin informe de auditor, aunque individualmente no est\u00e9n obligadas a ello. Art. 42.4.6 del Ccom.<\/p>\n — las de 26 y 27 de noviembre sobre formas de convocar juntas<\/strong> y cambios legislativos. Son problemas debidos a la falta de normas transitorias en las leyes modificativas de la LSC.<\/p>\n — La de 1 de diciembre sobre la no posibilidad de calificaciones presuntas<\/strong> y sobre la necesidad de que el juzgador determine los asientos que deben ser cancelados como consecuencia de la declaraci\u00f3n de nulidad de determinados acuerdos sociales.<\/p>\n — Finalmente la de 10 de diciembre sobre la necesidad de indicar el ejercicio<\/strong> a que se refiere para legalizar un libro de socios.<\/p>\n La sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo<\/strong> en recurso 4010\/2013 DE 22 DE OCTUBRE DE 2015, siendo ponente Don Jes\u00fas Ernesto Peces Morate, viene a recordar las Sentencias de fechas 4 de febrero de 2014 (recurso de casaci\u00f3n 4749\/2011) y 27 de enero de 2015 (recurso de casaci\u00f3n 3939\/2012), seg\u00fan las cuales \u201ca falta de previsi\u00f3n estatutaria<\/strong> que atribuya tal facultad (la de litigar) a la Junta General, se entiende que en las sociedades de responsabilidad limitada la decisi\u00f3n de litigar corresponde al Administrador \u00fanico o al Administrador solidario,<\/strong> y as\u00ed sucede en el caso enjuiciado, ya que de todos los documentos presentados, tanto en la instancia como en casaci\u00f3n, se deduce inequ\u00edvocamente que la entidad demandante era y es una sociedad de responsabilidad limitada\u201d.<\/p>\n Desconoc\u00edamos la existencia de estas sentencias y nunca en los muchos a\u00f1os en que hemos estado calificando estatutos de sociedades limitadas recordamos que se establezca en los mismos esta limitaci\u00f3n<\/strong>. Es m\u00e1s, si se hubiera establecido hubi\u00e9ramos denegado su inscripci\u00f3n como contraria al art\u00edculo 234 de la LSC que concede al \u00f3rgano de administraci\u00f3n todas las facultades de representaci\u00f3n de la sociedad y no nos cabe duda de que la decisi\u00f3n de litigar forma parte de dichas facultades. Realmente ser\u00eda ins\u00f3lito que para entablar pleito en nombre de la sociedad fuera necesario reunir a la junta general para que ratificara dicha decisi\u00f3n. No obstante, estudiaremos con m\u00e1s detalle esta sentencia y las que la misma cita para ver el alcance de la posibilidad que parecen establecer relativa a que los estatutos atribuyan a la junta general la necesidad de su autorizaci\u00f3n para que el administrador para comparecer en juicio y litigar. A su vista incluso ser\u00eda admisible que a partir de ahora en los estatutos sociales se estableciera la necesidad previa de la autorizaci\u00f3n de la junta general para que el administrador pudiera entablar un pleito en nombre de la sociedad. No obstante, consideramos que dicha previsi\u00f3n estatutaria ser\u00eda perjudicial para la sociedad pues, aunque del ejercicio de acciones en procedimientos se puedan derivar consecuencias muy perjudiciales para la sociedad, si dichos pleitos guardan relaci\u00f3n con el objeto de la sociedad, es decir se trata de la defensa de los intereses sociales, la acci\u00f3n deber\u00e1 ser ejercitada por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Real Decreto 1065\/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electr\u00f3nicas en la Administraci\u00f3n de Justicia en el \u00e1mbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.<\/p>\n Ir a la p\u00e1gina especial.<\/strong><\/a><\/p>\n Objeto.\u00a0<\/strong>El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la\u00a0Ley 18\/2011, de 5 de julio<\/a>, reguladora del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en la Administraci\u00f3n de Justicia (ver resumen<\/strong><\/a>). En concreto, estos aspectos:<\/p>\n \u2013 comunicaciones y notificaciones electr\u00f3nicas,<\/p>\n \u2013 presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos<\/p>\n \u2013 traslado de copias.<\/p>\n \u00c1mbito territorial:<\/strong>\u00a0es el \u00e1mbito de la competencia del\u00a0Ministerio de Justicia<\/strong>\u00a0(Castilla y Le\u00f3n, Castilla-La Mancha, Murcia, Illes Balears, Extremadura, Ceuta y Melilla) y en todos los \u00f3rdenes jurisdiccionales.<\/p>\n Las\u00a0Comunidades Aut\u00f3nomas<\/em><\/strong>\u00a0con competencias transferidas<\/em><\/strong>\u00a0en materia de Justicia habr\u00e1n de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el pr\u00f3ximo 1 de enero la aplicaci\u00f3n de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial en esta materia.<\/p>\n \u00c1mbito subjetivo de aplicaci\u00f3n.<\/strong>\u00a0Sus disposiciones ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n:<\/p>\n a) A todos los integrantes de los\u00a0\u00f3rganos y oficinas judiciales y fiscales<\/em><\/strong>.<\/p>\n b) A todos los\u00a0profesionales<\/em><\/strong>que act\u00faan en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n c) A las\u00a0relaciones<\/em><\/strong>entre los \u00f3rganos y oficinas judiciales y fiscales y los \u00f3rganos t\u00e9cnicos que les auxilian y el resto de Administraciones y organismos p\u00fablicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.<\/p>\n d) A las\u00a0personas<\/em><\/strong>que por ley o reglamento est\u00e9n\u00a0obligadas<\/em><\/strong>a intervenir a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos con la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n e) A los\u00a0ciudadanos<\/em><\/strong>que ejerzan el derecho a relacionarse con la Administraci\u00f3n de Justicia a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n Profesionales de la Justicia.<\/strong>\u00a0Considera como tales a los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogados del Estado, Letrados de Cortes Generales y Asambleas Legislativas, Letrados de la Seguridad Social y administradores concursales, entre otros.<\/p>\n Antecedentes y normativa b\u00e1sica.<\/strong><\/p>\n Los primeros intentos de emplear medios t\u00e9cnicos, electr\u00f3nicos e inform\u00e1ticos en el \u00e1mbito de los Tribunales\u00a0datan de 1994<\/a>.<\/p>\n LexNET surge en 2007<\/em><\/strong>\u00a0de la mano del\u00a0Real Decreto 84\/2007, de 26 de enero<\/strong><\/a>, que ahora se deroga. El sistema LexNET ha facilitado la comunicaci\u00f3n, principalmente entre Jueces y Tribunales y los Procuradores de los Tribunales.<\/p>\n Posteriormente, la referida\u00a0Ley 18\/2011, de 5 de julio<\/strong><\/a>, defini\u00f3 un marco general del uso de medios inform\u00e1ticos en la Administraci\u00f3n de Justicia y dedic\u00f3 el\u00a0Cap\u00edtulo III del T\u00edtulo IV<\/a>\u00a0al\u00a0registro de escritos, las comunicaciones y las notificaciones electr\u00f3nicas<\/strong>.<\/p>\n A\u00a0nivel europeo\u00a0<\/strong>se ha publicado el\u00a0Reglamento (UE) n.\u00ba 910\/2014<\/a>, relativo a la identificaci\u00f3n electr\u00f3nica y otras materias. Este Reglamento define las condiciones para que los\u00a0sistemas de notificaciones electr\u00f3nicas<\/em>\u00a0<\/strong>sean legalmente v\u00e1lidos en los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea. Tambi\u00e9n regula los efectos jur\u00eddicos de las\u00a0firmas electr\u00f3nicas<\/em><\/strong>, los del\u00a0sello electr\u00f3nico<\/em><\/strong>\u00a0y los de\u00a0servicios de entrega electr\u00f3nica certificada<\/em><\/strong>.<\/p>\n \u00daltimamente han sido aprobadas la\u00a0Ley 19\/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa<\/strong><\/a>\u00a0en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia y del Registro Civil y la\u00a0Ley 42\/2015, de 5 de octubre<\/strong><\/a>, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ambas, en sus respectivos textos, contienen disposiciones que abordan aspectos relativos a las comunicaciones telem\u00e1ticas y electr\u00f3nicas., como la\u00a0D. Ad. 1\u00aa.<\/a><\/p>\n Este RD<\/strong>\u00a0encuentra su\u00a0sustento<\/strong>\u00a0fundamentalmente en esta\u00a0D. Ad. 1\u00aa<\/a>, dedicada a la utilizaci\u00f3n de los medios telem\u00e1ticos, en muy buena medida obligatoria, as\u00ed como en el\u00a0art. 230 LOPJ<\/a>, que impone la obligaci\u00f3n de los Juzgados y Tribunales y tambi\u00e9n de las Fiscal\u00edas de utilizar cualesquiera medios t\u00e9cnicos electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos puestos a su disposici\u00f3n. Y tambi\u00e9n desarrolla los\u00a0arts. 4 y 6<\/a>\u00a0de la Ley 18\/2011, que establecen respectivamente el\u00a0derecho de elecci\u00f3n del ciudadano del canal<\/em><\/strong>\u00a0a trav\u00e9s del cual relacionarse con la Administraci\u00f3n de Justicia y el derecho y deber de los\u00a0profesionales de la justicia<\/em><\/strong>\u00a0a relacionarse con \u00e9sta mediante canales electr\u00f3nicos. Actualmente, a determinadas personas tambi\u00e9n se les puede imponer el uso de medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n Presentaciones, comunicaciones y notificaciones electr\u00f3nicas.<\/strong><\/p>\n \u2013 Las realizadas por canales electr\u00f3nicos tambi\u00e9n deber\u00e1n\u00a0ajustarse a las normas procesales<\/em><\/strong>.<\/p>\n \u2013 Ha de quedar constancia de la\u00a0transmisi\u00f3n y recepci\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0de las presentaciones y de las comunicaciones y notificaciones, de la\u00a0fecha y hora<\/em><\/strong>\u00a0en que se produzca su salida y de las de la puesta a disposici\u00f3n del interesado, de su\u00a0contenido \u00edntegro<\/em><\/strong>\u00a0y del\u00a0acceso<\/em><\/strong>\u00a0al mismo, as\u00ed como de la\u00a0identificaci\u00f3n del remitente y del destinatario<\/em><\/strong>\u00a0de las mismas.<\/p>\n \u2013 Elecci\u00f3n de canal.<\/strong><\/p>\n \u2014 Regla.<\/strong>\u00a0Los\u00a0ciudadanos<\/em><\/strong>\u00a0que no est\u00e9n asistidos o representados por profesionales de la justicia\u00a0podr\u00e1n elegir<\/em><\/strong>, en todo momento, que\u00a0la manera de comunicarse<\/em><\/strong>\u00a0con la Administraci\u00f3n de Justicia y la forma de recibir las comunicaciones y notificaciones de la misma\u00a0sea o no por canales electr\u00f3nicos<\/em><\/strong>.<\/p>\n \u2014 Excepciones.<\/strong>\u00a0Han de usar canales electr\u00f3nicos:<\/p>\n a) Las personas jur\u00eddicas<\/p>\n b) las entidades sin personalidad jur\u00eddica.<\/p>\n c) Los que act\u00faen como profesionales de colegiaci\u00f3n obligatoria.<\/p>\n d) Los\u00a0Notarios y Registradores<\/em><\/strong>.<\/p>\n e) Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electr\u00f3nicamente.<\/p>\n f) Los funcionarios de las Administraciones P\u00fablicas si act\u00faan por su cargo.<\/p>\n g) Y los que legal o reglamentariamente se establezcan.<\/p>\n \u2013 Han de usar los medios de los que dispone la Administraci\u00f3n de Justicia\u00a0<\/strong>(art. 5):<\/p>\n a) los\u00a0profesionales de la Justicia<\/em><\/strong><\/p>\n b) todos los integrantes de los\u00a0\u00f3rganos y oficinas judiciales y fiscales<\/em><\/strong>, incluyendo los sistemas electr\u00f3nicos de informaci\u00f3n, comunicaci\u00f3n y el resto de sistemas inform\u00e1ticos.<\/p>\n Formas de identificaci\u00f3n y autenticaci\u00f3n.\u00a0<\/strong>Art. 6<\/p>\n \u2013 Hay remisi\u00f3n a la\u00a0Ley de firma electr\u00f3nica<\/a>, y al\u00a0Reglamento UE n.\u00ba 910\/2014<\/a>.<\/p>\n \u2013 El uso de la firma electr\u00f3nica no excluye la\u00a0obligaci\u00f3n de incluir en los documentos<\/strong>\u00a0o en las comunicaciones electr\u00f3nicas los datos de identificaci\u00f3n del firmante<\/em><\/strong>\u00a0y, en su caso, de la persona o entidad a la que represente y los que sean necesarios de acuerdo con la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n \u2013 La\u00a0Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong>\u00a0podr\u00e1 utilizar para su identificaci\u00f3n electr\u00f3nica y para la autenticaci\u00f3n de los documentos electr\u00f3nicos que produzca sistemas de firma electr\u00f3nica para la\u00a0actuaci\u00f3n judicial automatizada<\/em><\/strong>, sistemas basados en\u00a0certificados electr\u00f3nicos del personal<\/em><\/strong>\u00a0al servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia y otros sistemas de firma que permitan atribuir la firma al firmante y comprobar la autenticidad de documentos en\u00a0base a\u00a0C\u00f3digos Seguros de Verificaci\u00f3n<\/strong><\/em>. Tambi\u00e9n se permite el\u00a0uso de claves concertadas<\/em><\/strong>\u00a0reutilizando las plataformas del sector p\u00fablico administrativo estatal.<\/p>\n \u2013 Las\u00a0personas jur\u00eddicas\u00a0<\/strong>y entidades sin personalidad jur\u00eddica podr\u00e1n utilizar sistemas basados en\u00a0certificados electr\u00f3nicos de persona jur\u00eddica<\/em><\/strong>\u00a0o de entidad sin personalidad jur\u00eddica, as\u00ed como sellos electr\u00f3nicos avanzados basados en certificados cualificados.<\/p>\n Canales electr\u00f3nicos.<\/strong><\/p>\n \u2013 Son dos fundamentalmente, el\u00a0sistema LexNET<\/em><\/strong>\u00a0y la\u00a0sede judicial electr\u00f3nica<\/em><\/strong>\u00a0correspondiente.<\/p>\n \u2013 Los\u00a0ciudadanos,\u00a0<\/em><\/strong>no representados por profesionales de la justicia, utilizar\u00e1n preferentemente la sede judicial electr\u00f3nica, pero tambi\u00e9n podr\u00e1n usar el\u00a0Servicio Compartido de Gesti\u00f3n de Notificaciones Electr\u00f3nicas<\/em><\/strong><\/a>\u00a0y la\u00a0Resumen del resumen:<\/strong><\/span><\/h6>\n
\n
— Sobre las facultades de los administradores para litigar y los estatutos sociales<\/strong>.<\/span><\/h6>\n
DISPOSICIONES GENERALES:<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Comunicaciones electr\u00f3nicas en la Administraci\u00f3n de Justicia. Sistema LexNET<\/strong>\u00a0<\/strong><\/a><\/span><\/h6>\n