{"id":15241,"date":"2016-02-01T15:25:32","date_gmt":"2016-02-01T14:25:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=15241"},"modified":"2024-04-14T12:05:41","modified_gmt":"2024-04-14T10:05:41","slug":"informe-257-boe-febrero-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-257-boe-febrero-2016\/","title":{"rendered":"Informe 257. BOE febrero 2016"},"content":{"rendered":"

INFORME N\u00ba 257. (BOE FEBRERO de 2016)<\/strong><\/h1>\n

 <\/p>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Joaqu\u00edn Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Santa F\u00e9<\/a> (Granada) y notario\u00a0 excedente.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de\u00a0Torrej\u00f3n de Ardoz<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notario de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jorge L\u00f3pez Navarro, notario de Alicante<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador bienes muebles central.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Joaqu\u00edn Zejalbo Mart\u00edn, notario de Lucena<\/a> (C\u00f3rdoba)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino<\/a> (Salamanca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, Notario de\u00a0Bolta\u00f1a<\/a>\u00a0(Huesca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, Letrado de empresa y E3 Universidad Comillas.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>
DISPOSICIONES GENERALES:<\/b><\/span><\/h6>\n<\/a>
Convenio de Ciudad del Cabo relativo a garant\u00edas internacionales sobre elementos de equipo m\u00f3vil y Protocolo sobre elementos de equipo aeron\u00e1utico<\/strong><\/span><\/h6>\n

Instrumento de adhesi\u00f3n al Protocolo sobre cuestiones espec\u00edficas de los elementos de equipo aeron\u00e1utico, del Convenio relativo a garant\u00edas internacionales sobre elementos de equipo m\u00f3vil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001.<\/p>\n

Espa\u00f1a se adhiri\u00f3 el 20 de junio de 2013 al Convenio relativo a garant\u00edas internacionales sobre elementos de equipo m\u00f3vil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001<\/a>. Entr\u00f3 en vigor, para nuestro pa\u00eds, el 1\u00ba de octubre de 2013.<\/p>\n

El Convenio prev\u00e9 un r\u00e9gimen para la constituci\u00f3n y los efectos de garant\u00edas internacionales sobre ciertas categor\u00edas de elementos de equipo m\u00f3vil<\/strong> y los derechos accesorios.<\/p>\n

Una garant\u00eda internacional sobre elementos de equipo m\u00f3vil<\/strong>, para los efectos del Convenio, es una garant\u00eda constituida sobre un objeto inequ\u00edvocamente identificable<\/em><\/strong>, de una de las siguientes categor\u00edas<\/em><\/strong>:<\/p>\n

a) c\u00e9lulas de aeronaves<\/em><\/strong>, motores de aeronaves y helic\u00f3pteros;<\/p>\n

b) material rodante ferroviario<\/em><\/strong>; y<\/p>\n

c) bienes de equipo espacial<\/em><\/strong>.<\/p>\n

La garant\u00eda de estos bienes -de gran valor econ\u00f3mico- puede formar parte de un contrato de venta con reserva de dominio<\/strong> o de un contrato de arrendamiento<\/strong> u otorgarse directamente por el titular que pueda disponer.<\/p>\n

Ha de constar por escrito<\/strong> donde se identifiquen el objeto y las obligaciones garantizadas, pero sin que sea necesario declarar una cantidad o una cantidad m\u00e1xima garantizada. En el Protocolo se indica que una descripci\u00f3n de un objeto aeron\u00e1utico<\/em><\/strong> que contiene el n\u00famero de serie del fabricante, el nombre del fabricante y la designaci\u00f3n del modelo es necesaria y suficiente para identificar el objeto<\/p>\n

El Convenio se aplica cuando, en el momento de celebrar el contrato que crea o prev\u00e9 la garant\u00eda internacional, el deudor est\u00e9 situado en un Estado contratante<\/strong> y es independiente de d\u00f3nde est\u00e9 situado el acreedor.<\/p>\n

El Convenio se desarrolla en protocolos espec\u00edficos<\/strong>, que deben de considerarse e interpretarse como un solo instrumento, prevaleciendo el Protocolo en caso de discordancia. El Protocolo que ahora se publica<\/strong> se centra en los elementos de equipo aeron\u00e1utico (la letra a) de las categor\u00edas antes transcritas).<\/p>\n

En caso de incumplimiento<\/strong> de las obligaciones garantizadas, se prev\u00e9n unas medidas muy diversas, siempre que las consienta el interesado o est\u00e9n autorizadas por un tribunal. Entre ellas est\u00e1n la toma de posesi\u00f3n o control, su venta o arrendamiento, la percepci\u00f3n de sus beneficios, la daci\u00f3n en pago o la resoluci\u00f3n del contrato. Ver arts 8 al 15 del Convenio y IX al XVI del Protocolo.<\/p>\n

Se dispone en el art. V del Protocolo que un contrato de venta transfiere<\/strong> al comprador los derechos del vendedor sobre el objeto aeron\u00e1utico de conformidad con los t\u00e9rminos del contrato. Se prev\u00e9 tanto la inscripci\u00f3n de la venta actual como de la venta futura<\/strong> que permanecer\u00e1 vigente a menos que se cancele, o hasta que expire el per\u00edodo especificado en la inscripci\u00f3n.<\/p>\n

Se dispone la creaci\u00f3n de un Registro internacional<\/strong> para la inscripci\u00f3n de:<\/p>\n

a) garant\u00edas internacionales<\/em><\/strong>, garant\u00edas internacionales futuras y derechos y garant\u00edas no contractuales susceptibles de inscripci\u00f3n;<\/p>\n

b) cesiones<\/em><\/strong> y cesiones futuras de garant\u00edas internacionales;<\/p>\n

c) adquisiciones de garant\u00edas internacionales por subrogaci\u00f3n<\/em><\/strong> legal o contractual en virtud de la ley aplicable;<\/p>\n

d) avisos<\/em><\/strong> de garant\u00edas nacionales<\/em><\/strong>; y<\/p>\n

e) acuerdos de subordinaci\u00f3n de rango<\/em><\/strong> de las garant\u00edas referidas.<\/p>\n

Podr\u00e1n establecerse diferentes registros internacionales<\/strong> para diferentes categor\u00edas de objetos<\/em><\/strong> y derechos accesorios.<\/p>\n

Habr\u00e1 una Autoridad supervisora<\/strong> que controlar\u00e1 el Registro Internacional, nombrar\u00e1 al Registrador y ser\u00e1 la propietaria de las bases de datos y los archivos del Registro internacional.<\/p>\n

Ver la web del Registro<\/a> y documentaci\u00f3n en espa\u00f1ol<\/a>. El Registro est\u00e1 abierto las 24 horas, es electr\u00f3nico y tiene su sede en Irlanda.<\/p>\n

\"Avi\u00f3n<\/a>El Protocolo podr\u00e1 prever que un Estado contratante designe en su territorio una o varias\u00a0entidades como puntos de acceso<\/strong> por medio de los cuales se podr\u00e1 transmitir al Registro internacional la informaci\u00f3n necesaria para la inscripci\u00f3n. Un Estado contratante que haga esa designaci\u00f3n podr\u00e1 especificar los requisitos<\/em><\/strong>, si los hubiere, que deber\u00e1n satisfacerse antes de que esa informaci\u00f3n se transmita al Registro internacional.<\/p>\n

En el presente Instrumento de adhesi\u00f3n al Protocolo<\/strong> sobre cuestiones espec\u00edficas de los elementos de equipo aeron\u00e1utico<\/em><\/strong> se declara expresamente que \u00abEl Registro de Bienes Muebles ser\u00e1 el punto de acceso<\/strong> que autorizar\u00e1 la transmisi\u00f3n al Registro Internacional<\/strong> de la informaci\u00f3n necesaria para la inscripci\u00f3n con relaci\u00f3n a las c\u00e9lulas de aeronaves o helic\u00f3pteros matriculados en el Reino de Espa\u00f1a o en proceso de matriculaci\u00f3n, y que podr\u00e1 autorizar la transmisi\u00f3n de la mencionada informaci\u00f3n a dicho Registro con relaci\u00f3n a los motores de aeronaves.\u00bb Ya se hab\u00eda recogido previamente en la D. Ad. 6\u00aa<\/a> del Reglamento de Matr\u00edcula de Aeronaves de 22 de mayo de 2015.<\/p>\n

Esta D. Ad. 6\u00aa<\/a> determina tambi\u00e9n el modo de proceder del Registrador espa\u00f1ol<\/strong> de Bienes Muebles, que es el siguiente en esquema:<\/p>\n

a) Una vez practicada la inscripci\u00f3n<\/em><\/strong> de la garant\u00eda o derecho internacional en el Registro de Bienes Muebles, o desde el propio asiento de presentaci\u00f3n cuando se prevea la reserva de prioridad sobre derechos de constituci\u00f3n futura, el Registrador competente de Bienes Muebles deber\u00e1 hacer constar la reserva de prioridad internacional en el Registro Internacional<\/em><\/strong>, siguiendo lo dispuesto en el Tratado y Protocolo. De las comunicaciones practicadas al Registro Internacional dar\u00e1 cuenta inmediata al Registro de Matr\u00edcula de Aeronaves Civiles.<\/p>\n

b) Cuando las garant\u00edas y derechos sujetos a Ley espa\u00f1ola fueran tambi\u00e9n susceptibles de inscripci\u00f3n en un Registro Internacional<\/em><\/strong> a los efectos de lo previsto en el correspondiente Tratado, protocolo o reglamento y los interesados lo solicitaren expresamente<\/em><\/strong> del Registrador de Bienes Muebles para ganar prioridad internacional, el Registrador, practicada la inscripci\u00f3n, proceder\u00e1 en la forma prevista anteriormente para la reserva de prioridad internacional.<\/p>\n

Ha de aplicar preferentemente las normas internacionales<\/strong>, por lo que debe de tener en cuenta, entre otros preceptos:<\/p>\n

– Arts. 16 al 26 del Convenio de Ciudad del Cabo<\/a><\/p>\n

– Arts V, VII, XIII y XVII al XX, entre otros, de este Protocolo.<\/p>\n

– El reglamento que apruebe la Entidad Supervisora<\/p>\n

Rango. <\/strong>El art. 29 del Convenio dispone que una garant\u00eda inscrita tiene prioridad<\/em><\/strong> sobre cualquier otra inscrita con posterioridad y sobre una garant\u00eda no inscrita, aunque se conozca.<\/p>\n

– En la misma l\u00ednea, conforme al art. XIV del Protocolo, el comprador de un objeto aeron\u00e1utico<\/em><\/strong> en virtud de una venta inscrita adquiere su derecho sobre ese objeto libre de una garant\u00eda inscrita ulteriormente y de toda garant\u00eda no inscrita, aun cuando el comprador tenga conocimiento de la garant\u00eda no inscrita.<\/p>\n

– El rango de las garant\u00edas o derechos concurrentes puede modificarse<\/em><\/strong> mediante acuerdo de los titulares de esas garant\u00edas, pero un acuerdo de subordinaci\u00f3n no obliga al cesionario de una garant\u00eda subordinada, si no se inscribe antes que la cesi\u00f3n.<\/p>\n

– Se regulan las situaciones de insolvencia<\/em><\/strong> del deudor. Art. 30 del Convenio. No se aplican las modificaciones del Protocolo.<\/p>\n

– Se prev\u00e9, como excepci\u00f3n, la posibilidad de que el legislador espa\u00f1ol se pueda reservar<\/em><\/strong> en Tratado, Protocolo o Reglamento prioridad sobre los derechos y privilegios o categor\u00eda de los mismos, a\u00fan no inscritos en el Registro Internacional, que considere prioritarios. Art. 39 del Convenio. En el Protocolo hay dos declaraciones relativas a este art. 39:<\/p>\n

1\u00aa.- Todas las categor\u00edas de derechos o garant\u00edas no contractuales<\/strong> que conforme a la ley espa\u00f1ola tienen y tendr\u00e1n prioridad en el futuro sobre una garant\u00eda relativa a un objeto que sea equivalente a la del titular de una garant\u00eda internacional inscrita, tendr\u00e1n prioridad en igual medida sobre una garant\u00eda internacional inscrita, tanto dentro como fuera de un procedimiento de insolvencia, y tanto si fue registrada antes o despu\u00e9s de la adhesi\u00f3n del Reino de Espa\u00f1a.<\/p>\n

2\u00aa.- Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afectar\u00e1 su derecho o el de una entidad p\u00fablica, organizaci\u00f3n internacional de la que el Reino de Espa\u00f1a sea parte u otro proveedor privado de servicios p\u00fablicos en el Reino de Espa\u00f1a a embargar o detener un objeto<\/strong> en virtud de las leyes espa\u00f1olas para el pago de las cantidades adeudadas al Reino de Espa\u00f1a o a cualquiera de las mencionadas entidades, organizaciones o proveedores que tengan una relaci\u00f3n directa con los servicios prestados respecto de ese u otro objeto.<\/p>\n

Derechos y garant\u00edas no contractuales susceptibles de inscripci\u00f3n. <\/strong>Por remisi\u00f3n al art. 40 del Convenio, en el protocolo se indica lo siguiente:<\/p>\n

El Reino de Espa\u00f1a declara que las siguientes categor\u00edas de derechos o garant\u00edas no contractuales podr\u00e1n inscribirse en virtud del presente Convenio respecto de cualquier categor\u00eda de objetos como si esos derechos o garant\u00edas fueran garant\u00edas internacionales<\/em><\/strong>, y ser\u00e1n regulados como tales:<\/p>\n

a) derechos de una persona que haya obtenido una orden judicial que autorice el embargo de un objeto aeron\u00e1utico <\/em><\/strong>para el cumplimiento total o parcial de la resoluci\u00f3n de un tribunal.<\/p>\n

b) grav\u00e1menes u otros derechos de una entidad estatal en relaci\u00f3n con impuestos<\/em><\/strong> u otros tributos no abonados.<\/p>\n

Consultas.<\/strong> Cualquier persona puede, en la forma prescrita en el Protocolo y el reglamento, consultar el Registro internacional o solicitar una consulta por medios electr\u00f3nicos respecto a garant\u00edas o garant\u00edas internacionales futuras inscritas en el mismo. El Registrador expedir\u00e1 un certificado de consulta<\/em><\/strong> del registro por medios electr\u00f3nicos, lo que constituye prueba de los hechos mencionados en ese documento, incluidas la fecha y la hora de una inscripci\u00f3n.<\/p>\n

Jurisdicci\u00f3n. <\/strong>Los tribunales de un Estado contratante elegidos por las partes<\/strong> en una transacci\u00f3n tienen jurisdicci\u00f3n respecto a una reclamaci\u00f3n presentada con arreglo al presente Convenio, independientemente de que la jurisdicci\u00f3n elegida tenga o no relaci\u00f3n con las partes o con la transacci\u00f3n. Esa jurisdicci\u00f3n ser\u00e1 exclusiva, salvo que las partes hayan acordado lo contrario. No se aplica para procedimientos de insolvencia<\/strong>. Arts 42 al 45. En el Protocolo<\/strong>, el Reino de Espa\u00f1a declara que todos los tribunales y autoridades competentes de conformidad con las leyes del Reino de Espa\u00f1a ser\u00e1n los tribunales relevantes a efectos del art\u00edculo\u00a01 y el Cap\u00edtulo XII del Convenio. Ver tambi\u00e9n arts. XXI y XXII.<\/p>\n

Otros convenios.<\/strong> Est\u00e1n relacionados:<\/p>\n

– La Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos en el comercio internacional<\/strong><\/a>, de 12 de diciembre de 2001. Pero prevalecer\u00e1 la Convenci\u00f3n del Cabo.<\/p>\n

– La Convenci\u00f3n de UNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional<\/a><\/strong>, firmada en Ottawa el 28 de mayo de 1988. El Convenio del Cabo remplazar\u00e1 a esta Convenci\u00f3n por lo que respecta a los objetos aeron\u00e1uticos. Art. XXV.<\/p>\n

– El Convenio relativo al reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves<\/a><\/strong>, firmado en Ginebra el\u00a019 de junio de\u00a01948. Seg\u00fan el art. XXIII del Protocolo, el Convenio de Ciudad del Cabo remplazar\u00e1 a ese Convenio por lo que respecta a las aeronaves y a los objetos aeron\u00e1uticos. Respecto a derechos o garant\u00edas no previstos ni afectados por este Convenio, el Convenio de Ginebra no ser\u00e1 remplazado. Art. XXIII.<\/p>\n

– El Convenio para la unificaci\u00f3n de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de aeronaves<\/strong>, firmado en Roma el\u00a029 de mayo de\u00a01933. Seg\u00fan el art. XXIV del Protocolo, el Convenio del Cabo remplazar\u00e1 a ese Convenio por lo que respecta a las aeronaves, salvo declaraci\u00f3n expresa de un Estado.<\/p>\n

La entrada en vigor del Convenio<\/strong> se produjo, de forma general, el 1 de marzo de 2006. Para Espa\u00f1a tendr\u00e1 lugar el 1 de octubre de 2013.<\/p>\n

La entrada en vigor del Protocolo<\/strong> se produjo, de forma general, el 1 de marzo de 2006. Para Espa\u00f1a tendr\u00e1 lugar el 1 de marzo de 2016. (JFME)<\/p>\n

Ver art\u00edculos doctrinales: Iv\u00e1n Heredia<\/a>. Bit\u00e1cora Millenium Dipr<\/a>. Cuatrecasas<\/a> uno y dos<\/a>.<\/p>\n

En la RCDI n\u00ba 731, p\u00e1gs 1415 a 1149 hay un trabajo del Director General Fr\u00e1ncisco Gomez G\u00e1lligo y del que fue Subdirector General Iv\u00e1n Heredia.<\/p>\n

Ver Resoluci\u00f3n de 4 de abril de 2024: Registro de Bienes Muebles: equipamientos aeron\u00e1uticos y material ferroviario<\/a><\/strong><\/p>\n

PDF (BOE-A-2016-912 \u2013 47\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 813\u00a0KB)<\/a>\u00a0\u00a0 Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>
Eficiencia energ\u00e9tica.<\/span><\/h6>\n

Real Decreto 56\/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012\/27\/UE <\/a>del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energ\u00e9tica, en lo referente a auditor\u00edas energ\u00e9ticas, acreditaci\u00f3n de proveedores de servicios y auditores energ\u00e9ticos y promoci\u00f3n de la eficiencia del suministro de energ\u00eda.<\/p>\n

La Uni\u00f3n Europea tiene como\u00a0objetivo general, en materia de eficiencia energ\u00e9tica<\/strong>, alcanzar\u00a0en 2020 un ahorro del 20 por ciento<\/em><\/strong>\u00a0en el consumo de energ\u00eda primaria y conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energ\u00e9tica m\u00e1s all\u00e1 de 2020.\u00a0Con ello, trata de favorecer\u00a0un crecimiento sostenible, reforzar la seguridad del abastecimiento energ\u00e9tico y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes.<\/p>\n

Ante las dificultades para alcanzar el objetivo,\u00a0se dict\u00f3\u00a0la\u00a0<\/strong>Directiva 2012\/27\/UE<\/strong><\/a>\u00a0<\/strong>del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la\u00a0eficiencia energ\u00e9tica<\/em><\/strong>, que\u00a0crea un marco com\u00fan para fomentar la eficiencia energ\u00e9tica dentro de la Uni\u00f3n Europea y establece acciones concretas que lleven a la pr\u00e1ctica alguna de las propuestas incluidas en el\u00a0Plan de Eficiencia Energ\u00e9tica 2011<\/a>. Ver tambi\u00e9n el\u00a0Plan espa\u00f1ol<\/a>.<\/p>\n

La\u00a0finalidad de este real decreto<\/strong>\u00a0es la de\u00a0impulsar un conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energ\u00e9tico que puedan\u00a0contribuir al ahorro y la eficiencia<\/em><\/strong>\u00a0de la energ\u00eda primaria consumida<\/strong><\/em>, as\u00ed como a\u00a0optimizar la demanda energ\u00e9tica<\/em><\/strong>\u00a0de la instalaci\u00f3n, equipos o sistemas consumidores de energ\u00eda, adem\u00e1s de disponer de un n\u00famero suficiente de\u00a0profesionales<\/em><\/strong>\u00a0<\/em>competentes a fin de asegurar la aplicaci\u00f3n efectiva y oportuna de la citada Directiva 2012\/27\/UE. Trata tambi\u00e9n de profundizar en el desarrollo del\u00a0mercado de los servicios energ\u00e9ticos<\/em><\/strong>.<\/p>\n

Para ello,\u00a0transpone parcialmente la\u00a0<\/strong>citada directiva<\/strong><\/a>, principalmente en lo relativo a auditor\u00edas energ\u00e9ticas, sistemas de acreditaci\u00f3n para proveedores de servicios energ\u00e9ticos y auditores energ\u00e9ticos y la promoci\u00f3n de la eficiencia energ\u00e9tica en los procesos de producci\u00f3n y uso del calor y del fr\u00edo.<\/p>\n

\"Interior<\/a>

Interior de la Catedral de Le\u00f3n. Por Nacho Traseira<\/p><\/div>\n

Tiene\u00a0cinco cap\u00edtulos:<\/strong><\/p>\n

El\u00a0cap\u00edtulo I<\/strong>, \u00abDisposiciones generales\u00bb, establece el objeto y la finalidad de este real decreto, as\u00ed como las definiciones necesarias para la correcta interpretaci\u00f3n del texto.<\/p>\n

El\u00a0cap\u00edtulo II<\/strong>, \u00abAuditor\u00edas energ\u00e9ticas<\/strong>\u00bb, contiene el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y la regulaci\u00f3n de \u00e9stas, como su alcance, criterios m\u00ednimos que deben cumplir y requisitos que deben cumplir para alcanzar la cualificaci\u00f3n de auditor energ\u00e9tico.<\/p>\n

Establece la\u00a0obligaci\u00f3n de llevar a cabo una auditor\u00eda energ\u00e9tica en las empresas que no sean PYMES<\/strong>. Debe realizarse\u00a0cada cuatro a\u00f1os<\/strong>\u00a0a partir de la fecha de la auditor\u00eda energ\u00e9tica anterior. Tambi\u00e9n\u00a0determina\u00a0los requisitos que ha de cumplir dicha auditor\u00eda. Las empresas tienen un plazo de nueve meses<\/em><\/strong>, salvo que la hayan hecho con posterioridad al 5 de diciembre de 2012 con los par\u00e1metros exigidos.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se concretan los requisitos que debe cumplir la auditor\u00eda, Las\u00a0auditor\u00edas energ\u00e9ticas son<\/strong>\u00a0herramientas que\u00a0permiten a las organizaciones conocer su situaci\u00f3n respecto al uso de energ\u00eda<\/em><\/strong>. Permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energ\u00eda primaria consumida, as\u00ed como para optimizar la demanda energ\u00e9tica de la instalaci\u00f3n. Asimismo, se refieren al uso y la diversificaci\u00f3n de las fuentes energ\u00e9ticas, incluyendo la optimizaci\u00f3n por cambio de combustible.<\/p>\n

La informaci\u00f3n requerida para la auditor\u00eda energ\u00e9tica de una empresa es\u00a0similar a la necesaria para evaluar la huella de carbono de la organizaci\u00f3n<\/strong>, que requiere el Real\u00a0Decreto 163\/2014, de 14 de marzo<\/a>. Esta similitud\u00a0puede permitir acceder a los incentivos incluidos en dicho real decreto y participar en los esquemas de compensaci\u00f3n establecidos en este marco.<\/p>\n

Se crea el\u00a0registro administrativo<\/strong>\u00a0de auditor\u00edas energ\u00e9ticas en el Ministerio de Industria, Energ\u00eda y Turismo y el procedimiento para la inspecci\u00f3n de su realizaci\u00f3n.<\/p>\n

El cap\u00edtulo III<\/strong>, \u00abSistema de acreditaci\u00f3n para\u00a0proveedores de servicios energ\u00e9ticos y auditores energ\u00e9ticos<\/strong>\u00bb, regula las condiciones y requisitos que deben observarse para la acreditaci\u00f3n de estos proveedores y auditores, lo cual es esencial para que sus actuaciones generen confianza.<\/p>\n

El cap\u00edtulo IV<\/strong>, \u00abPromoci\u00f3n<\/strong>\u00a0de la eficiencia energ\u00e9tica en la producci\u00f3n y uso del calor y del fr\u00edo<\/strong>\u00bb, regula la evaluaci\u00f3n del potencial de cogeneraci\u00f3n de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calefacci\u00f3n y refrigeraci\u00f3n.<\/p>\n

Y el cap\u00edtulo V<\/strong>, \u00abR\u00e9gimen sancionador<\/strong>\u00bb, es el relativo a las sanciones por los incumplimientos de lo dispuesto en este real decreto.<\/p>\n

En la disposici\u00f3n adicional cuarta se concreta la\u00a0definici\u00f3n de edificio de consumo de energ\u00eda casi nulo<\/strong>, en el \u00e1mbito de la Directiva 2010\/31\/UE: es aquel edificio con un nivel de eficiencia energ\u00e9tica muy alto, que se determinar\u00e1 de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energ\u00eda requerida deber\u00eda estar cubierta, en muy amplia medida, por energ\u00eda procedente de fuentes renovables, incluida energ\u00eda procedente de fuentes renovables producida \u00abin situ\u00bb o en el entorno.<\/p>\n

Las disposiciones finales modifican tres reales decretos<\/strong>:<\/p>\n

– El Real Decreto 1955\/2000, de 1 de diciembre<\/a>, por el que se regulan las actividades de transporte, distribuci\u00f3n, comercializaci\u00f3n, suministro y procedimientos de autorizaci\u00f3n de instalaciones de energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/em><\/strong>.<\/p>\n

– El Real Decreto 616\/2007, de 11 de mayo<\/a>, sobre fomento de cogeneraci\u00f3n<\/em><\/strong>.<\/p>\n

– Y el Real Decreto 1027\/2007, de 20 de julio<\/a>, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones T\u00e9rmicas<\/em><\/strong> en los Edificios.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor<\/strong> el 13 de febrero de 2016.\u00a0<\/p>\n

\n

PDF (BOE-A-2016-1460 – 27 p\u00e1gs.<\/abbr> – 453 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/a>

Instrucci\u00f3n DGRN Auditores<\/span><\/h6>\n

Instrucci\u00f3n de 9 de febrero de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas.<\/p>\n

Ir al Archivo Especial<\/a><\/strong><\/p>\n

La Instrucci\u00f3n tiene su origen en la reciente aprobaci\u00f3n de la Ley 22\/2015 de 20 de julio de Auditor\u00eda de Cuentas (ver resumen<\/a>). Su entrada en vigor de forma escalonada hace de todo punto necesaria la publicaci\u00f3n de la Instrucci\u00f3n en cuanto la misma contiene una serie de novedades cuyo desarrollo no puede esperar a la aprobaci\u00f3n del nuevo RRM que ya se hace totalmente necesario con urgencia.<\/p>\n

La Instrucci\u00f3n por ello aclara algunas de las novedades legales de m\u00e1s dif\u00edcil desarrollo e implementaci\u00f3n.<\/p>\n

Son seis las cuestiones<\/strong> tratadas por la instrucci\u00f3n si bien la \u00faltima de ellas no puede decirse que deba su origen a la nueva ley de auditor\u00eda.<\/p>\n

Estas cuestiones son por su orden las relativas a la necesaria comprobaci\u00f3n por el RRM del car\u00e1cter de ejerciente del auditor<\/strong>antes de su inscripci\u00f3n, a la dif\u00edcil cuesti\u00f3n de la determinaci\u00f3n de honorarios<\/strong> de los auditores en aquellos supuestos de nombramiento por el RM, al plazo que los auditores<\/strong> nombrados por el registro tienen para aceptar<\/strong> el cargo, a las especialidades que presentan las llamadas entidades de inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong>, a la colaboraci\u00f3n con el ICAC<\/strong> y finalmente a la necesaria constancia fehaciente de la notificaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos de cuentas defectuosos<\/strong> para evitar las sanciones establecidas por no depositar las cuentas anuales. Veamos todo ello.<\/p>\n

1. Comprobaci\u00f3n del car\u00e1cter de Auditor. ^<\/a><\/strong><\/p>\n

Necesaria comprobaci\u00f3n de que el auditor nombrado tiene dicho car\u00e1cter y figura en las listas del ROAC como ejerciente<\/strong>.
\nHasta ahora lo \u00fanico que se exig\u00eda a los efectos de la inscripci\u00f3n de los auditores era la consignaci\u00f3n de su n\u00famero de ROAC<\/strong> como un dato m\u00e1s de la identificaci\u00f3n de la persona f\u00edsica o jur\u00eddica nombrada. La nueva ley en du DA 9\u00aa, 2\u00ba p\u00e1rrafo<\/strong> exige que el registrador verifique que el auditor est\u00e1 inscrito en el ROAC como ejerciente<\/strong>. Esta exigencia se aplica sea cual sea el origen y motivo del nombramiento, es decir tanto a los nombrados por la sociedad con car\u00e1cter voluntario o forzoso<\/strong>, como a los nombrados por el registrador mercantil<\/strong> o Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia, en los contados casos en que sigue siendo competente, en expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria y tanto a los titulares como a los suplentes<\/strong>. Adem\u00e1s, en este \u00faltimo supuesto si la suplencia se hace efectiva tambi\u00e9n en ese momento deber\u00e1 verificarse la cualidad de ejerciente del auditor.
\n\u00bfC\u00f3mo se hace la comprobaci\u00f3n?<\/strong> Por el sistema de interconexi\u00f3n telem\u00e1tica<\/strong> entre el ROAC y los RRMM. Lo adecuado ser\u00eda que su funcionamiento fuera autom\u00e1tico y que el sistema una vez introducidos los datos del auditor contestara confirmando su inscripci\u00f3n en el ROAC como ejerciente, Mientras este sistema no est\u00e9 operativo la verificaci\u00f3n se har\u00e1 por consulta de oficio al portal oficial del ICAC cuya direcci\u00f3n consta en la propia Instrucci\u00f3n.<\/p>\n

Entrar\u00e1 en vigor esta obligaci\u00f3n el 17 de junio de 2016 aunque lo aconsejable ser\u00e1 que se haga ya con car\u00e1cter preventivo.<\/p>\n

2.\u00a0Honorarios de los auditores<\/strong>. ^<\/a><\/p>\n

Tanto la ley derogada (TR) como la nueva ley (art. 24.1) exigen que en el contrato de auditor\u00eda consten los honorarios<\/strong> a percibir por el auditor.
\nPor su parte en el caso de nombramiento por el registrador mercantil<\/strong> el art\u00edculo 267.3 de la LSC<\/a> exige que el registrador fije la retribuci\u00f3n o los criterios para su c\u00e1lculo. Adem\u00e1s, antes de aceptar el cargo deben acordar los honorarios<\/strong> pudiendo pedir cauci\u00f3n suficiente para su pago o exigir provisi\u00f3n de fondos. Adem\u00e1s el art. 40 del Cco<\/a><\/strong>. exige para los nombramientos hechos a su amparo no s\u00f3lo la fijaci\u00f3n de la retribuci\u00f3n sino una necesaria provisi\u00f3n de fondos<\/strong> por el solicitante. En sentido similar se produc\u00eda el vigente RRM, salvo en lo relativo a la cauci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos. Lo que ocurre es que en ninguna norma<\/strong> se establece cu\u00e1les ser\u00e1n los honorarios a cobrar por los auditores de cuentas. Solo con car\u00e1cter informativo por el ICAC se publica anualmente uninforme sobre facturaci\u00f3n media por hora<\/strong>, actualmente fijado en 66,61 \u20ac. Pues bien, a la vista de ello la Instrucci\u00f3n renuncia a que el registrador pueda hacer una fijaci\u00f3n previa de honorarios por la tremenda dificultad que ello implica al desconocer las dificultades que puedan presentar la funci\u00f3n auditora y las horas necesarias para su realizaci\u00f3n. Por tanto el registrador al hacer el nombramiento deber\u00e1 remitirse \u201ccon car\u00e1cter puramente informativo, a efectos de los criterios para el c\u00e1lculo de los honorarios del auditor designado, al Bolet\u00edn del Instituto de Contabilidad y Auditor\u00eda de Cuentas en el que se haya insertado el \u00faltimo informe sobre la facturaci\u00f3n media por hora de los auditores, tanto a nivel general, como por sociedades de auditor\u00eda y auditores individuales, advirtiendo que el importe concreto de los honorarios a devengar depender\u00e1 de la complejidad de las labores a realizar y del n\u00famero de horas que se prevea para la realizaci\u00f3n de los trabajos\u201d. Y todo ello sin perjuicio de que si en el futuro se publicaran normas sobre la materia el registrador deber\u00e1 ajustarse en el expediente y en su resoluci\u00f3n a ellas.
\nSolo en el caso del art. 40 del Cco<\/strong>, supuesto que no creemos se d\u00e9 con mucha frecuencia, deber\u00e1 fijar una prudencial provisi\u00f3n de fondos<\/strong> para el auditor que podr\u00e1 hacerse por aval de entidad bancaria<\/strong>. Para la fijaci\u00f3n concreta de esa provisi\u00f3n de fondos se tendr\u00e1 en cuenta las observaciones realizadas por el auditor y el empresario sujeto a auditor\u00eda. Lo que no aclara la Instrucci\u00f3n es la forma de proceder en caso de que el auditor o empresario no acepten la provisi\u00f3n fijada<\/strong>. Suponemos que el se\u00f1alamiento de la provisi\u00f3n no sea susceptible de ser recurrido por las partes.<\/p>\n

3. Plazo para la aceptaci\u00f3n del cargo por el auditor nombrado.<\/strong> ^<\/a><\/p>\n

El plazo para la aceptaci\u00f3n del cargo de auditor es de cinco d\u00edas<\/strong>. Dado que ahora el auditor antes de aceptar el cargo debe evaluar el efectivo cumplimiento<\/strong> del encargo (art. 265.3 de la LSC<\/a>) y acordar los honorarios (art. 267.3 LSC) el plazo parece totalmente insuficiente<\/strong> para ello. Por tanto y por aplicaci\u00f3n supletoria<\/strong> de la LPAC de 1992 (art\u00edculo 49<\/a>), y cuando entre en vigor, por aplicaci\u00f3n de la nueva ley 39\/2015 de 1 de octubre<\/strong> con vigencia desde el 2 de octubre de 2016 (art\u00edculo 32<\/a>), la cual establece una regulaci\u00f3n en este punto similar a la derogada, el registrador de oficio o a instancia de parte<\/strong> podr\u00e1 prorrogar o ampliar el indicado plazo. Si se solicita por el auditor deber\u00e1 hacerlo antes de que finalice el plazo inicial expresando las causas y razones para ello. Lo aconsejable ser\u00e1 que en todo expediente de designaci\u00f3n de auditor la ampliaci\u00f3n del plazo<\/strong> se haga de oficio en el mismo acto de nombramiento.<\/p>\n

Ahora bien, cu\u00e1l ser\u00e1 el plazo<\/strong> por el que se puede prorrogar la aceptaci\u00f3n. Si nos vamos a la vigente hasta el 2 de octubre de 2016, LRJAPPAC, ley 30\/1992 vemos que en el art. 49 se permite la ampliaci\u00f3n del plazo que no excedan de la mitad del plazo concedido. Por tanto, en el caso que nos ocupa esa ampliaci\u00f3n podr\u00e1 ser de 2,5 d\u00edas<\/strong> que si redondeamos por exceso podr\u00eda alcanzar los tres d\u00edas<\/strong>. Por tanto y de oficio se podr\u00e1 dar un plazo m\u00e1ximo de 8 d\u00edas al auditor<\/strong> para que diga si acepta o no acepta el cargo. En caso de petici\u00f3n la cosa se complica pues la ampliaci\u00f3n deber\u00e1 concederse antes del vencimiento del plazo de que se trate,<\/strong> lo que ser\u00e1 realmente dif\u00edcil. Por su parte la nueva ley 39\/2015 de 1 de octubre en su art\u00edculo 32 se produce en t\u00e9rminos muy similares si no id\u00e9nticos. Por tanto, este del plazo para la aceptaci\u00f3n debe ser uno de los puntos a retocar en el nuevo RRM<\/strong>, si bien debe tenerse en cuenta que pese a todo este plazo no debe ser excesivamente largo pues la auditor\u00eda deber\u00eda poder ser completada antes de que finalizara el plazo para la aprobaci\u00f3n de las cuentas anuales auditarlas. Prudente ser\u00eda un plazo de diez d\u00edas prorrogable por cinco m\u00e1s.<\/p>\n

4. Condicionantes para las llamadas entidades de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/strong> ^<\/a><\/p>\n

Las entidades de inter\u00e9s p\u00fablico son aquellas a que se refiere el art. 3.5 de la nueva ley de auditor\u00eda.<\/a> En esencia son las entidades emisoras de valores, las entidades de cr\u00e9dito y las aseguradoras y tambi\u00e9n los grupos de sociedades en los que la dominante sea alguna de las anteriores. Reglamentariamente tambi\u00e9n se pueden declarar otras entidades de inter\u00e9s p\u00fablico. Estas entidades tienenun r\u00e9gimen especial de auditor\u00eda<\/strong> con limitaciones temporales m\u00e1ximo y m\u00ednimo<\/strong> y con limitaciones temporales<\/strong> en cuanto al auditor firmante de la auditor\u00eda. Es lo que se llama rotaci\u00f3n externa<\/strong>, f\u00e1cil de controlar y lo que se llama rotaci\u00f3n interna<\/strong> que ofrece m\u00e1s dificultades para su control pues este solo se ejercer\u00e1 en el momento del dep\u00f3sito de cuentas<\/strong> de la entidad. A estos efectos el registrador deber\u00e1 efectuar dos consultas<\/strong> cuando se habiliten los medios inform\u00e1ticos para ello: una consulta<\/strong> para comprobar si una entidad tiene car\u00e1cter o no de entidad de inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> y otra para comprobar<\/strong>, en el dep\u00f3sito de cuentas, si se cumple con la exigencia de rotaci\u00f3n interna<\/strong>. Este segundo supuesto es el que exige que en el momento del dep\u00f3sito se haga una inscripci\u00f3n<\/strong> en donde conste el nombre del auditor<\/strong> que ha realizado el informe, sea en nombre propio o en representaci\u00f3n de una sociedad de auditor\u00eda. Tambi\u00e9n se har\u00e1 constar por nota al margen del nombramiento de auditor<\/strong>. De esta forma se podr\u00e1 comprobar que se cumplen tanto las normas de rotaci\u00f3n externa, f\u00e1ciles, como las normas de rotaci\u00f3n interna, dif\u00edciles. Quiz\u00e1s y dado que debemos ir hacia el registro electr\u00f3nico hubiera sido m\u00e1s sencillo e incluso efectivo, establecer este control<\/strong> por medio de alertas inform\u00e1ticas<\/strong> que saltar\u00edan en el momento de entrar electr\u00f3nicamente en la hoja de la sociedad. Creemos que el sistema establecido es poco operativo y complejo. El listado de entidades de inter\u00e9s p\u00fablico se tendr\u00e1 actualizado inform\u00e1ticamente por el colegio de registradores sobre la base de los datos remitidos por el ICAC.<\/p>\n

Su entrada en vigor ser\u00e1 el 17 de junio de 2016.<\/p>\n

5. Colaboraci\u00f3n con el ICAC.<\/strong> ^<\/a><\/p>\n

Esta colaboraci\u00f3n se concreta en la obligaci\u00f3n<\/strong> que el colegio de Registradores debe asumir de enviar en los meses de febrero y agosto<\/strong> una relaci\u00f3n de las sociedades que en el semestre anterior hayan presentad cuentas debidamente auditadas<\/strong>. Ni que decir tiene que para cumplir con esta obligaci\u00f3n en los primeros 15 d\u00edas de febrero y agosto <\/strong>los distintos RRMM deber\u00e1n remitir dicha informaci\u00f3n al colegio el cual, previo su tratamiento inform\u00e1tico las remitir\u00e1 al ICAC.<\/p>\n

Esta obligaci\u00f3n entrar\u00e1 en vigor el 17 de junio de 2016<\/strong>. Se plantea la duda de si el primer env\u00edo ser\u00e1 en agosto, referido al semestre anterior o si ser\u00e1 necesario dejar transcurrir al menos un semestre desde la entrada en vigor de la ley para que la obligaci\u00f3n se haga efectiva.<\/p>\n

6. Control de notificaci\u00f3n de defectos en los dep\u00f3sitos de cuentas<\/strong>. ^<\/a><\/p>\n

No tiene nada que ver con el objeto principal de la Instrucci\u00f3n pues no se refiere a los auditores. Puede ser una sugerencia del ICAC ante las dificultades que encuentran para imponer sanciones por falta de dep\u00f3sito de cuentas.<\/p>\n

Por ello \u00a0para evitar situaciones espinosas<\/strong> cuando por falta de dep\u00f3sito de cuentas se instruye el pertinente expediente sancionador por parte del ICAC y la sociedad, por medio de su administrador, alega que el dep\u00f3sito no ha sido efectuado por estar defectuoso<\/strong>, y que la notificaci\u00f3n de esos defectos no le ha sido entregada, se recuerda la necesidad de que por parte del registrador calificante<\/strong> se pueda acreditar la notificaci\u00f3n de los defectos<\/strong> llevada a cabo con todos los requisitos exigidos por el art. 322 de la LH y por la ley de procedimiento administrativo. A estos efectos se establece que dicha notificaci\u00f3n de defectos se incorpore al expediente<\/strong> para que de esta forma pueda certificarse a petici\u00f3n del ICAC sobre dicho extremo<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0Para dar debido cumplimiento<\/strong> a este punto de la instrucci\u00f3n entendemos que toda petici\u00f3n de dep\u00f3sito deber\u00e1 venir acompa\u00f1ada del pertinente correo electr\u00f3nico<\/strong> y la aceptaci\u00f3n del presentante de que se le haga la notificaci\u00f3n por este medio. Y ello enaplicaci\u00f3n exclusiva del art\u00edculo 322 de la LH<\/strong> que seg\u00fan la Instrucci\u00f3n es el aplicable cuando habla de la notificaci\u00f3n, aunque despu\u00e9s, a la hora de poder acreditar el registrador que la notificaci\u00f3n ha sido efectivamente realizada a\u00f1ade al art\u00edculo 322 las normas sobre notificaciones contenidas en la LPA.<\/p>\n

Esta obligaci\u00f3n que no es nueva<\/strong>, pues se trata de un mero recordatorio de la trascendencia de la misma, es de aplicaci\u00f3n inmediata.<\/p>\n

Dado que la presentaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos se acumula en un plazo corto y que un porcentaje elevado de ellos est\u00e1n defectuosos, puede ser una obligaci\u00f3n de oneroso cumplimiento si aplicamos de forma estricta y r\u00edgida las normas del procedimiento administrativo.<\/p>\n

\u00a0Por ello quiz\u00e1s pudiera ser aplicable a la materia Y en todo caso pudiera ser aplicable, cuando entre en vigor la ley de procedimiento de las a ministrar\u00edan p\u00fablicas el art. 41.3<\/a> de dicha ley seg\u00fan el cual \u201cen los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificaci\u00f3n se practicar\u00e1 por el medio se\u00f1alado al efecto por aquel<\/strong>. Esta notificaci\u00f3n ser\u00e1 electr\u00f3nica en los casos en los que exista obligaci\u00f3n de relacionarse de esta forma con la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

No creemos aplicable el art. 42 de la misma pues el sistema establecido no parece compatible con la petici\u00f3n expresa del interesado de que la notificaci\u00f3n le llegue a su correo electr\u00f3nico por razones de inmediatez, comodidad y f\u00e1cil acceso.<\/p>\n

El art. 43, relativo a las notificaciones electr\u00f3nicas, parte de la base de la comparecencia en la sede electr\u00f3nica<\/strong> del propio RM que no existe en la actualidad, debiendo adem\u00e1s el interesado hacer un acto de voluntad como es el acceder a dicho portal lo cual, al se\u00f1alar un correo para recibir notificaciones telem\u00e1ticas, no parece que est\u00e9 dispuesto a realizar.<\/p>\n

Por tanto, en materia de notificaciones de defectos por parte del Registro Mercantil al existir un precepto especial que las regula<\/strong>creemos que nos podemos acoger al mismo estimando que el env\u00edo del correo, aunque no haya acuse de recibo por parte del receptor, debe surtir plenos efectos notificatorios. La frase del art. 322 de la LH de que quede constancia fehaciente<\/strong> tanto puede entenderse relativa a la propia notificaci\u00f3n como a la petici\u00f3n del presentante de recibir la notificaci\u00f3n telem\u00e1tica lo que con la petici\u00f3n del DNI del interesado y su firma en la petici\u00f3n se cumple con dicha exigencia. Para acreditar de forma fehaciente la recepci\u00f3n de la notificaci\u00f3n telem\u00e1tica deber\u00eda acudirse al sistema de firma electr\u00f3nica y en todo caso, adem\u00e1s, si el interesado rechaza la notificaci\u00f3n, deber\u00e1 acudirse a los medios ordinarios para hacerla.<\/p>\n

De todas formas, reconocemos que es una cuesti\u00f3n muy dudosa<\/strong> a la vista de la Instrucci\u00f3n y de la vigente ley de 1992 y de la que pronto lo ser\u00e1 de 2015, lo que por el car\u00e1cter masivo de los dep\u00f3sitos de cuentas que puede dar muchos quebraderos de cabeza a los RRMM. JAGV.<\/p>\n

Ir al Archivo Especial<\/a>.<\/strong><\/p>\n

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PDF (BOE-A-2016-1494 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 191 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Sud\u00e1frica<\/span><\/h6>\n

Denuncia del Acuerdo para la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n rec\u00edproca de inversiones entre el Reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Sud\u00e1frica, hecho en Pretoria el 30 de septiembre de 1998.<\/p>\n

Por Nota verbal de fecha 20 de junio de 2013, el Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperaci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Sud\u00e1frica comunic\u00f3 la denuncia del Acuerdo para la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n rec\u00edproca de inversiones entre el Reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Sud\u00e1frica, hecho en Pretoria el 30 de septiembre de 1998 y publicado en el BOE el 31 de enero de 2000<\/a>.<\/p>\n

Dicho Acuerdo dej\u00f3 de estar en vigor el 22 de diciembre de 2013<\/strong>, fecha del fin de la segunda renovaci\u00f3n t\u00e1cita por dos a\u00f1os del mismo.<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2016-1605 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 148 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos<\/span><\/h6>\n

Orden JUS\/188\/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos y la apertura de su cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones.<\/p>\n

La Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos est\u00e1 regulada por el Real Decreto 948\/2015, de 23 de octubre (ver resumen<\/a>).<\/p>\n

En su D. Tr. 1\u00aa se dispuso que su entrada en funcionamiento operativo<\/strong> se determinar\u00e1 mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizar\u00e1 de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acci\u00f3n<\/strong> aprobado por la Direcci\u00f3n General de la citada Oficina.<\/p>\n

Este plan, de 10 de febrero de 2016, configura la actividad de la Oficina en varias fases<\/strong> que veremos y delimita la funci\u00f3n de gesti\u00f3n de bienes por la Oficina<\/strong>.<\/p>\n

Objeto. <\/strong>Esta orden establece el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n y funcionamiento operativo<\/em><\/strong> de la Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos, as\u00ed como la apertura de la Cuenta<\/em><\/strong> de Dep\u00f3sitos y Consignaciones de esta Oficina.<\/p>\n

\u00c1mbito de actuaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. La Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos actuar\u00e1 cuando se lo encomiende el Juez o Tribunal competente<\/em><\/strong>, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina. La Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos proceder\u00e1, igualmente, a la localizaci\u00f3n de activos<\/em><\/strong> a instancia del Ministerio Fiscal<\/em><\/strong> en el ejercicio de sus competencias en el \u00e1mbito de las diligencias de investigaci\u00f3n, de la cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional, del procedimiento de decomiso aut\u00f3nomo o en cualesquiera otras actuaciones cuando as\u00ed est\u00e9 previsto en la legislaci\u00f3n vigente.<\/li>\n
  2. Cuando la Oficina act\u00fae a instancia del Juez o Tribunal o del Ministerio Fiscal<\/strong>, lo har\u00e1 en el \u00e1mbito de las actividades delictivas cometidas en el marco de una organizaci\u00f3n criminal, as\u00ed como del resto de las actividades delictivas propias del \u00e1mbito del decomiso ampliado, en los t\u00e9rminos previstos en las leyes penales y procesales y respecto a bienes cuya localizaci\u00f3n, embargo o decomiso se haya acordado a partir del 24 de octubre de 2015<\/em><\/strong>.<\/li>\n
  3. Cuando la Oficina act\u00fae a iniciativa propia<\/strong>, en el marco de cualquier actividad delictiva, lo har\u00e1 cuando resulte conveniente en atenci\u00f3n a la naturaleza o especiales circunstancias de los bienes, previa autorizaci\u00f3n judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes penales y procesales e independientemente de la fecha del embargo o decomiso<\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

    Funcionamiento operativo. Calendario.<\/strong><\/p>\n

    – A partir de 21 de febrero de 2016, la Oficina comenz\u00f3 a funcionar para actuaciones de iniciativa propia<\/em><\/strong>.<\/p>\n

    – Para actuaciones a instancia de los \u00f3rganos judiciales o de la Fiscal\u00eda<\/em><\/strong> para acuerdos adoptados a partir del 24 de octubre de 2015, hay varios plazos, empezando el 1\u00ba de marzo para la provincia de Cuenca y concluyendo el 1 de enero de 2017 para el resto del territorio del Estado.<\/p>\n

    – La fecha de entrada en funcionamiento en materia de cooperaci\u00f3n internacional<\/em><\/strong> ser\u00e1 el 1 de junio de 2016.<\/p>\n

    Apertura de la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones. <\/strong>Se ordena su apertura bajo el nombre de \u00abOficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos\u00bb.<\/p>\n

    Delimitaci\u00f3n de la funci\u00f3n de gesti\u00f3n. <\/strong>La funci\u00f3n de gesti\u00f3n que realice la Oficina no incluir\u00e1<\/em><\/strong> ni el dep\u00f3sito<\/em><\/strong> de los bienes que le sean encomendados, ni la gesti\u00f3n de sociedades<\/em><\/strong> en tanto no se dicte resoluci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Estado de Justicia que lo ordene. Respecto al dep\u00f3sito, se indica en el pre\u00e1mbulo de la orden que \u201cdado que la competencia relativa a la gesti\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales actualmente se encuentra distribuida entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Aut\u00f3nomas con competencias en la materia, se establece que el funcionamiento operativo de la Oficina no alterar\u00e1 el r\u00e9gimen de los dep\u00f3sitos judiciales<\/strong>, sin perjuicio de que en el futuro pudiera asumir funciones en relaci\u00f3n con los mismos\u201d.<\/em><\/p>\n

    Esta orden entr\u00f3 en vigor el 21 de febrero de 2016.<\/p>\n

    \n

    PDF (BOE-A-2016-1735 – 2 p\u00e1gs.<\/abbr> – 161 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Plan de control tributario 2016<\/span><\/h6>\n

    Resoluci\u00f3n de 22 de febrero de 2016, de la Direcci\u00f3n General de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016.<\/p>\n

    La Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (Agencia Tributaria<\/strong>), tiene como uno de sus principales cometidos la prevenci\u00f3n y la lucha contra el fraude fiscal, actuaci\u00f3n que se ver\u00e1 favorecida con la \u00faltima reforma de la Ley General Tributaria <\/strong>(septiembre 2015):<\/a><\/p>\n

    – las modificaciones en materia del plazo de prescripci\u00f3n del derecho a comprobar<\/strong> e investigar para algunos supuestos;<\/p>\n

    – la ampliaci\u00f3n de la duraci\u00f3n de los plazos del procedimiento inspector<\/strong>;<\/p>\n

    – la pr\u00e1ctica de liquidaciones tributarias cuando se tramite un procedimiento penal<\/strong> por delito contra la Hacienda P\u00fablica o por contrabando, y que se complementa con la no paralizaci\u00f3n de las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria y aduanera liquidada.<\/p>\n

    Las directrices del Plan se estructuran en\u00a0tres grandes \u00e1mbitos<\/strong>:<\/p>\n

    I. Comprobaci\u00f3n e investigaci\u00f3n del fraude tributario y aduanero.<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Econom\u00eda sumergida.<\/li>\n
    2. Investigaci\u00f3n de patrimonios y de rentas en el exterior.<\/li>\n
    3. Planificaci\u00f3n fiscal internacional.<\/li>\n
    4. Econom\u00eda digital.<\/li>\n
    5. Prestaci\u00f3n de servicios de alto valor.<\/li>\n
    6. Fraude organizado en IVA.<\/li>\n
    7. Control sobre operaciones, reg\u00edmenes jur\u00eddico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad espec\u00edfica.<\/li>\n
    8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales.<\/li>\n
    9. Control de los impuestos medioambientales.<\/li>\n
    10. Control aduanero.<\/li>\n
    11. Prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del contrabando, narcotr\u00e1fico y blanqueo de capitales.<\/li>\n<\/ol>\n

      II. Control del fraude en fase recaudatoria.<\/strong><\/p>\n

      En 2016, se dar\u00e1 publicidad<\/strong> a situaciones de incumplimiento relevante<\/strong> de las obligaciones tributarias.<\/p>\n

        \n
      1. La gesti\u00f3n de la deuda pendiente sobre un mayor n\u00famero de deudores mediante un conjunto de actuaciones tendentes al aseguramiento del cobro<\/strong> efectivo de las mismas y a la detecci\u00f3n de supuestos de responsabilidad.<\/li>\n
      2. El impulso de las derivaciones de responsabilidad<\/strong> en todos los supuestos previstos en la Ley General Tributaria haciendo uso de todas las herramientas de investigaci\u00f3n<\/strong> al alcance con objeto de impedir el impago de las deudas por las que deban responder los terceros.<\/li>\n
      3. La intensificaci\u00f3n de las actuaciones de investigaci\u00f3n frente a los fraudes m\u00e1s complejos, para conseguir la detecci\u00f3n de un mayor n\u00famero de vaciamientos patrimoniales fraudulentos<\/strong>, incrementando la interposici\u00f3n de acciones penales por la presunta comisi\u00f3n de delitos de insolvencia punible.<\/li>\n
      4. Potenciaci\u00f3n de actuaciones dirigidas a la mejora de los tiempos medios de gesti\u00f3n de las deudas<\/strong> y en el desarrollo de las subastas.<\/li>\n
      5. Agilizar la gesti\u00f3n de las deudas afectadas por procesos concursales<\/strong>.<\/li>\n
      6. Intensificaci\u00f3n de la colaboraci\u00f3n con las \u00e1reas liquidadoras<\/strong>, con el fin de detectar anticipadamente actuaciones tendentes a evitar el pago que se puedan apreciar en la fase de comprobaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de los contribuyentes.<\/li>\n
      7. Control del car\u00e1cter excepcional de la figura del aplazamiento o fraccionamiento<\/strong> de deudas, proscribiendo su uso para fines distintos de los establecidos en la norma y realizar un seguimiento exhaustivo en el cumplimiento de los acuerdos de concesi\u00f3n.<\/li>\n
      8. Agilizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n recaudatoria en los casos de existencia de indicios de delito <\/strong>contra la Hacienda P\u00fablica o contrabando.<\/li>\n<\/ol>\n

        III. Colaboraci\u00f3n entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. Control global de las\u00a0deducciones\u00a0<\/em><\/strong>sobre el tramo auton\u00f3mico del\u00a0IRPF<\/em><\/strong>, aprobadas por las distintas Comunidades Aut\u00f3nomas. Discapacidad y familia numerosa.<\/li>\n
        2. Impuesto sobre el\u00a0Patrimonio\u00a0<\/em><\/strong>correspondiente a ejercicios no prescritos y su relaci\u00f3n con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.<\/li>\n
        3. Operaciones inmobiliarias significativas\u00a0<\/em><\/strong>al objeto de determinar su tributaci\u00f3n por el IVA o, alternativamente, por el concepto \u00abTransmisiones Patrimoniales\u00bb del ITPyAJD.<\/li>\n
        4. Operaciones societarias\u00a0<\/em><\/strong>m\u00e1s relevantes declaradas exentas del ITPyAJD por haberse acogido al r\u00e9gimen fiscal especial del cap\u00edtulo VII del T\u00edtulo VII Ley del Impuesto sobre Sociedades.<\/li>\n
        5. Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales en el\u00a0Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones<\/em><\/strong>, a trav\u00e9s de la comprobaci\u00f3n de la principal fuente de renta.<\/li>\n
        6. Cumplimiento de los requisitos para la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen fiscal de las\u00a0cooperativas<\/em><\/strong>.<\/li>\n
        7. Domicilios\u00a0<\/em><\/strong>declarados y sus modificaciones.<\/li>\n<\/ol>\n
          \n

          PDF (BOE-A-2016-1836 – 17 p\u00e1gs.<\/abbr> – 296 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/a>

          Tribunal Constitucional<\/span><\/h6>\n

          LEY ORG\u00c1NICA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.<\/strong> Recurso de inconstitucionalidad n.\u00ba 7466-2015, contra la Ley Org\u00e1nica 15\/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecuci\u00f3n de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garant\u00eda del Estado de Derecho, as\u00ed como contra su Art\u00edculo \u00fanico.Tres, por la redacci\u00f3n dada a los art\u00edculos 92.4.a), .b) y \u00faltimo inciso del .c), y .5 de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre.<\/p>\n

          El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tr\u00e1mite el recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Gobierno de Catalu\u00f1a<\/strong> contra la referida Ley Org\u00e1nica 15\/2015, de 16 de octubre (ver resumen<\/a>).<\/p>\n

          Aunque se alude a que se recurre toda la Ley<\/strong>, despu\u00e9s se cita como recurrida a una parte del art. 92<\/a><\/strong> dice lo siguiente (en cursiva lo citado):<\/p>\n

          4. En caso de advertirse que una resoluci\u00f3n<\/strong> dictada en el ejercicio de su jurisdicci\u00f3n pudiera estar siendo incumplida<\/strong>, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera reca\u00eddo, requerir\u00e1 a las instituciones, autoridades, empleados p\u00fablicos o particulares<\/strong> a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen<\/strong> al respecto.<\/em><\/p>\n

          Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento<\/strong> total o parcial de su resoluci\u00f3n, podr\u00e1 adoptar cualesquiera de las medidas<\/strong> siguientes:<\/em><\/p>\n

          a) Imponer multa coercitiva<\/strong> de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados p\u00fablicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento \u00edntegro de lo mandado.<\/em><\/p>\n

          b) Acordar la suspensi\u00f3n en sus funciones<\/strong> de las autoridades o empleados p\u00fablicos<\/strong> de la Administraci\u00f3n responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.<\/em><\/p>\n

          c) <\/em>La ejecuci\u00f3n sustitutoria<\/strong> de las resoluciones reca\u00eddas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podr\u00e1 requerir la colaboraci\u00f3n del Gobierno de la Naci\u00f3n<\/strong> a fin de que, en los t\u00e9rminos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.<\/em><\/p>\n

          d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.<\/p>\n

          5. Si se tratara de la ejecuci\u00f3n de las resoluciones que acuerden la suspensi\u00f3n de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional<\/strong>, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptar\u00e1 las medidas necesarias<\/strong> para asegurar su debido cumplimiento sin o\u00edr a las partes<\/strong>. En la misma resoluci\u00f3n dar\u00e1 audiencia<\/strong> a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo com\u00fan de tres d\u00edas<\/strong>, tras el cual el Tribunal dictar\u00e1 resoluci\u00f3n levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas.\u00bb<\/em><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2016-1235 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 147 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          EJECUCI\u00d3N RESOLUCIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.<\/strong> Recurso de inconstitucionalidad n.\u00ba 229-2016, contra la Ley Org\u00e1nica 15\/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, para la ejecuci\u00f3n de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garant\u00eda del Estado de Derecho, as\u00ed como contra el art\u00edculo \u00fanico apartado tres de la misma en la redacci\u00f3n dada a las letras b) y c) del apartado 4 y al apartado 5 del art\u00edculo 92 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional.<\/p>\n

          El Pleno del Tribunal Constitucional, ha acordado admitir a tr\u00e1mite un recurso de inconstitucionalidad, similar al anterior, en este caso promovido por el Gobierno Vasco.<\/strong><\/p>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2016-1236 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 146 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>CATALU\u00d1A: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTERIORES.<\/strong>\u00a0Conflicto positivo de competencia n.\u00ba 672-2016, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1.1 y 3.3 -apartados 1 y 2- del Decreto de la Generalidad de Catalu\u00f1a 2\/2016, de 13 de enero<\/a>, de creaci\u00f3n, denominaci\u00f3n y determinaci\u00f3n del \u00e1mbito de competencia de los Departamentos de la Administraci\u00f3n de la Generalidad de Catalu\u00f1a, en lo relativo a la creaci\u00f3n del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia (en el art\u00edculo 1.1, en cuanto al inciso relativo a Asuntos Exteriores); y con los art\u00edculos 1.1.b) y 20 del Decreto de la Generalidad de Catalu\u00f1a 45\/2016, de 19 de enero<\/a>, de estructuraci\u00f3n del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.<\/p>\n

          El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tr\u00e1mite el conflicto positivo de competencia, promovido por el Gobierno de la Naci\u00f3n<\/strong> en relaci\u00f3n con los art\u00edculos \u00a0que desgranamos:<\/p>\n

            \n
          1. El art. 1.1 del Decreto 2\/2016 se refiere a la creaci\u00f3n formal del\u00a0Departamento de Asuntos Exteriores<\/strong>, Relaciones Institucionales y Transparencia. S\u00f3lo se impugna en cuanto a la expresi\u00f3n \u00abAsuntos Exteriores\u00bb.<\/li>\n
          2. Los dos primeros apartados del art. 3.3 del Decreto 2\/2016 asignan como competencias del nuevo Departamento<\/strong>, la coordinaci\u00f3n de la acci\u00f3n exterior y las\u00a0relaciones exteriores y actuaci\u00f3n de la Generalitat ante las instituciones de la Uni\u00f3n Europea.<\/li>\n
          3. El art. 1.1 b) del Decreto 45\/2016 incluye, dentro de la estructura del Departamento, a la\u00a0Secretar\u00eda de Asuntos Exteriores y de la Uni\u00f3n Europea<\/strong>.<\/li>\n
          4. Y el art. 20 del Decreto 25\/2016 se dedica a esta misma Secretar\u00eda y a la creaci\u00f3n del\u00a0Servicio de Gesti\u00f3n y Seguimiento de las Relaciones Exteriores<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

            Se ordena la suspensi\u00f3n<\/strong> -que, adem\u00e1s, ha sido solicitada- de la vigencia<\/strong><\/a>\u00a0y aplicaci\u00f3n<\/strong> de los preceptos impugnados, que, en principio tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de cinco meses<\/strong> a contar desde el 9 de febrero de 2016.<\/p>\n

            \n

            PDF (BOE-A-2016-1687 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 152 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

             <\/p>\n

            PRESUPUESTOS 2016.<\/strong> Recurso de inconstitucionalidad n.\u00ba 439-2016, contra diversos preceptos de la Ley 48\/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016.<\/p>\n

            El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tr\u00e1mite el recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Consell de la Generalitat Valenciana, contra la Ley del\u00a0Presupuestos Generales del Estado para 2016, por lo que se refiere a las transferencias a las Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong> previstas en el t\u00edtulo VII, cap\u00edtulo II, art\u00edculos 111 y 112<\/a>.<\/p>\n

            \n

            PDF (BOE-A-2016-1734 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 146 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

            \n

            \u00a0<\/p>\n

            PLUSVAL\u00cdA MUNICIPAL.\u00a0<\/strong>Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 232-2016, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1.1 y 4 y 7.4 de la Norma Foral 46\/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Hist\u00f3rico \u00c1lava y de los art\u00edculos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales de 2004, por posible vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 24 y 31 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

            El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tr\u00e1mite la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n\u00fam. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relaci\u00f3n con los arts. 1.1 y 4 y 7.4 de la Norma Foral 46\/1989, de 19 de julio<\/a>, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Hist\u00f3rico \u00c1lava y de los arts. 107<\/a> y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales de 2004, por posible vulneraci\u00f3n de los arts. 24 y 31 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

            El art. 107<\/a> de la Ley de Haciendas Locales se refiere a la determinaci\u00f3n de la base imponible.<\/p>\n

            El art. 110<\/a> trata sobre la gesti\u00f3n tributaria del Impuesto y su apartado 4 dispone que los\u00a0ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidaci\u00f3n por el sujeto pasivo, que llevar\u00e1 consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este art\u00edculo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente s\u00f3lo podr\u00e1 comprobar que se han efectuado mediante la aplicaci\u00f3n correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.<\/p>\n

            \n

            PDF (BOE-A-2016-1967 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 149 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

             <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

            \n<\/a>
            Disposiciones auton\u00f3micas<\/span><\/strong><\/h6>\n<\/div>\n
            \n

            ANDALUC\u00cdA.<\/strong> Ley 2\/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserci\u00f3n laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo aut\u00f3nomo.<\/p>\n

            Las medidas que establece la Ley se concretan en ocho l\u00edneas de ayudas, estructuradas a lo largo de un T\u00edtulo Preliminar y cuatro T\u00edtulos, as\u00ed como el T\u00edtulo V, dedicado a la regulaci\u00f3n del procedimiento administrativo de concesi\u00f3n de las distintas ayudas.<\/p>\n

            En primer lugar, el T\u00edtulo I de la Ley regula los Programas Emple@Joven y Emple@30+<\/strong>, que a lo largo de cinco secciones contempla las siguientes medidas:<\/p>\n