\u00a0<\/p>\n
Sentencias del Tribunal Constitucional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias del Tribunal Supremo.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a>.<\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Agencia Tributaria de Catalu\u00f1a Y Andaluc\u00eda.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 2016, Recurso n\u00fam. 5458-2015. Declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad y nulidad del art\u00edculo 27.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Aut\u00f3noma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado Decreto Legislativo 1\/2011, de 28 de junio.<\/strong><\/p>\n \u00a0El art. 27.5 dispon\u00eda que \u201cpodr\u00e1 utilizarse en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados el medio de comprobaci\u00f3n establecido en el art. 57.1.a) de la Ley\u00a058\/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. A estos efectos el porcentaje a utilizar ser\u00e1 el inter\u00e9s de mora a que se refiere el art. 26.6 de la misma norma<\/em>\u201d. El Abogado del Estado consider\u00f3 que la norma era contraria al art. 57.1.a) de la Ley General Tributaria (LGT), que establece como medio de comprobaci\u00f3n de valores la\u00a0\u201ccapitalizaci\u00f3n o imputaci\u00f3n de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo se\u00f1ale\u201d.<\/em> El Abogado del Estado considera que con la locuci\u00f3n \u201cley de cada tributo \u201cse alude a la ley estatal<\/strong> que regula espec\u00edficamente cada tributo, siendo este el criterio del Tribunal Constitucional.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015, Recurso 1872\/2013.<\/p>\n Los motivos econ\u00f3micos v\u00e1lidos pueden depender de factores fututos<\/strong><\/p>\n \u201cNo comparte esta Sala con la de instancia que \u00abla determinaci\u00f3n de la existencia de un motivo econ\u00f3mico v\u00e1lido -a efectos del IS- no pueda depender de factores futuros\u00bb porque para valorar si en la operaci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n empresarial concurr\u00edan o no motivos econ\u00f3micos v\u00e1lidos han de considerarse las circunstancias anteriores, coet\u00e1neas y posteriores, pues, en otro caso, no se estar\u00eda efectuando un verdadero examen global de dicha operaci\u00f3n<\/strong>, como requiere, no se olvide, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (sentencia de 18 de junio de 2012; rec. 5352\/2009).<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia de 19 de noviembre de 2015, Recurso 3727\/2014. La responsabilidad tributaria no puede derivarse de un obiter dicta<\/em> recogido en una sentencia, sin que el sujeto fuese imputado, procesado, juzgado o condenado<\/strong><\/p>\n \u201cLa vulneraci\u00f3n del invocado art\u00edculo 24 de la CE y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es patente en la sentencia al confirmar la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n por derivar la responsabilidad tributaria sin base probatoria alguna. En efecto, el acuerdo impugnado descansa sobre una expresi\u00f3n incidental — un obiter dicta– recogida en una parte de una sentencia dictada en un proceso penal que juzg\u00f3 a terceras personas, no a quien se le ha derivado la responsabilidad, que ni fue imputado, ni procesado ni juzgado ni, tampoco, condenado.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2015, Recurso 2319\/2015. Aunque estatutariamente el cargo de administrador sea gratuito se puede alcanzar los beneficios de las reducciones del art.20 del ISD si concurren los dem\u00e1s requisitos.<\/strong><\/p>\n \u201cLas tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de noviembre de 2013 (recursos 614\/12, 615\/12 y 616\/12) se refieren, como la sentencia impugnada a la interpretaci\u00f3n de la reducci\u00f3n del 95% prevista en el art\u00edculo 20.2. c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , y si bien la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2014 ( recurso de casaci\u00f3n 4203\/ 2010 ) alude a la reducci\u00f3n del 95% ( incrementada por la Comunidad Aut\u00f3noma de la Rioja hasta el 99%) prevista en el art\u00edculo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , tanto el art\u00edculo 20.2.c) como el art\u00edculo 20.6 remiten a la aplicaci\u00f3n de la exenci\u00f3n del art\u00edculo 4.Ocho de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, discuti\u00e9ndose en todos los supuestos la interpretaci\u00f3n del mismo requisito: \u00abQue el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de direcci\u00f3n en la entidad, percibiendo por ello una remuneraci\u00f3n que represente m\u00e1s del 50 por ciento de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal\u00bb. <\/strong><\/p>\n Por otra parte, los hechos de la sentencia impugnada y de las sentencias ofrecidas al contraste son tambi\u00e9n sustancialmente iguales, pues en todos los casos se admite el ejercicio de funciones de direcci\u00f3n efectiva y la existencia de una relaci\u00f3n laboral de las personas f\u00edsicas con la sociedad, pese al car\u00e1cter gratuito de los cargos de Administraci\u00f3n, sin que la aplicaci\u00f3n efectiva o no de la exenci\u00f3n de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio pueda considerarse relevante a los efectos de la reducci\u00f3n controvertida al no requerirse este requisito de forma expresa.<\/strong><\/p>\n No estimamos pues, que la diferente denominaci\u00f3n del empleo permita descartar la identidad sustancial entre los hechos de la sentencia recurrida y los de las sentencias de contraste, porque en todos los casos no exist\u00edan otras personas que ejercieran funciones de direcci\u00f3n en la Sociedad. En el caso de la recurrida era de \u00abJefe de personal; en las de contraste del Tribunal Superior de Justicia de Asturias los hermanos eran \u00abGerentes\u00bb, aunque uno de ellos cotizaba a la Seguridad Social como Auxiliar Administrativo y soportaba una retenci\u00f3n en n\u00f3mina que no correspond\u00eda con la de Gerente, y en la del Tribunal Supremo el afectado era \u00abEncargado\u00bb.<\/p>\n Por otra parte, la contradicci\u00f3n resulta patente ya que lo que se discute en todas las sentencias comparadas, a efectos de la procedencia de la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n prevista cuando se transmiten participaciones en empresas, es si el sujeto pasivo que realiza funciones de direcci\u00f3n para poder entender cumplido adem\u00e1s el requisito de percepci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n vinculada al ejercicio efectivo de dichas tareas que exige el art. 4 ocho. Dos de la ley 19\/1991, de 6 de junio, para la exenci\u00f3n en el Impuesto sobre el Patrimonio, es preciso la existencia de un contrato formal de direcci\u00f3n, siendo lo cierto que las sentencias comparadas han llegado a pronunciamientos distintos, toda vez que mientras que las de contraste consideran irrelevante la denominaci\u00f3n del cargo y el v\u00ednculo existente con la sociedad, la recurrida, por el contrario, se atiene al car\u00e1cter gratuito del cargo de administrador seg\u00fan los Estatutos de la entidad y a la categor\u00eda profesional de Jefe de Personal que figura en las n\u00f3minas, para negar que concurra el requisito de percepci\u00f3n por las funciones de direcci\u00f3n de una retribuci\u00f3n de m\u00e1s del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.<\/p>\n – En esta situaci\u00f3n, debemos estar a la doctrina sentada por la sentencia de 31 de marzo de 2014, que no se opone a la que emana de la de 23 de septiembre de 2010, cas. 6794\/2005, como mantuvo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la sentencia de 7 de noviembre de 2014, rec. 199\/11 , que aport\u00f3 el servicio jur\u00eddico del Principado de Asturias, y que viene a coincidir con el criterio de diversas contestaciones a consultas vinculantes formuladas a la Direcci\u00f3n General de Tributos ( V1335-13, V1155-2014 o V3085-14); a saber: cualquiera que sea la denominaci\u00f3n empleada para calificar las funciones desempe\u00f1adas por el sujeto en la entidad mercantil, lo realmente decisivo es que tales funciones impliquen la administraci\u00f3n, gesti\u00f3n, direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y funcionamiento de la correspondiente organizaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n En mismo d\u00eda el TS pronunci\u00f3 otra Sentencia, Recurso 2316\/2015, de igual contenido<\/strong>.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia de 21 de diciembre de 2015, Recurso 2068\/2014. \u201cParece, pues, razonable y coherente que la valoraci\u00f3n previa de un bien realizada por una Administraci\u00f3n tributaria, vincule a todos los efectos respecto a estos dos tributos a las dem\u00e1s Administraciones competentes, m\u00e1s si se trata de impuestos estatales, si bien el segundo cedido a las Comunidades Aut\u00f3nomas\u201d.<\/p>\n \u201cEn la determinaci\u00f3n del precio de enajenaci\u00f3n de los inmuebles, la Administraci\u00f3n del Estado queda vinculada por la valoraci\u00f3n realizada por la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica a efectos de un tributo cedido como el de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentos, concluy\u00e9ndose en un sentido positivo [ sentencias de 18 de junio de 2012 (FJ 4 \u00ba) y 9 de diciembre de 2013 (FJ 5\u00ba)]. Aqu\u00ed se trata de si esa vinculaci\u00f3n se produce tambi\u00e9n a la hora de determinar el precio de adquisici\u00f3n de los bienes que despu\u00e9s fueron enajenados. Esta singularidad no rompe la identidad de supuestos, pues en definitiva se trata de precisar si, a efectos de los impuestos directos que gravan la renta (de las personas f\u00edsicas o de las sociedades), para la determinaci\u00f3n de la ganancia o la p\u00e9rdida patrimonial derivada de la venta de unos bienes inmuebles, en la fijaci\u00f3n del precio de adquisici\u00f3n o de enajenaci\u00f3n el principio de unicidad de la Administraci\u00f3n obliga a la Inspecci\u00f3n de los Tributos a tomar en consideraci\u00f3n el valor asignado por la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica en relaci\u00f3n con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.\u201d<\/p>\n El 24 de febrero del a\u00f1o pasado en unas notas tituladas \u201cCuatro Sentencias escogidas del Tribunal Supremo en materia fiscal\u201d<\/a>, rese\u00f1amos la Sentencia de 15 de enero de 2015, Recurso 1370\/2013.<\/strong>\u00a0El principio de vinculaci\u00f3n a los propios actos exige que valorada una enajenaci\u00f3n a efectos del ITPO en una determinada cantidad, \u00e9sta sirva de valor de adquisici\u00f3n para determinar una posterior ganancia patrimonial en el IRPF. Nos remitimos a lo escrito en dicho enlace.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de octubre de 2015, Recurso 1097\/2012. Improcedencia de la renuncia del IVA al aparentar una inexistente actividad de arrendamiento.<\/strong><\/p>\n \u201cEl elemento central del litigio se reduce a determinar si la parte vendedora del inmueble adquirido por la entidad recurrente es o no empresario, para lo cual se exige estar ante la entrega de bienes que formen parte de su patrimonio empresarial, esto es, que la operaci\u00f3n de autos se haya llevado a cabo en el ejercicio de la actividad empresarial de la vendedora, al objeto de que dicha operaci\u00f3n est\u00e9 sujeta al IVA. La parte actora considera que, en este caso, tales extremos se acreditan con la documentaci\u00f3n que ha aportado al expediente, pues de ella se desprende que la vendedora era empresaria dedicada al arrendamiento de inmuebles ya que se encontraba dada de alta en el censo del IAE como empresaria arrendadora de inmuebles; el inmueble estuvo arrendado a otra sociedad mercantil desde el d\u00eda 15 de septiembre de 2008, hasta el d\u00eda 31 de octubre de 2008, como se desprende del documento privado aportado, fechado el 31 de octubre de 2008, en el que consta acuerdo de rescisi\u00f3n contractual de mutuo acuerdo de dicho arrendamiento; y en fin, en los recibos de alquiler emitidos la vendedora-arrendadora ven\u00eda repercutiendo en la entidad arrendataria el IVA correspondiente, aportando dos recibos de alquiler plasmados en sendos documentos privados, uno, correspondiente al mes de septiembre de 2008, y otro, correspondiente al mes de octubre de 2008. Ahora bien, lo \u00fanico que esta documentaci\u00f3n acredita es que la vendedora estuvo dada de alta como empresaria en el censo del IAE como arrendadora de inmuebles desde el 28 de octubre de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2008, pero no ha quedado acreditado que llevara a cabo ninguna actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles, ni siquiera en tan breve periodo de tiempo, ya que, por un lado, lo \u00fanico que ha aportado para acreditar el ejercicio de esta actividad son documentos privados<\/strong> (el acuerdo de rescisi\u00f3n del afirmado arrendamiento sobre el inmueble de autos, y dos recibos de alquiler) cuya fuerza probatoria frente a terceros se encuentra limitada a los supuestos previstos en el art. 1227 CC<\/strong>, que no se dan en el presente caso; por otro, no consta declaraci\u00f3n alguna ante la Administraci\u00f3n tributaria del IVA correspondiente a esas dos mensualidades de arrendamiento que se afirman realizadas; y en fin -y esto nos parece determinante-, no cuestiona la parte actora la afirmaci\u00f3n que se contiene en la liquidaci\u00f3n impugnada, seg\u00fan la cual, en las declaraciones de IRPF de la vendedora correspondientes a los a\u00f1os 2006, 2007 y 2008, aqu\u00e9lla se practic\u00f3 sobre la vivienda transmitida, que se afirma arrendada, la deducci\u00f3n correspondiente a inversi\u00f3n en vivienda habitual, siendo contradictorio afirmar que es la vivienda habitual a la vez que se afirma que sobre ella se ejerce la actividad empresarial de arrendamiento<\/strong>. Por lo tanto, no podemos tener por acreditado que la transmisi\u00f3n del inmueble de autos formara parte de la actividad empresarial que se afirma desarrollaba la vendedora ya que ninguna prueba existe de esa afirmada actividad empresarial, y siendo ello as\u00ed, no puede sostenerse la validez de la renuncia a la exenci\u00f3n de IVA que se contiene en la escritura de autos ya que no ha quedado acreditado que la operaci\u00f3n que en ella se realiza se llevara a cabo por la vendedora en el ejercicio de su afirmada actividad empresarial. En consecuencia, la transmisi\u00f3n ahora examinada debe tributar por ITP, tal y como han entendido ambas Administraciones demandadas, debiendo confirmarse la liquidaci\u00f3n impugnada.\u201d<\/p>\n Sin embargo en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede Valladolid de 23 de octubre de 2015, Recurso 130\/2014, s\u00ed se apreci\u00f3 en el caso concreto la cualidad de empresario por parte del arrendador: \u201c<\/strong>no puede negarse el car\u00e1cter de empresario de la vendedora que estaba dada de alta en el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido como arrendadora de locales industriales y otros desde 2004, con anterioridad, por tanto, a la fecha de la escritura p\u00fablica de compraventa de que se trata de 29 de agosto de 2007, por lo que ha de excluirse que esa alta en el IVA tuviera car\u00e1cter ficticio en relaci\u00f3n con la operaci\u00f3n llevada a cabo en dicha escritura. Adem\u00e1s, consta en la documentaci\u00f3n obrante que la Sra. Lidia, efectu\u00f3 las correspondientes declaraciones de IVA en los a\u00f1os 2004, 2005, 2006 y 2007. El hecho de que esas declaraciones en los a\u00f1os 2005 y 2006 tuvieran car\u00e1cter negativo no impide la consideraci\u00f3n de empresario de la vendedora, pues no se exige en la LIVA que todas las declaraciones tengan que dar un resultado positivo.<\/strong> No est\u00e1 de m\u00e1s a\u00f1adir que en la declaraci\u00f3n del IVA de la vendedora correspondiente al a\u00f1o 2007 se declara ante la AEAT la autoliquidaci\u00f3n por IVA por importe de 132.800 #, que es el recibido de la compradora por ese concepto en virtud de la compraventa de que se trata, y no consta que la AEAT haya considerado improcedente ese ingreso por no estar sujeta esa compraventa a la LIVA, como tambi\u00e9n se ha alegado por la parte actora. En consecuencia, al estar sujeta a IVA la compraventa a la que se refiere la escritura p\u00fablica de que se trata de 29 de agosto de 2007, no est\u00e1 sujeta al concepto \u00abtransmisiones patrimoniales onerosas\u00bb del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, como dispone el art. 4.4 LIVA, lo que determina la anulaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n del TEAR impugnada y de la liquidaci\u00f3n a la que se refiere.\u201d<\/p>\n Complementamos lo expuesto indicando que conforme a la Sentencia del TS de 3 de febrero de 2016, Recurso 4016\/2014, la existencia de beneficios no es un presupuesto de la actividad econ\u00f3mica.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife de 2 de octubre de 2015, Recurso 87\/2014. La base imponible de la fianza est\u00e1 constituida por el total importe garantizado, comprendiendo intereses, indemnizaciones y penas por incumplimiento<\/strong><\/p>\n \u201cEl afianzamiento por particulares que no act\u00faan en ejercicio de una actividad empresarial o profesional sino a t\u00edtulo personal determina que los fiadores se obligaran a favor de la entidad financiera, que en tanto acreedor afianzado es el sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a t\u00edtulo de contribuyente ( art\u00edculo 8 c del Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre ), no el constituyente de la fianza, como refiere la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2009 . Queda, por tanto, gravada la operaci\u00f3n de modificaci\u00f3n del pr\u00e9stamo por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. S\u00c9PTIMO.- Finalmente se plantea la base imponible que debe ser considerada. Para la Administraci\u00f3n es la suma de 202.283,96 Eur., aplicando el art\u00edculo 10.2-J) \u00faltimo inciso, que se remite al apartado C). Para la parte recurrente, debe quedar limitada a la cantidad de 96.380,59 Eur., capital pendiente al momento de la subrogaci\u00f3n. Nuevamente hemos de reiterar el contenido de los pactos incorporados a la escritura p\u00fablica otorgada en el a\u00f1o 2009. El afianzamiento personal conjunto y solidario se extiende no s\u00f3lo al capital pendiente en el momento de la subrogaci\u00f3n, sino que se pacta en garant\u00eda: \u00abde las obligaciones contra\u00eddas por la parte prestataria en el presente documento\u00bb. \u201cLa parte prestataria asumi\u00f3 la deuda garantizada con hipoteca, aceptando \u00abel total contenido de la Escritura de Constituci\u00f3n de la hipoteca\u00bb, m\u00e1s el incremento de la suma prestada en las nuevas condiciones pactadas (plazo, amortizaci\u00f3n, intereses, comisiones y distribuci\u00f3n de la responsabilidad hipotecaria). La base imponible, por tanto, est\u00e1 constituida por el importe del capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto an\u00e1logo; criterio aplicado en la resoluci\u00f3n administrativa.\u00bb<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 2 de octubre de 2015, Recurso 72272014. Valor relativo de los dict\u00e1menes emitidos a instancia de parte.<\/strong><\/p>\n \u201cEn primer lugar, estos informes no tienen, con car\u00e1cter general, fuerza probatoria para desvirtuar las comprobaciones de valor efectuadas por la Administraci\u00f3n<\/strong>, que, como hemos visto en los anteriores fundamentos jur\u00eddicos, tienen plena cobertura legal y suficiente motivaci\u00f3n. En segundo lugar, se trata de una prueba que alcanza una valoraci\u00f3n distinta a la efectuada por la Administraci\u00f3n Tributaria, pero ello no significa que la realizada dentro del procedimiento de comprobaci\u00f3n sea err\u00f3nea ni que la valoraci\u00f3n efectuada por la Administraci\u00f3n tenga que ser sustituida por el dictamen de parte. Este dictamen servir\u00e1 a los efectos de tramitar el procedimiento de tasaci\u00f3n pericial contradictoria<\/strong>, si a ello hubiera lugar en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 135 de la Ley General Tributaria, que precisamente est\u00e1 previsto para los casos donde existen distintas valoraciones de la Administraci\u00f3n y del obligado tributario y tiene que intervenir un tercer perito dirimente, pero, como decimos, no desvirt\u00faa la motivaci\u00f3n de la comprobaci\u00f3n realizada por la Administraci\u00f3n. En tercer lugar, el contenido de los informes de parte no puede ser valorado de la misma forma que si el perito hubiera sido designado judicialmente sin intervenci\u00f3n de la parte recurrente.<\/strong> Es doctrina reiterada de este Tribunal la prevalencia de los informes elaborados por peritos judiciales sobre aquellos que han sido emitidos por peritos de parte, por la mayor imparcialidad que cabe predicar, en principio, de los primeros. En casos como el presente, hubiera sido necesario que la parte actora propusiera una prueba pericial a realizar por un perito designado por el Tribunal, sometida a los principios de contradicci\u00f3n e igualdad.<\/strong> Dentro de un proceso judicial, a la vista de las posiciones contrarias que mantienen los litigantes, debemos partir de la doctrina que considera que a las partes corresponde la iniciativa de la prueba, rigiendo el principio civil de que el que afirma es el que debe probar los hechos, de acuerdo con al art\u00edculo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que establece que incumbe a la parte actora la carga de probar la certeza de los hechos de los que se desprenda el efecto jur\u00eddico correspondiente a las pretensiones de la demanda, y al demandado la carga de probar los hechos extintivos o impeditivos de las pretensiones deducidas en la demanda. En este caso, la parte actora deber\u00eda haber propuesto prueba pericial a realizar por un T\u00e9cnico designado por el Tribunal. Al no hacerlo as\u00ed, prevalece la comprobaci\u00f3n efectuada por la Administraci\u00f3n que est\u00e1 motivada y se ha realizado conforme a la normativa vigente. <\/strong>Por todo ello, el dictamen de parte servir\u00e1 a efectos de tramitar la tasaci\u00f3n pericial contradictoria, pero no es suficiente para desvirtuar la comprobaci\u00f3n con suficiente apoyo f\u00e1ctico y jur\u00eddico efectuada por la Administraci\u00f3n. Estamos ante una valoraci\u00f3n realizada por la Administraci\u00f3n con cobertura legal y suficiente motivaci\u00f3n que no queda sin efecto por la valoraci\u00f3n efectuada por un perito designado por la parte actora. Todo lo anterior nos conduce a la desestimaci\u00f3n \u00edntegra del presente recurso contencioso administrativo.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 7 de octubre de 2015, Recurso 15018\/2015. Necesidad de motivaci\u00f3n del dictamen del tercer perito en la tasaci\u00f3n pericial contradictoria. En consecuencia, se anula el acuerdo.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 7 de octubre de 2015, Recurso 15594\/2014. \u201cEn el presente caso, ha de tenerse en cuenta que con el escrito de interposici\u00f3n del recurso se aport\u00f3 el apoderamiento apud acta<\/em> otorgado ante el Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de Cangas de Morrazo por quien tiene la condici\u00f3n de administradora \u00fanica de la sociedad actora, y que ya figura como tal en la escritura p\u00fablica a que se refiere esta litis (escritura de 28 de febrero de 2008 de rectificaci\u00f3n de la escritura anterior de constituci\u00f3n de hipoteca); documento aquel que ha de considerarse suficiente a efectos de entender cumplido el requisito previsto en el art\u00edculo 45.2 d) de la LJCA , pues como ya razona el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de enero de 2015 (recurso de casaci\u00f3n n\u00famero 1619\/2012 ) \u00bb dicha atribuci\u00f3n espec\u00edfica (atribuci\u00f3n en los Estatutos al administrador \u00fanico de la competencia para decidir la interposici\u00f3n de recursos) es innecesaria dado que, como venimos diciendo, esta facultad forma parte del haz de las que integran la potestad de administraci\u00f3n que ostenta, en principio, el Administrador \u00fanico, salvo que estatutariamente se atribuya a la Junta General\u00bb.<\/p>\n Y si bien en sentencias anteriores (como la sentencia de 7 de febrero de 2014 o la de 17 de diciembre de 2014 ) el mismo Tribunal en orden a la carga de la prueba a la hora de demostrar la falta de una previsi\u00f3n estatutaria ad hoc que atribuya alg\u00fan \u00e1mbito de intervenci\u00f3n a la Junta General, hizo pesar dicha carga sobre la parte recurrente, razonando que \u00abAs\u00ed las cosas, como quiera que al fin y a la postre al administrador \u00fanico de la sociedad de responsabilidad limitada le corresponde con car\u00e1cter general y ordinario no s\u00f3lo la representaci\u00f3n sino tambi\u00e9n la administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de la empresa, puede entenderse razonablemente que en principio la decisi\u00f3n de ejercitar acciones judiciales y promover la interposici\u00f3n de un recurso contencioso-administrativo entra dentro de sus facultades t\u00edpicas o caracter\u00edsticas, pues tal es la regla organizativa general y la din\u00e1mica habitual de esas sociedades. Por ello, mientras no se suscite controversia en el proceso sobre la cuesti\u00f3n, puede asumirse que el otorgamiento del poder de representaci\u00f3n por el administrador \u00fanico de la sociedad resulta suficiente para tener por cumplido el requisito del art. 45.2.d) LJCA.<\/strong><\/p>\n No obstante, partiendo de la base ya explicada de que la atribuci\u00f3n de la competencia de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n al administrador \u00fanico no se caracteriza en la Ley societaria como exclusiva y excluyente, por mucho que sea \u00ab\u00fanico\u00bb (es decir, que no puede presumirse que s\u00f3lo este administrador dispone de dicha facultad), si en el curso del procedimiento judicial se suscita controversia sobre esta cuesti\u00f3n (bien sea de oficio por el Tribunal, a la vista de las circunstancias del caso, bien a instancia de la parte contraria) corresponder\u00e1 a la parte recurrente -conforme a la doctrina jurisprudencial antes rese\u00f1ada- despejarla mediante la aportaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n pertinente, siendo carga que sobre ella pesar\u00e1 la de actuar en este sentido, y debiendo pechar con las consecuencias de su pasividad en caso de no hacerlo\u00bb.<\/strong> No es este el criterio que se recoge en otras sentencias, como las de 16 de febrero de 2012 y 20 de septiembre de 2012 o la m\u00e1s reciente de 23 de enero de 2015, que admitieron como suficiente a los efectos que nos ocupan el otorgamiento del poder notarial de representaci\u00f3n por el Administrador \u00fanico, invocando los art\u00edculos 62 y 63.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada , y los art\u00edculos 12.3 en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 44.1.2 del mismo texto legal (art\u00edculos 233 y 234 del vigente Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital. \u00bfEstas sentencias se citan en la m\u00e1s reciente de 5 de febrero de 2015 (Recurso de casaci\u00f3n para unificaci\u00f3n de doctrina 180\/2014), seg\u00fan la cual la doctrina jurisprudencial sobre este particular no es un\u00e1nime, pues existen sentencias que sostienen uno y otro planteamiento.<\/p>\n \u00a0Y si bien el Tribunal Supremo no aprovech\u00f3 la oportunidad que se le brindaba para resolver tal contradicci\u00f3n, esta Sala se decanta por la postura que rechaza la causa de inadmisibilidad del recurso siempre y cuando se aporte poder judicial o apoderamiento apud acta por quien ostenta la condici\u00f3n de administrador \u00fanico, cuando adem\u00e1s la posici\u00f3n de la Administraci\u00f3n demandada se limita, como en este caso, a alegar la causa de inadmisibilidad por no aportar el acuerdo corporativo ni los Estatutos, sin cuestionar el alcance de las facultades del Administrador \u00fanico, siendo as\u00ed que el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de enero de 2015 razona lo siguiente: \u00bb <\/strong>Y, si bien este comportamiento procesal de la Junta (…), no exime al Tribunal analizar si el documento presentado es bastante para tener por acreditada la legitimaci\u00f3n \u00abad processum\u00bb de la mercantil recurrente, es lo cierto que, en este caso, fue el Administrador \u00fanico de la mercantil recurrente (sociedad de responsabilidad limitada), quien otorg\u00f3 el poder de representaci\u00f3n para la actuaci\u00f3n procesal de la sociedad, y que, como tal, ostentaba, adem\u00e1s de la facultad de representaci\u00f3n (atribuida legalmente en exclusividad a dicho \u00f3rgano), la de administraci\u00f3n o gesti\u00f3n, por lo que no habi\u00e9ndose cuestionado la extensi\u00f3n de esta \u00faltima<\/strong> -ni por la Junta ni por la Sala de instancia- no cabe fundamentar la decisi\u00f3n de inadmisibilidad en la falta de aportaci\u00f3n de los Estatutos, a fin de acreditar s\u00ed su art. 20.g) atribu\u00eda espec\u00edficamente al Administrador la decisi\u00f3n respecto del ejercicio de acciones, pues dicha atribuci\u00f3n espec\u00edfica es innecesaria dado que, como venimos diciendo, esta facultad forma parte del haz de las que integran la potestad de administraci\u00f3n que ostenta, en principio, el Administrador \u00fanico, salvo que estatutariamente se atribuya a la Junta General.<\/p>\n Luego, entendemos que la comprobaci\u00f3n de una atribuci\u00f3n estatutaria espec\u00edfica al Administrador \u00fanico de una facultad que ordinariamente ostenta es innecesaria<\/strong> (otra cosa es que lo que se tratara de acreditar fuera la atribuci\u00f3n estatutaria del ejercicio de acciones a la Junta General) y supone un excesivo formalismo vulnerador del derecho a la tutela judicial efectiva <\/strong>(art. 24 CE), por lo que la decisi\u00f3n de la Sala de Sevilla (Secci\u00f3n Tercera) al inadmitir el recurso en aplicaci\u00f3n del art. 69.b) en relaci\u00f3n con el art. 45.2.d) LJCA, infringe dicho precepto y la jurisprudencia de esta Sala (Sentencia de 7 de febrero de 2014, casaci\u00f3n 4749\/11 y las que en ella se citan (de 16 de febrero de 2012, casaci\u00f3n 1810\/09 y de 20 de septiembre de 2012, casaci\u00f3n 5511\/11, de 7 de octubre de 2014, casaci\u00f3n 4859\/11) que los interpreta en supuestos como el aqu\u00ed enjuiciado \u00bb (FD Primero)\u00bb, (sic) \u201c<\/p>\n En el Informe de Mercantil correspondiente al mes de diciembre de 2015 se contienen unas notas<\/a> de nuestro compa\u00f1ero Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n sobre el tema.<\/p>\n Una Sentencia contraria a la expuesta est\u00e1 representada por la Sentencia del TSJ de Madrid de 16 de diciembre de 2015, Recurso 446\/2015 \u2013derechos fundamentales-, citada y reproducida parcialmente por la Sentencia del TSJ de Madrid de 13 de enero de 2016, Recurso 322\/2015.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de octubre de 2015, Recurso 819\/2015. \u201cEn aquellos casos, como ocurre en el presente, en que se ha acreditado la inexistencia de incremento (m\u00e1s bien, la existencia de disminuci\u00f3n), no se habr\u00e1 producido el hecho imponible \u2013 la plusval\u00eda municipal- y, en consecuencia, resultar\u00e1 innecesaria la pol\u00e9mica de si el sistema legal acoge una presunci\u00f3n iuris tantum o iuris et de iure. En este caso, no ha tenido lugar el hecho imponible por lo que la apelada no ten\u00eda obligaci\u00f3n de tributar por el mencionado impuesto.<\/p>\n En el caso de que se gravase un incremento superior al real la Sentencia del TSJ de Catalu\u00f1a de 21 de marzo de 2012, Recurso 432\/2010, consider\u00f3 que deber\u00eda procederse por el \u00f3rgano judicial a la presentaci\u00f3n de una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, pues se estar\u00eda gravando una capacidad ficticia. <\/strong>Nos remitimos para el estudio de estas cuestiones al trabajo de Neus Teixidor Mart\u00ednez e Ignacio Revilla Rodr\u00edguez titulado \u201c\u00bfSe puede gravar el incremento ficticio de valor de los terrenos de naturaleza urbana?, publicado en la \u201cRevista de Contabilidad y Tributaci\u00f3n\u201d, n\u00famero 394, enero de 2016, p\u00e1ginas 5 a 40.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 8 de octubre de 2015, Recurso 676\/2012. Si existe un valor inicial, aunque sea el fijado a efectos de AJD, se habr\u00e1 de estar al mismo para determinar la ganancia patrimonial.<\/strong><\/p>\n \u201cSiendo pac\u00edfico el valor de transmisi\u00f3n de la casa en fecha 8 de julio de 2008 por importe de 90.000 #, la cuesti\u00f3n litigiosa se centra \u00fanicamente en calcular el valor de adquisici\u00f3n de la misma, que la recurrente fija en 117.804,81 #, que es el valor definitivamente comprobado por la Oficina liquidadora del Distrito Hipotecario de Benavente con ocasi\u00f3n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados devengado con la declaraci\u00f3n de obra nueva concluida documentada en escritura p\u00fablica de 29 de febrero de 2008, m\u00e1s 1.178,05 de gastos\/impuestos, con una p\u00e9rdida patrimonial de 28.982,86 #, y que, contrariamente, la AEAT fija en 4.638,19 # que se desglosa en 3.000 # como valor del solar heredado seg\u00fan escritura de 6 de junio de 2006 y 1.638,19 # en concepto de gastos del impuesto de actos jur\u00eddicos documentados, con un resultado de ganancia patrimonial de 85.174,43 #. As\u00ed las cosas, y aunque parece claro que la actora declar\u00f3 una p\u00e9rdida patrimonial de 73.753,57 # en funci\u00f3n del primer valor de adquisici\u00f3n comprobado por la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica en marzo de 2008 de 163,753,57 #, pese a que en la \u00e9poca en que present\u00f3 su autoliquidaci\u00f3n por el IRPF del ejercicio 2008 ya conoc\u00eda que el 11 de diciembre de 2008 la Oficina Liquidadora de Benavente le hab\u00eda estimado su recurso en relaci\u00f3n con el Impuesto de Actos Jur\u00eddicos Documentados, minorando aquel valor hasta el definitivo de 117.804,81 #, sin embargo, no discuti\u00e9ndose que la actora y su hijo heredaron el solar, ni que sobre el mismo construyeron con una antig\u00fcedad del a\u00f1o 2000 la casa objeto del litigio, no cabe confirmar la resoluci\u00f3n impugnada ni, consiguientemente, la liquidaci\u00f3n provisional girada por la Oficina de Gesti\u00f3n Tributaria de la Administraci\u00f3n de Benavente en base \u00fanicamente al valor del solar y del impuesto satisfecho ya que ello implicar\u00eda adverar un valor de construcci\u00f3n por importe de cero euros, lo que, como significa la actora, es inveros\u00edmil y contrario a las m\u00e1s elementales reglas de la l\u00f3gica, raz\u00f3n por la que existiendo adem\u00e1s en este caso un valor de obra nueva comprobado por la Oficina liquidadora auton\u00f3mica competente, esta Sala no acierta a comprender por qu\u00e9 dicho valor no puede tomarse en consideraci\u00f3n a los efectos que nos ocupan, sin duda m\u00e1s pr\u00f3ximo a la realidad que al valor cero asignado por la AEAT<\/strong>, sin que a ello se oponga la circunstancia de que no se haya aportado la documentaci\u00f3n relativa al coste de la inversi\u00f3n, lo que, en su caso, pudiera tener relevancia a los efectos de otros impuestos y\/o sujetos pasivos pero no para el c\u00e1lculo que aqu\u00ed nos ocupa, consideraciones que nos llevan a estimar parcialmente el recurso en la medida en que ni se confirma la liquidaci\u00f3n impugnada ni se considera procedente -tampoco lo considera la propia actora- la autoliquidaci\u00f3n inicialmente presentada por el IRPF del ejercicio 2008 con un valor de adquisici\u00f3n superior al finalmente comprobado.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 de octubre de 2015, Recurso 15195\/2012. \u201cLa sentencia de este Tribunal que estim\u00f3 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por \u00abA\u2026\u2026.., S.L.\u00bb contra la Orden de 29 de abril de 2003 de la Conseller\u00eda de Pol\u00edtica Territorial, Obras P\u00fablicas e Vivienda por la que se otorg\u00f3 aprobaci\u00f3n definitiva al Plan General de Ordenaci\u00f3n Municipal de Ourense, no lo declar\u00f3 nulo de pleno derecho por una discrepancia en cuanto a la clasificaci\u00f3n del suelo, sino por una cuesti\u00f3n de car\u00e1cter formal que afectaba a la tramitaci\u00f3n del procedimiento de elaboraci\u00f3n del Plan, y en particular, por no haberse recabado en el procedimiento de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del mismo el informe contemplado y requerido por el art\u00edculo 44.3 de la Ley General de Telecomunicaciones 11\/1998. Esta sentencia se dict\u00f3 antes de que practicase la primitiva liquidaci\u00f3n del impuesto (23 de octubre de 2009), y antes de que se presentase la autoliquidaci\u00f3n (30 de junio de 2008). A pesar de ello no fue invocada por el actor en el procedimiento de comprobaci\u00f3n de valores, esperando cinco a\u00f1os a hacerlo.<\/strong> Tampoco pretendi\u00f3 hacer valer ante la Administraci\u00f3n tributaria el car\u00e1cter r\u00fastico de las fincas que integraban la masa hereditaria, consintiendo y dejando firme la liquidaci\u00f3n practicada.<\/strong><\/p>\n No se puede hablar de nulidad de pleno derecho, ni de ingresos indebidos pues aunque las sentencias que anulan una disposici\u00f3n de car\u00e1cter general no tienen que publicarse en peri\u00f3dicos o boletines oficiales hasta que sean firmes, habi\u00e9ndolo sido la de este Tribunal de 17 de abril de 2008 una vez que el Tribunal Supremo rechaz\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra ella, aquella sentencia pas\u00f3 a surtir efectos desde que su fallo se public\u00f3 en el diario oficial en el que lo fue la disposici\u00f3n general anulada. Y exigencias inherentes al principio de seguridad jur\u00eddica (art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n) impiden atribuir a esta sentencia efectos \u00abex tunc\u00bb. Sus efectos son \u00abex nunc\u00bb, esto es, con efectos s\u00f3lo para el futuro, salvo que la propia sentencia establezca la nulidad de los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la disposici\u00f3n anulada, que no es el caso. Tal afirmaci\u00f3n tiene su reflejo en lo dispuesto en el art\u00edculo 72 de la LJCA c<\/strong>uando establece que \u00abLas sentencias firmes que anulen un precepto de una disposici\u00f3n general no afectar\u00e1n por s\u00ed mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulaci\u00f3n alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulaci\u00f3n del precepto supusiera la exclusi\u00f3n o la reducci\u00f3n de las sanciones a\u00fan no ejecutadas completamente\u00bb<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede Sevilla, de 15 de octubre de 2015, Recurso 21172015. La supuesta cancelaci\u00f3n del derecho de superficie est\u00e1 sujeta a plusval\u00eda municipal pues en realidad lo que se ha llevado a cabo es una transmisi\u00f3n de dicho derecho mediante contraprestaci\u00f3n. Igual ocurre con el usufructo. <\/strong>En definitiva, el nombre no determina la realidad de las cosas. Cuesti\u00f3n distinta es la extinci\u00f3n del usufructo por fallecimiento, que no est\u00e1 sujeto a plusval\u00eda, declar\u00e1ndolo as\u00ed el TS en la Sentencia de 16 de enero de 1999.<\/strong><\/p>\n El Consell Tributari <\/em>del Ayuntamiento de Barcelona adopt\u00f3 el 18 de septiembre de 2002, en el expediente 271\/1, el acuerdo de considerar sujeto a plusval\u00eda municipal la redenci\u00f3n de los censos enfit\u00e9uticos.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de octubre de 2015, Recurso 694\/2013. La Administraci\u00f3n no tiene una tercera oportunidad cuando una comprobaci\u00f3n de valores se anula dos veces.<\/strong><\/p>\n \u201c\u00daltimamente (en sentencias de 26 de marzo de 2012, rec. 5827\/2009, 15 de septiembre de 2014, rec. 3948\/2012, 29 de septiembre de 2014, rec. 1014\/2013, 6 de noviembre de 2014, rec. 1347\/2013, y otras), la jurisprudencia declara que \u00abla imposibilidad de reconocer a la Administraci\u00f3n una tercera oportunidad deriva del principio de buena fe al que est\u00e1n sujetas las administraciones p\u00fablicas en su actuaci\u00f3n <\/strong>( art\u00edculo 3.1 de la Ley 30\/1992 ) y es consecuencia de la fuerza inherente al principio de proporcionalidad que debe presidir la aplicaci\u00f3n del sistema tributario, conforme dispone hoy el art\u00edculo 3.2 de la Ley General Tributaria de 2003 , entendido como la adecuaci\u00f3n entre medios y fines. Es, adem\u00e1s, corolario de la proscripci\u00f3n del abuso de derecho, que a su vez dimana del pleno sometimiento de las administraciones p\u00fablicas a la ley y al derecho ex art\u00edculo 103.1 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola. Jur\u00eddicamente resulta intolerable la actitud contumaz de la Administraci\u00f3n tributaria, la obstinaci\u00f3n en el error, la repetici\u00f3n de id\u00e9ntico yerro, por atentar contra su deber de eficacia, impuesto en el mencionado precepto constitucional, desconociendo el principio de seguridad jur\u00eddica, proclamado en el art\u00edculo 9.3 de la propia Norma Fundamental [v\u00e9anse tres sentencias de 3 de mayo de 2011 (casaciones 466\/98, 4723\/09 y 6393\/09, FJ 3\u00ba en los tres casos)\u00bb (en tales t\u00e9rminos se pronuncia la citada sentencia de 26 de marzo de 2012). En lo que respecta al supuesto sometido a decisi\u00f3n de la Sala, los defectos de motivaci\u00f3n han sido reiterados en las liquidaciones de 5 de octubre de 2009 y de 16 de abril de 2012, por lo que se ha extinguido el derecho de la Administraci\u00f3n tributaria a la pr\u00e1ctica de una nueva comprobaci\u00f3n de valores y debe atenerse al valor declarado por la contribuyente.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona de 19 de octubre de 2015, Recurso 376\/2013. La declaraci\u00f3n de obra nueva efectuada por el concesionario de obras en un puerto deportivo no est\u00e1 exenta de AJD, no obstante, la futura reversi\u00f3n a la Administraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u201cLa parte actora en la demanda presentada, afirma que la resoluci\u00f3n del TEARC impugnada no es ajustada a Derecho, pues entiende que los terrenos sobre los que se realiza la declaraci\u00f3n de obra nueva y la divisi\u00f3n horizontal son propiedad de la Direcci\u00f3 General de Ports i Transportas de la Generalitat de Catalunya, y que en la Resoluci\u00f3n de 27 de mayo de 2003 que otorg\u00f3 a la mercantil recurrente la concesi\u00f3n para la remodelaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n del puerto deportivo de S\u2026.. se establec\u00eda la obligaci\u00f3n de revertir la totalidad de las instalaciones objeto de la concesi\u00f3n a la administraci\u00f3n portuaria. Por ello entiende de aplicaci\u00f3n la exenci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 45.I.A.a) del RDL 1\/1993 por cuanto la titularidad de los bienes es de un ente p\u00fablico y la persona en cuyo inter\u00e9s se expiden los documentos de los que derivan las liquidaciones recurridas es un ente p\u00fablico.\u201d<\/p>\n \u201cAs\u00ed cabe considerar el devengo del impuesto de Actos Jur\u00eddicos Documentados con relaci\u00f3n a un caso como el presente en el que aparte de las declaraciones efectuadas en este momento se producir\u00e1 posteriormente una reversi\u00f3n en favor de una administraci\u00f3n p\u00fablica que en el caso de que existan dos actos jur\u00eddicos, es decir las declaraciones de obra nueva y propiedad horizontal por un lado, y por otro lado la reversi\u00f3n de todo ello al concedente, administraci\u00f3n p\u00fablica, a los efectos de determinar ulteriormente el sujeto pasivo del tributo, no puede entremezclarse con la delimitaci\u00f3n del hecho imponible y del sujeto pasivo la finalidad \u00faltima de la correspondiente operaci\u00f3n notarial.<\/strong> Es decir, y trasladado al caso presente, aunque la finalidad de las declaraciones efectuadas fuera la futura reversi\u00f3n a la administraci\u00f3n, no por ello se confunden los dos hechos imponibles ni el sujeto pasivo, para someter la escritura y sus negocios, a efectos tributarios, a un mismo e id\u00e9ntico tratamiento fiscal, por cuanto no hay exenci\u00f3n prevista por la finalidad del acto salvo en los casos expresamente estipulados. Con palabras de la SAN de 5 de febrero de 2002, la transmisi\u00f3n forma parte de otro hecho imponible distinto, que recibir\u00e1 el tratamiento espec\u00edfico que le corresponda: \u00abla finalidad ulterior de un determinado negocio jur\u00eddico generador de un hecho imponible a efectos tributarios no puede entremezclarse con los ulteriores negocios jur\u00eddicos que las partes pretendan efectuar\u00bb. De modo que a efectos fiscales debe distinguirse la realidad y eficacia del hecho imponible generado por las declaraciones de obra nueva y propiedad horizontal, del constituido por la reversi\u00f3n, sin que a estos efectos el primero deba quedar confundido o integrado en el segundo para seguir su mismo tratamiento, incluida la determinaci\u00f3n del sujeto pasivo y la posible exenci\u00f3n de que pueda gozar este \u00faltimo. Las declaraciones de obra nueva y propiedad horizontal, constituyen el hecho imponible del impuesto de AJD que contiene un acto jur\u00eddico valuable e inscribible en el Registro de la Propiedad, y no se contempla por la Ley una exenci\u00f3n espec\u00edfica en funci\u00f3n de la finalidad del acto (la reversi\u00f3n) en cumplimiento de convenciones o previsiones normativas.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla de 29 de octubre de 2015, Recurso 57\/2015. Sujeci\u00f3n al IRPF y a la correspondiente retenci\u00f3n de la retribuci\u00f3n por la sociedad consistente en el pago de un pr\u00e9stamo personal obtenido por un socio de un Banco para la adquisici\u00f3n de un chalet en Punta Umbr\u00eda<\/strong>, que se intenta disimular al tiempo de la inspecci\u00f3n mediante la alegaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo verbal de un pr\u00e9stamo personal entre la sociedad y el socio sin que conste en la contabilidad. Es una utilidad derivada de la condici\u00f3n de socio gravada en el IRPF.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de octubre de 2015, Recurso 240\/2013. Validez de una segunda escritura de rectificaci\u00f3n, otorg\u00e1ndose ahora la partici\u00f3n conforme al derecho griego, que era el que correspond\u00eda, lo que no se tuvo en cuenta en la primera escritura.<\/strong><\/p>\n \u201cEn cuanto a la alegaci\u00f3n actora que solicita que declaremos la nulidad de la escritura de 4 de marzo de 1998, por haber sido sustituida por la otorgada con fecha 17 de febrero de 2004, de la que resulta una composici\u00f3n diferente de la masa hereditaria, tomada en su literalidad, tal y como se formula en la demanda, no puede ser acogida porque s\u00f3lo la jurisdicci\u00f3n civil tiene competencia para anular una escritura sobre r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial y partici\u00f3n hereditaria. Ahora bien, no puede dejar de constatarse que en esta segunda escritura de 17 de febrero de 2004, se corrigen las operaciones particionales de la herencia de don Juli\u00e1n que se hab\u00edan realizado en la escritura de 4 de marzo de 1998, porque -seg\u00fan se explica en esta nueva escritura-, al ser el causante de nacionalidad griega, nacionalidad que tambi\u00e9n ostentaba su esposa, estaba sometido a la legislaci\u00f3n griega, no s\u00f3lo en cuanto al r\u00e9gimen hereditario ( art. 9.1 CC ) -dato que ya se hab\u00eda tenido en cuenta en la escritura de 1998-, sino tambi\u00e9n en cuanto al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial ( art. 9.2 CC ) que en la legislaci\u00f3n griega es el de separaci\u00f3n de bienes -seg\u00fan se acreditaba con la correspondiente certificaci\u00f3n y traducci\u00f3n del derecho griego aplicable a\u00f1adida despu\u00e9s a la escritura-, y no el de gananciales -como err\u00f3neamente se hab\u00eda entendido en la escritura de 4 de marzo de 1998-, <\/strong>de forma que la relaci\u00f3n de bienes que compon\u00edan la herencia resultaba sustancialmente alterada al ser privativos del causante los bienes descritos como gananciales en la primitiva escritura de 1998. De lo expuesto se desprende que en esta segunda escritura de 17 de febrero de 2004, se pon\u00eda de manifiesto un error en el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial del causante padecido en la primera escritura particional de 1998, error que derivaba, no de la voluntad de las partes en la distribuci\u00f3n de los patrimonios (el del causante y el del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite), sino de la aplicaci\u00f3n del art. 9.2 CC , y que ten\u00eda trascendencia directa en la composici\u00f3n misma de la masa hereditaria y, por ello, en la correcta liquidaci\u00f3n del Impuesto sobre Sucesiones. Adem\u00e1s, esta nueva escritura de 17 de febrero de 2004, hab\u00eda sido presentada ante la Administraci\u00f3n tributaria por la interesada con fecha 26 de febrero de 2004, con nueva autoliquidaci\u00f3n por el Impuesto sobre Sucesiones, en la que se declaraba prescrito el impuesto, sin que en el expediente que nos ha sido remitido conste si esta nueva escritura dio lugar o no a alguna actuaci\u00f3n espec\u00edfica por parte de la Administraci\u00f3n tributaria. En cualquier caso y seg\u00fan consta en el expediente remitido a la Sala, la actora record\u00f3 a la Administraci\u00f3n la existencia de esta segunda escritura en su escrito de 4 de febrero de 2010 (al que hemos aludido en el Fundamento Jur\u00eddico Segundo apartado f), sin que provocara rectificaci\u00f3n alguna de la liquidaci\u00f3n, rectificaci\u00f3n que, entendemos, resultaba obligada \u00abde iure\u00bb porque no se trataba de una simple rectificaci\u00f3n o variaci\u00f3n de las operaciones particionales entre los herederos, cuesti\u00f3n que en nada afectar\u00eda a la liquidaci\u00f3n del Impuesto (art. 27.1 Ley 29\/1987), sino de una distinta composici\u00f3n de la masa hereditaria por ministerio de la ley y, en concreto, por derivarse ello del art. 9.2 CC . Por lo tanto, y tambi\u00e9n por esta raz\u00f3n, la liquidaci\u00f3n impugnada debe ser anulada al no haberse tenido en cuenta por la Administraci\u00f3n la legislaci\u00f3n que, conforme al art. 9.2 CC, resultaba de aplicaci\u00f3n al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial del causante, cuesti\u00f3n que tiene repercusi\u00f3n directa en la determinaci\u00f3n de la masa hereditaria sometida al impuesto.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de octubre de 2015, Recurso 383\/2014. \u201cEst\u00e1 acreditado, como primer indicio que de la entidad T\u2026 el socio \u00fanico es el Banco X y que fue constituida en marzo 2008, con el objeto social de: la promoci\u00f3n, construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n de edificios, adquisici\u00f3n, venta, gesti\u00f3n, administraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, y respecto a \u00e9stos su urbanizaci\u00f3n, parcelaci\u00f3n, redacci\u00f3n de planes y urbanizaci\u00f3n. Constituida la entidad en marzo, en el mes de noviembre compra a la entidad M\u2026\u2026 (perteneciente al Grupo O\u2026., presidido por D. Francisco) cuatro inmuebles sobre los que pesaban ciertas hipotecas, otorgadas por el Banco X. La entidad T\u2026 retiene el importe del pr\u00e9stamo hipotecario concedido por el Banco X, y entrega el resto del precio a la vendedora en cheque nominativo que se ingresa en la cuenta que Marbella tiene en el Banco X, al igual que el importe del IVA que ascend\u00eda a 4.373.780’46# que reconoce la vendedora haberlo recibido de la compradora mediante su abono en cuenta en el Banco X. Destacar, igualmente, que ese importe de IVA fue transmitido a otra empresa del Grupo O\u2026, la entidad G\u2026. SL para que satisfaga al Banco X un pr\u00e9stamo hipotecario pendiente. Y, por \u00faltimo, se\u00f1alar que las entidades del Grupo O\u2026. estaban en v\u00eda de concurso de acreedores.<\/p>\n Por tanto, no se puede hablar en este caso de azar o coincidencia, el conjunto de hechos acreditados est\u00e1n plenamente coordinados y permiten asegurar, de una manera racional y l\u00f3gica, que la actuaci\u00f3n de T\u2026 estaba plenamente avalada por el Banco X que as\u00ed ve\u00eda liquidadas las obligaciones hipotecarias derivadas de los pr\u00e9stamos que hab\u00eda concedido y evitaba riesgos de impagos. Es cierto que el cheque bancario con el importe del IVA se ingres\u00f3 en la cuenta de M\u2026.. pero no para que el destino fuese el abono del IVA sino para que su importe se traspasara a la cuenta de otra empresa del Grupo y as\u00ed le permit\u00eda satisfacer un pr\u00e9stamo hipotecario con el Banco X que aun cuando venc\u00eda en 2036 exist\u00eda el riesgo del concurso de acreedores.<\/strong> El Banco ve\u00eda de esta manera cancelados los pr\u00e9stamos hipotecarios incluso anticipadamente y quedaba excluido del proceso concursal al que iba abocado el Grupo O\u2026.<\/p>\n Es evidente, que el Banco X contribuy\u00f3 de manera relevante en estas operaciones porque ve\u00eda satisfechos sus cr\u00e9ditos y quedaba excluido del riesgo de un proceso concursal que limitar\u00eda de manera importante el cobro \u00edntegro de la deuda hipotecaria.<\/p>\n La Administraci\u00f3n pone de manifiesto que la actuaci\u00f3n de T\u2026., que figura como compradora, consist\u00eda en adquirir bienes inmuebles por el precio de las hipotecas concedidas por el Banco X, de manera que T\u2026. se iba haciendo con edificios y a la par el Banco X ve\u00eda sus pr\u00e9stamos satisfechos liberando del pago a los deudores hipotecarios y permitiendo que estos resultasen insolventes ante la Hacienda P\u00fablica. En consecuencia, coexisten todos los elementos integrantes de la responsabilidad solidaria declarada y que es impugnada en el presente recurso contencioso administrativo. Se trata de vaciar de bienes al deudor principal en beneficio propio y colaborando con ese deudor principal en el vaciamiento de sus bienes para impedir el cobro de las deudas tributarias.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de noviembre de 2015, Recurso 812\/2013. \u201cLa cuesti\u00f3n central planteada en los presentes autos estriba en la calificaci\u00f3n privativa o ganancial que los importes antes mencionados deben tener a la fecha de fallecimiento del causante toda vez que caso de ser privativos, tal y como sostiene la Administraci\u00f3n, deber\u00eda integrarse su importe en su totalidad a efectos de la determinaci\u00f3n de la base objeto de imposici\u00f3n, mientras que en el segundo caso, ser gananciales, deber\u00eda integrarse por la mitad tal y como argumentan los contribuyentes. Para resolver la cuesti\u00f3n planteada debemos tener presente que el art\u00edculo 11.5\u00ba de la Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la redacci\u00f3n aplicable al caso, dispone en relaci\u00f3n con la adici\u00f3n de bienes a efectos de determinar la base imponible del impuesto que \u00ab(…) ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n, en su caso, las presunciones de titularidad o cotitularidad contenidas en la Ley General Tributaria y en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio Neto\u00bb. El art\u00edculo 7 de la Ley 19\/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio establece lo siguiente: \u00abLos bienes y derechos se atribuir\u00e1n a los sujetos pasivos seg\u00fan las normas sobre titularidad jur\u00eddica aplicables en cada caso y en funci\u00f3n de las pruebas aportadas por aqu\u00e9llos o de las descubiertas por la Administraci\u00f3n. (. . .) Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los bienes o derechos, la Administraci\u00f3n Tributaria tendr\u00e1 derecho a considerar como titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de car\u00e1cter p\u00fablico\u00bb. En consecuencia, e id\u00e9ntica conclusi\u00f3n se extrae de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 30 del Reglamento del Impuesto, la titularidad formal, a partir de la incorporada en este caso a los registros de la entidad bancaria solamente es aplicable en el caso en que no sea posible establecer otra titularidad jur\u00eddica, siendo preferente por tanto la atribuci\u00f3n material de la titularidad a la formal dimanante de las indicaciones en registros. Y ello porque, en efecto, la titularidad formal establece una presunci\u00f3n \u00abiuris tantum\u00bb que puede ser destruida mediante prueba en contrario.\u201d<\/strong><\/p>\n \u201cS\u00ed debemos invocar la doctrina emanada, entre otras, de la STS, Sala 1\u00aa, de 8\/2\/1991 en el sentido de que \u00ab… el mero hecho de apertura de una cuenta corriente bancaria, en forma indistinta, a nombre de dos (o m\u00e1s) personas, como norma general lo \u00fanico que comporta \u00abprima facie\u00bb, en lo referente a las relaciones derivadas del dep\u00f3sito irregular en que toda cuenta corriente bancaria se apoya, es que cualquiera de dichos titulares tendr\u00e1, frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta, pero no determina, por s\u00ed solo, la existencia de un condominio, y menos por partes iguales,<\/strong> sobre dicho saldo de los dos (o m\u00e1s) titulares indistintos de la cuenta , ya que esto habr\u00e1 de venir determinado \u00fanicamente por las relaciones internas entre ambos titulares y, m\u00e1s concretamente, por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta … \u00bb. Dicha sentencia supedita la titularidad formal al contenido real del derecho de propiedad; derecho que en el presente caso -en tesis de los demandantes, como se dijo- se configurar\u00eda por la presunci\u00f3n de ganancialidad mencionada, mientras que la Administraci\u00f3n sostiene que se trataba de un bien privativo, al proceder de la enajenaci\u00f3n de otros bienes privativos del difunto.<\/p>\n \u00a0La cuesti\u00f3n esencial, de este modo, consiste en determinar si la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, en sede de actividad inspectora, prob\u00f3 adecuadamente la titularidad privativa de los bienes. La Inspecci\u00f3n prob\u00f3 que en la cuenta de titularidad com\u00fan del Banco \u2026\u2026\u2026l n\u00famero NUM015, se produjo un ingreso de fecha 23 de enero de 2003 por importe de 2.495.621,63 #, y que ese ingreso proced\u00eda de la venta de un bien de car\u00e1cter privativo del difunto a la sociedad mercantil Construcciones \u2026.., S.A., el 23 de enero de 2003,<\/strong> mediante escritura p\u00fablica otorgada por el notario de Madrid, Don Fernando Fern\u00e1ndez Medina, bajo el n\u00famero 120 de su orden de protocolo. Ese dinero fue reinvertido en un pagar\u00e9 a nombre del causante D. Luis Enrique y su esposa. La inspecci\u00f3n tambi\u00e9n prob\u00f3 que el importe de 800.000 #, se correspond\u00eda con un ingreso de la misma fecha de 703.057,10 # en la cuenta de titularidad com\u00fan del Banc \u2026\u2026l n\u00famero NUM015, dinero que proced\u00eda de la expropiaci\u00f3n de una finca por el Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas al causante D. Luis Enrique, constituyendo dicha finca un bien privativo. Los recurrentes, aducen que el importe del pagar\u00e9 ten\u00eda car\u00e1cter ganancial porque as\u00ed lo dispuso el causante y lo consinti\u00f3 su esposa, ya que el dinero fue ingresado en la cuenta del Banco \u2026\u2026. NUM015<\/strong> de titularidad compartida entre el difunto y su esposa, que el hecho de ingresar dinero procedente del caudal privativo en una cuenta com\u00fan a ambos c\u00f3nyuges no obedeci\u00f3 a un acto aleatorio sino que respondi\u00f3 a la intenci\u00f3n de Don Luis Enrique de integrar en la sociedad de gananciales ese dinero, y que esa afirmaci\u00f3n se sustenta en un conjunto de hechos y pruebas que conducen a la conclusi\u00f3n necesaria de que D. Luis Enrique integr\u00f3 los bienes a la sociedad conyugal de gananciales, pues D. Luis Enrique dispon\u00eda de cuentas corrientes de titularidad exclusiva, ambos c\u00f3nyuges suscribieran un pagar\u00e9 de liquidaci\u00f3n peri\u00f3dica, en lugar de hacerlo solo D. Luis Enrique , y el pagar\u00e9 suscrito fue declarado por ambos por mitades en sus respectivas declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al Ejercicio 2003. Para que un bien pierda el car\u00e1cter de privativo y se transforme en ganancial es necesario que exista una voluntad declarada o actos concluyentes del c\u00f3nyuge. En este caso no existe declaraci\u00f3n escrita de la voluntad del difunto, por lo que la Secci\u00f3n debe analizar si existen actos concluyentes de cu\u00e1l fue la voluntad del difunto. El ingreso en una cuenta conjunta no hace perder el car\u00e1cter de privativo del bien como se ha razonado m\u00e1s arriba. La suscripci\u00f3n conjunta del pagare y su posterior declaraci\u00f3n por mitad en el Impuesto del Patrimonio puede deberse, como sostiene la Administraci\u00f3n tributaria, al deseo de reducir a la mitad la progresividad del impuesto y duplicar las deducciones, y no al simple deseo de donar la mitad a la esposa del difunto, por lo que no se considera un acto concluyente del que se pueda deducir cual era la voluntad del difunto. El d\u00eda 17 de junio 2004 don Emilio y do\u00f1a Consuelo, en representaci\u00f3n de su padre, cobraron a trav\u00e9s de un cheque el dinero procedente de la expropiaci\u00f3n de un bien privativo (folio 34 del expediente administrativo), ese mismo d\u00eda 17 de junio, Do\u00f1a Josefina retir\u00f3 en efectivo de la cuenta conjunta en la que se ingres\u00f3 el cheque 800.000 euros<\/strong>. Don Luis Enrique hab\u00eda ingresado el d\u00eda 16 de junio en el Hospital y muri\u00f3 el d\u00eda 20 de junio (folio 255 del expediente administrativo). No existe la m\u00e1s m\u00ednima prueba que acredite que la voluntad del difunto era atribuir el car\u00e1cter de ganancial al dinero privativo, m\u00e1s bien las pruebas parecen indicar todo lo contrario, que el difunto Don Luis Enrique no tuvo ninguna intervenci\u00f3n en el destino que se dio al dinero procedente de la expropiaci\u00f3n de un bien privativo<\/strong>. Procede por todo lo anterior confirmar la liquidaci\u00f3n practicada por la Administraci\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de noviembre de 2015, Recurso 774\/2013. La aportaci\u00f3n a una sociedad de un bien gravado con una condici\u00f3n resolutoria en garant\u00eda de un precio aplazado est\u00e1 sujeta a ITP cuando la sociedad asume el pago de dicha deuda.<\/strong><\/p>\n Son hechos relevantes para resolver el presente recurso los siguientes: a).- Con fecha 15 de febrero de 2008, se otorg\u00f3 escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n de la mercantil actora, \u00abEscorvets Promociones, S.L.\u00bb, con un capital social de 450.000 #, suscrito por mitad por otras dos sociedades mercantiles que aportan, adem\u00e1s de una peque\u00f1a cantidad en met\u00e1lico, dos fincas descritas como r\u00fasticas, por su valor neto de 421.640 #, que se encuentran gravadas con una condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita constituida a favor de un particular en garant\u00eda del pago de la cantidad aplazada de 632.456,10 # (valor bruto de ambas fincas 1.054.096,10 #), asumiendo la mercantil actora el pago de dicha deuda. Se refleja, as\u00ed, en la estipulaci\u00f3n tercera de la escritura que la sociedad que se constituye queda subrogada en la cantidad pendiente de pago que asciende a 632.456,10 #. Esta escritura se present\u00f3 con autoliquidaci\u00f3n por ITPyAJD, modalidad operaciones societarias, por la operaci\u00f3n consistente en la constituci\u00f3n de la sociedad, con un importe a ingresar de 4.500 #. b).- Previa tramitaci\u00f3n del correspondiente procedimiento, la Comunidad de Madrid notific\u00f3 a la mercantil actora liquidaci\u00f3n provisional por ITPyAJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, con una base imponible de 632.456,10 #, que era la cantidad pendiente de pago garantizada con la condici\u00f3n resolutoria, al tipo del 7%, por entender que en dicha escritura p\u00fablica, adem\u00e1s de la constituci\u00f3n de la sociedad objeto del impuesto de operaciones societarias ( art. 19.1.1\u00ba, RD Legislativo 1\/1993 ), se realizaba tambi\u00e9n el hecho imponible contemplado en el art. 7.2.A) del Texto Refundido del ITPyAJD, aprobado por RD Legislativo 1\/1993, consistente en \u00abadjudicaci\u00f3n expresa en pago de asunci\u00f3n de deudas\u00bb. c<\/strong>).- Interpuesta por la mercantil actora reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico administrativa ante el TEAR, por \u00e9ste se dict\u00f3 resoluci\u00f3n de 29 de julio de 2013, confirmatoria de la liquidaci\u00f3n por ITPO. \u201c<\/p>\n El Tribunal declar\u00f3 que \u201cen nuestra sentencia n\u00ba 537\/13, de 4 de junio de 2013, dictada en el recurso contencioso administrativo n\u00ba 208\/11, hemos resuelto sobre un supuesto sustancialmente coincidente con el presente, pues se trataba de un caso de aportaci\u00f3n no dineraria de un inmueble hipotecado por su valor neto a la constituci\u00f3n de una sociedad mercantil, siendo, por ello, sus consideraciones plenamente aplicables al presente caso ya que en ambos casos lo que sustancialmente se discute es si en la escritura p\u00fablica sometida a liquidaci\u00f3n se pact\u00f3 \u00fanicamente la constituci\u00f3n de una sociedad de responsabilidad limitada aun existiendo varias convenciones que integraban un solo hecho imponible (operaciones societarias) -como entiende la mercantil actora- o si, por el contrario -y como entienden ambas Administraciones demandadas-, en la escritura se reflejaron varias operaciones sujetas a distintas modalidades impositivas, por un lado, la constituci\u00f3n de la sociedad por el valor neto de los bienes inmuebles aportados (adem\u00e1s de la peque\u00f1a aportaci\u00f3n en met\u00e1lico), sujeta a la modalidad de operaciones societarias, y por otro, la transmisi\u00f3n de los bienes inmuebles aportados, sujeta a la modalidad de TPO, por el resto del valor de los bienes transmitidos que se cifra en la cantidad pendiente de pago aplazado garantizada con la condici\u00f3n resolutoria, obligaci\u00f3n en la que se subroga la mercantil actora.\u201d Triunf\u00f3 la tesis de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 3 de noviembre de 2015, Recurso 511\/2012. Responsabilidad de los administradores por cesar la sociedad en su actividad sin proceder a una ordenada disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n El Tribunal record\u00f3 que \u201cen nuestra Sentencia de 22-5-2014, n\u00ba 444\/2014, (rec. 588\/2011) ya dijimos que el \u00abcese en sus actividades\u00bb que constituye el presupuesto de la responsabilidad subsidiaria de los administradores societarios no equivale a la desaparici\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda en el tr\u00e1fico mercantil, de forma que no se pueda entender producido precisamente en virtud de las actuaciones ejecutivas de la propia Agencia Tributaria. Por el contrario, el presupuesto legal hace referencia a que se cese en las actividades sin proceder simult\u00e1neamente a la ordenada liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, si ello fuere viable, o actuar diligentemente acudiendo a los procedimientos concursales pertinentes si fuere necesario. El administrador societario responde subsidiariamente si como consecuencia de esas actuaciones ejecutivas de la Hacienda P\u00fablica no se obtiene una cantidad suficiente para hacer frente a las deudas tributarias pendientes\u201d.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Burgos, de 4 de noviembre de 2015, Recurso 638\/2012. Sujeci\u00f3n a AJD de la distribuci\u00f3n de la responsabilidad hipotecaria del pr\u00e9stamo hipotecario, que gravaba inicialmente tres fincas, entre las tres fincas resultantes de la reparcelaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u201cEn la escritura p\u00fablica, obrante en el expediente administrativo, puede leerse: -DISPONEN: Primero.- Que como consecuencia de la aportaci\u00f3n de las fincas registrales 2.437, 3.294 y 3.292, y adjudicaci\u00f3n de las fincas de resultado descritas en el antecedente IV de esta escritura, por v\u00eda de subrogaci\u00f3n real han sustituido a las fincas de origen 2.437, 3.294 y 3.292, consintiendo la Caja de Ahorros Municipal de \u2026\u2026.y la sociedad Hijos de \u2026.. SL, que la responsabilidad hipotecaria que afectaba a las fincas aportadas grave desde ahora y para el futuro a las fincas adjudicadas descritas en el antecedente IV de esta escritura, distribuy\u00e9ndose la total responsabilidad entre las fincas de resultado de la siguiente forma …. Segundo- Quedan subsistentes el resto de las condiciones pactadas en las citadas escrituras de constituci\u00f3n de hipoteca, y modificaci\u00f3n de hipoteca, en tanto en cuanto no se opongan a lo que aqu\u00ed se establece, las cuales acepta la parte prestataria, subrog\u00e1ndose en todas las obligaciones y derechos, incluso la responsabilidad personal. En la escritura puede leerse tambi\u00e9n: … Las partes est\u00e1n de acuerdo en asignar a las fincas de reemplazo las hipotecas que gravaban las fincas de origen, fijando la responsabilidad hipotecaria que corresponde a cada una de las fincas de reemplazo en la siguiente forma…. Es cierto que en la escritura p\u00fablica de 19 de septiembre de 2008 (escritura de consentimiento), no se pacta la cancelaci\u00f3n de hipotecas anteriores y la constituci\u00f3n de nuevas hipotecas. Lo que se consiente es en asignar las responsabilidades hipotecarias existentes sobre las fincas de origen (aportadas a dos proyectos de actuaci\u00f3n) a las fincas de reemplazo (adjudicadas como reemplazo de las fincas de origen), fijando la responsabilidad hipotecaria que corresponde a cada una de las fincas de reemplazo.\u201d<\/p>\n \u201cEn sentencia de 11 de octubre de 2010, el Tribunal Supremo dice: \u00abel hecho imponible del tributo consiste en las escrituras, las actas y los testimonios notariales, siendo la base imponible el valor declarado del objeto de la escritura (arts. 28 y 30.1 del citado Texto Refundido), por lo que mal puede hablarse de vulneraci\u00f3n del principio de justicia por gravarse en dos ocasiones una misma operaci\u00f3n. Se olvida con tal argumento que el objeto de la carga tributaria no es el contenido del acto notarial, sino el instrumento p\u00fablico en s\u00ed mismo considerado, por lo que no cabe hablar de una ‘injusta’ doble imposici\u00f3n sobre una misma operaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. En el caso presente, la escritura de consentimiento (de 19 de septiembre de 2008) adapta la hipoteca a una nueva situaci\u00f3n econ\u00f3mica y jur\u00eddica, consistiendo esta situaci\u00f3n en que, tras una reparcelaci\u00f3n, han surgido fincas en sustituci\u00f3n (reemplazo) de las anteriores (de origen) y distintas de \u00e9stas. De modo que la hipoteca que gravaba las fincas de origen ha de adaptarse y concretarse con respecto a una realidad econ\u00f3mica y jur\u00eddica distinta, d\u00e1ndose una reasignaci\u00f3n de la responsabilidad hipotecaria sobre las fincas resultantes. Aunque la nueva escritura refleja que quedan subsistentes el resto de las condiciones pactadas en las escrituras de constituci\u00f3n y modificaci\u00f3n de hipoteca, en tanto no se opongan a lo que aqu\u00ed se establece, el negocio es distinto y con un contenido y una trascendencia econ\u00f3mica propios. En la escritura p\u00fablica de consentimiento se pacta una modificaci\u00f3n que afecta a la responsabilidad hipotecaria, un cambio del objeto hipotecado. La modificaci\u00f3n afecta a la hipoteca y ha de constituir como toda distribuci\u00f3n de hipoteca un acto inscribible que tiene por objeto cosa valuable, que debe tributar por el concepto de actos jur\u00eddicos documentados.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Sevilla, de 5 de noviembre de 2015, Recurso 202\/2015. \u201cLa parte actora no acredita a trav\u00e9s de medio de prueba id\u00f3neo y bastante al efecto que concurran en la finca valorada especiales circunstancias que no tengan reflejo en el Catastro y exijan una visita al inmueble para una m\u00e1s acertada y adecuada valoraci\u00f3n. Y de otra, que de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 160 del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gesti\u00f3n e Inspecci\u00f3n Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicaci\u00f3n de los Tributos, aprobado por Real Decreto 1065\/2007, de 27 de julio, relativo al \u00abProcedimiento de comprobaci\u00f3n de valores\u00bb, en su apartado segundo, en el dictamen de peritos, ser\u00e1 necesario el reconocimiento personal del bien valorado por el perito cuando se trate de bienes singulares o de aquellos de los que no puedan obtenerse todas sus circunstancias relevantes en fuentes documentales contrastadas, no siendo \u00e9ste \u00faltimo, por lo expuesto, el caso de autos.\u201d<\/p>\n \u201cPodemos afirmar que la valoraci\u00f3n realizada se encuentra debidamente motivada, pues atiende a las cualidades espec\u00edficas del bien definidas en el Catastro, recoge los criterios tenidos en cuenta para su valoraci\u00f3n, as\u00ed como los archivos oficiales y Orden de los que se extraen los datos para realizar esa valoraci\u00f3n; por lo que la parte actora ha tenido pleno y total conocimiento de las razones por las que se ha llegado a la valoraci\u00f3n impugnada, y se ha podido oponer a la misma en plenitud y desplegar los medios de defensa que haya tenido por conveniente, por lo que ninguna indefensi\u00f3n se le ha provocado ( Sentencia de esta Sala y Secci\u00f3n de 6 de Octubre del 2009 dictada en recurso 965\/2007.\u201d<\/p>\n \u201cFinalmente, la valoraci\u00f3n aqu\u00ed realizada por la Administraci\u00f3n lo es sin perjuicio de que en su caso se d\u00e9 inicio a la tasaci\u00f3n pericial contradictoria, si el interesado la suscitara en tiempo y forma debidos (consta en el otros\u00ed de su reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa que se ha reservado el derecho a ejercitarla). En definitiva, mediante este tr\u00e1mite pueden promover los recurrentes la correcci\u00f3n del medio de comprobaci\u00f3n fiscal de valores utilizado (art\u00edculo 135.1 LGT) habida cuenta que no se produce en este caso la circunstancia 6 de la falta de expresi\u00f3n suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados, que es la que justifica ese tr\u00e1mite de la tasaci\u00f3n pericial contradictoria seg\u00fan el p\u00e1rrafo segundo del precepto antes se\u00f1alado)\u201d<\/p>\n La Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 15 de febrero de 2016, Recurso 277\/2015, ha declarado la nulidad de la Orden 4\/2014<\/strong>. Destacamos de su contenido las siguientes frases:<\/p>\n \u201cLa regulaci\u00f3n legal tanto para el ITPAJD como el ISD, determina que se trata de dos impuestos cuyo sustrato jur\u00eddico econ\u00f3mico se establece mediante el valor real, ni siquiera contemplan, que el valor que configura la base imponible sea el catastral, la Ley del ITPAJD y la del ISD no permiten tributar en esos impuestos por un valor estimado, como sucede con las estimaciones objetivas por signos, \u00edndices y m\u00f3dulos en el IRPF, por lo que la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n de valor, debe ajustarse a dicha prevenci\u00f3n y si la administraci\u00f3n opta por el cauce del art 57.1.b) LGT, \u00abESTIMACI\u00d3N POR REFERENCIA A LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS REGISTROS OFICIALES DE CAR\u00c1CTER FISCAL\u00bb, deber\u00e1 hacerlo con todas las prevenciones necesarias en su aplicaci\u00f3n que impidan un resultado meramente estimativo.<\/strong><\/p>\n En definitiva, la aplicaci\u00f3n dela Orden 4\/2014 conduce a un resultado valorativo inconsistente en el que el valor medio de cada municipio, es el que se aplica a todos y cada uno de los inmuebles del mismo, partiendo del valor catastral. Y si tenemos en cuenta que dicho valor catastral tambi\u00e9n se fija objetivamente, por estimaci\u00f3n, a tanto alzado, mediante un procedimiento de valoraci\u00f3n colectiva tras la aprobaci\u00f3n, en su caso, de la correspondiente ponencia de valores, total o parcial, que se basa en la fijaci\u00f3n de zonas de valoraci\u00f3n homog\u00e9neas, obtenemos la conclusi\u00f3n de que dicho resultado, conculca la exigencia de normativa de que se tribute por el \u00abvalor real\u00bb, o \u00abprecio que ser\u00eda acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes\u00bb. Y \u00e9ste ha de fijarse, en su caso, tras una comprobaci\u00f3n, por cualquiera de los m\u00e9todos que la LGT contempla en su art\u00edculo 57, pero sea cual sea el medio de valoraci\u00f3n adoptado, el resultado ha de ser ajustado a la exigencia normativa.\u201d<\/p>\n \u201cLo ha reiterado, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 18 de enero de 2016 (Rec n\u00ba 3379\/2014), en la que, con cita de la Sentencia de 26 de noviembre de 2015, Rec. n\u00ba 3369\/2014, clarifica que: \u00abel valor comprobado administrativamente estar\u00e1 motivado cuando la valoraci\u00f3n efectuada sea \u00absingular\u00bb, por contraposici\u00f3n a \u00abgen\u00e9rica\u00bb u \u00abobjetiva\u00bb. No caben las valoraciones generalizadas, sino que han de determinarse las circunstancias f\u00edsicas y jur\u00eddicas que individualmente concurren en el objeto de comprobaci\u00f3n, dando as\u00ed lugar a una individualizaci\u00f3n en la valoraci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<\/a>SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL<\/span><\/h2>\n
<\/a>SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO<\/span><\/strong><\/h2>\n
Para determinar el incremento patrimonial se ha de tener en cuenta como valor de adquisici\u00f3n el asignado por la Administraci\u00f3n a efectos del ITP.<\/strong><\/span><\/h6>\n
<\/a>SENTENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA <\/strong>Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL<\/strong><\/span><\/h2>\n
Suficiencia, en principio, del poder para pleitos otorgado por el administrador \u00fanico de la sociedad para que se pueda ejercitar acciones procesales.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Inexistencia de hecho imponible en la plusval\u00eda municipal cuando no se acredita dicho incremento. \u00bfY cu\u00e1ndo se grava un incremento superior al real?<\/strong><\/span><\/h6>\n
La sentencia que anula una normativa urban\u00edstica, volviendo los bienes, incluidos en una autoliquidaci\u00f3n, a ser r\u00fasticos, no faculta para la devoluci\u00f3n parcial de los ingresos tributarios por disminuci\u00f3n de valor de las fincas.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Responsabilidad solidaria de un Banco por contribuir a trav\u00e9s de una de sus sociedades instrumentales a que una empresa inmobiliaria defraudase el IVA correspondiente.<\/strong><\/span><\/h6>\n
La cotitularidad de una cuenta no supone que la propiedad de los fondos sea de los cotitulares, pudiendo probar la Hacienda P\u00fablica que s\u00f3lo pertenec\u00eda a uno de ellos.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Admisi\u00f3n como m\u00e9todo de valoraci\u00f3n del bien del valor catastral multiplicado por el coeficiente fijado en una Orden. Sentencia contraria en la Comunidad Valenciana.<\/strong><\/span><\/h6>\n