{"id":2004,"date":"2015-02-11T18:46:08","date_gmt":"2015-02-11T17:46:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=2004"},"modified":"2017-12-27T11:06:40","modified_gmt":"2017-12-27T10:06:40","slug":"resoluciones-dgrn-febrero-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/por-meses\/resoluciones-dgrn-febrero-2015\/","title":{"rendered":"Resoluciones DGRN Febrero 2015."},"content":{"rendered":"<\/a>
SENTENCIAS SOBRE RESOLUCIONES (BOE 23-2-2015)<\/span><\/strong><\/h6>\n<\/a>
S1. <\/strong>CONSTITUCI\u00d3N DE SOCIEDAD POR V\u00cdA TELEM\u00c1TICA.<\/strong><\/span><\/h6>\n

LIQUIDACI\u00d3N DE IMPUESTOS Y PROVISI\u00d3N DE FONDOS PARA EL BORME<\/strong>.\u00a0Resoluci\u00f3n de 2 de febrero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.\u00ba 3 de Valencia, de 25 de febrero de 2013, que ha devenido firme.<\/p>\n

Publica el fallo de la Sentencia firme del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 3 de Valencia, de 25 de febrero de 2013<\/strong>,<\/span> que estima la demanda contra la<\/strong> R. 15 de junio de 2011<\/a>, revoc\u00e1ndola<\/strong> en los particulares cuestionados que se contraen al primero de los defectos impugnados.<\/p>\n

\u00a0PDF (BOE-A-2015-1814 – 1 p\u00e1g. – 142 KB)<\/a> Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

S2.<\/strong> INMATRICULACION MEDIANTE DOS TITULOS OTORGADOS EL MISMO DIA.<\/strong><\/span><\/h6>\n

APORTACION A LA SOCIEDAD CONYUGAL Y APORTACION A SOCIEDAD CIVIL<\/strong>. Resoluci\u00f3n de 3 de febrero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, Secci\u00f3n Primera, de 2 de octubre de 2013, que ha devenido firme.<\/p>\n

Publica el fallo de la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lugo, de 2 de octubre de 2013<\/strong>,<\/span> que desestima el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de 14 de febrero de 2013 del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 5 de Lugo,<\/span> confirm\u00e1ndola, por lo que declara no conforme a derecho la <\/strong>R. 25 de junio de 2012<\/a>, que hab\u00eda revocado la calificaci\u00f3n registral.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-1815 – 1 p\u00e1g. – 142 KB)<\/a> Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

S3. NORMATIVA APLICABLE A LAS DECLARACIONES DE OBRA NUEVA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

ANDALUC\u00cdA. VIVIENDA UNIFAMILIAR. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACI\u00d3N. <\/strong>Resoluci\u00f3n de 4 de febrero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 21 de noviembre de 2013, que ha devenido firme.<\/p>\n

Publica el fallo de la Sentencia firme del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 21 de noviembre de 2013,<\/strong> <\/span>que declara haber lugar al recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal interpuesto contra la sentencia de 20 de mayo de 2011 de la Audiencia Provincial de Granada<\/span>, anulando<\/strong> la misma y por tanto la <\/strong>R. 14 de enero de 2010<\/a> \u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>PDF (BOE-A-2015-1816 – 1 p\u00e1g. – 143 KB)<\/a> Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

S4. ELEVACI\u00d3N A P\u00daBLICO\u00a0\u00a0DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 5 de febrero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 12 de M\u00e1laga, de 15 de septiembre de 2014, que ha devenido firme.<\/p>\n

Publica el fallo de la Sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 12 de M\u00e1laga, de 15 de septiembre de 2014<\/span>,<\/strong> que deja sin efecto la<\/strong> R. 5 octubre 2012<\/a>, y la calificaci\u00f3n de que trae causa.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-1817 – 1 p\u00e1g. – 139 KB)<\/a> Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

S5. SEGREGACI\u00d3N CON DUDAS DE IDENTIDAD DE LA FINCA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 6 de febrero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Secci\u00f3n Quinta, de 24 de junio de 2014, que ha devenido firme.<\/p>\n

Publica el fallo de la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 24 de junio de 2014, <\/strong><\/span>que estima el recurso de apelaci\u00f3n<\/strong> contra la Sentencia de 17 de diciembre de 2013 del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 8 de Palma<\/span>, que hab\u00eda desestimado la demanda contra la R.16 de mayo de 2013<\/a><\/p>\n

Por tanto, estima la demanda contra la <\/strong>R.16 de mayo de 2013<\/a>, ordenando \u00a0la rectificaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n negativa y la inscripci\u00f3n de la escritura.<\/p>\n

\u00a0PDF (BOE-A-2015-1818 – 1 p\u00e1g. – 145 KB)<\/a> Otros formatos<\/a><\/p>\n

RESOLUCIONES DGRN FEBRERO 2015<\/strong><\/span><\/p>\n

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18.\u00a0<\/strong>SOCIEDAD DE GANANCIALES LIQUIDADA. ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO POR DEUDAS DEL IRPF.<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 7 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n negativa del registrador de la propiedad de Pontevedra n.\u00ba 1, que suspende la extensi\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo.<\/p>\n

El 6 de agosto de 2014 se presenta mandamiento de embargo reca\u00eddo en expediente administrativo de apremio por deudas procedentes del IRPF de 1.997 del esposo y en el que consta haber sido notificada la esposa. Los c\u00f3nyuges disolvieron y liquidaron su sociedad de gananciales adjudicando la finca a la esposa\u00a0 el 5 de marzo de 2004 y se divorciaron el 7 de noviembre de 2005. Del expediente resulta haberse dictado providencias de apremio, con fecha 3 de marzo y 14 de julio de 2005, con la correspondiente diligencia de embargo de la finca. Se adjunta posteriormente adici\u00f3n de fecha 8 de agosto de 2014 en la que se hace constar que a la ex c\u00f3nyuge del deudor se le notifica declaraci\u00f3n de responsabilidad del bien y que si bien la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales fue en 2004, la deuda se deveng\u00f3 el 31 de diciembre de 1997 siendo aplicable los arts.1317 CC<\/a> y 85 de la Ley 18\/1991 del IRPF vigente en el momento del devengo. Dicha declaraci\u00f3n de responsabilidad no se acompa\u00f1a.\u00a0<\/p>\n

El registrador<\/strong> deniega la anotaci\u00f3n por estar inscrita la finca con car\u00e1cter privativo en favor de la esposa del deudor y no cumplirse los requisitos del art 144.4 RH<\/a> al no acompa\u00f1arse resoluci\u00f3n judicial firme en procedimiento declarativo del que resulte el car\u00e1cter ganancial de la deuda.<\/p>\n

Se\u00f1ala la Direcci\u00f3n<\/strong> que seg\u00fan el 144.4, \u201ccuando constare en el Registro su liquidaci\u00f3n, el embargo ser\u00e1 anotable si el bien ha sido adjudicado al c\u00f3nyuge contra el que se dirige la demanda o la ejecuci\u00f3n, o del mandamiento resulta la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo y consta la notificaci\u00f3n del embargo al c\u00f3nyuge titular, antes del otorgamiento de aqu\u00e9lla<\/em>\u201d; y que es doctrina del Centro para que pueda anotarse el embargo que sea declarado el car\u00e1cter ganancial de la deuda en juicio declarativo previo entablado contra ambos c\u00f3nyuges<\/strong>. Lo que ocurre en este supuesto es que la deuda deriva del impago del IRPF y el art. 85 de la Ley Ley 18\/1991, aplicable a este expediente, establec\u00eda que las deudas tributarias por este Impuesto tendr\u00edan la misma consideraci\u00f3n que las del art. 1365 CC<\/a>; es decir que para el supuesto de tributaci\u00f3n separada surge la responsabilidad patrimonial civil, lo que implica que un c\u00f3nyuge deba responder por las deudas impagadas del otro aun cuando \u00e9stos hayan disuelto la sociedad de gananciales o incluso su v\u00ednculo matrimonial, si bien en este supuesto el c\u00f3nyuge no deudor podr\u00e1 resarcirse en v\u00eda civil. Pero es preceptiva la comunicaci\u00f3n expresa del embargo al c\u00f3nyuge no deudor<\/strong> el cual puede oponerse a la traba ejerciendo su derecho de sustituci\u00f3n de bienes comunes o cuestionar la validez de la liquidaci\u00f3n.. El recurrente entiende que dado que se efectu\u00f3 el d\u00eda 20 de febrero de 2014 la declaraci\u00f3n de responsabilidad del bien por las deudas tributarias contra\u00eddas constante la sociedad de gananciales, es innecesaria la declaraci\u00f3n judicial. Pero sostiene la Direcci\u00f3n que dicha declaraci\u00f3n debe ser firme tal y como se exige a las declaraciones judiciales, (lo que no consta) y adem\u00e1s no se acompa\u00f1\u00f3 en el momento de la nota, sino que se aporto en el recurso, por lo que no puede ser tenida en cuenta para resolver este expediente (art. 326.1 LH<\/a>), sin perjuicio de que pueda ser presentada nuevamente y ser objeto de una nueva calificaci\u00f3n. (MN)<\/p>\n

Nota Fiscal.<\/span><\/strong>– La novedad de las Resoluciones rese\u00f1adas radica, a mi juicio, en que admite la operatividad\u00a0ante el Registro de la Propiedad de las declaraci\u00f3n administrativa-tributaria de la responsabilidad de los bienes que formaron parte de la sociedad ganancial por raz\u00f3n de las obligaciones tributarias que tienen su origen en el IRPF, sin necesidad de acudir a la v\u00eda judicial, eso as\u00ed,\u00a0requiriendo su firmeza como acto administrativo que es.\u00a0\u00a0Aqu\u00ed las Resoluciones se han hecho eco de la cr\u00edtica que destacados publicistas han efectuado de la doctrina\u00a0de la DGRN. As\u00ed el Abogado del Estado Jos\u00e9 Manuel Herrero de Ega\u00f1a y Espinosa de los Monteros en su\u00a0estudio titulado\u00a0\u00abLa v\u00eda administrativa y civil ante las defraudaciones tributarias\u00bb, contenida en la obra colectiva, escrita por Abogados del Estado, titulada \u00abManual de delitos contra la Hacienda P\u00fablica\u00bb, 2008, p\u00e1ginas 783 a 836, escribe que \u00abafectar unos bienes al pago de una deuda -en eso consiste precisamente el embargo- es una decisi\u00f3n que compete a la autoridad administrativa o judicial\u00a0y que\u00a0un\u00a0Registrador nunca podr\u00eda llegar a cuestionar. Pues bien, no es esta la situaci\u00f3n en que nos encontramos en la realidad: en el caso de embargos administrativos la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado viene negando a la Administraci\u00f3n P\u00fablica autoridad para decidir si un bien antiguamente ganancial debe responder o no de una determinadas deuda tributaria. En el fondo, como se ver\u00e1 seguidamente, est\u00e1 negando esa misma autoridad a la propia Ley.\u00bb \u00a0Nos a\u00f1ade que \u00abinterpretando la expresi\u00f3n del mandamiento resulte la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo, <\/span><\/em>el citado Centro Directivo ha entendido que s\u00f3lo un mandamiento de la autoridad judicial puede determinar la responsabilidad del bien por las deudas gananciales.\u00bb<\/span><\/p>\n

En igual sentido el tambi\u00e9n Abogado del Estado Carlos P\u00e9rez-Embid Wamba en su trabajo \u00abLa potestad de autotutela en el procedimiento recaudatorio y sus l\u00edmites\u00bb, contenido en la obra \u00abEstudios sobre la nueva Ley General Tributaria (Ley 5872003, de 17 de diciembre). \u00a0Homenaje a D. Pedro Luis Serrera Contreras\u00bb, 2004. p\u00e1ginas 701 a 729, efect\u00faa una profunda cr\u00edtica \u00a0a la Resoluci\u00f3n de 3 de mayo de 2003, al no tener en cuenta, entre otras cosas, que el mandamiento administrativo de embargo, conforme a la LGT, tiene el mismo valor que si fuese un mandamiento judicial.<\/span><\/p>\n

La declaraci\u00f3n administrativa de responsabilidad tributaria, manifestaci\u00f3n del principio de autotutela administrativa, que no s\u00f3lo tiene lugar en el \u00e1mbito tributario, est\u00e1 regulada en los art\u00edculos 41 a 43 y 174 a 176 de la LGT<\/a>,\u00a0desarrollados por el art\u00edculo 124<\/a>\u00a0del Reglamento general de Recaudaci\u00f3n y 196<\/a>\u00a0del Reglamento General de Gesti\u00f3n e Inspecci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para un estudio integral de la figura, nos remitimos a la obra del Letrado de la Administraci\u00f3n de la Seguridad Social Emilio Garc\u00eda Fern\u00e1ndez titulada \u00abLas declaraciones administrativas de responsabilidad\u00bb, 2005.\u00a0(JZM)<\/span><\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-1330 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 167 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/div>\n

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19.\u00a0<\/strong>SOCIEDAD DE GANANCIALES LIQUIDADA.ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO POR DEUDAS DEL IRPF<\/strong>\u00a0. Resoluci\u00f3n de 7 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n negativa del registrador de la propiedad de Pontevedra n.\u00ba 1, que suspende la extensi\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo.\u00a0<\/p>\n

Id\u00e9ntica a la anterior. R 18 (MN)<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2015-1330 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 167 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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20. \u00a0INMATRICULACI\u00d3N. T\u00cdTULOS INSTRUMENTALES. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 8 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por \u00a0el registrador de la propiedad interino de Riaza, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de donaci\u00f3n.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se solicita la inmatriculaci\u00f3n de una finca en base a una escritura de donaci\u00f3n de B a C, teniendo en cuenta que el t\u00edtulo previo era una donaci\u00f3n de A a B otorgada el mismo d\u00eda, ante el mismo notario, con n\u00famero anterior de protocolo.<\/p>\n

El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n, pues considera que estamos ante dos t\u00edtulos creados artificialmente para lograr la inscripci\u00f3n.<\/p>\n

El interesado<\/strong> recurre alegando que los dos t\u00edtulos se otorgan el mismo d\u00eda por econom\u00eda procesal, que soportan su coste fiscal, y que las dudas o conjeturas de registrador no son argumento suficiente para no inscribir.<\/p>\n

La DGRN <\/strong>\u00a0confirma la calificaci\u00f3n, atendiendo a las circunstancias del caso concreto (dos t\u00edtulos en el mismo d\u00eda, y la primera donaci\u00f3n realizada con un poder a favor de la propia donataria), si bien sugiere el acta de notoriedad como medio para lograr la inmatriculaci\u00f3n. \u00a0(AFS)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-1332 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 161 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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21. \u00a0CANCELACI\u00d3N DE HIPOTECA POR CADUCIDAD. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Oviedo n.\u00ba 4 a practicar la cancelaci\u00f3n de una hipoteca solicitada en virtud de instancia.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura de constituci\u00f3n de hipoteca en garant\u00eda de un cr\u00e9dito y de sus renovaciones hasta un plazo m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os. Pasados los diez a\u00f1os se solicita la cancelaci\u00f3n por caducidad mediante instancia.<\/p>\n

El registrador<\/strong> deniega la cancelaci\u00f3n solicitada porque entiende que el plazo de diez a\u00f1os est\u00e1 referido a la obligaci\u00f3n principal, el cr\u00e9dito, no a la hipoteca propiamente y por tanto no es aplicable el art\u00edculo 82.2, pero incluso aun cuando fuera aplicable dicho art\u00edculo habr\u00eda que esperar un a\u00f1o adicional, porque considera aplicable el \u00faltimo p\u00e1rrafo de dicho art\u00edculo.<\/p>\n

El interesado<\/strong> recurre y alega que la cancelaci\u00f3n se solicita porque la propia hipoteca est\u00e1 caducada, en base a lo dispuesto en el art\u00edculo 79.2<\/a> y 82.2 <\/a>de la \u00a0LH, y que \u00a0no se solicita en base al art\u00edculo 82 p\u00e1rrafo \u00faltimo.<\/p>\n

La DGRN<\/strong> desestima el recurso entendiendo tambi\u00e9n, como el registrador, que el plazo de diez a\u00f1os no era de caducidad de la hipoteca sino de nacimiento del cr\u00e9dito para ser garantizado, y\u00a0 que para que se produzca la caducidad \u00a0convencional\u00a0 autom\u00e1tica tiene que estar claramente establecido.<\/p>\n

Comentario.-<\/strong>\u00a0 Hay que tener en cuenta varios conceptos, que creo se mezclan: la caducidad del derecho inscrito, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para ejercitar dicho derecho, y la cancelaci\u00f3n registral del derecho. Con el texto de la ley en la mano tiene raz\u00f3n el recurrente (la hipoteca como tal derecho real de garant\u00eda ha caducado, parece claro, pues su plazo era de 10 a\u00f1os); ahora bien la DGRN siempre ha sido reacia en su interpretaci\u00f3n a permitir esa cancelaci\u00f3n registral \u00a0unilateral, que supone una excepci\u00f3n a la regla general para modificar un asiento de consentimiento del titular registral o resoluci\u00f3n judicial. Por eso vemos que en la pr\u00e1ctica cotidiana, existen derecho caducados, por ejemplo arrendamientos cuyo plazo ha vencido hace a\u00f1os, cuya solicitud de cancelaci\u00f3n por caducidad se deniega invariablemente. La propia norma en \u00e9poca reciente (reforma de 2001) ha sido dulcificada\u00a0introduci\u00e9ndose un \u00faltimo p\u00e1rrafo \u00a0al art\u00edculo 82<\/a>\u00a0para los derechos de garant\u00eda (hipotecas y condici\u00f3n resolutoria) que permite la posibilidad de cancelarlos unilateralmente si bien respetando el transcurso del plazo de \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n real (15 \u00f3 20 a\u00f1os) y de un a\u00f1o m\u00e1s adicional. (AFS)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-1333 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 193 KB<\/abbr><\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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22. \u00a0CANCELACI\u00d3N DE CONDICI\u00d3N RESOLUTORIA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Corcubi\u00f3n, por la que se suspende la cancelaci\u00f3n de una condici\u00f3n resolutoria.<\/p>\n

Se debate en este recurso la posibilidad de cancelar una condici\u00f3n resolutoria inscrita, garante del cumplimiento de un contrato de vitalicio, por raz\u00f3n de caducidad, conforme al articulo 82 de la ley hipotecaria. La redacci\u00f3n concedida a la cl\u00e1usula en cuesti\u00f3n fue la siguiente: \u00abLa condici\u00f3n resolutoria se extinguir\u00e1 por el transcurso de tres meses contados a partir del fallecimiento de la alimentista o cedente\u00bb.<\/p>\n

La DGRN se\u00f1ala que \u201cdel tenor literal de la misma, no puede concluirse de manera clara y directa la caducidad del asiento, sino que la intenci\u00f3n de las partes fue simplemente la de conceder un plazo de duraci\u00f3n al derecho de resolver el contrato, el cual corresponder\u00e1 en vida a la cedente y dentro de los tres meses posteriores a su fallecimiento a sus herederos. La doctrina de este Centro Directivo ha sido clara y reiterada en este aspecto: es preciso expresar que dicho plazo lo es no s\u00f3lo de vigencia del derecho en cuesti\u00f3n sino tambi\u00e9n del asiento que lo refleja en el Registro para que su transcurso tenga plena virtualidad cancelatoria<\/strong>. En el recurso que ahora se analiza, por tanto, la expresi\u00f3n \u00abse extinguir\u00e1\u00bb se refiere \u00fanicamente a la duraci\u00f3n del derecho, pero no a la del asiento que lo recoge, por lo que no puede estimarse la pretensi\u00f3n de la recurrente.\u201d Y concluye que \u201cNo cabe, por tanto, la cancelaci\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria sin el consentimiento del titular registral o de sus herederos, o en su defecto, resoluci\u00f3n judicial que as\u00ed lo ordene.\u201d (JDR)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-1334 – 3 p\u00e1gs.<\/abbr> – 155 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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23.\u00a0PROPIEDAD HORIZONTAL. LEGALIZACI\u00d3N DE LIBRO DE ACTAS POR SUSTRACCI\u00d3N DEL ANTERIOR. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 12 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Nules n.\u00ba 3, por la que se suspende la extensi\u00f3n de la diligencia del libro de actas segundo de una comunidad de propietarios.<\/p>\n

Supuesto de hecho.\u00a0<\/strong>Se plantea el procedimiento para la legalizaci\u00f3n de nuevo libro de actas de la comunidad de propietarios porque el administrador del inmueble, cesado en su cargo, se niega a entregar a la nueva junta el libro de actas de la junta. Se pretende legalizar un nuevo libro de actas.<\/p>\n

Doctrina de la DGRN<\/strong>.\u00a0En casos como el presente, para legalizar un nuevo libro de actas\u00a0basta que la secretaria acredite la denuncia de haberse sustra\u00eddo el anterior libro (415 RH<\/a>).<\/p>\n

En el caso presente ha de tenerse en cuenta que es de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en la regla primera del art\u00edculo 415 RH<\/a>, pues el administrador de fincas, en cuyo poder se encuentra el anterior libro, es un profesional a quien corresponde la custodia del libro de actas pero que debe tenerlo a disposici\u00f3n de los propietarios, conforme al art\u00edculo 20 LPH. No es titular de ninguna documentaci\u00f3n de la finca y, en consecuencia, cuando es destituido de su cargo, debe entregar toda la que obra en su poder, tanto la general como la particular, entre la que se incluye el citado libro.\u00a0Y ello con independencia de las controversias que puedan surgir en cuanto a la resoluci\u00f3n del encargo. Por eso cabe la denuncia si no lo entrega.<\/p>\n

Distinto es el caso de la R.\u00a028 de julio de 2014<\/a>, donde hab\u00eda una negativa a entregar el libro de actas por una junta directiva anterior pero donde se discut\u00eda la legitimidad de dicha junta y la validez de los acuerdos sobre cese y nombramiento de administrador, que exceden de la facultad de calificaci\u00f3n del registrador.\u00a0(JAR)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-1674 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 161 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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24.\u00a0OBRA NUEVA DECLARADA POR UNO DE LOS COMUNEROS. ACCESI\u00d3N INVERTIDA. PARCELACI\u00d3N URBAN\u00cdSTICA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 12 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Murcia n.\u00ba 6, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de declaraci\u00f3n de obra nueva existente.<\/p>\n

Supuesto de hecho.\u00a0<\/strong>El copropietario de un terreno declara la obra nueva realizada a su costa sobre parte del mismo y pretende que se inscriba lo edificado a su nombre, contando con el consentimiento del resto de copropietarios y sin modificar el r\u00e9gimen de copropiedad sobre el terreno.<\/p>\n

Doctrina de la DGRN\u00a0<\/strong>\u00bfEs posible? NO<\/strong>.<\/p>\n

La DGRN resuelve que no es posible inscribir la obra nueva sin modificar el r\u00e9gimen de la propiedad del terreno, pues no puede coexistir una copropiedad sobre el suelo con la propiedad exclusiva de lo edificado sobre aqu\u00e9l.<\/p>\n

Es necesario formalizar el correspondiente negocio jur\u00eddico que d\u00e9 apoyo a tal situaci\u00f3n, y,<\/p>\n

(i) o bien individualizar la porci\u00f3n de finca sobre la que se ha edificado<\/p>\n

(ii) o bien constituir un derecho de superficie siendo en este caso innecesario que la declaraci\u00f3n de la obra nueva deba estar precedida de segregaci\u00f3n en sentido estricto de la porci\u00f3n sobre la que se constituye el derecho,<\/p>\n

(iii) o que la nueva finca sea en verdad totalmente independiente de esta otra finca originaria, siempre y cuando se cumplan las exigencias derivadas del principio de especialidad y de la concreta regulaci\u00f3n legal en esta materia (art\u00edculos 9 y 30 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario), constando suficientemente definida la finca cuyo acceso al Registro de la Propiedad se pretenda.<\/p>\n

\u00bfSe da en estos casos un supuesto de accesi\u00f3n invertida? NO<\/strong>.<\/p>\n

No cabe aplicar las normas de la accesi\u00f3n invertida pues no hay tal accesi\u00f3n invertida cuando \u00a0un comunero construye en el terreno com\u00fan, dado que es propietario de una cuota ideal sobre la totalidad del terreno que no se concreta en una espec\u00edfica porci\u00f3n del mismo.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n debe resolverse por las normas que rigen la comunidad ya que la controversia no es entre titulares de suelos colindantes. Proceder\u00e1, seg\u00fan los casos, la demolici\u00f3n de la obra, su conversi\u00f3n en cosa com\u00fan, constituy\u00e9ndose en su caso el r\u00e9gimen de propiedad horizontal, o bien dividirse material o econ\u00f3micamente.\u00a0(JAR)<\/p>\n

Ver opini\u00f3n de Joaqu\u00edn Zejalbo.<\/a><\/strong><\/p>\n

\n

PDF (BOE-A-2015-1675 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 192 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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25. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERA POR: CORREO ELECTR\u00d3NICO. <\/strong><\/span><\/h6>\n

ES ADMISIBLE \u00a0SI CONSTA QUE FUE RECIBIDO POR SU DESTINATARIO.\u00a0<\/strong>Resoluci\u00f3n de 13 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n del registrador mercantil y de bienes muebles IV de Barcelona, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de determinados acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad.<\/p>\n

Hechos<\/strong>: Los hechos<\/strong> de esta resoluci\u00f3n son los siguientes:<\/p>\n

1\u00ba<\/strong>. En los estatutos de una sociedad como forma de convocar la junta se establece que se har\u00e1 por medio \u201cde procedimientos telem\u00e1ticos<\/strong>, mediante el uso de firma electr\u00f3nica. En caso de no ser posible se har\u00e1 mediante cualquier otro procedimiento de comunicaci\u00f3n, individual y escrito<\/strong> que asegure la recepci\u00f3n por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios\u201d.<\/p>\n

2\u00ba<\/strong>. La convocatoria se hace por correo electr\u00f3nico pero sin firma<\/strong> electr\u00f3nica.<\/p>\n

3\u00ba<\/strong>. En el acta notarial levantada de la celebraci\u00f3n de la junta consta que el socio no asistente recibi\u00f3 el correo pues contesta al mismo expresando que no se da por notificado<\/strong> dado que la convocatoria no se ha hecho conforme a estatutos.<\/p>\n

El registrador suspende<\/strong> la inscripci\u00f3n pues la \u00a0\u201cjunta ha sido convocada mediante correo electr\u00f3nico, sin que cumpla el requisito exigido en los estatutos<\/strong> \u00abmediante el uso de la firma electr\u00f3nica\u00bb. Existiendo previsi\u00f3n estatutaria sobre la forma de convocatoria \u00e9sta ha de ser estrictamente observada, sin que pueda acudirse, v\u00e1lida y eficazmente, a cualquier otro sistema. (Art\u00edculo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, 97.1.2.\u00aa y 3.\u00aa, 107.2, 112 y 186.1 del Reglamento del Registro Mercantil. (R. de 29 de abril de 2000<\/a> y R. 26 de febrero de 2014<\/a>).<\/p>\n

El interesado recurre alegando que la \u201cjunta fue convocada mediante correo electr\u00f3nico utilizando ese medio como procedimiento de comunicaci\u00f3n de manera directa e individual dirigido al socio\u201d habiendo quedado acreditada su recepci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n

Doctrina:<\/strong> La DG admite el recurso revocando<\/strong> el acuerdo de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

Al hilo de su acuerdo hace las siguientes interesantes declaraciones:<\/p>\n

1\u00aa. Todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas<\/strong> establecidas en los estatutos.<\/p>\n

2\u00aa. La previsi\u00f3n estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada<\/strong>, sin que quepa la posibilidad de acudir v\u00e1lida y eficazmente a cualquier otro sistema.<\/p>\n

3\u00aa La DG y el TS han entendido que el\u00a0 correo certificado con aviso de recibo cumple las exigencias legales<\/strong> cuando lo que establecen los estatutos es que la convocatoria se har\u00e1 por cualquier medio de comunicaci\u00f3n directa por escrito.<\/p>\n

4\u00aa. La DG tambi\u00e9n ha admitido<\/strong> (R. 28 de octubre de 2014<\/a>) el uso del correo electr\u00f3nico<\/strong> como medio de convocatoria sin necesidad de firma electr\u00f3nica \u201csi es complementado<\/strong> con alg\u00fan procedimiento que permita el acuse de recibo<\/strong> del env\u00edo (como, por ejemplo, ser\u00edan la solicitud de confirmaci\u00f3n de lectura, u otros medios que permitan obtener prueba de la remisi\u00f3n y recepci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n)\u201d.<\/p>\n

5\u00aa. Dado que el socio ha contestado al correo<\/strong> y reconoce que lo ha recibido \u201ces evidente que la disposici\u00f3n estatutaria que exige al menos la comunicaci\u00f3n escrita e individual que asegure la recepci\u00f3n de la convocatoria ha sido respetada\u201d.<\/p>\n

6\u00aa. Que en todo caso debe \u201cevitarse la reiteraci\u00f3n de tr\u00e1mites y costes innecesarios<\/strong>, que no proporcionen garant\u00edas adicionales\u201d. \u00a0<\/p>\n

7\u00aa. Y que si el socio considera que no se han cumplido en sus estrictos t\u00e9rminos los estatutos de la sociedad siempre le queda la v\u00eda de impugnar los acuerdos sociales, incluso solicitando la suspensi\u00f3n del acuerdo impugnado.<\/p>\n

Comentario:<\/strong> Estimo que lo m\u00e1s importante<\/strong> de esta resoluci\u00f3n es la admisi\u00f3n del correo electr\u00f3nico como forma normal de convocar las juntas generales<\/strong>, siempre que quede constancia de que ha sido recibido<\/strong> por todos los socios. Es decir que si los estatutos se limitan a copiar el texto legal de que la convocatoria puede hacerse por cualquier procedimiento de comunicaci\u00f3n individual y escrito que asegure la recepci\u00f3n del anuncio por el socio, ese medio de comunicaci\u00f3n puede ser, aparte del correo certificado con acuse o no de recibo o del burofax, el correo electr\u00f3nico normal y corriente<\/strong> enviado con petici\u00f3n de confirmaci\u00f3n de lectura<\/strong> o bien, si es posible, acreditando por medio del prestador de los servicios de correo electr\u00f3nico que el mismo ha sido debidamente remitido y recibido o tambi\u00e9n, como en este caso, si el o los destinatarios reconocen expresamente su recepci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Por ello ser\u00e1 admisible<\/strong> establecer en estatutos como forma de convocar la junta la del correo electr\u00f3nico siempre que se complemente ese medio con la exigencia\u00a0\u00a0 relativa a la forma de acreditar la recepci\u00f3n del mismo. Por tanto esta resoluci\u00f3n es una muestra m\u00e1s de que nuestro CD, siguiendo las directrices que llegan de la UE en cuanto a la simplificaci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de trabas administrativas a las empresas que faciliten y eliminen costes de funcionamiento, en supuestos dudosos o l\u00edmites<\/strong> como el contemplado en los hechos de la resoluci\u00f3n, se va a inclinar siempre por la simplificaci\u00f3n y por la no reiteraci\u00f3n de tr\u00e1mites<\/strong> que como muy bien dice lo \u00fanico que consiguen es retrasar la adopci\u00f3n de los pertinentes acuerdos. Aunque en este concreto caso en que el capital pertenec\u00eda a dos socios al 50% es m\u00e1s que probable que si hubiera asistido el otro o asistiese a una nueva convocatoria de junta, el acuerdo no hubiera podido adoptarse<\/strong> (empate en la junta) provocando una paralizaci\u00f3n de la junta general con la consiguiente causa de disoluci\u00f3n de la sociedad. Por ello este caso, como hemos indicado, es l\u00edmite en cuanto a las facilidades que se puedan dar para la inscripci\u00f3n de unos determinados acuerdos sociales, pues esas facilidades siempre deben estar orientadas por los principios de seguridad jur\u00eddica societaria. (JAGV)<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2015-1676 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 172 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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26.\u00a0HIPOTECA. INTERESES DE DEMORA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 14 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Mijas n.\u00ba 2, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de pr\u00e9stamo con constituci\u00f3n de hipoteca en garant\u00eda del mismo.<\/p>\n

Supuesto de hecho.\u00a0<\/strong>En escritura de pr\u00e9stamo hipotecario se pacta que el pr\u00e9stamo\u00a0\u00a0\u00ab\u2026devengar\u00e1 d\u00eda a d\u00eda intereses de demora, desde el d\u00eda siguiente inclusive a aqu\u00e9l en que la falta de pago se haya producido hasta el d\u00eda en que se realice el pago, al doce por ciento (12%) nominal anual variable, al alza o a la baja, para ajustarse al resultado de multiplicar por tres el tipo de inter\u00e9s legal del dinero vigente en el momento de su devengo\u00bb (pacto sexto, p\u00e1rrafo primero). Se a\u00f1ade que: \u00abNo obstante, a efectos hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros, el tipo garantizado de inter\u00e9s de demora nominal anual aplicable ser\u00e1, como m\u00e1ximo, del 13,113%<\/strong>\u00bb (pacto sexto, p\u00e1rrafo cuarto). Y, asimismo, se dispone que la hipoteca se constituye en garant\u00eda, entre otros conceptos, \u00ab\u2026c) del pago de los intereses de demora por el plazo dieciocho meses, a raz\u00f3n del tipo convenido\u2026\u00bb.<\/p>\n

Se plantea la cuesti\u00f3n de si el m\u00e1ximo fijado a efectos hipotecarios contradice la limitaci\u00f3n legal de que el inter\u00e9s moratorio no puede exceder en tres veces el inter\u00e9s legal del dinero (art. 114 p\u00e1rrafo tercero LH,<\/a> introducido por la Ley 1\/2013).<\/p>\n

Doctrina de la DGRN.<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Se reconoce la validez de la cl\u00e1usula que fija un m\u00e1ximo de inter\u00e9s de demora<\/span> tanto respecto de la parte deudora como respecto de terceros, pero es preciso que en la misma se haga la salvedad <\/strong>de que dicho m\u00e1ximo pactado s\u00f3lo ser\u00e1 aplicable si en el momento de su devengo es igual o inferior al l\u00edmite legal..<\/li>\n<\/ol>\n

    Por tanto, la\u00a0necesidad de fijar de un tipo m\u00e1ximo a la cobertura hipotecaria por intereses de demora debe conciliarse con la limitaci\u00f3n legal establecida<\/span>, de forma que el m\u00e1ximo pactado s\u00f3lo ser\u00e1 aplicable si en el momento de su devengo es igual o inferior al l\u00edmite legal, salvedad \u00e9sta que habr\u00e1 de hacerse constar en la cl\u00e1usula correspondiente.<\/p>\n

      \n
    1. Intereses moratorios alternativos<\/span>: es posible pactar\u00a0tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que durante la vigencia del pr\u00e9stamo la finca gravada deje de tener la condici\u00f3n de vivienda habitual, alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y f\u00e1cilmente verificables, no est\u00e1 re\u00f1ida ni con el requisito de la determinabilidad, ni con la condici\u00f3n de la objetividad a que est\u00e1n constre\u00f1idos las estipulaciones sobre intereses variables.<\/li>\n
    2. Control de transparencia: \u00a0en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cl\u00e1usulas no negociadas individualmente aqu\u00e9llas deber\u00e1n cumplir los requisitos de concreci\u00f3n, claridad y sencillez en la redacci\u00f3n (art.\u00a080 RDL 1\/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el TRLey General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)<\/li>\n
    3. Es deber de las autoridades nacionales de cada Estado realizar una interpretaci\u00f3n conforme al Derecho comunitario, incluidas las Directivas, en materia de protecci\u00f3n de consumidores y usuarios, procurando\u00a0adoptar todas las medidas generales o particulares necesarias para asegurar la ejecuci\u00f3n de esta obligaci\u00f3n.\u00a0Dentro de las autoridades nacionales espa\u00f1olas est\u00e1n comprendidos notarios y registradores.(JAR)<\/li>\n<\/ol>\n
      \n

      PDF (BOE-A-2015-1677 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 187 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

      \u00a0<\/a><\/p>\n<\/div>\n

      27. EL CNAE ES OBLIGATORIO PARA EL DEP\u00d3SITO DE CUENTAS.<\/strong><\/p>\n

      Resoluci\u00f3n de 14 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Cantabria, por la que se rechaza el dep\u00f3sito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.<\/p>\n

      Hechos:<\/strong> Se solicita el dep\u00f3sito de cuentas<\/strong> de una sociedad correspondiente al ejercicio de 2013.<\/p>\n

      La registradora suspende el dep\u00f3sito pues no se ha consignado el CNAE de la actividad principal<\/strong> de la sociedad (C\u00f3digo Nacional de Actividades Econ\u00f3micas). Art\u00edculo 20, apartado 2 de la Ley 14\/2013, de 27 de septiembre<\/a>\u00a0y Real Decreto 475\/2007, de 13 de abril<\/a>.<\/p>\n

      El interesado recurre alegando que la norma s\u00f3lo es aplicable a los emprendedores y que el test de errores del programa no lo se\u00f1ala como tal.<\/p>\n

      Doctrina:<\/strong> La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

      La DG basa su decisi\u00f3n, aparte de en las resoluciones que ya han tratado el tema, en la consideraci\u00f3n de que para la Ley de emprendedores, emprendedor es toda persona f\u00edsica o jur\u00eddica que desarrolle una actividad econ\u00f3mica empresarial o profesional y por tanto todas las sociedades de capital.<\/p>\n

      Comentario:<\/strong> El problema planteado no pod\u00eda tener otra soluci\u00f3n. Si el modelo de hoja de datos generales, desde su origen en 1994, ven\u00eda exigiendo que constare el CNAE de la sociedad que depositaba sus cuentas, ahora, con el apoyo legal del art. 20 de la LE, era indudable que ese dato es de inexcusable constancia, no s\u00f3lo para la inscripci\u00f3n de la constituci\u00f3n de la sociedad o para la modificaci\u00f3n de su objeto, sino tambi\u00e9n para que la sociedad pueda efectuar el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales.<\/p>\n

      La cuesti\u00f3n<\/strong> que puede suscitarse, y en la que no entra el CD, es distinta<\/strong> pues si el CNAE ya consta en la constituci\u00f3n y en definitiva en la hoja de la sociedad, \u00bfpara qu\u00e9 reiterarlo en la hoja de datos generales del dep\u00f3sito de cuentas?<\/strong> Y, si consta en la hoja de la sociedad y el que se consigna en la hoja de datos generales es diferente, \u00bfpodr\u00e1 suspenderse el dep\u00f3sito?<\/strong> Ambas preguntas nos plantean dudas, aunque parece que la primera, dado el distinto \u00e1mbito de las inscripciones y de los dep\u00f3sitos de cuentas parece que debe contestarse de forma positiva, es decir que hay que reiterarlo para el dep\u00f3sito de cuentas y en cuanto a la segunda cuesti\u00f3n planteada no creemos que la consignaci\u00f3n de un CNAE en el dep\u00f3sito distinto del que conste en la hoja de la sociedad constituya defecto que impida el dep\u00f3sito. Ning\u00fan obst\u00e1culo existe para que una sociedad tenga varias actividades y que en la constituci\u00f3n se consigne el CNAE de la actividad principal en ese momento y en el dep\u00f3sito se consigne un CNAE distinto que corresponda a la actividad concreta que haya desarrollado la sociedad en ese ejercicio. (JAGV).<\/p>\n

      \n

      PDF (BOE-A-2015-1678 – 3 p\u00e1gs.<\/abbr> – 156 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

      \u00a0<\/div>\n

      <\/a><\/p>\n<\/a>

      28.\u00a0ANOTACI\u00d3N PREVENTIVA DE EMBARGO. CADUCIDAD. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      Resoluci\u00f3n de 15 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de M\u00f3stoles n.\u00ba 3, por la que se deniega la cancelaci\u00f3n por caducidad de dos anotaciones preventivas.<\/p>\n

      Supuesto de hecho:<\/strong><\/p>\n

      La anotaci\u00f3n de embargo letra B, de fecha 31 de diciembre de 2009, ha sido objeto de cancelaci\u00f3n por caducidad. A continuaci\u00f3n consta la inscripci\u00f3n de dominio a favor de la recurrente. Posteriormente, consta la anotaci\u00f3n letra C, de fecha 8 de junio de 2012, dimanante de los mismos autos que la letra B, acord\u00e1ndose por el Juzgado mantener el embargo y modificarlo<\/span>. Finalmente consta la anotaci\u00f3n preventiva letra D de fecha 30 de mayo de 2013, de modificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n del embargo anterior.<\/p>\n

      Po tanto, la secuencia de las anotaciones que resulta del Registro es la siguiente: (i) anotaci\u00f3n letra B, (ii) anotaci\u00f3n letra C que mantiene y modifica la B y (iii) anotaci\u00f3n letra D, que modifica y amplia el embargo anotado.<\/p>\n

      Cuestiones<\/strong>:<\/p>\n

      I<\/strong>. \u00bfLa anotaci\u00f3n letra C, practicada porque el Juzgado acuerda mantener el embargo anotado supone una pr\u00f3rroga de la inicial anotaci\u00f3n letra B<\/span>? NO<\/strong>.<\/p>\n

      Dice la DGRN:<\/p>\n

      1<\/strong> Como regla general, el asiento de anotaci\u00f3n preventiva puede ser objeto de pr\u00f3rroga (art. 86 LH<\/a>) por un plazo de cuatro a\u00f1os m\u00e1s siempre que el mandamiento ordenando la pr\u00f3rroga sea presentado antes de que caduque el asiento.<\/p>\n

      2<\/strong> Para que exista pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n ha de ordenarse expresamente en el oportuno mandamiento y se har\u00e1 constar por medio de otra anotaci\u00f3n con lo que el c\u00f3mputo de la caducidad del nuevo plazo se iniciar\u00e1 desde la fecha de \u00e9sta (art. 86 LH<\/a>).<\/p>\n

      3<\/strong> .Por tanto, no toda modificaci\u00f3n de una anotaci\u00f3n de embargo que se refleje en el Registro de la Propiedad constituye una anotaci\u00f3n de pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n anterior. Para que as\u00ed sea es preciso que se ordene y practique precisamente una anotaci\u00f3n de pr\u00f3rroga.<\/p>\n

      4<\/strong> Fuera de este supuesto la modificaci\u00f3n del asiento anterior de anotaci\u00f3n preventiva que pueda provocar una anotaci\u00f3n posterior producir\u00e1 los efectos que el ordenamiento prevea para cada supuesto concreto (ampliaci\u00f3n de embargo, subrogaci\u00f3n procesal,\u2026), pero no el de pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n anterior (vid. R. 29 de junio de 2013<\/a>).<\/p>\n

      CONCLUSI\u00d3N<\/span>: Si bien es cierto que toda anotaci\u00f3n puede ser prorrogada antes de que caduque, dicha prorroga debe ordenarse expresamente y constatarse en el Registro mediante una espec\u00edfica anotaci\u00f3n de pr\u00f3rroga, cuya fecha constituir\u00e1 el d\u00eda inicial para el c\u00f3mputo de su caducidad. Por tanto, la anotaci\u00f3n de una modificaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n anterior no implica pr\u00f3rroga de la misma.<\/p>\n

      II<\/strong>. \u00bfCaducada la anotaci\u00f3n letra B mantiene su vigencia la letra C?<\/span> SI<\/strong>.<\/p>\n

      Dice La DGRN: \u201c\u2026 En el caso de que una anotaci\u00f3n no prorrogada y modificada por otra u otras posteriores alcance su plazo de vigencia, caducar\u00e1 de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 LH<\/a> de la Ley Hipotecaria sin perjuicio de la subsistencia de las anotaciones posteriores y de los efectos que, en su caso, deban producir (R. 3 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 4 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 5 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 6 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 8 de Septiembre de 2008<\/a>, R. 9 de Septiembre de 2003<\/a>, y R. 27 de junio de 2013<\/a>, y R. 29 de junio de 2013<\/a>)\u2026\u201d<\/p>\n

      III<\/strong>. \u00bfMientras est\u00e9 vigente la anotaci\u00f3n letra B, que rango tiene la letra C que la modifica<\/span>? durante la vigencia de la inicial anotaci\u00f3n de embargo a la que modificaba, la anotaci\u00f3n posterior de modificaci\u00f3n disfruta del rango que aquella tiene por raz\u00f3n de su fecha (R. 14 de julio de 2011<\/a> por todas)<\/p>\n

      IV<\/strong>. \u00bfQu\u00e9 rango tiene la anotaci\u00f3n letra C una vez caducada la letra B<\/span>? producida la caducidad de la anotaci\u00f3n modificada, la de modificaci\u00f3n queda sujeta a su propio rango por raz\u00f3n de su propia fecha.<\/p>\n

      Dice la DGRN:<\/p>\n

      1<\/strong>. En el caso de que una anotaci\u00f3n no prorrogada y modificada por otra u otras posteriores alcance su plazo de vigencia, caducar\u00e1 de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Ley Hipotecaria sin perjuicio de la subsistencia de las anotaciones posteriores y de los efectos que, en su caso, deban producir ( 3 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 4 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 5 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 6 de Septiembre de 2003<\/a>, R. 8 de Septiembre de 2008<\/a>, R. 9 de Septiembre de 2003<\/a>, y R. 27 de junio de 2013<\/a>, y R. 29 de junio de 2013<\/a>)\u2026\u201d<\/p>\n

      \u00a02.<\/strong> Si durante la vigencia de la anotaci\u00f3n de embargo a la que modificaba, la anotaci\u00f3n posterior de modificaci\u00f3n disfrutaba del rango que aquella ostentaba por raz\u00f3n de su fecha (R. 14 de julio de 2011<\/a> por todas), producida la caducidad de la anotaci\u00f3n modificada es obvio que la de modificaci\u00f3n queda sujeta a su propio rango por raz\u00f3n de su propia fecha. (JAR)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1679 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 160 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

      <\/a><\/p>\n<\/a>

      29.\u00a0AMPLIACI\u00d3N DE OBRA NUEVA ANTIGUA. DERECHO TRANSITORIO. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      Resoluci\u00f3n de 15 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Villena, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una declaraci\u00f3n de ampliaci\u00f3n de obra nueva.<\/p>\n

      Supuesto de hecho.\u00a0<\/strong>Se autoriza escritura de declaraci\u00f3n de obra nueva por antig\u00fcedad plante\u00e1ndose la siguiente situaci\u00f3n: La edificaci\u00f3n fue concluida<\/strong>, seg\u00fan resulta del certificado t\u00e9cnico acreditativo de su antig\u00fcedad, durante la vigencia de la Ley urban\u00edstica valenciana de 2005, que se\u00f1alaba un plazo de prescripci\u00f3n de cuatro a\u00f1os<\/strong> para las obras sin licencia. Sin embargo, al tiempo de la escritura y de la inscripci\u00f3n<\/strong> ya est\u00e1 en vigor la Ley 5\/2014, de 25 de julio<\/a>, de Ordenaci\u00f3n del territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (vigencia desde 20 de agosto de 2014), que amplia el plazo de prescripci\u00f3n de cuatro a quince a\u00f1os<\/strong>, con lo que, de aplicarse esta \u00faltima norma, no ser\u00eda posible dicha escrituraci\u00f3n e inscripci\u00f3n.<\/p>\n

      Doctrina de la DGRN.\u00a0<\/strong>La doctrina general de este Centro Directivo es clara y consolidada en este aspecto: \u00abEn relaci\u00f3n con la eficacia temporal de las normas en esta materia, hay que recordar que, (\u2026) en materia de inscripci\u00f3n de actos o negocios jur\u00eddicos regulados por las normas urban\u00edsticas de trascendencia inmobiliaria, el registrador debe basar su calificaci\u00f3n, no s\u00f3lo en la legalidad intr\u00ednseca de los mismos, sino tambi\u00e9n en las exigencias especiales que las normas exigen para su documentaci\u00f3n p\u00fablica e inscripci\u00f3n registral. Son en consecuencia las sucesivas redacciones legales en la materia… las que ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n a los documentos otorgados durante sus respectivos per\u00edodos de vigencia, aunque las correspondientes obras se hayan ejecutado en un momento anterior<\/strong><\/em>. Siendo ello as\u00ed y estando vigente el Real Decreto Legislativo 2\/2008, de 20 de junio, en el momento del otorgamiento de la escritura calificada (\u2026), dicho texto legal deber\u00e1 ser el canon normativo que se aplique para dilucidar la cuesti\u00f3n de fondo planteada (\u2026)\u00bb (cfr. Resoluci\u00f3n de 11 de marzo de 2014<\/a>)<\/p>\n

      Esta regla general, sin embargo, sufre evidentes limitaciones en determinados \u00e1mbitos normativos, para evitar, entre otras consecuencias, la posible aplicaci\u00f3n de un r\u00e9gimen sancionador a una infracci\u00f3n cometida antes de su entrada en vigor. Por eso hay que aclarar que \u2013tal y como se recoge en la mencionada Resoluci\u00f3n de 11 de marzo de 2014\u2013 esta doctrina general no puede resultar de aplicaci\u00f3n en relaci\u00f3n al \u00e1mbito sancionador<\/strong><\/em> de la normativa urban\u00edstica cuando el per\u00edodo se\u00f1alado para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n correspondiente ya se ha cumplido en su totalidad al tiempo de entrar en vigor la nueva norma<\/strong><\/em>. Revoca, pes, la nota, al haber transcurrido la integridad del plazo de cuatro a\u00f1os cuando entr\u00f3\u00a0en vigor la nueva disposici\u00f3n\u00a0<\/p>\n

      Comentario.\u00a0<\/strong>La regla general es que la norma urban\u00edstica vigente al tiempo de otorgar la escritura de obra nueva es la que resulta aplicable a los efectos de escrituraci\u00f3n e inscripci\u00f3n. Sin embargo, la DGRN combina su criterio reiterado de aplicar la normativa en vigor al tiempo de la escrituraci\u00f3n con un elemento corrector, para evitar que se vulnere el principio constitucional\u00a0\u00a0de no retroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Tal vulneraci\u00f3n se dar\u00eda en el caso presente si se aplicara el plazo de prescripci\u00f3n de quince a\u00f1os a la obra nueva declarada despu\u00e9s de haber transcurrido los cuatro a\u00f1os previstos por la ley que estaba en vigor al tiempo de la finalizaci\u00f3n de la construcci\u00f3n.\u00a0(JAR)<\/p>\n

      \n

      PDF (BOE-A-2015-1680 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 189 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

      <\/a><\/p>\n<\/a>

      30. COMPRAVENTA. SEGURO DECENAL.\u00a0OBRA NUEVA AUTOPROMOVIDA. ACREDITACI\u00d3N DEL USO COMO VIVIENDA PROPIA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      Resoluci\u00f3n de 16 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Alcal\u00e1 la Real a la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa.<\/p>\n

      Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

      El autopromotor de vivienda unifamiliar, que por reunir los requisitos legalmente previstos estuvo dispensado de contratar el seguro decenal para escriturar e inscribir la obra nueva, la vende antes de transcurrir diez a\u00f1os desde su declaraci\u00f3n. El comprador le dispensa de la obligaci\u00f3n de concertar el seguro decenal por el tiempo que falte hasta los diez a\u00f1os, y presenta el autorpromotor unos recibos de suministro el\u00e9ctrico para justificar el uso propio exigido por la Ley.<\/p>\n

      Doctrina de la DGRN<\/strong>.<\/p>\n

      1. \u00bfBasta con los recibos de suministro el\u00e9ctrico para entender probado el requisito del uso propio de la vivienda construida? NO<\/strong>.<\/p>\n

      Las facturas de suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica, que puede deberse a la utilizaci\u00f3n por un tercero en virtud de un contrato de cesi\u00f3n por cualquier t\u00edtulo como puede ser un arrendamiento, un derecho de usufructo o la simple posesi\u00f3n, por lo que no constituye medio de prueba adecuado para probar tal extremo. Para acreditar uso el propio de la vivienda por el autopromotor vendedor no bastan las facturas de electricidad. Se necesita acta de notoriedad, empadronamiento o prueba similar<\/strong>.<\/p>\n

      2. Regla general:<\/strong> Todo promotor de edificio destinado principalmente a viviendas est\u00e1 obligado a contratar un seguro decenal de da\u00f1os en los t\u00e9rminos previstos en el art. 19.1 c)\u00a0de la Ley 38\/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci\u00f3n de la Edificaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n

      3. Excepci\u00f3n:<\/strong> La Disp. Adicional segunda<\/a> de la Ley excepciona dicha seguro de cauci\u00f3n en el supuesto de autopromotor individual de \u00fanica vivienda familiar para uso propio (seg\u00fan la redacci\u00f3n incorporada por la Ley 53\/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).<\/p>\n

      4. Contra Excepci\u00f3n.<\/strong> Venta por autopromotor: Si el autopromotor transmite inter vivos \u00a0la vivienda unifamiliar dentro de los diez a\u00f1os siguientes a la declaraci\u00f3n de obra nueva, est\u00e1 obligado, salvo pacto en contrario, a contratar el seguro por el tiempo que reste para completar los diez a\u00f1os. A estos efectos, no se autorizar\u00e1n ni inscribir\u00e1n en el Registro de la Propiedad escrituras p\u00fablicas de transmisi\u00f3n \u00abinter vivos\u00bb sin que se acredite y testimonie la constituci\u00f3n de la referida garant\u00eda, salvo que el autopromotor, que deber\u00e1 acreditar haber utilizado la vivienda<\/strong>, fuese expresamente exonerado<\/strong> por el adquirente de la constituci\u00f3n de la misma\u00bb. \u00a0(JAR)<\/p>\n

      \n

      PDF (BOE-A-2015-1681 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 179 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

      <\/a><\/p>\n<\/a>

      31.<\/strong>\u00a0NEGATIVA A PRACTICAR ASIENTO DE PRESENTACI\u00d3N…<\/strong><\/span><\/h6>\n

      DE DOCUMENTO QUE SOLICITA LA NULIDAD DE UNA INSCRIPCI\u00d3N. NO CABE EL RECURSO CONTRA ASIENTOS YA PRACTICADOS. <\/strong><\/p>\n

      Resoluci\u00f3n de 19 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almansa a practicar un asiento de presentaci\u00f3n.<\/p>\n

      Se presenta instancia solicitando la anulaci\u00f3n de dos inscripciones.<\/p>\n

      La Registradora la inadmite sin extender asiento de presentaci\u00f3n. El interesado recurre.<\/p>\n

      La Direcci\u00f3n<\/strong> reitera su doctrina seg\u00fan la cual el objeto del recurso es decidir si la calificaci\u00f3n denegatoria es adecuada a Derecho, no siendo posible admitir otra pretensi\u00f3n como la validez o no del t\u00edtulo inscrito o la procedencia o no de la pr\u00e1ctica de una inscripci\u00f3n ya efectuada: Una vez practicado un asiento se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud por los tribunales o se acepte por el titular del derecho inscrito su rectificaci\u00f3n (arts 1,<\/a> 38<\/a>, 40<\/a>, 82 y 83<\/a> LH). (MN)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1866 – 2 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 147 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/span><\/p>\n

      <\/a><\/p>\n<\/a>

      32. LEGITIMACI\u00d3N PARA RECURRIR. HIPOTECA SIN CONSTANCIA DE DOMICILIO Y VALOR DE TASACI\u00d3N. IUS DISTRAHENDI. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      Resoluci\u00f3n de 19 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.\u00ba 5, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de pr\u00e9stamo hipotecario.<\/p>\n

      Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que, en lo relativo a la ejecuci\u00f3n de la hipoteca, se hace una menci\u00f3n gen\u00e9rica a la posibilidad del acreedor de acudir a la v\u00eda judicial pero no se se\u00f1ala ni un valor para subasta, ni un domicilio para notificaciones porque no se pacta la v\u00eda de ejecuci\u00f3n judicial directa, ni la extrajudicial.<\/p>\n

      El registrador<\/strong>\u00a0suspende la inscripci\u00f3n pues considera que dichos requisitos (valor para subasta y domicilio para notificaciones) son imprescindibles para inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n

      En cuanto al interesado recurrente que se dir\u00e1 alega que no tiene facultades expresas para recurrir, por lo que no le considera legitimado para ello.<\/p>\n

      El interesado<\/strong>, es decir la entidad bancaria (La Caixa), por medio de un sub apoderado, (una gestor\u00eda), recurre y alega que dichos requisitos son exigibles solamente para el caso de ejecuci\u00f3n directa de la hipoteca \u00a0o de la extrajudicial y ninguna de las dos v\u00edas se ha pactado, y que se prev\u00e9 en cambio que \u00a0el acreedor hipotecario pueda acudir a \u00a0la v\u00eda \u00a0ejecutiva ordinaria o a la declarativa, tal como resulta de la escritura.<\/p>\n

      La DGRN<\/strong> estima el recurso.<\/p>\n

      En cuanto a la legitimaci\u00f3n del recurrente<\/strong> para presentar el recurso, entiende la DGRN que no se requiere una facultad expresa de presentar recursos, sino que es bastante el poder redactado en t\u00e9rminos m\u00e1s gen\u00e9ricos. Recuerda tambi\u00e9n que no estamos ante un recurso interpuesto por el mero presentador del documento, que no tiene legitimaci\u00f3n para recurrir, \u00a0sino por un apoderado del acreedor (una gestor\u00eda) que tiene facultades para presentar la escritura y realizar todos los tr\u00e1mites hasta su inscripci\u00f3n.<\/p>\n

      En cuanto al fondo del asunto, declara\u00a0 que es doctrina reiterada de la DGRN que el acceso por el acreedor a la v\u00eda de ejecuci\u00f3n directa (art\u00edculo 681 LEC<\/a>) o a la extrajudicial \u00a0(Art\u00edculo 129 LH)<\/a> en ejercicio del \u201cius distrahendi\u201d requiere de estos dos requisitos (valor de subasta y domicilio), pero que dichas v\u00edas son voluntarias, no obligatorias<\/strong>, por lo que la falta\u00a0 de dichos requisitos no impide la inscripci\u00f3n de la hipoteca en el Registro de la Propiedad. El acreedor, con independencia de las v\u00edas anteriores, \u00a0puede ejecutar en todo caso la hipoteca por la v\u00eda ejecutiva ordinaria (art\u00edculo 636 y ss LEC)<\/a> , o incluso acudir a \u00a0la v\u00eda del juicio declarativo. (AFS)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1867 – 7 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 186 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/span><\/p>\n

      <\/a><\/p>\n<\/a>

      33. FUSI\u00d3N POR ABSORCI\u00d3N SIN ACUERDO DE JUNTA. <\/strong><\/strong><\/span><\/h6>\n

      PUBLICACIONES NECESARIAS: SOLO UNA.\u00a0<\/strong><\/strong><\/span>Resoluci\u00f3n de 19 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles III de Madrid, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura p\u00fablica de fusi\u00f3n por absorci\u00f3n.<\/p>\n

      Hechos:<\/strong> Se trata de una fusi\u00f3n realizada al amparo del art. 51 de la Ley 3\/2009<\/strong> de sociedad participada en m\u00e1s del 90%, en este caso era del 100%, y por tanto sin necesidad de que se celebre junta general<\/strong> de ninguna de las sociedades participantes en la fusi\u00f3n.<\/p>\n

      \u00a0El registrador, en una muy extensa y documentada nota que resumimos, opone tres defectos a la inscripci\u00f3n:<\/p>\n

      1\u00ba. Falta la nota de inexistencia de obst\u00e1culos registrales<\/strong> para la fusi\u00f3n pues la absorbida pertenece a otro registro. Art. 231.1 del RRM.<\/p>\n

      2\u00ba. El proyecto de fusi\u00f3n debe ser publicado en la web de la sociedad<\/strong>, pues dicha web consta inscrita, y por tanto es insuficiente la publicaci\u00f3n que se hace en el BORME.<\/p>\n

      3\u00ba. Considera necesario que el proyecto de fusi\u00f3n se publique<\/strong>, no s\u00f3lo en un diario de gran circulaci\u00f3n sino tambi\u00e9n en el Bolet\u00edn Oficial del Registro Mercantil<\/strong>.<\/p>\n

      Se pide calificaci\u00f3n sustitutoria<\/strong> y el registrador sustituto revoca los dos primeros defectos<\/strong> y confirma el tercero.<\/p>\n

      El notario recurre pues en su opini\u00f3n el art\u00edculo 51 es preferente al art\u00edculo 43 y por tanto s\u00f3lo proceden las publicaciones previstas en el primero que son o en el web de la sociedad, en el\u00a0\u00a0 Borme o en un diario y por tanto s\u00f3lo una publicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

      Doctrina:<\/strong> La DG revoca la nota de calificaci\u00f3n<\/strong> en el \u00fanico defecto subsistente.<\/p>\n

      Para la DG el acto negocial que implica la fusi\u00f3n no se articula en el caso del art\u00edculo 51 de la LMESM en torno a los acuerdos de las respectivas juntas de socios sino en base a la acci\u00f3n de los \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/strong> de las sociedades participantes quienes mediante un acto de gesti\u00f3n<\/strong>, culminan el proceso negocial. Por tanto si no hay acuerdo de las\u00a0 juntas de las sociedades participantes en la fusi\u00f3n<\/strong>, no ser\u00e1 aplicable el art. 43 de la LMESM y para entender cumplido los requisitos de publicidad con relaci\u00f3n a los acreedores bastar\u00e1 con \u201cla necesaria publicaci\u00f3n del proyecto de fusi\u00f3n en las respectivas p\u00e1ginas web de las sociedades participantes y si \u00e9stas no existieran mediante su publicaci\u00f3n \u00aben el \u00abBolet\u00edn Oficial del Registro Mercantil\u00bb o en uno de los diarios de gran circulaci\u00f3n en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio\u00bb, con el contenido que especifica el propio precepto que necesariamente ha de comprender \u00abel derecho de los acreedores de esa sociedad a oponerse a la fusi\u00f3n en el plazo de un mes desde la publicaci\u00f3n del proyecto en los t\u00e9rminos establecidos en esta Ley\u00bb. En definitiva que como sigue diciendo el CD en estos casos se refuerzan<\/strong> \u201clos mecanismos de publicidad del proyecto com\u00fan de fusi\u00f3n haciendo de ese momento el inicial a partir del cual pueden los acreedores ejercitar su derecho de oposici\u00f3n<\/strong>\u201d. \u00a0As\u00ed concluye que \u201cen el caso de que la sociedad disponga de p\u00e1gina web la publicaci\u00f3n del proyecto de fusi\u00f3n se completa con la publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Registro Mercantil\u00bb del hecho de la inserci\u00f3n. Si la sociedad carece de p\u00e1gina web, el r\u00e9gimen general de dep\u00f3sito en el Registro Mercantil del proyecto de fusi\u00f3n y publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Registro Mercantil\u00bb del hecho del dep\u00f3sito se completa con la necesaria publicaci\u00f3n del proyecto en el propio \u00abBolet\u00edn Oficial del Registro Mercantil\u00bb o en un diario de gran circulaci\u00f3n (confr\u00f3ntense los art\u00edculos 32 y 51 de la Ley)\u201d.<\/p>\n

      Finalmente precisa, porque el art\u00edculo 51 no es excesivamente claro en este punto, que \u201cel p\u00e1rrafo segundo del apartado primero del art\u00edculo 51 debe interpretarse pues en el sentido de que el anuncio<\/strong> a que el mismo se refiere debe hacer referencia al derecho de oposici\u00f3n de los acreedores de las sociedades involucradas pues todos ellos son titulares del derecho de oposici\u00f3n<\/strong> (como lo son del derecho de informaci\u00f3n; confr\u00f3ntese con el p\u00e1rrafo primero de dicho apartado).<\/p>\n

      Comentario:<\/strong> Creemos que la finalidad<\/strong> de esta resoluci\u00f3n se enmarca en la tendencia de nuestras leyes mercantiles, en seguimiento de las Directivas comunitarias, de simplificar y abaratar<\/strong> el coste de todas las operaciones de reestructuraci\u00f3n de sociedades por estimar que dichas operaciones son beneficiosas para la econom\u00eda en general, al incrementar la competitividad de las empresas o solucionar crisis empresariales. De todas formas la doctrina es solamente aplicable al caso contemplado en la propia resoluci\u00f3n<\/strong>, es decir al caso de sociedad \u00edntegramente participada, pues si fuera necesario celebrar juntas generales en las sociedades absorbidas ser\u00e1 necesario en todo caso dar cumplimiento al art\u00edculo 43 de la LMESM pues en ese caso s\u00ed existe acuerdo que parece ser lo decisivo para la DG a la hora de revocar la calificaci\u00f3n registral.<\/p>\n

      Hubiera sido interesante conocer las razones que llevaron a la registradora sustituta a la revocaci\u00f3n de los dos primeros defectos. El primero parece claro pues es de suponer que en el curso del recurso se acreditara su cumplimiento, pero el segundo es de m\u00e1s enjundia y su revocaci\u00f3n debi\u00f3 estar bien fundamentada, pues seg\u00fan los t\u00e9rminos literales del art\u00edculo 51 s\u00f3lo puede prescindirse de la publicaci\u00f3n en la web en el caso de que la misma no exista. (JAGV)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1868 – 9 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 202 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/span><\/a><\/p>\n

      <\/a><\/p>\n<\/a>

      34.- DONACI\u00d3N POR UNA SOCIEDAD LIMITADA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      Resoluci\u00f3n de 20 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de La Orotava a inscribir una escritura de donaci\u00f3n otorgada por una sociedad.<\/p>\n

      Hechos<\/strong>: Se formaliza una escritura en la que una Mercantil Limitada Unipersonal (con socio y administrador \u00fanico) y cuyo objeto es la actividad inmobiliaria, dona tres inmuebles a una persona f\u00edsica.<\/p>\n

      Registrador<\/strong>: Deniega la inscripci\u00f3n de dicha escritura, alegando que las sociedades mercantiles se constituyen con af\u00e1n de lucro o intenci\u00f3n de obtener un beneficio para realizar la actividad o actividades que se determinan por su objeto social, por lo que es incompatible que realice un acto jco gratuito,<\/strong> ya que ir\u00eda en contra del objeto para el que fue constituida.<\/p>\n

      El registrador sustituto<\/strong> insiste en el argumento anterior, aunque admite que un sector doctrinal estima que una sociedad puede realizar actos aislados de donaci\u00f3n, pero s\u00f3lo en dos casos: donaciones con car\u00e1cter social o que indirectamente reporten un beneficio a la sociedad.<\/p>\n

      Notario<\/strong>: Argumenta que el C.com. parti\u00f3 de atribuir a las sociedades la mercantilidad, por el objeto y no por la forma, pero tal criterio objetivo est\u00e1 hoy abandonado, por cuanto las sociedades son mercantiles por su forma y no por el objeto a que se dedican, por lo que no es estrictamente necesario que, para que una sociedad se califique como mercantil, tenga por finalidad un lucro, sino que puede ser que la actividad societaria tenga una finalidad de mecenazgo o su soporte sea de tipo cultural, humanitario, deportivo o social<\/strong>. Que el registrador confunde la forma de la sociedad con la finalidad u objeto social, ya que el \u00e1nimo de lucro no es elemento esencial de las sociedades an\u00f3nimas o limitadas. Que la donaci\u00f3n por una sociedad es compatible con su objeto, ya que \u00e9sta puede ser un acto aislado, sin que el objeto social limite su capacidad de obrar. Y por otro parece necesario para la donaci\u00f3n, un acuerdo de la junta general, aunque lo que aqu\u00ed ocurre es que estamos ante una sociedad unipersonal, y el acuerdo se ha tomado por el socio \u00fanico que es tambi\u00e9n el administrador \u00fanico que hizo la donaci\u00f3n.<\/p>\n

      Doctrina de la Direcci\u00f3n General<\/strong>: – Apoy\u00e1ndose en una sentencia del TS de 29 de noviembre de 2007<\/a>\u00a0(en la que se admiti\u00f3 la donaci\u00f3n por una SA de su principal activo patrimonial, con disoluci\u00f3n de la misma, a favor de terminada fundaci\u00f3n) y en el art\u00edculo 93 de la LSC<\/a>\u00a0que establece como derecho de los socios el de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidaci\u00f3n, la DG estima, en primer lugar, que no se pueden llevar a efecto donaciones con cargo al patrimonio social que ser\u00edan contrarias al fin lucrativo, en perjuicio de los dchos individuales del socio, salvo que se verifiquen mediante acuerdo un\u00e1nime y a cargo de reservas de libre disposici\u00f3n<\/strong>, lo que no es obst\u00e1culo para la realizaci\u00f3n de actos que signifiquen transmisi\u00f3n o enajenaci\u00f3n, a t\u00edtulo lucrativo, para alcanzar determinados fines estrat\u00e9gicos o cumplimiento de fines \u00e9ticos, culturales o altruistas, que no violen dicho precepto.<\/p>\n

      – En la actualidad la adopci\u00f3n de un tipo de sociedad an\u00f3nima o limitada es s\u00f3lo una t\u00e9cnica organizativa, dada su funcionalidad y la mercantilidad de las mismas<\/strong> (cualquiera que sea su objeto). Por tanto hay sociedades de capital que carecen de base empresarial y \u00e1nimo de lucro, ya que prevalece en ellas su elemento estructural u organizativo y no el fin perseguido<\/strong>.<\/p>\n

      – Aunque se trata de sociedades con objeto lucrativo, debe tenerse en cuenta la capacidad general de la sociedad para realizar actos jcos, <\/strong>salvo aquellos que por su naturaleza o por estar en contradicci\u00f3n con las disposiciones legales no pueda ejercitar.<\/p>\n

      – Seg\u00fan las del TS de 29 julio de 2010, nuestro sistema parte de la plena capacidad jca y de obrar de las sociedades mercantiles, que sin perjuicio de las responsabilidades de los gestores, pueden desplegar actividades estatutarias, como neutras y extraestatutarias, incluso aunque sean ajenas al objeto social.<\/strong> Capacidad que no se limita por el art 234 de la LSC <\/a>(la representaci\u00f3n de los administradores se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social), por lo que los administradores tienen facultades para vincular inderogables para vincular a la sociedad con terceros.<\/p>\n

      – Hay que distinguir entre el objeto social y los actos aislados que, aunque se otorguen con car\u00e1cter de liberalidad<\/strong>, pueden admitirse (as\u00ed regalos de propaganda) porque benefician a la sociedad o son gastos ordinarios o extraordinarios.<\/p>\n

      – No obstante la admisi\u00f3n de tales donaciones tienen como exigencia el cumplimiento de las normas imperativas sobre protecci\u00f3n del capital social, como cifra de garant\u00eda<\/strong>: as\u00ed acreditaci\u00f3n de la realidad de las aportaciones sociales en constituci\u00f3n o aumento de capital, prohibici\u00f3n de adquisici\u00f3n de la sociedad de sus propias acciones, reducci\u00f3n de capital con devoluci\u00f3n de aportaciones etc..<\/p>\n

      Por todo ello no puede afirmarse que, de la escritura calificada y de los asientos registrales, o de la relaci\u00f3n entre el valor de los bienes donados y el patrimonio social, la donaci\u00f3n cuestionada contradiga el objeto social<\/strong>\u00a0ni que se pueda descartar que un acto dispositivo a t\u00edtulo gratuito sea compatible con el objeto social.<\/strong><\/p>\n

      As\u00ed pues, revoca la nota de calificaci\u00f3n. (JLN)<\/p>\n

      Nota: Parece ser que el Centro Directivo hubiese considerado que no era suficiente la intervenci\u00f3n del Administrador \u00danico, sin Junta General, pero no se hab\u00eda puesto ese defecto en la nota.<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1869 – 8 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 190 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/span><\/a><\/p>\n

      \u00a0<\/a><\/p>\n<\/a>

      35.\u00a0<\/strong>EMBARGO \u00a0SOBRE LA CUOTA DE UN COMUNERO: <\/strong><\/span><\/h6>\n

      SEGREGACI\u00d3N Y EXTINCI\u00d3N DE CONDOMINIO CON LIBERACI\u00d3N DEL EMBARGO. <\/strong>Resoluci\u00f3n de 20 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Telde n.\u00ba 1 a inscribir una escritura de segregaci\u00f3n y extinci\u00f3n de comunidad con especificaci\u00f3n de cargas.<\/p>\n

      Una finca figura inscrita a favor de dos comuneros estando gravada la cuota de uno de ellos con un embargo a favor de la SS. Se presenta escritura de segregaci\u00f3n, adjudicando la finca segregada al otro comunero y solicitando que el embargo recaiga exclusivamente sobre el resto, de suerte que la finca segregada quede libre de cargas.<\/p>\n

      El Registrador<\/strong> entiende que para concretar la responsabilidad sobre una de las fincas es necesario el consentimiento de la SS.<\/p>\n

      La Direcci\u00f3n<\/strong> revoca la nota y reitera su doctrina recogida entre otros en la R de 20 de febrero de 2012<\/a> seg\u00fan la cual \u201cque dado que la existencia de una hipoteca no afecta a las facultades dispositivas del cond\u00f3mino, no precisa de su consentimiento para llevar a cabo la divisi\u00f3n y sin perjuicio de la salvaguarda de su derecho en los t\u00e9rminos previstos en el art 123 LH<\/a> cuando la carga afecta a toda la finca (R. de 4 de junio de 2003). Por el contrario cuando la carga afecta exclusivamente a una cuota, la divisi\u00f3n implica registralmente y en aplicaci\u00f3n del principio de subrogaci\u00f3n real, el arrastre de las cargas que pesaban sobre la cuota, a la finca adjudicada (R. de 27 de abril de 2000) por as\u00ed disponerlo el art. 399 CC<\/a>. De este modo se consigue un adecuado equilibrio entre los intereses de las distintas partes y se respeta tanto la facultad de divisi\u00f3n que corresponde a ambos cond\u00f3minos como la posici\u00f3n jur\u00eddica de los acreedores sin causar un perjuicio a quien no fue parte en los negocios constitutivos de las hipotecas inscritas ni fue responsable de las deudas que derivaron en el embargo de la cuota<\/em> \u201c. (MN)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1870 – 5 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 170 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/span><\/a><\/p>\n

      \u00a0<\/a><\/p>\n<\/a>

      36. HIPOTECA. CL\u00c1USULA DE INTERESES MORATORIOS. <\/strong><\/span><\/h6>\n

      PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. <\/strong>Resoluci\u00f3n de 21 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Mijas n.\u00ba 2, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de pr\u00e9stamo con constituci\u00f3n de hipoteca en garant\u00eda del mismo.<\/p>\n

      Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura de pr\u00e9stamo hipotecario (para adquisici\u00f3n de \u00a0vivienda habitual) en virtud de la cual se pacta un inter\u00e9s de demora de tres veces el inter\u00e9s legal del dinero (12%) y se establece un tipo m\u00e1ximo de demora a efectos hipotecarios (13,088%).<\/p>\n

      El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n porque considera que el tipo m\u00e1ximo a efectos hipotecarios debe especificar que s\u00f3lo ser\u00e1 aplicable siempre que no supere el de tres veces el inter\u00e9s legal del dinero.<\/p>\n

      El recurrente<\/strong> alega que dicho m\u00e1ximo se ha establecido ante la posibilidad de que el inter\u00e9s legal del dinero multiplicado por tres pueda exceder de dicho m\u00e1ximo, o bien la vivienda hipotecada deje de ser vivienda habitual.<\/p>\n

      La DGRN<\/strong> desestima el recurso pues considera que la cl\u00e1usula de intereses de demora garantizados con hipoteca, tal como est\u00e1 redactada, puede llegar a la confusi\u00f3n de entender que en el caso de ejecuci\u00f3n hipotecaria los intereses de demora garantizados lo sean con independencia del l\u00edmite de tres veces el inter\u00e9s legal del dinero. Por ello exige por el principio de especialidad que se especifique que no puede superar el l\u00edmite de 3 veces el inter\u00e9s legal del dinero, tal y como exige el registrador y establece el art\u00edculo 114, p\u00e1rrafo 3<\/a> LH.<\/p>\n

      COMENTARIO.-<\/strong>\u00a0 En la ejecuci\u00f3n hipotecaria hay que partir siempre de la base de que no se pueden reclamar m\u00e1s que los\u00a0 intereses (ordinarios o de demora) \u00a0devengados por el pr\u00e9stamo seg\u00fan lo pactado en la escritura, y que el inter\u00e9s m\u00e1ximo se\u00f1alado a efectos hipotecarios no tiene\u00a0 autonom\u00eda propia, sino que s\u00f3lo act\u00faa como tope, en su caso, de los devengados, frente a terceros o incluso entre partes, si as\u00ed se pacta.<\/p>\n

      Por tanto resulta poco comprensible la postura de la DGRN en esta Resoluci\u00f3n (que no es la primera en esta l\u00ednea) pues no cabe interpretar que en el \u00e1mbito hipotecario se puedan reclamar intereses (digamos al 13%)\u00a0 aunque no puedan reclamarse en el \u00e1mbito civil (digamos al 12%). Lo obvio, me parece, no hay que especificarlo.<\/p>\n

      La cl\u00e1usula concreta que rechaza la DGRN, adoptada por una gran entidad bancaria,\u00a0 aunque mejorable en su redacci\u00f3n, \u00a0ha sido inscrita\u00a0 y lo es cada d\u00eda en la totalidad de los Registros, salvo alguna excepci\u00f3n, \u00a0que no aprecian el defecto confirmado en la presente. (AFS)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1871 \u2013 9 p\u00e1gs. \u2013 206 KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

      37. <\/strong>LEGITIMACI\u00d3N PARA RECURRIR. HIPOTECA SIN CONSTANCIA DE DOMICILIO Y VALOR DE TASACI\u00d3N. IUS DISTRAHENDI.<\/strong> Resoluci\u00f3n de 21 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.\u00ba 5, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de pr\u00e9stamo hipotecario.<\/p>\n

      \u00cddem que \u00a0la n\u00famero 32 anterior. (AFS)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1872 – 7 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 187 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/span><\/a><\/p>\n

      \u00a0<\/a><\/p>\n<\/a>

      38. HIPOTECA. CL\u00c1USULA SUELO. EXPRESI\u00d3N MANUSCRITA HECHA POR EL REPRESENTANTE DEL DEUDOR.<\/span> <\/strong><\/h6>\n

      Resoluci\u00f3n de 22 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de C\u00f3rdoba n.\u00ba 2 a inscribir una escritura de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria.<\/p>\n

      El caso.-\u00a0\u00a0<\/strong> Do\u00f1a M. D. M. H., actuando en su propio nombre y derecho y adem\u00e1s en representaci\u00f3n de su esposo, don J. M. O. O., en virtud de escritura de poder especial otorgada a su favor el d\u00eda 9 mayo 2013, hipoteca una vivienda unifamiliar<\/strong>.<\/p>\n

      En dicha escritura despu\u00e9s de fijarse un diferencial de 0,250 puntos tanto para el \u00edndice de referencia adoptado como para el sustitutivo, se establece \u00absin que pueda resultar un tipo de inter\u00e9s nominal anual aplicable inferior al 0,1 por ciento<\/strong> ni superior al tipo m\u00e1ximo que se especifique\u2026\u00bb.<\/p>\n

      Se aporta, uni\u00e9ndose a la escritura, por parte de uno de los prestatarios, do\u00f1a M. D. M. H., el preceptivo manuscrito<\/strong> acerca del conocimiento de los riesgos de las cl\u00e1usulas suelo y techo, sin que conste incorporado el manuscrito correspondiente al otro prestatario.<\/p>\n

      Calificaci\u00f3n y recurso.-<\/strong><\/p>\n

      a) Se deniega<\/strong> la inscripci\u00f3n de la hipoteca porque no consta el manuscrito correspondiente al otro prestatario<\/strong>, ni la manifestaci\u00f3n del notario acerca de que exista incorporado a la matriz.<\/p>\n

      En la escritura interviene do\u00f1a M. D. M. H. en representaci\u00f3n de su esposo, pero ni <\/strong>del manuscrito que se acompa\u00f1a, ni de la propia escritura, se puede deducir que el poder alcance a la aseveraci\u00f3n relativa a la aceptaci\u00f3n a que el pr\u00e9stamo contenga un tipo m\u00ednimo de inter\u00e9s, <\/strong>y aun as\u00ed, dada la trascendencia de la manifestaci\u00f3n y los efectos que la falta de la misma tendr\u00eda sobre la aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula en cuesti\u00f3n, no cabe la intenci\u00f3n de manifestar o una mera interpretaci\u00f3n de la misma, sino todo lo contrario, una manifestaci\u00f3n expresa y personal<\/strong>. La DGRN confirma el defecto.<\/p>\n

      b) Se deniegan otros pactos, pero habi\u00e9ndose revocado por la registradora sustituta el segundo de los defectos de la nota de calificaci\u00f3n que se refer\u00eda a ello, conforme al art. 19 bis.5\u00ba LH, no cabe recurso contra ese segundo defecto puesto que ha devenido, a estos efectos, inexistente.<\/p>\n

      Doctrina sobre la cl\u00e1usula suelo y su calificaci\u00f3n por el Registrador.-<\/strong><\/p>\n

      La resoluci\u00f3n estudia primero la Ley 1\/2013, de 14 de mayo<\/a>, deteni\u00e9ndose en el car\u00e1cter gradual de su protecci\u00f3n, considera la expresi\u00f3n manuscrita<\/strong> del art. 6 una medida de protecci\u00f3n especialmente reforzada<\/strong>, al aplicarse a todos los pr\u00e9stamos hipotecarios que recaigan sobre vivienda, con independencia de su finalidad.<\/p>\n

      Luego estudia la cl\u00e1usula suelo a la luz de la STS 8 setiembre 2014 y la encuadra dentro de la contrataci\u00f3n bajo condiciones generales, que por su naturaleza y funci\u00f3n y por su incidencia en el trafico patrimonial se ha configurado jurisprudencialmente como un aut\u00e9ntico modo de contratar<\/strong> claramente diferenciado<\/strong> del contrato negociado regulado por nuestro C\u00f3digo Civil, con un r\u00e9gimen y presupuesto causal propio y espec\u00edfico que hace descansar su eficacia \u00faltima, no tanto en la estructura negocial del consentimiento del adherente<\/strong>, como en el cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes<\/span> de configuraci\u00f3n contractual<\/strong> en orden al equilibrio prestacional y a la comprensibilidad real de la reglamentaci\u00f3n predispuesta, en s\u00ed misma considerada.<\/p>\n

      En la contrataci\u00f3n con condiciones generales, es fundamental el control de transparencia, control de legalidad o de idoneidad que queda fuera del \u00e1mbito del contrato por negociaci\u00f3n y, por tanto, del plano derivado de los vicios del consentimiento<\/strong>, y no tiene por objeto el enjuiciamiento de la validez del consentimiento otorgado en aras de la celebraci\u00f3n del contrato, ni su interpretaci\u00f3n, sino, la materializaci\u00f3n o cumplimiento de este deber<\/strong> de transparencia en la propia reglamentaci\u00f3n predispuesta<\/p>\n

      La exigencia del consentimiento del art. 6<\/a>\u00a0de la citada Ley 1\/2013, constituye la materializaci\u00f3n de ese control [de transparencia y legalidad] mediante la suscripci\u00f3n el prestatario o por cada uno de los prestatarios en el caso de ser varios de un manuscrito que el notario debe recabar del prestatario, en el momento de la escritura en el que manifieste haber sido advertido<\/strong> de los riesgos derivados del contrato, si \u00e9ste incorpora cl\u00e1usulas suelo y techo; si lleva asociada la contrataci\u00f3n de instrumentos de cobertura del riesgo de tipos de inter\u00e9s, o si se concede en una o varias divisas.<\/p>\n

      Este control es independiente, aunque conjunto<\/strong> del comprendido en la Secci\u00f3n 4.\u00aa del Cap\u00edtulo II del T\u00edtulo III de la Orden EHA\/2899\/2011, de 28 de octubre<\/a>. Por ello se superpone<\/strong> el requisito de acompa\u00f1ar a la escritura una expresi\u00f3n manuscrita redactada por el prestatario, a la actuaci\u00f3n informativa del propio notario<\/strong>. Este documento se unir\u00e1 junto con otros documentos (oferta vinculante, tasaci\u00f3n, etc.), sin que el notario intervenga en el mismo.<\/p>\n

      En conclusi\u00f3n la redacci\u00f3n del manuscrito debe incardinarse dentro del \u00e1mbito propio del control de transparencia de la contrataci\u00f3n seriada, independientemente del consentimiento contractual<\/strong> del adherente plasmado en la escritura. La intenci\u00f3n del legislador es la de reforzar la prueba de la comprensi\u00f3n del deudor, con una expresi\u00f3n manuscrita <\/strong>que se une a la matriz de la escritura.<\/p>\n

      El registrador, en el ejercicio de la funci\u00f3n calificadora<\/strong>, debe evaluar<\/strong> el cumplimiento de los requisitos de informaci\u00f3n precontractual<\/strong> establecidos, o que en el futuro se establezcan, y que afecten a deudas garantizadas con hipoteca en especial cuando \u00e9sta recaiga sobre la vivienda habitual del hipotecante, ya que la protecci\u00f3n al consumidor, que pretenden tanto la normativa como la jurisprudencia y doctrina se\u00f1aladas, alcanza a la totalidad del proceso de contrataci\u00f3n<\/strong> que culmina en la constituci\u00f3n de la hipoteca mediante su inscripci\u00f3n<\/strong> en el Registro de la Propiedad y que, como ya se ha expuesto, se inicia con la puesta a disposici\u00f3n del consumidor de la informaci\u00f3n<\/strong> suficiente para que \u00e9ste pueda analizar y conocer el alcance y las implicaciones del contrato que pretenda suscribir.<\/p>\n

      Aplicaci\u00f3n al caso concreto.-\u00a0<\/strong>En el caso de este expediente la exigencia de la expresi\u00f3n manuscrita deriva de la existencia de una cl\u00e1usula suelo<\/strong> y su elemento diferenciador<\/strong> es el estar representado<\/strong> en la escritura uno de los prestatarios. Lo que debe determinarse es<\/strong> si habi\u00e9ndose otorgado un poder para concertar un pr\u00e9stamo hipotecario, puede entenderse comprendida entre sus facultades la de la redacci\u00f3n en nombre del representado de la repetida manifestaci\u00f3n manuscrita<\/strong>.<\/p>\n

      Dirigi\u00e9ndose la exigencia de la manifestaci\u00f3n a aseverar la comprensi\u00f3n del contenido y consecuencias de la cl\u00e1usula<\/strong> por parte del prestatario y siendo esta capacidad de tipo personal<\/strong>, diferente para cada individuo<\/strong> y dependiente de distintos factores<\/strong> que afectan as\u00ed mismo a cada persona<\/strong>, s\u00f3lo podr\u00e1 ser cada interesado<\/strong> quien declare sobre su propio grado de comprensi\u00f3n. Esta condici\u00f3n personal de tal declaraci\u00f3n viene reforzada por la exigibilidad de manuscrito, por lo que no puede inferirse que sea posible su emisi\u00f3n por representante<\/strong><\/span>, fuera, obviamente, de los casos de representaci\u00f3n legal en los que precisamente se suple la falta de capacidad del representado.<\/p>\n

      Es cierto, como dice el recurrente, que tampoco se puede configurar a priori como un acto personal\u00edsimo<\/strong>, por lo que podr\u00eda admitirse la posibilidad de que el poder contuviera un mandato expreso<\/strong> al respecto autorizando la contrataci\u00f3n de una hipoteca aun cuando contuviera el tipo de cl\u00e1usulas a que se refiere el art\u00edculo 6 de la Ley 1\/2013, cuyo alcance, no obstante, deber\u00eda admitir conocer y comprender el poderdante<\/strong> para que de este modo no se eluda indirectamente el requisito legal de la manifestaci\u00f3n manuscrita.<\/p>\n

      Pero, en el caso de este expediente, tal mandato ni se extrae del contenido de la escritura, ni pudo resultar del poder<\/strong>, ya que se otorg\u00f3 con anterioridad a la citada Ley, ni se infiere siquiera del manuscrito redactado por do\u00f1a M. D. M. H. en relaci\u00f3n, exclusivamente, a su persona sin referencia alguna a su calidad de representante. En consecuencia, la DGRN desestima el recurso y confirma la nota<\/strong> de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

      Comentario.-\u00a0<\/strong><\/p>\n

      Trat\u00e1ndose de una resoluci\u00f3n digna de aplauso por cuanto recoge la doctrina actual que distingue entre contrato por adhesi\u00f3n y por negociaci\u00f3n, nos resulta sin embargo algo contradictoria, pues aunque funda el control de transparencia fuera del \u00e1mbito de los vicios del consentimiento y sit\u00faa el contrato por adhesi\u00f3n en un r\u00e9gimen que descansa m\u00e1s en el cumplimiento por el predisponente de las obligaciones de informaci\u00f3n previa al contrato que en el consentimiento del adherente; sin embargo, considera que la transparencia tiene por objeto ilustrar a \u00e9ste y por tanto insiste en la comprensi\u00f3n subjetiva del mismo acerca de la carga jur\u00eddica y econ\u00f3mica de la cl\u00e1usula.<\/p>\n

      Este subjetivismo propicia una necesaria cognici\u00f3n personal del adherente que pone no ya el contrato sino la cl\u00e1usula en la \u00f3rbita de la negociaci\u00f3n y que pone la validez no del contrato sino de su contenido en el tradicional consentimiento singular que la nota de la imposici\u00f3n hab\u00eda eliminado de la definici\u00f3n legal de las condiciones generales.<\/p>\n

      Esta contradicci\u00f3n es evidente cuando se afirma que no puede inferirse que sea posible [la emisi\u00f3n de la expresi\u00f3n manuscrita] por representante y al mismo tiempo se afirma que tampoco se puede configurar a priori como un acto personal\u00edsimo.<\/p>\n

      La doctrina subjetiva tan contradictoriamente acogida, priva al r\u00e9gimen de la nulidad de las cl\u00e1usulas abusivas por falta de transparencia de los efectos \u00abultra partes\u00bb de las resoluciones que declaren la nulidad de las mismas.<\/p>\n

      Un ejemplo de los desastrosos efectos de esta posici\u00f3n est\u00e1 en el extraordinario aumento de litigiosidad<\/a> que, por marginar las soluciones colectivas, est\u00e1 teniendo lugar en punto a la nulidad de las cl\u00e1usulas suelo por abusivas a ra\u00edz de la STS 9 mayo 2013.<\/p>\n

      La carga enorme y extraordinaria que ello pone en las espaldas de los deudores contrasta con los postulados comunitarios que imponen a los estados habilitar procedimientos adecuados y eficaces para que cese el uso de las cl\u00e1usulas abusivas y asegurar que las personas consumidoras se vean libres de tales disposiciones sin necesidad de ir a pleito.<\/p>\n

      Creemos que todav\u00eda estamos a tiempo de alumbrar, antes que en el parto intervenga la fuerza de una sentencia europea, de alumbrar decimos, una doctrina m\u00e1s coherente con el car\u00e1cter objetivo de la contrataci\u00f3n masiva, que ponga el acento m\u00e1s que en el terreno subjetivo del saber individual del adherente en las consecuencias jur\u00eddicas del incumplimiento de los deberes de transparencia del predisponente.<\/p>\n

      El r\u00e9gimen de ese incumplimiento es bastante sencillo, m\u00e1s que exigir la ilustraci\u00f3n personal del adherente, que en ning\u00fan caso es da\u00f1osa, la protecci\u00f3n creemos que tiene que ir hacia la nulidad de la cl\u00e1usula no transparente o deficitaria de informaci\u00f3n por incumplimiento de las obligaciones de informaci\u00f3n previa al contrato del profesional predisponente.<\/p>\n

      La nulidad ha de ser s\u00f3lo en beneficio del adherente, sobre la base de un r\u00e9gimen semiimperativo, seg\u00fan el cual el incumplimiento del deber de transparencia determina, en beneficio de la persona consumidora, la nulidad de pleno derecho de la condici\u00f3n general que en el contrato por adhesi\u00f3n incorpore el contenido que debi\u00f3 ser informado.<\/p>\n

      Me parece esencial tener en cuenta que los preceptos de protecci\u00f3n de las personas consumidoras son no imperativos sino semiimperativos, es decir, establecidos a favor del consumidor y en contra del predisponente, para reequilibrar el poder negocial de las partes inicialmente desequilibrado en el mercado masivo.<\/p>\n

      La nulidad\u00a0s\u00f3lo puede ser en beneficio\u00a0para el consumidor: si la falta de informaci\u00f3n afecta a una cl\u00e1usula que establece una obligaci\u00f3n de la persona consumidora \u2013una cl\u00e1usula de intereses- hay nulidad y no puede integrarse \u2013parecido al art. 21.3.I LCCC-; si la informaci\u00f3n que se omite se refiere a un derecho o ventaja para el consumidor \u2013un plazo de garant\u00eda o de desistimiento por ejemplo- entonces el contrato se integra con la informaci\u00f3n precontractual omitida.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, mientras no se retire la cl\u00e1usula nula que establezca una obligaci\u00f3n o carga que pese sobre el consumidor o se integre el silencio perjudicial para el mismo, no se le puede poner en mora, conforme al tenor literal del art. 87.1 TRLGDCU, completados por el apartado o) Directiva 93\/13\/CEE y por el art. 85.5 TRLGDCU interpretados a la luz del \u00faltimo p\u00e1rrafo del art. 1100 CC.<\/p>\n

      Este r\u00e9gimen necesariamente disuasorio del abuso, no responde a una actitud de parte, no a favor de unos y en contra de otros, sino a la necesidad de que en lugar de monopolio y aprovechamiento sin competencia de las ventajas por la gran empresa predisponente, haya mercado para las condiciones generales y que sus leyes funcionen y mantengan a los adherentes como los verdaderos due\u00f1os de la concurrencia mercantil.\u00a0(CB)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-1873 – 9 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 201 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/span><\/a><\/p>\n

      \u00a0<\/a><\/p>\n<\/a>

      39.\u00a0DECISIONES DE SOCIO \u00daNICO: <\/strong><\/span><\/h6>\n

      SUS FACULTADES CERTIFICANTES Y DE ELEVACI\u00d3N A P\u00daBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. TRACTO SUCESIVO. <\/strong>Resoluci\u00f3n de 23 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n de la registradora mercantil y de bienes muebles II de Santa Cruz de Tenerife, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de adopci\u00f3n de acuerdos sociales relativos a cese y nombramiento de administrador, cambio de domicilio social y declaraci\u00f3n de cambio del socio \u00fanico.<\/p>\n

      Hechos:<\/strong> Se trata de una escritura otorgada por el nuevo socio \u00fanico de una sociedad y su administrador entrante<\/strong>, en la que entre otros acuerdos, que no hacen la caso,\u00a0 se toman los de cese y nombramiento de administrador \u00fanico de la sociedad. En la escritura se manifiesta que no se notifica el cese al anterior administrador<\/strong> de la sociedad pues\u00a0\u00a0 \u201cdicha notificaci\u00f3n solo es necesaria cuando se eleva a p\u00fablico dichos acuerdos por certificado, o por exhibici\u00f3n del libro de actas, y en este caso, se ha adoptado el acuerdo por junta con car\u00e1cter universal de socio \u00fanico<\/strong> y est\u00e1 acreditada la titularidad de la totalidad de las participaciones y se ha celebrado la junta ante notario.<\/p>\n

      La registradora suspende<\/strong> la inscripci\u00f3n pues estima que al ser el socio \u00fanico inscrito persona distinta del socio \u00fanico nuevo es necesario que \u201cel \u00f3rgano de administraci\u00f3n vigente e inscrito acredite que el compareciente<\/strong>, el nuevo socio \u00fanico, re\u00fane la totalidad del capital social<\/strong>. Seg\u00fan la inscripci\u00f3n primera del historial de la sociedad, el administrador inscrito es persona distinta del compareciente. Art\u00edculo 104 de la LSC y 108 y 109 del RRM. En definitiva parece que el defecto se concreta en que no se hace referencia a la constancia en el Libro Registro de Socios del nuevo socio \u00fanico y a la necesaria comparecencia en la escritura del anterior socio \u00fanico como persona con facultades certificantes y de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de los acuerdos sociales.<\/p>\n

      El notario recurre alegando en esencia que las decisiones \u201cse tomaron por el socio \u00fanico, que acredit\u00f3 su titularidad por compra de las participaciones al socio \u00fanico anterior en escritura notarial que se refleja en la escritura que se presenta a inscripci\u00f3n\u201d,\u00a0 que \u201cun administrador cesado nada puede certificar\u201d,\u00a0 que\u00a0 \u201clos efectos de la constancia en el Registro Mercantil de la identidad del socio \u00fanico son \u00fanicamente informativos o de publicidad, para salvar la responsabilidad de su patrimonio personal\u201d y que no existen problemas de tracto sucesivo como ha declarado la DGRN.<\/p>\n

      Doctrina:<\/strong> La DGRN revoca <\/strong>la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

      Centra el problema diciendo que la cuesti\u00f3n que se plantea es \u201csi puede acceder al Registro Mercantil una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de acuerdos sociales adoptados por la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada realizada por el socio \u00fanico no inscrito, sin la concurrencia del administrador inscrito que ha sido cesado en esa misma junta<\/strong>\u201d.<\/p>\n

      Reitera que\u00a0 en materia de socio \u00fanico \u201calgunos principios registrales como el de tracto sucesivo<\/strong> ha de ser objeto de interpretaci\u00f3n restrictiva<\/strong> y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes\u201d y \u201cpor ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situaci\u00f3n de unipersonalidad no puede constituir \u00f3bice alguno a la inscripci\u00f3n de acuerdos sociales adoptadas por el \u00f3rgano competente\u201d. A\u00f1ade que \u00a0\u201cen cuanto a la facultad de certificar las actas en las que se consignen las decisiones del socio \u00fanico, el art\u00edculo 109.3 establece un r\u00e9gimen distinto: le \u00abcorresponder\u00e1 a \u00e9ste o, en la forma dispuesta en el apartado 1, a los administradores de la sociedad con cargo vigente\u00bb. En consecuencia si se \u201caporta la referencia a la escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n de la totalidad de las participaciones que supon\u00edan el total capital de la sociedad, otorgada ante el mismo notario ante el que se celebra la junta universal\u201d estima que con ello se cumple la necesaria constancia en el Libro Registro de Socios, y concluye que \u201cla presunci\u00f3n de legitimidad y propiedad de las participaciones sociales, mientras no se desvirt\u00fae, est\u00e1 a favor del titular escriturario\u201d sobre la base de la nota que\u00a0 el notario, conforme al Art. 174.2 del RN debe poner en la escritura t\u00edtulo alegado para una nueva transmisi\u00f3n. En definitiva para la DG acredita la situaci\u00f3n de socios \u00fanico permite la inscripci\u00f3n de las decisiones que el mismo tome aunque dichas decisiones no tengan relaci\u00f3n con el contenido de la hoja de la sociedad.<\/p>\n

      Comentario:<\/strong> Nueva resoluci\u00f3n en la que se pone de manifiesto, otra vez,\u00a0 el esp\u00edritu interpretativo de la DG dirigido a la simplificaci\u00f3n<\/strong> de cargas administrativas a las empresas.<\/p>\n

      De la resoluci\u00f3n podemos extraer la siguiente doctrina:<\/p>\n

        \n
      1. Que toda escritura otorgada por socio \u00fanico, debidamente acreditada esa condici\u00f3n, puede tener acceso al registro aunque ese socio \u00fanico no conste inscrito, ni intervenga el administrador inscrito.<\/li>\n
      2. Que para la constancia de la unipersonalidad y por extensi\u00f3n para el cambio de socio \u00fanico o la p\u00e9rdida de la unipersonalidad, no es necesario el cumplimiento del art\u00edculo 174 o 203 del RRM en lo relativo al Libro de Socios o acciones nominativas. Es una situaci\u00f3n an\u00e1loga a la ya legalmente establecida para la sociedad limitada Nueva Empresa.<\/li>\n
      3. Que si un socio \u00fanico no inscrito<\/strong> toma decisiones y no acredita en la misma escritura dicha condici\u00f3n, sus decisiones no ser\u00e1n inscribibles<\/strong>. Estimamos que esta doctrina tambi\u00e9n es aplicable al caso de que la escritura o la certificaci\u00f3n est\u00e9 otorgadas o expedidas por administrador con facultades para ello y resulte de la certificaci\u00f3n que en la sociedad existe un \u00fanico socio.<\/li>\n
      4. El socio \u00fanico como tal s\u00f3lo puede tomar decisiones inscribibles<\/strong> si est\u00e1 inscrito o la unipersonalidad resulta del mismo t\u00edtulo.<\/li>\n
      5. Que si la sociedad ya era unipersonal el nuevo socio \u00fanico debe adquirir esa condici\u00f3n del que previamente estuviera inscrito<\/strong>, salvo que de la misma escritura y por documentos fehacientes se acrediten la sucesi\u00f3n de transmisiones que en su caso no accedieron al registro.<\/li>\n<\/ol>\n

        6. En suma la doctrina de la DGRN acerca del tracto sucesivo en materia de socio \u00fanico se matiza y si se trata de decisiones del mismo, el tracto sucesivo es de necesario cumplimiento pues dicho socio debe estar inscrito o poder inscribirse con el mismo t\u00edtulo presentado a inscripci\u00f3n. (JAGV)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2015-1874 – 6 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 174 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/a><\/p>\n<\/a>

        40. COMPRAVENTA PREVIA SEGREGACI\u00d3N. <\/strong><\/span><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 23 de enero de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.\u00ba 3, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa con una segregaci\u00f3n previa.<\/p>\n

        En 1968, A segrega de la finca X una porci\u00f3n que vende a B. Dicha escritura no se inscribi\u00f3.<\/p>\n

        En 1974, A vende \u00edntegramente la finca X a C, sin tener en cuenta la segregaci\u00f3n previa.<\/p>\n

        En 1975, A y C, conscientes del error cometido, aclaran escritura de 1974 en el sentido de indicar que en esta escritura no se tuvieron en cuenta ciertas segregaciones, por lo que al objeto de poder cumplir con estas segregaciones y compraventas realizadas con anterioridad, segregan de la finca X una porci\u00f3n de terreno que pasa a ser la registral Y.<\/p>\n

        \u00a0Ahora se presentan en el Registro de la Propiedad las tres citadas escrituras al objeto de inscribir a favor de B la inicial escritura de segregaci\u00f3n y compraventa rezagada.<\/p>\n

        \u00a0El registrador fundamenta su calificaci\u00f3n en que del documento que se presenta a inscripci\u00f3n, ni en el de segregaci\u00f3n ni aclaraci\u00f3n posterior que figuran inscritos, se detalla ni hacen referencia a las segregaciones y transmisiones que se realizaron; que en el documento que se presenta a inscripci\u00f3n se practica segregaci\u00f3n sobre la finca X y no sobre la Y.<\/p>\n

        \u00a0La DGRN confirma la calificaci\u00f3n registral negativa, diciendo que \u201cLa subsanaci\u00f3n de alguna de las escrituras mencionadas, con la concurrencia de sus respectivos titulares de las fincas afectadas, hubiese bastado para el ingreso en el Registro. Pero sin esas subsanaciones, falta una conexi\u00f3n entre el acto contenido en el documento objeto de este expediente y la escritura de segregaci\u00f3n inscrita y su aclaraci\u00f3n. Por lo tanto, se hace necesaria una aclaraci\u00f3n respecto de la finca Y, con el consentimiento de su titular, en el sentido de que la parcela del recurrente se encuentra incluida en \u00e9sta, a los efectos de su acceso al Registro\u201d. (JDR)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2015-1875 – 4 <\/span>p\u00e1gs.<\/span><\/abbr> – 160 <\/span>KB<\/span><\/abbr>)<\/span><\/a>\u00a0Otros formatos<\/span><\/a><\/p>\n

        \"Plaza<\/a>

        Plaza de la Paz de Haro (La Rioja)<\/p><\/div>\n

         <\/p>\n\n\n\n\n\n
        RESOLUCIONES POR MESES<\/strong><\/a><\/td>\nPOR VOCES PROPIEDAD<\/strong><\/a><\/td>\nPOR VOCES MERCANTIL<\/strong><\/a><\/td>\nCATALU\u00d1A<\/strong><\/a><\/td>\n<\/tr>\n
        CUADRO TEXTOS<\/a><\/strong><\/td>\nNORMAS 2002-2015<\/strong><\/a><\/td>\nNORMAS + DESTACADAS<\/strong><\/a><\/td>\nINFORME MENSUAL<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
        JURISPRUDENCIA FISCAL<\/strong><\/a><\/td>\nTRATADOS<\/strong><\/a><\/td>\nCASOS PR\u00c1CTICOS<\/strong><\/a><\/td>\nP\u00c1GINA PRINCIPAL<\/strong><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

         <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n

        <\/p>\n

        CL\u00c1USULA SUELO ACEPTADA POR EL REPRESENTANTE DEL DEUDOR<\/p>\n

        <\/b><\/p>\n

        <\/p>\n

        \"\"<\/CENTER><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n

        La expresi\u00f3n manuscrita no la puede realizar, salvo..
        \n        <\/p>\n

        Seguir leyendo…<\/h2>\n

        <\/strong><\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":2941,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[336,188],"tags":[557,411,746,747,739,559,555,603,385,340],"class_list":{"0":"post-2004","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-medidas-22-y-23","8":"category-por-meses","9":"tag-557","10":"tag-dgrn","11":"tag-direccion-general","12":"tag-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado","13":"tag-febrero","14":"tag-mercantil","15":"tag-notariado","16":"tag-propiedad","17":"tag-registros","18":"tag-resoluciones-2"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2004"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2004\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2941"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}