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JOAQU\u00cdN ZEJALBO MART\u00cdN,<\/h2>\nNOTARIO CON RESIDENCIA EN LUCENA (C\u00d3RDOBA)<\/h2>\n
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El pasado mi\u00e9rcoles, 23 de marzo de 2016<\/a>, se publicaron en el BOE, entre otras, dos Sentencias del Tribunal Constitucional cuyo contenido se puede sintetizar en el t\u00edtulo de estas notas arriba escrito. A su vez, la doctrina coincidente de ambos pronunciamientos est\u00e1 recogida en los\u00a0respectivos Fundamentos 4 y 5, que a continuaci\u00f3n se reproducen, destac\u00e1ndose en negrito los puntos m\u00e1s interesantes.<\/p>\n Sala Primera. Sentencia 25\/2016, de 15 de febrero de 2016.<\/strong> Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad 6245-2014. Planteada por la Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 6.1.1 c) de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15\/2002, de 23 de diciembre<\/a>, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales. L\u00edmites a la potestad tributaria de las Comunidades Aut\u00f3nomas: nulidad del precepto legal auton\u00f3mico que introduce un medio a aplicar en los procedimientos de comprobaci\u00f3n de valores no contemplado en la normativa estatal<\/strong> (STC 161\/2012). Transcribimos de dicha Sentencia el Fundamento de Derecho 4: \u00abEl Gobierno auton\u00f3mico sostiene, en defensa de la constitucionalidad de la norma cuestionada, que la comprobaci\u00f3n de valores es un acto de tr\u00e1mite del procedimiento de gesti\u00f3n tributaria y que el art. 41.2 de la Ley 21\/2001 reconoce a las Comunidades Aut\u00f3nomas \u2013y, por tanto, a la Regi\u00f3n de Murcia\u2013, competencia para \u00abregular los aspectos de gesti\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados.\u00a0<\/p>\n Ahora bien, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la comprobaci\u00f3n de valores no es un acto de tr\u00e1mite, como alega el Gobierno de la Comunidad Aut\u00f3noma, sino el acto resolutorio de un procedimiento tributario. En segundo t\u00e9rmino, como ya indicamos en la STC 161\/2012, FJ 7, a la que aluden todos los intervinientes en este proceso, la regla contenida en el art. 41.2 de la Ley 21\/2001 tiene como l\u00edmite, en el caso de la comprobaci\u00f3n de valores, lo dispuesto en el art. 47.1 a) de la misma Ley, que obliga a seguir en dicho procedimiento los \u00abmismos criterios que el Estado\u00bb.\u00a0<\/p>\n En la citada STC 161\/2012 resolvimos el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el art. 23.4, \u00faltimo p\u00e1rrafo, inciso final, de la Ley del Parlamento de Andaluc\u00eda 10\/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras. La norma impugnada regulaba el dictamen de peritos de la Administraci\u00f3n precisando los medios a emplear en el mismo y, en concreto, la posibilidad de que el perito aplicara el valor consignado en las declaraciones presentadas a efectos de liquidaci\u00f3n del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados por el pr\u00e9stamo hipotecario.\u00a0<\/p>\n En la mencionada STC 161\/2012 concluimos que la competencia que se reconoce a las Comunidades Aut\u00f3nomas para regular \u00ablos aspectos de gesti\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb (arts. 48.2 y 49.2 de la Ley 22\/2009, aplicable en el caso all\u00ed resuelto, cuyo contenido coincide con el del art. 41.2 de la Ley 21\/2001, aqu\u00ed aplicable) no puede suponer una modificaci\u00f3n de los medios de comprobaci\u00f3n de valores previstos en la normativa estatal, ya que la propia Ley de cesi\u00f3n obliga a las Comunidades Aut\u00f3nomas a sujetarse a los criterios del Estado [art. 55.1 a) de la Ley 22\/2009, coincidente con el art. 47.1 a) de la Ley 21\/2001].\u00a0<\/strong><\/p>\n En aquel pronunciamiento se\u00f1alamos, respecto de la norma andaluza enjuiciada, que \u00abdesvirt\u00faa, sin embargo, los criterios estatales, en concreto el dictamen de peritos, al que desprovee del car\u00e1cter independiente que tiene en la Ley General Tributaria. Adem\u00e1s, no hay que olvidar que esta ley es una \u2018verdadera norma de unificaci\u00f3n de criterios a cuyo trav\u00e9s se garantiza el m\u00ednimo de uniformidad imprescindible en los aspectos b\u00e1sicos del r\u00e9gimen tributario\u2019 (<\/strong>STC 66\/1998, de 18 de marzo, FJ 14), fundamental tambi\u00e9n \u2018para garantizar a los administrados un tratamiento com\u00fan ante las Administraciones p\u00fablicas\u2019 (STC 14\/1986, de 31 de enero, FJ 14), tratamiento de la expresada \u00edndole que quedar\u00eda conculcado en el supuesto de prevalecer el criterio que refleja el precepto de la Ley andaluza a que nos venimos refiriendo\u00bb (STC 161\/2012, FJ 7).\u00a0<\/p>\n En el presente caso no se modifica uno de los medios de comprobaci\u00f3n previstos en la Ley general tributaria; se va m\u00e1s all\u00e1, introduciendo ex novo un medio no recogido en dicha Ley<\/strong>. Debemos concluir que la norma auton\u00f3mica murciana que aqu\u00ed se valora excede el \u00e1mbito competencial establecido en la Ley de cesi\u00f3n de tributos. La extralimitaci\u00f3n se circunscribe temporalmente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 (fecha de entrada en vigor del precepto en cuesti\u00f3n) y el 30 de noviembre de 2006, ambos inclusive, dado que con efectos de 1 de diciembre de 2006 se incorpor\u00f3 a la Ley general tributaria el medio de comprobaci\u00f3n \u00abvalor asignado para la tasaci\u00f3n de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislaci\u00f3n hipotecaria\u00bb, desapareciendo as\u00ed el exceso de la Ley auton\u00f3mica respecto de la estatal.\u00bb<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0Pleno. Sentencia 33\/2016, de 18 de febrero de 2016<\/strong>. Recurso de inconstitucionalidad 5458-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relaci\u00f3n con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 12\/2014, de 22 de diciembre<\/a>, de medidas fiscales y administrativas. L\u00edmites de la potestad tributaria de las Comunidades Aut\u00f3nomas, competencias sobre minas: nulidad del precepto legal auton\u00f3mico relativo a los medios de comprobaci\u00f3n de valores en tributos cedidos (STC 161\/2012).<\/strong> La esencia de su doctrina est\u00e1 en el Fundamento de Derecho 5: \u00abConforme a la doctrina constitucional descrita -refiri\u00e9ndose a la Sentencia del TC, 161\/2012-\u00a0 el art. 57 LGT es, por la remisi\u00f3n que hace el art. 55.1 de la Ley 22\/2009 a los criterios de comprobaci\u00f3n de valores del Estado, el par\u00e1metro de contraste del precepto recurrido que habremos de usar en el enjuiciamiento de constitucionalidad que nos incumbe.\u00a0<\/p>\n La norma gallega recurrida admite como medio de comprobaci\u00f3n de valores en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados, ambos tributos cedidos a la Comunidad Aut\u00f3noma por la Ley 17\/2010, el de capitalizar el rendimiento al inter\u00e9s de demora<\/span> ex art. 26.6 LGT.<\/strong> El art. 57 LGT, en la letra a) de su apartado 1, dispone que \u00abel valor de [los] elementos determinantes de la obligaci\u00f3n tributaria podr\u00e1 ser comprobado por la Administraci\u00f3n tributaria mediante los siguientes medios: a) capitalizaci\u00f3n o imputaci\u00f3n de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo se\u00f1ale\u00bb. A esto hay que a\u00f1adir que las leyes estatales que disciplinan el impuesto sobre sucesiones y donaciones (Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones) y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados (Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados) no contienen regulaci\u00f3n alguna referida espec\u00edficamente a este m\u00e9todo de c\u00e1lculo del valor de los elementos determinantes de la obligaci\u00f3n tributaria, por no prever ni siquiera establecen el porcentaje al que se realizar\u00e1 la capitalizaci\u00f3n del rendimiento, limit\u00e1ndose a reenviar gen\u00e9ricamente al art. 52 LGT 1963 (sustituido por el art. 57 LGT 2003). Por todo ello, y contrariamente a la alegaci\u00f3n principal del Letrado de la Xunta de Galicia, constatamos que las respectivas leyes estatales que regulan estos dos tributos no contemplan este m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n de valores.\u00a0<\/strong><\/p>\n A partir del contenido normativo expuesto, la comparaci\u00f3n del precepto recurrido con el art. 57.1 a) LGT muestra que lo decisivo para determinar si la norma auton\u00f3mica encaja en el marco dise\u00f1ado por la estatal es la comprensi\u00f3n del enunciado \u00abley de cada tributo\u00bb presente en el art. 57.1 a) LGT<\/a><\/strong>. Esta es, como ya se ha dejado indicado, la cuesti\u00f3n en torno a la que gira la discrepancia de las partes. El Abogado del Estado considera que con esa locuci\u00f3n se alude a la Ley estatal que regula espec\u00edficamente cada tributo, mientras que las partes recurridas entienden que la finalidad del 57.1 a) LGT es simplemente evitar que la Administraci\u00f3n al usar este medio de valoraci\u00f3n pueda elegir el porcentaje de capitalizaci\u00f3n libremente, con lo que no ven obst\u00e1culo alguno para que esa expresi\u00f3n abarque tanto la Ley estatal como la Ley auton\u00f3mica, m\u00e1xime cuando los arts. 48.2 y 49.2 de la Ley 22\/2009 atribuyen a las Comunidades Aut\u00f3nomas facultades normativas en relaci\u00f3n a la gesti\u00f3n del impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados.\u00a0<\/p>\n El primer argumento a tener en cuenta es que, conforme se ha dejado transcrito, la STC 161\/2012, FJ 6, despu\u00e9s de afirmar que el art. 57.3 LGT se remite a su vez a la \u00ablegislaci\u00f3n de cada tributo\u00bb para la regulaci\u00f3n concreta de los medios de valoraci\u00f3n, examina exclusivamente las leyes estatales que disciplinan impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados, respectivamente el art. 18.1 de la Ley 29\/1987 y el art. 46.2 del Real Decreto Legislativo 1\/1993. Si la STC 161\/2012 entendi\u00f3 que cuando el art. 57.3 LGT utiliza la menci\u00f3n \u00abnormas de cada tributo\u00bb se refiere solo a las estatales con mayor motivo hay que entender que, por ser m\u00e1s restrictiva, la locuci\u00f3n \u00abley de cada tributo\u00bb ex art 57.1 a) LGT comprende de igual modo las leyes estatales \u00fanicamente.<\/strong>\u00a0<\/p>\n Avala tambi\u00e9n esta soluci\u00f3n un argumento referido de un modo singular al m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n que nos ocupa. La STC 161\/2012, FJ 7 recogiendo doctrina constitucional anterior, razon\u00f3 que \u00abno hay que olvidar que esta ley [la LGT] es una \u2018verdadera norma de unificaci\u00f3n de criterios a cuyo trav\u00e9s se garantiza el m\u00ednimo de uniformidad imprescindible en los aspectos b\u00e1sicos del r\u00e9gimen tributario\u2019 (STC 66\/1998, de 18 de marzo, FJ 14), fundamental tambi\u00e9n \u2018para garantizar a los administrados un tratamiento com\u00fan ante las Administraciones p\u00fablicas\u2019 (STC 14\/1986, de 31 de enero, FJ 14)\u00bb. Admitir que el enunciado \u00abley de cada tributo\u00bb recogido en el art. 57.1 a) LGT abarca las leyes auton\u00f3micas supondr\u00eda que \u00e9stas podr\u00edan respecto de un determinado tributo, en este caso en relaci\u00f3n al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados, prever la posibilidad de usar como m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n de valores el de imputaci\u00f3n de rendimientos, as\u00ed como establecer el porcentaje conforme al que dicha imputaci\u00f3n se realizar\u00eda, con lo que se generar\u00edan sustanciales diferencias entre Comunidades Aut\u00f3nomas en el c\u00e1lculo de los elementos determinantes de la obligaci\u00f3n tributaria, lo que, en particular trat\u00e1ndose de impuestos estatales como el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados, ser\u00eda contradictorio con las indicadas finalidades \u2013asegurar un m\u00ednimo de uniformidad en los aspectos b\u00e1sicos del r\u00e9gimen tributario y garantizar a los administrados un tratamiento com\u00fan ante las Administraciones p\u00fablicas\u2013 que la doctrina constitucional viene atribuyendo a esta norma jur\u00eddica.\u00a0<\/strong><\/p>\n Establecido que el sentido constitucionalmente adecuado de la expresi\u00f3n \u00abley de cada tributo\u00bb del art 57.1 a) LGT es que alude a la Ley estatal que regula cada tributo, el contraste con esta norma estatal del precepto auton\u00f3mico recurrido arroja el resultado de que \u00e9ste \u00faltimo, a pesar de que ni la Ley estatal que disciplina el impuesto sobre sucesiones y donaciones ni la que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados admiten la comprobaci\u00f3n de valores mediante capitalizaci\u00f3n de rendimientos, ha previsto este m\u00e9todo de valoraci\u00f3n para el c\u00e1lculo de los elementos determinantes de la obligaci\u00f3n tributaria en esos dos tributos cedidos, con lo que ha incidido en una materia que le est\u00e1 vedada por el juego combinado del art. 57.1 a) LGT y las leyes estatales reguladoras del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados.\u00a0<\/strong><\/p>\n En conclusi\u00f3n, y sin perjuicio de reiterar que la Comunidad Aut\u00f3noma de Galicia tiene atribuidas facultades normativas en materia de gesti\u00f3n de los tributos cedidos y en particular del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jur\u00eddicos documentados, la norma auton\u00f3mica impugnada resulta contraria al mandato contenido en el art. 55.1 de la Ley 22\/2009, a tenor del cual los \u00f3rganos de gesti\u00f3n tributaria de la Comunidad Aut\u00f3noma tan s\u00f3lo podr\u00e1n incoar expedientes de comprobaci\u00f3n de valores utilizando los mismos criterios que el Estado, y en consecuencia significa una extralimitaci\u00f3n en el \u00e1mbito de cesi\u00f3n de tributos que supone la inconstitucionalidad de la norma auton\u00f3mica por invadir la competencia estatal sobre estos tributos <\/strong>(art. 149.1.14 CE en relaci\u00f3n con los arts. 133.1 y 157.3 CE).\u00a0<\/p>\n La anterior conclusi\u00f3n, y la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad y nulidad que conlleva del art. 27.5 del Decreto Legislativo 1\/2011, en la redacci\u00f3n que le da el art. 5.2 de la Ley 12\/2014, nos exime de pronunciarnos acerca del otro motivo en que se apoya esta primera impugnaci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n Joaqu\u00edn Zejalbo Mart\u00edn<\/p>\n Ermita del Santo Cristo del Consuelo en Cieza (Murcia). (Pinchar para ver mayor)<\/p><\/div>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n <\/p>\n por Joaqu\u00edn Zejalbo Mart\u00edn, NotarioSECCI\u00d3N FISCAL<\/a><\/h2>\n
Sentencia 25\/2016, de 15 de febrero de 2016<\/a><\/h2>\n
Sentencia 33\/2016, de 18 de febrero de 2016<\/a><\/h2>\n
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