A DESVINCULARSE DE LAS ACCIONES COLECTIVAS<\/strong><\/span><\/h2>\n\u00a0<\/h2>\nBrev\u00edsimo comentario y resumen STJUE 14 abril<\/a> 2016<\/strong><\/h3>\n <\/p>\n
Carlos Ballugera G\u00f3mez<\/strong><\/h2>\n@BallugeraCarlos<\/strong><\/h2>\n\u00a0<\/h2>\n<\/a>COMENTARIO<\/span><\/h6>\n\u00a0 La acci\u00f3n individual o singular de nulidad de cl\u00e1usulas abusivas no est\u00e1 subordinada y es independiente de la colectiva y la persona consumidora tiene el derecho subjetivo, fundado en el art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, de desvincularse del procedimiento colectivo y de su resultado. Eso es lo que he entendido despu\u00e9s de leer la STJUE que voy a resumir a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 Ese derecho subjetivo de la persona consumidora se predica no s\u00f3lo de las relaciones entre profesionales y personas consumidoras (B2C), sino tambi\u00e9n de las relaciones entre profesionales y adherentes que no sean personas consumidoras (B2B), por raz\u00f3n de lo dispuesto en la disposici\u00f3n adicional 4\u00aa<\/a> LCGC.<\/p>\n\u00a0 Por tanto, personas consumidoras y adherentes pueden desvincularse, primero, del procedimiento de la acci\u00f3n colectiva pendiente, sin que les afecte en su perjuicio la prejudicialidad civil (art. 43 LEC). Segundo, pueden desvincularse del resultado de la acci\u00f3n colectiva, es decir, de la sentencia firme reca\u00edda en el procedimiento y de su efecto de cosa juzgada (art. 222 LEC).<\/p>\n
\u00a0 Respecto de esto \u00faltimo, tal derecho comprende, de un lado, la facultad de renunciar a la nulidad de la cl\u00e1usula abusiva y, del otro, la facultad de desvincularse de la cosa juzgada de la sentencia colectiva que declara la validez de la cl\u00e1usula a favor del profesional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/a>Resumen STJUE 14 abril<\/a> 2016<\/span><\/h6>\n<\/a>EL CASO.-<\/span><\/h6>\n\u00a0 Dos personas consumidoras demandan, en acci\u00f3n individual<\/strong>, la nulidad de dos cl\u00e1usulas suelo incluidas en sendos pr\u00e9stamos hipotecarios, a dos bancos, quienes a su vez, solicitan la suspensi\u00f3n<\/strong> del procedimiento por imperativo del art. 43 LEC habida cuenta la existencia de una acci\u00f3n colectiva<\/strong> ejercitada por Adicae que pretende la cesaci\u00f3n por nulidad de cl\u00e1usulas an\u00e1logas. <\/strong>El juez de la acci\u00f3n individual se cree obligado a suspender el procedimiento por el art. 43 LEC, por lo que plantea cuatro cuestiones prejudiciales que versan sobre la interpretaci\u00f3n<\/strong> del art. 7 Directiva 93\/13\/CE. Marco jur\u00eddico: Directiva 93<\/a>\/13: arts. 3; 4.1; 6.1; y 7. Derecho espa\u00f1ol: arts. 43; 221; y 222 LEC<\/a>.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.-<\/span><\/h6>\n20 Mediante sus [cuatro] cuestiones prejudiciales, que se analizan conjuntamente por el TJUE<\/strong>, el \u00f3rgano remitente pregunta si el art. 7 Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional que obliga al juez que conoce de una acci\u00f3n individual<\/strong> de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva<\/strong> pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores para que cese el uso de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual[1]<\/a>.<\/p>\n21 Procede comenzar recordando<\/strong> el art. 7 Directiva 93\/13, donde en paralelo<\/strong> al derecho del consumidor a ejercitar una acci\u00f3n sobre el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula [por mor del art. 7.1 Directiva 93\/13\/CE], el art. 7.2 de la misma permite a los Estados miembros un control de las cl\u00e1usulas abusivas a trav\u00e9s de acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas en aras del inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> por asociaciones de defensa de los consumidores.<\/p>\n22 Respecto de la acci\u00f3n individual<\/u><\/strong>, el sistema de protecci\u00f3n que establece la Directiva 93\/13 se basa en que el consumidor se halla en situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong>, que s\u00f3lo puede compensarse<\/u><\/strong> por una intervenci\u00f3n positiva<\/strong>, ajena a las partes del contrato [por ejemplo del legislador, cuyo modo de intervenci\u00f3n externa a las partes es dar car\u00e1cter semiimperativo a las normas de protecci\u00f3n].<\/p>\n24 En este contexto, el juez nacional debe apreciar de oficio el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula contractual y si lo hace, el derecho a una protecci\u00f3n efectiva del consumidor comprende la facultad de renunciar<\/strong> a hacer valer la nulidad de una tal cl\u00e1usula.<\/p>\n26 Respecto a las acciones del <\/u><\/strong>art. 7.2 Directiva 93\/13, debe se\u00f1alarse que las personas u organizaciones<\/u><\/strong> a las que se reconoce un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la protecci\u00f3n de los consumidores y que ejercitan la acci\u00f3n [1] no se encuentran en tal situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong> respecto a los profesionales.<\/p>\n28 Confirma, adem\u00e1s, este enfoque diferenciado<\/u><\/strong> [2] el art. 4.1 Directiva 98\/27\/CE, y el art. 4.1 Directiva 2009\/22\/CE, que sucedi\u00f3 a la anterior, seg\u00fan los cuales los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene su establecimiento o su domicilio son los competentes<\/strong> para conocer de las acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas por las asociaciones de protecci\u00f3n de los consumidores de otros Estados miembros en caso de infracci\u00f3n intracomunitaria<\/strong>.<\/p>\n29 Debe a\u00f1adirse que [3] el car\u00e1cter preventivo<\/strong> y [4] la finalidad disuasoria<\/strong> de las acciones de cesaci\u00f3n, [5] as\u00ed como su independencia<\/u><\/strong> con respecto a cualquier litigio individual concreto, implican que puedan ejercitarse tales acciones aun cuando las cl\u00e1usulas cuya prohibici\u00f3n se solicita no se hayan utilizado en contratos <\/strong>determinados.<\/p>\n30 Las acciones individuales y colectivas tienen, en la Directiva 93\/13, objetos y efectos jur\u00eddicos diferentes<\/u><\/strong>, de modo que la relaci\u00f3n<\/u><\/strong> de \u00edndole procesal<\/strong> entre la tramitaci\u00f3n de las unas y de otras \u00fanicamente puede atender a exigencias de car\u00e1cter procesal asociadas, en particular<\/strong>, a la recta administraci\u00f3n de la justicia y que respondan a la necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la articulaci\u00f3n<\/u> [<\/strong>particular] de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la protecci\u00f3n de los consumidores<\/strong>, tal como est\u00e1 prevista en la Directiva 93\/13.<\/p>\n31 Si bien esta Directiva no persigue la armonizaci\u00f3n de las sanciones aplicables en el supuesto de declaraci\u00f3n del car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula en el marco de dichas acciones, su art. 7.1, obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces<\/strong> para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas.<\/p>\n32 En este contexto es preciso, no obstante, se\u00f1alar que, a falta de armonizaci\u00f3n de los medios procesales que regulan las relaciones entre las acciones colectivas y las acciones individuales<\/strong> previstas por la Directiva 93\/13, corresponde al ordenamiento jur\u00eddico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas<\/u><\/strong>, en virtud del principio de autonom\u00eda procesal, a condici\u00f3n<\/strong>, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia<\/strong>) y de que no hagan imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Uni\u00f3n confiere a los consumidores (principio de efectividad<\/strong>).<\/p>\n33 Por lo que se refiere, al principio de equivalencia<\/strong>, no resulta, que el art. 43 LEC sea aplicado de forma diferente<\/strong> en los litigios relativos a derechos reconocidos por el Derecho nacional y en los relativos a derechos basados en el Derecho de la Uni\u00f3n.<\/p>\n34 Por lo que respecta al principio de efectividad<\/strong>, el Tribunal de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuesti\u00f3n de si una disposici\u00f3n procesal nacional hace imposible<\/strong> o excesivamente dif\u00edcil la aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n debe analizarse teniendo en cuenta el lugar<\/strong> que ocupa dicha disposici\u00f3n dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo<\/strong> y sus particularidades<\/strong> ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideraci\u00f3n los principios<\/u><\/strong> sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la seguridad jur\u00eddica y la fuerza de las resoluciones judiciales.<\/p>\n35 En este asunto, debe constatarse que, tal como se desprende de la interpretaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/strong>, ese \u00f3rgano jurisdiccional est\u00e1 obligado<\/strong>, en virtud del art. 43 LEC, a suspender<\/u><\/strong> la acci\u00f3n individual de la que conoce hasta que se resuelva mediante sentencia firme la acci\u00f3n colectiva cuya soluci\u00f3n pueda aplicarse respecto de la acci\u00f3n individual y, de ese modo, el consumidor no puede hacer valer de forma individual<\/u><\/strong> los derechos<\/strong> reconocidos por la Directiva 93\/13 desvincul\u00e1ndose<\/strong> de dicha acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n[En concreto en el anterior apartado 16 se dice: El \u00f3rgano jurisdiccional remitente considera que el art. 43 LEC le obliga a suspender<\/strong> la tramitaci\u00f3n de las acciones individuales de las que conoce hasta que la acci\u00f3n colectiva quede resuelta mediante sentencia firme, conllevando ese efecto suspensivo una subordinaci\u00f3n<\/strong> necesaria de la acci\u00f3n individual a la acci\u00f3n colectiva, en lo que se refiere tanto a la tramitaci\u00f3n<\/strong> del procedimiento \u2013prejudicialidad- como a su resultado<\/strong> \u2013cosa juzgada y efecto \u00abultra partes\u00bb (la aclaraci\u00f3n entre guiones es de quien resume)-].<\/p>\n36 Pues bien, tal situaci\u00f3n puede redundar en perjuicio de la efectividad de la protecci\u00f3n<\/u><\/strong> prevista por esta Directiva a la luz de las diferencias<\/strong> de los mecanismos de protecci\u00f3n de los consumidores que se materializan en esas acciones<\/strong>.<\/p>\n37 En efecto, por una parte, [1] el consumidor queda obligatoriamente vinculado por el resultado de la acci\u00f3n colectiva <\/strong>[la sentencia], incluso cuando decida no participar<\/strong> en la misma, y la obligaci\u00f3n que el art. 43 LEC impone al juez nacional [2] impide a \u00e9ste realizar un an\u00e1lisis propio de las circunstancias<\/strong> que concurren en el asunto del que conoce. En particular, no ser\u00e1n determinantes a efectos de la resoluci\u00f3n del litigio individual ni la negociaci\u00f3n<\/strong> individual de la cl\u00e1usula respecto de la que se alega el car\u00e1cter abusivo, ni la naturaleza de los bienes<\/strong> o de los servicios objeto del contrato en cuesti\u00f3n.<\/p>\n38 Por otra parte, el consumidor est\u00e1 [3] sometido, en virtud del art. 43 LEC, tal como lo interpreta el \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/u><\/strong>, al plazo<\/strong> de adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n judicial referida a la acci\u00f3n colectiva, [4] sin que el juez nacional pueda apreciar desde este punto de vista la pertinencia de la suspensi\u00f3n de la acci\u00f3n individual hasta que exista sentencia firme<\/strong> en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n39 As\u00ed pues, esa regla nacional <\/strong>[el art. 43 LEC seg\u00fan la interpretaci\u00f3n del juez remitente] resulta incompleta e insuficiente<\/strong> y no constituye un medio adecuado ni eficaz para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas, en contra<\/u> del art. 7.1 Directiva 93\/13.<\/p>\n40 La anterior conclusi\u00f3n se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta que, en Derecho interno, si desea adherirse a la acci\u00f3n colectiva<\/strong>, el consumidor est\u00e1 sujeto, tal como resulta del auto de remisi\u00f3n, a condicionantes relativos [1] a la determinaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional competente [2.1] y a los motivos que pueden invocarse<\/strong>. Asimismo, pierde<\/strong> necesariamente los derechos que le ser\u00edan reconocidos en el marco de una acci\u00f3n individual, esto es, [2.2] la toma en consideraci\u00f3n de todas las circunstancias<\/strong> que caracterizan su causa, y [2.3] la posibilidad de renunciar<\/strong> a que no se aplique una cl\u00e1usula abusiva, a fortiori<\/em> si no puede desvincularse de la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n41 La necesidad de garantizar la coherencia entre las resoluciones judiciales no puede justificar<\/u> esa falta de efectividad<\/strong>, ya que la diferente naturaleza<\/strong> del control judicial ejercido en el marco de una acci\u00f3n colectiva y en el marco de una acci\u00f3n individual deber\u00eda evitar el riesgo de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias<\/strong>.<\/p>\n42 En relaci\u00f3n con la necesidad de evitar la saturaci\u00f3n<\/strong> de los tribunales, el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos que la Directiva 93\/13 reconoce a los consumidores no puede quedar obstaculizado<\/strong> por consideraciones vinculadas a la organizaci\u00f3n judicial de un Estado miembro.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>EL FALLO.- <\/span><\/h6>\nEn virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:<\/span><\/p>\nEl art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al juez<\/strong> que conoce de una acci\u00f3n individual de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula de un contrato que le une a un profesional, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores de conformidad con el apartado segundo del citado art\u00edculo con el fin de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual, sin que pueda tomarse en consideraci\u00f3n si es pertinente esa suspensi\u00f3n desde la perspectiva de la protecci\u00f3n del consumidor<\/strong> que present\u00f3 una demanda judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir desvincularse de la acci\u00f3n colectiva<\/strong>.<\/p>\n
\n\u00a0<\/p>\n
[1]<\/a> S\u00f3lo con el fin de destacar algunos problemas que plantea esta importante resoluci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de retener los temas para un posterior estudio, se han incluido entre corchetes opiniones de quien esto escribe, cuya posible molestia pido tolerar al esforzado lector. Adem\u00e1s, para situarle con m\u00e1s facilidad en la sentencia se ha conservado donde se ha podido la numeraci\u00f3n de la misma.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n
CONSUMO Y DERECHO<\/a><\/h2>\nFICHAS CONDICIONES GENERALES\u00a0<\/a><\/h2>\nLa litispendencia de la acci\u00f3n individual por haber procedimiento colectivo vulnera el derecho al proceso de la persona consumidora<\/a><\/span><\/strong><\/p>\nSTS 25 marzo 2015: el efecto de la acci\u00f3n colectiva en el procedimiento singular<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
![\"Ciervos](\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/entrevi\u00f1as-quintanal-e1460988513276.jpg\")
<\/a><\/p>\n\u00a0Ciervos entre vi\u00f1as de La Rioja. Por Vicente Quintanal. Pinchar en la foto.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n <\/p>\n
Por Carlos Ballugera
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Brev\u00edsimo comentario y resumen STJUE 14 abril<\/a> 2016<\/strong><\/h3>\n <\/p>\n
Carlos Ballugera G\u00f3mez<\/strong><\/h2>\n@BallugeraCarlos<\/strong><\/h2>\n\u00a0<\/h2>\n<\/a>COMENTARIO<\/span><\/h6>\n\u00a0 La acci\u00f3n individual o singular de nulidad de cl\u00e1usulas abusivas no est\u00e1 subordinada y es independiente de la colectiva y la persona consumidora tiene el derecho subjetivo, fundado en el art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, de desvincularse del procedimiento colectivo y de su resultado. Eso es lo que he entendido despu\u00e9s de leer la STJUE que voy a resumir a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 Ese derecho subjetivo de la persona consumidora se predica no s\u00f3lo de las relaciones entre profesionales y personas consumidoras (B2C), sino tambi\u00e9n de las relaciones entre profesionales y adherentes que no sean personas consumidoras (B2B), por raz\u00f3n de lo dispuesto en la disposici\u00f3n adicional 4\u00aa<\/a> LCGC.<\/p>\n\u00a0 Por tanto, personas consumidoras y adherentes pueden desvincularse, primero, del procedimiento de la acci\u00f3n colectiva pendiente, sin que les afecte en su perjuicio la prejudicialidad civil (art. 43 LEC). Segundo, pueden desvincularse del resultado de la acci\u00f3n colectiva, es decir, de la sentencia firme reca\u00edda en el procedimiento y de su efecto de cosa juzgada (art. 222 LEC).<\/p>\n
\u00a0 Respecto de esto \u00faltimo, tal derecho comprende, de un lado, la facultad de renunciar a la nulidad de la cl\u00e1usula abusiva y, del otro, la facultad de desvincularse de la cosa juzgada de la sentencia colectiva que declara la validez de la cl\u00e1usula a favor del profesional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/a>Resumen STJUE 14 abril<\/a> 2016<\/span><\/h6>\n<\/a>EL CASO.-<\/span><\/h6>\n\u00a0 Dos personas consumidoras demandan, en acci\u00f3n individual<\/strong>, la nulidad de dos cl\u00e1usulas suelo incluidas en sendos pr\u00e9stamos hipotecarios, a dos bancos, quienes a su vez, solicitan la suspensi\u00f3n<\/strong> del procedimiento por imperativo del art. 43 LEC habida cuenta la existencia de una acci\u00f3n colectiva<\/strong> ejercitada por Adicae que pretende la cesaci\u00f3n por nulidad de cl\u00e1usulas an\u00e1logas. <\/strong>El juez de la acci\u00f3n individual se cree obligado a suspender el procedimiento por el art. 43 LEC, por lo que plantea cuatro cuestiones prejudiciales que versan sobre la interpretaci\u00f3n<\/strong> del art. 7 Directiva 93\/13\/CE. Marco jur\u00eddico: Directiva 93<\/a>\/13: arts. 3; 4.1; 6.1; y 7. Derecho espa\u00f1ol: arts. 43; 221; y 222 LEC<\/a>.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.-<\/span><\/h6>\n20 Mediante sus [cuatro] cuestiones prejudiciales, que se analizan conjuntamente por el TJUE<\/strong>, el \u00f3rgano remitente pregunta si el art. 7 Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional que obliga al juez que conoce de una acci\u00f3n individual<\/strong> de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva<\/strong> pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores para que cese el uso de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual[1]<\/a>.<\/p>\n21 Procede comenzar recordando<\/strong> el art. 7 Directiva 93\/13, donde en paralelo<\/strong> al derecho del consumidor a ejercitar una acci\u00f3n sobre el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula [por mor del art. 7.1 Directiva 93\/13\/CE], el art. 7.2 de la misma permite a los Estados miembros un control de las cl\u00e1usulas abusivas a trav\u00e9s de acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas en aras del inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> por asociaciones de defensa de los consumidores.<\/p>\n22 Respecto de la acci\u00f3n individual<\/u><\/strong>, el sistema de protecci\u00f3n que establece la Directiva 93\/13 se basa en que el consumidor se halla en situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong>, que s\u00f3lo puede compensarse<\/u><\/strong> por una intervenci\u00f3n positiva<\/strong>, ajena a las partes del contrato [por ejemplo del legislador, cuyo modo de intervenci\u00f3n externa a las partes es dar car\u00e1cter semiimperativo a las normas de protecci\u00f3n].<\/p>\n24 En este contexto, el juez nacional debe apreciar de oficio el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula contractual y si lo hace, el derecho a una protecci\u00f3n efectiva del consumidor comprende la facultad de renunciar<\/strong> a hacer valer la nulidad de una tal cl\u00e1usula.<\/p>\n26 Respecto a las acciones del <\/u><\/strong>art. 7.2 Directiva 93\/13, debe se\u00f1alarse que las personas u organizaciones<\/u><\/strong> a las que se reconoce un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la protecci\u00f3n de los consumidores y que ejercitan la acci\u00f3n [1] no se encuentran en tal situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong> respecto a los profesionales.<\/p>\n28 Confirma, adem\u00e1s, este enfoque diferenciado<\/u><\/strong> [2] el art. 4.1 Directiva 98\/27\/CE, y el art. 4.1 Directiva 2009\/22\/CE, que sucedi\u00f3 a la anterior, seg\u00fan los cuales los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene su establecimiento o su domicilio son los competentes<\/strong> para conocer de las acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas por las asociaciones de protecci\u00f3n de los consumidores de otros Estados miembros en caso de infracci\u00f3n intracomunitaria<\/strong>.<\/p>\n29 Debe a\u00f1adirse que [3] el car\u00e1cter preventivo<\/strong> y [4] la finalidad disuasoria<\/strong> de las acciones de cesaci\u00f3n, [5] as\u00ed como su independencia<\/u><\/strong> con respecto a cualquier litigio individual concreto, implican que puedan ejercitarse tales acciones aun cuando las cl\u00e1usulas cuya prohibici\u00f3n se solicita no se hayan utilizado en contratos <\/strong>determinados.<\/p>\n30 Las acciones individuales y colectivas tienen, en la Directiva 93\/13, objetos y efectos jur\u00eddicos diferentes<\/u><\/strong>, de modo que la relaci\u00f3n<\/u><\/strong> de \u00edndole procesal<\/strong> entre la tramitaci\u00f3n de las unas y de otras \u00fanicamente puede atender a exigencias de car\u00e1cter procesal asociadas, en particular<\/strong>, a la recta administraci\u00f3n de la justicia y que respondan a la necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la articulaci\u00f3n<\/u> [<\/strong>particular] de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la protecci\u00f3n de los consumidores<\/strong>, tal como est\u00e1 prevista en la Directiva 93\/13.<\/p>\n31 Si bien esta Directiva no persigue la armonizaci\u00f3n de las sanciones aplicables en el supuesto de declaraci\u00f3n del car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula en el marco de dichas acciones, su art. 7.1, obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces<\/strong> para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas.<\/p>\n32 En este contexto es preciso, no obstante, se\u00f1alar que, a falta de armonizaci\u00f3n de los medios procesales que regulan las relaciones entre las acciones colectivas y las acciones individuales<\/strong> previstas por la Directiva 93\/13, corresponde al ordenamiento jur\u00eddico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas<\/u><\/strong>, en virtud del principio de autonom\u00eda procesal, a condici\u00f3n<\/strong>, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia<\/strong>) y de que no hagan imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Uni\u00f3n confiere a los consumidores (principio de efectividad<\/strong>).<\/p>\n33 Por lo que se refiere, al principio de equivalencia<\/strong>, no resulta, que el art. 43 LEC sea aplicado de forma diferente<\/strong> en los litigios relativos a derechos reconocidos por el Derecho nacional y en los relativos a derechos basados en el Derecho de la Uni\u00f3n.<\/p>\n34 Por lo que respecta al principio de efectividad<\/strong>, el Tribunal de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuesti\u00f3n de si una disposici\u00f3n procesal nacional hace imposible<\/strong> o excesivamente dif\u00edcil la aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n debe analizarse teniendo en cuenta el lugar<\/strong> que ocupa dicha disposici\u00f3n dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo<\/strong> y sus particularidades<\/strong> ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideraci\u00f3n los principios<\/u><\/strong> sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la seguridad jur\u00eddica y la fuerza de las resoluciones judiciales.<\/p>\n35 En este asunto, debe constatarse que, tal como se desprende de la interpretaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/strong>, ese \u00f3rgano jurisdiccional est\u00e1 obligado<\/strong>, en virtud del art. 43 LEC, a suspender<\/u><\/strong> la acci\u00f3n individual de la que conoce hasta que se resuelva mediante sentencia firme la acci\u00f3n colectiva cuya soluci\u00f3n pueda aplicarse respecto de la acci\u00f3n individual y, de ese modo, el consumidor no puede hacer valer de forma individual<\/u><\/strong> los derechos<\/strong> reconocidos por la Directiva 93\/13 desvincul\u00e1ndose<\/strong> de dicha acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n[En concreto en el anterior apartado 16 se dice: El \u00f3rgano jurisdiccional remitente considera que el art. 43 LEC le obliga a suspender<\/strong> la tramitaci\u00f3n de las acciones individuales de las que conoce hasta que la acci\u00f3n colectiva quede resuelta mediante sentencia firme, conllevando ese efecto suspensivo una subordinaci\u00f3n<\/strong> necesaria de la acci\u00f3n individual a la acci\u00f3n colectiva, en lo que se refiere tanto a la tramitaci\u00f3n<\/strong> del procedimiento \u2013prejudicialidad- como a su resultado<\/strong> \u2013cosa juzgada y efecto \u00abultra partes\u00bb (la aclaraci\u00f3n entre guiones es de quien resume)-].<\/p>\n36 Pues bien, tal situaci\u00f3n puede redundar en perjuicio de la efectividad de la protecci\u00f3n<\/u><\/strong> prevista por esta Directiva a la luz de las diferencias<\/strong> de los mecanismos de protecci\u00f3n de los consumidores que se materializan en esas acciones<\/strong>.<\/p>\n37 En efecto, por una parte, [1] el consumidor queda obligatoriamente vinculado por el resultado de la acci\u00f3n colectiva <\/strong>[la sentencia], incluso cuando decida no participar<\/strong> en la misma, y la obligaci\u00f3n que el art. 43 LEC impone al juez nacional [2] impide a \u00e9ste realizar un an\u00e1lisis propio de las circunstancias<\/strong> que concurren en el asunto del que conoce. En particular, no ser\u00e1n determinantes a efectos de la resoluci\u00f3n del litigio individual ni la negociaci\u00f3n<\/strong> individual de la cl\u00e1usula respecto de la que se alega el car\u00e1cter abusivo, ni la naturaleza de los bienes<\/strong> o de los servicios objeto del contrato en cuesti\u00f3n.<\/p>\n38 Por otra parte, el consumidor est\u00e1 [3] sometido, en virtud del art. 43 LEC, tal como lo interpreta el \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/u><\/strong>, al plazo<\/strong> de adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n judicial referida a la acci\u00f3n colectiva, [4] sin que el juez nacional pueda apreciar desde este punto de vista la pertinencia de la suspensi\u00f3n de la acci\u00f3n individual hasta que exista sentencia firme<\/strong> en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n39 As\u00ed pues, esa regla nacional <\/strong>[el art. 43 LEC seg\u00fan la interpretaci\u00f3n del juez remitente] resulta incompleta e insuficiente<\/strong> y no constituye un medio adecuado ni eficaz para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas, en contra<\/u> del art. 7.1 Directiva 93\/13.<\/p>\n40 La anterior conclusi\u00f3n se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta que, en Derecho interno, si desea adherirse a la acci\u00f3n colectiva<\/strong>, el consumidor est\u00e1 sujeto, tal como resulta del auto de remisi\u00f3n, a condicionantes relativos [1] a la determinaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional competente [2.1] y a los motivos que pueden invocarse<\/strong>. Asimismo, pierde<\/strong> necesariamente los derechos que le ser\u00edan reconocidos en el marco de una acci\u00f3n individual, esto es, [2.2] la toma en consideraci\u00f3n de todas las circunstancias<\/strong> que caracterizan su causa, y [2.3] la posibilidad de renunciar<\/strong> a que no se aplique una cl\u00e1usula abusiva, a fortiori<\/em> si no puede desvincularse de la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n41 La necesidad de garantizar la coherencia entre las resoluciones judiciales no puede justificar<\/u> esa falta de efectividad<\/strong>, ya que la diferente naturaleza<\/strong> del control judicial ejercido en el marco de una acci\u00f3n colectiva y en el marco de una acci\u00f3n individual deber\u00eda evitar el riesgo de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias<\/strong>.<\/p>\n42 En relaci\u00f3n con la necesidad de evitar la saturaci\u00f3n<\/strong> de los tribunales, el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos que la Directiva 93\/13 reconoce a los consumidores no puede quedar obstaculizado<\/strong> por consideraciones vinculadas a la organizaci\u00f3n judicial de un Estado miembro.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>EL FALLO.- <\/span><\/h6>\nEn virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:<\/span><\/p>\nEl art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al juez<\/strong> que conoce de una acci\u00f3n individual de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula de un contrato que le une a un profesional, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores de conformidad con el apartado segundo del citado art\u00edculo con el fin de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual, sin que pueda tomarse en consideraci\u00f3n si es pertinente esa suspensi\u00f3n desde la perspectiva de la protecci\u00f3n del consumidor<\/strong> que present\u00f3 una demanda judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir desvincularse de la acci\u00f3n colectiva<\/strong>.<\/p>\n
\n\u00a0<\/p>\n
[1]<\/a> S\u00f3lo con el fin de destacar algunos problemas que plantea esta importante resoluci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de retener los temas para un posterior estudio, se han incluido entre corchetes opiniones de quien esto escribe, cuya posible molestia pido tolerar al esforzado lector. Adem\u00e1s, para situarle con m\u00e1s facilidad en la sentencia se ha conservado donde se ha podido la numeraci\u00f3n de la misma.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n
CONSUMO Y DERECHO<\/a><\/h2>\nFICHAS CONDICIONES GENERALES\u00a0<\/a><\/h2>\nLa litispendencia de la acci\u00f3n individual por haber procedimiento colectivo vulnera el derecho al proceso de la persona consumidora<\/a><\/span><\/strong><\/p>\nSTS 25 marzo 2015: el efecto de la acci\u00f3n colectiva en el procedimiento singular<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/a><\/p>\n\u00a0Ciervos entre vi\u00f1as de La Rioja. Por Vicente Quintanal. Pinchar en la foto.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n <\/p>\n
Por Carlos Ballugera
\n<\/b><\/p>\n
<\/p>\n
@BallugeraCarlos<\/strong><\/h2>\n\u00a0<\/h2>\n<\/a>COMENTARIO<\/span><\/h6>\n\u00a0 La acci\u00f3n individual o singular de nulidad de cl\u00e1usulas abusivas no est\u00e1 subordinada y es independiente de la colectiva y la persona consumidora tiene el derecho subjetivo, fundado en el art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, de desvincularse del procedimiento colectivo y de su resultado. Eso es lo que he entendido despu\u00e9s de leer la STJUE que voy a resumir a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 Ese derecho subjetivo de la persona consumidora se predica no s\u00f3lo de las relaciones entre profesionales y personas consumidoras (B2C), sino tambi\u00e9n de las relaciones entre profesionales y adherentes que no sean personas consumidoras (B2B), por raz\u00f3n de lo dispuesto en la disposici\u00f3n adicional 4\u00aa<\/a> LCGC.<\/p>\n\u00a0 Por tanto, personas consumidoras y adherentes pueden desvincularse, primero, del procedimiento de la acci\u00f3n colectiva pendiente, sin que les afecte en su perjuicio la prejudicialidad civil (art. 43 LEC). Segundo, pueden desvincularse del resultado de la acci\u00f3n colectiva, es decir, de la sentencia firme reca\u00edda en el procedimiento y de su efecto de cosa juzgada (art. 222 LEC).<\/p>\n
\u00a0 Respecto de esto \u00faltimo, tal derecho comprende, de un lado, la facultad de renunciar a la nulidad de la cl\u00e1usula abusiva y, del otro, la facultad de desvincularse de la cosa juzgada de la sentencia colectiva que declara la validez de la cl\u00e1usula a favor del profesional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/a>Resumen STJUE 14 abril<\/a> 2016<\/span><\/h6>\n<\/a>EL CASO.-<\/span><\/h6>\n\u00a0 Dos personas consumidoras demandan, en acci\u00f3n individual<\/strong>, la nulidad de dos cl\u00e1usulas suelo incluidas en sendos pr\u00e9stamos hipotecarios, a dos bancos, quienes a su vez, solicitan la suspensi\u00f3n<\/strong> del procedimiento por imperativo del art. 43 LEC habida cuenta la existencia de una acci\u00f3n colectiva<\/strong> ejercitada por Adicae que pretende la cesaci\u00f3n por nulidad de cl\u00e1usulas an\u00e1logas. <\/strong>El juez de la acci\u00f3n individual se cree obligado a suspender el procedimiento por el art. 43 LEC, por lo que plantea cuatro cuestiones prejudiciales que versan sobre la interpretaci\u00f3n<\/strong> del art. 7 Directiva 93\/13\/CE. Marco jur\u00eddico: Directiva 93<\/a>\/13: arts. 3; 4.1; 6.1; y 7. Derecho espa\u00f1ol: arts. 43; 221; y 222 LEC<\/a>.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.-<\/span><\/h6>\n20 Mediante sus [cuatro] cuestiones prejudiciales, que se analizan conjuntamente por el TJUE<\/strong>, el \u00f3rgano remitente pregunta si el art. 7 Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional que obliga al juez que conoce de una acci\u00f3n individual<\/strong> de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva<\/strong> pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores para que cese el uso de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual[1]<\/a>.<\/p>\n21 Procede comenzar recordando<\/strong> el art. 7 Directiva 93\/13, donde en paralelo<\/strong> al derecho del consumidor a ejercitar una acci\u00f3n sobre el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula [por mor del art. 7.1 Directiva 93\/13\/CE], el art. 7.2 de la misma permite a los Estados miembros un control de las cl\u00e1usulas abusivas a trav\u00e9s de acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas en aras del inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> por asociaciones de defensa de los consumidores.<\/p>\n22 Respecto de la acci\u00f3n individual<\/u><\/strong>, el sistema de protecci\u00f3n que establece la Directiva 93\/13 se basa en que el consumidor se halla en situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong>, que s\u00f3lo puede compensarse<\/u><\/strong> por una intervenci\u00f3n positiva<\/strong>, ajena a las partes del contrato [por ejemplo del legislador, cuyo modo de intervenci\u00f3n externa a las partes es dar car\u00e1cter semiimperativo a las normas de protecci\u00f3n].<\/p>\n24 En este contexto, el juez nacional debe apreciar de oficio el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula contractual y si lo hace, el derecho a una protecci\u00f3n efectiva del consumidor comprende la facultad de renunciar<\/strong> a hacer valer la nulidad de una tal cl\u00e1usula.<\/p>\n26 Respecto a las acciones del <\/u><\/strong>art. 7.2 Directiva 93\/13, debe se\u00f1alarse que las personas u organizaciones<\/u><\/strong> a las que se reconoce un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la protecci\u00f3n de los consumidores y que ejercitan la acci\u00f3n [1] no se encuentran en tal situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong> respecto a los profesionales.<\/p>\n28 Confirma, adem\u00e1s, este enfoque diferenciado<\/u><\/strong> [2] el art. 4.1 Directiva 98\/27\/CE, y el art. 4.1 Directiva 2009\/22\/CE, que sucedi\u00f3 a la anterior, seg\u00fan los cuales los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene su establecimiento o su domicilio son los competentes<\/strong> para conocer de las acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas por las asociaciones de protecci\u00f3n de los consumidores de otros Estados miembros en caso de infracci\u00f3n intracomunitaria<\/strong>.<\/p>\n29 Debe a\u00f1adirse que [3] el car\u00e1cter preventivo<\/strong> y [4] la finalidad disuasoria<\/strong> de las acciones de cesaci\u00f3n, [5] as\u00ed como su independencia<\/u><\/strong> con respecto a cualquier litigio individual concreto, implican que puedan ejercitarse tales acciones aun cuando las cl\u00e1usulas cuya prohibici\u00f3n se solicita no se hayan utilizado en contratos <\/strong>determinados.<\/p>\n30 Las acciones individuales y colectivas tienen, en la Directiva 93\/13, objetos y efectos jur\u00eddicos diferentes<\/u><\/strong>, de modo que la relaci\u00f3n<\/u><\/strong> de \u00edndole procesal<\/strong> entre la tramitaci\u00f3n de las unas y de otras \u00fanicamente puede atender a exigencias de car\u00e1cter procesal asociadas, en particular<\/strong>, a la recta administraci\u00f3n de la justicia y que respondan a la necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la articulaci\u00f3n<\/u> [<\/strong>particular] de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la protecci\u00f3n de los consumidores<\/strong>, tal como est\u00e1 prevista en la Directiva 93\/13.<\/p>\n31 Si bien esta Directiva no persigue la armonizaci\u00f3n de las sanciones aplicables en el supuesto de declaraci\u00f3n del car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula en el marco de dichas acciones, su art. 7.1, obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces<\/strong> para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas.<\/p>\n32 En este contexto es preciso, no obstante, se\u00f1alar que, a falta de armonizaci\u00f3n de los medios procesales que regulan las relaciones entre las acciones colectivas y las acciones individuales<\/strong> previstas por la Directiva 93\/13, corresponde al ordenamiento jur\u00eddico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas<\/u><\/strong>, en virtud del principio de autonom\u00eda procesal, a condici\u00f3n<\/strong>, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia<\/strong>) y de que no hagan imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Uni\u00f3n confiere a los consumidores (principio de efectividad<\/strong>).<\/p>\n33 Por lo que se refiere, al principio de equivalencia<\/strong>, no resulta, que el art. 43 LEC sea aplicado de forma diferente<\/strong> en los litigios relativos a derechos reconocidos por el Derecho nacional y en los relativos a derechos basados en el Derecho de la Uni\u00f3n.<\/p>\n34 Por lo que respecta al principio de efectividad<\/strong>, el Tribunal de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuesti\u00f3n de si una disposici\u00f3n procesal nacional hace imposible<\/strong> o excesivamente dif\u00edcil la aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n debe analizarse teniendo en cuenta el lugar<\/strong> que ocupa dicha disposici\u00f3n dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo<\/strong> y sus particularidades<\/strong> ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideraci\u00f3n los principios<\/u><\/strong> sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la seguridad jur\u00eddica y la fuerza de las resoluciones judiciales.<\/p>\n35 En este asunto, debe constatarse que, tal como se desprende de la interpretaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/strong>, ese \u00f3rgano jurisdiccional est\u00e1 obligado<\/strong>, en virtud del art. 43 LEC, a suspender<\/u><\/strong> la acci\u00f3n individual de la que conoce hasta que se resuelva mediante sentencia firme la acci\u00f3n colectiva cuya soluci\u00f3n pueda aplicarse respecto de la acci\u00f3n individual y, de ese modo, el consumidor no puede hacer valer de forma individual<\/u><\/strong> los derechos<\/strong> reconocidos por la Directiva 93\/13 desvincul\u00e1ndose<\/strong> de dicha acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n[En concreto en el anterior apartado 16 se dice: El \u00f3rgano jurisdiccional remitente considera que el art. 43 LEC le obliga a suspender<\/strong> la tramitaci\u00f3n de las acciones individuales de las que conoce hasta que la acci\u00f3n colectiva quede resuelta mediante sentencia firme, conllevando ese efecto suspensivo una subordinaci\u00f3n<\/strong> necesaria de la acci\u00f3n individual a la acci\u00f3n colectiva, en lo que se refiere tanto a la tramitaci\u00f3n<\/strong> del procedimiento \u2013prejudicialidad- como a su resultado<\/strong> \u2013cosa juzgada y efecto \u00abultra partes\u00bb (la aclaraci\u00f3n entre guiones es de quien resume)-].<\/p>\n36 Pues bien, tal situaci\u00f3n puede redundar en perjuicio de la efectividad de la protecci\u00f3n<\/u><\/strong> prevista por esta Directiva a la luz de las diferencias<\/strong> de los mecanismos de protecci\u00f3n de los consumidores que se materializan en esas acciones<\/strong>.<\/p>\n37 En efecto, por una parte, [1] el consumidor queda obligatoriamente vinculado por el resultado de la acci\u00f3n colectiva <\/strong>[la sentencia], incluso cuando decida no participar<\/strong> en la misma, y la obligaci\u00f3n que el art. 43 LEC impone al juez nacional [2] impide a \u00e9ste realizar un an\u00e1lisis propio de las circunstancias<\/strong> que concurren en el asunto del que conoce. En particular, no ser\u00e1n determinantes a efectos de la resoluci\u00f3n del litigio individual ni la negociaci\u00f3n<\/strong> individual de la cl\u00e1usula respecto de la que se alega el car\u00e1cter abusivo, ni la naturaleza de los bienes<\/strong> o de los servicios objeto del contrato en cuesti\u00f3n.<\/p>\n38 Por otra parte, el consumidor est\u00e1 [3] sometido, en virtud del art. 43 LEC, tal como lo interpreta el \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/u><\/strong>, al plazo<\/strong> de adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n judicial referida a la acci\u00f3n colectiva, [4] sin que el juez nacional pueda apreciar desde este punto de vista la pertinencia de la suspensi\u00f3n de la acci\u00f3n individual hasta que exista sentencia firme<\/strong> en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n39 As\u00ed pues, esa regla nacional <\/strong>[el art. 43 LEC seg\u00fan la interpretaci\u00f3n del juez remitente] resulta incompleta e insuficiente<\/strong> y no constituye un medio adecuado ni eficaz para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas, en contra<\/u> del art. 7.1 Directiva 93\/13.<\/p>\n40 La anterior conclusi\u00f3n se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta que, en Derecho interno, si desea adherirse a la acci\u00f3n colectiva<\/strong>, el consumidor est\u00e1 sujeto, tal como resulta del auto de remisi\u00f3n, a condicionantes relativos [1] a la determinaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional competente [2.1] y a los motivos que pueden invocarse<\/strong>. Asimismo, pierde<\/strong> necesariamente los derechos que le ser\u00edan reconocidos en el marco de una acci\u00f3n individual, esto es, [2.2] la toma en consideraci\u00f3n de todas las circunstancias<\/strong> que caracterizan su causa, y [2.3] la posibilidad de renunciar<\/strong> a que no se aplique una cl\u00e1usula abusiva, a fortiori<\/em> si no puede desvincularse de la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n41 La necesidad de garantizar la coherencia entre las resoluciones judiciales no puede justificar<\/u> esa falta de efectividad<\/strong>, ya que la diferente naturaleza<\/strong> del control judicial ejercido en el marco de una acci\u00f3n colectiva y en el marco de una acci\u00f3n individual deber\u00eda evitar el riesgo de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias<\/strong>.<\/p>\n42 En relaci\u00f3n con la necesidad de evitar la saturaci\u00f3n<\/strong> de los tribunales, el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos que la Directiva 93\/13 reconoce a los consumidores no puede quedar obstaculizado<\/strong> por consideraciones vinculadas a la organizaci\u00f3n judicial de un Estado miembro.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>EL FALLO.- <\/span><\/h6>\nEn virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:<\/span><\/p>\nEl art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al juez<\/strong> que conoce de una acci\u00f3n individual de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula de un contrato que le une a un profesional, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores de conformidad con el apartado segundo del citado art\u00edculo con el fin de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual, sin que pueda tomarse en consideraci\u00f3n si es pertinente esa suspensi\u00f3n desde la perspectiva de la protecci\u00f3n del consumidor<\/strong> que present\u00f3 una demanda judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir desvincularse de la acci\u00f3n colectiva<\/strong>.<\/p>\n
\n\u00a0<\/p>\n
[1]<\/a> S\u00f3lo con el fin de destacar algunos problemas que plantea esta importante resoluci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de retener los temas para un posterior estudio, se han incluido entre corchetes opiniones de quien esto escribe, cuya posible molestia pido tolerar al esforzado lector. Adem\u00e1s, para situarle con m\u00e1s facilidad en la sentencia se ha conservado donde se ha podido la numeraci\u00f3n de la misma.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n
CONSUMO Y DERECHO<\/a><\/h2>\nFICHAS CONDICIONES GENERALES\u00a0<\/a><\/h2>\nLa litispendencia de la acci\u00f3n individual por haber procedimiento colectivo vulnera el derecho al proceso de la persona consumidora<\/a><\/span><\/strong><\/p>\nSTS 25 marzo 2015: el efecto de la acci\u00f3n colectiva en el procedimiento singular<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/a><\/p>\n\u00a0Ciervos entre vi\u00f1as de La Rioja. Por Vicente Quintanal. Pinchar en la foto.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n <\/p>\n
Por Carlos Ballugera
\n<\/b><\/p>\n
<\/p>\n
COMENTARIO<\/span><\/h6>\n\u00a0 La acci\u00f3n individual o singular de nulidad de cl\u00e1usulas abusivas no est\u00e1 subordinada y es independiente de la colectiva y la persona consumidora tiene el derecho subjetivo, fundado en el art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, de desvincularse del procedimiento colectivo y de su resultado. Eso es lo que he entendido despu\u00e9s de leer la STJUE que voy a resumir a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 Ese derecho subjetivo de la persona consumidora se predica no s\u00f3lo de las relaciones entre profesionales y personas consumidoras (B2C), sino tambi\u00e9n de las relaciones entre profesionales y adherentes que no sean personas consumidoras (B2B), por raz\u00f3n de lo dispuesto en la disposici\u00f3n adicional 4\u00aa<\/a> LCGC.<\/p>\n\u00a0 Por tanto, personas consumidoras y adherentes pueden desvincularse, primero, del procedimiento de la acci\u00f3n colectiva pendiente, sin que les afecte en su perjuicio la prejudicialidad civil (art. 43 LEC). Segundo, pueden desvincularse del resultado de la acci\u00f3n colectiva, es decir, de la sentencia firme reca\u00edda en el procedimiento y de su efecto de cosa juzgada (art. 222 LEC).<\/p>\n
\u00a0 Respecto de esto \u00faltimo, tal derecho comprende, de un lado, la facultad de renunciar a la nulidad de la cl\u00e1usula abusiva y, del otro, la facultad de desvincularse de la cosa juzgada de la sentencia colectiva que declara la validez de la cl\u00e1usula a favor del profesional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/a>Resumen STJUE 14 abril<\/a> 2016<\/span><\/h6>\n<\/a>EL CASO.-<\/span><\/h6>\n\u00a0 Dos personas consumidoras demandan, en acci\u00f3n individual<\/strong>, la nulidad de dos cl\u00e1usulas suelo incluidas en sendos pr\u00e9stamos hipotecarios, a dos bancos, quienes a su vez, solicitan la suspensi\u00f3n<\/strong> del procedimiento por imperativo del art. 43 LEC habida cuenta la existencia de una acci\u00f3n colectiva<\/strong> ejercitada por Adicae que pretende la cesaci\u00f3n por nulidad de cl\u00e1usulas an\u00e1logas. <\/strong>El juez de la acci\u00f3n individual se cree obligado a suspender el procedimiento por el art. 43 LEC, por lo que plantea cuatro cuestiones prejudiciales que versan sobre la interpretaci\u00f3n<\/strong> del art. 7 Directiva 93\/13\/CE. Marco jur\u00eddico: Directiva 93<\/a>\/13: arts. 3; 4.1; 6.1; y 7. Derecho espa\u00f1ol: arts. 43; 221; y 222 LEC<\/a>.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.-<\/span><\/h6>\n20 Mediante sus [cuatro] cuestiones prejudiciales, que se analizan conjuntamente por el TJUE<\/strong>, el \u00f3rgano remitente pregunta si el art. 7 Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional que obliga al juez que conoce de una acci\u00f3n individual<\/strong> de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva<\/strong> pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores para que cese el uso de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual[1]<\/a>.<\/p>\n21 Procede comenzar recordando<\/strong> el art. 7 Directiva 93\/13, donde en paralelo<\/strong> al derecho del consumidor a ejercitar una acci\u00f3n sobre el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula [por mor del art. 7.1 Directiva 93\/13\/CE], el art. 7.2 de la misma permite a los Estados miembros un control de las cl\u00e1usulas abusivas a trav\u00e9s de acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas en aras del inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> por asociaciones de defensa de los consumidores.<\/p>\n22 Respecto de la acci\u00f3n individual<\/u><\/strong>, el sistema de protecci\u00f3n que establece la Directiva 93\/13 se basa en que el consumidor se halla en situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong>, que s\u00f3lo puede compensarse<\/u><\/strong> por una intervenci\u00f3n positiva<\/strong>, ajena a las partes del contrato [por ejemplo del legislador, cuyo modo de intervenci\u00f3n externa a las partes es dar car\u00e1cter semiimperativo a las normas de protecci\u00f3n].<\/p>\n24 En este contexto, el juez nacional debe apreciar de oficio el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula contractual y si lo hace, el derecho a una protecci\u00f3n efectiva del consumidor comprende la facultad de renunciar<\/strong> a hacer valer la nulidad de una tal cl\u00e1usula.<\/p>\n26 Respecto a las acciones del <\/u><\/strong>art. 7.2 Directiva 93\/13, debe se\u00f1alarse que las personas u organizaciones<\/u><\/strong> a las que se reconoce un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la protecci\u00f3n de los consumidores y que ejercitan la acci\u00f3n [1] no se encuentran en tal situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong> respecto a los profesionales.<\/p>\n28 Confirma, adem\u00e1s, este enfoque diferenciado<\/u><\/strong> [2] el art. 4.1 Directiva 98\/27\/CE, y el art. 4.1 Directiva 2009\/22\/CE, que sucedi\u00f3 a la anterior, seg\u00fan los cuales los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene su establecimiento o su domicilio son los competentes<\/strong> para conocer de las acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas por las asociaciones de protecci\u00f3n de los consumidores de otros Estados miembros en caso de infracci\u00f3n intracomunitaria<\/strong>.<\/p>\n29 Debe a\u00f1adirse que [3] el car\u00e1cter preventivo<\/strong> y [4] la finalidad disuasoria<\/strong> de las acciones de cesaci\u00f3n, [5] as\u00ed como su independencia<\/u><\/strong> con respecto a cualquier litigio individual concreto, implican que puedan ejercitarse tales acciones aun cuando las cl\u00e1usulas cuya prohibici\u00f3n se solicita no se hayan utilizado en contratos <\/strong>determinados.<\/p>\n30 Las acciones individuales y colectivas tienen, en la Directiva 93\/13, objetos y efectos jur\u00eddicos diferentes<\/u><\/strong>, de modo que la relaci\u00f3n<\/u><\/strong> de \u00edndole procesal<\/strong> entre la tramitaci\u00f3n de las unas y de otras \u00fanicamente puede atender a exigencias de car\u00e1cter procesal asociadas, en particular<\/strong>, a la recta administraci\u00f3n de la justicia y que respondan a la necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la articulaci\u00f3n<\/u> [<\/strong>particular] de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la protecci\u00f3n de los consumidores<\/strong>, tal como est\u00e1 prevista en la Directiva 93\/13.<\/p>\n31 Si bien esta Directiva no persigue la armonizaci\u00f3n de las sanciones aplicables en el supuesto de declaraci\u00f3n del car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula en el marco de dichas acciones, su art. 7.1, obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces<\/strong> para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas.<\/p>\n32 En este contexto es preciso, no obstante, se\u00f1alar que, a falta de armonizaci\u00f3n de los medios procesales que regulan las relaciones entre las acciones colectivas y las acciones individuales<\/strong> previstas por la Directiva 93\/13, corresponde al ordenamiento jur\u00eddico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas<\/u><\/strong>, en virtud del principio de autonom\u00eda procesal, a condici\u00f3n<\/strong>, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia<\/strong>) y de que no hagan imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Uni\u00f3n confiere a los consumidores (principio de efectividad<\/strong>).<\/p>\n33 Por lo que se refiere, al principio de equivalencia<\/strong>, no resulta, que el art. 43 LEC sea aplicado de forma diferente<\/strong> en los litigios relativos a derechos reconocidos por el Derecho nacional y en los relativos a derechos basados en el Derecho de la Uni\u00f3n.<\/p>\n34 Por lo que respecta al principio de efectividad<\/strong>, el Tribunal de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuesti\u00f3n de si una disposici\u00f3n procesal nacional hace imposible<\/strong> o excesivamente dif\u00edcil la aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n debe analizarse teniendo en cuenta el lugar<\/strong> que ocupa dicha disposici\u00f3n dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo<\/strong> y sus particularidades<\/strong> ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideraci\u00f3n los principios<\/u><\/strong> sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la seguridad jur\u00eddica y la fuerza de las resoluciones judiciales.<\/p>\n35 En este asunto, debe constatarse que, tal como se desprende de la interpretaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/strong>, ese \u00f3rgano jurisdiccional est\u00e1 obligado<\/strong>, en virtud del art. 43 LEC, a suspender<\/u><\/strong> la acci\u00f3n individual de la que conoce hasta que se resuelva mediante sentencia firme la acci\u00f3n colectiva cuya soluci\u00f3n pueda aplicarse respecto de la acci\u00f3n individual y, de ese modo, el consumidor no puede hacer valer de forma individual<\/u><\/strong> los derechos<\/strong> reconocidos por la Directiva 93\/13 desvincul\u00e1ndose<\/strong> de dicha acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n[En concreto en el anterior apartado 16 se dice: El \u00f3rgano jurisdiccional remitente considera que el art. 43 LEC le obliga a suspender<\/strong> la tramitaci\u00f3n de las acciones individuales de las que conoce hasta que la acci\u00f3n colectiva quede resuelta mediante sentencia firme, conllevando ese efecto suspensivo una subordinaci\u00f3n<\/strong> necesaria de la acci\u00f3n individual a la acci\u00f3n colectiva, en lo que se refiere tanto a la tramitaci\u00f3n<\/strong> del procedimiento \u2013prejudicialidad- como a su resultado<\/strong> \u2013cosa juzgada y efecto \u00abultra partes\u00bb (la aclaraci\u00f3n entre guiones es de quien resume)-].<\/p>\n36 Pues bien, tal situaci\u00f3n puede redundar en perjuicio de la efectividad de la protecci\u00f3n<\/u><\/strong> prevista por esta Directiva a la luz de las diferencias<\/strong> de los mecanismos de protecci\u00f3n de los consumidores que se materializan en esas acciones<\/strong>.<\/p>\n37 En efecto, por una parte, [1] el consumidor queda obligatoriamente vinculado por el resultado de la acci\u00f3n colectiva <\/strong>[la sentencia], incluso cuando decida no participar<\/strong> en la misma, y la obligaci\u00f3n que el art. 43 LEC impone al juez nacional [2] impide a \u00e9ste realizar un an\u00e1lisis propio de las circunstancias<\/strong> que concurren en el asunto del que conoce. En particular, no ser\u00e1n determinantes a efectos de la resoluci\u00f3n del litigio individual ni la negociaci\u00f3n<\/strong> individual de la cl\u00e1usula respecto de la que se alega el car\u00e1cter abusivo, ni la naturaleza de los bienes<\/strong> o de los servicios objeto del contrato en cuesti\u00f3n.<\/p>\n38 Por otra parte, el consumidor est\u00e1 [3] sometido, en virtud del art. 43 LEC, tal como lo interpreta el \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/u><\/strong>, al plazo<\/strong> de adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n judicial referida a la acci\u00f3n colectiva, [4] sin que el juez nacional pueda apreciar desde este punto de vista la pertinencia de la suspensi\u00f3n de la acci\u00f3n individual hasta que exista sentencia firme<\/strong> en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n39 As\u00ed pues, esa regla nacional <\/strong>[el art. 43 LEC seg\u00fan la interpretaci\u00f3n del juez remitente] resulta incompleta e insuficiente<\/strong> y no constituye un medio adecuado ni eficaz para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas, en contra<\/u> del art. 7.1 Directiva 93\/13.<\/p>\n40 La anterior conclusi\u00f3n se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta que, en Derecho interno, si desea adherirse a la acci\u00f3n colectiva<\/strong>, el consumidor est\u00e1 sujeto, tal como resulta del auto de remisi\u00f3n, a condicionantes relativos [1] a la determinaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional competente [2.1] y a los motivos que pueden invocarse<\/strong>. Asimismo, pierde<\/strong> necesariamente los derechos que le ser\u00edan reconocidos en el marco de una acci\u00f3n individual, esto es, [2.2] la toma en consideraci\u00f3n de todas las circunstancias<\/strong> que caracterizan su causa, y [2.3] la posibilidad de renunciar<\/strong> a que no se aplique una cl\u00e1usula abusiva, a fortiori<\/em> si no puede desvincularse de la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n41 La necesidad de garantizar la coherencia entre las resoluciones judiciales no puede justificar<\/u> esa falta de efectividad<\/strong>, ya que la diferente naturaleza<\/strong> del control judicial ejercido en el marco de una acci\u00f3n colectiva y en el marco de una acci\u00f3n individual deber\u00eda evitar el riesgo de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias<\/strong>.<\/p>\n42 En relaci\u00f3n con la necesidad de evitar la saturaci\u00f3n<\/strong> de los tribunales, el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos que la Directiva 93\/13 reconoce a los consumidores no puede quedar obstaculizado<\/strong> por consideraciones vinculadas a la organizaci\u00f3n judicial de un Estado miembro.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n<\/a>EL FALLO.- <\/span><\/h6>\nEn virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:<\/span><\/p>\nEl art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al juez<\/strong> que conoce de una acci\u00f3n individual de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula de un contrato que le une a un profesional, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores de conformidad con el apartado segundo del citado art\u00edculo con el fin de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual, sin que pueda tomarse en consideraci\u00f3n si es pertinente esa suspensi\u00f3n desde la perspectiva de la protecci\u00f3n del consumidor<\/strong> que present\u00f3 una demanda judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir desvincularse de la acci\u00f3n colectiva<\/strong>.<\/p>\n
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[1]<\/a> S\u00f3lo con el fin de destacar algunos problemas que plantea esta importante resoluci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de retener los temas para un posterior estudio, se han incluido entre corchetes opiniones de quien esto escribe, cuya posible molestia pido tolerar al esforzado lector. Adem\u00e1s, para situarle con m\u00e1s facilidad en la sentencia se ha conservado donde se ha podido la numeraci\u00f3n de la misma.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n
CONSUMO Y DERECHO<\/a><\/h2>\nFICHAS CONDICIONES GENERALES\u00a0<\/a><\/h2>\nLa litispendencia de la acci\u00f3n individual por haber procedimiento colectivo vulnera el derecho al proceso de la persona consumidora<\/a><\/span><\/strong><\/p>\nSTS 25 marzo 2015: el efecto de la acci\u00f3n colectiva en el procedimiento singular<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n\u00a0<\/p>\n
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<\/a><\/p>\n\u00a0Ciervos entre vi\u00f1as de La Rioja. Por Vicente Quintanal. Pinchar en la foto.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n <\/p>\n
Por Carlos Ballugera
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\u00a0 Por tanto, personas consumidoras y adherentes pueden desvincularse, primero, del procedimiento de la acci\u00f3n colectiva pendiente, sin que les afecte en su perjuicio la prejudicialidad civil (art. 43 LEC). Segundo, pueden desvincularse del resultado de la acci\u00f3n colectiva, es decir, de la sentencia firme reca\u00edda en el procedimiento y de su efecto de cosa juzgada (art. 222 LEC).<\/p>\n
\u00a0 Respecto de esto \u00faltimo, tal derecho comprende, de un lado, la facultad de renunciar a la nulidad de la cl\u00e1usula abusiva y, del otro, la facultad de desvincularse de la cosa juzgada de la sentencia colectiva que declara la validez de la cl\u00e1usula a favor del profesional.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/a> \u00a0 Dos personas consumidoras demandan, en acci\u00f3n individual<\/strong>, la nulidad de dos cl\u00e1usulas suelo incluidas en sendos pr\u00e9stamos hipotecarios, a dos bancos, quienes a su vez, solicitan la suspensi\u00f3n<\/strong> del procedimiento por imperativo del art. 43 LEC habida cuenta la existencia de una acci\u00f3n colectiva<\/strong> ejercitada por Adicae que pretende la cesaci\u00f3n por nulidad de cl\u00e1usulas an\u00e1logas. <\/strong>El juez de la acci\u00f3n individual se cree obligado a suspender el procedimiento por el art. 43 LEC, por lo que plantea cuatro cuestiones prejudiciales que versan sobre la interpretaci\u00f3n<\/strong> del art. 7 Directiva 93\/13\/CE. Marco jur\u00eddico: Directiva 93<\/a>\/13: arts. 3; 4.1; 6.1; y 7. Derecho espa\u00f1ol: arts. 43; 221; y 222 LEC<\/a>.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> 20 Mediante sus [cuatro] cuestiones prejudiciales, que se analizan conjuntamente por el TJUE<\/strong>, el \u00f3rgano remitente pregunta si el art. 7 Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional que obliga al juez que conoce de una acci\u00f3n individual<\/strong> de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva<\/strong> pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores para que cese el uso de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual[1]<\/a>.<\/p>\n 21 Procede comenzar recordando<\/strong> el art. 7 Directiva 93\/13, donde en paralelo<\/strong> al derecho del consumidor a ejercitar una acci\u00f3n sobre el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula [por mor del art. 7.1 Directiva 93\/13\/CE], el art. 7.2 de la misma permite a los Estados miembros un control de las cl\u00e1usulas abusivas a trav\u00e9s de acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas en aras del inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> por asociaciones de defensa de los consumidores.<\/p>\n 22 Respecto de la acci\u00f3n individual<\/u><\/strong>, el sistema de protecci\u00f3n que establece la Directiva 93\/13 se basa en que el consumidor se halla en situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong>, que s\u00f3lo puede compensarse<\/u><\/strong> por una intervenci\u00f3n positiva<\/strong>, ajena a las partes del contrato [por ejemplo del legislador, cuyo modo de intervenci\u00f3n externa a las partes es dar car\u00e1cter semiimperativo a las normas de protecci\u00f3n].<\/p>\n 24 En este contexto, el juez nacional debe apreciar de oficio el car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula contractual y si lo hace, el derecho a una protecci\u00f3n efectiva del consumidor comprende la facultad de renunciar<\/strong> a hacer valer la nulidad de una tal cl\u00e1usula.<\/p>\n 26 Respecto a las acciones del <\/u><\/strong>art. 7.2 Directiva 93\/13, debe se\u00f1alarse que las personas u organizaciones<\/u><\/strong> a las que se reconoce un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la protecci\u00f3n de los consumidores y que ejercitan la acci\u00f3n [1] no se encuentran en tal situaci\u00f3n de inferioridad<\/strong> respecto a los profesionales.<\/p>\n 28 Confirma, adem\u00e1s, este enfoque diferenciado<\/u><\/strong> [2] el art. 4.1 Directiva 98\/27\/CE, y el art. 4.1 Directiva 2009\/22\/CE, que sucedi\u00f3 a la anterior, seg\u00fan los cuales los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene su establecimiento o su domicilio son los competentes<\/strong> para conocer de las acciones de cesaci\u00f3n ejercitadas por las asociaciones de protecci\u00f3n de los consumidores de otros Estados miembros en caso de infracci\u00f3n intracomunitaria<\/strong>.<\/p>\n 29 Debe a\u00f1adirse que [3] el car\u00e1cter preventivo<\/strong> y [4] la finalidad disuasoria<\/strong> de las acciones de cesaci\u00f3n, [5] as\u00ed como su independencia<\/u><\/strong> con respecto a cualquier litigio individual concreto, implican que puedan ejercitarse tales acciones aun cuando las cl\u00e1usulas cuya prohibici\u00f3n se solicita no se hayan utilizado en contratos <\/strong>determinados.<\/p>\n 30 Las acciones individuales y colectivas tienen, en la Directiva 93\/13, objetos y efectos jur\u00eddicos diferentes<\/u><\/strong>, de modo que la relaci\u00f3n<\/u><\/strong> de \u00edndole procesal<\/strong> entre la tramitaci\u00f3n de las unas y de otras \u00fanicamente puede atender a exigencias de car\u00e1cter procesal asociadas, en particular<\/strong>, a la recta administraci\u00f3n de la justicia y que respondan a la necesidad de evitar resoluciones judiciales contradictorias, sin que la articulaci\u00f3n<\/u> [<\/strong>particular] de esas diferentes acciones deba conducir a una merma de la protecci\u00f3n de los consumidores<\/strong>, tal como est\u00e1 prevista en la Directiva 93\/13.<\/p>\n 31 Si bien esta Directiva no persigue la armonizaci\u00f3n de las sanciones aplicables en el supuesto de declaraci\u00f3n del car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula en el marco de dichas acciones, su art. 7.1, obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces<\/strong> para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas.<\/p>\n 32 En este contexto es preciso, no obstante, se\u00f1alar que, a falta de armonizaci\u00f3n de los medios procesales que regulan las relaciones entre las acciones colectivas y las acciones individuales<\/strong> previstas por la Directiva 93\/13, corresponde al ordenamiento jur\u00eddico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas<\/u><\/strong>, en virtud del principio de autonom\u00eda procesal, a condici\u00f3n<\/strong>, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia<\/strong>) y de que no hagan imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Uni\u00f3n confiere a los consumidores (principio de efectividad<\/strong>).<\/p>\n 33 Por lo que se refiere, al principio de equivalencia<\/strong>, no resulta, que el art. 43 LEC sea aplicado de forma diferente<\/strong> en los litigios relativos a derechos reconocidos por el Derecho nacional y en los relativos a derechos basados en el Derecho de la Uni\u00f3n.<\/p>\n 34 Por lo que respecta al principio de efectividad<\/strong>, el Tribunal de Justicia ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuesti\u00f3n de si una disposici\u00f3n procesal nacional hace imposible<\/strong> o excesivamente dif\u00edcil la aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n debe analizarse teniendo en cuenta el lugar<\/strong> que ocupa dicha disposici\u00f3n dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo<\/strong> y sus particularidades<\/strong> ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideraci\u00f3n los principios<\/u><\/strong> sobre los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la seguridad jur\u00eddica y la fuerza de las resoluciones judiciales.<\/p>\n 35 En este asunto, debe constatarse que, tal como se desprende de la interpretaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/strong>, ese \u00f3rgano jurisdiccional est\u00e1 obligado<\/strong>, en virtud del art. 43 LEC, a suspender<\/u><\/strong> la acci\u00f3n individual de la que conoce hasta que se resuelva mediante sentencia firme la acci\u00f3n colectiva cuya soluci\u00f3n pueda aplicarse respecto de la acci\u00f3n individual y, de ese modo, el consumidor no puede hacer valer de forma individual<\/u><\/strong> los derechos<\/strong> reconocidos por la Directiva 93\/13 desvincul\u00e1ndose<\/strong> de dicha acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n [En concreto en el anterior apartado 16 se dice: El \u00f3rgano jurisdiccional remitente considera que el art. 43 LEC le obliga a suspender<\/strong> la tramitaci\u00f3n de las acciones individuales de las que conoce hasta que la acci\u00f3n colectiva quede resuelta mediante sentencia firme, conllevando ese efecto suspensivo una subordinaci\u00f3n<\/strong> necesaria de la acci\u00f3n individual a la acci\u00f3n colectiva, en lo que se refiere tanto a la tramitaci\u00f3n<\/strong> del procedimiento \u2013prejudicialidad- como a su resultado<\/strong> \u2013cosa juzgada y efecto \u00abultra partes\u00bb (la aclaraci\u00f3n entre guiones es de quien resume)-].<\/p>\n 36 Pues bien, tal situaci\u00f3n puede redundar en perjuicio de la efectividad de la protecci\u00f3n<\/u><\/strong> prevista por esta Directiva a la luz de las diferencias<\/strong> de los mecanismos de protecci\u00f3n de los consumidores que se materializan en esas acciones<\/strong>.<\/p>\n 37 En efecto, por una parte, [1] el consumidor queda obligatoriamente vinculado por el resultado de la acci\u00f3n colectiva <\/strong>[la sentencia], incluso cuando decida no participar<\/strong> en la misma, y la obligaci\u00f3n que el art. 43 LEC impone al juez nacional [2] impide a \u00e9ste realizar un an\u00e1lisis propio de las circunstancias<\/strong> que concurren en el asunto del que conoce. En particular, no ser\u00e1n determinantes a efectos de la resoluci\u00f3n del litigio individual ni la negociaci\u00f3n<\/strong> individual de la cl\u00e1usula respecto de la que se alega el car\u00e1cter abusivo, ni la naturaleza de los bienes<\/strong> o de los servicios objeto del contrato en cuesti\u00f3n.<\/p>\n 38 Por otra parte, el consumidor est\u00e1 [3] sometido, en virtud del art. 43 LEC, tal como lo interpreta el \u00f3rgano jurisdiccional remitente<\/u><\/strong>, al plazo<\/strong> de adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n judicial referida a la acci\u00f3n colectiva, [4] sin que el juez nacional pueda apreciar desde este punto de vista la pertinencia de la suspensi\u00f3n de la acci\u00f3n individual hasta que exista sentencia firme<\/strong> en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n 39 As\u00ed pues, esa regla nacional <\/strong>[el art. 43 LEC seg\u00fan la interpretaci\u00f3n del juez remitente] resulta incompleta e insuficiente<\/strong> y no constituye un medio adecuado ni eficaz para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas, en contra<\/u> del art. 7.1 Directiva 93\/13.<\/p>\n 40 La anterior conclusi\u00f3n se revela especialmente cierta si se tiene en cuenta que, en Derecho interno, si desea adherirse a la acci\u00f3n colectiva<\/strong>, el consumidor est\u00e1 sujeto, tal como resulta del auto de remisi\u00f3n, a condicionantes relativos [1] a la determinaci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional competente [2.1] y a los motivos que pueden invocarse<\/strong>. Asimismo, pierde<\/strong> necesariamente los derechos que le ser\u00edan reconocidos en el marco de una acci\u00f3n individual, esto es, [2.2] la toma en consideraci\u00f3n de todas las circunstancias<\/strong> que caracterizan su causa, y [2.3] la posibilidad de renunciar<\/strong> a que no se aplique una cl\u00e1usula abusiva, a fortiori<\/em> si no puede desvincularse de la acci\u00f3n colectiva.<\/p>\n 41 La necesidad de garantizar la coherencia entre las resoluciones judiciales no puede justificar<\/u> esa falta de efectividad<\/strong>, ya que la diferente naturaleza<\/strong> del control judicial ejercido en el marco de una acci\u00f3n colectiva y en el marco de una acci\u00f3n individual deber\u00eda evitar el riesgo de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias<\/strong>.<\/p>\n 42 En relaci\u00f3n con la necesidad de evitar la saturaci\u00f3n<\/strong> de los tribunales, el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos que la Directiva 93\/13 reconoce a los consumidores no puede quedar obstaculizado<\/strong> por consideraciones vinculadas a la organizaci\u00f3n judicial de un Estado miembro.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:<\/span><\/p>\n El art. 7 Directiva 93\/13\/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a [la interpretaci\u00f3n de] una normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al juez<\/strong> que conoce de una acci\u00f3n individual de un consumidor, dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula de un contrato que le une a un profesional, a suspender autom\u00e1ticamente<\/strong> la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociaci\u00f3n de consumidores de conformidad con el apartado segundo del citado art\u00edculo con el fin de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de cl\u00e1usulas an\u00e1logas<\/u><\/strong> a aquella contra la que se dirige dicha acci\u00f3n individual, sin que pueda tomarse en consideraci\u00f3n si es pertinente esa suspensi\u00f3n desde la perspectiva de la protecci\u00f3n del consumidor<\/strong> que present\u00f3 una demanda judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir desvincularse de la acci\u00f3n colectiva<\/strong>.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n [1]<\/a> S\u00f3lo con el fin de destacar algunos problemas que plantea esta importante resoluci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de retener los temas para un posterior estudio, se han incluido entre corchetes opiniones de quien esto escribe, cuya posible molestia pido tolerar al esforzado lector. Adem\u00e1s, para situarle con m\u00e1s facilidad en la sentencia se ha conservado donde se ha podido la numeraci\u00f3n de la misma.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n La litispendencia de la acci\u00f3n individual por haber procedimiento colectivo vulnera el derecho al proceso de la persona consumidora<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n STS 25 marzo 2015: el efecto de la acci\u00f3n colectiva en el procedimiento singular<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0Ciervos entre vi\u00f1as de La Rioja. Por Vicente Quintanal. Pinchar en la foto.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n <\/p>\n Por Carlos BallugeraResumen STJUE 14 abril<\/a> 2016<\/span><\/h6>\n<\/a>
EL CASO.-<\/span><\/h6>\n
SOBRE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES.-<\/span><\/h6>\n
EL FALLO.- <\/span><\/h6>\n
\nCONSUMO Y DERECHO<\/a><\/h2>\n
FICHAS CONDICIONES GENERALES\u00a0<\/a><\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
\n<\/b><\/p>\n