\u00a0<\/p>\n
Sentencias del Tribunal Supremo.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizcaia.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a>.<\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencia del TS de 17 de diciembre de 2015, Recurso 2293\/2014. \u201c<\/strong>La citada Orden \u2013de 18 de diciembre de 2008- de la que resulta el coeficiente multiplicador aplicado, tiene por objetivo determinar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda, a efectos de la liquidaci\u00f3n, entre otros, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, publicando en su Anexo I la metodolog\u00eda empleada para su obtenci\u00f3n para su posterior individualizaci\u00f3n por municipios y a\u00f1os en su Anexo III, m\u00e9todo que tiene en cuenta el coeficiente de actualizaci\u00f3n del valor catastral, el coeficiente de referencia al mercado (relaci\u00f3n entre el valor catastral y el de mercado), y el coeficiente de variaci\u00f3n del mercado inmobiliario (a partir de estad\u00edsticas de Administraciones competentes en materia de vivienda sobre el \u00edndice de precios del metro cuadrado de las viviendas, con datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias, calcul\u00e1ndose los coeficientes a partir de los criterios de media nacional y de Andaluc\u00eda, tama\u00f1o del municipio, \u00e1reas geogr\u00e1ficas homog\u00e9neas, localizaci\u00f3n o situaci\u00f3n geogr\u00e1fica). De suerte que para cada municipio se calculan varios valores del coeficiente multiplicador del valor catastral, atendiendo a los criterios de presentaci\u00f3n de las estad\u00edsticas (media nacional, media de Andaluc\u00eda, tama\u00f1o del municipio, localizaci\u00f3n y \u00e1reas geogr\u00e1ficas) y, a su vez, utilizando datos medios anuales y trimestrales, consider\u00e1ndose el valor m\u00ednimo de los valores obtenidos. Lo anterior pone de manifiesto que el m\u00e9todo utilizado para determinar el coeficiente multiplicador tiene en cuenta una pluralidad de factores objetivos inmediatamente relacionados con el valor real de los inmuebles urbanos, como su situaci\u00f3n, estado, uso, ubicaci\u00f3n, fecha de construcci\u00f3n, \u00e1rea geogr\u00e1fica, …, junto a los valores catastrales y datos estad\u00edsticos, cuya adecuaci\u00f3n, procedencia y alcance no han sido debidamente desvirtuados por la parte actora.\u00bb<\/p>\n No se admite el recurso de casaci\u00f3n para unificaci\u00f3n de doctrina.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 30 de diciembre de 2015, Recurso 2164\/2013. El impago de la tasa de basura tiene la consideraci\u00f3n de cantidad asimilada a renta a efectos de la resoluci\u00f3n del contrato de arrendamiento por impago.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 15 de enero de 2016, Recurso 4054\/2014. Sujeci\u00f3n al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados y sanci\u00f3n. Gesti\u00f3n, mediante la modalidad de concierto, del servicio de limpieza p\u00fablica: concesi\u00f3n. Unificaci\u00f3n de Doctrina. Incongruencia. Falta de contradicci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>No est\u00e1 de m\u00e1s poner de manifiesto que es el desplazamiento patrimonial el que sirve de justificaci\u00f3n para la tributaci\u00f3n que nos ocupa, pues resulta evidente que existe una manifestaci\u00f3n de capacidad econ\u00f3mica, en tanto que se transfiere al adjudicatario una esfera de actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, en este caso el servicio de limpieza viaria, con eminente car\u00e1cter legal de servicio p\u00fablico, y que determina un beneficio econ\u00f3mico a su favor, pues como hemos dicho en otras ocasiones \u00abCon independencia de las referencias que, bien en el propio contrato celebrado o bien en los Pliegos de Condiciones aplicables en la contrataci\u00f3n, se hacen a la figura de la concesi\u00f3n o a la del concesionario, lo determinante, a los efectos fiscales, es si de la celebraci\u00f3n del contrato con el Ayuntamiento se origina un desplazamiento patrimonial en favor de la entidad contratante al colocarla en situaci\u00f3n de obtener un beneficio especial con motivo de la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso p\u00fablico\u00bb.<\/p>\n \u201cLa tesis defendida en los dos motivos de casaci\u00f3n no puede ser acogida teniendo en cuenta tanto el concepto de la concesi\u00f3n en Derecho Administrativo como la aplicaci\u00f3n que de ella se hace en el Derecho tributario a los efectos de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales e IVA.<\/p>\n En Derecho Administrativo, la concesi\u00f3n administrativa es una instituci\u00f3n que agrupa distintas especies de negocios jur\u00eddicos presididos por la idea de cesi\u00f3n a un particular de una esfera de actuaci\u00f3n originariamente administrativa. El concepto incluye todos aquellos actos de las Administraciones P\u00fablicas por los que se faculta a los particulares para la realizaci\u00f3n o gesti\u00f3n de determinado servicio p\u00fablico o se les atribuye el aprovechamiento espec\u00edfico y exclusivo de bienes de dominio p\u00fablico. La concesi\u00f3n es, por tanto, una instituci\u00f3n jur\u00eddica compleja, susceptible de ser considerada como contrato y como derecho real ya que comprende dos modalidades: la de servicio p\u00fablico y la demanial.<\/p>\n Sentencia del TS de 16 de febrero de 2016, Recurso 183172014. Est\u00e1 exenta la creaci\u00f3n de una sucursal cuando se engloba en un proceso de reestructuraci\u00f3n empresarial.<\/p>\n \u201cLa fusi\u00f3n contemplada estaba incluida en la previsi\u00f3n del art\u00edculo 97.1.c) de la LIS, y concurr\u00eda el beneficio impositivo establecido en el art\u00edculo 98.1.a) de la propia Ley. Pues la constituci\u00f3n de la sucursal se realizaba en el \u00e1mbito de una operaci\u00f3n de cesi\u00f3n global de los activos y pasivos con la afectaci\u00f3n de los mismos a un establecimiento permanente situado en Espa\u00f1a, como parte de la reestructuraci\u00f3n empresarial, por lo que se encontraba amparada en el r\u00e9gimen fiscal del Cap\u00edtulo VIII del T\u00edtulo VIII LIS. Por consiguiente, la \u00fanica cuesti\u00f3n debatida en el proceso, relativa a la concurrencia de los requisitos necesarios para entender aplicable la exenci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 45.I.B).10 del TRITP y AJD, en la redacci\u00f3n correspondiente a la fecha del devengo, ha de resolverse en el mismo sentido que lo hizo la sentencia impugnada.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 16 de febrero de 2016, Recurso 2102\/2014. Cl\u00e1usula contenida en escritura de constituci\u00f3n de hipoteca en garant\u00eda de un pr\u00e9stamo, en la que se conviene que las rentas que produce el inmueble hipotecado se aplicar\u00e1n al pago de los intereses y despu\u00e9s al capital. Pacto anticr\u00e9tico, que solo obliga a las partes y que no es inscribible en el Registro de la Propiedad. No sujeci\u00f3n al Impuesto de Actos Jur\u00eddicos<\/strong>\u00a0Documentados.<\/p>\n Se reitera la doctrina contenida en la Sentencia del TS de 15 de enero de 2015, recurso 1929\/2013, que ya estudiamos.<\/p>\n La Consulta de la Agencia Tributaria de Catalu\u00f1a de 24 de febrero de 2016 considera sujeto a AJD la constituci\u00f3n de una prenda sobre las rentas derivadas del contrato de arrendamiento.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 17 de febrero de 2016, Recurso 1170\/2014. ITPyAJD. No sujeci\u00f3n al gravamen de una autorizaci\u00f3n administrativa para instalaciones de generaci\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica. Servicio P\u00fablico.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>El que una actividad o sector se encuentre sujeto a autorizaci\u00f3n o control administrativo no lo convierte en un servicio p\u00fablico como sucede en el caso, por ejemplo, del transporte mediante taxi o de la apertura de farmacias. Y es que, respecto de los citados ejemplos, entendemos que las autorizaciones o permisos que la Administraci\u00f3n ha de conceder en el ejercicio de dichas facultades de control administrativo, no determinan, como pretende la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas en su modalidad Transmisiones Patrimoniales.<\/p>\n \u00a0La autorizaci\u00f3n o licencia que otorga la Administraci\u00f3n para el desarrollo de la actividad de generaci\u00f3n o suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica no se debe encontrar sujeta al citado Impuesto como \u00abacto y negocio administrativo equiparable a una concesi\u00f3n administrativa\u00bb como pretende efectuarse con la autorizaci\u00f3n administrativa concedida a F\u2026\u2026. S.L. para la realizaci\u00f3n de una actividad privada y que a lo que \u00fanicamente est\u00e1 sujeta dicha actividad es a una actuaci\u00f3n de intervenci\u00f3n y control administrativo. Todas las autorizaciones constituyen una forma de intervenci\u00f3n de la Administraci\u00f3n por v\u00eda de consentimiento para el ejercicio de una actividad, que es requisito necesario para dicho ejercicio. De tal manera que, sin ese consentimiento, tal actividad no podr\u00eda desplegarse v\u00e1lidamente o bien carecer\u00eda de efectos jur\u00eddicos. Pero, ello no los convierte, al menos desde una perspectiva fiscal, en servicios p\u00fablicos, ni desde un punto de vista subjetivo (la titularidad del servicio no es p\u00fablica), ni objetivo (la forma de intervenci\u00f3n de la Administraci\u00f3n no es de gesti\u00f3n del servicio, ni directa ni indirecta).<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 22 de febrero de 2016, Recurso 836\/2014. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, modalidad operaciones societarias. Ampliaci\u00f3n de capital mediante compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos: operaci\u00f3n no<\/strong>\u00a0exenta.<\/p>\n \u201cNo era procedente la exenci\u00f3n prevista en el art\u00ba 45.I. b) 10 del Texto Refundido, Real Decreto Legislativo 1\/1993, en tanto que en el caso de ampliaci\u00f3n o aumento de capital mediante compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, no pod\u00eda mantenerse que estemos en presencia de una aportaci\u00f3n no dineraria especial, puesto que conforme a los arts. 154 a 157 y 36 a 39 de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, la cesi\u00f3n crediticia equivale a una aportaci\u00f3n dineraria, o al menos es un supuesto espec\u00edfico contemplado por la normativa mercantil, ajeno al r\u00e9gimen de aportaci\u00f3n no dineraria.\u201d\u201d La norma mercantil regula el aumento de capital, distingue claramente entre aportaciones dinerarias, no dinerarias, y de forma individual la compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Ante el silencio de la normativa fiscal para definir qu\u00e9 ha de entenderse por aportaci\u00f3n no dineraria, lo propio es acudir a la rama del ordenamiento jur\u00eddico del que procede el t\u00e9rmino, esto es la legislaci\u00f3n mercantil, que al regular el aumento de capital distingue varias categor\u00edas, y entre ellas cabe diferenciar las aportaciones no dinerarias de la compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, que junto a las aportaciones no dinerarias como contravalor de capital regulada en el art\u00ba 155, regula las aportaciones dinerarias, art\u00ba 154 del mismo Texto Refundido de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, y en el art\u00ba 156 regula las ampliaciones de capital por compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 2 de marzo de 2016, Recurso 1315\/2014. Las actuaciones inspectoras anuladas por falta de representaci\u00f3n suficiente no interrumpen la prescripci\u00f3n<\/strong>.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>La misma ineficacia del acta suscrita por persona sin autorizaci\u00f3n suficiente debe predicarse respecto de todas las actuaciones, diligencias o tr\u00e1mites del procedimiento inspector, pues lo que dispone el art\u00edculo 57 de la Ley 2\/1999, de Cooperativas, de la Comunidad de Andaluc\u00eda y de los Estatutos de Los Linos Sociedad Cooperativa Andaluza, es que el Consejo Rector de la misma es el \u00f3rgano de representaci\u00f3n, gesti\u00f3n y gobierno, siendo \u00e9ste el que puede (se entiende que siempre) otorgar la representaci\u00f3n y el Presidente en su nombre.<\/p>\n Y como la representaci\u00f3n no ha sido acreditada de forma alguna a lo largo de todo el procedimiento, el supuesto no es de anulabilidad, tal como entendi\u00f3 la resoluci\u00f3n del TEAC de 20 de diciembre de 2010, impugnada en la instancia, sino de inexistencia del acto administrativo, por falta del procedimiento administrativo adecuado seguido con intervenci\u00f3n del interesado, que, por ello, ha de equipararse a la nulidad de pleno derecho, no produciendo el efecto interruptivo de la prescripci\u00f3n. Esta es, por otra parte, la soluci\u00f3n a la que se llega por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 68.1 de la Ley General Tributaria, invocado por la sentencia, seg\u00fan el cual el plazo de prescripci\u00f3n se interrumpe \u00bb a) por cualquier acci\u00f3n de la Administraci\u00f3n tributaria realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularizaci\u00f3n, comprobaci\u00f3n, inspecci\u00f3n, aseguramiento y liquidaci\u00f3n de todos o parte de los elementos de la obligaci\u00f3n tributaria…\u00bb<\/p>\n Tampoco puede aceptarse la alegaci\u00f3n del Abogado del Estado acerca del efecto interruptivo de la notificaci\u00f3n que dice producida en 11 de septiembre de 2003, porque en tal fecha ya se hab\u00eda consumado la prescripci\u00f3n, computado el plazo de cuatro a\u00f1os desde el 25 de julio de 1999, tal como indica la sentencia.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia de 3 de marzo de 2016, Recurso 4066\/2014.\u201cHabr\u00e1 de entenderse, desde el estricto punto de vista econ\u00f3mico, y dado que los resultados econ\u00f3micos no son un elemento condicionante de la existencia de actividad econ\u00f3mica, que la permanencia de estos durante varios ejercicios es irrelevante para mantener la calificaci\u00f3n de \u00abactividad econ\u00f3mica\u00bb sujeta al r\u00e9gimen que para esta clase de actividades establece la ley, puesto que la ley no introduce esa circunstancia como elemento excluyente de la actividad econ\u00f3mica.<\/p>\n Es indudable, sin embargo, que, si la esencia de toda actividad econ\u00f3mica es la obtenci\u00f3n de beneficio, es evidente que no puede sostenerse su existencia desde un punto de vista racional, cuando las p\u00e9rdidas son constantes y mantenidas durante diversos ejercicios. Ahora bien, la conclusi\u00f3n precedente requiere un an\u00e1lisis exhaustivo y completo de la actividad que demuestre, tanto por los medios, de todo orden utilizados, como por los fines pretendidos, su irracionalidad. Este an\u00e1lisis no se ha realizado ni por la Administraci\u00f3n ni por la sala de instancia, lo que comporta rechazar la irracionalidad pretendida, pues las meras afirmaciones apod\u00edcticas sobre la concurrencia de la irracionalidad no son de recibo. Conviene tener en cuenta que las actividades cuestionadas, \u00abh\u00edpica\u00bb y \u00abforestal\u00bb no producen beneficios inicialmente, lo que justificar\u00eda las p\u00e9rdidas de los ejercicios iniciales y exigir\u00eda un esfuerzo probatorio superior al efectuado para demostrar su concurrencia.<\/p>\n De otra parte, la irracionalidad en el comportamiento humano, pese a las p\u00e9rdidas, no se presume. Lo que se presume es la racionalidad, y la afirmaci\u00f3n de la irracionalidad tiene que ser probada, mediante un razonamiento completo y acabado de su concurrencia en el ejercicio y desarrollo de la actividad econ\u00f3mica examinada, lo que en este caso no se ha hecho.\u201d<\/p>\n El supuesto de hecho se refiere a un Registrador de la Propiedad que tambi\u00e9n ejerc\u00eda una actividad h\u00edpica y una actividad forestal.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 20 de noviembre de 2015, Recurso 158\/2014.\u00a0Se comprenden los requerimientos de informaci\u00f3n, la comunicaci\u00f3n de las acciones inspectoras de investigaci\u00f3n, la notificaci\u00f3n de la regularizaci\u00f3n del valor catastral y la interposici\u00f3n de la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica administrativa.<\/p>\n Sobre el tema tambi\u00e9n nos podemos remitir al Informe Consulta IE0111-16<\/a> emitida por la Subdirecci\u00f3n General de Tributos Locales, fechado el 3 de marzo de 2016.<\/p>\n Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de diciembre de 2015, Recurso 68\/2013 La aportaci\u00f3n destinada a reponer p\u00e9rdidas sociales no es una liberalidad.<\/p>\n \u201c. El debate se centra, por lo tanto, en si las aportaciones realizadas con causa en la situaci\u00f3n de p\u00e9rdidas pueden ser calificadas como acto de liberalidad. Siendo esta la \u00fanica cuesti\u00f3n controvertida.<\/p>\n La Sala entiende que no nos encontramos ante un acto de liberalidad por varias razones: 1.- La Junta General, conforme al art 105 de la LSRL, tiene un margen obligado de actuaci\u00f3n en un caso como el de autos: o disuelve, o amplia o disminuye el capital o realiza aportaciones para reponer p\u00e9rdidas, que permitan la remoci\u00f3n de la causa de disoluci\u00f3n, sin que pueda hablarse de liberalidad cuando la conducta de la sociedad viene determinada por una obligaci\u00f3n legal y guarda conexi\u00f3n con la actividad econ\u00f3mica de la entidad -ingresos\/gastos-. De hecho, la Administraci\u00f3n admite que de haberse realizado una ampliaci\u00f3n de capital no estar\u00edamos ante un supuesto de liberalidad y ya hemos razonado que la ampliaci\u00f3n\/reducci\u00f3n es una opci\u00f3n leg\u00edtima, pero no la \u00fanica 2.- En la consulta 3 del Bolet\u00edn 36, de diciembre de 1988, del Instituto de Contabilidad, Auditoria y Cuentas, se razona que: \u00bb Por lo que respecta al tratamiento contable de la aportaci\u00f3n de los socios desde el punto de vista de los socios que efect\u00faan la aportaci\u00f3n hay que indicar que el desembolso efectuado por una sociedad con objeto de compensar p\u00e9rdidas de otra sociedad de la cual es socio, de acuerdo con el principio del precio de adquisici\u00f3n incluido en la primera parte del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643\/1990, de 20 de diciembre, se debe considerar como mayor importe del precio de adquisici\u00f3n de las acciones o participaciones, sin perjuicio de considerar las correcciones valorativas que pudieran afectar a la inversi\u00f3n atendiendo a lo dispuesto en la norma de valoraci\u00f3n 8\u00aa \u00abValores negociables\u00bb incluida en la quinta parte del Plan General de Contabilidad\u00bb. Se trata, por lo tanto, de un mayor valor de la adquisici\u00f3n de la participada por lo que no cabe la calificaci\u00f3n como liberalidad. L\u00ednea en la que se manifiesta tambi\u00e9n el punto 10 del Plan General de Contabilidad -Real Decreto 1514\/2007-, donde se dice que la aportaci\u00f3n se realizaba por los socios o propietarios para compensaci\u00f3n de p\u00e9rdidas o con la finalidad de compensar un d\u00e9ficit tiene la calificaci\u00f3n contable de \u00bb fondos propios \u00ab. 3.- Por \u00faltimo, en nuestra SAN (2\u00aa) de 21 de febrero de 2013 (Rec. 199\/2010) hemos dicho analizando un supuesto de donaci\u00f3n del socio a la sociedad que \u00abpor m\u00e1s que la sociedad sea una persona (jur\u00eddica) distinta del socio, no puede propiamente hablarse de \u00ab\u00e1nimo de liberalidad\u00bb en la donaci\u00f3n que dicho socio – que sigue formando parte de la entidad- realiza a la entidad, por cuanto resulta evidente el inter\u00e9s econ\u00f3mico que el part\u00edcipe mantiene pues -como se se\u00f1ala con acierto en el escrito rector- el socio ve fortalecido el patrimonio de la sociedad a la que sigue perteneciendo. Esa es, con toda seguridad, la clave de la reforma del Plan General, que excluye que estas aportaciones tengan la naturaleza de ingresos, atribuy\u00e9ndole la de fondos propios de la entidad\u00bb.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de diciembre de 2015, Recurso 191\/2013. \u201cLa eficacia de la escritura de complemento o subsanaci\u00f3n de 24 de febrero de 2004 no puede quedar comprometida por la imposibilidad de otorgar car\u00e1cter retroactivo a las declaraciones que contiene. En rigor, en la escritura manifestaron los contratantes que la estipulaci\u00f3n relativa a la renuncia y, por ello, a la sujeci\u00f3n al IVA, formaba parte del contrato de compraventa, pero fue omitida en su d\u00eda por error. Adem\u00e1s, esta segunda escritura fue otorgada antes del transcurso del plazo para autoliquidar el tributo de transmisiones (30 d\u00edas h\u00e1biles desde que se cause el negocio seg\u00fan el art. 102 del Reglamento de este impuesto). No puede sospecharse entonces que las nuevas declaraciones de los contratantes tuvieran la finalidad de eludir el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la Administraci\u00f3n tributaria, sino, precisamente, el de rectificar una omisi\u00f3n formal antes de efectuar la autoliquidaci\u00f3n del impuesto.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco de 14 de diciembre de 2015, Recurso 625\/2015. No es posible externalizar en una empresa privada las funciones de inspecci\u00f3n y gesti\u00f3n tributaria de un Ayuntamiento.<\/p>\n \u201cEn conclusi\u00f3n, no es cierto que el contrato se reduzca a tareas de apoyo, ejecuci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica o a otras que no comporten la producci\u00f3n de actos administrativos (car\u00e1cter del que participan no solo las resoluciones sino tambi\u00e9n las propuestas, y otros actos de tr\u00e1mite, cualificados o no cualificados, con o sin trascendencia tributaria) o el ejercicio de la autoridad inherente a las funciones de inspecci\u00f3n, como dice el Pliego al se\u00f1alar el objeto de la contrataci\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Granada, de 14 de diciembre de 2015, Recurso 362\/2010. Los contratos de seguros de prima \u00fanica se califican como dep\u00f3sitos y su importe, al no probarse su ganancialidad, se incluyen en la herencia del causante.<\/p>\n \u201cLas p\u00f3lizas de referencia, suscritas por el esposo de la recurrente como tomador y asegurado, garantizaban al beneficiario designado para el caso de fallecimiento ocurrido antes de la fecha de duraci\u00f3n del seguro (el c\u00f3nyuge y en su defecto las personas que se designaban en ella) el reembolso de las primas pagadas, estableci\u00e9ndose al efecto un r\u00e9gimen de prima \u00fanica, que correspond\u00eda a la diferencia entre \u00e9sta y el capital asegurado para el caso de supervivencia del asegurado al momento de finalizaci\u00f3n del plazo del seguro (5 a\u00f1os).<\/p>\n \u00a0Los contratos de seguro de capital diferido a prima \u00fanica son una especie de seguro de ahorro por el que la entidad aseguradora se obliga, mediante el cobro de una prima \u00fanica efectuada a la firma de la p\u00f3liza, a entregar el capital pactado al beneficiario si el asegurado vive al vencimiento del contrato, o al reembolso al tomador de la prima percibida si el asegurado muere antes del vencimiento indicado. Seg\u00fan ello, en este tipo de contratos el elemento riesgo propio de los contratos de seguro queda bastante atenuado, o sencillamente, se elimina, convirti\u00e9ndose en una suerte de operaci\u00f3n de capitalizaci\u00f3n por medio de la que, la entidad aseguradora, a cambio de una prima \u00fanica pagada al inicio del contrato, se compromete a entregar al beneficiario en una fecha fija el capital garantizado, tanto si el asegurado vive en ese momento como si hubiere fallecido antes. As\u00ed pues, en esta modalidad de contrato nos encontramos con meras operaciones de ahorro por medio de las que la entidad aseguradora forma un capital capitalizando la cantidad inicial percibida del tomador del contrato, seg\u00fan ha tenido oportunidad de calificar este tipo de contratos el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras m\u00e1s, de 18 de abril de 2007, RJJ 2007\/3361; 5 de marzo de 2008, RJ 2008\/2023; 1 de julio de 2008, RJ 2008\/4399; y 9 de marzo de 2011, RJ 2011\/2035.<\/p>\n A esta modalidad de contrato pertenecen los dos formalizados por el esposo de la recurrente y consecuentemente su tributaci\u00f3n por el Impuesto sobre Sucesiones ha de tener en cuenta que no se trata de unos verdaderos seguros, sino de unos dep\u00f3sitos o pr\u00e9stamos bancarios que han de integrarse en la masa hereditaria, para su liquidaci\u00f3n conforme corresponda entre los herederos del causante y de conformidad con el testamento del mismo.<\/p>\n Ahora bien, como quiera que, en contra de lo que se dice por la recurrente, no consta acreditado, por no haberse practicado prueba alguna al respecto, que el importe de las cantidades abonadas por su esposo en concepto de prima \u00fanica a la entidad aseguradora, como suscriptor exclusivo, tuviera car\u00e1cter ganancial, la totalidad de la cantidad abonada por la aseguradora ha de integrarse en la herencia.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 16 de diciembre de 2015, Recurso 709\/2014. Impuesto sobre Donaciones. Simultaneidad de la entrega del dinero y del otorgamiento de la escritura p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n \u201cEn el presente supuesto, la ahora recurrente, recibe de su madre dos transferencias bancarias en fechas 3 y 4 de junio de 2009 por importes respectivos de 30.000 \u20ac y de 20.000 \u20ac, y no es hasta el 6 de noviembre de 2009 cuando se protocoliza en escritura p\u00fablica la donaci\u00f3n por el importe total de 50.000 \u20ac. La autoliquidaci\u00f3n del impuesto en la que se aplicaba la bonificaci\u00f3n litigiosa se practic\u00f3 en fecha 26 de noviembre de 2009. Como se motiva en la sentencia de esta Sala ya referenciada, a tenor de los art\u00edculos 3.1.b) y 24.2 de la Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, constituye el hecho imponible la adquisici\u00f3n de bienes y derechos por donaci\u00f3n o cualquier otro negocio jur\u00eddico a t\u00edtulo gratuito e \u00abinter vivos\u00bb y que en las transmisiones lucrativas \u00abinter vivos\u00bb el impuesto se devenga el d\u00eda en que se cause o celebre el contrato, de manera que como se apunta en la resoluci\u00f3n impugnada la tesis de la demandante vendr\u00eda de hecho a dejar a su arbitrio el momento de cumplimento de su obligaci\u00f3n tributaria. A los efectos de rebatir la tesis planteada por la recurrente, conviene poner de manifiesto en primer t\u00e9rmino que, conforme resulta de lo establecido en el art\u00edculo 632 del C\u00f3digo Civil, la donaci\u00f3n de una cosa mueble, y est\u00e1 claro que el dinero lo es, se perfecciona con la entrega simult\u00e1nea de la cosa, y en segundo lugar que no puede mantenerse v\u00e1lidamente que la aceptaci\u00f3n de la donataria, la aqu\u00ed recurrente, solo se produjo al otorgarse el documento notarial que conten\u00eda la donaci\u00f3n, pues el conocimiento del efectivo ingreso del dinero en la cuenta bancaria de la que era titular la recurrente se tuvo como consecuencia de las comunicaciones que de todos los movimientos se comunica por parte de la entidad bancaria, hecho este que entra en pugna con la alegaci\u00f3n de no haber tenido conocimiento de la donaci\u00f3n hasta la formalizaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica. Por \u00faltimo, no puede obviarse el claro mandato legal, que exige que la donaci\u00f3n se formalice en documento p\u00fablico, sobre la base de cu\u00e1l sea la voluntad del legislador, que por lo dem\u00e1s es el que ha establecido ese requisito (y cuando demanda que la donaci\u00f3n se formalice en escritura p\u00fablica es evidente que no pueden desconectarse en el tiempo una y otra, de manera que aqu\u00e9lla se haga en un momento y \u00e9sta se otorgue en cualquier otro). No puede, por tanto, concluirse que la donaci\u00f3n de autos se ajuste a los supuestos en los que la misma debe entenderse bonificada, a lo que hay que a\u00f1adir que en materia tributaria no se admite la analog\u00eda para extender m\u00e1s all\u00e1 de sus t\u00e9rminos estrictos el \u00e1mbito de los beneficios o incentivos fiscales (art\u00edculo 14 de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre General Tributaria)\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 21 de diciembre de 2015, Recurso 103\/2013. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Compraventa de solar con edificaci\u00f3n existente. La compraventa del solar comprende tanto el suelo como el vuelo.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>En definitiva, la cuesti\u00f3n es determinar si el inmueble que estaba construido en el solar que en 2.004 adquiri\u00f3 el recurrente, era o no de su propiedad. No tanto que fuera construido por \u00e9l, como dice el Abogado del Estado, sino que \u00e9l era due\u00f1o de ese inmueble.<\/p>\n En principio nada se dice sobre este extremo en la escritura de compraventa del solar una vez que la construcci\u00f3n ya exist\u00eda sobre el mismo, y no cabe duda de la existencia de una construcci\u00f3n si el adquirente del terreno sosten\u00eda que ya era de su propiedad, pudo y debi\u00f3 ser mencionada.<\/p>\n Pero al margen de ello, de la prueba obrante en las actuaciones se puede extraer que el actor particip\u00f3 personalmente en la construcci\u00f3n de la vivienda, as\u00ed lo dicen los testigos, pero no que la obra fuera realizada enteramente a su costa ni que fuera el titular de la misma.<\/p>\n En efecto, las facturas aportadas no justifican la titularidad de la construcci\u00f3n, no s\u00f3lo porque algunas son de varios a\u00f1os antes a la compra del solar y anteriores al alta que aport\u00f3 como promotor sino porque, fundamentalmente, su importe es muy inferior al valor de la vivienda y en su conjunto no describen todos los materiales y elementos de los que consta un inmueble de las caracter\u00edsticas del existente. De ellas se puede deducir que el Sr. Cirilo compr\u00f3 algunos materiales de construcci\u00f3n, pero los mismos no completan todos los que son necesarios para la construcci\u00f3n de la vivienda.<\/p>\n \u00a0Por otra parte, como se\u00f1ala el Abogado del Estado, el informe aportado por Ayuntamiento no puede resultar determinante porque no contiene la fuente de los datos que suministra y, en todo caso tambi\u00e9n ser\u00eda contradictorio con las propias afirmaciones del recurrente, pues el informe se\u00f1ala que la construcci\u00f3n se realiz\u00f3 en 2.003, y parte de las facturas aportadas se retrotraen a 1.999.<\/p>\n \u00a0Aun partiendo de que el recurrente particip\u00f3 en la construcci\u00f3n de la vivienda, lo esencial no es eso, sino si lo fue a t\u00edtulo de due\u00f1o y ya lo era en el momento de comprar el solar, y eso no se deriva de los elementos indiciarios que antes hemos examinado.<\/p>\n \u00a0Sobre la cuesti\u00f3n esencial que se debate, hubiera sido determinante la declaraci\u00f3n de la vendedora del solar a fin de que explicara si permiti\u00f3 que sobre un terreno de su propiedad edificara un tercero como due\u00f1o, cosa no muy habitual por cierto salvo razones justificadas, y as\u00ed poder valorar la credibilidad de ese testimonio.<\/p>\n La propietaria del solar es quien m\u00e1s tendr\u00eda que decir a ese respecto.<\/p>\n \u00a0Sin embargo, siendo una prueba f\u00e1cil y al alcance del recurrente, nada se propone en ese sentido, con lo que se ha de concluir que no se ha acreditado la tesis de la que parte el recurrente.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Granada, de 23 de diciembre de 2015, Recurso 767\/2010. \u201cEl art\u00edculo 57 de dicho Real Decreto, que bajo la r\u00fabrica de pago de la leg\u00edtima vidual con entrega de bienes en pleno dominio, dispone, \u00bb Cuando en virtud de lo dispuesto en los arts. 839 y 840 CC se hiciese pago al c\u00f3nyuge sobreviviente de su haber legitimario en forma o concepto distinto del usufructo, se girar\u00e1 una liquidaci\u00f3n sobre la cantidad coincidente del valor comprobado de los bienes o derechos adjudicados y el asignado al usufructo, seg\u00fan las reglas del art. 49, sin que haya lugar, en consecuencia, a practicar liquidaci\u00f3n alguna por la nuda propiedad a los herederos ni, en su d\u00eda, por extinci\u00f3n del usufructo. Pero cuando el valor de lo adjudicado en forma distinta del usufructo fuese menor o mayor de lo que corresponder\u00eda al c\u00f3nyuge viudo, el exceso o diferencia se liquidar\u00e1 como exceso de adjudicaci\u00f3n a cargo del heredero o herederos favorecidos en el primer caso, o del c\u00f3nyuge viudo en el segundo. \u00ab<\/p>\n Sin embargo para que procediera, tal como postula la parte recurrente la aplicaci\u00f3n de ese art\u00edculo 57 del Reglamento del Impuesto, hubiera sido necesario que el pago al c\u00f3nyuge sobreviviente lo hubiera sido de su leg\u00edtima vidual, lo que no fue as\u00ed como ya hemos expuesto y razonado, sino que el pago que se le hizo lo fue no de su leg\u00edtima vidual, sino del legado universal y vitalicio, es decir de una porci\u00f3n hereditaria distinta de la que integra aquella, de ah\u00ed que no fuera de aplicaci\u00f3n el precepto que invocaba y por tanto debemos desestimar el recurso origen del presente procedimiento sin que de conformidad con el art\u00edculo 139 de la LJCA haya lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del presente procedimiento.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 25 de enero de 2015, Recurso 213\/2013. La carga de la prueba de la sujeci\u00f3n a IVA corresponde al que la afirma.<\/p>\n \u201cLa \u00fanica cuesti\u00f3n planteada en el presente recurso contencioso-administrativo consiste en determinar si la referida escritura p\u00fablica notarial de 1 de febrero de 2007, en la que la actora adquir\u00eda la finca NUM002 del Registro de la Propiedad n\u00ba. 3 de Cartagena, est\u00e1 sujeta al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido como ella pretende, o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales onerosas como sostienen las Administraciones demandadas, que basan su tesis en se\u00f1alar que la actora, que tiene la carga de la prueba, no ha acreditado que los vendedores fueran sujetos pasivos del IVA.<\/p>\n \u00a0Seg\u00fan los arts. 217 LEC y 105. 1 LGT: 1. En los procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos quien haga valer su derecho deber\u00e1 probar los hechos constitutivos del mismo. 2. Los obligados tributarios cumplir\u00e1n su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administraci\u00f3n tributaria. En consecuencia, corresponde a la actora acreditar los hechos constitutivos de su pretensi\u00f3n y en concreto que los vendedores o cedentes del solar eran sujetos pasivos del IVA.<\/p>\n Como dec\u00edamos en la sentencia 814\/15 (P. O. 746\/10) de esta misma Sala y Secci\u00f3n, en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. As\u00ed la STS de 23 de enero de 2008 se\u00f1ala: \u00bb que en los procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos quien haga valer su derecho (sea la Administraci\u00f3n o los obligados tributarios) deber\u00e1 probar los hechos constitutivos del mismo. Con ello, la LGT (art. 114) respeta el criterio general del Ordenamiento sobre la carga de la prueba, sin que el car\u00e1cter imperativo de las normas procedimentales tributarias ni la presunci\u00f3n de legalidad y validez de los actos tributarios afecten al referido principio general. En Derecho Tributario, la carga de la prueba tiene una referencia espec\u00edfica en el art. 114 LGT que impone a cada parte la prueba del hecho constitutivo de su pretensi\u00f3n, en t\u00e9rminos afines a las tradicionales doctrinas civilistas. Conforme dispone el art. 78.1 de la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, los actos de instrucci\u00f3n necesarios para la determinaci\u00f3n, conocimiento y comprobaci\u00f3n de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resoluci\u00f3n, se realizar\u00e1n de oficio por el \u00f3rgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervenci\u00f3n o constituyan tr\u00e1mites legal o reglamentariamente establecidos\u00bb. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de un procedimiento administrativo inquisitivo, impulsado de oficio, ni la prueba ni carga de la prueba pueden tener la misma significaci\u00f3n que en un proceso dispositivo. Comenzando por el hecho de que la Administraci\u00f3n deber\u00e1 averiguar los hechos relevantes para la aplicaci\u00f3n del tributo, incluidos, en su caso, los que pudieran favorecer al particular, a\u00fan no alegados por \u00e9ste. Y en pro de esa finalidad se imponen al sujeto pasivo del tributo, e incluso a terceros, deberes de suministrar, comunicar o declarar datos a la Administraci\u00f3n, cuando no de acreditarlos, as\u00ed como se establecen presunciones que invierten la carga de la prueba dispensando al ente p\u00fablico de la acreditaci\u00f3n de los hechos presuntos. La jurisprudencia es abundant\u00edsima sobre la carga de la prueba en el procedimiento de gesti\u00f3n tributaria, haci\u00e9ndose eco e insistiendo en el principio general del art. 114 LGT y entendiendo que ello supone normalmente que la Administraci\u00f3n ha de probar la existencia del hecho imponible y de los elementos que sirvan para cuantificarlos y el particular los hechos que le beneficien como los constitutivos de exenciones y beneficios fiscales, los no sujetos, etc.\u00bb.<\/p>\n \u201cEn el presente caso la \u00fanica prueba obrante en el expediente es la escritura de compraventa de 1 de febrero de 2007, en la que las partes compradora y vendedora manifiestan que la operaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a IVA y no a Transmisiones Patrimoniales, repercutiendo sobre la compradora el IVA a que est\u00e1 sujeta la transmisi\u00f3n.<\/p>\n En dicha escritura se dice que la finca en cuesti\u00f3n pertenece a los vendedores (D. Bernardino y D\u00aa. Mar\u00eda Rosa) por haberla comprado mediante escritura p\u00fablica el 23-05-2002. Dice la compradora en dicha escritura que act\u00faa en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales. Adem\u00e1s, en las cl\u00e1usulas contenidas en la misma se dispone que los impuestos derivados de este otorgamiento ser\u00e1n satisfechos por las partes de conformidad con la Ley. Manifiestan los comparecientes que el IVA correspondiente a la presente operaci\u00f3n ya ha sido soportado y repercutido por las partes de conformidad con la Ley para su ingreso en la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n \u00a0En esta v\u00eda judicial la recurrente ha acreditado la veracidad de dicha circunstancia, y, en concreto, que los vendedores estaban dados de alta en el IAE y eran sujetos pasivos del IVA a trav\u00e9s del oficio remitido por Hacienda, a petici\u00f3n de la misma, informando de que los vendedores ingresaron en Hacienda oportunamente el IVA retenido en la referida operaci\u00f3n en la correspondiente declaraci\u00f3n trimestral del IVA. Por lo tanto, dicho documento acredita que los vendedores actuaron como sujetos pasivos del IVA (de hecho, la cuota la ingresan en Hacienda en la correspondiente declaraci\u00f3n), as\u00ed como que ven\u00edan presentando en esas fechas las correspondientes declaraciones trimestres relativas a dicho impuesto.<\/p>\n Estima este Tribunal en consecuencia que dichas pruebas son suficientes para demostrar que los transmitentes eran sujetos pasivos del IVA, al no constar en el expediente ning\u00fan documento relativo al IRPF de los mismos al que se refiere la Administraci\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Granada, de 25 de enero de 2015, Recurso 113\/2011. Aunque el transmitente sea sujeto pasivo del IVA, si el bien no est\u00e1 afecto a su actividad empresarial, su transmisi\u00f3n no est\u00e1 sujeta a IVA.<\/p>\n \u201cSe deduce la necesidad de acreditar debidamente los hechos que fundamentar\u00edan la renuncia a la exenci\u00f3n, lo que es carga de la prueba de quien la formaliza, si los mismos no resultan suficientemente probados del documento de transmisi\u00f3n sujeto a gravamen, pues, en el procedimiento tributario quien haga valer su derecho deber\u00e1 probar los hechos constitutivos del mismo, por lo que aleg\u00e1ndose que la operaci\u00f3n no est\u00e1 sujeta a ITP, es requisito imprescindible acreditar que el hecho imponible est\u00e1 sujeto y, en su caso, exento del IVA y para ello la condici\u00f3n de empresaria de la parte transmitente es requisito b\u00e1sico, pero tambi\u00e9n que el inmueble transmitido sea susceptible de integrar el patrimonio empresarial del transmitente, a los efectos propios de la exenci\u00f3n. Aunque se reconociera la condici\u00f3n de empresario o profesional, a efectos del IVA, a la parte vendedora, en cuanto integrante de la comunidad de bienes que, seg\u00fan afirma la recurrente, desempe\u00f1aba su actividad agr\u00edcola sobre el bien transmitido, no ocurre lo mismo, sin embargo, respecto del requisito objetivo, relativo a la demostraci\u00f3n de que el bien inmueble transmitido estuviera integrado o afecto al patrimonio empresarial de la parte transmitente, seg\u00fan se ha indicado antes, pues la conclusi\u00f3n a la que se llega en el informe emitido por la AEAT y que sirvi\u00f3 de base para negar la condici\u00f3n de empresaria a la parte vendedora (se rese\u00f1a que la \u00fanica prueba aportada para ello era la declaraci\u00f3n presentada en relaci\u00f3n con el IVA del a\u00f1o 2004, en la que se recog\u00eda como \u00fanica operaci\u00f3n la derivada de la venta de la finca), no se ha desvirtuado mediante la proposici\u00f3n de prueba, por parte de la recurrente (ni siquiera se ha intentado), que es la obligada a ello, al referirse a un extremo que, en principio, aparece suficientemente probado por la Administraci\u00f3n demandada y respecto del cual no existe obst\u00e1culo que impida a la parte recurrente solicitar, a trav\u00e9s de la Sala, la pr\u00e1ctica de las necesarias pruebas tendentes a demostrar que el bien adquirido estaba afecto a la supuesta actividad agr\u00edcola de la parte vendedora; sin que baste a tales efectos que, a la hora de su valoraci\u00f3n, por parte de la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica, se haya aplicado el valor correspondiente a un invernadero con producci\u00f3n de hortalizas, pues, su inclusi\u00f3n en tal categor\u00eda, obtenida de su clasificaci\u00f3n catastral, a los solos efectos de objetivar el valor de la finca en funci\u00f3n de su intensidad productiva (posible) dentro del m\u00e9todo de valoraci\u00f3n aplicado, no prueba la existencia de actividad agr\u00edcola alguna en el momento de la venta, de tal manera que ha quedado sin desvirtuar el extremo relativo a que el supuesto invernadero existente en la finca no estaba en producci\u00f3n en el periodo inmediatamente anterior a la venta<\/p>\n Partiendo de tales premisas hay que concluir que la transmisi\u00f3n no estaba sujeta en modo alguno al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, sino al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Granada, de 23 de diciembre de 2015, Recurso 720\/2010.\u00a0\u201cLa cuesti\u00f3n que corresponde enjuiciar en primer lugar se ci\u00f1e a determinar si como consecuencia de la realizaci\u00f3n de una operaci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n empresarial consistente en la aportaci\u00f3n no dineraria de una rama de actividad de la entidad \u00abI\u2026\u2026, S. L.\u00bb a la sociedad que se constituye \u00abA\u2026\u2026.., S. L.\u00bb, las operaciones llevadas a cabo con car\u00e1cter previo a esta de reestructuraci\u00f3n empresarial por la primera de las mercantiles citadas -documentaci\u00f3n en escritura p\u00fablica del r\u00e9gimen de divisi\u00f3n horizontal de los inmuebles que despu\u00e9s aporta como rama de actividad a la segunda de las entidades mencionadas- deben quedar arropadas por el manto de la exenci\u00f3n reconocida en el art. 45.I.B).10 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal \u201ces evidente que para llevar a cabo la aportaci\u00f3n no dineraria de rama de actividad desde \u00abI\u2026\u2026 S. L.\u00bb a la constituci\u00f3n de la mercantil \u00abA\u2026\u2026, S. L.\u00bb, se hac\u00eda necesaria la divisi\u00f3n horizontal de las fincas propiedad de la primera para poder, de ese modo, consumar la aportaci\u00f3n de rama de actividad econ\u00f3mica. Ahora bien, la necesidad de esta operaci\u00f3n previa de divisi\u00f3n horizontal, a juicio de esta Sala, no la subsume en el conjunto de las actuaciones propias de las declaradas exentas en el art. 45.I.B).10 del Texto Refundido del Impuesto al que venimos refiri\u00e9ndonos, que solamente reconoce el beneficio fiscal en el caso enjuiciado para la operaci\u00f3n societaria consistente en la aportaci\u00f3n no dineraria de la rama de actividad, sin que por extensi\u00f3n, puedan quedar incluidas en ella las actuaciones previas que han permitido la individualizaci\u00f3n de los inmuebles, posteriormente aportados a la sociedad que se constituye \u00abA\u2026\u2026, S. L.\u00bb<\/p>\n Consecuentemente con el razonamiento expuesto, la Sala debe confirmar el criterio aplicado por la Administraci\u00f3n de la Comunidad Aut\u00f3noma, – sobre el que no se pronunci\u00f3 el TEARA al justificar su pronunciamiento en un aspecto estrictamente probatorio, que s\u00f3lo de forma subsidiaria debi\u00f3 ser considerado -, y tambi\u00e9n la resoluci\u00f3n de dicho TEARA, en la medida en que mantiene la procedencia de girar liquidaci\u00f3n por el impuesto cuestionado, aunque sea por razones diferentes a las esgrimidas por la Oficina Gestora del impuesto en la v\u00eda administrativa.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de diciembre de 2015, Recurso 83\/2015. Sujeci\u00f3n al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido. Compraventa sujeta al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido. Condici\u00f3n de sujeto pasivo de la sociedad vendedora. Calificaci\u00f3n de la actividad como empresarial, aunque no se tengan empleados.<\/strong><\/p>\n \u201cLa finca objeto de la compraventa no hab\u00eda sido utilizada nunca por la vendedora en ninguna actividad y que no ten\u00eda personal contratado, por lo que no se pod\u00eda considerar la finca afectada a la actividad profesional de la vendedora\u00bb, habiendo se\u00f1alado asimismo en el acuerdo de liquidaci\u00f3n que la finca no ha sido utilizada en absoluto y que, por tanto, la no afectaci\u00f3n de la finca conducir\u00eda a la conclusi\u00f3n de que la venta posterior, en tanto no integrada en su patrimonio empresarial no estar\u00eda sujeta al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido; mientras que la parte recurrente discrepando de dicho razonamiento sostiene en su demanda que la transmitente de la finca s\u00ed era sujeto pasivo del IVA por ser una sociedad mercantil y por estar destinados todos los terrenos a una actividad empresarial coincidente con su objeto social que era el arrendamiento y compraventa de inmuebles.<\/p>\n Por lo expuesto, es preciso tener en cuenta que el objeto social de la transmitente F\u2026.., S.L., seg\u00fan consta al folio 6 del expediente administrativo, viene establecido en el art. 2 de sus Estatutos que se\u00f1ala que la Sociedad tiene por objeto: A) La compraventa, tenencia y arrendamiento de bienes de naturaleza inmueble. Por lo que siendo ello as\u00ed y formando parte la compraventa, como se dijo, del objeto social de aqu\u00e9lla es por lo que procede acoger las pretensiones de la parte recurrente, pues sostener lo contrario, supondr\u00eda desconocer y alejarse del que constituye su objeto social.<\/p>\n En dicho sentido, vistos los razonamientos contenidos en la resoluci\u00f3n recurrida, es preciso tener en cuenta que como ha se\u00f1alado esta Sala en sentencia de fecha 9-3-2015 \u00abla sentencia de fecha 15-9-2011 (partiendo de lo sostenido en la anterior de 28 de octubre de 2010, dictada en recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina) expresa \u00abque querer reducir la actividad empresarial a la necesidad de tener empleados y local y en base a ello a afirmar que como no se tiene no se desarrolla actividad empresarial, no es correcto, ya que la actividad empresarial se define por la actividad que se desarrolla, siendo la existencia de empleados o no un dato a tener en cuenta pero no lo esencial, que consiste en la ordenaci\u00f3n de medios para desarrollar una actividad de beneficio\u00bb, de tal forma que la ausencia de aquellos requisitos no es una presunci\u00f3n \u00abiuris et de iure\u00bb, cuando hay datos de la actividad expresada como es la relativa al alquiler o compraventa de inmuebles propios del objeto social. Por todo ello, de acuerdo con los razonamientos expuestos y atendiendo, como se dijo, al objeto social expresado es por lo que procede estimar dicho motivo de recurso.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Santander de 5 de enero de 2015, Recurso 391\/2014. Reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica-administrativa interpuesta contra la liquidaci\u00f3n del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ejercicio 2008 por la explotaci\u00f3n de trenes de recorrido tur\u00edstico en el recinto del Palacio de la Magdalena<\/strong> (Santander).<\/p>\n \u201cEn el presente caso no hay duda de la naturaleza jur\u00eddica de la actividad llevada a cabo por la actora: es la titular de una licencia ganada en un concurso p\u00fablico cuyas cl\u00e1usulas particulares encontramos en el expediente administrativo como anexo 2 del documento. El primer art\u00edculo de estas cl\u00e1usulas establece que nos encontramos ante una licencia administrativa para la utilizaci\u00f3n de v\u00eda p\u00fablica en el recinto de la Magdalena mediante uso com\u00fan especial.<\/p>\n Solo de la lectura de esta cl\u00e1usula que la actora conoc\u00eda y por eso concurs\u00f3 y fue la adjudicataria, se disipa toda duda de que nos encontramos ante el caso del art\u00edculo 7.1\u00ba.b) del T.R. antes transcritos y que estamos ante un uso com\u00fan especial de v\u00eda p\u00fablica. Huelga hacer propios los argumentos acertados del escrito de contestaci\u00f3n a la demanda y huelga descartar los argumentos en los que el actor basa sus pretensiones relativas a los datos que se ofrecen a los turistas a trav\u00e9s de una grabaci\u00f3n magnetof\u00f3nica que reproduce el propio tren tur\u00edstico.<\/p>\n \u00a0En cuanto a la sujeci\u00f3n de la actividad al impuesto es una consecuencia autom\u00e1tica de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7 del T.R, y por lo que respecta al devengo del impuesto se produce cuando se ha producido la transmisi\u00f3n onerosa y nos encontramos ante un devengo que es \u00fanico, sin que se fraccione la duraci\u00f3n de su hecho imponible en diferentes per\u00edodos impositivos a cada uno de los cuales corresponda el nacimiento de la obligaci\u00f3n tributaria.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de enero de 2015, Recurso 1075\/2013. \u201cLa facultad conferida por el art\u00edculo 87 de la Ley 50\/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, en cuanto a la renuncia a la facultad de revocaci\u00f3n de la designaci\u00f3n de beneficiarios, con las consecuencias jur\u00eddicas que prescribe el citado art\u00edculo, consistentes en la p\u00e9rdida de los derechos de rescate, anticipo, reducci\u00f3n y pignoraci\u00f3n de la p\u00f3liza, no debe confundirse con el hecho de que tal renuncia no determina que tales vienen ya no formen parte del patrimonio, ya que la imposibilidad de disponer de unos determinados bienes en un periodo de tiempo no implica que los mismos salgan o no formen parte de su patrimonio.<\/p>\n Por otra parte, el art. 17 de la Ley 19\/1991 efectivamente constituye una regla de valoraci\u00f3n y por ello, no es necesario que exista la facultad efectiva de rescate en el momento del devengo del impuesto, pues al ser tan solo una regla de valoraci\u00f3n, lo que implica es que se aplica cuando estamos ante un contrato de seguro y los bienes no han salido del patrimonio y siguen formando parte de dicho patrimonio del sujeto pasivo, lo que ocurre en el caso analizado, al coincidir el beneficiario con el tomador y con el asegurado.<\/p>\n \u00a0Lo expresado no impide que en el caso de que se produzca el fallecimiento recibieran el importe los herederos, pues mientras no se ha producido, el beneficiario es el propio tomador del seguro, por lo que sigue formando parte del patrimonio del tomador y no de los herederos, que no adquieren derecho alguno hasta que se produce el fallecimiento, de acuerdo con las normas reguladoras del C\u00f3digo Civil.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 15 de enero de 2016, Recurso 122\/2013. \u201cNo es imprescindible, para aplicar la deducci\u00f3n por la adquisici\u00f3n de la empresa individual de car\u00e1cter agr\u00edcola, deducci\u00f3n del 95%, la inclusi\u00f3n de la causante en el R\u00e9gimen Especial Agrario, pero s\u00ed la prueba de la existencia de dicha empresa. En este caso resulta del expediente (al Folio 11.1 y 11.2, solicitud de informaci\u00f3n y resultado de \u00e9sta, sobre la inclusi\u00f3n de la causante en el R\u00e9gimen Especial Agrario) que no consta en dicho r\u00e9gimen especial en los a\u00f1os 2002 y 2003 solicitados y, aunque en el a\u00f1o del fallecimiento, los herederos declaran rendimientos en este r\u00e9gimen, no es cre\u00edble sin otra prueba que una persona de avanzada edad, pueda realizar de forma personal, habitual y directa una actividad como la agraria, sin que adem\u00e1s, se haya justificado documentalmente que los ingresos que imputa en la declaraci\u00f3n del IRPF lo sean por un arrendamiento de aparcer\u00eda que no justifica.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de enero de 2015, Recurso 633\/2013. \u00a0\u201cCompartimos, en cambio, con la parte actora que en este caso no nos encontramos ante un supuesto de una donaci\u00f3n con \u00abvarios adquirentes\u00bb, sino ante tres donaciones distintas cada una con su propio adquirente \u00fanico. Y ello, porque -como destaca la propia resoluci\u00f3n del TEAC- no se trata de la donaci\u00f3n de un bien inmueble, supuesto en el que habr\u00eda tres donatarios adquirentes del mismo bien, sino de la donaci\u00f3n del precio aplazado que qued\u00f3 condonado posteriormente por la vendedora, existiendo, por tanto, tres donaciones de dinero, perfectamente separables cada una de ellas. No se trata del supuesto de una donaci\u00f3n de un mismo bien a tres donatarios con distinta residencia, supuesto en el que ser\u00eda aplicable la conclusi\u00f3n alcanzada por el TEAC, sino de tres donaciones de dinero en las que el donante es el mismo, pero los donatarios son diferentes. En definitiva, se trata de tres donaciones perfectamente separables con un solo adquirente cada una de ellas.<\/p>\n \u00a0Razones por las cuales entendemos que resulta de aplicaci\u00f3n la regla general, seg\u00fan la cual, cuando se donan bienes no inmuebles, como es nuestro caso, la competencia corresponde al lugar de residencia habitual del donatario al tiempo del devengo, en este caso, la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balearse de 29 de enero de 2016, Recurso 19\/2014. \u201cEl hecho de que el inmueble se halle desocupado, es decir, que no residan personas en \u00e9l, no conlleva que no se genere el hecho imponible, ya que el servicio p\u00fablico de tratamiento de residuos se efect\u00faa por el Consistorio, directa o indirectamente, sin que la falta de su uso como vivienda o local implique la no producci\u00f3n de basuras.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de febrero de 2016, Recurso 1386\/2013.\u00a0\u201cSeg\u00fan el art\u00edculo 7 de la misma Ley 37\/1.992, en su redacci\u00f3n vigente en 2.006, \u00abNo estar\u00e1n sujetas al impuesto: 1\u00ba) Las siguientes transmisiones de bienes y derechos: a) La transmisi\u00f3n de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo realizada en favor de un solo adquirente, cuando \u00e9ste contin\u00fae el ejercicio de las mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente\u00bb. En este caso, la sociedad vende a un \u00fanico adquirente un inmueble que figura contabilizado en \u00abexistencias\u00bb, siendo el objeto social de la empresa \u00abla compraventa y explotaci\u00f3n de bienes inmuebles, terrenos, promoci\u00f3n y construcci\u00f3n inmobiliaria, estudios relacionados con la actividad inmobiliaria\u00bb. As\u00ed, no se ha producido la transmisi\u00f3n de la totalidad de un patrimonio empresarial y ello por cuanto que, de un lado la mercantil actora es una sociedad que sigue \u00abviva\u00bb, dada de alta en el I.A.E. y ejerciendo una actividad econ\u00f3mica, por lo que no puede decirse que haya transmitido la totalidad de su patrimonio empresarial; y de otro lado el inmueble que se transmite no constituye una rama aut\u00f3noma de la empresa para desarrollar por s\u00ed misma una actividad empresarial, sino que constituye uno de los elementos sobre los que se ejerce precisamente la actividad de la sociedad de compraventa de bienes inmuebles.<\/p>\n El art\u00edculo 22.uno.22\u00ba de la Ley 37\/1.992 determina: \u00abEstar\u00e1n exentas de este impuesto las siguientes operaciones: \u00abA) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar despu\u00e9s de terminada su construcci\u00f3n o rehabilitaci\u00f3n. … La exenci\u00f3n prevista en este n\u00famero no se aplicar\u00e1: … c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolici\u00f3n con car\u00e1cter previo a una nueva promoci\u00f3n urban\u00edstica\u00bb. Este precepto no exige la inmediatez, y ello se debe a que, trat\u00e1ndose de una demolici\u00f3n previa a una nueva construcci\u00f3n, el proceso ser\u00e1 mucho m\u00e1s largo, resultando imposible cumplir, en la mayor parte de los casos, dicho requisito. S\u00ed se exige que la adquisici\u00f3n del inmueble tenga por objeto su demolici\u00f3n y posterior reconstrucci\u00f3n, pero no es necesario que ello se realice en un corto intervalo temporal. En definitiva, lo importante es que se cumpla la finalidad a que va dirigida la excepci\u00f3n a la exenci\u00f3n, que no es otra que someter a aquel tributo las entregas encaminadas a iniciar un proceso edificatorio. Por ello, si se produce una segunda o ulterior entrega del inmueble que en principio estar\u00eda fuera de dicha din\u00e1mica edificatoria, se sujeta plenamente al I.V.A. en la medida en que previa rehabilitaci\u00f3n o demolici\u00f3n-construcci\u00f3n se introduce nuevamente en el \u00ab\u00e1mbito comercial\u00bb como si de una vivienda nueva se tratase.<\/p>\n Con relaci\u00f3n a la manifestada por la contribuyente ignorancia sobre la intenci\u00f3n inmediata de la mercantil adquirente tanto en lo relativo a intenciones de venta como de futura promoci\u00f3n previa demolici\u00f3n, resultan acreditados una serie de gastos por parte de la sociedad en el ejercicio que evidencian su conocimiento acerca del destino del inmueble enajenado, sobre la base de que para edificar era preciso demoler previamente la construcci\u00f3n existente; tales gastos son fundamentalmente: licencia urban\u00edstica para la construcci\u00f3n de 11 viviendas en el solar, estudio geot\u00e9cnico para la construcci\u00f3n de las mismas, factura de arquitecto por un proyecto b\u00e1sico y de ejecuci\u00f3n de 11 viviendas unifamiliares en el inmueble de referencia.<\/p>\n De tales indicios cabe presumir la inaplicabilidad de la exenci\u00f3n de la que trae causa la liquidaci\u00f3n del caso de autos. El art\u00edculo 108.2 de la Ley 58\/2003, General Tributaria, dispone que \u00abPara que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo seg\u00fan las reglas del criterio humano\u00bb.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 11 de febrero de 2015, Recurso 102\/2013. IVA.- Regularizaci\u00f3n de las cuotas soportadas, al resolverse el contrato de compraventa, que las motiv\u00f3. Ello supone la devoluci\u00f3n del IVA.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>En cuanto a las consecuencias de la resoluci\u00f3n, establece el art\u00edculo 80 de la Ley reguladora del Impuesto que \u00bb Dos. Cuando por resoluci\u00f3n firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio despu\u00e9s del momento en que la operaci\u00f3n se haya efectuado, la base imponible se modificar\u00e1 en la cuant\u00eda correspondiente.\u00bb<\/p>\n \u00a0El art\u00edculo 89 con relaci\u00f3n a la Rectificaci\u00f3n de las cuotas impositivas repercutidas dispone: \u00bb Uno. Los sujetos pasivos deber\u00e1n efectuar la rectificaci\u00f3n de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificaci\u00f3n de la base imponible.<\/p>\n La rectificaci\u00f3n deber\u00e1 efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinaci\u00f3n de las cuotas o se produzcan las dem\u00e1s circunstancias a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro a\u00f1os a partir del momento en que se deveng\u00f3 el impuesto correspondiente a la operaci\u00f3n o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado art\u00edculo 80. y a\u00f1ade, el apartado Cinco que \u00bb Cuando la rectificaci\u00f3n de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no haya mediado requerimiento previo, el sujeto pasivo deber\u00e1 presentar una declaraci\u00f3n-liquidaci\u00f3n rectificativa aplic\u00e1ndose a la misma el recargo y los intereses de demora que procedan de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 61, n\u00famero 3 de la Ley General Tributaria .<\/p>\n \u00a0No obstante, lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior, cuando la rectificaci\u00f3n se funde en las causas de modificaci\u00f3n de la base imponible establecidas en el art\u00edculo 80 de esta Ley o se deba a un error fundado en derecho, el sujeto pasivo podr\u00e1 incluir la diferencia correspondiente en la declaraci\u00f3n-liquidaci\u00f3n del per\u00edodo en que se deba efectuar la rectificaci\u00f3n.<\/p>\n Cuando la rectificaci\u00f3n determine una minoraci\u00f3n de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podr\u00e1 optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:<\/p>\n a) Iniciar ante la Administraci\u00f3n Tributaria el correspondiente procedimiento de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos.<\/p>\n b) Regularizar la situaci\u00f3n tributaria en la declaraci\u00f3n-liquidaci\u00f3n correspondiente al per\u00edodo en que deba efectuarse la rectificaci\u00f3n o en las posteriores hasta el plazo de un a\u00f1o a contar desde el momento en que debi\u00f3 efectuarse la mencionada rectificaci\u00f3n. En este caso, el sujeto pasivo estar\u00e1 obligado a reintegrar al destinatario de la operaci\u00f3n el importe de las cuotas repercutidas en exceso\u00bb<\/p>\n En nuestro caso, la mercantil actora, se dedujo el IVA soportado por la compra, de forma que, resuelto el contrato y acordada la devoluci\u00f3n del precio y de las cuotas del IVA repercutido lo procedente era realizar la rectificaci\u00f3n correspondiente en el momento en el que se produce dicha rectificaci\u00f3n en la base imponible del Impuesto, que tuvo lugar en el ejercicio 2008, cuando se resuelve el contrato.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2016, Recurso 407\/2013. La condici\u00f3n resolutoria explicita no es una garant\u00eda real.<\/p>\n El art\u00edculo 80 Cinco de la Ley del IVA dispone que no procede la modificaci\u00f3n de la base imponible, entre otros casos, cuando se trate de cr\u00e9ditos que disfruten de garant\u00eda real<\/p>\n \u201cLa redacci\u00f3n de la citada cl\u00e1usula contractual es de las que se denominan condiciones resolutorias expresas o explicitas en el contrato de compraventa. Como hemos expuesto la mercantil recurrente entiende que dicha condici\u00f3n es una garant\u00eda real y por ese motivo como el acreedor del cr\u00e9dito tiene el cr\u00e9dito asegurado con garant\u00eda real no puede emitir las facturas rectificativas antes referidas. Esta Sala no comparte la tesis de la recurrente por los siguientes motivos. Primero, lo que se denomina \u00abcondici\u00f3n resolutoria explicita\u00bb no es m\u00e1s que es una causa resolutoria expresa del contrato de compraventa con precio aplazado por incumplimiento por parte del deudor de su obligaci\u00f3n principal, como es el pago del precio pactado en la fecha pactada. Cl\u00e1usula que se incorpora con frecuencia en los contratos de compraventa con precio aplazado dada la incertidumbre que puede ocasionar en el vendedor la entrega del bien sin haber recibido en su totalidad el precio pactado y permite al vendedor recuperar el bien en caso de incumplimiento de la obligaci\u00f3n de pago por parte del deudor. Y esta cl\u00e1usula permite tambi\u00e9n al comprador garantizar la posesi\u00f3n en las ventas de inmuebles en las que el precio se ha aplazado. As\u00ed, del contrato de compraventa no se deriva una afecci\u00f3n real sobre el inmueble objeto del mismo, sino que dicha condici\u00f3n resolutoria expresa no es m\u00e1s que un mecanismo para garantizar el cumplimiento efectivo de las reciprocas obligaciones de cada una de las partes. Y por ello esta Secci\u00f3n considera que esa condici\u00f3n resolutoria explicita no es m\u00e1s que una espec\u00edfica menci\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria contractual aplicable a los contratos de compraventa con precio aplazado. Y aunque no cabe duda de que cumple una funci\u00f3n de garant\u00eda nunca puede equipararse a las garant\u00edas reales que se caracterizan por ser accesorias del cr\u00e9dito que garantizan de tal manera que, no pueden existir ni subsistir sin el cr\u00e9dito garantizado y facultan al acreedor a realizar bienes del deudor que quedan especialmente afectos al pago y a cobrarse la deuda con cargo a dichos bienes. Recogiendo la afirmaci\u00f3n del Catedr\u00e1tico de Derecho Civil, Sr. Lacruz Berdejo, los derechos reales de garant\u00eda \u00abconsisten, as\u00ed, en la adscripci\u00f3n de uno o varios bienes determinados del deudor o de un tercero a la satisfacci\u00f3n mediante su valor en venta de un determinado cr\u00e9dito; y ello con car\u00e1cter preferente\u00bb y a\u00f1ade que \u00abla inmediaci\u00f3n propia de los derechos reales se manifiesta en la facultad de instar la venta de la cosa, caso de impago de la deuda, para satisfacer el cr\u00e9dito con el precio obtenido\u00bb.<\/p>\n As\u00ed la condici\u00f3n resolutoria, en su fase ejecutiva, pone de manifiesto la frustraci\u00f3n del fin negocial, ya que su consecuencia es la devoluci\u00f3n de las prestaciones objeto del negocio y la consiguiente recuperaci\u00f3n por el vendedor de la finca que hab\u00eda enajenado.<\/p>\n \u00a0Es cierto como expone el recurrente que en el art\u00edculo 7.3 del Texto Refundido sobre la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados se equiparan las condiciones resolutorias explicitas de las compraventas y las hipotecas que garantizan el pago del precio aplazado con la misma finca vendida. No obstante, esa equiparaci\u00f3n, dada la normativa en que se ha realizado, lo es a los exclusivos efectos de poder exigir el impuesto de actos jur\u00eddicos documentados respecto de aquellas escrituras p\u00fablicas que accedan al Registro de la Propiedad y que recojan alguna de esas especificaciones. Pero, l\u00f3gicamente, la normativa tributaria se ha limitado a considerar como hecho imponible sujeto al impuesto de actos jur\u00eddicos documentados la fijaci\u00f3n en un contrato de compraventa de la condici\u00f3n resolutoria expresa por cuanto que puede acceder de forma aut\u00f3noma al Registro de la Propiedad como una limitaci\u00f3n o carga de la finca inscrita y como tal oponible frente a terceros de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 11 de la Ley Hipotecaria. Regulaci\u00f3n tributaria que no modifica ni puede modificar la regulaci\u00f3n recogida en el C\u00f3digo Civil sobre la naturaleza jur\u00eddica de la condici\u00f3n resolutoria explicita.<\/p>\n La mercantil recurrente insiste en el argumento de que la condici\u00f3n resolutoria expresa en los contratos de compraventa es una garant\u00eda real apoy\u00e1ndose tambi\u00e9n en que la administraci\u00f3n concursal ha incluido los cr\u00e9ditos con condici\u00f3n resolutoria expresa como cr\u00e9ditos privilegiados. Calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos privilegiados que seg\u00fan expone la recurrente solo puede otorgarse de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 86.2 de la Ley Concursal a aquellos cr\u00e9ditos asegurados con garant\u00eda real inscrita en registro p\u00fablico.<\/p>\n Nuevamente se rechaza por esta Secci\u00f3n dicha afirmaci\u00f3n. La Ley 22\/2003, de 9 de julio, Concursal, clasifica los cr\u00e9ditos en el art\u00edculo 89 al disponer que: \u00ab1. Los cr\u00e9ditos incluidos en la lista de acreedores se clasificar\u00e1n, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados. 2. Los cr\u00e9ditos privilegiados se clasificar\u00e1n, a su vez, en cr\u00e9ditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y cr\u00e9ditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. No se admitir\u00e1 en el concurso ning\u00fan privilegio o preferencia que no est\u00e9 reconocido en esta Ley\u00bb.<\/p>\n Y en el art\u00edculo 90.1de la citada Ley Concursal se clasifican los cr\u00e9ditos con privilegio especial y en su n\u00famero 4\u00ba se consideran como tales \u00ablos cr\u00e9ditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibici\u00f3n de disponer o con condici\u00f3n resolutoria en caso de falta de pago\u00bb.<\/p>\n \u00a0Como se aprecia de dichos preceptos la normativa concursal se ha limitado a clasificar los cr\u00e9ditos concursales y el hecho de que se haya incluido como cr\u00e9ditos privilegiados con privilegio especial a los derivados de contratos con condiciones resolutorias expresas no hay raz\u00f3n jur\u00eddica que permita entender que la normativa concursal haya equiparado la condici\u00f3n resolutoria expresa con una garant\u00eda real.<\/p>\n En consecuencia, los ajustes realizados por las facturas rectificativas no pierden eficacia porque deriven de contratos de compraventa en los que se ha recogido una condici\u00f3n resolutoria expresa que no tiene la consideraci\u00f3n de garant\u00eda real.\u201d<\/p>\n En las condiciones resolutorias se habr\u00e1 de tener cuidado en la redacci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal para evitar situaciones como la descrita en la Sentencia del TS de 3 de marzo de 2016, Recurso 312\/2014, en la que se daba una situaci\u00f3n de comiso, pues mientras m\u00e1s cantidad se pagaba del precio aplazado, m\u00e1s se perd\u00eda en caso de incumplimiento, lo que se consider\u00f3 abusivo.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 9 de marzo de 2015, Recurso 97\/2014. \u201cLa cuesti\u00f3n nuclear del presente recurso contencioso-administrativo reside en determinar si la bonificaci\u00f3n del 95% que solicita la recurrente es de aplicaci\u00f3n a la modalidad de la liquidaci\u00f3n tributaria por extinci\u00f3n del usufructo en el impuesto sobre sucesiones.\u201d<\/strong> Se responde afirmativamente.<\/p>\n \u201cNo comparte la Sala los argumentos del Abogado del Estado en punto a la no aplicabilidad de las exenciones parciales o bonificaciones contempladas para el impuesto de sucesiones por el hecho de ser el impuesto por consolidaci\u00f3n del pleno dominio una figura impositiva distinta del impuesto de sucesiones. La propia Ley del Impuesto regula el usufructo y otras instituciones en el art. 26 dentro del Cap\u00edtulo IX, titulado \u00bb Normas especiales \u00ab, lo que en modo alguno puede interpretarse como que la Ley est\u00e9 regulando un impuesto distinto y paralelo al impuesto de sucesiones. As\u00ed, en el art. 26.c) se dispone que \u00bb En la extinci\u00f3n del usufructo se exigir\u00e1 el impuesto seg\u00fan el t\u00edtulo de constituci\u00f3n, aplicando el tipo medio efectivo de gravamen correspondiente a la desmembraci\u00f3n del dominio.\u00bb, pero dicha regla, junto con las restantes que se citan por el Abogado del Estado, no son m\u00e1s que eso, unas normas especiales establecidas por la Ley reguladora del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero no por eso constituye un impuesto diferente. Por esa raz\u00f3n, entendemos, con la parte actora, que, en definitiva, lo que se est\u00e1 liquidando es la consolidaci\u00f3n del pleno dominio derivado del fallecimiento de la usufructuaria, y, en consecuencia, es de aplicaci\u00f3n el impuesto de sucesiones y donaciones, y, por tanto, la deducci\u00f3n del 95% de la cuota tributaria que para los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco previstos en el art\u00edculo 20.2.a) de la Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se estableci\u00f3 por el art\u00edculo \u00fanico . Uno de la Ley 14\/2007, de 20 de diciembre, por la que se ampl\u00edan las bonificaciones tributarias del impuesto sobre sucesiones y donaciones. En ese sentido, hay que tener en cuenta que, en la escritura de compraventa, otorgada el 30 de diciembre de 1978, consta que la mercantil C\u2026.., S.A.\u00bb vendi\u00f3 el usufructo a D. Benigno y D.\u00aa Elo\u00edsa, y la nuda propiedad a su hija, la recurrente, estipul\u00e1ndose (Estipulaci\u00f3n Quinta) que al fallecimiento del \u00faltimo de los usufructuarios se consolidar\u00e1 el pleno dominio en el nudo propietario, o quien sus derechos represente.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V0341-16<\/p>\n Fecha: 27\/01\/2016<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto<\/strong> sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados.<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cLa consultante adquiri\u00f3 una vivienda en estado de soltera mediante un pr\u00e9stamo hipotecario. Posteriormente contrajo matrimonio en r\u00e9gimen de gananciales, tras lo cual dicha vivienda pas\u00f3 a tener car\u00e1cter familiar, satisfaci\u00e9ndose desde entonces el pr\u00e9stamo hipotecario, hasta su total devoluci\u00f3n, con dinero ganancial.<\/p>\n Dicha vivienda figura escrituraria y registralmente a nombre de la consultante con car\u00e1cter privativo, pretendi\u00e9ndose ahora otorgar escritura p\u00fablica para determinar las cuotas indivisas que tengan car\u00e1cter privativo o ganancial, lo cual ser\u00e1 objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad conforme a los art\u00edculos 3 de la ley Hipotecaria y el 91-3 del reglamento hipotecario.\u201d Se pregunta \u201cSi, teniendo en cuenta que no se trata de una aportaci\u00f3n a la sociedad de gananciales, sino de declarar lo que ya tiene car\u00e1cter ganancial, dicha escritura estar\u00eda sujeta a las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y de la cuota variable del documento notarial del ITP y AJD.\u201d<\/p>\n Se responde que \u201cla escritura p\u00fablica que se pretende otorgar no constituye una transmisi\u00f3n patrimonial del bien, no teniendo m\u00e1s finalidad que determinar las cuotas indivisas que tengan car\u00e1cter privativo o ganancial para su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad. Por otro lado, tampoco constituye hecho imponible de la modalidad de la cuota variable del Documento Notarial, de la modalidad de Actos Jur\u00eddicos Documentados, por no tener por objeto cantidad o cosa valuable.\u201d<\/p>\n Esta Consulta ha sido estudiada por el Notario de Ourense Vicente Martorell Garc\u00eda en su trabajo publicado en \u201cEl Notario del Siglo XXI\u201d<\/a>. N\u00ba 66, abril, 2016. Titulado \u201cManiobras gananciales en la oscuridad\u201d.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V0366-16<\/p>\n Fecha: 01\/02\/2016<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto<\/strong> sobre la Renta de las personas F\u00edsicas<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cEl consultante y su esposa son propietarios de un terreno de 1.126,38 metros cuadrados adquirido en el a\u00f1o 1974 en el que construyeron, en el a\u00f1o 1978, una nave industrial de 500 metros cuadrados, que tienen intenci\u00f3n de vender.\u201d Se pregunta por el c\u00e1lculo de la ganancia patrimonial.<\/strong><\/p>\n Se responde que \u201cla disposici\u00f3n transitoria novena de la citada Ley del IRPF establece un r\u00e9gimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisi\u00f3n de elementos patrimoniales no afectos a actividades econ\u00f3micas, o desafectados con m\u00e1s de tres a\u00f1os de antelaci\u00f3n a la fecha de su transmisi\u00f3n, que hubieran sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.<\/strong><\/p>\n Dicho r\u00e9gimen transitorio prev\u00e9 una reducci\u00f3n sobre la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006<\/strong>, entendiendo por tal, la parte de la ganancia patrimonial que proporcionalmente corresponda al n\u00famero de d\u00edas transcurridos entre la fecha de adquisici\u00f3n y el 19 de enero de 2006, ambos inclusive, respecto del n\u00famero total de d\u00edas que hubiera permanecido en el patrimonio del contribuyente.<\/p>\n Para la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n, se calcular\u00e1 el valor de transmisi\u00f3n de todos los elementos patrimoniales transmitidos desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha de transmisi\u00f3n del elemento patrimonial, a cuya ganancia patrimonial le hubiera sido de aplicaci\u00f3n lo establecido en esta disposici\u00f3n, y se operar\u00e1 de la forma siguiente:<\/p>\n Si la suma del resultado de la anterior operaci\u00f3n y el valor de transmisi\u00f3n del elemento patrimonial fuese inferior a 400.000 euros, la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 se reducir\u00e1 aplicando sobre el importe de la misma el coeficiente del 11,11 por 100 por cada a\u00f1o de permanencia del inmueble en el patrimonio del consultante que exceda de dos, contado desde su adquisici\u00f3n o realizaci\u00f3n de las inversiones y mejoras hasta el 31 de diciembre de 1996 y redondeado por exceso.<\/p>\n Si el resultado de la anterior operaci\u00f3n fuese inferior a 400.000 euros, pero sum\u00e1ndolo al valor de transmisi\u00f3n del elemento patrimonial se superase dicha cantidad, la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 que proporcionalmente corresponda a la parte del valor de transmisi\u00f3n que sumado al resultado de la anterior operaci\u00f3n no supere los 400.000 euros, se reducir\u00e1 aplicando sobre el importe de la misma el coeficiente del 11,11 por 100 por cada a\u00f1o de permanencia del inmueble en el patrimonio del consultante que exceda de dos, contado desde su adquisici\u00f3n o realizaci\u00f3n de las inversiones y mejoras hasta el 31 de diciembre de 1996 y redondeado por exceso.<\/p>\n Si el resultado de la anterior operaci\u00f3n fuese superior a 400.000 euros no se aplicar\u00e1 reducci\u00f3n alguna a la parte de la ganancia patrimonial con anterioridad a 20 de enero de 2006.<\/p>\n Por \u00faltimo, resta por se\u00f1alar que las ganancias patrimoniales determinadas en la forma expuesta anteriormente se integrar\u00e1n en la base imponible del ahorro, en la forma prevista en el art\u00edculo 49 de la LIRPF.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V0395-16<\/p>\n Fecha: 01\/02\/2016<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto<\/strong> sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cLa consultante es copropietaria de un piso destinado a vivienda, que forma parte de un edificio en el que existen otras viviendas y locales. Dicho edificio fue construido en 1910 y la propiedad horizontal sobre el mismo se declar\u00f3 en agosto de 1964.<\/strong><\/p>\n En este momento se va a proceder a otorgar acta complementaria para inmatricular el inmueble.\u201d Se pregunta \u201csi el otorgamiento del acta complementaria para inmatricular<\/strong> el inmueble est\u00e1 sometido a tributaci\u00f3n y, en caso afirmativo, valor del mismo y tipo.\u201d<\/p>\n Se responde que \u201cel acta complementaria otorgada para inmatricular el inmueble est\u00e1 sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas como transmisi\u00f3n de bien inmueble sobre una base imponible coincidente con el valor real del bien transmitido.<\/strong> La administraci\u00f3n tributaria podr\u00e1 comprobar el valor declarado por los interesados por los medios establecidos en la Ley General Tributaria, prevaleciendo el que sea mayor de ambos valores, el declarado o el comprobado.\u201d En canto al tipo habr\u00e1 que examinar la legislaci\u00f3n espec\u00edfica de cada Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V0396-16<\/p>\n Fecha: 01\/02\/2016<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto<\/strong> sobre Sucesiones y Donaciones<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cRecientemente ha fallecido una persona; en su testamento instituye herederos universales a sus cinco sobrinos y al consultante le lega la mitad indivisa de un inmueble y establece a su favor un fideicomiso sobre la nuda propiedad de todas las acciones y participaciones sociales de la que es titular la testadora. De esta manera en vida le corresponder\u00e1 la nuda propiedad de las mismas y al fallecimiento del consultante este fideicomiso se atribuir\u00e1 por partes iguales a los cinco sobrinos, sustituidos por sus descendientes.\u201d Se plantea la cuesti\u00f3n de la \u201cmodalidad del fideicomiso y tributaci\u00f3n del mismo.\u201d<\/strong><\/p>\n Se responde que \u201cel consultante va a adquirir en el momento del fallecimiento de la causante, adem\u00e1s de la mitad de un inmueble, el fideicomiso sobre la nuda propiedad de las acciones y participaciones que pose\u00eda la causante; a este respecto el apartado 3 del art\u00edculo 53 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629\/1991, de 8 de noviembre de 1991 (BOE de 16 de noviembre) establece que:\u00a0<\/strong><\/p>\n \u201c3. En las sustituciones fideicomisarias se exigir\u00e1 el impuesto en la instituci\u00f3n y en cada sustituci\u00f3n teniendo en cuenta el patrimonio preexistente del instituido o del sustituto y el grado de parentesco de cada uno con el causante, reput\u00e1ndose al fiduciario y a los fideicomisarios, con excepci\u00f3n del \u00faltimo, como meros usufructuarios, salvo que pudiesen disponer de los bienes por actos \u201cinter vivos\u201d o \u201cmortis causa\u201d, en cuyo caso se liquidar\u00e1 por el pleno dominio, haci\u00e9ndose aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 47.3 de este Reglamento.\u201d<\/strong><\/p>\n Por lo tanto, al adquirir el consultante el fideicomiso sobre la nuda propiedad de las acciones, la base imponible del impuesto estar\u00e1 compuesta por el valor real del mismo.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> N\u00ba de Consulta: V0397-16<\/p>\n Fecha: 01\/02\/2016<\/p>\n Impuesto afectado: Impuesto sobre Sucesiones<\/strong><\/p>\n Materia: \u201cEn el a\u00f1o 2014 fallece en Barcelona la esposa del consultante, que ten\u00eda vecindad civil aragonesa y cuyo matrimonio se reg\u00eda por las disposiciones del consorcio conyugal. Tiene una hija y dos nietas. Con anterioridad a su fallecimiento, hab\u00eda otorgado testamento mancomunado junto al consultante conforme a su vecindad civil aragonesa, en el que se institu\u00edan rec\u00edprocamente fiduciarios con obligaci\u00f3n de distribuir los bienes entre sus descendientes (hijos, nietos…). Fallecida su esposa, el consultante acept\u00f3 el usufructo vidual y el encargo fiduciario sin que haya tenido lugar ninguna otra adjudicaci\u00f3n hereditaria. La transmisi\u00f3n de los bienes de la herencia ha<\/strong> quedado postergada, conforme a la legislaci\u00f3n foral, hasta que se ejecute el encargo fiduciario, bien por actos inter vivos o mortis causa.\u201d Se plantea la cuesti\u00f3n de que \u201ca tenor de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2012, en la que se anula por ilegal el art\u00edculo 54.8 del Reglamento del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, por entender que no se produce hecho imponible que justifique una declaraci\u00f3n provisional hasta que no se ejecute el encargo fiduciario, y de la Resoluci\u00f3n del Tribunal Econ\u00f3mico, Administrativo Central de 10 de octubre de 2013 en el mismo sentido, y teniendo en cuenta que la Administraci\u00f3n competente para la gesti\u00f3n del impuesto y percepci\u00f3n del rendimiento, el consultante plantea las siguientes cuestiones:<\/strong><\/p>\n Primera: Si debe hacerse una liquidaci\u00f3n provisional o a cuenta del Impuesto de Sucesiones, que comprenda la totalidad de los bienes de la herencia como si ya se hubieran adjudicado tal y como vienen exigiendo en la pr\u00e1ctica los organismos de gesti\u00f3n tributaria de la Comunidad de Arag\u00f3n o procede tan s\u00f3lo la liquidaci\u00f3n del usufructo vidual.<\/p>\n Segunda: En caso de liquidaci\u00f3n provisional, se consulta qui\u00e9n ser\u00eda el sujeto pasivo. Las Conclusiones de la Direcci\u00f3n general son las siguientes: Si, adem\u00e1s, tiene la facultad de disponer de los bienes, se liquidar\u00e1 el impuesto en pleno dominio, sin perjuicio de la devoluci\u00f3n que, en su caso, proceda por la parte correspondiente a la nuda propiedad de los bienes que finalmente entregue a los herederos. L\u00f3gicamente, el sujeto pasivo ser\u00e1 el fiduciario, que es quien tendr\u00e1 el derecho a disfrutar de los bienes y, en su caso, a disponer de ellos.<\/strong><\/p>\n Tercera: En cuanto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tras la muerte de la causante, y en tanto el fiduciario no ejerza su cometido y adjudique los bienes a los herederos, se produce una transmisi\u00f3n de los bienes desde la persona fallecida a la herencia yacente, por lo que en la fecha del fallecimiento de la causante se entiende devengado el IIVTNU respecto de la propiedad (o nuda propiedad, en el caso de que sobre un bien se haya constituido el derecho de usufructo) de los bienes inmuebles urbanos, siendo el sujeto pasivo contribuyente la herencia yacente, de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos<\/strong> 106.1.a) y 109.1.a) del TRLRHL. Dado que tambi\u00e9n se instituye el usufructo viudal a favor del c\u00f3nyuge viudo, se devenga asimismo el IIVTNU en cuanto a la constituci\u00f3n del usufructo, siendo el sujeto pasivo contribuyente el usufructuario.<\/strong> Adem\u00e1s, la posterior atribuci\u00f3n de la nuda propiedad de los bienes inmuebles urbanos a los herederos, que se origine como consecuencia de la ejecuci\u00f3n de la fiducia o de su extinci\u00f3n no originar\u00e1 una nueva sujeci\u00f3n al IIVTNU.\u201d<\/strong><\/p>\n Una visi\u00f3n cr\u00edtica de la doctrina de la Consulta puede leerse en la p\u00e1gina de fiscal-impuestos.com<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n N\u00ba de Consulta: V0398-16<\/p>\n Fecha: 01\/02\/2016<\/p>\n\u00a0<\/h2>\n
<\/a>SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO<\/span><\/h2>\n<\/a>
Legalidad de la Orden que fija como valor en el ITP el catastral multiplicado por un coeficiente. <\/strong><\/span><\/h6>\n
La Ley reguladora del IRPF no supedita la existencia de actividad econ\u00f3mica a la obtenci\u00f3n de ganancias o p\u00e9rdidas en el ejercicio.<\/span><\/h6>\n
<\/a>SENTENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL<\/span><\/h2>\n<\/a>
Los actos de gesti\u00f3n catastral interrumpen la prescripci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del IBI.<\/span><\/h6>\n
Sujeci\u00f3n de la conmutaci\u00f3n del usufructo cuando alcanza a la totalidad del usufructo universal, y no s\u00f3lo a la cuota legitimaria.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Las operaciones previas a una reestructuraci\u00f3n empresarial, tales como una divisi\u00f3n horizontal, no est\u00e1n exentas de ITP.<\/span><\/h6>\n
En la condonaci\u00f3n del precio aplazado a tres adquirentes no hay una donaci\u00f3n sino tres donaciones.<\/span><\/h6>\n
La transmisi\u00f3n de la \u00fanica existencia de la sociedad no implica la transmisi\u00f3n de la totalidad del patrimonio empresarial.<\/span><\/h6>\n
<\/a>CONSULTAS A LA DIRECCI\u00d3N GENERAL DE TRIBUTOS<\/span><\/h2>\n<\/a>
No sujeci\u00f3n a AJD de la constancia privativa o ganancial del bien adquirido.<\/span><\/h6>\n
Tributaci\u00f3n de la Fiducia Sucesoria Aragonesa<\/strong>.<\/span><\/h6>\n
Tercera: C\u00f3mo debe procederse en el caso de la liquidaci\u00f3n del Impuesto del Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana de los posibles inmuebles urbanos de la herencia.\u201d<\/p>\n
\u201cPrimera: Dado que el Tribunal Supremo anul\u00f3 el apartado 8 del art\u00edculo 54 del RISD, por infringir el principio de jerarqu\u00eda normativa, la tributaci\u00f3n en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las herencias en las que se haga uso de la instituci\u00f3n de la fiducia aragonesa debe hacerse conforme a los preceptos generales que regulan en la LISD determinadas instituciones especiales; en concreto, al art\u00edculo 26 de dicha Ley.
Segunda: Conforme a dicho precepto, si el fiduciario tiene derecho a disfrutar de todo o parte de los bienes de la herencia, temporal o vitaliciamente, se considerar\u00e1, a efectos del ISD, como un usufructo de tales bienes y se valorar\u00e1 y tributar\u00e1 como tal. <\/strong><\/p>\n