\u00a0<\/p>\n
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Sentencias del Tribunal Supremo.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a>.<\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencia de 14 de abril de 2016, asunto C-522\/2014, <\/strong>Sala Tercera. \u00abProcedimiento prejudicial\u00a0\u2014 Libertad de establecimiento\u00a0\u2014 Art\u00edculo 49\u00a0TFUE\u00a0\u2014 Normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de cr\u00e9dito la obligaci\u00f3n de comunicar a la administraci\u00f3n tributaria informaci\u00f3n acerca de los activos de clientes fallecidos, a efectos de la liquidaci\u00f3n del impuesto sobre sucesiones\u00a0\u2014 Aplicaci\u00f3n de dicha normativa a las sucursales establecidas en otro Estado miembro, en el cual el secreto bancario proh\u00edbe, en principio, tal comunicaci\u00f3n\u00bb<\/strong><\/p>\n \u201cEl art\u00edculo 49\u00a0TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que obliga a las entidades de cr\u00e9dito con domicilio social en ese Estado miembro a declarar a las autoridades nacionales los activos depositados o administrados en sus sucursales no aut\u00f3nomas establecidas en otro Estado miembro en caso de fallecimiento del propietario de dichos activos, residente en el primer Estado miembro, aun cuando el segundo Estado miembro no imponga ninguna obligaci\u00f3n de declaraci\u00f3n comparable y las entidades de cr\u00e9dito est\u00e9n sometidas all\u00ed a secreto bancario bajo responsabilidad penal.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia de 16 de marzo de 2016, Recurso 3162\/2014.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia de 17 de marzo de 2016, Recurso 2581\/2014. Es motivo econ\u00f3mico valido de la escisi\u00f3n las discrepancias de los socios en cuanto a la organizaci\u00f3n empresarial.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>Existieron motivos econ\u00f3micamente v\u00e1lidos en la operaci\u00f3n de escisi\u00f3n. Dichos motivos consistieron en las discrepancias de criterio entre socios en cuanto a la organizaci\u00f3n empresarial, que hac\u00edan imposible la viabilidad de la empresa, por lo que era necesaria una reorganizaci\u00f3n empresarial, que optimizara ingresos, desarrollando de forma independiente cada una de las sociedades beneficiarias las tres actividades ejercidas en la sociedad matriz.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal \u201c\u00bbs\u00f3lo aquellas aportaciones en las que el patrimonio segregado constituya una unidad econ\u00f3mica y permita por s\u00ed mismo el desarrollo de una explotaci\u00f3n econ\u00f3mica en sede del adquirente podr\u00e1n disfrutar del r\u00e9gimen especial de exenci\u00f3n. Ahora bien, tal concepto fiscal exige que la actividad econ\u00f3mica que la adquirente desarrollar\u00e1 de manera aut\u00f3noma exista tambi\u00e9n previamente en sede del transmitente permitiendo as\u00ed la identificaci\u00f3n de un conjunto patrimonial afectado o destinado a la misma\u00bb. De este modo, si se aplicase \u00abla exenci\u00f3n a la simple transmisi\u00f3n de elementos patrimoniales aislados, sin exigir que los mismos constituyan una verdadera rama de actividad en la entidad aportante o transmitente, la exenci\u00f3n llegar\u00eda a aplicarse a todos los impuestos indirectos sobre las transmisiones patrimoniales y no s\u00f3lo a las transmisiones que se produzcan en el marco de verdaderas operaciones de reestructuraci\u00f3n empresarial, que es lo que persigue la Directiva considerada\u00bb (punto 5 del F. de D. 6\u00ba ).\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia de 25 de abril de 2014, Recurso 2870\/2014. \u201cLa causa petendi de la pretensi\u00f3n era que el art\u00edculo 91.Uno .1.7\u00ba de la Ley 37\/1992 del IVA permit\u00eda a los compradores de vivienda beneficiarse de los tipos inferiores en las entregas inmobiliarias. A la fecha de la liquidaci\u00f3n cuestionada el tipo reducido era del 7% respecto de las entregas de edificios o parte de los mismos aptos para su utilizaci\u00f3n como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un m\u00e1ximo de unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente. \u00abSobre este art\u00edculo se centra la cuesti\u00f3n litigiosa, es decir si a tenor del art. 91.Uno 1.7\u00aa LIVA la entrega de apartamentos tur\u00edsticos puede acogerse al tipo reducido del impuesto\u00bb (sic). Y sobre dicha cuesti\u00f3n o causa de pedir se pronuncia la sentencia de instancia considerando que no era aplicable el art\u00edculo invocado y s\u00ed, en cambio, el art\u00edculo 90 de la Ley relativo al tipo general del 16%. <\/strong><\/p>\n La parte demandante esgrimi\u00f3 diversos argumentos para sostener la aplicabilidad del mencionado art\u00edculo 91.Uno 1.7\u00ba LIVA, entre ellos los anteriormente mencionados. Y, sin embargo, la sentencia, sin atenerse estrictamente a su desarrollo argumental, rechaza la aplicaci\u00f3n del precepto, fundamentalmente, por dos razones: de una parte, porque comparte la conclusi\u00f3n a la que llega el TEAC al se\u00f1alar que teniendo en cuenta la normativa aplicable al caso, los apartamentos construidos en la Comunidad Aut\u00f3noma de Madrid han deben ser destinados por sus propietarios al \u00abalojamiento tur\u00edstico ocasional sin car\u00e1cter de residencia permanente\u00bb; y<\/strong> de otra, porque expl\u00edcitamente rechaza la \u00abtesis propugnada por la actora cuando alega que el art\u00edculo 91 de la Ley del Impuesto no exige que el adquirente destine el inmueble a vivienda, bastando con que aqu\u00e9l sea susceptible de ser utilizado como tal […]\u00bb.<\/p>\n En definitiva, lo que hace la sentencia de instancia es no contemplar expl\u00edcitamente determinados argumentos de la demandante encaminados a sostener una concreta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 91.Uno.1.7\u00ba LIVA. Pero no puede negarse que se pronuncia, en sentido desestimatorio, sobre la pretensi\u00f3n actora, y lo hace sobre la base del motivo esgrimido por dicha parte: la aplicaci\u00f3n del referido precepto a las ventas realizadas de apartamentos tur\u00edsticos situados en la Comunidad de Madrid.\u201d<\/p>\n Para el TS \u201cla venta de apartamentos tur\u00edsticos ha de tributar al 16%, no al tipo reducido del 7%, cuando no pueden calificarse como vivienda porque su destino, en ning\u00fan caso, puede ser la residencia habitual de una familia o persona f\u00edsica.<\/strong> Y esto es lo que ocurre en el presente caso en que, por disposici\u00f3n legal, los apartamentos tur\u00edsticos construidos en la Comunidad de Madrid han de ser destinados por sus propietarios al alojamiento tur\u00edstico ocasional sin car\u00e1cter de residencia permanente.<\/p>\n \u00a0En el presente caso, seg\u00fan resulta de la licencia de primera ocupaci\u00f3n y funcionamiento se trata de \u00abconstrucci\u00f3n de un conjunto edificatorio para uso de Servicio Terciario, en su clase Hospedaje<\/strong>, integrado por una planta s\u00f3tano, destinado a garaje-aparcamiento, y dos edificios aislados, <\/strong>sobre rasante, para albergar 207 unidades de alojamiento tur\u00edstico ocasional, sin car\u00e1cter de residencia permanente, <\/strong>en la modalidad de apartamento tur\u00edstico y 14 locales de uso terciario\u00bb.<\/p>\n En Andaluc\u00eda, conforme al art\u00edculo 7.3 del Decreto 194\/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos tur\u00edsticos,<\/strong> \u201clas unidades de alojamiento integrantes de los establecimientos de apartamentos tur\u00edsticos est\u00e1n afectas a la prestaci\u00f3n del servicio de alojamiento tur\u00edstico desde el momento de su inscripci\u00f3n en el Registro de Turismo de Andaluc\u00eda, constituyendo tal afecci\u00f3n un presupuesto para dicha inscripci\u00f3n, quedando prohibido durante su vigencia destinar aqu\u00e9llas a un uso distinto, como el residencial, bajo cualquier t\u00edtulo y, expresamente, a la actividad de alquiler de vivienda.\u201d Seg\u00fan el art\u00edculo 3. 2 b) de dicho Decreto corresponde a los Ayuntamientos \u201cla vigilancia sobre el mantenimiento del uso tur\u00edstico<\/strong> de los establecimientos de apartamentos tur\u00edsticos conforme a la licencia municipal concedida, sancionando la utilizaci\u00f3n de sus unidades de alojamiento para un uso residencial, en edificios en los que este \u00faltimo uso no estuviera permitido por el planeamiento urban\u00edstico<\/strong> en vigor, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 222 de la Ley 7\/2002, de 17 de diciembre.\u201d<\/p>\n En la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda tambi\u00e9n se regula las viviendas con fines tur\u00edsticos,<\/strong> Decreto 28\/2016, de 2 de febrero, figura diferente de los apartamentos tur\u00edsticos.<\/strong> El art\u00edculo 3 de dicho Decreto las define como \u201caquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante precio el servicio de alojamiento en el \u00e1mbito de la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda, de forma habitual y con fines tur\u00edsticos.<\/strong>\u201d Entre otros requisitos se exige <\/strong>el de \u201cdisponer de licencia de ocupaci\u00f3n<\/strong>, y cumplir en todo momento con las condiciones t\u00e9cnicas y de calidad exigibles a las viviendas.\u201d \u201cPara el inicio de la prestaci\u00f3n del servicio de alojamiento en la vivienda con fines tur\u00edsticos, la persona o entidad que explota este servicio, tendr\u00e1 que formalizar la correspondiente declaraci\u00f3n responsable ante la Consejer\u00eda competente<\/strong> en materia de turismo, en la que manifieste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, pudiendo publicitarse a partir de este momento como vivienda con fines tur\u00edsticos.\u201d<\/p>\n Para poder ejercer la actividad de alojamiento en establecimientos de apartamentos tur\u00edsticos tambi\u00e9n es necesario presentar una declaraci\u00f3n responsable.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 23 de noviembre de 2015, Recurso 242\/2012. Exenci\u00f3n de la ganancia patrimonial cuando su importe se reinvierte en la adquisici\u00f3n de otra vivienda mediante la construcci\u00f3n por el enajenante en un solar, aunque dicha construcci\u00f3n finalice despu\u00e9s del plazo de dos a\u00f1os para la reinversi\u00f3n<\/strong><\/p>\n \u201cLa cuesti\u00f3n central que se debate es la procedencia de la exenci\u00f3n de la ganancia patrimonial, obtenida por el interesado en la transmisi\u00f3n de su vivienda habitual, por la reinversi\u00f3n del importe de la venta en la adquisici\u00f3n de una nueva vivienda habitual, cuya construcci\u00f3n finaliz\u00f3 transcurrido el plazo de dos a\u00f1os desde la transmisi\u00f3n de la vivienda anterior. No se discute la condici\u00f3n de vivienda habitual de la vivienda transmitida ni de la construida, ni que la recurrente destin\u00f3 la cantidad obtenida por la venta de la primera vivienda a la construcci\u00f3n de la futura vivienda habitual.\u201d<\/p>\n \u201cDel examen del expediente y de estos autos, la Sala llega a la conclusi\u00f3n de que asiste raz\u00f3n a la contribuyente en su tesis impugnatoria de la resoluci\u00f3n del TEAR impugnada. La Administraci\u00f3n tributaria sin justificaci\u00f3n legal adopta un criterio restrictivo del concepto de adquisici\u00f3n de vivienda habitual en los casos de construcci\u00f3n, que priva al contribuyente de su derecho legal recogido en el art\u00edculo 36 de la Ley del Impuesto a la exenci\u00f3n de la ganancia patrimonial obtenida en el supuesto de reinversi\u00f3n de su vivienda habitual.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 14 de enero de 2015, Recurso 274\/2012. Para el Tribunal \u201ces esencial considerar el pacto de carta de gracia, y al respecto hay que tener en cuanta: 1.- Que nos encontramos ante una transmisi\u00f3n de bienes con cl\u00e1usula de retro<\/strong>, comprendida en el art, 14-3 del Texto Refundido, y una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del precepto, como incluido en el T\u00edtulo I, \u00abTransmisiones Patrimoniales, Hecho imponible\u00bb, lleva a la conclusi\u00f3n de que lo que se grava es la transmisi\u00f3n patrimonial onerosa, es decir la compraventa, y que la previsi\u00f3n espec\u00edfica de la figura del pacto de retro se contempla a los efectos de la determinaci\u00f3n de la base como expl\u00edcitamente refiere el apartado 3 del art 14 citado. 2.-Que la compilaci\u00f3n contempla el pacto en el cap\u00edtulo III del Libro Cuarto, es decir \u00abDe las obligaciones y los contratos\u00bb, \u00abDe la venta a carta de gracia y de la torner\u00eda\u00bb, de lo que se desprende una indisoluble conexi\u00f3n entre la venta y la carta de gracia, no estando prevista su constituci\u00f3n separada<\/strong>, de lo que resulta que \u00abla situaci\u00f3n atribuible o vinculada\u00bb al beneficiario es el conjunto inseparable en su consideraci\u00f3n de la venta y el pacto, de manera que, como expresa el pre\u00e1mbulo de la reforma de la Compilaci\u00f3n, la cl\u00e1usula no viene sino a contemplar o configurar una venta con transmisi\u00f3n inicial de la propiedad de la cosa de manera indefinida pero no definitiva.<\/strong> 3.- Que el art, 8 del Reglamento Hipotecario, y es indiscutible que el valor de esta norma excede de hecho al que corresponde a un simple reglamento, determina que lo que est\u00e1 sujeto a inscripci\u00f3n son los actos y contratos que con diferentes nombres se conocen en los fueros especiales.- ahora Derecho de las Comunidades Aut\u00f3nomas- lo que viene a corroborar que el hecho imponible ser\u00e1 el contrato de compraventa y no el pacto de carta de gracia.\u201d<\/p>\n En cuanto a la sujeci\u00f3n a la plusval\u00eda municipal es de inter\u00e9s la reproducci\u00f3n la propuesta del Consell Tributari <\/em>de Barcelona en la sesi\u00f3n celebrada el 9 de noviembre de 2011, expediente 237\/10: \u201cVuit\u00e8.- L\u2019efecte transmissor del domini del contracte obliga en principi a aplicar les normes de liquidaci\u00f3 pr\u00f2pies de la transmissi\u00f3 del domini, tant en la transmissi\u00f3 de prestatari a creditor com en la recuperaci\u00f3 pel primer del domini tram\u00e8s.<\/strong> Sembla no obstant injust liquidar sobre la base del valor cadastral,<\/strong> perqu\u00e8 el que es transmet \u2013i en el seu cas es redimeix \u2013 no es un domini ple, sin\u00f3 un domini dividit, de contingut resoluble. En defecte d\u2019altres valoracions espec\u00edfiques del domini gravat, l\u2019article 323 de la Compilaci\u00f3 de Dret civil de Catalunya (relatiu a la rescissi\u00f3 per lesi\u00f3 \u201cultra dimidium\u201d) atribueix al domini gravat un valor equivalent a les dues terceres parts del valor de la propietat lliure de gravamen. Nov\u00e8.- El sup\u00f2sit no est\u00e0 contemplat en la Llei ni en l\u2019Ordenan\u00e7a fiscal, per\u00f2 cal plantejar si la Llei fiscal impedeix aplicar una regla que fixi el valor del domini resoluble en una part inferior del valor de l\u2019immoble<\/strong>. Per fonamentar aquesta possibilitat, cal partir de la constataci\u00f3 de que a l\u2019article 107 del TRLHL, el valor cadastral no \u00e9s sempre la base imposable, sin\u00f3 un element de refer\u00e8ncia per a la determinaci\u00f3 de la base imposable. Ambd\u00f3s conceptes coincidiran en cas de transmissi\u00f3 d\u2019un domini ple sobre l\u2019immoble, per\u00f2 en altres casos en els quals la constituci\u00f3 o transmissi\u00f3 t\u00e9 per objecte un domini limitat o un dret real de gaudi limitatiu del domini, com s\u00f3n el dret de vol, el dret de superf\u00edcie o l\u2019usdefruit, el precepte legal cont\u00e9 regles que adapten el valor de refer\u00e8ncia a la naturalesa i contingut dels drets gravats. Des\u00e8.- Si en els casos esmentats la Llei contempla com a elements de la liquidaci\u00f3 tant el valor cadastral com la naturalesa i contingut dels drets objecte de constituci\u00f3 o transmissi\u00f3, entenem que aquesta regla es pot aplicar per analogia a tots aquells sup\u00f2sits en els quals les lleis civils atribueixen expressament al dret un valor espec\u00edfic en relaci\u00f3 amb el ple domini. Aquesta opini\u00f3 no vulnera all\u00f2 que disposa l\u2019article 14 de la Llei General Tribut\u00e0ria,<\/strong> segons el qual \u201cNo se admitir\u00e1 la analog\u00eda para extender m\u00e1s all\u00e1 de sus t\u00e9rminos estrictos el \u00e1mbito del hecho imponible, de las exenciones y dem\u00e1s beneficios o incentivos fiscales\u201d. La modulaci\u00f3 de la base imposable d\u2019acord amb criteris derivats de la naturalesa civil de les institucions no afecta el fet imposable, les exempcions o els beneficis fiscals. Per tant, entenem que es leg\u00edtim que es resolgui el recurs en el sentit de que la redempci\u00f3 del dret de domini resoluble sigui valorada en les dues terceres parts del valor cadastral de l\u2019immoble, tal com suplet\u00f2riament estableix l\u2019article 323 de la Compilaci\u00f3 de Dret Civil de Catalunya per a la valoraci\u00f3 del dret a efectes civils.\u201d<\/strong><\/p>\n Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de enero de 2016, Recurso 245\/2015. Razones por la que no se aprecia la existencia del pr\u00e9stamo alegado, calific\u00e1ndose a las cantidades como ganancia patrimonial.<\/strong><\/p>\n \u201cAhora bien, aunque alguna de esas circunstancias, de manera aislada, no sea determinante para llegar a esa conclusi\u00f3n, es la suma de todas ellas la que desvirt\u00faa la alegaci\u00f3n del recurrente de que tales ingresos se correspond\u00edan con pr\u00e9stamos otorgados por la entidad JOALU. En primer lugar, manifiesta, en cuanto al hecho de que no se formalizara ante fedatario p\u00fablico ni se presentara para su liquidaci\u00f3n ante la Direcci\u00f3n General de Tributos de la Comunidad de Madrid, que no es obligatorio elevarlo a escritura p\u00fablica y que est\u00e1 exento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Es cierto que no es obligatorio elevar a escritura p\u00fablica los contratos de pr\u00e9stamo como los invocados por el recurrente, aunque suele ser habitual hacerlo; y en cuanto a su presentaci\u00f3n ante la oficina liquidadora correspondiente, hay que se\u00f1alar que<\/strong> los pr\u00e9stamos son actos sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ( art\u00edculo 7.1.A RD-Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre ) y exentos (art\u00edculo 45 I B. 15), y como tales es obligatoria su presentaci\u00f3n ante la correspondiente oficina liquidadora (art\u00edculo 51) a fin de que por la misma se declare la exenci\u00f3n (<\/strong>art. 54). En segundo lugar, si bien las partes gozan de libertad de pactos para establecer las condiciones de los pr\u00e9stamos, y aunque, en principio, ning\u00fan obst\u00e1culo legal hay para que se establezca un plazo de devoluci\u00f3n de 10 a\u00f1os o un periodo de carencia de los intereses de 5 a\u00f1os, lo que no es habitual es que no se prevea, sin ning\u00fan tipo de garant\u00eda por parte del prestatario, un calendario peri\u00f3dico de pagos para la devoluci\u00f3n, salvo la posibilidad de realizar amortizaciones parciales de manera voluntaria por parte del prestatario. Y, adem\u00e1s, hay que tener en cuenta que transcurridos los cinco a\u00f1os de carencia para la devoluci\u00f3n de los intereses no consta que se haya devuelto cantidad alguna. En tercer lugar, la circunstancia de que no se hubieran hecho constar los pr\u00e9stamos en las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque se trate de un error de cumplimentaci\u00f3n, como afirma el recurrente, es un indicio m\u00e1s junto a los otros mencionados, de la falta de credibilidad de esos pr\u00e9stamos<\/strong>. Hay que tener en cuenta que los pr\u00e9stamos suscritos con otras sociedades, cuya existencia qued\u00f3 justificada en el expediente, s\u00ed se hab\u00edan incluido en las declaraciones del Impuesto del Patrimonio. Alega, en relaci\u00f3n con esta circunstancia, que ello no es relevante porque no se produjo incremento patrimonial, dado que los ingresos correspondientes a esos pr\u00e9stamos iban destinados a prest\u00e1rselos a su vez la entidad T\u2026.. y al Sr. Celestino, pero lo cierto es que estos pr\u00e9stamos tampoco han quedado acreditados. Sobre los mismos no se han aportado los correspondientes contratos, ni consta devoluci\u00f3n de intereses ni de capital. El Sr. Celestino manifest\u00f3 que el cheque extendido por el Sr. Gerardo el 26 de enero de 2004 (mismo d\u00eda en que se produjo el ingreso de 400.000 \u20ac) por importe de 393.963 \u20ac y cobrado por \u00e9l, se trataba de un pr\u00e9stamo personal, cuyo importe devolvi\u00f3 al Sr. Gerardo a la semana siguiente; sin que conste dicha devoluci\u00f3n ni el ingreso en cuenta alguna. Y por lo que se refiere al ingreso de 1.600.000 \u20ac, la cantidad de 228.000 \u20ac fueron utilizados por el recurrente para suscribir acciones en una ampliaci\u00f3n de capital de la entidad T\u2026\u2026, y la cantidad de 1.368.000 \u20ac, que alega fueron otorgadas en concepto de pr\u00e9stamo a esta misma entidad, adem\u00e1s de no haberse aportado el correspondiente contrato, tampoco aparec\u00eda en la contabilidad de esta entidad, en la cual s\u00f3lo figuraban registrados pr\u00e9stamos con entidades bancarias.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n de 22 de enero de 2015, Recurso 1019\/2014. Razones por la que se aprecia un supuesto de administraci\u00f3n de hecho de una sociedad mercantil con la consiguiente responsabilidad subsidiaria, en su caso, de dicho administrador.<\/strong><\/p>\n \u201cEn las actuaciones la administraci\u00f3n se funda en una serie de datos para afirmar la administraci\u00f3n que defiende. Entre estos actos conviene resaltar los siguientes. A) Con fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, seg\u00fan copia de escritura autorizada en V\u2026.ante su Notario don V\u2026\u2026., n\u00famero de protocolo 2.864, se confiere poder a favor de do\u00f1a Catalina, junto con otra persona, por la mercantil, para que pueda ejercer solidariamente las siguientes facultades<\/strong>: a) Compraventa de toda clase de mercanc\u00edas; contrataci\u00f3n de suministros de agua, gas, electricidad o de otra naturaleza, transportes, seguros contra cualquier riesgo, incluso accidentes; participaci\u00f3n en actividades sindicales o laborables, con designaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de cargos; llevar la correspondencia postal o telegr\u00e1fica; retirar de la administraci\u00f3n de Correos y Tel\u00e9grafos, almacenes, estaciones y dep\u00f3sitos, toda clase de mercader\u00edas, paquetes y env\u00edos o correspondencia y formular protestas por aver\u00edas, defectos de calidad, peso, medida y unidades, o de otra clase; llevar la contabilidad; satisfacer impuestos y reclamar contra los que considere injustos o lesivos; llevar la gesti\u00f3n interior y exterior de toda clase de actos de administraci\u00f3n. b) Cobrar y hacer efectivos toda clase de d\u00e9bitos, libramientos y \u00f3rdenes de pago, dando de ellos recibos y cartas de pago, y cancelando garant\u00edas, incluidas la hipotecaria o pignoraticia; admitir en pago de deudas cesiones de bienes de cualquier clase, sean muebles o inmuebles; constituir fianzas y dep\u00f3sitos y retirarlos a su tiempo. c) Girar, endosar, avalar, aceptar, negociar, pagar y protestar letras de cambio y dem\u00e1s documentos a la orden. Recibir y hacer efectivas cuentas y cr\u00e9ditos, letras de cambio y dem\u00e1s documentos de giro, tr\u00e1fico y cuant\u00edas de resaca. d) Solicitar y obtener aperturas de cuentas corrientes y de cr\u00e9dito en Cajas de Ahorros y en cualquier Banco, incluido el de Espa\u00f1a, en Sociedades o entidades de car\u00e1cter privado o p\u00fablico, y disponer de ellas y de las ya abiertas, emitiendo talones, cheques, \u00f3rdenes de pago y dem\u00e1s documentos necesarios. B) Existe vinculaci\u00f3n familiar directa entre do\u00f1a Noem\u00ed (administradora de derecho de la sociedad) y la totalidad de los apoderados de la misma, don Federico y do\u00f1a Catalina, concretamente son sus hijos y don Jes\u00fas es su c\u00f3nyuge.<\/strong> La sociedad, como sostiene la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, est\u00e1 controlada por el entorno familiar. C) Do\u00f1a Catalina, junto con los dem\u00e1s apoderados de la mercantil, ha figurado siempre como autorizada, juntamente con do\u00f1a Noem\u00ed <\/strong>(administrador de derecho), en las cuentas bancarias titularidad de \u00abF\u2026\u2026i, S.L.\u00bb. D) Do\u00f1a Catalina percibi\u00f3 retribuciones<\/strong> de \u00abF\u2026..i, S.L.\u00bb como trabajadora por cuenta ajena de la misma. E) Do\u00f1a Catalina es socia d<\/strong>e la compa\u00f1\u00eda \u00abF\u2026., S.L.\u00bb, teniendo una participaci\u00f3n total 40% del capital social. F) Existen diversas Declaraciones Informativas (349, 190, 340) presentadas ante la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, donde las personas de contacto son don Federico o do\u00f1a Catalina. F) Do\u00f1a Catalina aparece como persona de contacto en diferentes declaraciones informativas. Y, H) Do\u00f1a Catalina figura como representante autorizado de la sociedad en el acto de dictar las Actas de Conformidad <\/strong>por parte de la Inspecci\u00f3n de Hacienda sobre el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido del ejercicio 2007 e Impuesto sobre Sociedades del 2006\/2007. Hechos todos que se infieren de lo actuado y que son aceptados por las partes, quienes, eso s\u00ed, difieren en cuanto a su valoraci\u00f3n. IV.- La Sala, a la vista del conjunto de datos rese\u00f1ados y de los dem\u00e1s que se siguen de los autos, llega a la conclusi\u00f3n de que, efectivamente, do\u00f1a Catalina llevaba a cabo actuaciones de administradora de hecho de la mercantil \u00abF\u2026.., S.L.\u00bb.<\/strong> Es cierto que, tomados aisladamente los datos, pueden no significar nada o muy poca cosa al respecto; no obstante, tomados en su conjunto, solo llevan a una conclusi\u00f3n l\u00f3gica posible desde el criterio humano. Efectivamente, do\u00f1a Catalina figura desde hace mucho tiempo como apoderada notarial de la mercantil; sociedad que supone una clara muestra de empresa familiar, en la que la actora tiene una parte sustancial del capital social; tiene acceso a las cuentas; es punto de contacto con la empresa de terceros y la representa ante la Hacienda P\u00fablica; por otra parte, no es una mera part\u00edcipe que se limite a percibir los supuestos beneficios de la misma, sino que desarrolla actividad en ella cotidianamente, por lo que figura como empleada. Todos esos datos, con su larga permanencia en el tiempo, su reiteraci\u00f3n, y la propia naturaleza de la sociedad, solo pueden entenderse como base de una administraci\u00f3n de hecho, correctamente apreciada por la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, por lo que la impugnaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n del Tribunal Econ\u00f3mico Administrativo Regional que la mantiene, debe ser, como lo es, mantenida con la correlativa desestimaci\u00f3n de la demanda interpuesta.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 21 de enero de 2015, Recurso 688\/2012. \u201cFinalmente, nos hemos de referir a la cuesti\u00f3n de la iniciaci\u00f3n del procedimiento, que es sobre la que gira la controversia que ha desembocado en el presente recurso de casaci\u00f3n. Y pasando a hacerlo as\u00ed, hemos de poner de manifiesto que el art\u00edculo 219.3 de la Ley establece que \u00bb El procedimiento de revocaci\u00f3n se iniciar\u00e1 siempre de oficio.\u00bb La declaraci\u00f3n de la Ley, de por s\u00ed determinante, se ve reforzada por la circunstancia de que en la tramitaci\u00f3n del proyecto de Ley en el Senado se rechaz\u00f3 la Enmienda 317 del Grupo Catal\u00e1n que propugnaba reconocer expresamente la iniciativa del particular para la iniciaci\u00f3n del procedimiento. Adem\u00e1s, el Reglamento General de Revisi\u00f3n en la V\u00eda Administrativa, aprobado por Real Decreto 5120\/2005, de 13 de mayo, desarrolla la Ley de forma correcta en lo referente a la iniciaci\u00f3n, por cuanto el art\u00edculo 10.1 establece que \u00bb El procedimiento de revocaci\u00f3n se iniciar\u00e1 exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n competente mediante un escrito que dirigir\u00e1n al \u00f3rgano que dict\u00f3 el acto. En este caso, la Administraci\u00f3n quedar\u00e1 exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito.\u00bb<\/strong> La solicitud por la que promueve la iniciaci\u00f3n del procedimiento no puede ser la consecuencia del ejercicio de un derecho de petici\u00f3n, pues si as\u00ed fuera, y tal como puso de relieve el Consejo de Estado en el Dictamen al Proyecto de Real Decreto, la Ley Org\u00e1nica 4\/2001, de 12 de noviembre, determinar\u00eda no s\u00f3lo la obligaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de acusar recibo de la petici\u00f3n, sino que adem\u00e1s estar\u00eda obligada a hacerlo en un plazo de diez d\u00edas (art\u00edculo 6.2 de la Ley Org\u00e1nica citada), as\u00ed como a pronunciarse sobre su admisi\u00f3n dentro de los 45 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la presentaci\u00f3n del escrito (art\u00edculo 9.1 ) y, en caso de que no lo hiciese as\u00ed, el silencio de la Administraci\u00f3n tendr\u00eda car\u00e1cter positivo, pudiendo entenderse que la petici\u00f3n hab\u00eda sido admitida a tr\u00e1mite (art\u00edculo 9.2 ). Por ello, debemos entender que el art\u00edculo 219 de la Ley General Tributaria no reconoce legitimaci\u00f3n a los particulares para iniciar el procedimiento, atribuy\u00e9ndoles \u00fanicamente la posibilidad de promover esa iniciaci\u00f3n mediante la correspondiente solicitud, de la que la Administraci\u00f3n acusar\u00e1 recibo, y sin perjuicio de la tramitaci\u00f3n subsiguiente si se inicia el procedimiento.<\/strong> Esta regulaci\u00f3n no difiere de la jurisprudencia de esta Sala en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 154 de la Ley General Tributaria de 1963, en el que se preve\u00eda la revisi\u00f3n de los actos en que, previo expediente, se acreditara, que \u00abinfringen manifiestamente la ley\u00bb. En efecto, en la Sentencia de 13 de octubre de 1988 se dijo: \u00ab… Como tiene dicho esta Sala, en Sentencia de 23 de octubre de 1971, conviene establecer que la revisi\u00f3n que autoriza el art\u00edculo 154 de la Ley General Tributaria, es una facultad concedida a la Administraci\u00f3n …\u00bb Posteriormente, en las Sentencias de 19 de diciembre de 2002, 28 de enero, 23 de septiembre, 4 y 7 de noviembre de 2003 y 16 de marzo de 2004 se ha declarado: \u00abLa sentencia de instancia ha aplicado el art\u00edculo 154 de la LGT (en el que funda el derecho de revisi\u00f3n de las Tasas giradas), pero ello es contrario al ordenamiento jur\u00eddico, pues tal art\u00edculo contiene una facultad revisora reservada a la Administraci\u00f3n y no una legitimaci\u00f3n para iniciar el procedimiento por parte del sujeto pasivo, atacando, por esta v\u00eda, actos que quedaron firmes por no haber sido impugnados en los plazos concedidos para ello.<\/p>\n En el caso examinado se est\u00e1, pues, ante unas Tasas firmes, no recurridas en tiempo y forma, y, aun cuando la Audiencia Nacional acude reiteradamente al citado art\u00edculo 154 de la LGT para razonar que, por la existencia de una infracci\u00f3n manifiesta de la Ley, es procedente la revisi\u00f3n de las liquidaciones, adaptando la Tasa posterior al 21 de enero de 1991 a la base se\u00f1alada por la doctrina jurisprudencial, es de resaltar que dicho precepto no otorga acci\u00f3n ni facultad al sujeto pasivo para iniciar el procedimiento revisorio, sino que supone un supuesto de revisi\u00f3n de oficio de actos anulables, para la tutela del inter\u00e9s p\u00fablico, con independencia de los recursos que en su d\u00eda pudieron y debieron utilizarse y no se utilizaron.\u00bb<\/p>\n En este sentido tambi\u00e9n podemos citar la Sentencia del TSJ de Murcia de 25 de enero de 2016, <\/strong>Recurso 383\/2012, en la que se declar\u00f3 lo siguiente: \u201cla Administraci\u00f3n s\u00ed puede revocar los actos de aplicaci\u00f3n de los tributos en beneficio de los interesados, pero para ello ser\u00eda necesario que se estimara que concurre alguna de las circunstancias que dicho precepto 219 LGT establece. Motivos o circunstancias que no concurren en el presente supuesto,<\/strong> pues como podemos apreciar en el modelo 650D (folios 18, 33 y 71 del expediente administrativo) la recurrente marc\u00f3 con una X la casilla 755, haciendo constar NO en el apartado referido a \u00bb minusval\u00eda computable a efectos del Impuesto\u00bb, ni acompa\u00f1\u00f3 ning\u00fan certificado al respecto. Por todo lo cual entendemos que la Resoluci\u00f3n del Director General de Tributos de la CARM de 5 de octubre de 2012, por la que se desestima la revocaci\u00f3n del acto de aplicaci\u00f3n de los tributos, instada por la recurrente, de la liquidaci\u00f3n complementaria n\u00ba. ILT NUM000 correspondiente al expediente de gesti\u00f3n tributaria NUM001, al no producirse ninguna ilegalidad al dictarse la citada liquidaci\u00f3n, ni poder calificarse como circunstancia sobrevenida la acreditaci\u00f3n extempor\u00e1nea de la minusval\u00eda que ten\u00eda reconocida desde 1988. No puede considerarse que se haya producido indefensi\u00f3n a la interesada, pues se notificaron a la misma todas las actuaciones del expediente de gesti\u00f3n tributaria: la propuesta de liquidaci\u00f3n concedi\u00e9ndole tr\u00e1mite de audiencia, el acuerdo de liquidaci\u00f3n con indicaci\u00f3n de la facultad para interponer el recurso potestativo de reposici\u00f3n y reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa; la resoluci\u00f3n desestimatoria del procedimiento de revisi\u00f3n por error material o de hecho, con indicaci\u00f3n del recurso que cab\u00eda interponer en este caso. Los actos de gesti\u00f3n tributaria no infringen manifiestamente la Ley, pues se han desarrollado de conformidad con la LGT y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y, en definitiva, no puede considerarse que la invalidez reconocida en el a\u00f1o 1988 sea una circunstancia sobrevenida, pues ha quedado acreditado que la recurrente ten\u00eda reconocido el grado de minusval\u00eda con plazo de validez desde el 4-11-1988; y pese a conocer tal circunstancia no la puso de manifiesto en la declaraci\u00f3n tributaria de 20-6-2003, como hemos dicho.\u201d<\/p>\n Tambi\u00e9n podemos citar la Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 4 de febrero de 2016, Recurso 486\/2013<\/strong>, en la que el Tribunal declar\u00f3 que consta \u201cen el expediente administrativo que el propio recurrente fue quien present\u00f3 el modelo 600 de autoliquidaci\u00f3n del impuesto, figurando \u00fanicamente \u00e9l como sujeto pasivo, y en el escrito de alegaciones que formularon los dos adquirentes \u00fanicamente se quejaron de la valoraci\u00f3n de los inmuebles en el procedimiento de comprobaci\u00f3n de valores, sin advertir en ning\u00fan momento lo que ahora se pretende mediante el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que se giren liquidaciones separadas, por un 50% a cada uno de los adquirentes, que, seg\u00fan consta en la escritura de compraventa que se present\u00f3 con la autoliquidaci\u00f3n, estaban separados judicialmente y compraban por mitad y proindiviso entre ellos la finca descrita en dicho documento, lo que nos lleva a acoger la alegaci\u00f3n del Letrado de la Junta en el sentido de que lo que se pretende por el recurrente es plantear una cuesti\u00f3n jur\u00eddica en un recurso extraordinario de revisi\u00f3n que, en el supuesto que aqu\u00ed interesa, solo contempla la impugnaci\u00f3n por esta v\u00eda de los errores de hecho que resulten de los propios documentos incorporados al expediente.\u201d<\/strong><\/p>\n Igualmente, la Sentencia del TSJ de Murcia de 11 de febrero de 2016 desestim\u00f3 un recurso contra una resoluci\u00f3n administrativa que inadmiti\u00f3 una petici\u00f3n de nulidad de pleno derecho a dictar en un procedimiento de revisi\u00f3n de oficio por no ser el peticionario sujeto pasivo del impuesto.<\/p>\n Para el Tribunal \u201cque la liquidaci\u00f3n se haya girado a persona distinta a la que realiz\u00f3 el hecho imponible, pero con su anuencia no implica que dicho acto tenga un contenido imposible. No se discute la existencia del error en la determinaci\u00f3n del sujeto pasivo, y dicha circunstancia pudo hacerse valer como causa de impugnaci\u00f3n por la v\u00eda ordinaria de recursos, pero no constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho, como lo viene a reconocer la propia actora, que, por su parte, propici\u00f3 la confusi\u00f3n y consinti\u00f3 la misma, actuando de forma indistinta de forma personal y como administrador \u00fanico de la Sociedad \u00abP\u2026\u2026, S.L.\u00bb<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 4 de febrero de 2016, Recurso 13\/2015. En el valor a efectos de AJD de la agrupaci\u00f3n de fincas se comprende lo edificado, aunque no est\u00e9 declarado. <\/strong>Es una cuesti\u00f3n muy discutida.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2015, Recurso 170\/2014. Dispone el art 39 RD 828\/95 lo siguiente: \u00abEn las transmisiones realizadas mediante subasta p\u00fablica, notarial, judicial o administrativa, servir\u00e1 de base el valor de adquisici\u00f3n\u00bb<\/p>\n \u201cEntendemos esencial para la aplicaci\u00f3n del precepto, no solo por su literalidad, sino tambi\u00e9n por su propia raz\u00f3n de ser y fundamento, que la subasta en la que se haya producido la adjudicaci\u00f3n haya tenido lugar en condiciones de publicidad y libre acceso que permitan calificarla como p\u00fablica.<\/p>\n \u00a0En el presente caso, en el \u00abacta de comparecencia\u00bb que levanta el Sr Notario, no se deja constancia de ning\u00fan tipo de publicidad previa de la subasta que se va a celebrar en su presencia. Dicho de otra manera, el Sr Notario no da fe de que la subasta a celebrar haya sido anunciada y publicada en determinada forma.<\/p>\n Simplemente se deja constancia de la celebraci\u00f3n de una subasta conforme a las condiciones de un pliego que se acompa\u00f1a como anexo.<\/p>\n \u00a0Tampoco el \u00abanuncio de las condiciones de subasta\u00bb que se acompa\u00f1a como anexo al acta describe en absoluto en qu\u00e9 forma y modo se va a dar publicidad de la subasta, ni quien puede participar en ella, de forma y manera que el Sr Notario no puede dar fe de la publicidad de la subasta, ni la secci\u00f3n puede ahora verificar que la subasta haya sido o no anunciada en la forma prevista en el pliego. Solo consta en su encabezamiento que la Asamblea General de Cooperativistas ha acordado sacar a \u00absubasta p\u00fablica\u00bb por un plazo de 30 d\u00edas naturales a contar desde la publicaci\u00f3n de la subasta \u00ablos locales que a continuaci\u00f3n describe en las condiciones que recoge, en la que insistimos, nada se prev\u00e9 en relaci\u00f3n a la publicidad, ni condiciones para participar en la subasta.<\/p>\n Finalmente, como corolario de lo anterior, no consta en el expediente que el pliego de subasta haya sido objeto de publicidad alguna. Esto es, independientemente de que el pliego no lo haya previsto, no consta en modo alguno que la publicidad hubiera tenido lugar.<\/p>\n En las anteriores circunstancias, no es desde luego descartable que solo tuvieran conocimiento de la subasta los propios cooperativistas, integrados en la cooperativa propietaria de los pisos que los adjudica, situaci\u00f3n de previa vinculaci\u00f3n e inter\u00e9s mutuo en la que es llano el precio alcanzado en subasta no tiene que responder necesariamente a la l\u00f3gica de libre participaci\u00f3n y puja que es la raz\u00f3n de ser del precepto examinado. Procede conforme a lo expuesto la desestimaci\u00f3n del recurso.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de febrero de 2015, Recurso 163\/2014. \u201cLa recurrente se limita a plantear que para el devengo del impuesto basta que la escritura sea inscribible, lo que no se discute, pero no aborda el fundamento o raz\u00f3n de decidir del TEAR, a saber, que la escritura de autos no es inscribible, que ni ha tenido, ni puede tener acceso en ning\u00fan caso al Registro de la Propiedad, pues la inscripci\u00f3n ha sido denegada por motivos insubsanables, planteamiento que no ataca, y que en cualquier caso comparte la secci\u00f3n. En efecto, el devengo del impuesto girado de AJD exige que el documento sea inscribible, y dicha condici\u00f3n, en el sentido de jur\u00eddicamente viable, la tienen los documentos que pueden tener acceso al Registro, condici\u00f3n que se extiende tambi\u00e9n a aquellos que podr\u00edan tener acceso al Registro previa subsanaci\u00f3n de alg\u00fan defecto, pero no a aquellos supuestos como el de autos en los que el documento, seg\u00fan calificaci\u00f3n registral que no se discute, adolece de vicio insubsanable por lo que ni ha tenido ni puede tener acceso al Registro. Procede conforme a lo expuesto la desestimaci\u00f3n del recurso.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 12 de febrero de 2016, Recurso 22\/2014. La circunstancia de que una persona figure como titular seg\u00fan el Catastro hace presumir que ya ha adquirido la propiedad.<\/strong><\/p>\n \u201cEntiende la Sala que nos encontramos con un documento presentado en la Administraci\u00f3n Tributaria que recoge los datos tributarios de la parcela con la identificaci\u00f3n catastral precisa, y contiene la declaraci\u00f3n de obra nueva de la construcci\u00f3n realizada en la parcela con el certificado final de la direcci\u00f3n de obra. Pues bien, a la vista del citado documento y siguiendo el criterio seguido en la referida Sentencia de esta Sala 292\/2002 de 27 de Abril, y m\u00e1s recientemente en la Sentencia 472\/02 de 14 de Julio la prescripci\u00f3n habr\u00eda operado en estricta aplicaci\u00f3n del art. 53-2 del Texto Refundido en relaci\u00f3n con el art. 1227 del C\u00f3digo Civil, porque que el recurrente aparezca como titular en el Catastro y contribuyente de contribuci\u00f3n territorial, prueba en principio, que el documento privado fue presentado antes de esa fecha, pues no es posible imputar la titularidad catastral de un inmueble a una persona que no acredite un t\u00edtulo para ello mediante la oportuna presentaci\u00f3n ante el funcionario correspondiente del Centro de Gesti\u00f3n Catastral, salvo que haya habido una actuaci\u00f3n contraria a la legalidad, lo cual no es posible inferir en el caso que nos ocupa por no haber sido cuestionado en autos y por la propia presunci\u00f3n de valides que el Ordenamiento Jur\u00eddico otorga a la actuaci\u00f3n administrativa ( arts. 56 y 57 Ley 30\/92 ).<\/p>\n \u00a0En base a la anterior doctrina, ha de partirse de que el documento privado de compraventa, a los efectos que nos ocupan, ya exist\u00eda al menos desde 1989, fecha en que la parcela consta inscrita en el Catastro, es decir, se incorpora a un Registro P\u00fablico conforme al art. 1227 del C\u00f3digo Civil, por lo que, teniendo en consideraci\u00f3n que desde esa fecha, la Administraci\u00f3n Tributaria, pudo tener conocimiento del acto de la transmisi\u00f3n, se hace necesario proclamar la prescripci\u00f3n del derecho de la Administraci\u00f3n para determinar la deuda tributaria, mediante la correspondiente liquidaci\u00f3n, de conformidad con el art. 64 de la LGT, al haber transcurrido con exceso el plazo de prescripci\u00f3n de cuatro a\u00f1os aplicable.<\/p>\n \u00a0Esta misma tesis ha sido sostenida adem\u00e1s por otros Tribunales Superiores de Justicia, como el de la Regi\u00f3n de Murcia (sentencias de 3 de mayo de 2.013 \u00f3 28 de mayo de 2.012, el de Andaluc\u00eda (sentencias de 23 de diciembre de 2.010 \u00f3 27 de diciembre de 2.011), de Castilla-Le\u00f3n (sentencia de 13 de junio de 2.011) y las de Catalu\u00f1a (sentencias de 9 de noviembre de 2.011). Resulta adem\u00e1s definitiva la consulta vinculante U0833-12 de la Direcci\u00f3n General de Tributos de fecha 19 de abril de 2.012 que cita el recurrente, donde directamente se concluye lo siguiente:<\/p>\n \u00a0\u00ab… La inclusi\u00f3n del inmueble a nombre de la consultante en el Catastro, registro b\u00e1sico del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podr\u00eda entenderse como una de las circunstancias previstas en el art\u00edculo 1.227 del C\u00f3digo Civil para considerar fehaciente la fecha de un documento privado respecto de terceros…\u00bb.<\/p>\n \u00a0A este respecto tambi\u00e9n resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2005, en la que se dice lo siguiente:<\/p>\n \u00abResulta interesante recordar el cambio de orientaci\u00f3n producido en la jurisprudencia recientemente, admitiendo la prueba de la fecha de un documento privado, a efectos de la prescripci\u00f3n, por medios distintos a los contemplados en el art. 1227 del CC. As\u00ed la sentencia de 24 de Julio de 1999, que se basa en pronunciamientos del Tribunal Constitucional – sentencias 25\/1996, de 13 de Febrero, y 189\/1996, de 25 de Noviembre, donde se interconexiona la indefensi\u00f3n contemplada en el art. 24.1 de la Constituci\u00f3n con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa,- establece que el derecho a la prueba impide cualquier reducci\u00f3n que no venga impuesta de manera clara y tajante por la propia ley, de manera que las presunciones \u00abiuris et de iure\u00bb y con mayor raz\u00f3n las \u00abfictio legis\u00bb deben quedar claramente establecidas en precepto legal que, de manera indubitada, excluya o proh\u00edba la prueba en contrario.\u00bb<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2016, Recurso 155\/2014. Responsabilidad solidaria del c\u00f3nyuge que colabora en el ocultamiento de bienes con motivo de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal para evitar que se concrete en los bienes gananciales la responsabilidad subsidiaria, por razones fiscales, del otro c\u00f3nyuge, administrador de una sociedad<\/strong><\/p>\n \u201cMediante escritura p\u00fablica de fecha 19 de noviembre de 2.007, los c\u00f3nyuges D. Salvador y D\u00aa. Camino hab\u00edan otorgado capitulaciones matrimoniales por las que liquidan la sociedad de gananciales pactando el r\u00e9gimen alternativo de separaci\u00f3n de bienes, efectu\u00e1ndose la liquidaci\u00f3n de gananciales de forma que los bienes inmuebles quedaban en poder del c\u00f3nyuge no deudor, la Sra. Camino, y el resto de los bienes, de m\u00e1s dif\u00edcil aprehensi\u00f3n por la Hacienda P\u00fablica, en poder del c\u00f3nyuge deudor, Sr. Salvador ; adjudic\u00e1ndose aqu\u00e9lla bienes valorados por importe de 1.674.040,48 \u20ac, y \u00e9ste por importe de 1.345.016,37 \u20ac, haci\u00e9ndose cargo de las hipotecas, no siendo por tanto la adjudicaci\u00f3n al 50%. El valor total neto del patrimonio ganancial comprobado por la Administraci\u00f3n es de 329.024,11 \u20ac. En el momento de tal liquidaci\u00f3n, la sociedad M\u2026\u2026\u2026., S.L., cuyo administrador y socio \u00fanico era el Sr. Salvador, hab\u00eda dejado impagadas deudas que se remontan al IVA correspondiente a los ejercicios 1.998 y 1.999.\u201d<\/p>\n \u201cDel relato f\u00e1ctico que se recoge en el acuerdo de declaraci\u00f3n de responsabilidad solidaria, contrastado con la documentaci\u00f3n obrante en el expediente administrativo, se desprende ciertamente, en un razonamiento l\u00f3gico, que la recurrente, junto con su esposo, decidi\u00f3 liquidar la sociedad de gananciales en el a\u00f1o 2.007, con el fin de impedir a la Hacienda P\u00fablica el cobro futuro de las deudas en concepto de IVA, ejercicios 1998 y 1999, que pesaban sobre la sociedad M\u2026\u2026.., S.L., de la que aqu\u00e9l era administrador y socio \u00fanico, ante la posibilidad m\u00e1s que probable de que fuera declarado responsable subsidiario de tales deudas, como as\u00ed ocurri\u00f3 en efecto en el a\u00f1o 2.009; y as\u00ed, ambos esposos otorgaron capitulaciones matrimoniales, quedando en poder de la actora -c\u00f3nyuge no deudor-, los inmuebles y bienes m\u00e1s f\u00e1cilmente aprehensibles (algunos formalmente hipotecados, con deducci\u00f3n de tales hipotecas), en tanto que en poder del deudor quedaban bienes dif\u00edcilmente realizables, como una cuadra de caballos o el ajuar dom\u00e9stico,<\/strong> lo que supon\u00eda no tener pr\u00e1cticamente patrimonio alguno ejecutable frente a la Hacienda P\u00fablica cuando llegase el momento, si llegaba.<\/p>\n \u00a0En cuanto a la imposibilidad que se alega de declarar responsable solidario de otro responsable por una deuda generada por \u00e9ste o por un tercero, deudor principal, por falta de apoyo legal, debe manifestarse que el art\u00edculo 41 de la LGT se\u00f1ala que podr\u00e1 declararse como responsables solidarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades, consider\u00e1ndose como deudores principales a los obligados tributarios, entre los que se incluye a los responsables<\/strong>, de conformidad con el apartado 2 del art\u00edculo 35 de dicha Ley . De forma que, en este caso, la recurrente ha sido declarada responsable solidaria respecto de la deuda de un deudor principal, en este caso su marido, cumpli\u00e9ndose lo preceptuado en el art\u00edculo 41.1 de la LGT, deuda que a su vez proced\u00eda de un acuerdo de declaraci\u00f3n de responsabilidad. Pero a la recurrente no se le ha derivado la deuda de la entidad M\u2026\u2026\u2026, S.L. -que s\u00ed debi\u00f3 ser declarada fallida en el procedimiento de declaraci\u00f3n subsidiaria de su esposo, sin que ahora pueda entrarse en tal extremo- sino la de \u00e9ste, deudor ahora principal, ya que su declaraci\u00f3n previa como responsable subsidiario de tal sociedad fue confirmada por el TEAC mediante Resoluci\u00f3n de 13 de julio de 2.009, aunque reduciendo el alcance inicial, la cual adquiri\u00f3 firmeza. No exigiendo el art. 42.2, a) de la LGT, a los efectos de declarar la responsabilidad solidaria que nos ocupa, la declaraci\u00f3n de fallido del deudor principal.\u201d<\/p>\n En el supuesto contemplado por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de febrero de 2016, Recurso 295\/2014, \u201ccontra el referido acuerdo de derivaci\u00f3n de responsabilidad interpuso la interesada recurso de reposici\u00f3n, alegando en s\u00edntesis la prescripci\u00f3n de la deuda y la improcedencia del alcance de la responsabilidad; siendo desestimado por acuerdo de 28 de mayo de 2.008, contra el que a su vez interpuso la reclamaci\u00f3n n\u00ba NUM000 ante el TEAR de Galicia, la cual fue estimada parcialmente mediante resoluci\u00f3n de 11 de noviembre de 2.010, en el sentido de anular el acuerdo impugnado al no ser necesaria la declaraci\u00f3n de responsabilidad por tratarse de deudas existentes con anterioridad (ejercicios 1997-2000) a la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales, a tenor del art. 1.365 del C\u00f3digo Civil<\/strong>, y confirmando la inexistencia de prescripci\u00f3n de las deudas. Contra esta resoluci\u00f3n formul\u00f3 la hoy actora recurso de alzada ante el TEAC, reiterando las mismas alegaciones, que, al ser desestimado en virtud de resoluci\u00f3n de 8 de mayo de 2.013, da lugar en definitiva al presente recurso contencioso.\u201d Dicho Recurso fue desestimado.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha de 15 de febrero de 2015, Recurso 61\/2014. \u201cImpuesto sobre Sucesiones. Reducci\u00f3n por minusval\u00eda del sujeto pasivo. La certificaci\u00f3n administrativa no es el \u00fanico medio probatorio para acreditar la minusval\u00eda. La sentencia de declaraci\u00f3n de invalidez permanente absoluta prueba la minusval\u00eda.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 15 de febrero de 2015, Recurso 14\/2015. \u201cComo esta misma Sala y Secci\u00f3n ha resuelto en otras ocasiones (sentencia de 29 de septiembre de 2014 ) \u00bb Observa la Ley la posibilidad de que en caso de que existan una pluralidad de titulares la Administraci\u00f3n practique y notifique las liquidaciones tributarias \u00fanicamente a uno de ellos, pero para que ello pueda ser as\u00ed se establece como presupuesto el que la Administraci\u00f3n s\u00f3lo conozca la identidad (y dem\u00e1s datos relevantes) de dicho titular, y no de los dem\u00e1s que, por tal circunstancia, puede omitir.<\/p>\n Dicho lo anterior, y visto el expediente administrativo, lo cierto es que en el presente caso no concurre el excepcional supuesto previsto por la norma, pues la Administraci\u00f3n, desde un principio, conoc\u00eda la existencia, identidad, domicilio de ambos obligados y aun la proporci\u00f3n en que cada uno participaba en el dominio transmitido. Y es que si bien la liquidaci\u00f3n del impuesto fue presentada \u00fanicamente por el hoy demandante lo cierto es que en el anexo 1 del modelo 600 (en la relaci\u00f3n de sujetos pasivos y transmitentes, folio 33 del Expediente Administrativo) constan como sujetos pasivos don Abilio, con un coeficiente de participaci\u00f3n de 50 pero tambi\u00e9n do\u00f1a Florinda, con id\u00e9ntico coeficiente de participaci\u00f3n, y con expresi\u00f3n de los datos (NIF y domicilio) de ambos.\u00bb<\/p>\n Siendo que, como se ha expresado, aun cuando se interrumpi\u00f3 convenientemente la prescripci\u00f3n no se gir\u00f3 adecuadamente la liquidaci\u00f3n no hay por menos que estimar el recurso de apelaci\u00f3n planteado, revocar la sentencia recurrida y, resolviendo el recurso contencioso-administrativo entablado, estimar la pretensi\u00f3n principal del demandante, y anular la resoluci\u00f3n recurrida y la liquidaci\u00f3n de que tra\u00eda causa, sin necesidad de analizar, por ello, las dem\u00e1s cuestiones suscitadas, que, por otra parte, resuelve con acierto la sentencia. Ello sin perjuicio del derecho de la Administraci\u00f3n de llevar a cabo la actuaci\u00f3n que con el l\u00edmite de la prescripci\u00f3n o del abuso de derecho, y sin perjuicio de subsanar, obviamente, la infracci\u00f3n que declara la presente sentencia pueda considerar procedente.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 17 de febrero de 2015, Recurso 861\/2014. El parentesco por afinidad no se extingue por la muerte del c\u00f3nyuge.<\/strong><\/p>\n \u201cNi el art\u00edculo 20.2.c) de la Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ni tampoco el art\u00edculo 22 del Decreto Legislativo 1\/2008, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n en materia de Tributos cedidos por el Estado, al regular la reducci\u00f3n y bonificaci\u00f3n solicitadas hacen distinci\u00f3n alguna entre parientes consangu\u00edneos o por afinidad, por lo que el ahora recurrente en su condici\u00f3n de biznieto del premuerto marido de la causante ha de ser considerado a los efectos del presente procedimiento como descendiente de la misma, y sin que pueda mantenerse que por el hecho de la previa muerte del familiar consangu\u00edneo haya desaparecido la relaci\u00f3n parental, pues nada a este respecto puede colegirse de la regulaci\u00f3n contenida en el C\u00f3digo Civil.\u201d<\/p>\n El TSJ de Madrid mantiene un criterio distinto.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 23 de febrero de 2015, Recurso 192\/2015. Sujeci\u00f3n a ITP de un convenio de resoluci\u00f3n por mutuo acuerdo que no se ajusta a lo previsto inicialmente en el contrato.<\/strong><\/p>\n \u201cEl contrato le facultaba para exigir la reiteraci\u00f3n de la exigencia de avales y en caso de no hacerse 200.000 euros como cl\u00e1usula penal, permiti\u00e9ndose expresamente en este caso, que se exigiera tambi\u00e9n la entrega de la obra comprometida. Ninguna de estas acciones, facultades o cl\u00e1usulas se ejercita, ni tampoco se dice en la escritura p\u00fablica que se ejercite la facultad que le otorga el art. 1124 del C. Civil en ninguno de los apartados, lo que adem\u00e1s le facultar\u00eda para la exigencia de la cl\u00e1usula penal, sino que lo que se produce es un nuevo acuerdo en el que la causa es el incumplimiento, pero no que se produzca por la voluntad unilateral del cumplidor, que es el efecto t\u00edpico de la cl\u00e1usula resolutoria expresa o impl\u00edcita.<\/p>\n \u00a0En este caso, las partes no aplican lo que se dispon\u00eda en una cl\u00e1usula expresa, ni tampoco las consecuencias legales de lo que disponen los arts. 1124 o 1504 del C. Civil<\/strong> sino que aplican lo que convienen en tal pacto, que entienden interesa a las partes, de manera que debe desligarse de lo pactado originariamente o de las consecuencias legales de tal originario pacto, existiendo, tanto en uno como en otro caso, transmisi\u00f3n del dominio de la casa, en un primer contrato desde los particulares hacia la mercantil y desde \u00e9sta a los particulares en el segundo, lo que pone de manifiesto una capacidad econ\u00f3mica en sendas transmisiones. Debe tenerse en cuenta que el art. 57.5 de la LITPAJD se\u00f1ala que si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes no proceder\u00e1 la devoluci\u00f3n del impuesto satisfecho y se considerar\u00e1 como un acto nuevo sujeto a tributaci\u00f3n, equiparando al mutuo acuerdo, la concurrencia al acto de conciliaci\u00f3n y el simple allanamiento a la demanda.<\/p>\n \u201cEn el presente caso no nos encontramos ante el ejercicio unilateral por parte del cumplidor del contenido de una cl\u00e1usula expresa ni tampoco de la t\u00e1cita del art. 1124 del C. Civil, sino que como expresamente se\u00f1alan (arts. 12 y sgts. de la LGT y 1281 del C. Civil) se trata de un nuevo convenio, en el que la parte cumplidora no pide el ejercicio de la cl\u00e1usula penal o los da\u00f1os y perjuicios de la imposibilidad de cumplimiento seg\u00fan cl\u00e1usulas expresas o t\u00e1citas, sino que su contenido es otro, de manera que no bas\u00e1ndose el contenido de tal escritura de 2010 no en cl\u00e1usulas expresas ni en el derivado de la legal, ha de sujetarse a lo que es: un convenio de mutuo acuerdo, de ah\u00ed que no pueda beneficiarse por el conjunto de los razonamientos expuestos de lo previsto en el art. 32.1 del RITPAJD citado, toda vez que, como adem\u00e1s decimos, no se trata de dejar sin efecto una transmisi\u00f3n anterior sino que como literalmente se se\u00f1ala se trata de claros acuerdos con las transmisiones correspondientes, todo lo que nos conduce a la desestimaci\u00f3n del recurso presentado.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, de 25 de febrero de 2015, Recurso 1272\/2014. \u201cEn orden a justificar la desestimaci\u00f3n del presente recurso que cabe ya adelantar debe quedar claro que la escritura p\u00fablica que en este pleito interesa modific\u00f3 un pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria concedido el 9 de enero de 2009 y que entre las modificaciones producidas estaban, de un lado, la ampliaci\u00f3n del capital del pr\u00e9stamo (en 14.000 euros), y de otro, la ampliaci\u00f3n de su plazo de duraci\u00f3n (se estipul\u00f3 que concluir\u00eda el 30 de noviembre de 2032), lo que por expresa disposici\u00f3n legal supuso una alteraci\u00f3n o p\u00e9rdida del rango de la hipoteca inscrita, que era la segunda hipoteca<\/strong> – art\u00edculo 4 de la Ley 2\/1994, de 30 de marzo, de subrogaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de pr\u00e9stamos hipotecarios, en la redacci\u00f3n que le dio la Ley 41\/2007, de 7 de diciembre-. As\u00ed las cosas y de conformidad con la normativa hipotecaria vigente, la \u00fanica posibilidad de que esta segunda hipoteca mantuviera su rango pasaba por la necesaria aceptaci\u00f3n por parte de los titulares de derechos inscritos con rango posterior, esto es, porque H\u2026.., S.A., que era a cuyo favor se hab\u00eda constituido la tercera hipoteca, consintiera expresamente esa novaci\u00f3n del pr\u00e9stamo y aceptara, no obstante la novaci\u00f3n efectuada, mantener su rango hipotecario, que es lo que hizo seg\u00fan resulta con claridad de la expl\u00edcita cl\u00e1usula de posposici\u00f3n de rango que figura al folio 54 del documento notarial. En estas condiciones, no puede mantenerse con \u00e9xito que no hubo posposici\u00f3n del rango hipotecario y que \u2013el Banco- solo mantuvo el que ya ten\u00eda, pues en la medida en que la modificaci\u00f3n del capital y del plazo supuso la p\u00e9rdida del rango hipotecario ese mantenimiento solo se produjo por la aceptaci\u00f3n del acreedor posterior, que es lo que permiti\u00f3 recuperar el rango que hab\u00eda perdido tras la novaci\u00f3n.<\/strong> Dicho de forma simple, dadas las condiciones del pr\u00e9stamo modificadas la hipoteca segunda perdi\u00f3 su rango respecto de la tercera y solo lo recuper\u00f3 al aceptarlo el titular de esta tercera, lo que en definitiva supuso una posposici\u00f3n del rango que \u00e9ste \u00faltimo hab\u00eda adquirido en virtud de la novaci\u00f3n, posposici\u00f3n que seg\u00fan se acepta en la demanda est\u00e1 sujeta a la modalidad actos jur\u00eddicos documentados del impuesto de que se trata.\u201d<\/p>\n La Consulta V3846-15, de 02\/12\/2015, declar\u00f3 que \u201cla estipulaci\u00f3n contenida en una escritura p\u00fablica de novaci\u00f3n modificativa \u2013ampli\u00e1ndose el plazo- por la que un acreedor hipotecario presta su consentimiento al mantenimiento del rango hipotecario no est\u00e1 sujeta a la cuota gradual de actos jur\u00eddicos documentados, documentos notariales, del ITPAJD por no reunir los requisitos establecidos en el art\u00edculo 31.2 del texto refundido de la Ley del impuesto para tributar por la referida cuota variable.\u201d <\/strong>Dicho consentimiento no es necesario seg\u00fan resulta de la doctrina sentada por la Resoluci\u00f3n de la DGRN de 14 de mayo de 2015, que, entre otros extremos, declar\u00f3 lo siguiente \u201cPor lo que respecta a los efectos sobre el rango de la hipoteca inscrita de la simple convenci\u00f3n de ampliaci\u00f3n del plazo de vencimiento de la obligaci\u00f3n garantizada, de las conclusiones del fundamento de derecho anterior resulta que, tanto si existen terceros titulares de derechos anotados posteriormente, como se ha afirmado siempre por esta Direcci\u00f3n General, como si esos terceros lo son de derechos inscritos, ese pacto es perfectamente v\u00e1lido e inscribible sin p\u00e9rdida de rango de la hipoteca inscrita, aun en ausencia del consentimiento de los titulares de esos derechos inscritos o anotados con posterioridad. En este \u00e1mbito, en apoyo de los argumentos interpretativos recogidos sobre todo en los fundamentos de Derecho tercero y quinto, es conveniente acudir tambi\u00e9n a la interpretaci\u00f3n teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica de las normas, las cuales vienen a ratificar el criterio antes expuesto.\u201d<\/strong><\/p>\n Dicha Resoluci\u00f3n del DGRN tambi\u00e9n declar\u00f3 que en \u201cun supuesto de ampliaci\u00f3n del plazo de vencimiento de la obligaci\u00f3n, con simult\u00e1nea ampliaci\u00f3n de capital \u2013l\u00edmite del cr\u00e9dito\u2013 e incremento de las responsabilidad hipotecaria y concurriendo la existencia de anotaciones de embargo posteriores, se hace necesario el consentimiento de los titulares de dichos derechos anotados con rango posterior; de forma que la ausencia de tal consentimiento implicar\u00e1 la p\u00e9rdida del rango preferente de esa ampliaci\u00f3n, e impedir\u00e1 tambi\u00e9n la pr\u00e1ctica de la inscripci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de hipoteca aunque lo sea con el rango que le corresponda conforme a la fecha de su inscripci\u00f3n actual, si no media el consentimiento expreso por parte de la entidad acreedora para su inscripci\u00f3n en tales condiciones, por afectar tales estipulaciones al contenido esencial del derecho real de hipoteca (rango, plazo y responsabilidad hipotecaria).\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 25 de febrero de 2015, Recurso 348\/2013. El valor catastral no puede superar el valor de mercado<\/strong><\/p>\n \u201cLa principal doctrina que establece la Sentencia del Tribunal Supremo consiste en establecer que para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que en ning\u00fan caso aquel pueda superar a este \u00faltimo – tal y como establece el art\u00edculo 23.2 del TRLCI-, ya que si las ponencias de valores no reconocen la realidad urban\u00edstica, podr\u00edamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al del mercado, con posible vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica, que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estar\u00eda gravando una riqueza ficticia o inexistente.<\/p>\n \u00a0El principio de capacidad econ\u00f3mica se encuentra recogido en el art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n, cuando se\u00f1ala que: \u00abTodos contribuir\u00e1n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su capacidad econ\u00f3mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning\u00fan caso, tendr\u00e1 alcance confiscatorio.\u00bb Esto significa que est\u00e1 proscrito el gravar riquezas aparentes o inexistentes tal y como ha se\u00f1alado de manera reiterada el Tribunal Constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional en sus Sentencias n\u00ba 27\/1981, de 20 de julio de 1981 y n\u00ba 150\/1990, de 4 de octubre de 1990, ha declarado que: \u00abcapacidad econ\u00f3mica, a efectos de contribuir a los gastos p\u00fablicos, tanto significa como la incorporaci\u00f3n de una exigencia l\u00f3gica que obliga a buscar la riqueza all\u00ed donde la riqueza se encuentra\u00bb. Es innegable, como se\u00f1ala el Tribunal Constitucional, que: \u00abEl principio de capacidad econ\u00f3mica opera, por tanto, como un l\u00edmite al poder legislativo en materia tributaria. Aunque la libertad de configuraci\u00f3n del legislador deber\u00e1, en todo caso, respetar los l\u00edmites que derivan de dicho principio constitucional, que quebrar\u00eda en aquellos supuestos en los que la capacidad econ\u00f3mica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia\u00bb. Ello no significa, sin embargo, que la capacidad contributiva pueda erigirse en criterio exclusivo de justicia tributaria, en la \u00fanica medida de la justicia de los tributos. Como ya indic\u00f3 el Tribunal Constitucional en su Sentencias n\u00ba 27\/1981, de 20 de julio de 1981 y n\u00ba 37\/1987 de 26 de marzo de 1987.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de marzo de 2016, Recurso 1538\/2015. <\/strong>\u201cLa demandante, en proindiviso con D. Arturo adquiri\u00f3 en fecha 4 de marzo de 2005 un inmueble en la URBANIZACI\u00d3N000 del municipio de Pereiro de Aguiar (Ourense), por el precio de 155.061,12 euros. En fecha 3 de agosto de 2006 adquiere la mitad indivisa del Sr. Arturo en la cantidad de 80.000 euros. En la escritura de compraventa figura que la finca se halla gravada con hipoteca a favor de una entidad bancaria por importe de 180.000 euros.\u201d<\/p>\n \u201cLa Administraci\u00f3n notific\u00f3 a la demandante liquidaci\u00f3n sobre una base imponible de 170.000 euros, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los art\u00edculos 37 y 38 del Real Decreto 828\/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados. Conforme al primero de ellos \u00bb 1. La base imponible est\u00e1 constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. \u00danicamente ser\u00e1n deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas, aunque est\u00e9n garantizadas con prenda o hipoteca\u00bb. Conforme al segundo \u00abTodas las cargas merezcan o no la calificaci\u00f3n de deducibles, se presumir\u00e1 que han sido rebajadas por los interesados al fijar el precio y, en consecuencia, se aumentar\u00e1 a \u00e9ste, para determinar el valor declarado, el importe de las cargas que, seg\u00fan el art\u00edculo 37 anterior, no tienen la consideraci\u00f3n de deducibles, salvo que los contratantes estipulen expresamente la deducci\u00f3n de estas cargas del precio fijado, o el adquirente se reserve parte de \u00e9ste para satisfacer aqu\u00e9llas.<\/p>\n Entiende la demandante que la base imponible es improcedente, pues en fecha 4 de enero de 2007 suscribi\u00f3 con el Sr. Arturo escritura de subsanaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la escritura de 3 de agosto de 2006 en cuanto a que el precio de venta de 80.000 euros de esta \u00faltima hab\u00eda sido err\u00f3neo, siendo el correcto el de 87.989,11 euros, correspondiente a la mitad del saldo del pr\u00e9stamo hipotecario pendiente de amortizar, al subrogarse la demandante en la parte de deuda correspondiente al Sr. Arturo.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>En el presente caso, no estamos ante una valoraci\u00f3n del bien transmitido correspondiente a una comprobaci\u00f3n de valores -de ah\u00ed que no quepa entender inmotivado el resultado de la base por proyecci\u00f3n al precio de adquisici\u00f3n- sino en una determinaci\u00f3n resultante de una presunci\u00f3n derivada del precepto reglamentario antes transcrito, seg\u00fan el cual se presume, por lo que ahora importa, que la carga hipotecaria ha sido descontada del precio -ante la inexistencia de referencia alguna en la escritura a otros extremos referentes al pago del mismo- lo que obliga a sumar su importe al precio que se dice recibido y respecto del que se otorga carta de pago.<\/p>\n Esta presunci\u00f3n, que tiene car\u00e1cter \u00abiuris tantum\u00bb ha de ser destruida mediante prueba en contrario siendo que, como con acierto subraya la Sra. Abogada del Estado, en la escritura nada se dijo sobre la carga hipotecaria pendiente, ni se arbitr\u00f3 sobre su inclusi\u00f3n en el precio, exclusi\u00f3n de la carga u otros extremos. En consecuencia, lo que se desprende de la escritura de venta es el pago de un precio (80.000 euros) y, habida cuenta de la expresi\u00f3n de una carga hipotecaria, hasta donde alcanza el texto de aquella escritura, su permanencia en los t\u00e9rminos pactados con la entidad bancaria.<\/p>\n Estima la recurrente que el precio a considerar debe ser el mencionado en la escritura de subsanaci\u00f3n, pues el realmente pactado fue que el transmitente se ve\u00eda liberado de su responsabilidad sobre la carga hipotecaria pendiente, y ese era el precio de venta; carga que asum\u00eda la recurrente, lo que entiende est\u00e1 acreditado con la inexistencia de movimientos en sus cuentas bancarias, o en las del transmitente, del importe de 80.000 euros que se dice err\u00f3neo; es decir, que al no existir constancia del abono al vendedor de dicha cantidad se estar\u00eda acreditando, directamente, que no fue tal la cantidad representativa del precio e, indirectamente, que en realidad el precio fue el consignado en la escritura de subsanaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0Al razonar de este modo es preciso hacer notar que no solamente en esta escritura de subsanaci\u00f3n se altera el precio convenido, sino tambi\u00e9n se especifica la suerte final de la carga hipotecaria que pesaba sobre la finca, sobre la que nada se dijo en la escritura de compraventa de 3 de agosto de 2006. En tales t\u00e9rminos, al no existir referencia alguna a la misma, resulta completamente operativa la presunci\u00f3n del art\u00edculo 38 del Reglamento del Impuesto pues, desde luego, si se hace constar en la escritura la carga que pesa sobre la finca, y nada se dice sobre el modo de afrontarla, bien por reserva del precio, bien por otra circunstancia, la conclusi\u00f3n no puede ser otra que la carga se asume por la compradora mediante descuento de su importe en el precio de la venta.<\/p>\n Al introducir el mecanismo de subsanaci\u00f3n en escritura posterior, se altera sustancialmente uno de los t\u00e9rminos de la venta. Subsanar es reparar un defecto, y en este contexto tiene su l\u00f3gica la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 153 del Reglamento Notarial que hace la Letrada de la Xunta de Galicia que solamente se refiere a \u00ablos errores materiales, las omisiones y los defectos de forma\u00bb, siendo evidente que tal elemento de la venta ( art\u00edculo 1445 del C\u00f3digo civil ) no podr\u00eda acogerse a la condici\u00f3n de error material, por lo que la escritura de 4 de enero de 2007, en realidad, rectifica el precio pactado en la precedente y, por tanto, la propia escritura de venta. Y si desde esta perspectiva no habilita la pretensi\u00f3n de la demandante -la modificaci\u00f3n de la base imponible del impuesto- tampoco es posible llegar a la conclusi\u00f3n que se pretende desde la \u00f3ptica de la situaci\u00f3n de la carga hipotecaria ante la entidad bancaria a partir de la escritura; todo ello con independencia de que la inexistencia de movimiento entre determinadas cuentas de compradora y vendedor, en relaci\u00f3n con el precio inicial de 80.000 euros no acredita ni que \u00e9ste pueda haberse satisfecho de otro modo ni que pueda serlo en el futuro.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 4 de marzo de 2016, Recurso 455\/2013. El recargo por declaraci\u00f3n extempor\u00e1nea excluye las sanciones siempre que no haya existido requerimiento formal previo.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 2016, Recurso 1815\/2014. \u201cLa \u00fanica empresa que ha ejercido actividad empresarial es la tenedora de los terrenos. La inactividad y carencia de medios materiales y humanos de la recurrente, que, dedicada a la promoci\u00f3n inmobiliaria, no acredita ning\u00fan negocio inmobiliario desde su constituci\u00f3n, y lo mismo se predica de P\u2026\u2026 S.L., infiri\u00e9ndose de sus balances que tampoco dispone de recursos materiales ni humanos para desarrollar la actividad que constituye su objeto social. Tiene en cuenta la secuencia temporal, en diciembre de 2003 y mayo de 2004 se crean dos sociedades, Promociones\u2026\u2026 S.L. y S\u2026\u2026, S.L., para en un corto periodo de tiempo, en a\u00f1o 2005, aprobar junto a A\u2026\u2026. S.L. su fusi\u00f3n, en orden a una supuesta reestructuraci\u00f3n empresarial cuando el resultado de la operaci\u00f3n es \u00fanicamente el cambio de titularidad de los terrenos.<\/strong><\/p>\n \u00a0En estas condiciones, la mera alusi\u00f3n a razones organizativas, comerciales o financieras no puede desvirtuar la conclusi\u00f3n a la que llega la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco entendiendo que la operaci\u00f3n es meramente instrumental para la obtenci\u00f3n de la ventaja fiscal que comporta la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen especial de fusiones.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de marzo de 2015, Recurso 15294\/2015. <\/strong>\u201cEntrando en el examen de la cuesti\u00f3n de fondo el debate en sede de este procedimiento ordinario se circunscribe a determinar, a efectos tributarios, la consideraci\u00f3n jur\u00eddica que tiene la escritura otorgada el d\u00eda 10 de marzo de 2008 por representante de la entidad Caja \u2026.., por representante de la entidad P\u2026.. S.L. y por do\u00f1a Encarnaci\u00f3n que seg\u00fan los otorgantes vendr\u00eda a subsanar el error padecido en otra escritura autorizada el d\u00eda 31 de julio de 2003 en la que la entidad P\u2026. vende a do\u00f1a Encarnaci\u00f3n la finca NUM003, vivienda tipo C, planta NUM004, sita en la CALLE000 de la localidad de Cambre cuando la finca que realmente tendr\u00eda que transmitido la finca NUM005, vivienda tipo C, de la planta NUM006, con acceso por el portal NUM007. En este aspecto mientras la recurrente sostiene que se trata de una escritura de subsanaci\u00f3n la administraci\u00f3n tributaria mantiene que se trata de un negocio jur\u00eddico aut\u00f3nomo y distinto y que por tanto estar\u00eda sujeta a Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal \u201cresulta relevante el amplio lapso de tiempo transcurrido desde la primera escritura de fecha 31 de julio de 2003 a la segunda de 10 de marzo de 2008, tiempo m\u00e1s que suficiente para advertir el supuesto error<\/strong>, el cual, por otra parte no se advierte en la primera escritura pues la segunda no tendr\u00eda por objeto salvar la ineficacia o inexistencia del primer contrato documentado por estar este afectado de vicio de nulidad o el t\u00edtulo no hubiera podido acceder al registro de la propiedad por lo que no cabe sino concluir que nos encontramos ante un nuevo contrato al que se le ha pretendido dar el ropaje jur\u00eddico de una rectificaci\u00f3n de errores a los puros efectos de eludir el pago del tributo.<\/strong><\/p>\n De seguir la tesis que mantiene la recurrente cualquier particular podr\u00eda soslayar el pago del impuesto en el caso de la celebraci\u00f3n de un nuevo contrato con distinto objeto-como es el caso presente en el que el objeto de la compra-venta es un inmueble distinto del anterior-simplemente acudiendo al notario y manifestando que se produjo un error en una escritura anterior respecto de un elemento esencial del contrato de compra-venta como es su objeto.\u201d<\/p>\n Pensamos que en presencia de un error se deber\u00eda haber acompa\u00f1ado a la escritura de rectificaci\u00f3n la prueba de su existencia: podr\u00eda haber sido el certificado de empadronamiento de los a\u00f1os transcurridos desde la compra, o el justificante de la contrataci\u00f3n de los servicios desde la compra, certificado de la propiedad horizontal., entre otros.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 23 de marzo de 2015, Recurso 172\/2013. \u201cFunda el TEAR su resoluci\u00f3n desestimatoria en que el art. 7.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados aprobado por RD Leg. 1\/1993, de 24 de septiembre, tipifica como hecho imponible las condiciones resolutorias expl\u00edcitas de las compraventas a que se refiere el art. 11 de la Ley Hipotecaria, equiparando su r\u00e9gimen tributario a las hipotecas que garanticen el pago del precio aplazado con la misma finca vendida. Dicho precepto es desarrollado por los arts. 12 y 73 del Reglamento del Impuesto aprobado por RD 828\/1995. Contin\u00faa diciendo la resoluci\u00f3n del TEAR que, para determinar la tributaci\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita constituida en la escritura p\u00fablica de compraventa, ha de tenerse en cuenta que la constituci\u00f3n de todo tipo de garant\u00edas puede estar sujeta tanto al ITP y AJD como al IVA, como operaci\u00f3n financiera de prestaci\u00f3n de servicios. Para que una condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita quede sujeta a IVA se requiere que quien la constituya sea empresario o profesional; y aunque en este tipo de garant\u00eda no est\u00e1 claro qui\u00e9n la constituye, si tenemos en cuenta que est\u00e1 equiparada a la hipoteca, se deduce claramente que quien la constituye es el comprador a favor del vendedor.<\/strong> Por consiguiente, si el comprador es empresario o profesional y el inmueble queda afecto a su actividad, y en todo caso si es una sociedad mercantil, la condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita est\u00e1 sujeta al IVA, y a AAJJDD. Por el contrario, si el comprador es un particular, la condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita est\u00e1 no sujeta a IVA, y, por tanto, sujeta al ITP y AJD en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas<\/strong>. Sigue diciendo la resoluci\u00f3n del TEAR que de acuerdo con lo anterior, y tras la cita del art. 7.3 del Texto Refundido y 12.2 y 73 del Reglamento del Impuesto, que en las escrituras de compraventa por las que se ha girado la liquidaci\u00f3n aqu\u00ed impugnada, los compradores son sociedades mercantiles que tienen la condici\u00f3n de empresarios a todos los efectos en el IVA, y, por tanto, las personas jur\u00eddicas que constituyen la condici\u00f3n resolutoria son sujetos pasivos del IVA, motivo por el que debe tributar la constituci\u00f3n de la citada condici\u00f3n resolutoria por la modalidad de \u00abActos Jur\u00eddicos Documentados\u00bb al cumplir los requisitos establecidos en el art. 31.2 del Texto Refundido de. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados. Por \u00faltimo, se\u00f1ala la resoluci\u00f3n recurrida, por lo que se refiere al sujeto pasivo, est\u00e1 obligado al pago del impuesto a t\u00edtulo de contribuyente aquel a cuyo favor se realice el acto, conforme establece el art. 8 del Texto Refundido del Impuesto, y que de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 29 del TR de la Ley del Impuesto, el sujeto pasivo es el vendedor, que resulta ser la persona en cuyo inter\u00e9s se pacta la cl\u00e1usula, pues a \u00e9l beneficia especialmente que la misma tenga acceso al Registro de la Propiedad y eficacia frente a terceros.<\/p>\n Se rechaza, de otro lado, la alegaci\u00f3n relativa a que la sociedad vendedora ha ingresado la cuota correspondiente a la condici\u00f3n resolutoria, puesto que el ingreso efectuado por importe de 9.208,14 \u20ac corresponde a la posposici\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria y las dos autoliquidaciones aportadas por la reclamante se corresponden a otros negocios jur\u00eddicos distintos formalizados en la escritura con n\u00ba de protocolo 2523, en tanto que la compraventa y constituci\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria han sido formalizados en la escritura con n\u00ba de protocolo 2520.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal \u201ca la vista del expediente hemos de considerar plenamente acreditados los hechos en los que la actora funda su pretensi\u00f3n y que, efectivamente, en contra de lo mantenido por la Administraci\u00f3n tributaria y por el TEARM en la Escritura p\u00fablica n\u00ba 2.520, de fecha 21 de julio de 2005 \u00fanicamente se contienen dos negocios jur\u00eddicos: la compraventa de un terreno de la propiedad de D\u00f1a. Natividad a la mercantil V\u2026\u2026, S.A. y el establecimiento de una condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita como garant\u00eda del pago aplazado y ambos actos, fueron liquidados en su momento por la compradora. Respecto de la posposici\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria, en la escritura otorgada con el n\u00ba 2.520 del protocolo del Notario, \u00fanicamente se contiene el consentimiento de la vendedora para que se pueda llevar a efecto dicha posposici\u00f3n, el cual no tiene lugar hasta que se acuerda de forma expresa en la escritura n\u00ba 2.523.<\/p>\n \u00a0No se trata, pues de tres negocios jur\u00eddicos, sino de dos y ambos constan liquidados y abonados, resultando indiferente en este caso, que el sujeto pasivo del Impuesto de AAJJDD referido a la condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita sea la compradora o la vendedora, pues en cualquiera de los casos se ha presentado la autoliquidaci\u00f3n correspondiente y el tributo se ha pagado.<\/p>\n Esta Sala dict\u00f3 sentencia n\u00ba 593\/13, de 15 de julio, en el recurso contencioso administrativo 274\/2009 en la que se cita la Sentencia n\u00ba 174\/09, de 27 de febrero, reca\u00edda en el recurso contencioso administrativo 60\/05, en el que precisamente se planteaba qui\u00e9n era el sujeto pasivo en la modalidad de AAJJDD cuando el hecho imponible era una condici\u00f3n resolutoria en una escritura p\u00fablica de compraventa, concluyendo que lo cierto es que es intrascendente en este caso la discusi\u00f3n de qui\u00e9n es el sujeto pasivo cuando ha acreditado la parte actora, que los adquirentes de la finca, autoliquidaron el Impuesto sobre Actos Jur\u00eddicos Documentados el 25 de agosto de 2005 de la condici\u00f3n resolutoria contenida en la escritura de 21 de julio de 2005 que se le reclama al recurrente.\u201d Se estima el recurso.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 23 de marzo de 2015, Recurso 123\/2014. No sujeci\u00f3n a ITP de la llamada disoluci\u00f3n parcial del condominio.<\/strong><\/p>\n \u201cComo ha se\u00f1alado la sentencia del TSJ de Madrid de 7 de noviembre de 2014, la tributaci\u00f3n de la denominada disoluci\u00f3n parcial del condominio no es uniforme en los Tribunales Superiores de Justicia, pues hay pronunciamientos como los de las Salas de Asturias, sentencia de 7 de junio de 2010, Castilla-La Mancha de 6 de julio de 2010 y Valencia, sentencia de 16 de julio de 2011 entre otras, que son favorables al criterio sostenido por la CARM recurrente. Pero hay otros pronunciamientos, que son los que nosotros compartimos, contrarios a que se tribute por transmisiones onerosas en el supuesto de disoluci\u00f3n parcial del condominio, como son las sentencias del TSJ de Andaluc\u00eda, sede Sevilla, de 5 de noviembre de 2015, o las de Madrid de 23 de octubre de 2004 o la ya citada de 7 de noviembre de 2014.\u201d<\/p>\n \u201cEl Letrado de la CARM centra la cuesti\u00f3n debatida en determinar si resulta o no de aplicaci\u00f3n el art. 1062 del CC en los supuestos en los que, aun siendo la cosa indivisible, su atribuci\u00f3n se realiza a varios cond\u00f3minos en pro indiviso, como sucede en el caso que nos ocupa. Y a su juicio, aun siendo el bien indivisible, \u00fanicamente ser\u00eda aplicable la previsi\u00f3n del art. 1062 cuando el bien se adjudicara solo a una persona individualmente y no a varios, pues en este caso no se extinguir\u00eda la comunidad, sino que esta permanece; siendo este el criterio mantenido por la Direcci\u00f3n General de Tributos del Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda en diversas consultas, como la Contestaci\u00f3n a consulta vinculante n\u00ba 1253\/2012.\u201d<\/p>\n El Tribunal declara que \u201cno se consideran transmisiones patrimoniales los excesos de adjudicaci\u00f3n si son para dar cumplimiento al art. 1062 del C\u00f3digo Civil que trata de evitar que alguien permanezca en contra de su voluntad en la indivisi\u00f3n. En consecuencia, la liquidaci\u00f3n practicada no resultaba procedente.\u201d<\/p>\n En el Informe correspondiente al mes de abril a continuaci\u00f3n de la rese\u00f1a por nuestro compa\u00f1ero Jos\u00e9 Antonio Riera de la Resoluci\u00f3n del DGRN de 4 de abril de 2016, escribimos la siguiente Nota:<\/p>\n \u201cOtra Consulta de inter\u00e9s relativa a la tributaci\u00f3n fiscal de las comunidades es la V0353 de 30\/01\/2015, cuyos hechos son los siguientes: \u201cEl consultante es uno de los 20 componentes de una comunidad de bienes compuesta por una casa, una vivienda y un garaje. Los 20 componentes pertenecen a dos familias. Quieren disolver el condominio de manera que la familia A se quede con una casa y pague 62.000 euros a la familia B que recibe el dinero y se queda con la vivienda y el garaje.<\/strong>\u201d Se responde que \u201cla operaci\u00f3n que se pretende llevar a cabo no supone una disoluci\u00f3n de la comunidad de bienes- que claramente se mantiene en los tres inmuebles que van a continuar en com\u00fan-\u00a0produci\u00e9ndose, en todo caso, lo que a veces se denomina una \u201cdisoluci\u00f3n parcial\u201d, pero que realmente no es una disoluci\u00f3n o, en cualquier caso, no lo es a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados. La operaci\u00f3n que van a realizar consiste en una redistribuci\u00f3n de las participaciones de los comuneros que antes ostentaban un tanto por cien de la participaci\u00f3n sobre los tres inmuebles y ahora van a pasar a tener un tanto por 100 mayor pero s\u00f3lo sobre uno de los inmuebles una familia y sobre dos inmuebles la otra familia.<\/strong>\u00a0Precisamente el hecho de que el consultante y todos los dem\u00e1s comuneros sigan participando en la propiedad de un inmueble con otros comuneros es lo que impide calificar a la operaci\u00f3n descrita como disoluci\u00f3n de la comunidad de bienes sobre los inmuebles.<\/strong>\u00a0La comunidad de bienes no se extingue, sino que persiste, lo que ocurre es que se reduce el n\u00famero de copropietarios.\u00a0En realidad, nos encontramos ante una permuta \u2013sujeta a ITP-.\u201d<\/strong><\/p>\n En la obra titulada \u201cIl diritto patrimoniale di fronte alla crisi economica in Italia e in Spagna\u201d, dirigida por Juan Pablo Murga Fern\u00e1ndez y Salvador Tom\u00e1s Tom\u00e1s, 2014, se contiene un trabajo del bolonio Jos\u00e9 Manuel Macarro Osuna, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, titulado \u201cConsecuencias tributarias de las disoluci\u00f3n de la comunidad de bienes en el ITPAJD\u201d, p\u00e1ginas 609 a 620, en las que, entre otras cosas, el autor estudia la Consulta V1715-10 cuyo supuesto fue el siguiente: \u201cLos consultantes son titulares por terceras partes y en pro indiviso de diversos bienes de naturaleza inmobiliaria. Entre otros, se encuentran diez viviendas en r\u00e9gimen de propiedad horizontal y cuyo valor es aproximadamente el mismo, dado que son apartamentos en el mismo edificio. La copropiedad de los bienes procede de su atribuci\u00f3n por liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n de una sociedad an\u00f3nima que ten\u00eda la consideraci\u00f3n de patrimonial, efectuada al amparo de la disposici\u00f3n transitoria vig\u00e9simo segunda del texto refundido de la Ley del impuesto sobre Sociedades. Interesa a los tres comuneros proceder a cesar en la indivisi\u00f3n actual, mediante la adjudicaci\u00f3n de 9 de esas diez viviendas. Se repartir\u00e1n tres viviendas cada uno, sin compensaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna, al tener todos los inmuebles el mismo valor, permaneciendo la d\u00e9cima, as\u00ed como los restantes inmuebles en r\u00e9gimen de copropiedad.\u201d La soluci\u00f3n de la DGT fue la siguiente: \u201cno existe disoluci\u00f3n de comunidad de bienes, sino una permuta en la que cada comunero realiza la transmisi\u00f3n de su cuota parte de seis pisos a los otros dos comuneros y adquiere 2\/3 partes de los tres pisos que no ha transmitido su parte, por los que adquiere el dominio completo de esos tres pisos y por lo tanto la operaci\u00f3n estar\u00e1 sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y al tratarse de un bien inmueble tributar\u00e1 al tipo imponible de los mismos.\u201d Macarro Osuna critica la soluci\u00f3n y expone que \u201cpese al respeto absoluto a los porcentajes de propiedad que conlleva esta disoluci\u00f3n parcial, la DGT entiende que es merecedora de tributaci\u00f3n, no por exceso de adjudicaci\u00f3n, sino como una adquisici\u00f3n por parte de cada propietario de los porcentajes de titularidad que pose\u00edan los restantes comuneros de los bienes que se le adjudican, lo que a nuestro juicio, parece contradecir la\u00a0doctrina de TS que considera dicha asignaci\u00f3n como especificaciones de derecho y no como aut\u00e9nticas transmisiones patrimoniales<\/strong>. Por el contrario, Macarro Osuna en los llamados casos de disoluci\u00f3n parcial de comunidad sobre un bien indivisible en los que se reduce el n\u00famero de copropietarios, sin adjudicaci\u00f3n a uno de ellos, opina que la operaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a ITP. Sobre el tema existe una\u00a0Sentencia del TS de 12 de diciembre de 2012<\/a>, Recurso 158\/2011, favorable a dicha tributaci\u00f3n. Las Sentencias posteriores contrarias a dicha tributaci\u00f3n, procedentes de los TSJ de Madrid, Comunidad Valenciana no citan la Sentencia del TS. Sin embargo, los TS que sujetan a ITP dicha disoluci\u00f3n o extinci\u00f3n parcial s\u00ed citan la doctrina del TS: Sentencia del TSJ de La Rioja de 16 de octubre de 2014, Recurso 172\/2013, y Sentencias del TSJ de Andaluc\u00eda, Sede de Sevilla, de, de 10 de diciembre de 2013, Recurso 400\/2012, y, Sede de M\u00e1laga, de 15 de septiembre de 2014, Recurso 233\/2012.\u201d<\/p>\n Los TSJ de Extremadura y Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, siguen hoy la doctrina del TS. El TSJ de Murcia sigue la doctrina contraria.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 4 de abril de 2015, Recurso 495\/2013. Necesidad de la visita del inmueble para su valoraci\u00f3n fiscal.<\/strong><\/p>\n \u201cResulta obvio que la visita al inmueble en este caso era obligada. No se trata de valorar un solar, sino una construcci\u00f3n (incluso la doctrina de esta Sala que presume que cuando son solares no hay en principio una necesidad de visita podr\u00eda ser contraria a las sentencias del Tribunal Supremo que se acaban e citar, que exigen categ\u00f3ricamente que conste en el expediente una justificaci\u00f3n suficiente de la innecesariedad de la visita, estableciendo as\u00ed la carga probatoria en el lado de la Administraci\u00f3n y no en el del sujeto pasivo, como hac\u00edamos nosotros). El propio valorador aplica una depreciaci\u00f3n del 15 % \u00bb dada su antig\u00fcedad…por su estado de conservaci\u00f3n \u00ab; pues bien, si podemos admitir que la antig\u00fcedad de la vivienda pueda llegar a conocerse por v\u00eda documental, mal puede afirmarse lo mismo respecto de cu\u00e1l sea estado de conservaci\u00f3n, que no es posible conocer sin una inspecci\u00f3n del inmueble. Todo ello es as\u00ed; pero adem\u00e1s en este caso, si algo m\u00e1s hace falta, se ha practicado fase probatoria, sin contradicci\u00f3n alguna de contrario, que ha puesto de manifiesto la realidad de la situaci\u00f3n anterior de la finca y la necesidad de profundas reformas para su adecuada habitabilidad. La falta de visita por parte del t\u00e9cnico de la Administraci\u00f3n impidi\u00f3 en su momento, e impide ya ahora definitivamente, la comprobaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n del estado real de la finca para una adecuada ponderaci\u00f3n de tal circunstancia.\u201d<\/p>\n\u00a0<\/h2>\n
<\/a>SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNI\u00d3N EUROPEA<\/span><\/h2>\n
<\/a>SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO<\/strong><\/span><\/h2>\n<\/a>
Puede declararse en fraude de ley una operaci\u00f3n realizada en ejercicio prescrito si fruto de dicha operaci\u00f3n se producen efectos tributarios en ejercicios no prescritos.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Sujeci\u00f3n al tipo general y no al reducido de la venta de apartamentos tur\u00edsticos en la Comunidad Aut\u00f3noma de Madrid, al no poder destinarse a vivienda habitual.<\/strong><\/span><\/h6>\n
<\/a>SENTENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LA <\/span><\/strong>AUDIENCIA NACIONAL<\/strong><\/span><\/h2>\n
No sujeci\u00f3n a AJD de la venta de una finca a carta de gracia.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Los particulares no est\u00e1n facultados para iniciar el procedimiento de revocaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h6>\n
Para que en una subasta notarial la base imponible del Impuesto sea el valor de adquisici\u00f3n ha de gozar de publicidad y libre acceso<\/strong><\/span><\/h6>\n
Cuando no es posible la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad por motivos insubsanables no se devenga AJD<\/strong><\/span><\/h6>\n
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Invalidez de la Liquidaci\u00f3n que se practica a nombre de un s\u00f3lo obligado tributario cuando la Administraci\u00f3n conoce la identidad de varios.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Posposici\u00f3n de rango sujeta: la hipoteca con la ampliaci\u00f3n del capital y el plazo perdi\u00f3 el rango, pero lo recuper\u00f3 con el consentimiento de los acreedores posteriores.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Pretendida subsanaci\u00f3n que, en realidad, esconde, por razones fiscales, una rectificaci\u00f3n del precio, inoperativa frente a la Hacienda P\u00fablica.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Ausencia de motivos econ\u00f3micos v\u00e1lidos por inactividad de la sociedad<\/strong><\/span><\/h6>\n
Calificaci\u00f3n como permuta de la rectificaci\u00f3n de un pretendido error en la ubicaci\u00f3n del inmueble comprado<\/strong><\/span><\/h6>\n
Para que una condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita quede sujeta a IVA se requiere que quien la constituya sea empresario o profesional, siendo el constituyente el comprador, y si el inmueble queda afecto a su actividad, la condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita est\u00e1 sujeta al IVA, y a AAJJDD.<\/strong><\/span><\/h6>\n