\u00a0<\/p>\n
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Sentencias del Tribunal Supremo.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a>.<\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Administrativo de Guip\u00fazcoa.<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencia de 26 de mayo de 2016, asunto C-607\/14. \u00abProcedimiento prejudicial\u00a0\u2014 Sistema com\u00fan del impuesto sobre el valor a\u00f1adido\u00a0\u2014 Directiva 2006\/112\/CE\u00a0\u2014 Exenci\u00f3n\u00a0\u2014 Art\u00edculo 135, apartado 1, letra\u00a0d)\u00a0\u2014 Operaciones relativas a los pagos y giros\u00a0\u2014 Concepto\u00a0\u2014 Compra de entradas de cine por tel\u00e9fono o en Internet\u00a0\u2014 Pago mediante tarjeta de d\u00e9bito o tarjeta de cr\u00e9dito\u00a0\u2014 Servicios denominados \u201cde gesti\u00f3n de pagos mediante tarjeta\u201d\u00bb<\/strong><\/p>\n \u201cEl art\u00edculo 135, apartado 1, letra\u00a0d), de la Directiva 2006\/112\/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema com\u00fan del impuesto sobre el valor a\u00f1adido, debe interpretarse en el sentido de que la exenci\u00f3n del impuesto<\/strong> sobre el valor a\u00f1adido que all\u00ed se establece para las operaciones relativas a los pagos y giros no es aplicable a un servicio denominado \u00abde gesti\u00f3n de pagos mediante tarjeta de d\u00e9bito o de cr\u00e9dito\u00bb<\/strong>, como el que es objeto del litigio principal, realizado por un sujeto pasivo prestador de ese servicio, cuando una persona compra, a trav\u00e9s de ese prestador, una entrada de cine que \u00e9ste vende en nombre y por cuenta de otra entidad, tanto si esa persona paga mediante tarjeta de d\u00e9bito como si lo hace mediante tarjeta de cr\u00e9dito.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia de 26 de mayo de 2016, Recurso 4027\/2014. Se debate la <\/strong>cuesti\u00f3n de si procede para gozar de la bonificaci\u00f3n fiscal analizada es necesario que la persona que forma parte del grupo familiar y que cumple el requisito de ejercer funciones efectivas de direcci\u00f3n de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayor\u00eda de sus rendimientos, debe, adem\u00e1s, ser titular de alguna participaci\u00f3n en el capital de dicha<\/strong>\u00a0empresa. <\/strong><\/p>\n \u201cSe refiere el presente recurso a la cuesti\u00f3n de si para gozar de la bonificaci\u00f3n fiscal del 95% por empresa familiar prevista en el art. 20.2 c) de la Ley 29\/198, del Impuesto de Sucesiones, es necesario que la persona que forma parte del grupo familiar y que cumple el requisito de ejercer funciones efectivas de direcci\u00f3n de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayor\u00eda de sus rendimientos, debe, adem\u00e1s, ser titular de alguna participaci\u00f3n en el capital de dicha empresa.\u201d<\/p>\n Se responde que \u201del segundo requisito es el que hace referencia a la necesidad de que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de direcci\u00f3n en la entidad, percibiendo por ello una remuneraci\u00f3n que represente m\u00e1s del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. De este segundo requisito tampoco resulta la obligaci\u00f3n de que el sujeto que ejerza las funciones de direcci\u00f3n tenga que ser titular de participaciones,<\/strong> pudiendo pertenecer \u00e9stas al grupo familiar.\u201d En igual sentido la Sentencia de la misma fecha, Recurso 4098\/2014.<\/p>\n Sentencia del TS de 30 de mayo de 2016, Recurso 570\/2015. La transmisi\u00f3n de un hotel con las licencias oportunas, siendo una unidad econ\u00f3mica aut\u00f3noma, no est\u00e1 sujeta a IVA sino a ITP, por lo que no es deducible el IVA devengado.<\/strong><\/p>\n<\/a> Sentencia del TS de 30 de mayo de 2016, Recurso 1776\/2015. No se aprecia motivo econ\u00f3mico v\u00e1lido en la escisi\u00f3n, pues lo \u00fanico que se pretende es el ahorro fiscal al repartir entre los socios el patrimonio social.<\/strong><\/p>\n \u201cLa parte actora alega como principal motivo de la escisi\u00f3n las divergencias en la actuaci\u00f3n empresarial entre los socios de la sociedad escindida que hac\u00edan inviable su continuidad, por lo que era necesario efectuar una reorganizaci\u00f3n empresarial que permitiera proseguir con la actividad econ\u00f3mica. Se\u00f1ala \u00bb que las diferencias de criterio entre ambos grupos empresariales sobre los proyectos de inversi\u00f3n, el procedimiento de gesti\u00f3n, el sistema de financiaci\u00f3n y la entrada de nuevos socios, dado el porcentaje de participaci\u00f3n de cada una de las entidades (50% respectivamente), pod\u00eda llegar a hacer imposible el funcionamiento de la sociedad participada por la paralizaci\u00f3n de sus \u00f3rganos sociales \u00ab<\/p>\n \u201cLa Sala comparte las conclusiones de la Resoluci\u00f3n recurrida que, tras analizar las alegaciones de las recurrentes, se\u00f1ala que \u00bb En definitiva, en el caso que nos ocupa, del relato de los hechos se desprende que lo que aqu\u00ed se ha producido es la transmisi\u00f3n de solares, adjudicados algunos de ellos en proindiviso, a dos empresas ya existentes, cuyos objetos sociales son id\u00e9nticos al de la entidad original, continu\u00e1ndose desde el momento de la escisi\u00f3n, la misma actividad por las dos entidades beneficiar\u00edas. La operaci\u00f3n parece tener como \u00fanica finalidad el reparto de un patrimonio com\u00fan, sin que el mismo pueda justificarse como un motivo econ\u00f3mico v\u00e1lido,<\/strong> seg\u00fan la normativa antes citada. Podemos concluir por tanto que la entidad no ha desvirtuado la fundamentaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n en cuanto a que el objetivo final de las operaciones societarias realizadas era la transmisi\u00f3n de un patrimonio evitando la tributaci\u00f3n que dicha operaci\u00f3n conllevar\u00eda, consiguiendo, en consecuencia, ventajas fiscales, las cuales no constituyen obviamente un motivo econ\u00f3mico v\u00e1lido, pues se obtienen como consecuencia de un conjunto de transmisiones, cuyo \u00fanico fin es, como decimos, evitar o minorar la carga tributaria que normalmente corresponder\u00eda por la operaci\u00f3n realizada por lo que, en definitiva, a la operaci\u00f3n de escisi\u00f3n de que se trata no le es aplicable el r\u00e9gimen fiscal especial del cap\u00edtulo VIII del T\u00edtulo VIII de la Ley 43\/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades\u00bb<\/p>\n \u201cDe acuerdo con nuestra normativa mercantil, es la inscripci\u00f3n de la escisi\u00f3n la que determina la extinci\u00f3n de la entidad escindida y el traspaso de su patrimonio a las beneficiarias de la escisi\u00f3n, produci\u00e9ndose con ello el devengo del impuesto que grava la renta derivada de dicha transmisi\u00f3n.\u201d \u201cEs cierto que, conforme al art\u00edculo 55 del Reglamento del Registro Mercantil, se considera como fecha de la inscripci\u00f3n la fecha del asiento de presentaci\u00f3n en el Registro Mercantil, pero no es menos cierto que en el supuesto examinado tal \u00abretroacci\u00f3n\u00bb al 17 de enero de 2000, fecha de presentaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de escisi\u00f3n en el Registro Mercantil de Barcelona, en nada var\u00eda el devengo del impuesto que se entiende producido en el ejercicio 2000, pues tanto la fecha de presentaci\u00f3n de la escritura como la efectiva inscripci\u00f3n registral se produjeron en enero de 2000.\u201d<\/p>\n \u201cLa parte recurrente, se limita a desarrollar m\u00e1s ampliamente las razones que expuso en la demanda para justificar la existencia de divergencias de criterio, pero no nos ofrece razones de por qu\u00e9 la valoraci\u00f3n probatoria de la Sala de instancia -que considera que la finalidad de la escisi\u00f3n no era otra que la del reparto de unos solares entre las sociedades beneficiarias, que se dedicaban a la misma actividad que la escindida resulta arbitraria o irrazonable-, y, en todo caso, es patente que el hecho de que se tengan diferentes criterios en la gesti\u00f3n de las sociedades beneficiarias, no significa por s\u00ed mismo que ello suponga divergencia en cuanto al modo de gestionar la sociedad escindida<\/strong> y que de hecho se hayan producido conflictos en dicha materia.<\/p>\n Finalmente, nada se aduce ante la afirmaci\u00f3n de la sentencia acerca de que \u00abnada imped\u00eda la conservaci\u00f3n de la sociedad escindida, pudiendo ejercer el socio que no estuviera de acuerdo con la gesti\u00f3n social, su derecho de separaci\u00f3n de la sociedad,<\/strong> tal y como reconoc\u00eda la Ley de Sociedades An\u00f3nimas. La regulaci\u00f3n contenida en el mencionado cap\u00edtulo VIII del T\u00edtulo VIII de la Ley 43\/1995 no est\u00e1 dise\u00f1ada para que los socios sustituyan su derecho de separaci\u00f3n de una sociedad por un r\u00e9gimen fiscal especial.\u00bb<\/p>\n En la Sentencia del TS de 17 de marzo de 2016, Recurso 258172014, por el contrario, se apreciaron \u201cmotivos econ\u00f3micamente v\u00e1lidos en la operaci\u00f3n de escisi\u00f3n. Dichos motivos consistieron en las discrepancias de criterio entre socios en cuanto a la organizaci\u00f3n empresarial, que hac\u00edan imposible la viabilidad de la empresa, por lo que era necesaria una reorganizaci\u00f3n empresarial,<\/strong> que optimizara ingresos, desarrollando de forma independiente cada una de las sociedades beneficiarias las tres actividades ejercidas en la sociedad matriz. Por tanto, al cumplirse todos los requisitos necesarios, la operaci\u00f3n tiene derecho a la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen especial de diferimiento contenido en el Cap\u00edtulo VIII del T\u00edtulo VIII de la Ley 43\/1995 del impuesto sobre Sociedades, tal y como el Tribunal de instancia estim\u00f3.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de diciembre de 2015, Recurso 591\/2013. \u201c \u201cEn lo que respecta al hecho de que la escisi\u00f3n fuera inscrita en el Registro Mercantil, debe ponerse de relieve que el control de legalidad encargado a los Registradores Mercantiles en modo alguno alcanza a la normativa fiscal, siendo la Inspecci\u00f3n tributaria la competente para la verificaci\u00f3n del efectivo cumplimiento de la misma.<\/strong> Y en el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional en Sentencias tales como la de 13-10-2011 (rec. n\u00b0. 353\/2008 ) a tenor de la cual: \u00abDebemos comenzar afirmando que la Sala comparte el criterio del TEAC, por cuanto con independencia de que la operaci\u00f3n efectuada se califique desde un punto de vista mercantil como escisi\u00f3n, la Inspecci\u00f3n puede examinar si dicha operaci\u00f3n cumple con los requisitos exigidos por el referido r\u00e9gimen fiscal; es decir que la inscripci\u00f3n mercantil de la escisi\u00f3n, no determina por s\u00ed sola el derecho a disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en el Ley 43\/1995, que en este acto se discuten, y analizar si la referida operaci\u00f3n se ajusta a los presupuestos legales establecidos en la referida norma.\u201d<\/p>\n \u201cA partir de 19 de julio de 2006, la operaci\u00f3n de escisi\u00f3n parcial requiere no s\u00f3lo que el patrimonio escindido tenga la consideraci\u00f3n de rama de actividad, sino tambi\u00e9n que el patrimonio que permanece en la entidad escindida tenga igual consideraci\u00f3n, tal y como dispone la Directiva comunitaria. <\/strong>Por tanto, antes de la modificaci\u00f3n, la norma permit\u00eda que la sociedad escindida tuviera una sola rama de actividad que fuera objeto de escisi\u00f3n, manteniendo en su patrimonio elementos no afectos a dicha rama. Sin embargo, con la nueva regulaci\u00f3n estas operaciones ya no son posibles al amparo del r\u00e9gimen especial, por cuanto se exigen al menos dos ramas de actividad en la sociedad escindida, una que es objeto de escisi\u00f3n y la otra, distinta, que permanece en la entidad.\u201d<\/strong> En la escisi\u00f3n parcial no cabe que a unos socios se le atribuya participaciones y a otros no, es decir, que no se aplique el principio de proporcionalidad, en cuyo caso estar\u00edamos ante un supuesto de separaci\u00f3n salvo que se aplique la normativa vigente a partir de 2006.<\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de Madrid de 22 de diciembre de 2015, Recurso 15572015. Legitimaci\u00f3n para interponer recursos de los obligados al pago del impuesto en virtud de pacto.<\/strong><\/p>\n \u201cDe la regulaci\u00f3n del impuesto de referencia en el TRLHL se desprende que solo es sujeto pasivo el transmitente (art. 106.1.b\/), y, seg\u00fan el art. 17.5 LGT, los elementos de la obligaci\u00f3n tributaria no pueden ser alterados por pactos de los particulares, efecto coherente con el car\u00e1cter indisponible de aquella obligaci\u00f3n (art. 18 LGT), y dejando a salvo de las consecuencias jur\u00eddico-privadas de tales pactos. Por lo tanto, la estipulaci\u00f3n contractual de que el tributo ha de ser pagado por la sociedad compradora no var\u00eda en absoluto la posici\u00f3n de sujeto pasivo del impuesto del transmitente, el Banco vendedor, ni la relaci\u00f3n jur\u00eddico-tributaria entre este y la Administraci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0Ahora bien, una cuesti\u00f3n es la titularidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que nace con la obligaci\u00f3n tributaria y otra es el inter\u00e9s que pueda tener en la existencia, cuant\u00eda y dem\u00e1s elementos de esa misma obligaci\u00f3n la parte que ha contra\u00eddo con el sujeto pasivo el deber de abonar su importe. Para esta \u00faltima, la anulaci\u00f3n del acto impugnado es susceptible de producir un efecto positivo o evitar un perjuicio cierto.<\/p>\n Por tal motivo, esta Sala se ha pronunciado reiteradamente a favor de la legitimaci\u00f3n activa de quienes resultaban contractualmente obligados al pago del impuesto de plusval\u00eda (sentencias 596\/1998, de 18 de mayo, rec. 918\/1995; 25 bis 1)\/2002, de 24 de abril, rec. de apelaci\u00f3n 26\/2002, y 295\/2002, de 16 de febrero, rec. 2286\/1997, todas de su Secci\u00f3n Tercera). Este criterio se fundamenta en la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1987 (rec. 63568\/1984 ), la cual declar\u00f3 que, si bien es cierto que nunca perder\u00e1 su condici\u00f3n de contribuyente quien legalmente debe soportar la carga tributaria aun cuando realice su traslaci\u00f3n a otras personas, no es menos cierto que tal conclusi\u00f3n no es transportable al plano procesal para negar la legitimaci\u00f3n para impugnar las liquidaciones a quien ha asumido contractualmente la obligaci\u00f3n de pagar la deuda tributaria, pues el concepto de legitimaci\u00f3n como presupuesto inexcusable del proceso implica una relaci\u00f3n un\u00edvoca entre el sujeto y el objeto de la pretensi\u00f3n (acto o disposici\u00f3n impugnados), de tal forma que su anulaci\u00f3n produzca autom\u00e1ticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto. <\/strong><\/p>\n A favor de la legitimaci\u00f3n se pronuncia tambi\u00e9n la sentencia del mismo Tribunal de 19 de noviembre de 1993, cuyo n\u00famero de recurso no nos consta, y la de 13 de mayo de 2010 (rec. de unificaci\u00f3n de doctrina 296\/2005). La primera, adem\u00e1s, censura la tesis contraria mantenida en la sentencia de 7 de mayo de 1979 del mismo Tribunal, manifestando que no es aplicable en cuanto esa sentencia fue \u00abdictada en un momento en que la interpretaci\u00f3n constitucional en torno al art. 24.1 CE y al instituto de la legitimaci\u00f3n procesal no hab\u00eda adquirido, todav\u00eda, la plena carta de naturaleza que hoy ostenta\u00bb. La \u00faltima de las sentencias citadas llega a afirmar en sus fundamentos jur\u00eddicos que, desde la perspectiva del art. 24 CE, \u00abal tercero que se compromete y paga una carga tributaria que no le corresponde legalmente, dif\u00edcilmente se le puede negar que posea un inter\u00e9s directo, propio, cualificado y espec\u00edfico, en definitiva un inter\u00e9s leg\u00edtimo\u00bb.<\/p>\n Con estos antecedentes debemos pronunciarnos a favor de la legitimaci\u00f3n procesal del actual recurrido por el mero hecho de la asunci\u00f3n contractual de la obligaci\u00f3n de pago del impuesto.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede Valladolid, de 4 de febrero de 2016, Recurso 1074\/2014. Fijado legalmente el valor de un bien se habr\u00e1 de estar a su cuant\u00eda para determinar la base imponible de ITP.<\/strong><\/p>\n \u201cLa controversia planteada es de car\u00e1cter jur\u00eddico y no hay discusi\u00f3n en torno a los hechos, que recoge de modo suficiente la resoluci\u00f3n recurrida del TEAR y que se resumen en que el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas le vendi\u00f3 el actor la vivienda sita en la planta NUM002, puerta DIRECCION000, del n\u00famero NUM003 del PASEO000 de Valladolid por importe de 205.640 \u20ac, vivienda cuyo precio de licitaci\u00f3n hab\u00eda sido fijado en 159.834 \u20ac. menos dos entidades de tasaci\u00f3n, inscritas en el registro correspondiente del Banco Este precio de licitaci\u00f3n hab\u00eda sido fijado en la mitad de su valor real en aplicaci\u00f3n de la previsi\u00f3n contenida en la Disposici\u00f3n adicional segunda de la Ley 26\/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geogr\u00e1fica de los miembros de las Fuerzas Armadas, norma esta que en s\u00edntesis dispone que el precio de venta de los inmuebles a que se refiere se fijar\u00e1 de acuerdo con el valor real de mercado, que a tal fin se considerar\u00e1 el que se fije por al menos dos entidades de tasaci\u00f3n, inscritas en el registro correspondiente del Banco de Espa\u00f1a<\/strong> y seleccionadas mediante concurso p\u00fablico, y que a ese importe se le aplicar\u00e1 una deducci\u00f3n valorada de forma unitaria en el cincuenta por ciento.<\/p>\n \u00a0La base imponible en el Impuesto que aqu\u00ed interesa est\u00e1 constituida por el valor real del bien transmitido (art\u00edculo 10.1 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1993, de 24 de septiembre). El valor real de la vivienda litigiosa se ha fijado en la liquidaci\u00f3n cuestionada en 319.668 \u20ac, cantidad a la que se lleg\u00f3 en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el apartado 1.b) de la mencionada Disposici\u00f3n adicional segunda, a la que se remite tambi\u00e9n el apartado f) referida a las viviendas desocupadas, que pueden ser enajenadas por concurso. El hecho de que el recurrente haya adquirido la vivienda de que se trata en virtud de concurso, por estar desocupada, por la cantidad de 205.640 \u20ac, como se indica en la escritura p\u00fablica obrante en el expediente, no determina que esa cantidad sea la base imponible del Impuesto, <\/strong>pues no ha de confundirse el precio por \u00e9l pagado con el valor real del bien transmitido.<\/p>\n Por imperativo de la normativa del tributo la base imponible viene dada por el valor real del bien que se transmite, que en este caso asciende a la cantidad mencionada de 319.668 \u20ac, que es el doble del valor de licitaci\u00f3n, dado que ese valor se fij\u00f3 en un 50% de su valor real, como se ha dicho. Y toda vez que as\u00ed se contempla en la Resoluci\u00f3n del TEAR impugnada, as\u00ed como en la liquidaci\u00f3n a la que se refiere, ha de desestimarse el presente recurso. En el sentido expuesto se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 2 de octubre de 2014, y de 30 de junio y 16 de diciembre de 2015, dictadas, respectivamente, en los recursos n\u00fams. 1602\/2011, 1192\/2013 y 260\/2014.\u201d<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Granada, de 8 de febrero de 2016, Recurso 325\/2011. El legatario obligado a entregar una cantidad de dinero no puede deducir su importe del ISD.<\/strong><\/p>\n \u201cEl art\u00edculo 9 de la citada Ley 29\/1987, y 22 de su Reglamento establecen que constituye la base imponible en las transmisiones \u00abmortis causa\u00bb el valor neto de la adquisici\u00f3n individual de cada causahabiente, entendi\u00e9ndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueran deducibles y en los art\u00edculos 12, 13 y 14 de la Ley y correspondientes 22, 31, 32 y 33 del Reglamento en los cuales se recogen expresamente cuales son las cargas deducibles, las deudas deducibles y los gastos deducibles, debi\u00e9ndose resaltar que la enumeraci\u00f3n que se hace tiene car\u00e1cter exclusivo no admiti\u00e9ndose m\u00e1s supuestos que los expresamente indicados<\/strong> ya que en el Derecho tributario no es posible aplicar la analog\u00eda para extender m\u00e1s all\u00e1 de sus l\u00edmites estrictos los elementos esenciales del hecho imponible y la base imponible no es otra cosa que la cuantificaci\u00f3n de aqu\u00e9l, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 24.1 de la Ley General Tributaria en su redacci\u00f3n original, hoy art\u00edculo 23.3.\u201d<\/p>\n \u201cAs\u00ed las cosas, en el caso de autos consta en el expediente, y as\u00ed adem\u00e1s est\u00e1 reconocido por las partes, que la causante dej\u00f3 al hoy recurrente la finca descrita en concepto de legado con la obligaci\u00f3n de pagar a sus hermanos la cantidad ya indicada y que no tiene a efectos tributarios la consideraci\u00f3n de deducible de la base imponible ya que ni encaja en ninguno de los supuestos de los art\u00edculos citados, ni puede decirse que disminuya el valor del bien transmitido. En efecto, el abono de esa cantidad en cumplimiento de la obligaci\u00f3n que le impuso la finada, no consideramos que pueda considerarse asimilable a las cantidades a entregar como carga o gravamen encuadrables en alguno de los supuestos contemplados<\/strong> en los preceptos citados de aplicaci\u00f3n, ya que no puede considerarse ni que tenga car\u00e1cter perpetuo, temporal o redimible, ni que disminuyan el valor del bien transmitido, y es por todo lo que antecede por lo que debemos desestimar el recurso origen del presente procedimiento sin que de conformidad con el art\u00edculo 139 de la LJCA haya lugar a hacer expresa condena en las costas de este procedimiento.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede M\u00e1laga, de 8 de febrero de 2016, Recurso 58\/2012. La factura no es una prueba irrefutable de un gasto, s\u00f3lo es una presunci\u00f3n del mismo.<\/strong><\/p>\n Se cita la sentencia del TS de fecha 17 de septiembre de 2014 cuando declara \u201cque la existencia de las facturas con todos los requisitos formales otorga, en efecto, una presunci\u00f3n sobre la realidad del gasto, pero en modo alguno puede considerarse, por s\u00ed sola, acreditativa de la realidad material del gasto que representan cuando hay circunstancias, como en este caso sucede, que hacen inveros\u00edmil la existencia del gasto que la factura representa que, a la vez, no figuran como ingresos de la actividad, sin que tampoco conste la realidad f\u00e1ctica de los gastos de desplazamientos que formaron parte de los gastos deducidos, as\u00ed como los dem\u00e1s extremos comprendidos en la contestaci\u00f3n de la demanda, Pues, en efecto y sobre todo, la parte actora debi\u00f3 probar la magnitud de las empresas causantes del gasto que se deduc\u00eda para considerarlas id\u00f3neas para realizar los trabajos cuyos importes se trata de deducir, que debieron provocar en la parte actora, como se ha dicho, un mayor esfuerzo en materia de prueba que por otra parte, abunda en la dudosa posibilidad material del gasto que la factura rechazada representa y, siendo as\u00ed, que pesa sobre la parte actora la acreditaci\u00f3n de la verosimilitud del gasto, si a esto a\u00f1adimos que en el proceso, ya a la vista de las alegaciones de la Administraci\u00f3n, es evidente que las conclusiones obtenidas por la Administraci\u00f3n tributaria no son arbitrarias pues, en definitiva, desde la misma motivaci\u00f3n administrativa cabe confirmar que no se ha acreditado la realidad de los servicios cuyo precio se trata de deducir, aun m\u00e1s cuando la Administraci\u00f3n ha patentizado la inactividad de la empresa emisora de la factura, ya sea por la falta de infraestructura y\/o de trabajadores.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2016, Recurso 1304\/2013. Concepto fiscal de bien de inversi\u00f3n<\/strong><\/p>\n \u201cLa Inspecci\u00f3n Tributaria y posteriormente el TEAR sostienen que los bienes de inversi\u00f3n son aquellos que, utilizados para los fines de una actividad econ\u00f3mica, se distinguen por su car\u00e1cter duradero y su valor, que determinan que los costes de adquisici\u00f3n no sean, normalmente, contabilizados como gastos corrientes, sino amortizados en el curso de varios ejercicios y que la definici\u00f3n de bienes de inversi\u00f3n tiene un contenido m\u00e1s amplio que el que pueda corresponder a la cuesti\u00f3n de hecho de la utilizaci\u00f3n efectiva del bien, pues la LIVA en su art\u00edculo 108 no exige que el per\u00edodo de duraci\u00f3n m\u00ednima del bien vaya acompa\u00f1ado de una efectiva explotaci\u00f3n del mismo, al emplear la expresi\u00f3n \u00abestar normalmente destinados a ser utilizados por un per\u00edodo de tiempo superior a un a\u00f1o\u00bb y a\u00f1ade que para que un bien tenga la consideraci\u00f3n de bien de inversi\u00f3n, no es exigible que el per\u00edodo m\u00ednimo de duraci\u00f3n del bien vaya acompa\u00f1ado de una efectiva explotaci\u00f3n del mismo, si bien debe acreditarse la intenci\u00f3n de afectarse a la actividad econ\u00f3mica<\/strong> (as\u00ed tambi\u00e9n lo tiene dicho el TEAC en resoluci\u00f3n de 28\/04\/09) y que la normativa, al definir los bienes de inversi\u00f3n no atiende a cu\u00e1l sea la utilizaci\u00f3n real del bien, sino a que el mismo \u00abpor su naturaleza y funci\u00f3n\u00bb, est\u00e9 \u00abnormalmente destinado\u00bb a ser utilizado como instrumento de trabajo o medio de explotaci\u00f3n por plazo superior a un a\u00f1o.<\/strong> Tambi\u00e9n la Direcci\u00f3n General de Tributos recoge este criterio en la consulta vinculante de 23\/02\/09, y la sentencia del Tribunal Supremo de 17\/01\/06\u00ab<\/strong><\/p>\n \u201cPues bien, en el caso que examinamos, la Administraci\u00f3n reconoce que las viviendas fueron arrendadas tan solo unos meses del ejercicio 2009 y que en noviembre fueron cedidas para su explotaci\u00f3n en alquiler por otra entidad. As\u00ed las cosas, las citadas viviendas no pueden ser calificadas como bien de inversi\u00f3n, porque no se mantuvieron en la esfera jur\u00eddica dominical de la actora m\u00e1s de un a\u00f1o.\u201d<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de Granada, de 15 de febrero de 2016, Recurso 115672010. Necesidad de acreditar inmediatamente, y no s\u00f3lo invocar, el verdadero valor del bien para evitar la aplicaci\u00f3n del valor catastral multiplicado por un coeficiente.<\/strong><\/p>\n \u201cEn el caso que nos ocupa, en el acuerdo de comprobaci\u00f3n de valores que figura en el expediente administrativo la oficina liquidadora a la hora de determinar el valor de los bienes transmitidos consigna que se tiene en cuenta el valor catastral revisado en el a\u00f1o 2006 para el bien cuya referencia catastral se rese\u00f1a en la escritura p\u00fablica como correspondiente al objeto de la transmisi\u00f3n y le aplica el coeficiente fijado por la Orden de 18 de diciembre de 2008, vigente para el ejercicio del devengo del impuesto, en el municipio donde est\u00e1n situados los bienes.<\/p>\n \u00a0Ese acuerdo de comprobaci\u00f3n de valores en la forma en que lo efect\u00faa la oficina liquidadora se nos antoja que se sujeta a las pautas que para tarea como la descrita impone en orden a la motivaci\u00f3n de las liquidaciones el art\u00edculo 102 de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.<\/p>\n Sobre el particular de que la vivienda estaba en estado ruinoso, menci\u00f3n que se hac\u00eda y recog\u00eda en la escritura p\u00fablica, y que, seg\u00fan manifiesta, deber\u00eda haber condicionado el valor de la finca urbana a que afectaba ese estado, lo cierto y verdad es que en ning\u00fan momento consta que la parte adquirente, la ahora recurrente, haya promovido ninguna iniciativa ante el Catastro para que se modificara el valor catastral por esa circunstancia, sino que al hilo de esa afirmaci\u00f3n sobre su estado, interesa, en definitiva, que la Sala deje sin efecto la valoraci\u00f3n efectuada por falta de motivaci\u00f3n en cuanto que no tuvo en cuenta el factor de su estado.<\/p>\n Cuando se le notific\u00f3 la liquidaci\u00f3n con la asignaci\u00f3n del valor como base imponible del impuesto, se le informaba de la facultad de interesar la pr\u00e1ctica de la prueba pericial contradictoria y no hizo uso de esa posibilidad.<\/p>\n \u00a0Tampoco cuando otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica ni en fecha inmediata posterior exhibi\u00f3 o aport\u00f3 acta notarial en la que se recogiera bien gr\u00e1fica o descriptivamente por el Fedatario P\u00fablico el estado que presentaba la construcci\u00f3n. Y ha sido cuando ha deducido la demanda en el presente recurso jurisdiccional lo que tuvo lugar el 25 de abril de 2012, cuando acompa\u00f1a un informe, sin firma, emitido por el Arquitecto Superior Sr Federico fechado en octubre de 2010.<\/p>\n En ese informe emitido una vez transcurridos m\u00e1s de 18 meses de la transmisi\u00f3n, se llega la conclusi\u00f3n de que el valor del bien es el del suelo actualizado con los coeficientes, es decir 51.609,10 euros, en tanto que la construcci\u00f3n cuyo valor catastral era de 69.708,27 euros y que tras su actualizaci\u00f3n con los coeficientes se elevaba a 160.329,02 euros, lo valora en 0 euros.<\/p>\n Ese dictamen al margen de la ausencia de firma, no evidencia la falta de motivaci\u00f3n que se le atribuye al acuerdo de comprobaci\u00f3n de valores. Quien en el momento de la adquisici\u00f3n pretende que se tenga en cuenta el estado que manifiesta presenta la construcci\u00f3n adquirida, tiene que aportar un indicio de prueba de esa circunstancia e incorporarlo al documento p\u00fablico o extenderlo inmediatamente despu\u00e9s para su debida constancia en el expediente de comprobaci\u00f3n, cuyo acuerdo fijando su valor tuvo lugar el 28 de mayo de 2009.<\/strong><\/p>\n No basta la simple invocaci\u00f3n hecha en la escritura p\u00fablica del estado ruinoso del bien, sino que es precisa una constancia m\u00e1s palpable de esa circunstancia para tenerla como existente y que haya de ponderarse a la hora de la comprobaci\u00f3n de valores.<\/strong><\/p>\n \u00a0Es por todo ello, por lo que que la Sala considera que el acuerdo de comprobaci\u00f3n de valores reun\u00eda en s\u00ed todos y cada uno de los elementos que justificaban el resultado final as\u00ed como la consignaci\u00f3n de la base jur\u00eddica conforme a la que se hab\u00eda llevado a cabo, de ah\u00ed que no podamos por menos que rechazando la falta de motivaci\u00f3n imputada declarar que la aplicaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n del anterior m\u00e9todo a los bienes transmitidos es ajustado a derecho, en cuanto que se ci\u00f1e al mandato legal, cumpliendo adem\u00e1s el requisito de motivaci\u00f3n suficiente, ya que por su contenido permite conocer a su destinatario las razones que justifican la valoraci\u00f3n atribuida al inmueble, a fin de poder combatirlas y promover, en su caso, la tasaci\u00f3n pericial contradictoria, medio de comprobaci\u00f3n que le fue comunicado como de posible utilizaci\u00f3n, al notificarle el resultado de la comprobaci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n complementaria girada.\u201d<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede Granada, de 15 de febrero de 2016, Recurso 1262\/2010. Para que la fianza prestada por un sujeto pasivo de IVA est\u00e9 exenta de IVA y no sujeta a ITP es preciso que el fiador, una sociedad mercantil, act\u00fae en el ejercicio de su actividad empresarial.<\/strong><\/p>\n \u201cLo suscitado era determinar si la fianza prestada, no por una persona f\u00edsica, sino por una entidad mercantil, sujeto pasivo de IVA, no estaba sujeta al ITP y AJD, como entendi\u00f3 la Administraci\u00f3n Tributaria, al resultar de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 5 del Texto Refundido de dicho Impuesto, que excluye las operaciones realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaci\u00f3n de servicios sujetas al IVA.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal, resulta de la normativa fiscal aplicable que \u201cno todas las entregas de bienes o prestaci\u00f3n de servicios est\u00e1n sujetas a IVA sino solo aquellas que se realizan por empresarios o profesionales, en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, respecto de bienes o servicios que integran su patrimonio empresarial o profesional.<\/strong> En el presente caso, la prestaci\u00f3n de fianza por parte de la empresa I\u2026.S.L. en el acto de otorgamiento de la escritura de compraventa con subrogaci\u00f3n hipotecaria, efectuada en favor de los compradores-deudores hipotecarios, no consta que se haya realizado en el ejercicio de la actividad empresarial propia de su objeto social, pues no se rese\u00f1a en la escritura cu\u00e1l sea el mismo, ni tampoco se ha aportado en la fase probatoria del recurso documentaci\u00f3n acreditativa de tal extremo, todo lo cual induce a pensar que su actuaci\u00f3n en el acto de otorgamiento de la fianza lo fue al margen de su normal actividad empresarial, actuando, fuera de dicho \u00e1mbito, como un particular y con sujeci\u00f3n, por tanto, al impuesto liquidado.\u201d<\/strong><\/p>\n \u201cLa sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2009, tambi\u00e9n citada por la recurrente en la demanda, en contra de lo que se argumenta en la misma sobre el apoyo a la tesis que defiende, conduce, a juicio de esta Sala, a todo lo contrario, pues claramente exige que la operaci\u00f3n de afianzamiento realizada por un empresario, para quedar sujeta al IVA y, por tanto, no sujeta al ITP y AJD, lo sea en el ejercicio de su actividad empresarial, no bastando que lo sea en el ejercicio de cualquier actividad de esa \u00edndole, pues en tal caso, la norma habr\u00eda dicho, en el ejercicio de UNA actividad empresarial en lugar de SU actividad empresarial.<\/p>\n En definitiva, la operaci\u00f3n de afianzamiento prestada por una empresa, si ello no se enmarca dentro de su giro o tr\u00e1fico empresarial, seg\u00fan se configure en sus estatutos su objeto social, no puede considerarse efectuada, a efectos de calificarla como una prestaci\u00f3n de servicio sujeta a IVA, como prestada en el ejercicio o desarrollo de su actividad empresarial, sino como un particular.\u201d<\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede Granada, de 15 de febrero de 2016, Recurso 1048\/2011. La aplicaci\u00f3n del valor catastral multiplicado por un coeficiente para determinar el valor, aparte de ser motivado, puede ser impugnada e instar, en su caso, la tasaci\u00f3n pericial contradictoria.<\/strong><\/p>\n \u201cNada impide que la Administraci\u00f3n, a la hora de efectuar la comprobaci\u00f3n de valores, se atenga al m\u00e9todo del art\u00edculo 57.1 de la Ley General Tributaria, con las precisiones contenidas en el art\u00edculo 23.2 de la Ley 10\/2002, en cuya virtud, cuando se utilice el medio referido en el art\u00edculo. 57.1.b) de la Ley General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podr\u00e1 estimar a partir del valor catastral que figure en el correspondiente registro fiscal; a tal efecto, al valor catastral actualizado a la fecha de realizaci\u00f3n del hecho imponible se le aplicar\u00e1 un coeficiente multiplicador, que tendr\u00e1 en cuenta el coeficiente de referencia al mercado establecido en la normativa reguladora del citado valor y la evoluci\u00f3n del mercado inmobiliario desde el a\u00f1o de aprobaci\u00f3n de la ponencia de valores; y la Consejer\u00eda de Econom\u00eda y Hacienda publicar\u00e1 anualmente los coeficientes aplicables al valor catastral y la metodolog\u00eda seguida para su obtenci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n A lo anterior debe a\u00f1adirse que el recurrente debe conocer, a trav\u00e9s de su notificaci\u00f3n, el valor catastral asignado al inmueble de su propiedad, al que pudo oponerse utilizando los medios de impugnaci\u00f3n pertinentes en Derecho, no constando que lo haya hecho, y esa valoraci\u00f3n catastral despliega sus efectos pese a que hubiere sido impugnada, salvo que dicha eficacia haya sido suspendida por el \u00f3rgano encargado de tramitar y resolver esa pretendida impugnaci\u00f3n, lo que no consta que haya sucedido.<\/p>\n A lo anterior debe a\u00f1adirse que el recurrente debi\u00f3 conocer el valor catastral asignado al inmueble que adquir\u00eda, y ha podido instar su rectificaci\u00f3n utilizando los medios legales al efecto, no constando que lo haya hecho, y esa valoraci\u00f3n catastral despliega sus efectos pese a que hubiere sido impugnada<\/strong>, salvo que dicha eficacia haya sido suspendida por el \u00f3rgano encargado de tramitar y resolver esa pretendida impugnaci\u00f3n, lo que no consta que haya sucedido.<\/p>\n A este respecto, tambi\u00e9n se basa la demanda en el estado de la finca adquirida en orden a su conservaci\u00f3n y habitabilidad, que determinar\u00eda que el valor declarado (91.500 euros) se corresponda con el valor real, siendo adem\u00e1s el de adquisici\u00f3n, pero sin que se hubiese aportado informe pericial de valoraci\u00f3n sobre estado de conservaci\u00f3n, lo cual tampoco se hizo constar en la escritura p\u00fablica de compraventa, y en consecuencia, bas\u00e1ndose la impugnaci\u00f3n del valor asignado \u00fanicamente en fotograf\u00edas y presupuesto de obras a realizar para reparaci\u00f3n de la vivienda, junto con la certificaci\u00f3n de la entidad vendedora sobre recomendaci\u00f3n de un precio de venta, sin que pueda concederse a estos medios de prueba m\u00e1s que valor de prueba documental, que no sirve en este caso para desmotivar la presunci\u00f3n de que la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n ha sido leg\u00edtima, ajustada a la legalidad.<\/p>\n Por todo lo expuesto han de desestimarse los argumentos esgrimidos por la parte recurrente sobre la comprobaci\u00f3n de valores realizada y la incorrecci\u00f3n del m\u00e9todo empleado para la valoraci\u00f3n, desestim\u00e1ndose, en consecuencia, la pretensi\u00f3n anulatoria ejercitada.\u201d<\/p>\n El TSJ de Andaluc\u00eda, Sede Sevilla, en la sentencia de 18 de febrero de 2016, Recurso 677\/2015, ha declarado tras rechazar la pretensi\u00f3n de inaplicaci\u00f3n de la Orden auton\u00f3mica de 18 de diciembre de 2009, relativa a la determinaci\u00f3n del valor mediante la aplicaci\u00f3n al valor catastral de un coeficiente, lo siguiente; \u201cno sin se\u00f1alar que la valoraci\u00f3n aqu\u00ed realizada por la Administraci\u00f3n, lo es, sin perjuicio de que en su caso se d\u00e9 inicio a la tasaci\u00f3n pericial contradictoria<\/strong>, si el interesado la suscitara en tiempo y forma debidos (consta en el otros\u00ed de su reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa que se ha reservado el derecho a ejercitarla). En definitiva, mediante este tr\u00e1mite pueden promover los recurrentes la correcci\u00f3n del medio de comprobaci\u00f3n fiscal de valores utilizado (art\u00edculo 135.1 LGT) habida cuenta que no se produce en este caso la circunstancia de la falta de expresi\u00f3n suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados, que es la que justifica ese tr\u00e1mite de la tasaci\u00f3n pericial contradictoria seg\u00fan el p\u00e1rrafo segundo del precepto antes se\u00f1alado.\u201d<\/p>\n En la Sentencia del TSJ de Andaluc\u00eda, Sede Sevilla de 25 de febrero de 2016, Recurso 30772015, con el mismo magistrado ponente de la anterior, se declara que \u201cla comprobaci\u00f3n de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administraci\u00f3n considera valor real, pueda conocer sus fundamentos t\u00e9cnicos y pr\u00e1cticos y as\u00ed aceptarlo, si llega a la convicci\u00f3n de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasaci\u00f3n pericial contradictoria a la que tambi\u00e9n tiene derecho.<\/strong><\/p>\n \u00a0Analizando a la luz de esta jurisprudencia la valoraci\u00f3n efectuada por la Administraci\u00f3n se ha de concluir por lo expuesto que la misma no se encuentra debidamente motivada en lo relativo al valor catastral actualizado del inmueble, par\u00e1metro de referencia para determinar el valor real del inmueble seg\u00fan el m\u00e9todo de valoraci\u00f3n utilizado regulado en los art\u00edculos 57.1.b) LGT y Decreto Legislativo 1\/2009 y Ley 3\/2004, pues en el informe de valoraci\u00f3n no se explica c\u00f3mo se alcanza el valor catastral del inmueble actualizado al a\u00f1o 2011, ni se justifica en modo alguno mediante documentaci\u00f3n acreditativa, el valor de partida de 59.233.67 euros en el a\u00f1o de aplicaci\u00f3n de la revisi\u00f3n catastral, no se aporta documento en que se fundamente dicho valor, tampoco qu\u00e9 espec\u00edficos coeficientes de actualizaci\u00f3n anuales se han tenido en cuenta para determinarlos, junto a la conformidad de \u00e9stos con los establecidos en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.<\/p>\n De lo razonado resulta que en este caso se ha vulnerado el derecho del contribuyente a conocer en plenitud los fundamentos t\u00e9cnicos y f\u00e1cticos de la valoraci\u00f3n efectuada por la Administraci\u00f3n, necesario para que en su caso pueda combatirla a trav\u00e9s de los medios y argumentos de contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n que las normas procedimentales le confieren, circunstancia generadora de indefensi\u00f3n al impedirle ejercitar debidamente su derecho de defensa, y que ha de abocar en nuestro caso a la anulaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n impugnada -a la que sirve de fundamento la comprobaci\u00f3n de valores a la hora de fijar la base imponible del impuesto- y de la Resoluci\u00f3n del TEARA que la confirma.\u201d<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 2016, Recurso 943\/2013. Rectificaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n del IRPF para aplicar las reducciones en el ISD. Admisi\u00f3n en un caso y denegaci\u00f3n en otro.<\/strong><\/p>\n \u201cL\u00f3gicamente no pueden equipararse los efectos de una autoliquidaci\u00f3n complementaria con resultado a ingresar, y en la que no es necesaria una actividad fiscalizadora de la Administraci\u00f3n, con los que produce una rectificaci\u00f3n en que el resultado es a devolver y exige la tramitaci\u00f3n de un procedimiento en que se despliega la labor administrativa de comprobaci\u00f3n y finaliza con una resoluci\u00f3n expresa.<\/p>\n La citada sentencia del Tribunal Supremo \u2013de 17 de febrero de 2011- se fundamenta, entre otras razones, en la siguiente: \u00abno es admisible que una legataria rectifique en noviembre de 2001 y en abril de 2002 las declaraciones de IRPF de la causante relativas a los ejercicios 1997 y 1998, a menos que se acredite que ha existido un error de hecho en las declaraciones, lo que en el presente caso no ha quedado<\/strong> cumplidamente acreditado, como era exigible, dada la excepcionalidad del supuesto\u00bb. Error de hecho al que no es ajeno el presente caso, donde en la autoliquidaci\u00f3n se tom\u00f3 como periodo impositivo el a\u00f1o natural en que muri\u00f3 el contribuyente cuando ese periodo hab\u00eda finalizado el d\u00eda de su fallecimiento. No en vano la resoluci\u00f3n estimatoria de la rectificaci\u00f3n se fundamenta \u00aben que se ha justificado que en la declaraci\u00f3n-autoliquidaci\u00f3n presentada concurren errores o incorrecciones que deben ser objeto de rectificaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n \u201cTampoco es admisible que la rectificaci\u00f3n suponga una alteraci\u00f3n de la fecha del devengo del tributo. Es el estado de ingresos al tiempo del fallecimiento lo que tuvo en cuenta la oficina gestora para juzgar si se daban los requisitos de la reducci\u00f3n. Y fue la declaraci\u00f3n del IRPF del a\u00f1o del fallecimiento, l\u00f3gicamente realizada por los herederos meses despu\u00e9s, lo que tom\u00f3 como prueba de los ingresos. La rectificaci\u00f3n no es m\u00e1s que un acto adicional o accesorio de la autoliquidaci\u00f3n original, por lo que debe considerarse en esta integrado y sus consecuencias deben entenderse referidas al momento en que se practic\u00f3 aquella. Dicho de otro modo, fue la declaraci\u00f3n del IRPF rectificada la que reflejaba los datos a la muerte del causante que, seg\u00fan criterio de la Administraci\u00f3n ahora recurrente, deb\u00eda de considerar para aplicar o no la reducci\u00f3n. Es esencial en este caso que por resoluci\u00f3n administrativa expresa fuera la Agencia Tributaria el \u00f3rgano que consider\u00f3 procedente la rectificaci\u00f3n, declaraci\u00f3n emitida en un acto que, a salvo de toda alegaci\u00f3n en contra, es firme y se encuentra asistido de la presunci\u00f3n general de validez y eficacia (57.1 LRAP-PAC), lo que impide ser ignorado y configura la prueba del requisito para la reducci\u00f3n tributaria que con anterioridad hab\u00eda impedido su aplicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n En la Sentencia del TSJ de Galicia de 9 de marzo de 2016,<\/strong> Recurso 15103\/2015, se debat\u00eda lo siguiente: \u201cEn el caso de autos, el \u00fanico requisito que se cuestiona es el relativo a que los rendimientos de la actividad de farmacia constituyeran al momento del devengo del hecho imponible la fuente principal de renta de la donante<\/strong>. Es obvio, que para que tales ingresos conformen el sustento principal han de representar al menos la mayor\u00eda de los obtenidos ((la donante s\u00f3lo tiene rendimientos del negocio y del capital mobiliario) y, esto es lo que fija el Real Decreto 1704\/1999, con la previsi\u00f3n del art\u00edculo 3.1 que, desarrollando la norma legal, define \u00abprincipal fuente de renta\u00bb como aquella en la que al menos el 50% del importe de la base imponible del IRPF provenga de rendimientos netos de las actividades econ\u00f3micas de que se trate, por tanto, no existe extralimitaci\u00f3n alguna de la norma reglamentaria.<\/p>\n Y sucede que en la declaraci\u00f3n de IRPF del ejercicio 2008 tal requisito no se cumpl\u00eda, si bien antes del concluir el plazo prescriptivo, pero ya iniciado el procedimiento de comprobaci\u00f3n, se presenta una complementaria por la donante, en la que la minoraci\u00f3n de los gastos (de 568.940,77\u20ac a 562.912,99\u20ac) provoca un nuevo<\/strong> rendimiento que asciende a 26.858,34 \u20ac que supera el 50% de la base imponible. La eficacia de tal modificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos propuestos<\/strong> y que supone excluir, una vez iniciado el procedimiento de comprobaci\u00f3n, gastos recurrentes (de personal de limpieza y gastos de di\u00e9sel, adem\u00e1s de los seguros y curso de ingl\u00e9s) que, supuestamente se incluyeron en la declaraci\u00f3n pese a no ser deducibles, pugna con el principio de buena fe adem\u00e1s de pugnar con el art\u00edculo 108.4 LGT.<\/strong><\/p>\n Tal soluci\u00f3n se impone a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada en sentencias como la de 6 octubre 2012 (RJ 2012\\10500 ) o 17 febrero 2011 (RJ 2011\\1527) que dice en un supuesto an\u00e1logo al enjuiciado y en lo que aqu\u00ed nos interesa y resulta aplicable sobre la eficacia de las declaraciones complementarias presentadas iniciado el procedimiento de comprobaci\u00f3n: \u00ab… siendo la fecha del devengo a la que debe estarse a efectos de examinar la aplicaci\u00f3n de los beneficios fiscales que en su caso pudieran corresponder al sujeto pasivo, es evidente que en ese momento no se cumpl\u00edan los requisitos exigidos en la legislaci\u00f3n tributaria para aplicar la reducci\u00f3n invocada<\/strong> y de ah\u00ed que las posteriores liquidaciones complementarias practicadas … en las que los rendimientos por actividades empresariales ya superar\u00edan el 50% de la base imponible, no puedan tener ninguna eficacia respecto del tributo ya devengado … Dichas declaraciones complementarias se presentaron con posterioridad …a la liquidaci\u00f3n practicada por la Administraci\u00f3n\u00bb .<\/p>\n Por todo ello, debemos desestimar \u00edntegramente el recurso destacando que los rendimientos del capital mobiliario son lo que son, con independencia del origen del capital que en ning\u00fan caso consta acreditado.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda de 22 de febrero de 2016, Recurso 372\/2013. Inaplicaci\u00f3n del tipo reducido por falta de sus requisitos. Para aplicar el tipo superior se ha de atender al valor de cada bien en concreto y no a la suma de valores.<\/strong><\/p>\n \u201cLa Sala comparte los argumentos siguientes del Letrado de la Junta de Andaluc\u00eda, vertidos en su escrito de contestaci\u00f3n a la demanda:<\/p>\n \u00a0\u00abEn sede administrativa (ni ahora en sede judicial) no se acredit\u00f3 el cumplimiento de las condiciones legales para tener derecho al tipo reducido:1) ni acreditar que ser un empresario al que le resulta aplicable el Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario mediante la certificaci\u00f3n de estar de alta en el correspondiente ep\u00edgrafe del IAE <\/strong>(art. 25.1 por el medio previsto en el 25.3.a del Dleg 1\/09); 2) ni haber incorporado las viviendas a su activo circulante (25.1 a en relaci\u00f3n con 25.3.b. p\u00e1rrafo 2 del mismo Dleg 1\/09).<\/p>\n 1.a) Alega el recurrente que, frente a lo que se afirma en la Resoluci\u00f3n del TEARA, s\u00ed estaba de alta en el IAE en el ep\u00edgrafe que era necesario, esto es el 833,2, y no solo en el ep\u00edgrafe 833.1. Al efecto aporta como doc. 1 un certificado de la Agencia Tributaria.<\/p>\n Pues bien, si se analiza el citado certificado, no puede considerarse acreditado que el actor estuviera de alta en el IAE en el 833.3 a los efectos del otorgamiento de la escritura que nos ocupa en la fecha en que se hace lo compraventa, y ello por cuanto en dicho certificado de 28\/05\/14 consta:<\/p>\n El alta de un total de 24 actividades de distintos ep\u00edgrafes y con distintas fechas de alta: 1 y 2 en 751.2 del 3 al 5 en 833.1; 8 a 21 en 833.2; 22 en 861.1;23 ben 862.2; y 24 en BO1.<\/p>\n \u00a0De ellas solo son de \u00e1mbito nacional las actividades 22 y 23.<\/p>\n Todas las actividades del 833.2 (que es el necesario) tienen como fecha de alta el 04\/03\/14, y ninguno se\u00f1ala que la actividad se desarrolle en Estepona. La \u00fanica que tiene fecha anterior al otorgamiento de la escritura de compraventa es la que consta en la actividad n\u00ba 8, que tiene fecha de 01\/01\/09, pero dicha alta es de \u00e1mbito municipal y para M\u00e1laga (M\u00e1laga), mientras que los inmuebles objeto de compraventa no est\u00e1n en M\u00e1laga sino en Estepona<\/strong>. Por tanto, el actor no estaba de alta en el IAE en el ep\u00edgrafe necesario para realizar la compraventa que nos ocupa como actividad empresarial, y despu\u00e9s tampoco se ha dado de alta para actividad en Estepona.\u00bb<\/p>\n Debe tenerse en cuenta adem\u00e1s la normativa que cita la codemandada al respecto: R.D. legislativo 1175\/1990, de 28 de septiembre en cuanto en el mismo se hace constar que trat\u00e1ndose de la actividad de alquiler o venta de bienes inmuebles el lugar de realizaci\u00f3n de aqu\u00e9lla ser\u00e1 el t\u00e9rmino municipal en el que radiquen los bienes objeto de la misma. En este acaso Estepona.<\/p>\n Y que \u00abEl pago de las cuotas m\u00ednimas municipales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el t\u00e9rmino municipal en el que aqu\u00e9l tuviera lugar de conformidad con lo previsto en la Regla 5\u00aa de esta Instrucci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n El pago de las cuotas provinciales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el \u00e1mbito territorial de la Provincia y el de las cuotas estatales o nacionales para ejercicios en territorio foral y com\u00fan sin necesidad de satisfacer cuota m\u00ednima municipal o provincial alguna.<\/p>\n \u00a0As\u00ed pues, concluimos con la codemandada que \u00bb la actividad 8 que consta en el certificado aportado por la actora exclusivamente faculta para la actividad 833.2 en el municipio de M\u00e1laga. No est\u00e1 facultada la actora para la actividad 833.2 en Estepona, ni antes ni despu\u00e9s del otorgamiento de la escritura. Por tanto, no est\u00e1 de alta en el IAE a efectos de la operaci\u00f3n de compraventa para la que pretende el tipo reducido. \u00ab<\/p>\n Adem\u00e1s, se a\u00f1ade por dicha parte que: \u00bb Tambi\u00e9n alega la actora que en 2008 hab\u00eda presentado escrito solicitando la inscripci\u00f3n en el Censo de Profesionales Inmobiliarios de la Consejer\u00eda de Hacienda, y que ello ser\u00eda suficiente.<\/p>\n \u00a0Es evidente que ello no es v\u00e1lido. La norma dice que el certificado de alta en el ep\u00edgrafe del IAE \u00abpodr\u00e1 sustituirse por la inscripci\u00f3n en el censo correspondiente de la Consejer\u00eda\u00bb.<\/strong><\/p>\n \u00a0No puede sustituirse por la solicitud de inscripci\u00f3n en el censo, sino por la inscripci\u00f3n. Y el actor aporta una solicitud de inscripci\u00f3n, no una inscripci\u00f3n. Adem\u00e1s, el actor reconoce que dicho censo no existe, por tanto, es palmario que no puede sustituirse por la inscripci\u00f3n en tanto que no se cree el censo, pues mientras no se cree el censo no puede producirse la inscripci\u00f3n en el mismo. Es imposible.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00abA\u00f1ade que: \u00ab<\/p>\n \u00a0\u00cdtem m\u00e1s, en la propia solicitud el interesado pon\u00eda de manifiesto su falta de cumplimiento de las condiciones para poder obtener la inscripci\u00f3n en el censo a los efectos del art. 25.1 Dleg 1\/09, por cuanto lo interesaba alegando su alta en el ep\u00edgrafe 833.1 del IAE para promoci\u00f3n de terrenos, cuando el ep\u00edgrafe que podr\u00eda permitir la inscripci\u00f3n es el ep\u00edgrafe 833.2, como hemos explicado en el apartado anterior, y c\u00f3mo se explica en la Resoluci\u00f3n obrante a los folios 55 y 56, cuando se relacionan las normas y preceptos de los que ello deriva en los fundamentos 3\u00ba y 4\u00ba. Por tanto, a efectos dial\u00e9cticos no m\u00e1s que podr\u00eda haber obtenido por silencio, de existir el censo, ser\u00eda la inscripci\u00f3n en el censo, pero a efectos de las operaciones del ep\u00edgrafe 833.1 no de las operaciones del ep\u00edgrafe 833.2.<\/p>\n Del mismo modo, a la vista de lo explicado en el apartado anterior, resulta evidente que un censo habr\u00e1 de tener en cuenta el \u00e1mbito de la actividad profesional amparado por las licencias, distinguiendo los diferentes ep\u00edgrafes del IAE, y distinguiendo igualmente los distintos \u00e1mbitos municipal, provincial o nacional que ampararan las diferentes actividades, pues lo contrario supondr\u00eda amparar fraudes de ley, contrarios a la letra, al esp\u00edritu y a la finalidad de la norma que establece un tipo reducido del impuesto. Siendo impensable que se pueda considerar que un sujeto pasivo puede beneficiarse del tipo reducido por una actividad d\u00e1ndose de alta en el mismo ep\u00edgrafe, pero para un \u00e1mbito territorial diferente y que no abarca al de aquella actividad. \u00bb Como dice la codemandada es un requisito legalmente exigido que no puede ser soslayado ni cumplido a medias o irregularmente.<\/p>\n \u00a0Adem\u00e1s, se a\u00f1ade en dicha contestaci\u00f3n a la demanda que:<\/p>\n \u00a0\u00abEn cuanto a la incorporaci\u00f3n al activo circulante, la norma establece la obligaci\u00f3n de hacer constar en la escritura la intenci\u00f3n de hacerlo, pero tambi\u00e9n se\u00f1ala que la Administraci\u00f3n puede requerir documentaci\u00f3n para su comprobaci\u00f3n. En este caso la Administraci\u00f3n le requiri\u00f3 (folio 83) que acreditara que en la composici\u00f3n del activo circulante est\u00e1n incluidas las fincas adquiridas en la escritura liquidada. <\/strong><\/p>\n La actora lo \u00fanico que presenta es un escrito que no acredita nada, y no acompa\u00f1a ning\u00fan documento acreditativo. Al efecto es el folio 79 al que se refiere el actor en su demanda como modo de acreditar la citada incorporaci\u00f3n. Por su parte con la demanda se acompa\u00f1a un informe de auditor\u00eda de las cuentas anuales a 31\/12\/12, pero en dicho informe no se acredita en absoluto la referida incorporaci\u00f3n al activo circulante de los inmuebles adquiridos en 2010. <\/strong><\/p>\n Por tanto, no habiendo acreditado la actora la incorporaci\u00f3n de las fincas al activo circulante, pese al requerimiento de la Administraci\u00f3n, no pod\u00eda m\u00e1s que rechazar la reducci\u00f3n del tipo. \u00ab<\/p>\n \u201cEn la escritura objeto de la liquidaci\u00f3n del ITPAJD que nos ocupa, se formaliz\u00f3 la venta de diez viviendas con garaje y trastero anexo.<\/p>\n En la cl\u00e1usula segunda de la citada escritura de compraventa, se establec\u00eda lo siguiente:<\/p>\n \u00abPrecio.- El precio de la compraventa se fija en la cantidad de UN MILL\u00d3N NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (1.996.290,00 euros), con el desglose por fincas que se recoge en cuadro incorporado como anexo a la presente matriz y que me entregan los comparecientes\u00bb.<\/p>\n Mi representada considera que la Oficina Liquidadora liquid\u00f3 err\u00f3neamente la operaci\u00f3n en dos tramos, los primeros 400.000 euros al tipo del 7% y el resto hasta 1.996290 euros al 8%.<\/p>\n Sin embargo, como puede comprobar la Sala en el expediente administrativo, el valor real de los inmuebles que se adquieren no supera individualmente los 400.000 euros.<\/p>\n Y en virtud de lo dispuesto en el citado art\u00edculo 25 bis del Decreto-Ley 1\/2010, se aplica el tipo del 8% para el tramo del valor real del bien inmueble o derechos reales constituidos o cedidos respecto al mismo, que supere la cuant\u00eda de 400.000 euros, incluyendo un m\u00e1ximo de dos garajes por vivienda. En conclusi\u00f3n, la liquidaci\u00f3n notificada por la Oficina Liquidadora de Estepona es incorrecta ya que se ha aplicado incorrectamente el tipo impositivo del 8% al exceso sobre los 400.000 euros del precio total de las diez viviendas, sin tener en cuenta que la tarifa debe ser aplicada individualmente por elemento inmobiliario.\u00bb <\/strong><\/p>\n As\u00ed las cosas, entiende la Sala que no resulta correcta la aplicaci\u00f3n global del precepto que ha realizado la Hacienda Tributaria Auton\u00f3mica a la hora de aplicar el Impuesto. Entendemos que no cabe esa aplicaci\u00f3n conjunta a la totalidad de los inmuebles vendidos y que aquella debe realizarse tomando como base cada uno de los inmuebles transmitidos lo que redundar\u00e1, sin duda, en beneficio del contribuyente.<\/p>\n De ah\u00ed que vayamos a estimar la pretensi\u00f3n subsidiaria dado, que como dice la parte recurrente, no corresponder\u00eda aplicar el tipo impositivo del 8% sobre el exceso de 400.000 euros del previo total de las diez viviendas.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de febrero de 2016, Recurso 39\/2014. Si se repite una valoraci\u00f3n con ausencia o deficiencia de motivaci\u00f3n no cabe una tercera.<\/strong><\/p>\n \u201cLo \u00fanico jur\u00eddicamente intolerable es la actitud contumaz de la Administraci\u00f3n tributaria, la obstinaci\u00f3n en el error, la reincidencia en id\u00e9ntico yerro una y otra vez. Una tesitura as\u00ed atentar\u00eda contra su deber constitucional de eficacia, desconociendo de paso el principio constitucional de seguridad jur\u00eddica e incurriendo en un indudable abuso de derecho. <\/strong>En ese escenario debe situarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las comprobaciones de valores inmotivadas, que aparece resumida en la sentencia de 24 de mayo de 2010 (Recurso de Casaci\u00f3n en inter\u00e9s de ley 35\/09, FJ 6\u00ba), como a continuaci\u00f3n se sintetiza.<\/p>\n Declaraba el Tribunal Supremo, en la sentencia de 29 de diciembre de 1998 (Recurso de Casaci\u00f3n 4678\/93, FJ 3\u00ba), que la anulaci\u00f3n de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administraci\u00f3n a retrotraer las actuaciones y volver a actuar dentro del plazo de prescripci\u00f3n, pero ahora respetando las formas y las garant\u00edas de los interesados, pues, como ya hemos apuntado, no otro comportamiento le es exigible en defensa del inter\u00e9s p\u00fablico y de los derechos de la Hacienda. Matizaba esa doctrina en la sentencia de 7 de octubre de 2000 (Recurso de Casaci\u00f3n 3090\/94, FJ 2\u00ba), agregando a lo anterior que el derecho de la Administraci\u00f3n a corregir las actuaciones producidas con infracci\u00f3n de alguna garant\u00eda o formalidad o mediando insuficiencia de motivaci\u00f3n en las comprobaciones de valores no tiene car\u00e1cter ilimitado, pues est\u00e1 sometido, en primer lugar, al plazo de prescripci\u00f3n, es decir, puede volver a practicarse siempre que no haya expirado el mismo produciendo los efectos inherentes a esa instituci\u00f3n jur\u00eddica y, en segundo t\u00e9rmino, a la santidad de la cosa juzgada, de modo que, si se repite la valoraci\u00f3n con la misma o similar ausencia o deficiencia de motivaci\u00f3n, comportar\u00eda la p\u00e9rdida -entonces s\u00ed- del derecho a comprobar los valores y en ambos casos (prescripci\u00f3n o reincidencia ) la Administraci\u00f3n hab\u00eda de pasar por la valoraci\u00f3n formulada en su d\u00eda por el contribuyente.<\/p>\n \u00a0El Tribunal Supremo ha reiterado esa doctrina en las sentencias de 26 de enero de 2002 (Recurso de Casaci\u00f3n 7161\/96, FJ 4\u00ba); 9 de mayo de 2003 (Recurso de Casaci\u00f3n 6083\/98, FJ 3\u00ba); 19 de septiembre de 2008 (Recurso de Casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina 533\/04, FJ 4\u00ba); 22 de septiembre de 2008 (Recurso de Casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina 1\/04, FJ 4\u00ba); 24 de mayo de 2010 (Recurso de Casaci\u00f3n en inter\u00e9s de ley 35\/09, FJ 6\u00ba); 21 de junio de 2010 (Recurso de Casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina 7\/05; FJ 3\u00ba); y 28 de octubre de 2010 (Recurso de Casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina 13\/06, FJ 2\u00ba).<\/p>\n En la citada sentencia de 22 de septiembre de 2008 precisaba el Tribunal Supremo, adem\u00e1s, que la retroacci\u00f3n de actuaciones est\u00e1 expresamente admitida en el art\u00edculo 239.3 de la vigente Ley General Tributaria de 2003, cuando la anulaci\u00f3n de las liquidaciones se produce por cuestiones de forma, y que los art\u00edculos 64 a 67 de la Ley 30\/92, al permitir que la Administraci\u00f3n pueda subsanar, convalidar o convertir los actos anulables, tambi\u00e9n la toleran.<\/p>\n Asimismo, en las sentencias de 29 de junio de 2009 (Recurso de Casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina 86\/08, FJ 3\u00ba), 11 de febrero de 2010 (Recurso de Casaci\u00f3n 1707\/03, FJ 4 \u00ba) y 28 de junio de 2010 (Recurso de Casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina 96\/06, FJ 5\u00ba) el Tribunal Supremo ha recordado que la anulaci\u00f3n de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administraci\u00f3n a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garant\u00edas de los interesados.<\/p>\n \u00a0En definitiva, si no existe una actitud contumaz de la Administraci\u00f3n tributaria, si no se obstina en el mismo error, si no reincide en id\u00e9ntico defecto una y otra vez, ninguna tacha cabe oponer a que, anulado el acto viciado, la Administraci\u00f3n retrotraiga las actuaciones para volver a liquidar. El presente caso, la Secci\u00f3n estima que la Administraci\u00f3n ha vuelto a repetir la valoraci\u00f3n con la misma o similar ausencia o deficiencia de motivaci\u00f3n, los motivos que ya hemos expuesto.\u201d<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 25 de febrero de 2016, Recurso 529\/2015. \u201cLa calificaci\u00f3n del bien inmueble a efectos del Catastro Inmobiliario no es la que determina en este caso los criterios de valoraci\u00f3n y el valor real del inmueble, sino que es su situaci\u00f3n y verdadera finalidad que no es la agr\u00edcola sino la residencial.\u201d<\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 10 de marzo de 2016, Recurso 56\/2015. El art\u00edculo 1062 no se aplica cuando existen varios bienes.<\/strong><\/p>\n \u201cSi la comunidad forzosa de bienes est\u00e1 formada por varios bienes, como en el presente caso (dos pisos), no estamos ante un supuesto de indivisibilidad del 1062, y no est\u00e1 justificada la aplicaci\u00f3n de la no sujeci\u00f3n al tributo. En efecto, nos encontramos ante una comunidad forzosa de bienes compuesta por dos pisos. La herencia desde el punto de vista civil es divisible de la siguiente forma, a cada comunero se le entrega un piso, y si uno es de mayor valor que el otro, se compensar\u00e1n.<\/strong> Por lo que, en nuestro caso, en que un comunero se adjudica los dos pisos, existe un exceso de adjudicaci\u00f3n no justificado, desde el punto de vista tributario, con la aplicaci\u00f3n de un precepto civil que habla de indivisibilidad y ello porque la regla general es que todas las transmisiones patrimoniales y todos los excesos de adjudicaci\u00f3n tributen, y s\u00f3lo cuando la comunidad de bienes sea indivisible se permite la no sujeci\u00f3n al tributo.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de marzo de 2016, Recurso 810\/2014. La responsabilidad solidaria o subsidiaria tiene naturaleza sancionadora, debi\u00e9ndose observar las mismas garant\u00edas que en el procedimiento sancionador.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u201cAhora bien en el presente caso, resulta que la Administraci\u00f3n ya ha suspendido la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n que forma parte de la deuda tributaria exigida al recurrente como consecuencia de la derivaci\u00f3n de la responsabilidad subsidiaria del art\u00edculo 43.1.a) de la LGT y el recurrente lo que pretende es que se extienda a la totalidad de la deuda refiri\u00e9ndose a su car\u00e1cter sancionador. Esta alegaci\u00f3n es la que determina la acogida del recurso en consonancia con la doctrina que esta Secci\u00f3n expresada en las sentencias reca\u00eddas en los recursos 1596\/12 y 1087\/14, pues aunque se refieren al supuesto de responsabilidad solidaria del art\u00edculo 42.2.b) de la LGT, de los que por culpa o negligencia incumplan las \u00f3rdenes de embargo, se basan en la naturaleza sancionadora de este supuesto de responsabilidad solidaria y esta misma naturaleza corresponde a la responsabilidad subsidiaria <\/strong>que se exige a los administradores de las personas jur\u00eddicas que incurren en infracciones tributarias, seg\u00fan ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 85\/2006, de 27 de marzo, en la que afirma en la medida en que no se hace a los recurrentes responsables del pago de la cuota tributaria de los citados tributos no ingresados por la entidad deudora principal o de los intereses de demora generados como consecuencia de dicho incumplimiento -componentes de la \u00abdeuda tributaria\u00bb a la que alude el art. 40 LGT que tienen, respectivamente, finalidad contributiva y resarcitoria ( STC 276\/2000, de 16 de noviembre, FFJJ 5 y 6)-, sino s\u00f3lo y exclusivamente de las sanciones tributarias impuestas a Difo, S.A., por las conductas infractoras cometidas por dicha sociedad cuando los demandantes formaban parte de su Consejo de Administraci\u00f3n – sanciones que ejercen una funci\u00f3n represiva o de castigo (STC 276\/2000, citada, FJ 6)-, y que la derivaci\u00f3n de responsabilidad respecto de las sanciones tiene su origen en un comportamiento il\u00edcito de los recurrentes, debe concluirse, frente a lo que sostiene el Ministerio Fiscal, que las cantidades reclamadas a \u00e9stos por la Administraci\u00f3n tributaria en calidad de responsables, aunque no tengan su origen en la comisi\u00f3n por ellos de ninguna de las infracciones tributarias tipificadas en los arts. 78 y ss. LGT, tienen naturaleza claramente punitiva, y en consecuencia la responsabilidad exigida en este caso es materialmente sancionadora. La propia Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, ha venido a reconocer que estamos en ese \u00e1mbito punitivo al incluir la figura de los responsables de las sanciones tributarias en el art. 182, precepto que se integra en el cap\u00edtulo II -que lleva por r\u00fabrica \u00abDisposiciones generales sobre infracciones y sanciones tributarias\u00bb- del t\u00edtulo IV -que regula \u00abLa potestad sancionadora\u00bb<\/p>\n . A esta misma sentencia se refieren, entre otras, la sentencia de la Secci\u00f3n Segunda de la Sala Tercera Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008, recurso de casaci\u00f3n 3941\/2006 y tambi\u00e9n la sentencia de la misma Sala y Secci\u00f3n del Alto Tribunal de 10 de noviembre de 2011, recurso de casaci\u00f3n 325\/2008. En esta \u00faltima sentencia se afirma que la STC 85\/2006, de 27 de marzo (LA LEY 36242\/2006), establece, con car\u00e1cter general, que cuando la responsabilidad subsidiaria que la Administraci\u00f3n tributaria derive tenga un contenido punitivo por extenderse a las sanciones, deber\u00e1n observarse las mismas garant\u00edas materiales y procedimentales que en un procedimiento sancionador, garant\u00edas que se deducen de los art\u00edculos 25<\/strong>.1 (LA LEY 2500\/1978) y 24.2 de la Constituci\u00f3n. Y es que la extensi\u00f3n de la responsabilidad a las sanciones tributarias est\u00e1 condicionada al respeto de los principios informadores del Derecho administrativo sancionador. As\u00ed lo hab\u00eda reconocido ya el Tribunal Supremo al establecer en su sentencia de 16 de diciembre de 1992, en relaci\u00f3n con la extensi\u00f3n de la responsabilidad a las sanciones derivadas de infracciones cometidas por personas jur\u00eddicas, que se requiere que los administradores hayan tenido un comportamiento malicioso o negligente y que \u00e9ste quede suficientemente acreditado para que sirva de fundamento al acto mediante el cual se deriva la responsabilidad tributaria a los mismos, incumbiendo la prueba de esta conducta a la Administraci\u00f3n, que ha de motivarla.<\/p>\n \u00a0En base a lo expresado debe estimarse el recurso, reconociendo el derecho del recurrente a la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del acto recurrido con los efectos que establece el art\u00edculo 212.3 de la LGT, anulando la resoluci\u00f3n recurrida.\u201d<\/p>\n<\/a> Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de marzo de 2016, Recurso 33\/2015. El pacto de entrega de la posesi\u00f3n contenido en el documento privado de venta debe ser corroborado por otros medios de prueba.<\/strong><\/p>\n \u201cA juicio de la recurrente, ser\u00eda suficiente el pacto recogido en el documento privado de compraventa en virtud del cual se entregaba la posesi\u00f3n.<\/p>\n \u00a0Ha de decirse, en primer lugar, que esta afirmaci\u00f3n se dirige sustancialmente a justificar que se ha producido la transmisi\u00f3n del dominio, lo que es en cualquier caso insuficiente a los fines que ahora interesan pues lo que ha de acreditarse no es que se transmiti\u00f3 la propiedad, sino que las fincas objeto de compraventa fueron puestas a disposici\u00f3n del comprador con el alcance que a ello le atribuye, a efectos del devengo del IVA, la sentencia del Tribunal Supremo citada y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea a la que la misma se remite.<\/p>\n En segundo t\u00e9rmino, consideramos que las cl\u00e1usulas contenidas en los contratos privados de compraventa no tienen el efecto de puesta a disposici\u00f3n que pudiera determinar el devengo del impuesto.<\/p>\n As\u00ed, dichas cl\u00e1usulas se limitan a se\u00f1alar al respecto que \u00abLas fincas enajenadas, cuya posesi\u00f3n se entrega en este acto…\u00bb<\/p>\n No hay hecho adicional alguno que evidencie que las fincas fueron puestas en ese momento a disposici\u00f3n de la adquirente, sin que con ello se ponga de manifiesto que se ha adoptado una incorrecta interpretaci\u00f3n a contrario del art\u00edculo 1.462 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n Lo que ocurre es que, al faltar esa previsi\u00f3n legalmente respaldada seg\u00fan la cual el otorgamiento de la escritura p\u00fablica equivale a la entrega de la finca, es imprescindible acreditar por otros medios que dicha entrega se ha producido. Y para ello resulta desde luego ineficaz el mero pacto recogido en el contrato que no tiene otro valor que el de un acuerdo adicional incorporado al t\u00edtulo mismo. No se ha acreditado, en consecuencia, por aquel sobre quien pesa la carga de hacerlo<\/strong> conforme al art\u00edculo 105.1 de la Ley General Tributaria, el hecho al que se condiciona la deducci\u00f3n.\u201d<\/p>\n En el pleito se debat\u00eda sobre la deducci\u00f3n \u201cla deducci\u00f3n por la adquisici\u00f3n de determinados inmuebles, al considerar que no quedaba acreditada la efectiva entrega o toma de posesi\u00f3n por parte de la compradora.\u201d<\/p>\n Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n\u00ba 15 de Barcelona de 14 de marzo de 2016, Recurso 377\/2015.b Sujeci\u00f3n a plusval\u00eda de la transmisi\u00f3n a pesar de acreditarse la inexistencia de tal incremento.<\/strong><\/p>\n \u201cEl \u00abquid\u00bb de la cuesti\u00f3n consiste en determinar si la base imponible del tributo que aqu\u00ed judicamos y a que hace referencia el art 107.2 a) del TR RD Legislativo 2\/2004 de 5 de marzo aprobatorio de la Ley de Haciendas Locales es un \u00edndice objetivo inexcusable del que hay que partir o por el contrario es una presunci\u00f3n \u00abiuris tantum\u00bb que admite prueba en contra, como parece postular la actora con la documental diversa unida a las actuaciones (escrituras notariales, informe pericial admitido en el Plenario etc), en consonancia en su caso, con el art 3.1 Cc.<\/p>\n El que suscribe en aras a la unidad de la doctrina jurisprudencial seguida en estos Juzgados de lo CA, entre otras, sentencia del Juzgado de lo C-A n\u00ba 3 de Barcelona, en sentencia de 8-1-14 reca\u00edda en pleito de recurso ordinario n\u00ba 494\/12 (al igual que la sentencia n\u00ba 310\/15 de 17-12-15 de ese mismo Juzgado CA n\u00ba 3 y distinta Juzgadora) entiende que la base imponible del IIVTNU no es una presunci\u00f3n \u00abiuris tantum\u00bb sino un criterio objetivo fijado por el legislador y de obligado cumplimiento, mientras no se modifique la actual normativa vigente aplicable a la materia de autos, por lo que tal normativa goza de presunci\u00f3n de legalidad y de constitucionalidad, siendo ajustada a Derecho en consecuencia, la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo empleada por la demandada en relaci\u00f3n a la base imponible del impuesto de autos.<\/p>\n \u00a0Por tanto, estando al principio de legalidad en el \u00e1mbito tributario, resulta patente que la Ley establece (no sigue a estos efectos consiguientemente este Juzgador la f\u00f3rmula utilizada entre otros, por el Juzgado de lo C-A n\u00ba 1 de Cuenca y TSJ de Castilla La Mancha, ni lo indicado a modo de obiter dicta por el TSJC) que la cuota del impuesto en cuesti\u00f3n se calcula a partir, no del valor del suelo obtenido pericialmente sino del valor catastral que el suelo tenga asignado en el momento del devengo del impuesto y sobre este concreto valor catastral se aplicar\u00e1 el porcentaje que corresponda en funci\u00f3n del n\u00famero de a\u00f1os que se haya mantenido la propiedad con un m\u00e1ximo de 20 a\u00f1os.<\/p>\n Del mismo modo aun siendo verdad y notorio el decremento de valor del inmueble de autos (y de los inmuebles en general), si comparamos su valor de suelo en los a\u00f1os de la fecha de su adquisici\u00f3n (2006) y los relativos a los de la fecha de transmisi\u00f3n (2014), acreditado v\u00eda documental, no es menos cierto que lo que se grava en el presente caso no es una plusval\u00eda individual del sujeto pasivo (aqu\u00ed la persona recurrente) sino una plusval\u00eda gen\u00e9rica, en la que se tienen en cuenta otros criterios que exponemos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n Sentado lo anterior, es de acoger \u00edntegramente los razonamientos expuestos en la respuesta dada por la Direcci\u00f3n General de Tributos en consulta n\u00ba V0153-14 (consulta vinculante a los efectos del art 89.1 de la LGT 58\/2003) de fecha 23-1-14 (aportada por la demandada al Plenario) a cuya virtud, destacamos la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual \u00ab…La Ley (TRLHL) s\u00f3lo toma en consideraci\u00f3n el valor catastral en el momento del devengo, no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la transmisi\u00f3n, el valor de mercado en dicho momento, cu\u00e1l fue el valor catastral cuando se adquiri\u00f3 el terreno o su valor de adquisici\u00f3n\u00bb…\u00bb..Y ello es as\u00ed porque el fundamento de este impuesto -el de plusval\u00eda- no es tanto gravar el incremento real provocado por el titular del terreno por diferencia entre unos precios de adquisici\u00f3n y de transmisi\u00f3n, sino que trata de gravar el incremento del valor del terreno como consecuencia de la acci\u00f3n urban\u00edstica del propio municipio donde se encuentra…\u00bb.<\/p>\n En el mismo sentido se ha pronunciado la Direcci\u00f3n General de Tributos en su informe de 13-10-15. Igualmente se ha pronunciado este Juzgador en el pleito de recurso abreviado n\u00ba 460\/13, 413\/13. 421\/13, 107\/14 y 63\/15 entre otras seguidas ante este mismo Juzgado.\u201d<\/p>\n En un sentido semejante al expresado y contrario a las tendencias observables hoy en la jurisprudencia podemos citar la Sentencia del TSJ del Pa\u00eds Vasco de 4 de febrero de 2016 y la Sentencia del TSJ de Canarias, Sede de Tenerife, de 18 de enero de 2016<\/strong>. De todas formas, el asunto est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n por el Tribunal Constitucional.<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 17 de marzo de 2016, Recurso 422\/2013. El hecho de que el no residente no haya comunicado un domicilio a efectos de notificaciones no exime a la Administraci\u00f3n de garantizar que la notificaci\u00f3n que deba practicar surta su efecto,<\/strong><\/p>\n \u201cEn relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n de los actos tributarios recuerda que el art\u00edculo 110 de la LGT dispone que<\/p>\n \u00a0Y que el art\u00edculo 56.5 del RDLeg. 1\/1993, de 24 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados establece que \u201cEn las transmisiones de inmuebles, los contribuyentes no residentes en Espa\u00f1a tendr\u00e1n su domicilio fiscal, a efectos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias por este impuesto, en el domicilio de su representante, que deben designar seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 9 de la Ley 41\/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias. Dicho nombramiento deber\u00e1 ser comunicado a la Administraci\u00f3n tributaria competente en el plazo de dos meses desde la fecha de adquisici\u00f3n del inmueble.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal \u201cCiertamente el contribuyente ha incumplido las obligaciones que le impone el TR de la Ley sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados en orden a comunicar a la Administraci\u00f3n un domicilio en Espa\u00f1a en el que recibir las notificaciones, sin embargo, ello no exime a la Administraci\u00f3n de su obligaci\u00f3n de agotar los medios a su alcance para garantizar que la notificaci\u00f3n practicada surta su finalidad propia, sobre todo cuando les constaba el domicilio en Espa\u00f1a del representante de los administrados. Hemos de concluir, en consecuencia, que la irregularidad de las notificaciones, que afectan a actos esenciales, como son el inicio del expediente y la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n provisional, han ocasionado una real y efectiva indefensi\u00f3n, al impedir a los contribuyentes, conocer el expediente iniciado, formular alegaciones e impugnar, en su caso, la liquidaci\u00f3n girada, por lo que concurre la causa de nulidad invocada.\u201d<\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de marzo de 2016, Recurso 191\/2014. Imposibilidad de que la Administraci\u00f3n tenga una tercera oportunidad en la valoraci\u00f3n de un bien.<\/strong><\/p>\n \u201cLa jurisprudencia ha establecido un l\u00edmite a la posibilidad de que la Administraci\u00f3n liquide de nuevo cuando, retrotra\u00eddas las actuaciones por un vicio formal como la falta de motivaci\u00f3n de la comprobaci\u00f3n de valores, vuelve a dictarse un acto que padece el mismo vicio. El Tribunal Supremo ha entendido que en tales casos la eficacia de la cosa juzgada impide dictar una tercera liquidaci\u00f3n<\/strong>, pues si el defecto es reiterado se produce un acto que frontalmente no ejecuta la decisi\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa o jurisdiccional que orden\u00f3 la retroacci\u00f3n de las actuaciones para practicar una nueva liquidaci\u00f3n sin el vicio que motiv\u00f3 la anulaci\u00f3n.<\/p>\n \u00daltimamente (en sentencias de 26 de marzo de 2012, rec. 5827\/2009, 15 de septiembre de 2014, rec. 3948\/2012, 29 de septiembre de 2014, rec. 1014\/2013, 6 de noviembre de 2014, rec. 1347\/2013, y otras), la jurisprudencia declara que \u00abla imposibilidad de reconocer a la Administraci\u00f3n una tercera oportunidad deriva del principio de buena fe al que est\u00e1n sujetas las administraciones p\u00fablicas en su actuaci\u00f3n<\/strong> ( art\u00edculo 3.1 de la Ley 30\/1992) y es consecuencia de la fuerza inherente al principio de proporcionalidad que debe presidir la aplicaci\u00f3n del sistema tributario, conforme dispone hoy el art\u00edculo 3.2 de la Ley General Tributaria de 2003, entendido como la adecuaci\u00f3n entre medios y fines. Es, adem\u00e1s, corolario de la proscripci\u00f3n del abuso de derecho, que a su vez dimana del pleno sometimiento de las administraciones p\u00fablicas a la ley y al derecho ex art\u00edculo 103.1 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola. Jur\u00eddicamente resulta intolerable la actitud contumaz de la Administraci\u00f3n tributaria, la obstinaci\u00f3n en el error, la repetici\u00f3n de id\u00e9ntico yerro, por atentar contra su deber de eficacia, impuesto en el mencionado precepto constitucional, desconociendo el principio de seguridad jur\u00eddica<\/strong>, proclamado en el art\u00edculo 9.3 de la propia Norma Fundamental [v\u00e9anse tres sentencias de 3 de mayo de 2011 (casaciones 466\/98, 4723\/09 y 6393\/09, FJ 3\u00ba en los tres casos)]\u00bb (en tales t\u00e9rminos se pronuncia la citada sentencia de 26 de marzo de 2012).<\/p>\n \u00a0Como consecuencia de esta doctrina, en la liquidaci\u00f3n del impuesto de sucesiones que en nuestro caso proceda, la Administraci\u00f3n deber\u00e1 atenerse a los valores declarados por el obligado tributario.<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a de 9 de marzo de 2016, Recurso 481\/2013. La Administraci\u00f3n tributaria no puede invocar la teor\u00eda del funcionario de hecho para evitar la nulidad de un acto administrativo de liquidaci\u00f3n por incompetencia manifiesta.<\/strong><\/p>\n \u201cAl producirse la liquidaci\u00f3n objeto del presente procedimiento el 27.11.2009, la persona que ocupaba el cargo de Jefe de la Inspecci\u00f3n Territorial de la Delegaci\u00f3n de Barcelona de la Agencia Tributaria de Catalunya hab\u00eda cesado en sus funciones y en consecuencia carec\u00eda de competencia para ello-<\/strong><\/p>\n Ante esta situaci\u00f3n f\u00e1ctica la recurrente entiende de aplicaci\u00f3n la doctrina del funcionario de hecho. <\/strong><\/p>\n La teor\u00eda de los funcionarios de hecho, desarrollada a nivel doctrinario y en fallos judiciales, se encamina a dar soluci\u00f3n a una problem\u00e1tica concreta, cual es c\u00f3mo han de entenderse los actos que estos funcionarios emitan. Se ha establecido que los actos que \u00e9stos hayan dictado deben producir respecto a terceros los efectos jur\u00eddicos propios de los actos pronunciados por funcionarios regulares dentro de la competencia del cargo. El \u00abstatus de funcionarios de hecho\u00bb se construye para otorgar legitimidad a sus actuaciones, m\u00e1s no les confiere un \u00abderecho a la estabilidad en el cargo\u00bb. Para que una persona sea considerada funcionario de hecho y, por ende, sean v\u00e1lidas sus actuaciones, se se\u00f1alan las siguientes condiciones: que el cargo que ocupe tenga, cuando menos, una existencia de derecho o, por lo menos, est\u00e9 reconocida por la ley; que el agente se encuentre realmente en posesi\u00f3n del mismo; y que lo detente bajo apariencia de legitimidad de t\u00edtulo.<\/p>\n A ello deber\u00eda a\u00f1adirse que siendo la figura del funcionario de hecho perfectamente admisible, ello lo ser\u00e1 siempre que quien ocupa el cargo con investidura irregular lo haga en beneficio de un inter\u00e9s p\u00fablico, en beneficio de los terceros de buena fe que aceptan o consideran admisible la investidura, por seguridad jur\u00eddica y certeza de la situaci\u00f3n, pero no en aquellos casos en los que como en el presente se trata de actos de gravamen respecto de terceros, y qui\u00e9n pretende precisamente aprovecharse de tal irregularidad de la situaci\u00f3n es la administraci\u00f3n p\u00fablica que es precisamente qui\u00e9n ha dado lugar con su actuar irregular a dicha situaci\u00f3n, por lo que ahora no puede pretender beneficiarse de ella.\u201d<\/strong><\/p>\n \u201cEl art\u00edculo 62.1 de la Ley 30\/1992 establece: \u00abLos actos de las Administraciones P\u00fablicas son nulos de pleno derecho: b) Los dictados por \u00f3rgano manifiestamente incompetente por raz\u00f3n de la materia o del territorio\u00bb. Pues bien, en lo que ata\u00f1e a la incompetencia denunciada hay que partir de que el art\u00edculo 62.1 b) de la Ley 30\/1992, limita la nulidad de pleno derecho a los supuestos de incompetencia material o territorial; y ello habr\u00eda de tomarse en consideraci\u00f3n para modular la calificaci\u00f3n de la nulidad, en la hip\u00f3tesis de que aquella incompetencia pudiera considerarse \u00abmanifiesta\u00bb.<\/p>\n Cit\u00e1ndose la Sentencia del TS de 15 de junio de 2011, se expresa \u201cha tenido ocasi\u00f3n de reiterar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha de ser clara, incontrovertida y grave, sin que sea precisa una labor previa de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica (SSTS de 12 de junio de 1986 y 22 de marzo de 1988, entre otras muchas), utilizando t\u00e9rminos tales como \u00abpatente\u00bb u \u00abostensible\u00bb o \u00abnotoria\u00bb para adjetivar la incompetencia (STS de 20 de febrero de 1992).\u201d<\/p>\n Para el Tribunal catal\u00e1n \u201cno es que nos encontramos ante un supuesto de incompetencia material, en la que el funcionario que dicta la orden no infringe la relaci\u00f3n de jerarqu\u00eda existente en administraci\u00f3n, si no que act\u00faa careciendo total y absolutamente de competencia para ello, y que como se\u00f1ala la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de febrero de 2008 que no se trata de incompetencia funcional o si se prefiere jer\u00e1rquica, pues no hay actuaciones sucesivas o fiscalizadoras respecto del \u00f3rgano que dicta el acto, sino que ha actuado en materias sobre las que no puede hacerlo y en este caso la incompetencia material es manifiesta pues es ostensible, clara, patente, notoria y palpable, o seg\u00fan sus t\u00e9rminos es \u00abapreciable sin esfuerzo\u00bb y sin que tal actuaci\u00f3n, nula de pleno derecho pueda ser convalidada, ni se trate como se pretende de un supuesto formal no invalidante, por lo que el recurso debe ser desestimado.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de marzo de 2016, Recurso 913\/2015. Los gastos del finiquito del servicio dom\u00e9stico son deducibles del ISD<\/strong><\/p>\n \u201cPlantea por \u00faltimo la recurrente la deducci\u00f3n de gastos de sepelio y funeral. Lo cierto es que bajo la r\u00fabrica anunciada aparte de los gastos de sepelio y funeral (sepelio, funeral, esquelas) incluye tambi\u00e9n 8 los gastos de \u00abfiniquito\u00bb relativo a servicio dom\u00e9stico, que durante el expediente y en autoliquidaci\u00f3n calificaba como \u00abgastos de \u00faltima enfermedad\u00bb.<\/p>\n Entrando a resolver, lo cierto es que vista la diferencia entre lo pretendido por la recurrente y lo reconocido en liquidaci\u00f3n, la controversia quedar\u00eda limitada al llamado finiquito, (pues los tres primeros conceptos suman los 10252 euros reconocidos)y en cuanto a este, apreciamos que la liquidaci\u00f3n tambi\u00e9n ha reconocido dicho importe, si bien no bajo concepto de \u00abgastos de ultima enfermedad\u00bb, sino con mejor criterio, bajo el concepto de deudas deducibles, donde la recurrente consignaba 1676, y la liquidaci\u00f3n reconoce 2459, esto es, los 782,66 que se solicitaban por tal concepto, folio 104 del expediente. L\u00f3gicamente, queda pendiente una diferencia de 1174 euros, en principio calificados por la recurrente como \u00abgastos de ultima enfermedad\u00bb, que no identifica ni reclama en el motivo de impugnaci\u00f3n en forma que podamos examinar, y que por tanto no podemos acceder a la petici\u00f3n de su exclusi\u00f3n en la liquidaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 1 de abril de 2016, Recurso 879\/2014. No son deducibles, entre otros, los gastos de comida, bebida, alojamiento y regalos alegados por un profesional del derecho al no justificarse su necesidad y vinculaci\u00f3n con su actividad <\/strong><\/p>\n \u00a0\u201cPor lo que se refiere finalmente a los gastos de manutenci\u00f3n, alojamiento y atenciones a clientes, y sobre la base de las mismas reglas sobre distribuci\u00f3n de la carga de la prueba, esta Sala comparte plenamente las consideraciones de la Administraci\u00f3n tributaria -adveradas por la resoluci\u00f3n del TEAR impugnada- acerca de su car\u00e1cter desproporcionado y sobre la ausencia de prueba que demuestre su necesidad para el ejercicio de la profesi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n En efecto, no cabe considerar ni justificada su relaci\u00f3n con la actividad, ni razonable en su cuant\u00eda o conceptos<\/strong>, el importe de 822,31 \u20ac por un d\u00eda de alojamiento (con entrada el 18 de marzo y salida el 19) en el Hotel Hoyuela de Santander, incluidos 53,80 \u20ac de \u00abminibar\u00bb; ni los 286,50 \u20ac por dos habitaciones en el Spa Porta Maris & Suites del Mar de Alicante durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo; ni los tres d\u00edas para tres personas desde el s\u00e1bado 5 de junio al martes 8 de junio en el Hotel B\u00e9cquer de Sevilla por importe de 508,99 \u20ac. Tampoco se justifica la relaci\u00f3n que podr\u00eda tener con los ingresos los gastos p<\/strong>or los conceptos Snack Bar (29,70 \u20ac, 25,96 \u20ac, 10,93 \u20ac), SPA tratamientos o tienda, durante sus estancias en los hoteles, incluso aunque el desplazamiento fuera por razones estrictamente profesionales. Respecto de los gastos por comidas, tampoco cabe considerar justificada la necesidad<\/strong> del gasto de 321,96 \u20ac por una comida – para aparentemente cinco comensales- en Casa Silvio de Santander; de 389 \u20ac por una comida en el Caballo de Troya – aparentemente para 9 \u00f3 10 personas- y otra en el mismo restaurante el 4 de mayo por importe de 159,87 \u20ac; ni los 265,73 \u20ac por una comida para ocho comensales en el restaurante Zurita de Tudela de Duero el 10 de agosto; o la comida para dos personas el domingo 11 de julio en el restaurante \u00abEl nuevo molino\u00bb de Puente Arce por importe de 110,60 \u20ac, as\u00ed como el alojamiento tambi\u00e9n para dos personas desde el 11 al 15 de julio en el Hotel Juan de la Cosa en Santo\u00f1a, por importe de 854,16 \u20ac.<\/p>\n En fin\u00a0<\/h2>\n
<\/a>SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNI\u00d3N EUROPEA<\/span><\/h2>\n
<\/a>SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO<\/span><\/strong><\/h2>\n<\/a>
Bonificaci\u00f3n fiscal del 95% en el Impuesto de Sucesiones por empresa familiar.<\/span><\/h6>\n
Escisi\u00f3n por mero ahorro fiscal.<\/strong><\/span><\/h6>\n
<\/a>SENTENCIAS DE TSJ Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL<\/span><\/strong><\/h2>\n
Legitimaci\u00f3n para interponer recursos de los obligados al pago del impuesto en virtud de pacto.<\/strong><\/span><\/h6>\n
El legatario obligado a entregar una cantidad de dinero no puede deducir su importe del ISD.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Necesidad de acreditar inmediatamente, y no s\u00f3lo invocar, el verdadero valor del bien para evitar la aplicaci\u00f3n del valor catastral multiplicado por un coeficiente.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Para que la fianza prestada por un sujeto pasivo de IVA est\u00e9 exenta de IVA y no sujeta a ITP es preciso que el fiador, una sociedad mercantil, act\u00fae en el ejercicio de su actividad empresarial.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Rectificaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n del IRPF para aplicar las reducciones en el ISD. Admisi\u00f3n en un caso y denegaci\u00f3n en otro.<\/strong><\/span><\/h6>\n
La calificaci\u00f3n del bien inmueble a efectos del Catastro Inmobiliario no es la que determina en este caso los criterios de valoraci\u00f3n y el valor real del inmueble, sino que es su situaci\u00f3n y verdadera finalidad que no es la agr\u00edcola sino la residencial.<\/strong><\/span><\/h6>\n
El pacto de entrega de la posesi\u00f3n contenido en el documento privado de venta debe ser corroborado por otros medios de prueba.<\/strong><\/span><\/h6>\n
\n
La Administraci\u00f3n tributaria no puede invocar la teor\u00eda del funcionario de hecho para evitar la nulidad de un acto administrativo de liquidaci\u00f3n por incompetencia manifiesta.<\/strong><\/span><\/h6>\n
No son deducibles los gastos de comida, bebida, alojamiento y regalos alegados por un profesional del derecho al no justificarse su necesidad y vinculaci\u00f3n con su actividad<\/strong><\/span><\/h6>\n