{"id":25570,"date":"2000-07-06T12:55:50","date_gmt":"2000-07-06T10:55:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=25570"},"modified":"2016-08-06T14:16:54","modified_gmt":"2016-08-06T12:16:54","slug":"informe-73-boe-julio-2000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-73-boe-julio-2000\/","title":{"rendered":"Informe 73. BOE julio 2000"},"content":{"rendered":"<p><!-- Start Alexa Certify Javascript --><\/p>\n<p><script type=\"text\/javascript\">\/\/ <![CDATA[\n_atrk_opts = { atrk_acct:\"5N9Aj1a8gN00yw\", domain:\"notariosyregistradores.com\",dynamic: true};\n(function() { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text\/javascript'; as.async = true; as.src = \"https:\/\/d31qbv1cthcecs.cloudfront.net\/atrk.js\"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as, s); })();\n\/\/ ]]><\/script><\/p>\n<p><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/d5nxst8fruw4z.cloudfront.net\/atrk.gif?account=5N9Aj1a8gN00yw\" style=\"display:none\" height=\"1\" width=\"1\" alt=\"\" \/><\/noscript><!-- End Alexa Certify Javascript --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">INFORME N\u00ba 73.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Realizado en colaboraci\u00f3n con Joaqu\u00edn Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Archidona (M\u00e1laga) y notario excedente y con la de Carlos Ballugera G\u00f3mez, registrador de la propiedad de Bilbao.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los temas que puedan resultar de mayor inter\u00e9s van al principio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>N\u00ba 1: LEY DE TASAS DECLARADA INCONSTITUCIONAL. <\/strong>La sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de julio de 2000 anula la Disposici\u00f3n adicional cuarta de la Ley 8\/1989, 13 de abril, de Tasas y Precios P\u00fablicos y su reproducci\u00f3n en el art\u00edculo 14.7 del Texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, aprobado por Real Decreto legislativo 1\/1993, 24 de septiembre, al vulnerarse los principios constitucionales de generalidad, capacidad econ\u00f3mica, igualdad, prohibici\u00f3n de alcance confiscatorio, legalidad y justicia. Considera que el precepto establece una presunci\u00f3n \u201ciuris et de iure\u201d de defraudaci\u00f3n que es inaceptable. Este fallo conlleva que no puede calificarse como una donaci\u00f3n el caso en el que la Administraci\u00f3n Tributaria considere que el derecho transmitido supera en m\u00e1s de 2 millones de pesetas y en un 20% lo declarado por los contratantes. Ello supondr\u00e1 que las liquidaciones complementarias deber\u00e1n de girarse al 6% o al 7% (seg\u00fan las Comunidades) y no al tipo de sucesiones, que normalmente estaba multiplicado por un coeficiente del 2 por tratarse de transmisiones entre extra\u00f1os. Las sociedades adquirentes, a su vez, dejar\u00e1n de pagar por el Impuesto de Sociedades estos incrementos patrimoniales. La norma, que desde un punto de vista jur\u00eddico siempre se ha sospechado de su anticonstitucionalidad y que ha generado situaciones discriminatorias (pi\u00e9nsese simplemente en que las operaciones sujetas al IVA quedaban fuera y que las sociedades adquirentes en la pr\u00e1ctica podr\u00edan tener una mejor situaci\u00f3n al ser distintas las Administraciones competentes para comprobar en lo impuestos afectados), sin embargo ha ayudado en muy buena medida a drenar el dinero negro que tradicionalmente se escond\u00eda -y a\u00fan se esconde en menor medida- en las operaciones inmobiliarias. En tal sentido, habr\u00e1n de arbitrarse nuevas f\u00f3rmulas por parte del legislador que, siendo equitativas y respetuosas con la legislaci\u00f3n vigente, palien los efectos negativos que, desde un punto de vista econ\u00f3mico puede tener para la sociedad la derogaci\u00f3n del controvertido art\u00edculo, m\u00e1xime cuando est\u00e1 en el horizonte el cambio obligatorio de pesetas por euros, para evitar que se vuelva a la declaraci\u00f3n de valores rid\u00edculos en las compraventas como ocurr\u00eda antes de 1989: la econom\u00eda sumergida es un c\u00e1ncer para el estado de derecho. Respecto a las liquidaciones practicadas hasta ahora, tan s\u00f3lo se beneficiar\u00e1n aquellos contribuyentes que tengan vivo el recurso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/vlex.com\/es\/res\/ficheros\/1\">http:\/\/vlex.com\/es\/res\/ficheros\/1<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.tribunalconstitucional.es\/STC2000\/STC%202000-194.htm\">http:\/\/www.tribunalconstitucional.es\/STC2000\/STC%202000-194.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ANULADA POR EL SUPREMO LA RETENCION DEL 20% IRPF EN LOS RENDIMIENTOS DE PROFESIONALES. <\/strong>El Tribunal Supremo, en recurso presentado por el Colegio de Abogados de Madrid, ha anulado el art\u00edculo 22, apartado primero, p\u00e1rrafo primero del Real Decreto 2717\/1998, 18 de diciembre, que regula el pago a cuenta en el IRPF y que ha estado vigente durante todo el <strong>a\u00f1o 1999<\/strong>. Dicho p\u00e1rrafo dec\u00eda lo siguiente: \u00abCuando los rendimientos sean contraprestaci\u00f3n de una actividad profesional, se aplicar\u00e1 el tipo de retenci\u00f3n del 20 por ciento sobre los ingresos \u00edntegros satisfechos\u00bb. Entiende, la Sala Tercera del Tribunal Supremo que la retenci\u00f3n del 20 por ciento \u00abes contraria a derecho, por infringir el principio de capacidad de pago, pues los contribuyentes est\u00e1n obligados a pagar los impuestos debidos pero no a soportar injustificadamente la lesi\u00f3n financiera que significa soportar retenciones, superiores a la cuota impositiva.\u201d El Real Decreto de 23 de diciembre de 1999, corrigi\u00f3 y rebaj\u00f3 el tipo general de retenci\u00f3n de los profesionales del 20 al 18 por ciento, medida vigente desde el 1 de enero de este a\u00f1o, por lo que la sentencia tan s\u00f3lo afecta a las retenciones de 1999.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ANULADOS POR EL T.S. CIERTOS ARTICULOS SOBRE RETENCIONES EN EL RGTO. IRPF. <\/strong>El Tribunal Supremo, en recurso presentado por el Colegio de Abogados de Madrid, anula los arts. 76.1.2\u00ba, 78.2.1, 78.3 d) 2\u00aa, 88.1 y 93, p\u00e1rrafo 2\u00ba del Real Decreto 214\/1999, de 5 de febrero (Reglamento del IRPF) y declara ilegal la omisi\u00f3n de los ascendientes en el 78.3 d). La presunci\u00f3n de que las retribuciones variables no puedan ser inferiores a las del a\u00f1o anterior ha de estar dispuesta por ley. Considera injusto que, para hacer el c\u00e1lculo de retenciones en caso de solteros, viudos y divorciados s\u00f3lo se tengan en cuenta los descendientes por mitad. Tambi\u00e9n es incorrecto considerar que el c\u00f3nyuge con rentas inferiores a 100.000 pesetas est\u00e9 a cargo del otro. As\u00edmismo anula lo previsto para retenciones de ingresos profesionales en l\u00ednea con la anterior sentencia rese\u00f1ada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.datadiar.com\/actual\/sentencia.htm\">http:\/\/www.datadiar.com\/actual\/sentencia.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ANULADOS PARCIALMENTE POR EL T.S. LOS ARTS 53 Y 93 DEL RIRPF. <\/strong>La sentencia de 18 de marzo de 2000 anula el art\u00edculo 93, primer p\u00e1rrafo, del Reglamento del IRPF en el punto concreto del se\u00f1alamiento del tipo del 18% de retenci\u00f3n e ingreso en cuenta sobre los rendimientos procedentes del <strong>arrendamiento<\/strong> o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Tambi\u00e9n anula el apartado b) del art\u00edculo 53.1 que, a prop\u00f3sito de la regulaci\u00f3n de las condiciones de <strong>financiaci\u00f3n de la vivienda habitual<\/strong> para la aplicaci\u00f3n de los porcentajes de deducci\u00f3n incrementados, exige \u201cque la financiaci\u00f3n se realice a trav\u00e9s de una entidad de cr\u00e9dito o entidad aseguradora o mediante pr\u00e9stamos concedidos por las empresas a sus empleados\u201d. En la misma l\u00ednea la sentencia de 11 de marzo de 2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000807_28236.gif<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000807_28235.gif<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MAYOR\u00cdAS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACI\u00d3N. <\/strong>R. 8 de junio de 2000, BOE de 29 de julio, p\u00e1g. 27.378. Se suspende la siguiente cl\u00e1usula estatutaria: \u201cEl Consejo de administraci\u00f3n&#8230; adoptar\u00e1 sus acuerdos por mayor\u00eda de votos v\u00e1lidamente emitidos que representen al menos la mitad m\u00e1s uno de los miembros concurrentes\u201d, porque dicha cl\u00e1usula no contiene salvedad alguna por lo que contradice directamente una norma legal imperativa que impone una mayor\u00eda cualificada para determinados acuerdos como el de nombrar Consejeros delegados y sin que considere la D.G.R.N. que estemos ante una regulaci\u00f3n estatutaria incompleta susceptible de ser integrada directamente por la norma imperativa no recogida. Es similar la R. 9 de junio de 2000, BOE de 29 de julio, p\u00e1g. 27.379.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27378.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27378.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27379.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27379.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/1\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/1<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>VENTA DE CUOTA INDIVISA DE FINCA R\u00daSTICA CON ASIGNACI\u00d3N DE USO. <\/strong>R. de 20 de junio de 2000, BOE de 31 de julio de 2000, p\u00e1g. 27.550. Los interesados en el documento manifiestan que venden una participaci\u00f3n indivisa ante la imposibilidad jur\u00eddica de transmitir una finca o parcela concreta, dado que no se pudo obtener la licencia municipal de parcelaci\u00f3n. Consecuencia de lo anterior, pactan que a dicha porci\u00f3n indivisa le corresponda el uso exclusivo de una porci\u00f3n de terreno cuya plano se incorpora a la escritura. La Generalidad Valenciana exige licencia o certificado de su innecesariedad para la parcelaci\u00f3n y el negocio en cuesti\u00f3n est\u00e1 operando en fraude de ley por lo que procede confirmar la nota, m\u00e1xime cuando hay un mandato prohibiendo la inscripci\u00f3n a los Registradores en la disposici\u00f3n adicional tercera de la Ley 4\/1992 de dicha comunidad aut\u00f3noma. Tambi\u00e9n, con arreglo a las normas del C\u00f3digo Civil, la atribuci\u00f3n del uso indefinido de una porci\u00f3n de terreno susceptible de ser objeto econ\u00f3mico independiente, implica una verdadera divisi\u00f3n que debe de cumplir con los requisitos exigidos por el ordenamiento. Un segundo defecto se revoca: si no se dice nada acerca del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de los otorgantes, al tratarse de un documento firmado en una regi\u00f3n de derecho com\u00fan, ha de estimarse que \u00e9stos se encuentran sometidos al r\u00e9gimen supletorio del C\u00f3digo Civil y que tienen regionalidad com\u00fan. Son similares las R. 19 de junio de 2000, 26 de junio de 2000, 27 de junio de 2000, 28 de junio de 2000 y 29 de junio de, BOE de 1 de agosto de 2000, p\u00e1g. 27.631.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/31_de_Julio_de_2000\/5\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/31_de_Julio_de_2000\/5<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27550.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27550.gif<\/a> <\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000801_27628.gif<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000801_27631.gif<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Oposiciones a registrador. <\/strong>Resoluci\u00f3n de 22 de junio de 2000, de la D.G.R.N., por la que se transcribe la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos a las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mercantiles. BOE de 12 de julio de 2000, p\u00e1g. 24.941.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000712_24941.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000712_24941.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cooperativas y Seguridad Social. <\/strong>Real Decreto 1278\/2000, 30 de junio, por el que se adaptan determinadas disposiciones de Seguridad Social para su aplicaci\u00f3n a las sociedades cooperativas. BOE del 20 de julio de 2000, p\u00e1g. 25.830.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/20_de_Julio_de_2000\/2\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/20_de_Julio_de_2000\/2<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000720_25830.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000720_25830.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sociedades cotizadas: comunicaci\u00f3n de participaciones.<\/strong> Real Decreto 1370\/2000, 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 377\/1991, 15 de marzo, sobre comunicaci\u00f3n de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por \u00e9stas de acciones propias. BOE de 25 de julio, p\u00e1g. 26420.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/25_de_Julio_de_2000\/2\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/25_de_Julio_de_2000\/2<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000725_26420.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000725_26420.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ejecuci\u00f3n de hipoteca: cancelaci\u00f3n de anotaci\u00f3n de embargo por gastos de comunidad. <\/strong>R. de 27 de mayo de 2000, BOE de 27 de julio, p\u00e1g. 26.914. Se ejecuta una hipoteca y el registrador deniega la cancelaci\u00f3n de una venta posterior y de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo por impago de cuotas a la Comunidad de Propietarios, esta \u00faltima practicada despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n de cargas, y en la que se hac\u00eda constar el car\u00e1cter preferente de una parte de la cantidad embargada. El interesado, en alzada, acepta que quede vigente dicha anotaci\u00f3n en cuanto a las <strong>cantidades que gozan de preferencia<\/strong>. La D.G.R.N., ante tal conducta resignada, dispone la cancelaci\u00f3n de lo obvio, la hipoteca y la venta posterior, y ordena tambi\u00e9n la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n, en la parte que no goza de preferencia, conforme solicita el interesado. Da la sensaci\u00f3n de que si hubiera pedido la cancelaci\u00f3n \u00edntegra de la anotaci\u00f3n, la D.G.R.N. se la habr\u00eda concedido. Ver la R. 7 de mayo de 1999 (informe n\u00ba 61).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26914.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26914.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/5\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/5<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nota de calificaci\u00f3n. Novaci\u00f3n de hipoteca. <\/strong>R. 30 de mayo de 2000, BOE 27 de julio, p\u00e1g. 26.915. Se considera como nota de calificaci\u00f3n y no como mera comunicaci\u00f3n de defectos una carta encabezada por el nombre del registrador y con sello del Registro, pero sin firma, no habi\u00e9ndose contradicho su autenticidad. Pasando al fondo del asunto, en una novaci\u00f3n de la Ley 2\/94 no es defecto \u2013como la propia ley prev\u00e9- para que se pueda despachar una escritura de novaci\u00f3n de hipoteca el que <strong>no se haya presentado la escritura que se modifica<\/strong>, al resultar del asiento registral correspondiente los pactos con trascendencia real del negocio, quedando la coordinaci\u00f3n entre el t\u00edtulo originario de pr\u00e9stamo y el nuevo de modificaci\u00f3n a lo dispuesto en la legislaci\u00f3n notarial, estando ello fuera de la calificaci\u00f3n del registrador. Parece una excepci\u00f3n al principio de que el t\u00edtulo inscribible es el conjunto del t\u00edtulo modificador y del modificado. Desde un punto de vista pr\u00e1ctico, tambi\u00e9n resulta muy sana la presentaci\u00f3n del t\u00edtulo original que puede evitar el que no sea tenida en cuenta la rectificaci\u00f3n a la hora de ejecutar la hipoteca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26915.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26915.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/6\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/6<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Transformaci\u00f3n en an\u00f3nima. <\/strong>R. 2 de junio de 2000, BOE 27 de julio, p\u00e1g. 26.917. Cuando una sociedad de responsabilidad limitada se transforma en sociedad an\u00f3nima, por inter\u00e9s de la sociedad y de los acreedores, es necesario acompa\u00f1ar el <strong>informe de un experto<\/strong> independiente sobre el patrimonio social no dinerario y un ejemplar del balance de la sociedad, cerrado el d\u00eda anterior al acuerdo, para su dep\u00f3sito. Tan s\u00f3lo cabe prescindir del informe del experto en el caso en el que se manifieste la inexistencia de patrimonio social no dinerario en la propia escritura calificada, pero aunque as\u00ed se asegura en el presente caso, tal aseveraci\u00f3n aparece palmariamente contradicha por el balance incorporado a la misma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26917.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26917.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/7\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/7<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cancelaci\u00f3n de hipoteca unilateral. <\/strong>R. 3 de junio de 2000, BOE 27 de julio, p\u00e1g. 26.919. Cuando se constituy\u00f3 una hipoteca unilateral, el hipotecante requiri\u00f3 al notario para que enviase por correo certificado y con acuse de recibo al acreedor <strong>una copia simple de la escritura<\/strong>. Transcurridos m\u00e1s de dos meses desde que esto sucediera, se pretende cancelar dicha hipoteca por la mera solicitud del hipotecante. No es posible, ya que el c\u00f3mputo del tiempo no comenzar\u00e1 sino desde que se produzca un requerimiento al acreedor en el que se exprese la situaci\u00f3n claudicante del derecho de hipoteca que podr\u00e1 ser cancelado sin su consentimiento s\u00ed, transcurridos dos meses desde el mismo, no ha sido aceptado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26919.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26919.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/8\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/8<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Anotaci\u00f3n preventiva de demanda contra herederos del titular registral. <\/strong>R. 6 de junio de 2000, BOE de 27 de julio, p\u00e1g. 26.920. El registrador suspende la anotaci\u00f3n de una acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, porque el titular registral es distinto del que se dice. El recurrente aleg\u00f3 que la causante, a cuyos herederos se demanda, es <strong>heredera \u00fanica del titular registral<\/strong> y esto se desprende del historial de otras fincas del propio Registro. La D.G.R.N. confirma la nota suspensiva, porque tales circunstancias no se han hecho constar en el mandamiento ni se han aportado documentos complementarios que lo atestig\u00fcen. De haberse hecho, quiz\u00e1s, la soluci\u00f3n hubiera sido distinta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26920.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26920.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/9\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/9<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Acreditaci\u00f3n de la representaci\u00f3n de una sociedad no exhibida al notario autorizante. <\/strong>R. 7 de junio de 2000, BOE 27 de julio, p\u00e1g. 26.921. Como regla general, es posible hacerlo mediante una certificaci\u00f3n del Registro Mercantil, de fecha posterior a la escritura, en la que aparezcan las facultades y nombres de dichos representantes. Sin embargo, en este caso ello no es suficiente, porque la sociedad en cuesti\u00f3n se halla dada de <strong>baja provisional<\/strong> y su hoja registral cerrada, no siendo el de revocaci\u00f3n de poder uno de los asientos que en tales circunstancias pueda practicarse. Por ello, ha de presentarse la primera copia autorizada del poder o una copia posterior expedida a instancia de persona que tenga derecho a obtenerla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26921.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26921.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/10\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/10<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cl\u00e1usulas hipotecarias. <\/strong>R. 12 de junio de 2000, BOE 27 de julio, p\u00e1g. 26.923. La D.G.R.N. expresa previamente que el hecho de que el presentante se conforme con una <strong>inscripci\u00f3n parcial <\/strong>no exime al registrador de hacer constar en su nota de calificaci\u00f3n las causas por las que se deniegan determinadas cl\u00e1usulas y ello es perfectamente recurrible. Pasemos al fondo:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; No es inscribible el pacto por el que se condiciona el derecho del deudor a <strong>anticipar la cancelaci\u00f3n <\/strong>de la deuda a que la cantidad pagada sea la que unilateralmente estime el acreedor que le es debida, por contravenci\u00f3n del art\u00edculo 1256 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; Por otro lado, los intereses de demora pueden ser garantizados si se precisa adecuadamente en qu\u00e9 medida lo est\u00e1n y se reitera la doctrina de que la <strong>computaci\u00f3n conjunta de los intereses <\/strong>ordinarios y de demora se refiere exclusivamente a que no pueden generarse simult\u00e1neamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; En cuanto a las <strong>primas de seguro <\/strong>que garantizan la propia finca hipotecada, es inscribible la cl\u00e1usula si se pacta el vencimiento anticipado como consecuencia del impago o si se extiende la garant\u00eda de la hipoteca a esta materia, que puede considerarse gasto extrajudicial por la preferencia del cr\u00e9dito que marca el art\u00edculo 1923.2 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; Tambi\u00e9n es posible inscribir el pacto por el que se modula el vencimiento anticipado de la deuda para el caso de sufrir la finca un <strong>siniestro <\/strong>que disminuya su valor en m\u00e1s de un 20%, si no se repone la garant\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; Por \u00faltimo, ha de inscribirse la tasaci\u00f3n realizada de conformidad con las exigencias de la normativa del <strong>mercado hipotecario<\/strong>, pero tan s\u00f3lo si se acredita mediante certificado de los servicios correspondientes, no valiendo la mera manifestaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Son muy parecidas la R. 16 de junio de 2000, BOE de 29 de julio, p\u00e1g. 27.381; la R. 17 de junio de 2000, BOE de 29 de julio, p\u00e1g. 27.384, y las de 13 de junio de 2000 y 14 de junio de 2000, BOE del 31 de julio de 2000, p\u00e1gs. 27.544 y 27.547.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26923.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26923.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27381.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27381.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27384.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27384.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27544.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27544.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27547.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27547.gif<\/a><\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/11\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/11<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Equivalencia pesetas-euros. Administradores mancomunados.<\/strong> R. 22 de junio de 2000, BOE 27 de julio, p\u00e1g. 26.926. Es defecto subsanable la discordancia en la escritura entre pesetas y su equivalente en euros por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 31 de la Ley 46\/1998, 17 de diciembre, sobre introducci\u00f3n del euro, pero s\u00f3lo cuando ha de hacerse constar obligatoriamente la equivalencia, cosa que no ocurre en el caso presente relativo al <strong><em>valor de cada participaci\u00f3n social<\/em><\/strong>. En otro orden de cosas, en la escritura calificada de constituci\u00f3n de sociedad de responsabilidad limitada, se acord\u00f3 un r\u00e9gimen de administraci\u00f3n mancomunada y que cuando los <strong>administradores fueran m\u00e1s de dos<\/strong> ser\u00eda la Junta general la que determinara el ejercicio del poder de representaci\u00f3n entre varias opciones. Esto \u00faltimo no es posible ya que debe de venir determinado por los estatutos la forma del ejercicio del poder de representaci\u00f3n, sin posibilidad de delegaci\u00f3n en la Junta, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los art\u00edculos 62.2 d) LSRL y 185.3 c) RRM.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26926.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000727_26926.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/12\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/27_de_Julio_de_2000\/12<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Anotaciones preventivas: inicio del plazo de caducidad. <\/strong>R. 5 de junio de 2000, BOE 28 de julio, p\u00e1g. 27.098. Por el art\u00edculo 86 de la Ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas caducar\u00e1n a los cuatro a\u00f1os de su fecha a no ser que se fije un plazo inferior. A pesar de que los asientos retrotraen sus efectos a la fecha del asiento de presentaci\u00f3n, esto no implica, en el caso de las anotaciones, que el plazo de caducidad comience entonces, por la dicci\u00f3n literal del precepto, porque hay algunas de 60 d\u00edas de duraci\u00f3n, es decir, de duraci\u00f3n equivalente al asiento de presentaci\u00f3n, siendo \u00e9sta la interpretaci\u00f3n un\u00e1nime de la pr\u00e1ctica y la recogida en la Ley 1\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000728_27098.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000728_27098.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/28_de_Julio_de_2000\/11\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/28_de_Julio_de_2000\/11<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Identidad de denominaci\u00f3n social. <\/strong>R. 10 de junio de 2000, BOE de 29 de julio, p\u00e1g. 27.380. El Registrador mercantil central y la D.G.R.N. consideran que la denominaci\u00f3n \u201cEuro-Investissement\u201d es similar a la ya registrada \u00abEuro-Investment\u00bb por cercan\u00eda fon\u00e9tica y por significar inversi\u00f3n, una en franc\u00e9s y la otra en ingl\u00e9s. En la alzada, el interesado acompa\u00f1a un documento por el que la sociedad afectada presta su consentimiento, seg\u00fan prev\u00e9 el art. 408.2 RRM, pero no lo valora la D.G.R.N. al no haber sido presentado a la hora de calificar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27380.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27380.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/3\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/3<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/3\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/3<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Embargo por deudas de la extinta sociedad de gananciales. <\/strong>R. 23 de junio de 2000, BOE de 29 de julio, p\u00e1g. 27.386. Se solicita la pr\u00e1ctica de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo en procedimiento dirigido contra la titular registral como responsable solidaria de las deudas devengadas durante la vigencia de su sociedad de gananciales ya extinguida. Seg\u00fan el mandamiento, el sujeto pasivo es determinada sociedad de la cual era Administrador \u00fanico el marido al que se le hab\u00eda concedido tr\u00e1mite de audiencia con relaci\u00f3n a su posible declaraci\u00f3n de responsable subsidiario. Dichos c\u00f3nyuges hab\u00edan otorgado capitulaciones matrimoniales, orden\u00e1ndose el embargo preventivo con posterioridad a su inscripci\u00f3n en el Registro Civil. Aunque el registrador deneg\u00f3 por aparecer la finca inscrita a favor de la actual titular con anterioridad a la traba del embargo, la D.G.R.N. considera que el embargo es anotable porque ha sido dirigido contra el titular registral sin que se pueda discutir ahora por la concrecci\u00f3n del procedimiento otras cuestiones como la de la <strong>competencia de la Administraci\u00f3n Tributaria<\/strong> para declarar la responsabilidad de los bienes gananciales por deudas tributarias de las que sea sujeto pasivo o responsable legal uno solo de los c\u00f3nyuges o para ejecutar, por el procedimiento de apremio administrativo, bienes que pertenecen a persona distinta del sujeto pasivo de la deuda tributaria o del responsable de la misma conforme a la ley que la regula.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27386.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27386.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/6\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/6<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Solicitud de anotaci\u00f3n de embargo con prohibici\u00f3n de disponer anotada. <\/strong>R. 30 de junio de 2000, BOE de 29 de julio, p\u00e1g. 27.387. Se confirma la nota denegatoria del Registrador respecto de la pr\u00e1ctica de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo acordada por el Juzgado de lo Social en ejecuci\u00f3n de sentencia, toda vez que, sobre los bienes en cuesti\u00f3n, han sido tomadas con anterioridad anotaciones de prohibici\u00f3n de disponer, ordenadas por la Direcci\u00f3n General de Seguros de Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda, en las que se hace constar que, conforme a los art\u00edculos 33 y 36 de la Ley 33\/1984, 2 de agosto, sobre Ordenaci\u00f3n del Seguro Privado, los bienes sobre los que se establecen las medidas preventivas \u201cquedan afectos especial y exclusivamente a garantizar el derecho de los asegurados y beneficiarios y, en su caso, los gastos de liquidaci\u00f3n&#8230; y que tales bienes son <strong>inembargables<\/strong> aun cuando la entidad se encuentre en liquidaci\u00f3n\u201d. Se trata de un obst\u00e1culo que surge de los libros del Registro. Es de destacar que contra la ejecuci\u00f3n de la sentencia que motiva este embargo se plante\u00f3 por el Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda y contra el Juzgado de lo Social conflicto ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci\u00f3n. La D.G.R.N. no entra en el tema -pero lo apunta- de que, por el art\u00edculo 32 de la referida ley de Ordenaci\u00f3n de Seguros Privados los cr\u00e9ditos laborales declarados en sentencia firme pueden fundar la inmediata ejecuci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27387.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27387.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/7\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/7<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tercer hijo. <\/strong>Real Decreto 1368\/2000, 19 de julio, de desarrollo de las prestaciones econ\u00f3micas de pago \u00fanico por nacimiento de tercer o sucesivos hijos y por parto m\u00faltiple. BOE del 29 de julio de 2000, p\u00e1g. 27.290.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27290.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000729_27290.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/2\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/29_de_Julio_de_2000\/2<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Demarcaci\u00f3n Registral. <\/strong>Instrucci\u00f3n de 25 de julio de 2000 de la D.G.R.N., en desarrollo de la Orden de 6 de junio de 2000, por la que se dictan normas para la ejecuci\u00f3n del Real Decreto 39\/2000, 24 de marzo, sobre Demarcaci\u00f3n Registral. BOE del 31 de julio de 2000, p\u00e1g. 27.433.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27433.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27433.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/31_de_Julio_de_2000\/1\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Julio_de_2000\/31_de_Julio_de_2000\/1<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Usufructos simult\u00e1neos<\/strong>. R. de 22 de mayo de 2000, BOE de 31 de julio de 2000, p\u00e1g. 27.542. Tres personas compran una vivienda en la siguiente forma y proporci\u00f3n: el usufructo vitalicio, con car\u00e1cter simult\u00e1neo y sucesivo, los tres y, adem\u00e1s, dos de ellos, casados en gananciales, la nuda propiedad para su sociedad conyugal. Por el primer defecto analizado, el registrador deneg\u00f3 la inscripci\u00f3n al entender que se hab\u00eda producido una consolidaci\u00f3n parcial por concurrir en los esposos el car\u00e1cter de nudo propietarios y de usufructuarios faltando tan s\u00f3lo la determinaci\u00f3n de la cuota del tercer adquirente en el usufructo. La D.G.R.N. estima, por el contrario, que la concurrencia en el derecho de usufructo de tres sujetos distintos, con vocaci\u00f3n expansiva al fallecimiento de alguno de sus titulares, permite el mantenimiento separado de la nuda propiedad atribuida a los dos c\u00f3nyuges hasta la consolidaci\u00f3n total. El segundo tema de discusi\u00f3n se refiere a si resulta preciso determinar la cuota que a cada uno de ellos corresponde en el derecho de usufructo constituido. Pese la dicci\u00f3n literal del art\u00edculo 54 del Reglamento Hipotecario, este precepto se halla subordinado a la regulaci\u00f3n sustantiva de la comunidad que se constituye, seg\u00fan la cual todos los copart\u00edcipes est\u00e1n llamados al todo, haciendo innecesarias las cuotas. Se interpreta que la sola consignaci\u00f3n del car\u00e1cter simult\u00e1neo en la adquisici\u00f3n es suficientemente para delimitar el derecho en tal sentido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/31_de_Julio_de_2000\/2\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Julio_de_2000\/31_de_Julio_de_2000\/2<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27542.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000731_27542.gif<\/a> <\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>\u00a0 <\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Recurso gubernativo sin anotaci\u00f3n preventiva. <\/strong>R. 15 de junio de 2000, BOE de 1 de agosto de 2000, p\u00e1g. 27.627. Se entabl\u00f3 en su d\u00eda recurso gubernativo contra una calificaci\u00f3n registral, pero no se solicit\u00f3 anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n. Antes de que se fallara, se presenta de nuevo el t\u00edtulo a calificar y, contra una nota similar, se plantea nuevo recurso gubernativo. Ello no es posible mientras no se falle el anterior. Como la finalidad pretendida era la de obtener la prioridad derivada de la anotaci\u00f3n preventiva, para ello hubiera bastado presentar de nuevo el t\u00edtulo con tal exclusivo fin y se hubiera podido practicar aunque, evidentemente, con la prioridad de la nueva presentaci\u00f3n .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000801_27627.gif<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/1_de_Agosto_de_2000\/4\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/1_de_Agosto_de_2000\/4<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Junta v\u00e1lidamente constituida. <\/strong>R. 24 de junio de 2000, BOE de 1 de agosto de 2000, p\u00e1g. 27.629. El registrador deniega la inscripci\u00f3n de determinados acuerdos sociales porque no consta la declaraci\u00f3n por parte del Presidente de estar v\u00e1lidamente constituida la Junta, seg\u00fan exige el art\u00edculo 102,2 del Reglamento del Registro Mercantil. El defecto es confirmado, m\u00e1xime cuando el Presidente manifiest\u00f3 de un modo expreso que la Junta no estaba v\u00e1lidamente constituida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000801_27629.gif<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/1_de_Agosto_de_2000\/6\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/1_de_Agosto_de_2000\/6<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Infracciones en el orden social. <\/strong>El BOE del 8 de agosto de 2000, p\u00e1g. 28.285, publica el Real Decreto Legislativo 5\/2000, 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000808_28285.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000808_28285.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Agosto_de_2000\/8_de_Agosto_de_2000\/1\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Agosto_de_2000\/8_de_Agosto_de_2000\/1<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Retracto arrendatio: prestaci\u00f3n de aval. <\/strong>STC 189\/2000, de 10 de julio, BOE de 11 de agosto de 2000, p\u00e1g. 45. Una empresa ejercita un derecho de retracto arrendaticio, pero, en vez de consignar el importe, ofrece aval bancario. El Juzgado de Primera Instancia lo tramita por el juicio de cognici\u00f3n y no exige consignaci\u00f3n, devolviendo incluso el aval. En cambio, la Audiencia Provincial hace una interpretaci\u00f3n estricta del art\u00edculo 1618.2 L.E.C. y dicta sentencia en contra. El Tribunal Constitucional entiende que se ha vulnerado el principio de tutela judicial efectiva al hacer la Audiencia la interpretaci\u00f3n menos favorable a tal principio (el TS en sentencia de 15 de abril de 1998 admite el aval) y ser tambi\u00e9n opuesta a la del Juzgado que, en su momento no exigi\u00f3 la consignaci\u00f3n. Si el Juzgado no la exigi\u00f3, no puede la Audiencia despu\u00e9s excluye el retracto por falta de consignaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.tribunalconstitucional.es\/STC2000\/STC%202000-189.htm\">http:\/\/www.tribunalconstitucional.es\/STC2000\/STC%202000-189.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Recursos contra tributos cedidos.<\/strong> STC. 192\/2000, de 13 de julio de 2000, BOE de 11 de agosto de 2000,\u00a0\u00a0 p\u00e1g. 77. La competencia sobre las reclamaciones econ\u00f3mico-administrativas relativas a los tributos cedidos por el Estado corresponde al Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Regional, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 20.1 b) de la Ley Org\u00e1nica de Financiaci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas y no a los \u00f3rganos autonomicos correspondientes como pretend\u00eda la Junta de Extremadura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.tribunalconstitucional.es\/STC2000\/STC%202000-192.htm\">http:\/\/www.tribunalconstitucional.es\/STC2000\/STC%202000-192.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Blanqueo de capitales. <\/strong>Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se desarrollan las obligaciones de comunicaci\u00f3n de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales en cumplimiento del art\u00edculo 7.2 del Real Decreto 925\/1995. BOE del 12 de agosto de 2000, p\u00e1g. 28.861. Concretamente, se extiende la obligaci\u00f3n a aquellas operaciones realizadas con Filipinas, Islas Marshall, Israel, Niue, Rusia y San Crist\u00f3bal y Nieves.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000812_28861.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000812_28861.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Agosto_de_2000\/12_de_Agosto_de_2000\/1\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Agosto_de_2000\/12_de_Agosto_de_2000\/1<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Canarias. <\/strong>Se establecen una serie de medidas econ\u00f3micas y administrativas en la Ley 2\/2000, 17 de julio, B.O.E. de 14 de agosto de 2000, p\u00e1g. 28.973. Entre ellas, se asume por la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias la titularidad del servicio de edici\u00f3n de los boletines oficiales de las provincias (art\u00edculo 6); se modifica la ley 8\/1987, 28 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias, sobre todo, en materia de adquisiciones y enajenaciones de bienes (art\u00edculo 13); se prev\u00e9 una futura Orden de la Consejer\u00eda de Econom\u00eda y Hacienda que regular\u00e1 la presentaci\u00f3n telem\u00e1tica de declaraciones, autoliquidaciones, etc. (art\u00edculo 17); se modifica el Decreto Legislativo 1\/2000, 8 de mayo, de Ordenaci\u00f3n del Territorio en cuanto a sus art\u00edculos 61, 63, 77, 201 bis, 229 y d. tr. 2\u00aa (d. ad. 2\u00aa). Desaparicion del retracto en explotaciones tur\u00edsticas. Y as\u00ed, un mont\u00f3n de normas dentro de un triste caj\u00f3n de sastre sin ni siquiera exposici\u00f3n de motivos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000814_28973.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000814_28973.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Agosto_de_2000\/14_de_Agosto_de_2000\/5\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Agosto_de_2000\/14_de_Agosto_de_2000\/5<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Propiedad horizontal sin salida. <\/strong>Resoluci\u00f3n de 3 de julio de 2000, BOE del 24 de agosto de 2000, p\u00e1g. 30.266. La Registradora suspende la inscripci\u00f3n de la constituci\u00f3n de un edificio en r\u00e9gimen de propiedad horizontal porque uno de los elementos que se forman no tiene salida ni a la vida p\u00fablica ni a un elemento com\u00fan (como exigen el art\u00edculo 396 del C\u00f3digo Civil y el 3 de la Ley de Propiedad Horizontal), sino que se accede a trav\u00e9s de una casa colindante. La D.G.R.N. confirma la nota porque, aunque dicha casa pertenezca al mismo propietario, ello puede ser una mera situaci\u00f3n coyuntural y porque, a pesar de que tal vez se pueda arreglar la situaci\u00f3n con la constituci\u00f3n de una servidumbre de paso como alega el notario, tal posibliad no se ha planteado en el presente supuesto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000824_30266.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000824_30266.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/24_de_Agosto_de_2000\/1\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/24_de_Agosto_de_2000\/1<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>No se precisa el estado civil de un apoderado general de una sociedad mercantil para su inscripci\u00f3n.<\/strong> R. de 14 de julio de 2000, BOE 26 de agosto de 2000, p\u00e1g. 30.559. Se interpreta as\u00ed el art\u00edculo 38 del Reglamento del Registro Mercantil -precepto gen\u00e9rico- al ser, en este caso, el dato irrelevante. .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000826_30559.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000826_30559.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/26_de_Agosto_de_2000\/2\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/26_de_Agosto_de_2000\/2<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Anotaci\u00f3n de embargo no preferente.<\/strong> R. de 17 de julio de 2000, BOE 26 de agosto de 2000, p\u00e1g. 30.560. Se presenta en el Registro mandamiento de cancelaci\u00f3n ordenado en un juicio ejecutivo ordinario cuando el registrador hab\u00eda cancelado los asientos posteriores -entre ellos el del interesado- por haberse dispuesto en un ejecutivo preferente, estando ya la finca inscrita a favor de terceras personas. No cabe ahora, en consecuencia, practicar la cancelaci\u00f3n solicitada, m\u00e1xime cuando parece que lo que se pretende es cancelar por supuestos defectos formales la adjudicaci\u00f3n inscrita, exigiendo esto un procedimiento judicial dirigido contra el titular registral.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000826_30560.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000826_30560.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/26_de_Agosto_de_2000\/3\">http:\/\/es.derecho.org\/boe3\/Agosto_de_2000\/26_de_Agosto_de_2000\/3<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Seguridad social: prestaciones indebidas. <\/strong>Real Decreto 1506\/2000, 1 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 148\/1996, 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas. BOE del 5 de septiembre de 2000, p\u00e1g. 31.048.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000905_31048.gif\">http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20000905_31048.gif<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Septiembre_de_2000\/5_de_Septiembre_de_2000\/1\">http:\/\/es.derecho.org\/boe\/Septiembre_de_2000\/5_de_Septiembre_de_2000\/1<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el pr\u00f3ximo informe se resumir\u00e1n las Resoluciones publicadas el 22 de agosto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Orotava, Archidona y Bilbao, a 11 de septiembre de 2000. <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>\u00a0<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/cuadro-de-informes-mensuales-generales-de-lo-publicado-en-el-boe\/\">LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=5343\">INDICE DISPOSICIONES 2015-2016<\/a><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><b><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/normas\/2002-2015\/\">NORMAS 2002-2014<\/a>\u00a0<\/b><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><b><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/resumen-de-las-disposiciones-mas-destacadas\/\">RESUMEN DISPOSICIONES + IMPORTANTES<\/a>\u00a0<\/b><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/resoluciones\/cuadro-resoluciones-dgrn-por-meses\/\"><b>RESOLUCIONES DGRN <\/b><b>POR MESES<\/b><\/a><\/h2>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 INFORME N\u00ba 73. \u00a0 Realizado en colaboraci\u00f3n con Joaqu\u00edn Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Archidona (M\u00e1laga) y notario excedente y con la de Carlos Ballugera G\u00f3mez, registrador de la propiedad de Bilbao. Los temas que puedan resultar de mayor inter\u00e9s van al principio: \u00a0 N\u00ba 1: LEY DE TASAS DECLARADA INCONSTITUCIONAL. 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