\u00a0<\/p>\n
Equipo de redacci\u00f3n: <\/strong><\/p>\n * Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de La Orotava (Tenerife),<\/p>\n * Joaqu\u00edn Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Archidona (M\u00e1laga) y notario excedente,<\/p>\n * Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de Bilbao,<\/p>\n * Marta Casal, registradora de la propiedad de Cervera de Pisuerga (Palencia) y<\/p>\n * M\u00aa Dolores Garc\u00eda Aranaz, notaria de Eibar.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Los temas que puedan resultar de mayor inter\u00e9s van al principio dentro de cada categor\u00eda:<\/p>\n \u00a0<\/p>\n SENTENCIAS PUBLICADAS:<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n ART\u00cdCULOS ANULADOS DEL R.H.<\/strong> SENTENCIA de 31 de enero de 2001, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el art\u00edculo primero del Real Decreto 1867\/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta diversos art\u00edculos del Reglamento Hipotecario.<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6394<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010402_12273.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n ART\u00cdCULO ANULADO DEL R.H.<\/strong> SENTENCIA de 12 de diciembre de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el art\u00edculo 332.6, p\u00e1rrafo primero, del Reglamento Hipotecario, modificado por Real Decreto 1867\/1998, de 4 de septiembre. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11260.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n DISPOSICIONES GENERALES: <\/strong><\/p>\n NAVARRA.<\/strong> LEY ORG\u00c1NICA 1\/2001, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 13\/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci\u00f3n y Amejoramiento del R\u00e9gimen Foral de Navarra. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11508.gif<\/a> http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6006<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n IVA: MODELO.<\/strong> ORDEN de 28 de febrero de 2001 por la que se aprueba el modelo de solicitud de devoluci\u00f3n del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido por un empresario o profesional no establecido en el territorio de aplicaci\u00f3n del Impuesto. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11290.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n SECCION 2\u00aa BOE: <\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n ESCALAFON NOTARIAL.<\/strong> CORRECCI\u00d3N de errores de la R. de 24 de enero de 2001, de la Secretar\u00eda de Estado de Justicia, por la que se ordena publicar el escalaf\u00f3n notarial. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11702.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS.<\/strong> ORDEN de 2 de marzo de 2001 por la que se autoriza el cambio de denominaci\u00f3n del ilustre Colegio Notarial de Las Palmas. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11911.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES PROPIEDAD: <\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n ADMINISTRADOR NO INSCRITO.<\/strong> R. de 3 de febrero de 2001 DGRN. El registrador de la propiedad suspende la inscripci\u00f3n \u201cpor el defecto subsanable de la falta de inscripci\u00f3n del nombramiento de Administrador \u00fanico de la sociedad de responsabilidad limitada vendedora, en el Registro Mercantil\u201d.<\/p>\n La DG revoca el defecto con esta argumentaci\u00f3n:<\/p>\n * ha quedado suprimida la norma<\/strong> contenida en el art\u00edculo 95 del Reglamento de 14 de diciembre de 1956, por la cual se ordenaba la inadmisi\u00f3n en oficina p\u00fablica de documentos comprensivos de actos sujetos a inscripci\u00f3n obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * es incuestionable la validez de los actos<\/strong> jur\u00eddicos que, en nombre de la sociedad realice el administrador desde el mismo momento de la aceptaci\u00f3n del cargo v\u00e1lidamente conferido<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * la inscripci\u00f3n <\/strong>de tal cargo es obligatoria.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * pero, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representaci\u00f3n de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n<\/strong> que corresponde al registrador de la propiedad respecto de dicho acto<\/p>\n * no cabe desconocer las enormes dificultades pr\u00e1cticas<\/strong> que en general pueden surgir para inscribir en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad con cargo no inscrito en el Registro Mercantil. Tales dificultades son la se\u00f1aladas por la R. de 17 de diciembre de 1997.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario:<\/strong> Seg\u00fan la DG, no es obst\u00e1culo que impida de modo absoluto la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de un acto otorgado por un Administrador el no acreditarse su inscripci\u00f3n como tal en el Registro Mercantil y, por tanto, no puede basarse una nota de suspensi\u00f3n exclusivamente en tal circunstancia, sino en que a la vez, en tales casos no se ha acreditado debidamente al registrador de la propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de Administrador. Esto \u00faltimo puede ser sumamente dif\u00edcil. Parece que en cuanto a la realidad y validez se quiere convertir a estos solos efectos al registrador de la propiedad en mercantil. \u00bfY en cuanto a la vigencia? \u00bfC\u00f3mo se acredita? \u00bfQuiz\u00e1s un acta de notoriedad? La DG no da pautas, ni en la R. del 97 ni en la actual. El tema es grave, porque, dependiendo del criterio que se tome \u2013laxo o no- con tales acreditaciones, se puede generar un incumplimiento generalizado de la obligaci\u00f3n de inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil lo cual, unido al alto porcentaje de absentismo que ya existe en la presentaci\u00f3n de cuentas, en nada beneficia a la actividad econ\u00f3mica que exige transparencia e informaci\u00f3n sobre sus agentes. En la soluci\u00f3n del dilema han de preservarse ante todo \u201clos principios de publicidad y seguridad que presiden en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u201d a los que aluden coincidentemente el notario y el registrador en sus respectivos informes. (JFME).<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5505<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif<\/a> \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n IDEM.<\/strong> La R. de 23 de febrero de 2001 utiliza id\u00e9ntica argumentaci\u00f3n. Dice expresamente que en tales hip\u00f3tesis \u201chabr\u00e1 de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en t\u00e9rminos que destruyan la presunci\u00f3n de exactitud registral establecido en los art\u00edculos 20 del C\u00f3digo de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo as\u00ed que tales extremos dependen de m\u00faltiples elementos y circunstancias.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n DOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\n SUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\n DEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\n DIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n 2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n SOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\n Sociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\n Sociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\n Sociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n RESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\n Supuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\n Calificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n SUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\n Supuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\n Calificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\n Resolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n TERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\n Por iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n DEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n Seg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n SERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n * no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n * no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n INMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\n Se confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\n Tampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\n Se trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n PARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n IDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n ESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\n Calificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\n La DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n INTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\n Se planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\n Inter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\n Cambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\n Distinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\n Posibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\n Procedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n IDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n EMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n – Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\n Pese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n CANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\n Cuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n EMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\n Se ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n OPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\n Se encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\n Se pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\n La DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\n http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n \u00a0<\/p>\n CLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n -Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n -Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\n Se resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\n http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\n\n
\n
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010402_12273.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nART\u00cdCULO ANULADO DEL R.H.<\/strong> SENTENCIA de 12 de diciembre de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el art\u00edculo 332.6, p\u00e1rrafo primero, del Reglamento Hipotecario, modificado por Real Decreto 1867\/1998, de 4 de septiembre. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11260.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDISPOSICIONES GENERALES: <\/strong><\/p>\nNAVARRA.<\/strong> LEY ORG\u00c1NICA 1\/2001, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 13\/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci\u00f3n y Amejoramiento del R\u00e9gimen Foral de Navarra. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11508.gif<\/a> http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6006<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIVA: MODELO.<\/strong> ORDEN de 28 de febrero de 2001 por la que se aprueba el modelo de solicitud de devoluci\u00f3n del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido por un empresario o profesional no establecido en el territorio de aplicaci\u00f3n del Impuesto. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11290.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n SECCION 2\u00aa BOE: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESCALAFON NOTARIAL.<\/strong> CORRECCI\u00d3N de errores de la R. de 24 de enero de 2001, de la Secretar\u00eda de Estado de Justicia, por la que se ordena publicar el escalaf\u00f3n notarial. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11702.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCOLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS.<\/strong> ORDEN de 2 de marzo de 2001 por la que se autoriza el cambio de denominaci\u00f3n del ilustre Colegio Notarial de Las Palmas. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11911.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES PROPIEDAD: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nADMINISTRADOR NO INSCRITO.<\/strong> R. de 3 de febrero de 2001 DGRN. El registrador de la propiedad suspende la inscripci\u00f3n \u201cpor el defecto subsanable de la falta de inscripci\u00f3n del nombramiento de Administrador \u00fanico de la sociedad de responsabilidad limitada vendedora, en el Registro Mercantil\u201d.<\/p>\nLa DG revoca el defecto con esta argumentaci\u00f3n:<\/p>\n* ha quedado suprimida la norma<\/strong> contenida en el art\u00edculo 95 del Reglamento de 14 de diciembre de 1956, por la cual se ordenaba la inadmisi\u00f3n en oficina p\u00fablica de documentos comprensivos de actos sujetos a inscripci\u00f3n obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * es incuestionable la validez de los actos<\/strong> jur\u00eddicos que, en nombre de la sociedad realice el administrador desde el mismo momento de la aceptaci\u00f3n del cargo v\u00e1lidamente conferido<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * la inscripci\u00f3n <\/strong>de tal cargo es obligatoria.<\/strong><\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * pero, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representaci\u00f3n de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n<\/strong> que corresponde al registrador de la propiedad respecto de dicho acto<\/p>\n* no cabe desconocer las enormes dificultades pr\u00e1cticas<\/strong> que en general pueden surgir para inscribir en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad con cargo no inscrito en el Registro Mercantil. Tales dificultades son la se\u00f1aladas por la R. de 17 de diciembre de 1997.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario:<\/strong> Seg\u00fan la DG, no es obst\u00e1culo que impida de modo absoluto la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de un acto otorgado por un Administrador el no acreditarse su inscripci\u00f3n como tal en el Registro Mercantil y, por tanto, no puede basarse una nota de suspensi\u00f3n exclusivamente en tal circunstancia, sino en que a la vez, en tales casos no se ha acreditado debidamente al registrador de la propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de Administrador. Esto \u00faltimo puede ser sumamente dif\u00edcil. Parece que en cuanto a la realidad y validez se quiere convertir a estos solos efectos al registrador de la propiedad en mercantil. \u00bfY en cuanto a la vigencia? \u00bfC\u00f3mo se acredita? \u00bfQuiz\u00e1s un acta de notoriedad? La DG no da pautas, ni en la R. del 97 ni en la actual. El tema es grave, porque, dependiendo del criterio que se tome \u2013laxo o no- con tales acreditaciones, se puede generar un incumplimiento generalizado de la obligaci\u00f3n de inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil lo cual, unido al alto porcentaje de absentismo que ya existe en la presentaci\u00f3n de cuentas, en nada beneficia a la actividad econ\u00f3mica que exige transparencia e informaci\u00f3n sobre sus agentes. En la soluci\u00f3n del dilema han de preservarse ante todo \u201clos principios de publicidad y seguridad que presiden en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u201d a los que aluden coincidentemente el notario y el registrador en sus respectivos informes. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5505<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif<\/a> \u00a0<\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> La R. de 23 de febrero de 2001 utiliza id\u00e9ntica argumentaci\u00f3n. Dice expresamente que en tales hip\u00f3tesis \u201chabr\u00e1 de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en t\u00e9rminos que destruyan la presunci\u00f3n de exactitud registral establecido en los art\u00edculos 20 del C\u00f3digo de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo as\u00ed que tales extremos dependen de m\u00faltiples elementos y circunstancias.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\nDEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\nDIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010402_12273.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11260.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDISPOSICIONES GENERALES: <\/strong><\/p>\nNAVARRA.<\/strong> LEY ORG\u00c1NICA 1\/2001, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 13\/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci\u00f3n y Amejoramiento del R\u00e9gimen Foral de Navarra. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11508.gif<\/a> http:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6006<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIVA: MODELO.<\/strong> ORDEN de 28 de febrero de 2001 por la que se aprueba el modelo de solicitud de devoluci\u00f3n del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido por un empresario o profesional no establecido en el territorio de aplicaci\u00f3n del Impuesto. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11290.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n SECCION 2\u00aa BOE: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESCALAFON NOTARIAL.<\/strong> CORRECCI\u00d3N de errores de la R. de 24 de enero de 2001, de la Secretar\u00eda de Estado de Justicia, por la que se ordena publicar el escalaf\u00f3n notarial. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11702.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCOLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS.<\/strong> ORDEN de 2 de marzo de 2001 por la que se autoriza el cambio de denominaci\u00f3n del ilustre Colegio Notarial de Las Palmas. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11911.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES PROPIEDAD: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nADMINISTRADOR NO INSCRITO.<\/strong> R. de 3 de febrero de 2001 DGRN. El registrador de la propiedad suspende la inscripci\u00f3n \u201cpor el defecto subsanable de la falta de inscripci\u00f3n del nombramiento de Administrador \u00fanico de la sociedad de responsabilidad limitada vendedora, en el Registro Mercantil\u201d.<\/p>\nLa DG revoca el defecto con esta argumentaci\u00f3n:<\/p>\n* ha quedado suprimida la norma<\/strong> contenida en el art\u00edculo 95 del Reglamento de 14 de diciembre de 1956, por la cual se ordenaba la inadmisi\u00f3n en oficina p\u00fablica de documentos comprensivos de actos sujetos a inscripci\u00f3n obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * es incuestionable la validez de los actos<\/strong> jur\u00eddicos que, en nombre de la sociedad realice el administrador desde el mismo momento de la aceptaci\u00f3n del cargo v\u00e1lidamente conferido<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * la inscripci\u00f3n <\/strong>de tal cargo es obligatoria.<\/strong><\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * pero, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representaci\u00f3n de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n<\/strong> que corresponde al registrador de la propiedad respecto de dicho acto<\/p>\n* no cabe desconocer las enormes dificultades pr\u00e1cticas<\/strong> que en general pueden surgir para inscribir en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad con cargo no inscrito en el Registro Mercantil. Tales dificultades son la se\u00f1aladas por la R. de 17 de diciembre de 1997.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario:<\/strong> Seg\u00fan la DG, no es obst\u00e1culo que impida de modo absoluto la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de un acto otorgado por un Administrador el no acreditarse su inscripci\u00f3n como tal en el Registro Mercantil y, por tanto, no puede basarse una nota de suspensi\u00f3n exclusivamente en tal circunstancia, sino en que a la vez, en tales casos no se ha acreditado debidamente al registrador de la propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de Administrador. Esto \u00faltimo puede ser sumamente dif\u00edcil. Parece que en cuanto a la realidad y validez se quiere convertir a estos solos efectos al registrador de la propiedad en mercantil. \u00bfY en cuanto a la vigencia? \u00bfC\u00f3mo se acredita? \u00bfQuiz\u00e1s un acta de notoriedad? La DG no da pautas, ni en la R. del 97 ni en la actual. El tema es grave, porque, dependiendo del criterio que se tome \u2013laxo o no- con tales acreditaciones, se puede generar un incumplimiento generalizado de la obligaci\u00f3n de inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil lo cual, unido al alto porcentaje de absentismo que ya existe en la presentaci\u00f3n de cuentas, en nada beneficia a la actividad econ\u00f3mica que exige transparencia e informaci\u00f3n sobre sus agentes. En la soluci\u00f3n del dilema han de preservarse ante todo \u201clos principios de publicidad y seguridad que presiden en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u201d a los que aluden coincidentemente el notario y el registrador en sus respectivos informes. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5505<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif<\/a> \u00a0<\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> La R. de 23 de febrero de 2001 utiliza id\u00e9ntica argumentaci\u00f3n. Dice expresamente que en tales hip\u00f3tesis \u201chabr\u00e1 de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en t\u00e9rminos que destruyan la presunci\u00f3n de exactitud registral establecido en los art\u00edculos 20 del C\u00f3digo de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo as\u00ed que tales extremos dependen de m\u00faltiples elementos y circunstancias.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\nDEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\nDIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11260.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11508.gif<\/a>](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11508.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11290.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n SECCION 2\u00aa BOE: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESCALAFON NOTARIAL.<\/strong> CORRECCI\u00d3N de errores de la R. de 24 de enero de 2001, de la Secretar\u00eda de Estado de Justicia, por la que se ordena publicar el escalaf\u00f3n notarial. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11702.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCOLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS.<\/strong> ORDEN de 2 de marzo de 2001 por la que se autoriza el cambio de denominaci\u00f3n del ilustre Colegio Notarial de Las Palmas. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11911.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES PROPIEDAD: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nADMINISTRADOR NO INSCRITO.<\/strong> R. de 3 de febrero de 2001 DGRN. El registrador de la propiedad suspende la inscripci\u00f3n \u201cpor el defecto subsanable de la falta de inscripci\u00f3n del nombramiento de Administrador \u00fanico de la sociedad de responsabilidad limitada vendedora, en el Registro Mercantil\u201d.<\/p>\nLa DG revoca el defecto con esta argumentaci\u00f3n:<\/p>\n* ha quedado suprimida la norma<\/strong> contenida en el art\u00edculo 95 del Reglamento de 14 de diciembre de 1956, por la cual se ordenaba la inadmisi\u00f3n en oficina p\u00fablica de documentos comprensivos de actos sujetos a inscripci\u00f3n obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * es incuestionable la validez de los actos<\/strong> jur\u00eddicos que, en nombre de la sociedad realice el administrador desde el mismo momento de la aceptaci\u00f3n del cargo v\u00e1lidamente conferido<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * la inscripci\u00f3n <\/strong>de tal cargo es obligatoria.<\/strong><\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * pero, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representaci\u00f3n de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n<\/strong> que corresponde al registrador de la propiedad respecto de dicho acto<\/p>\n* no cabe desconocer las enormes dificultades pr\u00e1cticas<\/strong> que en general pueden surgir para inscribir en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad con cargo no inscrito en el Registro Mercantil. Tales dificultades son la se\u00f1aladas por la R. de 17 de diciembre de 1997.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario:<\/strong> Seg\u00fan la DG, no es obst\u00e1culo que impida de modo absoluto la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de un acto otorgado por un Administrador el no acreditarse su inscripci\u00f3n como tal en el Registro Mercantil y, por tanto, no puede basarse una nota de suspensi\u00f3n exclusivamente en tal circunstancia, sino en que a la vez, en tales casos no se ha acreditado debidamente al registrador de la propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de Administrador. Esto \u00faltimo puede ser sumamente dif\u00edcil. Parece que en cuanto a la realidad y validez se quiere convertir a estos solos efectos al registrador de la propiedad en mercantil. \u00bfY en cuanto a la vigencia? \u00bfC\u00f3mo se acredita? \u00bfQuiz\u00e1s un acta de notoriedad? La DG no da pautas, ni en la R. del 97 ni en la actual. El tema es grave, porque, dependiendo del criterio que se tome \u2013laxo o no- con tales acreditaciones, se puede generar un incumplimiento generalizado de la obligaci\u00f3n de inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil lo cual, unido al alto porcentaje de absentismo que ya existe en la presentaci\u00f3n de cuentas, en nada beneficia a la actividad econ\u00f3mica que exige transparencia e informaci\u00f3n sobre sus agentes. En la soluci\u00f3n del dilema han de preservarse ante todo \u201clos principios de publicidad y seguridad que presiden en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u201d a los que aluden coincidentemente el notario y el registrador en sus respectivos informes. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5505<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif<\/a> \u00a0<\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> La R. de 23 de febrero de 2001 utiliza id\u00e9ntica argumentaci\u00f3n. Dice expresamente que en tales hip\u00f3tesis \u201chabr\u00e1 de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en t\u00e9rminos que destruyan la presunci\u00f3n de exactitud registral establecido en los art\u00edculos 20 del C\u00f3digo de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo as\u00ed que tales extremos dependen de m\u00faltiples elementos y circunstancias.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\nDEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\nDIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11290.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11702.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCOLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS.<\/strong> ORDEN de 2 de marzo de 2001 por la que se autoriza el cambio de denominaci\u00f3n del ilustre Colegio Notarial de Las Palmas. http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11911.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES PROPIEDAD: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nADMINISTRADOR NO INSCRITO.<\/strong> R. de 3 de febrero de 2001 DGRN. El registrador de la propiedad suspende la inscripci\u00f3n \u201cpor el defecto subsanable de la falta de inscripci\u00f3n del nombramiento de Administrador \u00fanico de la sociedad de responsabilidad limitada vendedora, en el Registro Mercantil\u201d.<\/p>\nLa DG revoca el defecto con esta argumentaci\u00f3n:<\/p>\n* ha quedado suprimida la norma<\/strong> contenida en el art\u00edculo 95 del Reglamento de 14 de diciembre de 1956, por la cual se ordenaba la inadmisi\u00f3n en oficina p\u00fablica de documentos comprensivos de actos sujetos a inscripci\u00f3n obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * es incuestionable la validez de los actos<\/strong> jur\u00eddicos que, en nombre de la sociedad realice el administrador desde el mismo momento de la aceptaci\u00f3n del cargo v\u00e1lidamente conferido<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * la inscripci\u00f3n <\/strong>de tal cargo es obligatoria.<\/strong><\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * pero, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representaci\u00f3n de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n<\/strong> que corresponde al registrador de la propiedad respecto de dicho acto<\/p>\n* no cabe desconocer las enormes dificultades pr\u00e1cticas<\/strong> que en general pueden surgir para inscribir en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad con cargo no inscrito en el Registro Mercantil. Tales dificultades son la se\u00f1aladas por la R. de 17 de diciembre de 1997.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario:<\/strong> Seg\u00fan la DG, no es obst\u00e1culo que impida de modo absoluto la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de un acto otorgado por un Administrador el no acreditarse su inscripci\u00f3n como tal en el Registro Mercantil y, por tanto, no puede basarse una nota de suspensi\u00f3n exclusivamente en tal circunstancia, sino en que a la vez, en tales casos no se ha acreditado debidamente al registrador de la propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de Administrador. Esto \u00faltimo puede ser sumamente dif\u00edcil. Parece que en cuanto a la realidad y validez se quiere convertir a estos solos efectos al registrador de la propiedad en mercantil. \u00bfY en cuanto a la vigencia? \u00bfC\u00f3mo se acredita? \u00bfQuiz\u00e1s un acta de notoriedad? La DG no da pautas, ni en la R. del 97 ni en la actual. El tema es grave, porque, dependiendo del criterio que se tome \u2013laxo o no- con tales acreditaciones, se puede generar un incumplimiento generalizado de la obligaci\u00f3n de inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil lo cual, unido al alto porcentaje de absentismo que ya existe en la presentaci\u00f3n de cuentas, en nada beneficia a la actividad econ\u00f3mica que exige transparencia e informaci\u00f3n sobre sus agentes. En la soluci\u00f3n del dilema han de preservarse ante todo \u201clos principios de publicidad y seguridad que presiden en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u201d a los que aluden coincidentemente el notario y el registrador en sus respectivos informes. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5505<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif<\/a> \u00a0<\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> La R. de 23 de febrero de 2001 utiliza id\u00e9ntica argumentaci\u00f3n. Dice expresamente que en tales hip\u00f3tesis \u201chabr\u00e1 de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en t\u00e9rminos que destruyan la presunci\u00f3n de exactitud registral establecido en los art\u00edculos 20 del C\u00f3digo de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo as\u00ed que tales extremos dependen de m\u00faltiples elementos y circunstancias.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\nDEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\nDIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11702.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11911.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES PROPIEDAD: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\nADMINISTRADOR NO INSCRITO.<\/strong> R. de 3 de febrero de 2001 DGRN. El registrador de la propiedad suspende la inscripci\u00f3n \u201cpor el defecto subsanable de la falta de inscripci\u00f3n del nombramiento de Administrador \u00fanico de la sociedad de responsabilidad limitada vendedora, en el Registro Mercantil\u201d.<\/p>\nLa DG revoca el defecto con esta argumentaci\u00f3n:<\/p>\n* ha quedado suprimida la norma<\/strong> contenida en el art\u00edculo 95 del Reglamento de 14 de diciembre de 1956, por la cual se ordenaba la inadmisi\u00f3n en oficina p\u00fablica de documentos comprensivos de actos sujetos a inscripci\u00f3n obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * es incuestionable la validez de los actos<\/strong> jur\u00eddicos que, en nombre de la sociedad realice el administrador desde el mismo momento de la aceptaci\u00f3n del cargo v\u00e1lidamente conferido<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * la inscripci\u00f3n <\/strong>de tal cargo es obligatoria.<\/strong><\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * pero, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representaci\u00f3n de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n<\/strong> que corresponde al registrador de la propiedad respecto de dicho acto<\/p>\n* no cabe desconocer las enormes dificultades pr\u00e1cticas<\/strong> que en general pueden surgir para inscribir en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad con cargo no inscrito en el Registro Mercantil. Tales dificultades son la se\u00f1aladas por la R. de 17 de diciembre de 1997.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario:<\/strong> Seg\u00fan la DG, no es obst\u00e1culo que impida de modo absoluto la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de un acto otorgado por un Administrador el no acreditarse su inscripci\u00f3n como tal en el Registro Mercantil y, por tanto, no puede basarse una nota de suspensi\u00f3n exclusivamente en tal circunstancia, sino en que a la vez, en tales casos no se ha acreditado debidamente al registrador de la propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de Administrador. Esto \u00faltimo puede ser sumamente dif\u00edcil. Parece que en cuanto a la realidad y validez se quiere convertir a estos solos efectos al registrador de la propiedad en mercantil. \u00bfY en cuanto a la vigencia? \u00bfC\u00f3mo se acredita? \u00bfQuiz\u00e1s un acta de notoriedad? La DG no da pautas, ni en la R. del 97 ni en la actual. El tema es grave, porque, dependiendo del criterio que se tome \u2013laxo o no- con tales acreditaciones, se puede generar un incumplimiento generalizado de la obligaci\u00f3n de inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil lo cual, unido al alto porcentaje de absentismo que ya existe en la presentaci\u00f3n de cuentas, en nada beneficia a la actividad econ\u00f3mica que exige transparencia e informaci\u00f3n sobre sus agentes. En la soluci\u00f3n del dilema han de preservarse ante todo \u201clos principios de publicidad y seguridad que presiden en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u201d a los que aluden coincidentemente el notario y el registrador en sus respectivos informes. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5505<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif<\/a> \u00a0<\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> La R. de 23 de febrero de 2001 utiliza id\u00e9ntica argumentaci\u00f3n. Dice expresamente que en tales hip\u00f3tesis \u201chabr\u00e1 de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en t\u00e9rminos que destruyan la presunci\u00f3n de exactitud registral establecido en los art\u00edculos 20 del C\u00f3digo de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo as\u00ed que tales extremos dependen de m\u00faltiples elementos y circunstancias.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\nDEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\nDIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010329_11911.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif<\/a> \u00a0<\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> La R. de 23 de febrero de 2001 utiliza id\u00e9ntica argumentaci\u00f3n. Dice expresamente que en tales hip\u00f3tesis \u201chabr\u00e1 de acreditarse al Registrador de la Propiedad la realidad, validez y vigencia del nombramiento de administrador en t\u00e9rminos que destruyan la presunci\u00f3n de exactitud registral establecido en los art\u00edculos 20 del C\u00f3digo de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo as\u00ed que tales extremos dependen de m\u00faltiples elementos y circunstancias.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\nDEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\nDIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11268.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6514<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDOMICILIO EN HIPOTECAS. <\/strong>R. de 7 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSUPUESTO DE HECHO<\/strong>: Escritura de pr\u00e9stamo hipotecario en la que los copropietarios de una vivienda, hipotecan \u00e9sta conforme al art. 217 del Reglamento Hipotecario, estableciendo como domicilio para notificaciones el \u00abrese\u00f1ado como suyo en la compareciencia\u00bb.\u00a0<\/p>\nDEFECTO: <\/strong>Infracci\u00f3n del art. 130.1 de la Ley Hipotecaria.\u00a0<\/p>\nDIRECION GENERAL:<\/strong> \u00a01).-La omisi\u00f3n o el posible defecto en cuanto a la designaci\u00f3n del domicilio, NO<\/strong> produce ni la ineficacia de la hipoteca NI <\/strong>impide su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, lo \u00fanico que provoca es la imposibilidad de utilizar los procedimientos judicial o extrajudicial de ejecuci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n2).- La fijaci\u00f3n de domicilio tiene por finalidad asegurar al deudor el conocimiento de las actuaciones ejecutivas y proteger al acreedor contra\u00a0 entorpecimientos procesales derivados del cambio de domicilio. No tiene por qu\u00e9 ser \u00fanico<\/strong>, fij\u00e1ndose dos, en caso de ejecuci\u00f3n en ambos deber\u00e1n practicarse las notificaciones y requisitos que procedan.\u00a0\u00a0(MDGA)<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12465.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5786<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSOCIEDAD CIVIL.<\/strong> R. 14 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calificaci\u00f3n:<\/strong> Se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa, porque la sociedad civil adquirente carece de personalidad jur\u00eddica<\/strong> a los efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN:<\/strong> Utiliza la nota para hacer un estudio sobre el nacimiento de la personalidad jur\u00eddica en las sociedades y de paso, cambiar de criterio respecto a su anterior doctrina.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sociedades civiles sin forma mercantil.<\/strong> Parte de las R. de 31 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 1997 para pasar a revisar su doctrina. Estas RR. consideran que tan s\u00f3lo pueden tener personalidad jur\u00eddica las sociedades civiles que adopten la forma mercantil. Se basan en que no aparecen en el art\u00edculo 35.2 Cc. y excluyen una interpretaci\u00f3n \u201ca sensu contrario\u201d del art\u00edculo 1669 Cc. La actual R. defiende la personalidad jur\u00eddica de las sociedades civiles aunque no revistan forma mercantil argumentando con que el reconocimiento de su personalidad se basa en el C\u00f3digo Civil y con la posibilidad de transformaci\u00f3n de una s.r.l. en civil. Esta larga R. va desgranando los razonamientos de tipo sistem\u00e1tico, l\u00f3gico, hist\u00f3rico y sociol\u00f3gico dados por dichas RR para intentar seguidamente refutarlos. Reconoce la conveniencia para la seguridad jur\u00eddica de la inscripci\u00f3n de las sociedades civiles en un registro espec\u00edfico. \u201cPero el establecimiento de la publicidad registral, as\u00ed como la subordinaci\u00f3n del reconocimiento de personalidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llas a dicha publicidad requieren ineluctablemente una norma de rango legal que as\u00ed lo imponga (cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000, que declara nulos los art\u00edculos 81 y 269 bis del Reglamento del Registro Mercantil que permit\u00edan la inscripci\u00f3n en dicho Registro de las sociedades civiles que no tuvieran forma mercantil)\u201d.<\/p>\nSociedades civiles con forma mercantil. <\/strong>Entiende tambi\u00e9n que las sociedades civiles por su objeto que revistan forma mercantil no carecen de personalidad jur\u00eddica antes de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\nSociedades mercantiles no inscritas.<\/strong> \u201cEn la actualidad (y como consecuencia de la evoluci\u00f3n iniciada con la tesis que otro insigne tratadista mantuviera en 1951 sobre las sociedades irregulares), para la mayor\u00eda de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jur\u00eddica. Analiza, a continuaci\u00f3n, la tendencia de ciertos preceptos legales de reciente promulgaci\u00f3n de los que deduce que las sociedades mercantiles en formaci\u00f3n e irregulares gozan de personalidad jur\u00eddica -o, al menos, de cierta personalidad, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, as\u00ed como contraer obligaciones y ejercitar acciones.<\/p>\nSociedades capitalistas.<\/strong> \u201cLa inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil s\u00f3lo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran \u00absu\u00bb especial personalidad jur\u00eddica… que a\u00f1ade la limitaci\u00f3n de responsabilidad de los socios; y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad)\u201d.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Volviendo al caso concreto<\/strong>, y aunque se revoca la nota, se expresa que la sociedad debi\u00f3 de constituirse en escritura p\u00fablica ya que se aportaron inmuebles, habiendo sido nombrados tambi\u00e9n los administradores representantes en documento privado.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010323_11123.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5559<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nRESERVA DEL DERECHO DE EDIFICAR POR FASES.<\/strong> R. de 20 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: la sociedad vendedora de diversas cuotas indivisas de una finca, se reserva, por v\u00eda estatutaria<\/strong>, el derecho de \u201crealizar y declarar la obra nueva de las fases o bloques A y B, o enajenar ese derecho, as\u00ed como el de, sobre la parte de finca no edificada…, construir los nuevos edificios proyectados, vender permutar o ceder por cualquier t\u00edtulo o su reserva del derecho a edificar, realizar las oportunas declaraciones de obra nueva y las correspondientes divisiones en propiedad horizontal, se\u00f1alando las cuotas interiores de cada uno de los elementos de los exteriores y todo ello sin que le sea preciso el consentimiento de la comunidad general de propietarios y, por ello de los propietarios de los edificios ya vendidos\u201d. Y se dice adem\u00e1s que \u201cPor el s\u00f3lo hecho de la adquisici\u00f3n de cualquiera de los elementos de la propiedad horizontal, el adquirente confiere<\/strong> poder <\/strong>expreso a la compa\u00f1\u00eda mercantil …(la sociedad vendedora), o a quien de ella tenga causa, con las mismas facultades que se ha reservado y acepta la configuraci\u00f3n en este art\u00edculo expresada\u201d<\/p>\nCalificaci\u00f3n registral: <\/u>el registrador deniega lo relativo al poder<\/strong> diciendo que \u201cEl conferimiento de poder consignado en el apartado a) de los p\u00e1rrafos de la cl\u00e1usula cuarta destinados a imponer y dar rango estatutario a determinadas normas, por no constituir el otorgamiento de poder objeto de inscripci\u00f3n registral\u201d<\/p>\n\n DGRN<\/u>: Revoca la calificaci\u00f3n diciendo que \u201clos adquirentes de pisos o locales pueden conferir al transmitente o a cualquier otra persona los apoderamientos que estimen oportunos, e incluirlos en los estatutos,<\/strong> para cualquier actuaci\u00f3n no prohibida por las normas vigentes, entre ellas, y sin perder de vista la adecuada ponderaci\u00f3n de los intereses en juego, cabe admitir las encaminadas a evitar que para determinadas modificaciones de las entidades hipotecarias sea imprescindible la aprobaci\u00f3n de la Junta de propietarios, pues la exigencia de su unanimidad implica otorgar imperativamente a cada uno de ellos un exagerado derecho de veto\u201d. (JDR)<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6120<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10558.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSUBROGACI\u00d3N DE ACREEDOR HIPOTECARIO.<\/strong> R. de 21 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSupuesto de hecho<\/u>: Subrogaci\u00f3n de acreedor hipotecario, seg\u00fan Ley 2\/1994, de 30 de marzo.<\/p>\nCalificacion registral<\/u>: no es correcto a efectos del derecho real de hipoteca y de la subrogaci\u00f3n que se operan, que el nuevo tipo de inter\u00e9s se aplique a la total cantidad prestada por el nuevo banco subrogado a los deudores porque dicha cantidad engloba capital, intereses y comisiones, pendientes por raz\u00f3n del pr\u00e9stamo subrogado, pues ello implica que pasan a quedar garantizados con la hipoteca<\/strong>, en concepto de principal, cantidades por intereses-, que si bien antes estaban garantizados, lo estaban con cargo a la cantidad prevista para tal concepto, sino incluso cantidades-comisiones- que antes ni siquiera estaban garant<\/strong>izados con la hipoteca.<\/p>\nResolucion DGRN: <\/u>Da parcialmente la raz\u00f3n al registrador, pero revoca su calificaci\u00f3n, diciendo que \u201cno puede confundirse la cantidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la mencionada Ley, es necesario pagar a la entidad acreedora -y que incluye no s\u00f3lo el capital pendiente, sino tambi\u00e9n la cantidad que corresponda por \u00abintereses y comisi\u00f3n devengados y no satisfechos- con la cantidad en que se produce la subrogaci\u00f3n, que \u00fanicamente es la que se debiera por capital pendiente del pr\u00e9stamo en ese momento. Lo que ocurre es que, en el presente caso, debe decidirse \u00fanicamente si puede o no hacerse constar la subrogaci\u00f3n<\/strong> debatida en el Registro de la Propiedad -que es lo que pretende el recurrente-, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley, y esta cuesti\u00f3n ha de resolverse afirmativamente, toda vez que se han observado los requisitos previstos en tal precepto, y en concreto los necesarios para que la nota marginal exprese las nuevas condiciones pactadas del tipo de inter\u00e9s y la persona jur\u00eddica que queda subrogada en los derechos del acreedor tal y como figuran inscritos, sin que deba entrarse -como hace la Registradora- en cuestiones relativas al desenvolvimiento posterior del derecho de hipoteca\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6121<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11576.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nTERCERIA DE DOMINIO.<\/strong> R. de 1 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se debate sobre la inscripci\u00f3n de una sentencia dictada en autos de juicio de tercer\u00eda de dominio, por la cual, tras declarar el dominio de los terceristas sobre diez onceavas partes de la finca embargada, se ordena la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo practicada, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio de esas diez onceavas partes practicada a favor de los demandados en el juicio de tercer\u00eda. El registrador practica la cancelaci\u00f3n del embargo, pero deniega la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dominio<\/strong> de esas diez onceavas partes por no ser el juicio de tercer\u00eda procedimiento adecuado para ordenar dicha cancelaci\u00f3n.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La D.G. revoca la nota, porque, aun cuando de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 13 de diciembre de 1982; 11 de abril, 4 de julio y 6 de diciembre de 1989; 29 de febrero de 1994), parezca deducirse que el juicio de tercer\u00eda se limita exclusivamente a decidir sobre la pertinencia del embargo trabado (en este sentido el art\u00edculo 603 de la Ley 1\/2000, de 8 de enero), el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional que compete en exclusiva a jueces y tribunales impide al registrador, so pretexto del discutido alcance de la tercer\u00eda de dominio, desconocer la eficacia registral de una declaraci\u00f3n judicial reca\u00edda en tal juicio, por la que se afirma la pertenencia del dominio a favor de determinada persona, con base en uno de los actos o negocios que conforme al art\u00edculo 609 del C\u00f3digo Civil son aptos para provocar la transmisi\u00f3n de dicho derecho, y que aparece otorgado por persona que, dada la exigencia registral de tracto, hace posible que la inscripci\u00f3n a favor del tercerista continu\u00e9, sin interrupci\u00f3n, la cadena de titulares registrales (en otro caso, tal declaraci\u00f3n judicial solo podr\u00eda inscribirse si emanase del procedimiento adecuado cual es el expediente de dominio).<\/p>\nPor iguales motivos, no puede denegarse en todo caso la practica de la cancelaci\u00f3n de una titularidad registral incompatible con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve la tercer\u00eda y que ordena aquella cancelaci\u00f3n, pues, tal cancelaci\u00f3n puede ser necesaria para posibilitar la inscripci\u00f3n a favor del tercerista triunfante. Sin embargo, en el caso concreto, tal cancelaci\u00f3n es contraproducente, porque el tercerista vencedor adquiri\u00f3 su derecho del titular registral actual. Pero esta causa de denegaci\u00f3n no se plante\u00f3, aunque s\u00ed aludiera al tema la registradora en su informe.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11578.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6520<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nDEPOSITO DE CUENTAS.<\/strong> R. de 7 de marzo de 2001, DGRN.<\/p>\nSeg\u00fan la DG, el art\u00edculo 366.1.2.\u00b0 del Reglamento del Registro Mercantil -correctamente interpretado- exige que, de la certificaci\u00f3n del acuerdo del \u00f3rgano social que las compa\u00f1\u00edas han de presentar para obtener el dep\u00f3sito de sus cuentas anuales en el Registro, se desprenda la aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio<\/strong>, lo que no ocurre en el supuesto estudiado, ya que la aplicaci\u00f3n del resultado a la cuenta \u00ab\u00abremanente\u00bb, no relacionada en el balance de situaci\u00f3n, lo impide.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12475.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6521<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nSERVIDUMBRE DE PASO. <\/strong>R. de 5 de febrero de 2001 DGRN. Determinada Sentencia declara que una finca propiedad de los demandados debe soportar determinada servidumbre de paso permanente a la finca de los actores. Se confirman los tres defectos (todos muy claros):<\/p>\n* no constar la descripci\u00f3n de la finca gravada, con los datos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria y con los necesarios para no abrigar dudas acerca de la identidad de la finca (tampoco coincid\u00edan las rese\u00f1as catastrales),<\/p>\n* no identificarse en la descripci\u00f3n de la finca gravada el lindero junto al cual discurre la servidumbre , con lo que \u00e9sta no queda plenamente definida y, sobre todo que<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 * el predio sirviente figura ya inscrito a favor de persona distinta de las que fueron condenadas por dicha sentencia. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5506<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12477.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINMATRICULACI\u00d3N POR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.<\/strong> R. 13 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe confirma la nota de denegaci\u00f3n al estar la finca ya inmatriculada<\/strong>. Su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n era una cesi\u00f3n gratuita en documento privado de unos terrenos destinados a viales, zonas verdes y equipamientos realizada por un titular registral anterior. Para que tal cesi\u00f3n tenga reflejo registral se requiere el consentimiento del propio titular o R. judicial obtenida en procedimiento entablado contra \u00e9l. El Centro Directivo rechaza el argumento del recurrente que reclama, en base a la naturaleza urban\u00edstica de la cesi\u00f3n que se pretende inscribir, que el actual titular debe soportar la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n como consecuencia de la subrogaci\u00f3n <\/strong>que en las cargas de naturaleza urban\u00edstica ha de asumir ya que es problema de derecho material que el Registrador, con los limitados medios de que dispone no puede resolver.<\/p>\nTampoco cabe practicar la anotaci\u00f3n preventiva de suspensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 306 del Reglamento Hipotecario, porque ninguna de las partes albergaba dudas sobre la coincidencia con una finca ya inscrita.<\/p>\nSe trat\u00f3 tambi\u00e9n un asunto procedimental: El registrador, tras la presentaci\u00f3n del recurso, ampli\u00f3 la nota <\/strong>de calificaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en el art. 127 del Reglamento Hipotecario. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia acepta tal ampliaci\u00f3n dando al recurrente ocasi\u00f3n para nuevas alegaciones y as\u00ed evitar la indefensi\u00f3n. La DG entiende que el art. 127 no da pie a tal ampliaci\u00f3n.. (JFME).<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5960<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010326_11269.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nPARCELACI\u00d3N ENCUBIERTA.<\/strong> R. de 1 de febrero de 2001, DGRN. Similar a la R. 26 de junio de 1999. Se trata de una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un contrato privado de compraventa de cuota indivisa de una finca r\u00fastica, cuota que queda delimitada con el correspondiente derecho de disfrute exclusivo sobre una porci\u00f3n determinada de aqu\u00e9lla, se\u00f1alada en el plano de situaci\u00f3n que se adjunta. Se confirma la suspensi\u00f3n del registrador, ya que la parcelaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a licencia, y est\u00e1 prohibida en suelo r\u00fastico, siendo precisa tambi\u00e9n licencia, o declaraci\u00f3n de su no necesariedad, para autorizar e inscribir escrituras de divisi\u00f3n de terrenos. Aparte de ello, el acto realizado en fraude de ley no excluye la norma que hubiere tratado de eludir. Se contravienen asimismo diversas disposiciones reguladoras de la comunidad.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010327_11341.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=5556<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM.<\/strong> R. de 2 de febrero de 2001, DGRN. R. de 10 de febrero de 2001, DGRN. R. de 12 de febrero de 2001, DGRN<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10554.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10555.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010321_10557.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nESTADO ARRENDATICIO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO. <\/strong>R. de 6 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001<\/p>\nCalificaci\u00f3n: El registrador deniega la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n en el procedimiento judicial sumario por no haberse cumplido lo dispuesto en el art\u00edculo 25 n\u00famero 5 de la Ley 29\/1994 de 25 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que exige que la ausencia de arrendatarios se haga constar en escritura p\u00fablica<\/p>\nLa DGRN reitera su doctrina de que dadas las peculiaridades de la adquisici\u00f3n en virtud de ejecuci\u00f3n forzosa, no debe exigirse estrictamente que sea el transmitente el que haga esta declaraci\u00f3n y, puesto que en el procedimiento no hay tr\u00e1mites especialmente previstos para que la autoridad pueda llegar a hacer, en sustituci\u00f3n del propietario, esta afirmaci\u00f3n, debe bastar la declaraci\u00f3n de que la finca no se halla arrendada realizada por el nuevo propietario. Tal declaraci\u00f3n puede realizarse en las actuaciones judiciales o en un momento posterior, ante Notario o mediante instancia firmada o ratificada ante el Registrador. Y este criterio se mantiene aunque haya habido un peque\u00f1o cambio de redacci\u00f3n al respecto en la LAU (que en la ley de 1964 dec\u00eda (cfr. art\u00edculo 55.2) que la manifestaci\u00f3n de no hallarse la finca arrendada deb\u00eda hacerse \u201cen la escritura de venta\u201d, mientras que en la Ley vigente se dice simplemente que la manifestaci\u00f3n ha de hacerse \u201cen la escritura\u201d. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6115<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010324_11242.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nINTER\u00c9S VARIABLE EN UN PRESTAMO HIPOTECARIO EN \u201cMULTIDIVISAS\u201d.<\/strong> R. de 8 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nSe planteas numerosas cuestiones, que resuelve esta R. tan extensa.<\/p>\nInter\u00e9s variable:<\/strong> La DG estima que la cl\u00e1usula concreta sobre intereses variables no cumple los dos requisitos generales al efecto: que puedan ser determinados en su d\u00eda por un factor objetivo y que se se\u00f1ale l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad, pues en el caso concreto no se especifica el mercado financiero a considerar para el tipo de referencia, y adem\u00e1s se adiciona a dicho unos gastos, comisiones e impuestos cuya naturaleza y cuant\u00eda no est\u00e1n expresados ni determinados ni resultan determinables.<\/p>\nCambio de divisas y tope de responsabilidad hipotecaria<\/strong>: Tal como se articula el que se denomina pr\u00e9stamo \u00ab\u00abmultidivisa\u00bb\u00bb su importe es el contravalor en cualquiera de las divisas convertibles de 10.000.000 de pesetas, de suerte que en este concreto caso el prestatario recibe 8.181.150 yenes japoneses. Se atribuye al prestatario la facultad de sustituir al vencimiento de cada periodo de amortizaci\u00f3n -que es mensual- una divisa por otra, valor\u00e1ndose a tal fin la anterior al cambio vendedor y la nueva al comprador, y el mismo criterio, cambio vendedor por tanto, se aplicar\u00e1 en el caso de cambio a pesetas. La amortizaci\u00f3n habr\u00e1 de hacerse-cl\u00e1usula octava- en la divisa en que est\u00e9 cifrado en cada momento el pr\u00e9stamo y en funci\u00f3n de la misma se aplicar\u00e1 uno u otro tipo de inter\u00e9s. De todo ello se deduce que el pr\u00e9stamo tanto puede estar cifrado en pesetas como en cualquier divisa convertible en Espa\u00f1a a voluntad del prestatario y que la amortizaci\u00f3n del mismo as\u00ed como la devoluci\u00f3n de lo debido caso de vencimiento anticipado habr\u00e1 de hacerse en la divisa en que en el momento de producirse aquellas est\u00e9 cifrado. En cambio, al fijar el limite de responsabilidad hipotecaria, se dice que \u201cser\u00e1 el del importe inicial del pr\u00e9stamo en su equivalencia en pesetas<\/strong>\u00bb, lo cual es rechazado por el Registrador, y en cambio admitido por la DGRN, la cual dice que con esa f\u00f3rmula claramente se est\u00e1 estableciendo un m\u00e1ximo de responsabilidad de la finca hipotecada por tal concepto cualquiera que sea el contravalor de la suma realmente debida por raz\u00f3n de la divisa en que est\u00e9 cifrado el pr\u00e9stamo.<\/p>\nDistinci\u00f3n entre partes y terceros<\/strong> a la hora de garantizar los intereses: no cabe hacer esa distinci\u00f3n.<\/p>\nPosibilidad de que el importe de la deuda reclamada, cuando se acuda al juicio ejecutivo<\/strong>, sea acreditado conforme al sistema previsto en el art\u00edculo 1435.3.\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: La DGRN admite esa posibilidad para el ejecutivo ordinario, aunque no se cumplan las exigencias adicionales del art\u00edculo 153 de la Ley Hipotecaria, porque dice que tales exigencias aparecen establecidas para el caso de ejecuci\u00f3n por el procedimiento judicial sumario, donde las peculiaridades de su tramitaci\u00f3n no contemplan la alegaci\u00f3n de excepciones y en el que no caben otras causas de suspensi\u00f3n que las del art\u00edculo 132 de la misma Ley.<\/p>\nProcedimiento extrajudicial<\/strong> de ejecuci\u00f3n: aunque se trate de una hipoteca de m\u00e1ximo, s\u00ed es posible pactar este procedimiento de ejecuci\u00f3n, pues nada impide que acreedor en su d\u00eda pueda obtener un t\u00edtulo suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecuci\u00f3n por ese procedimiento. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6116<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11566.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nIDEM. <\/strong>R. 9 febrero 2001. BOE 28\/03\/2001: (Analoga a la anterior, de 8 febrero ). (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6117<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11567.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGO Y SUSPENSI\u00d3N DE PAGOS. <\/strong>R. de 17 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/strong><\/p>\n– Primer defecto alegado por el registrador: no constar que los cr\u00e9ditos que motivaron las ejecuciones de las que deriva el auto calificado, tengan derecho de ejecuci\u00f3n separada<\/strong> conforme a los art\u00edculos 15 y 22 de la Ley de Suspensi\u00f3n de Pagos. La DGRN revoca tal defecto seg\u00fan su doctrina de que la calificaci\u00f3n del tal extremo escapa a las funciones del Registrador, quien deber\u00e1 limitarse a comprobar que en la ejecuci\u00f3n aislada seguida se han observado las garant\u00edas y cautelas precisas para que la colectividad acreedora puede hacer valer sus derechos, esto es, que a los interventores se les ha dado la debida participaci\u00f3n para que, como \u00f3rgano encargado de velar por los intereses de aqu\u00e9lla, pueda oponerse a la ejecuci\u00f3n aislada, si la estimara improcedente por no corresponder tal derecho al actor o, en otro caso, pueda intervenir en el aval\u00fao y subasta de los bienes embargados.<\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Segundo defecto de la nota: no acreditarse la intervenci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la comisi\u00f3n liquidadora <\/strong>nombrada en el convenio inscrito. La DGRN revoca tambi\u00e9n este defecto, pues, en el caso debatido, la adjudicaci\u00f3n calificada deriva de una ejecuci\u00f3n individual iniciada despu\u00e9s del expediente de suspensi\u00f3n de pagos del ejecutado, pero concluida antes de alcanzarse en \u00e9ste un convenio, y adem\u00e1s la anotaci\u00f3n del embargo acordado y desenvuelto en aqu\u00e9lla ejecuci\u00f3n aislada es anterior a la inscripci\u00f3n del convenio, y est\u00e1 vigente al calificarse dicha adjudicaci\u00f3n. Por todo ello, (dice) es indudable que si en esa ejecuci\u00f3n aislada se dio la adecuada intervenci\u00f3n al \u00f3rgano al que en ese momento correspond\u00eda la defensa de los intereses de la colectividad acreedora, esto es, a los interventores de la suspensi\u00f3n, la actitud que estos hubieren adoptado al efecto seguir\u00e1 vinculando a aquella colectividad una vez alcanzado un convenio en el que la intervenci\u00f3n del deudor-suspenso es sustituida por un nuevo \u00f3rgano de defensa de los intereses comunes de los acreedores.<\/p>\nPese a todo ello, la DG desestima el recurso interpuesto pero sin que proceda confirmar el auto apelado por cuanto \u00e9ste se basa en la consideraci\u00f3n de argumentos contenidos en documentos que el Registrador no tuvo a la vista al formular su calificaci\u00f3n; y todo ello sin perjuicio de que una nueva calificaci\u00f3n que tenga en cuenta tales documentos. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6118<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11570.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCANCELACIONES UNA VEZ CADUCADA LA ANOTACI\u00d3N BASE. <\/strong>R. de 19 de febrero de 2001, DGRN. BOE 28\/03\/2001.<\/p>\nCuesti\u00f3n debatida: dilucidar si, cancelada la anotaci\u00f3n base del procedimiento, pueden cancelarse las posteriores a la misma. La DGRN reitera su doctrina negativa al respecto, diciendo que \u201c la caducidad de los asientos que nacen con duraci\u00f3n predeterminada se opera de modo radical y autom\u00e1tico una vez llegado el d\u00eda prefijado, y ello, trat\u00e1ndose de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, determina que las cargas posteriores mejoran de rango registral, de modo que no procede acceder a la cancelaci\u00f3n de \u00e9stas en virtud del mandamiento prevenido en los art\u00edculos 1.518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2 del Reglamento Hipotecario, dictado en el procedimiento en el que se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de aquella anotaci\u00f3n, si, al tiempo de presentarse aqu\u00e9l en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, pues, caducada la anotaci\u00f3n, el mandamiento carece de su virtualidad cancelatoria de anotaciones posteriores. (JDR)<\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6119<\/a><\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11573.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nEMBARGANTE NO DEMANDADO.<\/strong> R. de 24 de febrero de 2001 DGRN.<\/p>\nSe ordena en procedimiento penal la cancelaci\u00f3n de determinada inscripci\u00f3n por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. En el procedimiento tiene intervenci\u00f3n como responsable civil la titular registral. Con posterioridad a su inscripci\u00f3n, existe una anotaci\u00f3n de embargo a favor de un tercero. El Registrador deniega la cancelaci\u00f3n por no haberse demandado a este embargante, criterio que confirma la D.R.G.N. Los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo t\u00edtulo ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaraci\u00f3n de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo as\u00ed que la existencia del juicio en que se declar\u00f3 tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotaci\u00f3n preventiva de la demanda. As\u00ed se deduce entre otros: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24); de la eficacia \u00ab\u00ab\u00ednter partes\u00bb de la sentencia (art\u00edculo 1.252 del C\u00f3digo Civil), o del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria), que exige para su rectificaci\u00f3n el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna R. judicial en juicio declarativo contra ellos entablado. Eso s\u00ed, deber\u00e1 reflejarse registralmente la nulidad del t\u00edtulo que motiva la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares reg\u00edstrales de dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010328_11575.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6516<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nOPERACI\u00d3N COMPLEMENTARIA DE REPARCELACION.<\/strong> R. de 26 de febrero de 2001, DGRN.,<\/p>\nSe encuentra inscrita una reparcelaci\u00f3n urban\u00edstica. En ella, se incluy\u00f3, en cuanto a una finca determinada, tan s\u00f3lo una parte, excluy\u00e9ndose el resto, por lo que se segreg\u00f3 de dicha finca la porci\u00f3n afectada y, acto seguido, se cancel\u00f3 en el Registro la finca segregada, manteni\u00e9ndose -al haber sido excluido- el resto citado.<\/p>\nSe pretende ahora inscribir, sin el consentimiento del titular registral, una \u00aboperaci\u00f3n jur\u00eddica complementaria\u00bb de la reparcelaci\u00f3n expresada, por la que \u00absubsanando errores materiales\u00bb se deja sin efecto la descripci\u00f3n de resto <\/strong>\u00ab\u00abpor estar la finca totalmente agotada por la reparcelaci\u00f3n\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, est\u00e1 actualmente recurrida por el interesado en v\u00eda contenciosa.<\/p>\nLa DG parte de que es principio b\u00e1sico en nuestro sistema que la rectificaci\u00f3n del Registro presupone, como regla general, el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n. judicial supletoria. Ahora bien, del mismo modo que cabe la rectificaci\u00f3n de actuaciones jur\u00eddico-reales por resoluci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, aunque est\u00e9n inscritas en virtud de t\u00edtulo no administrativo, debe admitirse tambi\u00e9n la rectificaci\u00f3n de situaciones reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo, si en el correspondiente expediente aqu\u00e9l es alterado (arts. 102 y ss. LPA). No es, por tanto, inexcusable en tales casos el consentimiento de los titulares afectados o la resoluci\u00f3n judicial supletoria, sino que bastar\u00e1 con que se trate de expedientes rectificadores<\/strong> en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente para la modificaci\u00f3n que se acuerde y se cumplan en ella las garant\u00edas legales establecidas a favor de las personas afectadas<\/strong>.<\/p>\n\nLo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v\u00eda administrativa el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de un proyecto de reparcelaci\u00f3n, no cabe ahora, so pretexto de una rectificaci\u00f3n de errores, en una llamada \u00aboperaci\u00f3n complementaria\u00bb, introducir una modificaci\u00f3n del alcance de la que ahora se cuestiona, que desborda claramente lo que es un mero error material<\/strong> o una actuaci\u00f3n complementaria, consistente en la eliminaci\u00f3n del Registro de una finca que se declar\u00f3 exceptuada de la reparcelaci\u00f3n. En consecuencia, no cabe acceder al reflejo registral de tal modificaci\u00f3n si no media el consentimiento del titular o la resoluci\u00f3n judicial supletoria.<\/li>\n<\/ol>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12467.gif\"){kind=link}
![http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6517<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\nCLAUSULAS DE HIPOTECAS. <\/strong>R. de 27 de febrero de 2001, DGRN.<\/p>\n-Defecto 1\u00ba: Indeterminaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas relativas a la fijaci\u00f3n de los intereses ordinarios y moratorios que devengar\u00e1 el pr\u00e9stamo que se garantiza con la hipoteca cuya inscripci\u00f3n se pretende, toda vez que, pact\u00e1ndose la variabilidad del tipo de inter\u00e9s aplicable, no se establece tope m\u00e1ximo<\/strong> a la variaci\u00f3n de unos y otros, y en la cl\u00e1usula de constituci\u00f3n de hipoteca, aunque se estipula un tipo m\u00e1ximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se a\u00f1ade que tal fijaci\u00f3n lo es a \u201cefectos meramente hipotecarios<\/strong>\u201d. Debe tenerse en cuenta que, trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios, el principio de determinaci\u00f3n registral se predica s\u00f3lo respecto del derecho real que se inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensi\u00f3n, siendo irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del pr\u00e9stamo garantizado que no influyan en el juego de la garant\u00eda, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijaci\u00f3n de un tipo m\u00e1ximo al que pueden ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se se\u00f1ala el l\u00edmite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas all\u00e1 del cual no podr\u00e1n ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor deudor, fueren superiores. Con la expresi\u00f3n \u00ab\u00aba efectos meramente hipotecarios\u00bb se define el alcance del propio derecho real de hipoteca, con alcance tanto inter-partes como \u00aberga ornes\u00bb. Se revoca.<\/p>\n-Defecto 2: Se suspende un pacto relativo al procedimiento ejecutivo<\/strong> com\u00fan por tratarse de materias sustra\u00eddas a la autonom\u00eda de la voluntad, y por vulnerar lo dispuesto en los art\u00edculos 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 153 de la Ley Hipotecaria, y 245 del Reglamento Hipotecario. Pero seg\u00fan el centro directivo es posible un cierto margen a la autonom\u00eda de la voluntad<\/strong>, en cuanto viene a permitir el pacto por el cual, a efectos de proceder ejecutivamente, el saldo pueda acreditarse por certificaci\u00f3n de la entidad acreedora.<\/p>\nSe resuelve, igualmente que, aunque se suspenda la inscripci\u00f3n de los intereses, es posible la inscripci\u00f3n parcial<\/strong> en cuanto al principal.<\/p>\nhttp:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12472.gif<\/a><\/p>\nhttp:\/\/v2.vlex.com\/vlex2\/front\/asp\/boe_detalle.asp?Articulo=6519<\/a><\/p>\n\u00a0<\/p>\n RESOLUCIONES MERCANTIL: <\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n](\"http:\/\/www.cde.ua.es\/boe\/frame.htm?boe20010403_12469.gif\"){kind=link}
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