{"id":29144,"date":"2016-11-01T17:45:34","date_gmt":"2016-11-01T16:45:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=29144"},"modified":"2017-01-18T21:10:56","modified_gmt":"2017-01-18T20:10:56","slug":"resoluciones-dgrn-noviembre-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/por-meses\/resoluciones-dgrn-noviembre-2016\/","title":{"rendered":"Resoluciones Direcci\u00f3n General de los Registros y el Notariado. Noviembre 2016"},"content":{"rendered":"<\/a>
<\/a>INFORME N\u00ba 266. (BOE NOVIEMBRE de 2016).<\/strong><\/span><\/h6>\n

Segunda Parte: RESOLUCIONES.<\/strong><\/span><\/h1>\n

Ir a la Primera Parte (Disposiciones y Secci\u00f3n II)<\/a><\/strong><\/span><\/h2>\n

 <\/p>\n<\/a>

VALORACI\u00d3N DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:<\/strong><\/span><\/h6>\n

Se van a seguir estos criterios a juicio\u00a0de las personas que las resumen:<\/strong><\/p>\n

() \u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0Reiterativa o de escas\u00edsimo inter\u00e9s<\/p>\n

* \u00a0<\/strong> \u00a0 \u00a0Poco inter\u00e9s o muy del caso concreto<\/p>\n

** \u00a0<\/strong> \u00a0Interesante (categor\u00eda est\u00e1ndar)<\/p>\n

*** \u00a0<\/strong>Muy interesante.<\/p>\n

\u21d2\u21d2\u21d2<\/strong> Imprescindible. \u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>428.** PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH. CALIFICACI\u00d3N DEL REGISTRADOR. MOTIVACI\u00d3N DE LA CALIFICACI\u00d3N
\n <\/span><\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 10 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Corralejo a inscribir una representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral.<\/p>\n

Debe decidirse en este expediente si es inscribible la representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral de una finca una vez tramitado el expediente del art. 199 LH<\/a><\/p>\n

La registradora alberga dudas basadas en: las diferencias descriptivas existentes en las fincas registrales colindantes entre el catastro y el registro; consta en el historial previo de las fincas operaciones de segregaci\u00f3n divisi\u00f3n y agrupaci\u00f3n; y que uno de los cotitulares se opone.<\/p>\n

El recurrente alega falta de motivaci\u00f3n, extemporaneidad en las alegaciones e irregularidades en la inscripci\u00f3n de la cabida en inscripciones anteriores.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n<\/strong> confirma la nota. Rechaza la falta de motivaci\u00f3n: la argumentaci\u00f3n ser\u00e1 suficiente si expresa suficientemente la raz\u00f3n que justifica la negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa. En este caso se se\u00f1alan las dudas que a juicio de la registradora impiden la inscripci\u00f3n de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica, y los fundamentos en los que se apoya para justificarlas.<\/p>\n

En cuanto al fondo del asunto la Direcci\u00f3n reitera su doctrina acerca de la incorporaci\u00f3n al registro de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica de una finca y el procedimiento para realizarlo. Establece que es aplicable el procedimiento del art. 199 LH<\/a>, pero que del tenor del art. 9<\/a> se deduce la posibilidad de inscripci\u00f3n de representaci\u00f3n gr\u00e1fica sin tramitaci\u00f3n previa de dicho procedimiento, en los supuestos en los que no existan diferencias superficiales o \u00e9stas no superen el l\u00edmite m\u00e1ximo del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificaci\u00f3n de la finca inscrita ni su correcta diferenciaci\u00f3n respecto de los colindantes.\u00a0 RR de 12 de febrero de 2016<\/a> y de 17 de noviembre de 2015<\/a>. En todo caso ha de aportarse certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica, que debe ser objeto de calificaci\u00f3n por el registrador<\/strong>: Las dudas que en tales casos puede albergar el registrador han de referirse a que la representaci\u00f3n gr\u00e1fica de la finca coincida en todo o parte con otra base gr\u00e1fica inscrita o con el dominio p\u00fablico, a la posible invasi\u00f3n de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificaci\u00f3n de entidad hipotecaria.<\/p>\n

En el presente caso resultan claramente identificadas y fundamentadas las dudas de la registradora en cuanto a la posible invasi\u00f3n de fincas colindantes: se basa en la comparaci\u00f3n\u00a0 de las descripciones registrales y catastrales de las fincas colindantes, no en las alegaciones del colindante, por lo que se rechaza la afirmaci\u00f3n sobre la extemporaneidad de la presentaci\u00f3n de tales alegaciones. Toda vez que tales dudas impiden la inscripci\u00f3n de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica, podr\u00e1 acudirse a la previsi\u00f3n que a este efecto se contiene en el art\u00edculo 199: \u00absi la incorporaci\u00f3n de la certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica fuera denegada por la posible invasi\u00f3n de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podr\u00e1 instar el deslinde conforme al art\u00edculo siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificaci\u00f3n solicitada, bien en documento p\u00fablico, bien por comparecencia en el propio expediente y ratificaci\u00f3n ante el Registrador, que dejar\u00e1 constancia documental de tal circunstancia, siempre que con ello no se encubran actos o negocios jur\u00eddicos no formalizados e inscritos debidamente<\/em>\u00bb.<\/p>\n

Por \u00faltimo y, respecto de las alegaciones relativas a las irregularidades en la tramitaci\u00f3n del procedimiento que caus\u00f3 la inscripci\u00f3n de un exceso de cabida en una finca colindante, debe reiterarse la doctrina de que el objeto del recurso tiene por objeto las calificaciones del Registrador y\u00a0 que una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos. (MN)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2016-10061 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 211 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>429.** \u00a0LEY 2\/2009\u00a0y PRESTAMISTA PROFESIONAL. PODER, COPIA AUTORIZADA y JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA.
\n <\/span><\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 10 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Valencia n.\u00ba 11, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de cesi\u00f3n parcial de pr\u00e9stamo hipotecario entre particulares.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura, complementada por otra, en virtud de la cual se cede la posici\u00f3n jur\u00eddica acreedora del prestamista en un pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria. El adquirente manifiesta que no es un prestamista profesional. En la primera escritura se aporta copia simple de un poder, pero no se emite juicio de suficiencia. En la segunda se hace uso de un poder contenido en la escritura complementada, pero no se dice que se exhibe copia autorizada.<\/p>\n

La registradora <\/strong>encuentra dos defectos: que el cesionario<\/strong> es un prestamista profesional, a pesar de su aseveraci\u00f3n en contra, pues figura como titular de otros pr\u00e9stamos hipotecarios<\/strong>. Y, en cuanto a los poderes<\/strong>, que falta el juicio de suficiencia notarial en la primera escritura, y la exhibici\u00f3n al notario autorizante de copia autorizada en la segunda.<\/p>\n

El interesado<\/strong> recurre y alega, en cuanto a los poderes, que al exhibirse al registrador la copia autorizada de la primera escritura puede comprobar por s\u00ed mismo las facultades del apoderado, y en cuanto a la escritura complementaria, que el poder consta en el cuerpo de la escritura, que tambi\u00e9n tiene a la vista el registrador. En cuanto a la consideraci\u00f3n de prestamista profesional del cesionario, alega que la apreciaci\u00f3n de la registradora es subjetiva e imprecisa, que se trata de un jubilado y que \u00fanicamente ha otorgado 2 pr\u00e9stamos en los \u00faltimos seis a\u00f1os y por cuestiones personales.<\/p>\n

La DGRN<\/strong> desestima el recurso. En cuanto al poder recuerda su doctrina de que el notario deber\u00e1 hacer constar el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas<\/strong>, congruente con el contenido del t\u00edtulo mismo, y que se le han acreditado dichas facultades mediante la exhibici\u00f3n de documentaci\u00f3n aut\u00e9ntica <\/strong>y la expresi\u00f3n de los datos identificativos del documento del que nace la representaci\u00f3n. En la primera escritura falta ese juicio de suficiencia, y en la segunda escritura falta la menci\u00f3n a la exhibici\u00f3n de copia aut\u00e9ntica o al menos a la existencia en el protocolo del original sin nota de revocaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 166.2 del Reglamento Notarial<\/a>.<\/p>\n

En cuanto al segundo defecto, entiende\u00a0que,\u00a0para considerar a un prestamista como profesional basta la existencia de dos pr\u00e9stamos, <\/strong>lo \u00a0que constituye indicio suficiente acerca de la cuesti\u00f3n debatida y justificaci\u00f3n adecuada para exigir bien el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la citada ley o bien una prueba satisfactoria de su no necesidad. Admite como prueba negativa, <\/strong>cuya carga atribuye al prestamista, el acta notarial de notoriedad<\/strong> que, en este supuesto concreto, podr\u00eda ir dirigida a la acreditaci\u00f3n de la amistad existente entre los deudores y el acreedor y al estado de necesidad de los primeros que operar\u00eda como causa de la concesi\u00f3n excepcional del pr\u00e9stamo.<\/p>\n

COMENTARIO:<\/strong> Respecto de los poderes hay que sacar como conclusi\u00f3n de la posici\u00f3n de la DGRN que, en la pr\u00e1ctica, el notario tendr\u00e1 que emitir siempre el juicio de suficiencia del poder sobre la base de la copia simple, advirtiendo de la falta de copia autorizada, pues en otro caso habr\u00e1 de subsanar ese defecto registral mediante diligencia; y por otro lado, si no se le exhibe copia autorizada del poder al notario, no se subsanar\u00e1 la omisi\u00f3n exhibiendo la copia autorizada al registrador, con lo que tendr\u00e1 que exhibirse al notario, y \u00e9ste reflejarlo por diligencia, de la que se emitir\u00e1 copia para el Registro lo cual parece, como m\u00ednimo, excesivamente formalista, pues el Registrador puede comprobar por s\u00ed mismo tanto la existencia de la copia autorizada, como las facultades contenidas evitando un nuevo viaje documental de ida y vuelta.<\/p>\n

Respecto del car\u00e1cter profesional del prestamista, el notario, al no tener acceso al Servicio de Interconexi\u00f3n de los Registros, no podr\u00e1 ejercer adecuadamente su funci\u00f3n, por lo que parece imprescindible que se le permita el acceso a dicho servicio para ejercer su funci\u00f3n \u00a0y velar por la legalidad, al menos en este tipo de operaciones, pues no olvidemos que en tal caso la subsanaci\u00f3n del pr\u00e9stamo o de la cesi\u00f3n no es posible y habr\u00eda que empezar la operaci\u00f3n de nuevo desde el principio (FIPER, seguro profesional, etc).\u00a0(AFS)<\/span><\/p>\n

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PDF (BOE-A-2016-10062 – 12 p\u00e1gs.<\/abbr> – 254 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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<\/a>430.*** REGISTRO DE BIENES MUEBLES. PRENDA SOBRE LICENCIA DE TAXI. SU CONSTITUCI\u00d3N BAJO CONDICI\u00d3N SUSPENSIVA.
\n <\/span><\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 10 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador mercantil y de bienes muebles I de Zaragoza en relaci\u00f3n a una prenda de licencia de taxi.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se presenta en el RBM una prenda sin desplazamiento sobre una licencia de taxi.<\/p>\n

El registrador considera que no es inscribible<\/strong>, entre otros defectos relativos a errores en el t\u00edtulo, o cl\u00e1usulas sin eficacia real, por no acreditarse la autorizaci\u00f3n del Ayuntamiento para la constituci\u00f3n de la prenda<\/strong>, indispensable para la inscripci\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria<\/a>, exigida tambi\u00e9n por el art\u00edculo 6 del Reglamento Municipal del Servicio Urbano de autotaxi de Zaragoza. La autorizaci\u00f3n es necesaria por cuanto la prenda, aun no significando una transmisi\u00f3n actual, s\u00ed implica la posibilidad de una transmisi\u00f3n en caso de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

El interesado recurre y alega la Resoluci\u00f3n de 30 de Mayo de 2016 de la DGRN<\/a><\/strong> que permiti\u00f3 la prenda sin desplazamiento de licencias de taxi y que adem\u00e1s dijo que el Registrador comunicar\u00e1 de oficio esta circunstancia -la constituci\u00f3n de la prenda- a la Administraci\u00f3n P\u00fablica competente mediante certificaci\u00f3n emitida al efecto.<\/p>\n

Doctrina:<\/strong> La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

Parte de la base de que lo esencial en este tipo de prendas es indagar acerca de la enajenabilidad de los bienes objeto de la garant\u00eda.<\/p>\n

Para ello aplica el Reglamento Municipal del Servicio Urbano de Autotaxi<\/strong>, en el supuesto de la resoluci\u00f3n el de Zaragoza, del cual resulta que las licencias son enajenables en determinadas condiciones y que en todo caso su transmisi\u00f3n exige la autorizaci\u00f3n del Ayuntamiento.<\/p>\n

Por ello confirma la nota si bien dice que debe admitirse la posibilidad \u201cde constituir prenda sobre licencia de taxi, sujeta a la condici\u00f3n suspensiva<\/strong> de la obtenci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n del Ayuntamiento, \u2026 por cuanto no puede decirse que en estos casos estemos en presencia de verdaderas \u00abconditio iuris\u00bb, dado que adem\u00e1s la transmisi\u00f3n se llevar\u00e1 a efecto, en su caso, con su ejecuci\u00f3n hipotecaria(sic). En este sentido quien est\u00e9 interesado en participar en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria (sic) en calidad de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario, deber\u00e1 comunicarlo al Ayuntamiento al objeto de obtener la oportuna autorizaci\u00f3n, que se otorgar\u00e1 siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos en la normativa Municipal\u201d.<\/p>\n

Comentario<\/strong>: La resoluci\u00f3n, a la vista de las normas municipales aplicables al supuesto y al propio FD antes transcrito, no queda suficientemente clara.<\/p>\n

Por una parte confirma la nota, por lo que en principio parece que no es posible la inscripci\u00f3n de la prenda sin esa autorizaci\u00f3n. Pero por otra nos dice que es posible constituirla bajo condici\u00f3n suspensiva.<\/p>\n

De ello deducimos<\/strong> lo siguiente:<\/p>\n

1\u00ba. Que si la licencia, de la clase que sea, est\u00e1 sujeta en cuanto a su transmisi\u00f3n, a autorizaci\u00f3n administrativa, no puede inscribirse sin dicha autorizaci\u00f3n.<\/p>\n

2\u00ba. Que para que la prenda de esas licencias sean inscribibles sin autorizaci\u00f3n, deben constituirse bajo condici\u00f3n suspensiva pero en el sentido que ahora veremos.<\/p>\n

3\u00ba. Que debe hacerse constar en el t\u00edtulo de su constituci\u00f3n que para adjudicarse la licencia por parte del acreedor o para ser postor en la subasta, deber\u00e1n cumplirse las exigencias establecidas en las normas municipales aplicables al caso.<\/p>\n

Dada la gran variabilidad <\/strong>de las normas municipales aplicables a estas licencias de taxis, cuando nos encontremos ante una de ellas deberemos examinar muy cuidadosamente el car\u00e1cter y naturaleza<\/strong> de las normas que las disciplinan. Una vez hecho esto creemos que lo que puede sujetarse a condici\u00f3n suspensiva<\/strong>, no es la constituci\u00f3n de la prenda en s\u00ed, sino su ejecuci\u00f3n<\/strong>, o mejor dicho su adjudicaci\u00f3n<\/strong> al mejor postor o al acreedor en pago de su cr\u00e9dito. Esto es en definitiva lo que creemos que ha querido decir la DG en el transcrito FD. Y lo que es m\u00e1s conforme con la posibilidad de constituir hipoteca sobre bienes sujetos a condiciones resolutorias o en otras situaciones especiales (cfr. art. 107 LH<\/a>). Aclaremos adem\u00e1s que la prenda se va a constituir sobre los derechos derivados de la licencia, no sobre la licencia en s\u00ed.<\/p>\n

Inscribir un derecho real sujeto a condici\u00f3n suspensiva no parece lo m\u00e1s ajustado a la naturaleza de todo derecho real de garant\u00eda, aunque sea mobiliaria. No obstante un caso muy especial de hipoteca sujeta a condici\u00f3n suspensiva fue admitido en la resoluci\u00f3n de la DGRN de 2 de septiembre de 2008.<\/a>\u00a0(JAGV)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2016-10063 \u2013 4\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 171\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>431.* ASIENTOS YA PRACTICADOS. LEGITIMACI\u00d3N REGISTRAL
\n <\/span><\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 10 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que acuerda no practicar la rectificaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n de escritura de herencia.\u00a0<\/p>\n

Hechos:<\/strong><\/p>\n

\u00a0El supuesto planteado consiste en la elevaci\u00f3n a escritura p\u00fablica, en 2015, de un documento autorizado por notario ingl\u00e9s que ya hab\u00eda causado inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad en el a\u00f1o 2004. La raz\u00f3n por la que se procedi\u00f3 a dicha elevaci\u00f3n a p\u00fablico radicaba en la expedici\u00f3n en el a\u00f1o 2004 de una nota informativa err\u00f3nea.<\/p>\n

El registrador rechaza la inscripci\u00f3n<\/strong> del documento ya que los derechos cuya inscripci\u00f3n se pretende constaban inscritos a favor de las mismas personas no siendo por tanto procedente la rectificaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n, al estar debidamente practicada y por tanto bajo la salvaguarda de los Tribunales.<\/p>\n

El notario recurrente<\/strong>, por su parte alega que con la autorizaci\u00f3n de dicha Escritura se pretend\u00edan cumplir tres objetivos:<\/p>\n

-el\u00a0 primero, registral, consistente en la rectificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n\/inscripci\u00f3n del registro.<\/p>\n

-el segundo,\u00a0 documental, con el fin de obtener todos los efectos que s\u00f3lo producen las escrituras espa\u00f1olas y no otros documentos espa\u00f1oles o extranjeros.<\/p>\n

– y el \u00faltimo objetivo, de car\u00e1cter notarial para proveer a los interesados de un \u00fanico t\u00edtulo.<\/p>\n

Decisi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

La Direcci\u00f3n General desestima el recurso y confirma la nota de<\/strong> calificaci\u00f3n del registrador, puesto que lo \u00a0presentado \u00a0a inscripci\u00f3n, una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un documento notarial extranjero,\u00a0 ya fue objeto de inscripci\u00f3n.<\/p>\n

Esto implica que \u00a0el asiento practicado est\u00e1 bajo la salvaguardia de los tribunales y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los t\u00e9rminos establecidos en la Ley Hipotecaria (cfr. art\u00edculo 1, p\u00e1rrafo tercero, de la Ley Hipotecaria<\/a>), cerr\u00e1ndose el Registro a otros t\u00edtulos formales relativos a la misma transmisi\u00f3n y a otros que sean contradictorios (cfr. art\u00edculo 17 de la Ley Hipotecaria<\/a>).<\/p>\n

Y por ello, si en su d\u00eda se expidi\u00f3 una nota informativa err\u00f3nea, como as\u00ed reconoce el registrador, la expedici\u00f3n de dicha nota informativa podr\u00e1 implicar la correspondiente responsabilidad civil, pero ello no implica que en el asiento se hubiera cometido alg\u00fan tipo de inexactitud, cuesti\u00f3n que podr\u00eda haber quedado resuelta con la necesaria coordinaci\u00f3n entre notario y registrador, mediante la constancia en el documento de que dicha transmisi\u00f3n ya constaba inscrita correctamente, sin necesidad de provocar una nota de calificaci\u00f3n negativa, un recurso y una resoluci\u00f3n por esta Direcci\u00f3n General.<\/p>\n

Comentario:<\/strong><\/p>\n

Esta resoluci\u00f3n, deja claro que ante la presentaci\u00f3n en un registro de un documento que refleje una operaci\u00f3n debidamente inscrita, en ning\u00fan caso deber\u00e1 de ser objeto de calificaci\u00f3n negativa, bastando hacer constar en el documento \u201cque no se practica operaci\u00f3n registral alguna al constar la misma inscrita\u00a0 en los libros del registro\u201d, a\u00f1adiendo los datos de inscripci\u00f3n y \u00a0evitando de este modo una nota, un recurso y una resoluci\u00f3n innecesarios. (MGV)<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2016-10064 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 176 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>432.*** DESLINDE ADMINISTRATIVO
\n <\/span><\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de La Vecilla, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un certificado de acuerdo de deslinde.<\/p>\n

Hechos:\u00a0<\/strong>Se efect\u00faa un deslinde administrativo llevado a cabo por una entidad local menor (Junta Vecinal) en virtud del cual una finca registral de su propiedad pasar\u00eda de 40.000 a 62.000 metros cuadrados (casi 50.000 en Catastro). Hay una finca colindante por el Este de 21000 m2 que se ha inmatriculado, al parecer, durante el procedimiento de deslinde.<\/p>\n

La registradora<\/strong>\u00a0considera que el deslinde supone ampliar la parcela p\u00fablica por el lindero Este, que esa ampliaci\u00f3n puede afectar al titular de la finca colindante inscrita, y que la v\u00eda adecuada para ello es la acci\u00f3n reivindicatoria.<\/p>\n

El interesado <\/strong>(la Junta Vecinal) recurre y alega que la finca que se deslinda ha sufrido una usurpaci\u00f3n, pues la parcela colindante por el Este ten\u00eda hist\u00f3ricamente una superficie de 6000 m2 en Catastro y de forma indebida ha pasado a tener 21.000 m2 en Catastro e inscribirse en el Registro. Se queja tambi\u00e9n que la citada finca se ha inmatriculado en el Registro despu\u00e9s de practicada la nota marginal de inicio del deslinde. A\u00f1ade que el fin del deslinde, precisamente, es restablecer los l\u00edmites correctos de la parcela p\u00fablica.<\/p>\n

La DGRN<\/strong>\u00a0desestima el recurso y hace un extenso y did\u00e1ctico estudio sobre la figura del deslinde administrativo en general, y su encaje con el Registro.<\/p>\n

En cuanto a su naturaleza,<\/strong>\u00a0declara que el acto administrativo de deslinde es el que tiene por objeto determinar los l\u00edmites concretos de los bienes p\u00fablicos, el cual podr\u00e1 ser impugnado ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa<\/strong>, que es la competente para conocer de cualquier controversia sobre vicios de competencia y procedimiento, como conjunto de actos dictados en ejercicio de una potestad administrativa, conforme a un procedimiento establecido, o ante la jurisdicci\u00f3n civil<\/strong> para resolver los litigios en que se discutan cuestiones de fondo en torno a la propiedad de los bienes<\/p>\n

Reconoce que el deslinde administrativo es un t\u00edtulo apto para inmatricular<\/strong> la finca en el Registro de la Propiedad y, si ya est\u00e1 inscrita, el art\u00edculo 68 del Real\u00a0Decreto 1372\/1986<\/a>, de 13 de junio permite la inscripci\u00f3n del deslinde firme.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, diferencia entre\u00a0deslinde y acci\u00f3n reivindicatoria<\/strong>: El deslinde hace referencia a confusi\u00f3n de linderos, y conlleva la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n; La acci\u00f3n reivindicatoria hace referencia a controversia de t\u00edtulos de propiedad. Por ello el TS declara que el deslinde no puede convertirse en una acci\u00f3n reivindicatoria simulada, y no puede con tal pretexto la Administraci\u00f3n hacer declaraciones de propiedad sobre terrenos en los que los particulares ostenten derechos de propiedad y prueben una posesi\u00f3n superior a un a\u00f1o, ya que el deslinde s\u00f3lo sirve para la fijaci\u00f3n precisa de la situaci\u00f3n posesoria entre las fincas deslindadas.<\/p>\n

Finalmente, en cuanto a los\u00a0efectos del deslinde en relaci\u00f3n con los asientos registrales<\/strong>\u00a0de otras fincas, recuerda que la jurisprudencia se\u00f1ala que en todo expediente de deslinde administrativo ha de ser respetado el principio de legitimaci\u00f3n registral del art\u00edculo 38 de la LH, a tenor del que se presume a todos los efectos que los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo.<\/p>\n

Como resumen,\u00a0el deslinde (salvo casos especiales como el de Costas o de V\u00edas Pecuarias) limita su eficacia al \u00e1mbito estrictamente posesorio<\/strong>, lo que impide que pueda considerase como t\u00edtulo declarativo de propiedad a favor de la Administraci\u00f3n, y, por tanto, no es suficiente para rectificar las inscripciones registrales contradictorias con el deslinde. En el presente caso concluye que se trata de un conflicto de t\u00edtulos y no de confusi\u00f3n de linderos.<\/p>\n

En cuanto a la\u00a0nota marginal registral de inicio del expediente de deslinde<\/strong>\u00a0y el posible cierre registral para otros t\u00edtulos, concluye que no provoca ese efecto, y que, en todo caso, la finca colindante ya fue inscrita y est\u00e1 bajo la salvaguardia de los tribunales.<\/p>\n

Respecto de la\u00a0calificaci\u00f3n del registrador de los documentos administrativos<\/strong>, recuerda que es m\u00e1s amplia que en los judiciales y le corresponde examinar, entre otros extremos, la observancia de los\u00a0tr\u00e1mites esenciales del procedimiento<\/strong>\u00a0seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garant\u00edas que para los particulares est\u00e1n establecidas por las leyes y los reglamentos, con el exclusivo objeto de que cualquier titular registral no pueda ser afectado si, en el procedimiento objeto de la resoluci\u00f3n, no ha tenido la intervenci\u00f3n prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensi\u00f3n procesal.<\/p>\n

Concluye que el t\u00edtulo administrativo presentado es insuficiente, en este caso, para rectificar el contenido de los asientos registrales en perjuicio de tercero, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que se estimen procedentes.<\/p>\n

COMENTARIO:<\/strong>\u00a0De dicha doctrina parece deducirse, como conclusi\u00f3n, que el deslinde administrativo\u00a0 s\u00ed es un t\u00edtulo declarativo apto para modificar la descripci\u00f3n de la finca registral e inscribir, en su caso, el exceso de cabida, pero\u00a0 si perjudica a un tercero inscrito entonces no es apto para rectificar el Registro (salvo deslindes especiales), ya que la v\u00eda correcta es ejercitar la acci\u00f3n reivindicatoria en la v\u00eda jurisdiccional, y todo ello sin perjuicio de su plena validez a efectos posesorios.<\/p>\n

Las \u201croderas<\/strong>\u201d que menciona el recurrente y que llaman la atenci\u00f3n a la DGRN, hacen referencia a la marca que dejan las ruedas de los veh\u00edculos pesados al pasar por un terreno blando, que no es camino pero que puede parecerlo en una vista a\u00e9rea y confundir, como al parecer le ha ocurrido al Catastro, que considera a esas roderas camino, y posiblemente haya influido en la delimitaci\u00f3n de las parcelas, de lo cual se queja el recurrente.\u00a0(AFS)<\/p>\n

\n

PDF (BOE-A-2016-10065 – 16 p\u00e1gs.<\/abbr> – 290 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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<\/a>433.** INMATRICULACI\u00d3N. ACTA DE NOTORIEDAD TRAMITADA ANTES DE LA LEY 13\/2015
\n <\/span><\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Torrox, por la que se suspende la inmatriculaci\u00f3n de una finca solicitada en virtud de t\u00edtulo p\u00fablico complementado con acta de notoriedad.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se pretende la inmatriculaci\u00f3n de una finca en base a un t\u00edtulo que se complementa con un acta de notoriedad complementaria de t\u00edtulo p\u00fablico iniciada antes de la entrada en vigor de la ley 13\/2015 y terminada despu\u00e9s. Se da la particularidad de que una copia de dicha acta, sin terminar, fue presentada en el Registro de la Propiedad en Octubre de 2015, por tanto antes de la entrada en vigor de la Ley, aunque caduc\u00f3 el asiento. Finalmente el acta se termin\u00f3 en 2016 declar\u00e1ndose la notoriedad conforme al requerimiento y a la antigua legislaci\u00f3n.<\/p>\n

El registrador<\/strong> deniega la inscripci\u00f3n porque la notoriedad debe de ir referida no s\u00f3lo al hecho de ser considerado propietario, sino tambi\u00e9n a la fecha de su adquisici\u00f3n.<\/p>\n

El interesado<\/strong> recurre y alega que el acta fue presentada antes de la entrada en vigor de la Ley.<\/p>\n

La DGRN<\/strong> desestima el recurso y alega que conforme a la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica de la Ley 13\/2015<\/a> a dicha acta s\u00f3lo le ser\u00eda de aplicaci\u00f3n la legislaci\u00f3n anterior si se hubiera presentado el titulo a inmatricular (no el Acta) antes de su entrada en vigor (1 de Noviembre de 2016).<\/p>\n

Conforme a la nueva legislaci\u00f3n (art\u00edculo 205 LH<\/a>), esta\u00a0Acta ser\u00e1 apta para complementar el t\u00edtulo a inmatricular siempre que el notario emita formalmente, si procede, su juicio de notoriedad sobre la acreditaci\u00f3n de la previa adquisici\u00f3n y su fecha,<\/strong> siempre y cuando le resultasen evidentes por aplicaci\u00f3n directa de los preceptos legales atinentes al caso. (AFS)<\/p>\n

\n

PDF (BOE-A-2016-10066 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 182 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>434.* ANOTACI\u00d3N PREVENTIVA DE EMBARGO HABIENDO FALLECIDO EL TITULAR REGISTRAL. DIFERENTES SUPUESTOS
\n <\/span><\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Zaragoza n.\u00ba 5, por la que se suspende la extensi\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n, como ya hizo en la R de 9 de julio de 2011<\/a> esquematiza en esta Resoluci\u00f3n los\u00a0distintos supuestos que pueden plantearse en las Anotaciones de embargo cuando el titular registral est\u00e1 fallecido y sus requisitos:<\/p>\n

a) procesos\u00a0por deudas del titular registral<\/strong>fallecido antes o durante el procedimiento: si falleci\u00f3 durante el procedimiento deber\u00e1 acreditarse que se demand\u00f3 al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitaci\u00f3n con sus herederos por sucesi\u00f3n procesal conforme al 16 LEC<\/a>; Si falleci\u00f3 antes de iniciado el procedimiento, adem\u00e1s del fallecimiento deber\u00e1 acreditarse, si los herederos fueran ciertos y determinados, que la demanda se ha dirigido contra \u00e9stos indicando sus circunstancias personales (art 166.1.\u00ba RH<\/a>), sin que proceda en este caso aportar los t\u00edtulos sucesorios. Si los herederos fueran indeterminados se abordar\u00e1 posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.<\/p>\n

b) procesos ejecutivos\u00a0por deudas de los herederos ciertos y determinados<\/strong>\u00a0del titular registral fallecido antes de iniciado el procedimiento: igual que en supuesto anterior deber\u00e1 acreditarse el fallecimiento, que la demanda se ha dirigido contra \u00e9stos indicando sus circunstancias personales y adem\u00e1s, acompa\u00f1ando los t\u00edtulos sucesorios y el certificado del Registro General de Actos de \u00daltima Voluntad ( 166.1.\u00ba p\u00e1rrafo segundo RH<\/a>).\u00a0En definitiva deber\u00e1 acreditarse su condici\u00f3n de herederos del titular registral.<\/strong><\/p>\n

c)\u00a0procesos ejecutivos contra herederos indeterminados \u2013herencia yacente<\/strong>– del titular registral, bien sea por deudas propias del causante o de la propia herencia yacente, ser\u00e1 preciso para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador.<\/p>\n

En este supuesto se trata de una demanda efectuada por la comunidad de propietarios de un piso, contra un heredero concreto y contra la herencia yacente y los herederos desconocidos de los titulares registrales. De la documentaci\u00f3n aportada en el expediente resulta que los titulares fallecidos lo hicieron intestados y que las deudas reclamadas se deben a cuotas impagadas posteriores al fallecimiento de los mismos.<\/p>\n

Para resolver el expediente la Direcci\u00f3n<\/strong> distingue dos supuestos:<\/p>\n

1.-Respecto a la esposa, que premuri\u00f3, resulta la existencia de un documento de partici\u00f3n firmado por sus 2 hijos \u2013 que est\u00e1n demandados- y el viudo, ahora fallecido. En este caso entiende el Centro que estamos ante el supuesto de deudas de herederos ciertos y determinados, en cuyo caso, conforme el art. 166.1.\u00aa, p\u00e1rrafo segundo, RH deber\u00e1 acreditarse su condici\u00f3n de herederos del titular registral y para ello es imprescindible la presentaci\u00f3n del t\u00edtulo sucesorio. Por lo que en este punto confirma la nota<\/strong>.<\/p>\n

2.-Sin embargo, respecto a esposo no est\u00e1 aceptada su herencia ni realizada operaci\u00f3n alguna en cuanto a la partici\u00f3n hereditaria, pudiendo existir herederos que no sean coincidentes con los de su esposa; estamos por tanto ante un supuesto de deudas de estos herederos indeterminados \u2013ya que nos encontramos ante un supuesto de herencia yacente\u2013, y ser\u00e1 preciso, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente. En este caso como la demanda se ha dirigido finalmente contra personas determinadas como posibles herederos del causante, la herencia yacente est\u00e1 correctamente emplazada y no es precisa la designaci\u00f3n de administrador judicial. Por lo que respecto a este causante se rechaza el defecto.\u00a0<\/strong>(MN)<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2016-10067 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 189 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>435.** EXPROPIACI\u00d3N.<\/strong> DERECHO DE REVERSI\u00d3N. CANCELACI\u00d3N POR CADUCIDAD.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Elche n.\u00ba 5, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una instancia en que se solicita la cancelaci\u00f3n de un derecho de reversi\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

Hechos:<\/strong><\/p>\n

\u00a0Se trata de la presentaci\u00f3n\u00a0 en el Registro de una\u00a0 instancia expedida por la Conseller\u00eda de Vivienda, Obras Publicas y Vertebraci\u00f3n del Territorio de la Generalitat Valenciana, el d\u00eda 16 de mayo de 2016, en la que se solicitaba la cancelaci\u00f3n del derecho de reversi\u00f3n, a favor de los expropiados, sobre una finca registral\u00a0 acompa\u00f1ada de certificaci\u00f3n administrativa de fecha 19 de junio de 2013, expediente n\u00famero 2013\/328, expedida por la misma Conseller\u00eda, donde se manifiesta que la obra finaliz\u00f3 el d\u00eda 24 de febrero de 2006, \u00abpor lo que no se pueden dar los presupuestos para la reversi\u00f3n\u00bb. Igualmente se manifiesta que la obra se ejecut\u00f3 en su totalidad en los terrenos mencionados, no existiendo sobrante de metros en ning\u00fan caso, y copia del acta de recepci\u00f3n de la obra de fecha 24 de febrero de 2016.<\/p>\n

El registrador suspende la inscripci\u00f3n<\/strong> bas\u00e1ndose en los art\u00edculos 54 y 55 de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa<\/a>, 63 y siguientes de su Reglamento<\/a>, 78 y siguientes<\/a> y 210 de la Ley Hipotecaria<\/a> y en una resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General\u00a0 su Resoluci\u00f3n de 30 de marzo de 2016, relativa a una expropiaci\u00f3n urban\u00edstica en sede de un procedimiento de compensaci\u00f3n, pero cuyas conclusiones las considera aplicables \u00a0al presente caso.<\/p>\n

\u00a0A la luz de la citada doctrina de la DGRN, analiza \u00a0las circunstancias concurrentes en el presente caso, alegando:<\/p>\n

a) Que se trata de un supuesto de expropiaci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n

b) La cancelaci\u00f3n del derecho de reversi\u00f3n, sin consentimiento de sus titulares registrales, se fundamenta en el transcurso del plazo de 10 a\u00f1os desde la terminaci\u00f3n\u2013recepci\u00f3n de las obras, y en la no existencia de terrenos sobrantes.<\/p>\n

Y en base a lo anterior considera que no procede la cancelaci\u00f3n solicitada, dado que todav\u00eda est\u00e1 vigente el plazo de caducidad de 20 a\u00f1os desde la toma de posesi\u00f3n, m\u00e1s el plazo de seguridad de 5 a\u00f1os impuesto por el art\u00edculo 210 de la Ley Hipotecaria.<\/p>\n

Estas precauciones las considera l\u00f3gicas ya que a pesar de alegarse por el titular registral del dominio la terminaci\u00f3n de las obras con una antelaci\u00f3n superior a 10 a\u00f1os, existe la posibilidad de que naciera todav\u00eda el derecho de reversi\u00f3n por exceso de expropiaci\u00f3n, o por desafectaci\u00f3n la obra realizada.<\/p>\n

Concluye haciendo referencia a los posibles medios de cancelaci\u00f3n:<\/p>\n

a) Que sea consentida en escritura p\u00fablica por sus titulares registrales o sus causahabientes acreditados, de acuerdo con el art\u00edculo 82 de la Ley Hipotecaria<\/a>.<\/p>\n

b) Acudir al expediente de liberaci\u00f3n de cargas y grav\u00e1menes previsto en el art\u00edculo 210 de la Ley Hipotecaria una vez transcurridos los 20 a\u00f1os de caducidad desde la toma de posesi\u00f3n.<\/p>\n

c) Presentar certificaci\u00f3n del acto administrativo firme que, con audiencia de todos los interesados (titulares registrales del derecho de reversi\u00f3n), declare la extinci\u00f3n del derecho de reversi\u00f3n, siempre y cuando tal decisi\u00f3n haya adquirido firmeza, tambi\u00e9n en v\u00eda jurisdiccional, por sentencia judicial confirmatoria o por transcurso de los plazos de impugnaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, lo cual podr\u00e1 acreditarse por la propia certificaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n

\u00a0A juicio de la recurrente<\/strong>, los requisitos necesarios para excluir, y cancelar, el derecho de reversi\u00f3n, son:<\/p>\n

a) el mantenimiento de la afectaci\u00f3n al fin que justific\u00f3 la expropiaci\u00f3n o a otro declarado de utilidad o inter\u00e9s social, y<\/p>\n

b) que dicha afectaci\u00f3n se prolongue durante diez a\u00f1os desde la terminaci\u00f3n de la obra o el establecimiento del servicio. Para acreditar tales requisitos se aportaron al Registro de la Propiedad la certificaci\u00f3n en la que se manifiesta que la obra dio comienzo el 24 de junio de 2003 y finaliz\u00f3 el 24 de febrero de 2006, as\u00ed como que la obra se ejecut\u00f3 en su totalidad en los terrenos mencionados, no existiendo sobrante de metros en ning\u00fan caso.<\/p>\n

Decisi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

La Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado desestima el recurso<\/strong> y confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

Nuestro Centro Directivo para ello comienza haciendo referencia a su doctrina en esta materia, al ser la expropiaci\u00f3n forzosa\u00a0 una limitaci\u00f3n del dominio por causa de\u00a0 utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social. Dicha causa afecta al objeto expropiado (cfr. art\u00edculo 9 de la Ley sobre expropiaci\u00f3n forzosa) e incide continuadamente sobre dicho bien, por lo que la persona expropiada tiene el derecho de resolver la expropiaci\u00f3n que ha llegado a ser infructuosa.<\/p>\n

\u00a0Este derecho a resolver la expropiaci\u00f3n, o derecho de reversi\u00f3n, surge en los casos de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motiv\u00f3 la expropiaci\u00f3n, as\u00ed como en aquellos casos en que hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectaci\u00f3n, y opera en favor del primitivo due\u00f1o o sus causahabientes, que son quienes podr\u00e1n recobrar en su virtud la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado (cfr. art\u00edculo 54.1 de la Ley sobre expropiaci\u00f3n forzosa).<\/p>\n

\u00a0A continuaci\u00f3n distingue los tres hitos del iter de la reversi\u00f3n:<\/p>\n

\u00a0La primera es la del derecho de reversi\u00f3n en estado latente o expectante y nace directamente con la propia expropiaci\u00f3n y de forma simult\u00e1nea a la misma.<\/p>\n

En segundo lugar, una vez producido cualquiera de los hechos o presupuestos habilitantes previstos en el apartado 1 del art\u00edculo 54 de la Ley, el derecho de reversi\u00f3n latente deviene en un derecho de reversi\u00f3n pleno, activo o actual de adquisici\u00f3n preferente, como derecho potestativo, similar a un derecho de adquisici\u00f3n o retracto, de car\u00e1cter real e igualmente oponible frente a terceros, que se desdobla a su vez en dos fases, la previa a su reconocimiento administrativo o judicial y la posterior a dicho reconocimiento, reconocimiento que requiere la previa reclamaci\u00f3n potestativa por parte del expropiado o sus causahabientes, como titulares del derecho (cfr. art\u00edculo 54, apartado 4, de la Ley sobre expropiaci\u00f3n forzosa).<\/p>\n

Finalmente, en su tercera etapa el derecho de reversi\u00f3n consumado es aqu\u00e9l en que el derecho reversional de adquisici\u00f3n preferente ha sido reconocido y ejercitado de forma completa mediante el pago o restituci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n expropiatoria en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 55 de la misma Ley, dando paso con ello a su consumaci\u00f3n mediante la adquisici\u00f3n o readquisici\u00f3n del dominio.<\/p>\n

\u00a0En tal momento el derecho de reversi\u00f3n se agota y extingue de forma simult\u00e1nea a la incorporaci\u00f3n en el patrimonio del reversionista de un derecho de propiedad sobre el mismo bien inicialmente expropiado.<\/p>\n

\u00a0El derecho de reversi\u00f3n, en cada una de las tres citadas etapas, es susceptible de reflejo registral.<\/p>\n

Tras eso, se centra en el \u00a0modo de cancelar<\/strong> la menci\u00f3n registral del derecho de reversi\u00f3n expectante o reconocido, lo que constituye la cuesti\u00f3n principal del presente expediente, y tratada en dos recientes resoluciones.<\/p>\n

\u00a0En la Resoluci\u00f3n de 30 marzo de 2016<\/strong>, se record\u00f3 que en el ejercicio del derecho de reversi\u00f3n expropiatorio, cuando se dan sus presupuestos legales, el plazo para que el due\u00f1o primitivo o sus causahabientes puedan solicitarla ser\u00e1 el de tres meses, a contar desde la fecha en que la Administraci\u00f3n hubiera notificado el exceso de expropiaci\u00f3n, la desafectaci\u00f3n del bien o derecho expropiados o su prop\u00f3sito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.<\/p>\n

En defecto de esta notificaci\u00f3n, el derecho de reversi\u00f3n podr\u00e1 ejercitarse por el expropiado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes:<\/p>\n

a) cuando se hubiera producido un exceso de expropiaci\u00f3n o la desafectaci\u00f3n del bien o derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinte a\u00f1os desde la toma de posesi\u00f3n de aqu\u00e9llos;<\/p>\n

b) cuando hubieran transcurrido cinco a\u00f1os desde la toma de posesi\u00f3n del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecuci\u00f3n de la obra o la implantaci\u00f3n del servicio, y<\/p>\n

c) cuando la ejecuci\u00f3n de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas m\u00e1s de dos a\u00f1os por causas imputables a la Administraci\u00f3n o al beneficiario de la expropiaci\u00f3n sin que se produjera por parte de \u00e9stos ning\u00fan acto expreso para su reanudaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0La competencia<\/strong> para resolver sobre la reversi\u00f3n corresponder\u00e1 a la Administraci\u00f3n en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquella o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiaci\u00f3n, en su caso, titular de los mismos.<\/p>\n

Respecto al plazo de ejercicio<\/strong> del derecho de reversi\u00f3n, con\u00a0 la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 54 de la Ley sobre expropiaci\u00f3n forzosa dada por la Ley de Ordenaci\u00f3n de la Edificaci\u00f3n de 1999, parece diferenciar los supuestos de desafectaci\u00f3n y de exceso de expropiaci\u00f3n, de los de inejecuci\u00f3n, al disponer que en tales casos cuando la Administraci\u00f3n desatiende su obligaci\u00f3n de notificar tales hechos al expropiado, este podr\u00e1 ejercitar el derecho de reversi\u00f3n en tanto no hayan transcurrido veinte a\u00f1os desde la toma de posesi\u00f3n de los bienes.<\/p>\n

\u00a0En los casos de expropiaciones urban\u00edsticas<\/strong>, en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuaci\u00f3n de urbanizaci\u00f3n, procede la reversi\u00f3n, cuando hayan transcurrido diez a\u00f1os desde la expropiaci\u00f3n sin que la urbanizaci\u00f3n se haya concluido (art\u00edculo 34 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2008, de 20 de junio<\/a>).<\/p>\n

Sin embargo, en los supuestos de reversi\u00f3n basados en la inejecuci\u00f3n de la obra<\/strong> o la implantaci\u00f3n del servicio<\/strong>, supuesto que podemos equiparar al de inejecuci\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n, en los no haya mediado notificaci\u00f3n alguna por parte de la Administraci\u00f3n al expropiado, el art\u00edculo 54.3.b) de la Ley sobre expropiaci\u00f3n forzosa establece un plazo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os, diez a\u00f1os para la urban\u00edstica, para poder ejercer la acci\u00f3n pero, a diferencia de otros supuestos de reversi\u00f3n, no establece un plazo m\u00e1ximo para su ejercicio, estableci\u00e9ndose, a diferencia de los otros supuestos de reversi\u00f3n, \u00fanicamente el t\u00e9rmino inicial para el ejercicio del derecho y no un t\u00e9rmino final, mientras que en los dem\u00e1s casos de reversi\u00f3n, si bien se parte igualmente de la toma de posesi\u00f3n de los bienes o derechos expropiados, se fija un t\u00e9rmino final, m\u00e1s all\u00e1 del cual no puede ejercitarse el derecho.<\/p>\n

No obstante, en las urban\u00edsticas<\/strong>, s\u00ed puede estimarse procedente la cancelaci\u00f3n, del derecho de reversi\u00f3n, una vez transcurridos cinco a\u00f1os contados desde la fecha de recepci\u00f3n de las obras de urbanizaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n, seg\u00fan se acredite mediante certificaci\u00f3n administrativa del acta, siempre que no conste anotaci\u00f3n preventiva de demanda u otro asiento que indique haberse ejercitado el derecho o formulado reclamaci\u00f3n judicial sobre su cumplimiento.<\/p>\n

\u00a0En la Resoluci\u00f3n de 19 de abril de 2016<\/strong>, se plante\u00f3, sin embargo, otro supuesto cancelatorio diferente a los anteriores, ya que, despu\u00e9s de recordar que, es regla general que para la cancelaci\u00f3n de un asiento registral se presupone bien el consentimiento del titular del derecho reflejado en dicho asiento, bien la pertinente resoluci\u00f3n judicial supletoria. (cfr. arts. 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Pero, no es menos cierto que dicha regla tiene importantes excepciones y una de ellas es cuando el derecho inscrito se haya extinguido por imperativo del propio t\u00edtulo inscrito, o por disposici\u00f3n directa de la ley (art\u00edculo 82 de la Ley Hipotecaria).<\/p>\n

Por tanto, al margen de las otras posibilidades de cancelaci\u00f3n estudiadas, el Centro Directivo sostiene que la cancelaci\u00f3n registral solicitada al amparo del art\u00edculo 54 de la ley \u2013cfr. Resoluci\u00f3n de 30 de marzo de 2016\u2013, debe pasar por la exigencia de certificaci\u00f3n del acto administrativo firme <\/strong>que, con audiencia del interesado<\/strong>, declare la extinci\u00f3n<\/strong> del derecho de reversi\u00f3n, siempre y cuando tal decisi\u00f3n haya adquirido firmeza, tambi\u00e9n en v\u00eda jurisdiccional, por sentencia judicial confirmatoria o por transcurso de los plazos de impugnaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, lo cual podr\u00e1 acreditarse por la propia certificaci\u00f3n administrativa, cuyo fundamento legal deriva directamente de los art\u00edculos 1, 3 y 82 de la Ley Hipotecaria.<\/p>\n

Y aunque deben diferenciarse los supuestos previstos en el art\u00edculo 54.2, relativos a la improcedencia del derecho de reversi\u00f3n, esto es, cuando no es posible reconocer el nacimiento del mismo como pleno y efectivo derecho, y no ya como mera expectativa latente, siquiera constatada registralmente; de los casos previstos en el art\u00edculo 54.3, donde d\u00e1ndose las circunstancias que permiten reconocer tal derecho, no se dan sus condiciones de ejercicio, registralmente, su tratamiento a efectos de justificar la cancelaci\u00f3n de la expectativa o derecho de reversi\u00f3n, es el mismo.<\/p>\n

Ello sin perjuicio de la viabilidad de otros medios<\/strong> como la renuncia o el expediente de liberaci\u00f3n de cargas y grav\u00e1menes regulado en el art\u00edculo 210 de la Ley Hipotecaria, o la regla octava de cancelaci\u00f3n del art\u00edculo 210 de la Ley Hipotecaria, siempre y cuando pueda afirmarse la existencia de un plazo preclusivo de ejercicio del derecho, a partir del cual puedan computarse los cinco a\u00f1os exigidos por el precepto. (MGV)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2016-10104 – 14 p\u00e1gs. – 259 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>436.*** ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO SEGUIDO CONTRA EL C\u00d3NYUGE DE UNA PERSONA DECLARADA EN CONCURSO: ES COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CONCURSO.<\/span> <\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Zaragoza n.\u00ba 9, por la que se deniega una anotaci\u00f3n de embargo seguido contra el c\u00f3nyuge de una persona declarada en concurso.<\/p>\n

Se plantea la procedencia de una Anotaci\u00f3n de embargo decretado contra un c\u00f3nyuge <\/strong>estando la finca inscrita con car\u00e1cter com\u00fan para su consorcio conyugal y con la declaraci\u00f3n de concurso voluntario del otro c\u00f3nyuge.<\/strong><\/p>\n

El Registrador<\/strong> sostiene que el embargo deber\u00eda proceder del juzgado de lo mercantil<\/strong>.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n<\/strong> confirma la nota. La declaraci\u00f3n de concurso supone, de un lado, la determinaci\u00f3n de todo el activo del concursado que va a responder de los cr\u00e9ditos concursales y de otro la integraci\u00f3n en la masa pasiva de todos los cr\u00e9ditos contra el concursado. Desde el punto de vista del activo, el art 76 LC<\/a> establece, como regla general, que constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaraci\u00f3n de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusi\u00f3n del procedimiento. Y en el caso de que se trate de persona casada el art 77<\/a> determina que: \u00ab1. En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprender\u00e1 los bienes y derechos propios o privativos del concursado. 2. Si el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluir\u00e1n en la masa, adem\u00e1s, los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado. En este caso, el c\u00f3nyuge del concursado podr\u00e1 pedir la disoluci\u00f3n de la sociedad o comunidad conyugal y el juez acordar\u00e1 la liquidaci\u00f3n o divisi\u00f3n del patrimonio que se llevar\u00e1 a cabo de forma coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidaci\u00f3n del concurso<\/em>\u00bb.\u00a0 La exclusi\u00f3n del bien consorcial de la masa activa del concurso, por no responder de las obligaciones del concurso, corresponde declararlo al juez del concurso. De esta posible responsabilidad de los bienes comunes respecto de las deudas contra\u00eddas por el concursado, se deriva el hecho de que se mande inscribir la declaraci\u00f3n del concurso de un c\u00f3nyuge sobre la finca inscrita con car\u00e1cter consorcial, requiere notificaci\u00f3n al c\u00f3nyuge no deudor (arts 144 RH<\/a> y 77 LC<\/a> y R 23 de octubre de 2015).<\/a><\/p>\n

Lo que ocurre en este caso el mandamiento de embargo se refiere a una deuda del c\u00f3nyuge\u00a0 del concursado, debiendo resolverse si sus acreedores se ven afectados por la situaci\u00f3n concursal de una persona que no es quien contrajo la deuda sino su consorte. La LC tras la reforma por la Ley 38\/2011 dice en el art. 49.2<\/a> \u00aben el caso de concurso de persona casada en r\u00e9gimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se integrar\u00e1n en la masa pasiva los cr\u00e9ditos contra el c\u00f3nyuge del concursado, que sean, adem\u00e1s, cr\u00e9ditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyuga<\/em>l. El art.219 del C\u00f3digo de Derecho Foral de Arag\u00f3n<\/a> prev\u00e9 que \u00abde las deudas contra\u00eddas por un c\u00f3nyuge\u2026 responden en primer lugar los bienes privativos del c\u00f3nyuge deudor, y faltando estos o siendo estos insuficientes, los bienes comunes\u2026\u00bb. En el caso de embargo de bienes comunes por insuficiencia de los privativos, puede el c\u00f3nyuge no deudor pedir la disoluci\u00f3n de la comunidad.<\/em><\/p>\n

En el caso planteado, el embargo del bien consorcial es solicitado por los acreedores del c\u00f3nyuge no concursado, embargo que debe ser notificado al c\u00f3nyuge concursado, para que, si lo estima oportuno, ejercite la opci\u00f3n de disolver la comunidad conyugal o, como le permite el C\u00f3digo de Derecho Foral de Arag\u00f3n, salvar el valor que le corresponde en el patrimonio com\u00fan, pidiendo la liquidaci\u00f3n del bien, sin disoluci\u00f3n del consorcio. Cualquiera de las dos opciones, dada la situaci\u00f3n especial del concursado, deber\u00e1n ejercitarse ante el juez del concurso, y dado que el concursado tiene sus facultades intervenidas, se requiere la concurrencia de la administraci\u00f3n concursal. Esto no significa que los acreedores del c\u00f3nyuge deudor no concursado queden desprotegidos. De las deudas contra\u00eddas por uno solo de los c\u00f3nyuges responden como se ha dicho, sus bienes privativos y subsidiariamente los bienes comunes, pero estos bienes comunes est\u00e1n sujetos a las vicisitudes derivadas de la actividad de ambos c\u00f3nyuges no solo de su c\u00f3nyuge deudor. Permitir la ejecuci\u00f3n separada supondr\u00eda hacer estos cr\u00e9ditos de mejor condici\u00f3n que el resto de cr\u00e9ditos contra el consorcio conyugal. Corresponde, en definitiva, al juez del concurso determinar si los acreedores del c\u00f3nyuge del concursado deben incluirse en la masa pasiva, por tratarse de cr\u00e9ditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal. (MN)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2016-10105 – 7 p\u00e1gs. – 196 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>437.*** EJECUCI\u00d3N HIPOTECARIA.<\/strong> PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL: NOTIFICACI\u00d3N Y REQUERIMIENTO DE PAGO A UN SOLO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Alicante n.\u00ba 1, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura p\u00fablica de adjudicaci\u00f3n de dos fincas, objeto de un procedimiento ejecutivo extrajudicial.<\/p>\n

Hechos:<\/strong><\/p>\n

Se trata de una escritura por la que se procede a la venta de dos fincas registrales a favor de una entidad bancaria como consecuencia de un procedimiento extrajudicial de ejecuci\u00f3n de hipoteca, acompa\u00f1\u00e1ndose copia del acta autorizada por el mismo notario donde se recogen los tr\u00e1mites y diligencias esenciales exigidas por el Reglamento Hipotecario.<\/p>\n

\u00a0La venta extrajudicial se produce como consecuencia del impago del pr\u00e9stamo hipotecario. En la escritura de constituci\u00f3n de la hipoteca se se\u00f1al\u00f3 como domicilio de notificaciones de la mercantil deudora el propio domicilio de la entidad.<\/p>\n

\u00a0En primer lugar, se llev\u00f3 a cabo un requerimiento notarial, en el domicilio que constaba en la escritura y en el Registro, que result\u00f3 fallido.<\/p>\n

As\u00ed mismo, se intent\u00f3 efectuar el requerimiento en la vivienda hipotecada, compareciendo finalmente en la notaria el administrador mancomunado de la sociedad deudora que acept\u00f3 darse por notificado, entreg\u00e1ndole copia \u00edntegra de las diligencias practicadas hasta ese momento. Se hizo constar que dicho requerimiento se llevaba a cabo con respecto al mismo en su doble condici\u00f3n de administrador mancomunado de la mercantil deudora y\u00a0de hipotecante no deudor (el \u00f3rgano de representaci\u00f3n de la mercantil deudora, est\u00e1 formado por tres administradores mancomunados, debiendo actuar dos de ellos cualesquiera conjuntamente).<\/p>\n

La registradora<\/strong> se\u00f1ala que, siendo la deudora una sociedad, el requerimiento fuera del domicilio social debe ser efectuado a quien ostente su representaci\u00f3n, y un administrador mancomunado no ostenta por s\u00ed solo la representaci\u00f3n de una sociedad limitada.<\/p>\n

El notario recurrente<\/strong> argumenta que una cosa es el poder de representaci\u00f3n de los administradores y otra la facultad para recibir notificaciones y requerimientos, que tiene su regulaci\u00f3n en el art\u00edculo 235 de la actual Ley de Sociedades de Capital<\/a>.<\/p>\n

Decisi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

La Direcci\u00f3n general, estima el recurso<\/strong> y revoca la nota de calificaci\u00f3n para ello encuentra la soluci\u00f3n al problema se plantea, en cuanto a si, estando compuesto el \u00f3rgano de administraci\u00f3n por tres administradores mancomunados debiendo ejercer la representaci\u00f3n conjuntamente al menos dos de ellos, es v\u00e1lida la notificaci\u00f3n efectuada a un solo administrador.<\/p>\n

Para ello considera que hay que diferenciar el poder de representaci\u00f3n<\/strong> de los administradores en virtud del cual estos tienen encomendadas la gesti\u00f3n de la actividad ordinaria de la sociedad y las relaciones de \u00e9sta con los terceros y que se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos y otra la capacidad para recibir<\/strong>notificaciones y requerimientos<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0La \u00a0Ley de Sociedades de Capital distingue ambas cuestiones:<\/p>\n