<\/a><\/p>\nSentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/strong><\/span><\/p>\nSentencia de 3 de abril de 2014, recurso 1040\/2011. Sujeci\u00f3n a AJD, documentos mercantiles, de los pagar\u00e9s nominativos emitidos sin la cl\u00e1usula \u201cno a la orden\u201d, en los que se materializaba el importe de un pr\u00e9stamo garantizado con hipoteca, por el que se pag\u00f3 AJD en concepto de constituci\u00f3n de garant\u00eda.<\/strong><\/p>\n\u00a0\u00a0\u00a0 \u201c<\/em>Efectivamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia distinguen entre: pagar\u00e9s \u00abno a la orden\u00bb que constituyen una mera promesa o compromiso de pago que ni se asimila ni se convierte en documento de giro.<\/p>\nPagar\u00e9s con cl\u00e1usula expresa \u00aba la orden\u00bb que constituyen documentos de giro desde el mismo momento de su expedici\u00f3n. Y pagar\u00e9s sin ninguna de las dos citadas cl\u00e1usulas, respecto de los cuales, esta Sala de Justicia no puede asumir las razones en que apoya el actor su pretensi\u00f3n. La Ley Cambiaria y del Cheque asimila los pagar\u00e9s al cheque por lo que, en principio, en ambos casos se trata de documentos a la orden y, por tanto, constituyen documentos de giro sujetos al impuesto de que se trata. En el caso que se examina, como ya se ha dicho ninguno de los cinco pagar\u00e9s objeto de la revisi\u00f3n jurisdiccional contiene cl\u00e1usula alguna en este sentido pero, a diferencia de lo que opina el actor, esta Sala entiende que esa omisi\u00f3n no permite interpretar que en el tr\u00e1fico jur\u00eddico hagan funciones como t\u00edtulos \u00abno a la orden\u00bb pues su asimilaci\u00f3n con el cheque obliga a mantener la opini\u00f3n contraria, es decir, que el pagar\u00e9 es un t\u00edtulo a la orden siempre que en el mismo no se contenga la cl\u00e1usula \u00abno a la orden\u00bb.<\/strong><\/p>\n\u00a0<\/strong><\/p>\nSentencia de 22 de mayo de 2014, Recurso 1841\/2010. Condiciones necesarias para la validez renuncia a la exenci\u00f3n de IVA en las subastas judiciales<\/p>\n
\u201cPor mucho que la jurisprudencia haya flexibilizado la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 20.2 de la Ley del Impuesto y 8\u00ba.1 del Reglamento (Real Decreto 1624\/1992 ) al hacer una interpretaci\u00f3n m\u00e1s finalista en orden a las formalidades de la renuncia, no cabe una renuncia del tipo de la pretendida, esto es, porque el deudor hipotecario extienda, con posterioridad al auto aprobatorio del remate, de fecha 6 de octubre de 2004, dos facturas<\/strong> (ambas de fecha 3 de febrero de 2005) en las que incluya el IVA repercutiendo por la adquisici\u00f3n de la Nave I la cantidad de 82.400 euros y por la adquisici\u00f3n de la Nave II, 36.800.<\/strong><\/p>\nSucede, de acuerdo con la regulaci\u00f3n antes expresada, que el ejercicio de la facultad de renuncia a la exenci\u00f3n, en los casos de ejecuci\u00f3n, corresponde al adjudicatario y est\u00e1 supeditada a que lo manifieste ante el Juzgado, de forma previa o simult\u00e1nea al pago del importe de la adjudicaci\u00f3n, haciendo constar el cumplimiento de los requisitos que se establecen por el art. 8 de este Reglamento para la renuncia a la exenci\u00f3n de las operaciones inmobiliarias.<\/strong><\/p>\nEn el caso examinado, aprobado el remate por auto de 6 de octubre de 2004, conforme a la regulaci\u00f3n de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en ese momento, el rematante hab\u00eda de consignar en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate en el plazo de 20 d\u00edas h\u00e1biles ( art\u00edculo 670.1 de la LEC ) y, una vez efectuada la consignaci\u00f3n, el t\u00edtulo para la inscripci\u00f3n ( art\u00edculo 674.1 de la LEC ) se expidi\u00f3 el 17 de enero de 2005, seg\u00fan consta en el expediente. Por tanto, en cualquier caso, la renuncia no fue ni previa ni simult\u00e1nea al pago del precio de la adquisici\u00f3n, puesto que como hemos observado las facturas fueron emitidas en fecha 2 de febrero de 2005. En estas circunstancias, no cabe apreciar, ni siquiera a efectos hipot\u00e9ticos, que se tenga por ejercitada la renuncia a la exenci\u00f3n del IVA marginando por completo el r\u00e9gimen legal.<\/strong><\/p>\nTodo ello determina la procedencia del gravamen de transmisiones patrimoniales onerosas de acuerdo con lo previsto en el art. 7.5 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados , seg\u00fan el cual, est\u00e1n sujetas al mismo \u00ablas entregas o arrendamientos de bienes inmuebles cuando gocen de exenci\u00f3n en el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido\u00bb<\/em>.\u201d<\/p>\nSentencia del TSJ de Catalu\u00f1a de 5 de junio de 2013, Recurso 264\/2013. La gesti\u00f3n catastral compete al Estado no a los Ayuntamientos<\/p>\n
\u201c<\/strong>La referida determinaci\u00f3n de la consideraci\u00f3n como r\u00fasticos o como urbanos de los inmuebles de que se trata pertenece a la gesti\u00f3n catastral <\/strong>como deriva de la previsi\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 61.3 del texto refundido de la LHL (\u00abA los efectos de este impuesto, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de bienes inmuebles r\u00fasticos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de caracter\u00edsticas especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario\u00bb) y de la regulaci\u00f3n contenida en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2004, de 5 de marzo, en cuyo art\u00edculo 6 \u00ba est\u00e1 recogida el concepto y clases de bien inmueble y en cuyo art\u00edculo 7\u00ba se establecen los criterios de los que resultan el car\u00e1cter urbano o r\u00fastico del inmueble.<\/p>\nComo la formaci\u00f3n y mantenimiento del Catastro Inmobiliario es competencia exclusiva del Estado (art\u00edculo 4\u00ba del mismo texto refundido), solo a la gesti\u00f3n catastral corresponder\u00e1 determinar el car\u00e1cter de r\u00fastico o urbano del inmueble.<\/strong> Y de esta determinaci\u00f3n depender\u00e1 esencialmente la fijaci\u00f3n del valor catastral del inmueble, competencia exclusiva igualmente del Estado incardinada en la gesti\u00f3n catastral del IBI y que constituye la base imponible del mismo (art\u00edculos 65 y 77 del texto refundido de la LHL).<\/p>\nLa cuesti\u00f3n controvertida es competencia, por tanto, del Catastro, sin que ni el Ayuntamiento, ni tampoco el Juzgado en la impugnaci\u00f3n jurisdiccional de las liquidaciones por IBI, puedan entrar a pronunciarse sobre la misma.\u201d<\/strong><\/p>\n\u201cEn suma, la determinaci\u00f3n de la invocada \u00absituaci\u00f3n urban\u00edstica sobrevenida de los bienes\u00bb y de sus efectos catastrales corresponde, en exclusiva, a la gesti\u00f3n catastral que compete a los \u00f3rganos estatales, contra cuyas resoluciones habr\u00e1 de reaccionarse mediante los correspondientes recursos y reclamaciones (recurso potestativo de reposici\u00f3n y, en todo caso, reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa ante el Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo correspondiente), sin perjuicio, en su caso, de los recursos que procedan en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del planeamiento urban\u00edstico y de las acciones que pudieran corresponder en materia de responsabilidad patrimonial,<\/strong> si se estimaran concurrentes los presupuestos para la misma. Pero nada de ello afecta a la inicial validez de las liquidaciones por IBI giradas de acuerdo con los datos catastrales, sin perjuicio tambi\u00e9n de lo dispuesto en el citado art\u00edculo 224.1.III LGT.\u201d<\/p>\nSentencia del TSJ de Madrid de 1 de septiembre de 2014, Recurso 283\/2012. Sujeci\u00f3n a AJD de la constituci\u00f3n de un derecho de retracto.<\/p>\n
\u201c<\/strong>En sus reclamaciones econ\u00f3mico-administrativas la parte interesada aleg\u00f3 que el retracto es parte integrante de la compraventa en tanto que convenci\u00f3n accesoria por lo que no puede ser objeto de gravamen separado del que afecta a la convenci\u00f3n principal; que no hay transmisi\u00f3n alguna del derecho de retracto sino constituci\u00f3n del mismo; que la constituci\u00f3n de este derecho se produce sin que exista ning\u00fan desplazamiento del patrimonio de la reclamante, sino que se constituye un derecho \u00abpor retenci\u00f3n\u00bb, esto, que el transmitente se limita a retener en su patrimonio dicho derecho como parte retenida del derecho de propiedad que transmite sin que su creaci\u00f3n signifique transmisi\u00f3n alguna sino \u00abminoraci\u00f3n\u00bb en el valor de la cosa vendida, y por no haber transmisi\u00f3n no hay hecho imponible del ITPAJD; que ese car\u00e1cter de \u00abderecho por retenci\u00f3n\u00bb, unido al car\u00e1cter accesorio de la convenci\u00f3n, implica que nos encontremos ante una simple transmisi\u00f3n de plaza de garaje ya gravada por el I.V.A. con la \u00fanica peculiaridad de que el total poder de disposici\u00f3n de la cosa vendida no se produce de forma instant\u00e1nea a la celebraci\u00f3n del contrato, sino en dos momentos, perfeccion\u00e1ndose as\u00ed la transmisi\u00f3n cuando finaliza el plazo para el ejercicio del retracto, y es por ello por lo que no cabe sujetar a gravamen aut\u00f3nomo distinto del que grava la transmisi\u00f3n (I.V.A.) a la convenci\u00f3n que supone el pacto de retroventa, por carecer el mismo de sustantividad propia diferente a la de la compraventa;<\/strong> y, por \u00faltimo, que de interpretar el derecho de retracto como un derecho real independiente de la compraventa, nos hallar\u00edamos ante una transmisi\u00f3n de un derecho real del adquirente de la plaza de garaje a favor de la entidad transmitente de la misma, y como el transmitente de ese derecho ser\u00eda una persona f\u00edsica que no es sujeto pasivo de I.V.A., habr\u00eda que gravarlo por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que es incompatible con el g<\/strong>ravamen de la misma operaci\u00f3n por la modalidad de Acto Jur\u00eddico Documentado del mismo impuesto.\u201d<\/p>\n\u00a0\u201c<\/strong>La decisi\u00f3n del litigio pasa por determinar si en el caso de autos se cumplen o no todos y cada uno de los requisitos necesarios para que la constituci\u00f3n del derecho de retracto convencional en las escrituras de compraventa de referencia tribute como acto jur\u00eddico documentado.\u201d <\/strong>Para la sujeci\u00f3n a la modalidad impositiva de actos jur\u00eddicos documentados es necesario que \u201cno est\u00e9 sujeto a la de transmisiones patrimoniales onerosas, y el art\u00edculo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1\/93 determina la sujeci\u00f3n a TPO de la transmisi\u00f3n de bienes y derechos con cl\u00e1usula de retro, la transmisi\u00f3n del propio derecho a retraer y del ejercicio del derecho de retracto, de donde se deduce que la constituci\u00f3n del derecho de retracto no est\u00e1 sujeta a TPO.\u201d<\/p>\n\u201c<\/strong>Este sistema \u2013que se deduce del art\u00edculo 46 del Reglamento- permite deducir que la ley limita el gravamen de TPO a la transmisi\u00f3n sin sujetar el derecho de retro por su constituci\u00f3n, y se funda en que el derecho de retro no implica transmisi\u00f3n o desplazamiento patrimonial alguno, por lo que no puede ser gravado por TPO, de manera que no hay hecho imponible de la modalidad de TPO por la constituci\u00f3n de derecho de retracto. En resumen, la constituci\u00f3n de retracto convencional no est\u00e1 sujeta a TPO pero s\u00ed a AJD si se realiza, como es el caso, en documento p\u00fablico, al cumplir con todos los requisitos legales al efecto. <\/strong>El hecho de que no haya transmisi\u00f3n de derechos a terceros impide el gravamen por TPO pero en nada afecta a la existencia de gravamen por AJD, pues en este caso el hecho imponible es la celebraci\u00f3n de un acto jur\u00eddico por el que se establece una limitaci\u00f3n del dominio.\u201d<\/p>\nPara el Tribunal \u201cel establecimiento de la cl\u00e1usula de retroventa es una convenci\u00f3n distinta al de la propia compraventa en tanto que mediante \u00e9sta una persona transmite a otra una cosa por precio, mientras que aquella cl\u00e1usula implica la constituci\u00f3n de un derecho que permite recuperar al vendedor una cosa que ya no es propia, y que no solo obliga al comprador sino que afecta a posteriores poseedores de la cosa (art. 1510 del C\u00f3digo Civil). As\u00ed, el objeto de gravamen no es el contrato sino sus distintas convenciones que pueden estar sujetas a impuesto separadamente. En el caso de los presentes autos, la transmisi\u00f3n devenida de la compraventa est\u00e1 sujeta a IVA y la constituci\u00f3n del derecho de retracto a AJD. Finalmente, el sujeto pasivo del gravamen por la constituci\u00f3n del derecho de retracto es la parte hoy recurrente, a cuyo favor se constituye el retracto en la transmisi\u00f3n de las plazas de garaje a particulares, resultando as\u00ed la adquirente del derecho de retracto (art\u00edculo 29 del RDL 1\/93). En cambio, el sujeto pasivo de la transmisi\u00f3n de la plaza de garaje es el particular adquirente de la misma, por lo que no existe doble imposici\u00f3n.\u201d<\/p>\n
Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 16 de septiembre de 2011, Recurso 1711\/2011. No se acredita a efectos de las reducciones en el ISD que el comunero desarrollase una actividad econ\u00f3mica y que constituyese su principal fuente de renta.<\/p>\n
\u201c<\/strong>Sostienen las recurrentes que concurren todos los requisitos exigidos por la norma para aplicar la reducci\u00f3n. Alegan a tal fin que los bienes y derechos sobre los que procede aplicar la reducci\u00f3n son los que est\u00e1n afectos a la actividad de la Comunidad de Bienes denominada DIRECCION000, C.B., constituida el 7 de noviembre de 2004 con el objeto de dedicar los bienes puestos en com\u00fan a la promoci\u00f3n de viviendas.<\/p>\nEn los Estatutos de la Comunidad se fija como aportaci\u00f3n de los comuneros la parte que a cada uno de ellos les corresponde en la finca sita en Palencia en el PASEO000 n\u00ba NUM006, finca de la que era copropietario con sus hermanos el causante.\u201d<\/strong><\/p>\n\u201cEn cuanto al requisito de que la actividad desarrollada por la Comunidad de bienes constituyera la principal fuente de renta del causante alegan las recurrentes que debe tenerse en cuenta que la actividad de promoci\u00f3n inmobiliaria tiene un ciclo de producci\u00f3n superior al a\u00f1o y exige de un desembolso inicial muy fuerte que impide la generaci\u00f3n de beneficios reales hasta el momento de la entrega de las viviendas a los propietarios, lo que no es \u00f3bice para calcular, atendiendo al m\u00e9todo de grado de avance, el beneficio te\u00f3rico que corresponde a cada ejercicio y que puede entenderse como renta obtenida en cada a\u00f1o aunque declarada a partir de 2010 de forma conjunta, una vez que se fueron entregando las viviendas a los propietarios y se formalizaron las compraventas. Con la demanda se ha aportado un informe pericial emitido por don Julio, Diplomado en Ciencias Empresariales en el que se calcula el te\u00f3rico beneficio que se hubiera obtenido durante el ejercicio 2004 por la Comunidad de bienes de haberse calculado el mismo conforme al m\u00e9todo de grado de avance o porcentaje la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
La pretensi\u00f3n principal de las recurrentes no puede prosperar porque, como acertadamente se\u00f1alan las Administraciones demandadas, el art. 105 de la LGT establece que quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo, lo que no han logrado pese a su esfuerzo alegatorio y probatorio en la medida en que no han acreditado que el causante desarrollase una actividad econ\u00f3mica para la que la finca rese\u00f1ada era necesaria y que, adem\u00e1s, constitu\u00eda su principal fuente de renta desde el momento en que transcurren escasos 25 d\u00edas desde que se constituye la Comunidad de Bienes denominada DIRECCION000, C.B. y su fallecimiento; en la escritura de constituci\u00f3n se encomienda la actuaci\u00f3n externa y frente a terceros a dos comuneros que no son el causante;<\/strong> no consta que percibiese por esa actividad alg\u00fan rendimiento; en la declaraci\u00f3n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas del a\u00f1o de su fallecimiento no figura ning\u00fan tipo de rendimiento por la referida actividad y en modo alguno puede considerarse que constituye su principal fuente de renta la mera expectativa te\u00f3rica de unos beneficios calculados a posteriori en funci\u00f3n de que la actividad empresarial desarrollada tiene un ciclo superior al a\u00f1o, pues ha de estarse al momento del fallecimiento del causante para determinar si en ese momento esa actividad constitu\u00eda su principal fuente de renta, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.1. de la LGT y 24.1 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, estableciendo el primero que la fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n tributaria y el segundo determinando como fecha del devengo el d\u00eda del fallecimiento del causante; en la declaraci\u00f3n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas del a\u00f1o 2004 no aparecen declarados rendimientos de actividades econ\u00f3micas ni directamente ni por atribuci\u00f3n efectuada por la Comunidad de Bienes mencionada y, con arreglo al art. 108.4 de la LGT, los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y dem\u00e1s documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y solo podr\u00e1n rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario, lo que, como se ha dicho, no han conseguido las recurrentes.\u201d<\/p>\nSentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 18 de septiembre de 2014, Recurso 1284\/2011. Aplicaci\u00f3n del art. 1062 del C\u00f3digo Civil en la disoluci\u00f3n de la comunidad de bienes sobre dos locales entre dos comuneros con participaciones de propiedad distinta en los mismos.<\/p>\n
\u201cAlega la Generalitat Valenciana que en escritura publica otorgada por D. Teodosio y su hija D\u00aa Marisa, en que que deciden disolver la comunidad de bienes que ostentaban sobre dos inmuebles, locales comerciales. En la escritura de disoluci\u00f3n se adjudican ambos locales a D\u00aa Marisa, y en contraprestaci\u00f3n esta entrega a D. Teodosio la cantidad de 150.189,60 euros. Se produce pues un exceso de adjudicaci\u00f3n en cuanto por la atribuci\u00f3n de una mayor participaci\u00f3n de la que le correspond\u00eda en la comunidad a un comunero, exceso definido en el art 7, 2, B RDL 1\/93. Teniendo en cuenta el criterio de indivisibilidad que establece el art 1062 CC que determina la no sujeci\u00f3n como exceso de adjudicaci\u00f3n en dicho caso cuando constituye el \u00fanico bien de la comunidad. Pero este no es el caso de autos en el que los bienes de la comunidad eran divisibles el exceso de adjudicaci\u00f3n era evitable formando lotes proporcionales. Por todo lo cual postula la anulaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n del TEAR y la confirmaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la GV.<\/p>\n
La administraci\u00f3n demandada se opone al recurso entablado y se\u00f1ala que en el caso de autos si bien existen dos inmuebles sin embargo est\u00e1n participados en porcentajes diferentes por lo que en todo caso no se disuelve la comunidad con la atribuci\u00f3n de un inmueble a cada uno de los miembros, por lo que concurre la situaci\u00f3n de hecho de indivisibilidad lo que impide la consideraci\u00f3n de la existencia de excesos de adjudicaci\u00f3n, no cabe hacer dos lotes equivalentes y la compensaci\u00f3n en met\u00e1lico es inevitable.\u201d<\/p>\n
Se desestima el Recurso indicando el Tribunal que \u201c<\/strong>No est\u00e1 de m\u00e1s a\u00f1adir que tambi\u00e9n entre los Tribunales Superiores de Justicia son variados los pronunciamientos contrarios a la tributaci\u00f3n por ITP modalidad transmisiones patrimoniales onerosas en los supuestos an\u00e1logos al de autos de disoluci\u00f3n de la comunidad de bienes, pudiendo citarse las sentencias del de Andaluc\u00eda de 28 de septiembre de 2006, del de Madrid de 24 de mayo de 2012 o las de la Comunidad Valenciana de 12 de febrero y 11 de mayo de 2013.\u201d Tambi\u00e9n se cita la Sentencia del TSJ de Asturias de 21 de junio de 2010, Recurso 1437\/2008.<\/p>\nSentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 19 de septiembre de 2014, Recurso 3153\/2011. No sujeci\u00f3n de una igualaci\u00f3n de rango redactada por error y subsanada por el Notario autorizante<\/p>\n
\u201c<\/strong>Se\u00f1ala que mediante escritura p\u00fablica de 19 de diciembre de 2008 se procedi\u00f3 al otorgamiento de escritura p\u00fablica de pr\u00e9stamo y constituci\u00f3n de hipoteca y constituci\u00f3n de fianza por el Notario de S……., suscrita entre el BANCO…….SA y su cliente, por la que el actor le entreg\u00f3 al cliente una cantidad de 72.000 euros, en calidad de pr\u00e9stamo, y que con posterioridad a la firma del pr\u00e9stamo hipotecario, el cliente dirigi\u00f3 una carta al actor por la que le comunicaba un error padecido en el clausulado de la escritura, respecto una igualaci\u00f3n de rango que constaba en la cl\u00e1usula segunda, por lo que para subsanar dicho error se extendi\u00f3 en fecha 22 de abril de 2009 por el mismo Notario, diligencia para subsanar el error padecido respecto la igualaci\u00f3n de rango.<\/strong><\/p>\nAlega que por tanto no existe convenci\u00f3n alguna sobre igualaci\u00f3n de rango que sujetar a tributaci\u00f3n, pues si bien en la cl\u00e1usula segunda de la escritura p\u00fablica de fecha 19 de diciembre de 2008, por la que se constituye la hipoteca se cita una igualaci\u00f3n de rango respecto la hipoteca anteriormente inscrita, tal convenci\u00f3n ha sido declarada inexistente mediante diligencia de subsanaci\u00f3n otorgada por el mismo Notario en fecha 22 de abril de 2009, por la que se deja sin efecto y se anula la convenci\u00f3n.<\/strong><\/p>\nEntiende que el documento base de la liquidaci\u00f3n comunicada, no debe someterse a tributaci\u00f3n al carecer de contenido valuable por su pura inexistencia.\u201d<\/p>\n
Para el Tribunal \u201cdebe estimarse la alegaci\u00f3n primera de la actora, pues resulta acreditado, que la igualaci\u00f3n de rango contenida en la escritura p\u00fablica de fecha 19 de diciembre de 2008, fue un error, subsanado mediante diligencia notarial de fecha 22 de abril de 2009, donde se hace constar que la cl\u00e1usula referente a la igualaci\u00f3n de rango es nula, por lo que no conteniendo la escritura p\u00fablica una igualaci\u00f3n de rango, no concurre el hecho imponible en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 31.2 del TR ya expuesto, por lo que procede estimar el recurso, anulando la liquidaci\u00f3n impugnada sin necesidad de entrar a analizar las restantes alegaciones de la actora.\u201d<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\nSentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 23 de septiembre de 2014, Recurso 3003\/2011. Necesidad de la declaraci\u00f3n judicial de la nulidad, rescisi\u00f3n o resoluci\u00f3n del contrato para obtener la devoluci\u00f3n del Impuesto, no bastando la imposibilidad de inscripci\u00f3n.<\/p>\n
\u201c<\/strong>En el caso de autos son hechos sustanciales para dirimir la siguiente litis los siguientes que constan acreditados en virtud del expediente administrativo aportado: En escritura publica otorgada en fecha 15-1-2009 D\u00aa Luc\u00eda, cedi\u00f3 a su hermana D\u00aa Estefan\u00eda, en pago de deuda determinadas cuotas partes de cuatro fincas de su propiedad, presentando copia de dicha escritura ante el RP que deneg\u00f3 la inscripci\u00f3n, por cuanto respecto a tres de las fincas hab\u00edan desaparecido por agrupaci\u00f3n y respecto a la cuarta finca no constaba la Sra. Estefan\u00eda como titular de la misma.<\/strong> D\u00aa Rebeca que hab\u00eda liquidado el ITP de dicha transmisi\u00f3n en la cuant\u00eda de 4086,90 euros, formulo solicitud de ingresos indebidos que fue denegada, y el TEAR estima su reclamaci\u00f3n<\/strong>.\u201d El Tribunal estima el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, pues \u201cla calificaci\u00f3n del ingreso como indebido exige a la concurrencia del negocio jur\u00eddico la declaraci\u00f3n de nulidad, rescisi\u00f3n o resoluci\u00f3n del contrato previamente existente.<\/strong> Este es el requisito que convierte en indebido el pago del impuesto. Pero si el mismo, el negocio jur\u00eddico subyacente sigue vigente y por tanto desplegando todos los efectos jur\u00eddicos que le son propios, lo que nos conduce a afirmar que en el caso de autos se produjo el hecho imponible que dio lugar al pago del impuesto, sin que conste acreditado que con posterioridad concurra ninguno de los supuestos del citado art 57, lo que impide dicha calificaci\u00f3n del ingreso como indebido, y por tanto no procede su devoluci\u00f3n. Afirmaci\u00f3n que conduce a la estimaci\u00f3n del recurso entablado.\u201d<\/p>\n\u201c<\/strong>En el caso de autos la imposibilidad de acceso al Registro de la Propiedad producir\u00e1 respecto al contrato los diversos efectos contemplados en el C\u00f3digo Civil, a saber, el art\u00edculo 1.461 la obligaci\u00f3n de saneamiento de la cosa vendida por el vendedor , art\u00edculo 1.474 la obligaci\u00f3n de responder el vendedor de la posesi\u00f3n legal y pacifica de la cosa por el comprador, lo que se denomina el saneamiento por evicci\u00f3n y que, conforme al art\u00edculo 1.475 , tiene lugar \u00abcuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa vendida\u00bb.<\/p>\nPues bien, si tenemos en cuenta que la mera posibilidad de perder la cosa vendida por el comprador en virtud de la reclamaci\u00f3n de un tercero no permite, si quiera, la suspensi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del impuesto, si supone para el adquirente amenazado en su titularidad la posibilidad, en caso de que efectivamente llegue a perderla, de solicitar la devoluci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n ya ingresada siempre que concurran los dem\u00e1s requisitos exigidos en el art\u00edculo 57 del Texto Refundido.\u201d<\/p>\n
Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de septiembre de 2014, Recurso 236\/2012. No sujeci\u00f3n a IVA de la cesi\u00f3n de terrenos por parte de entes p\u00fablicos, que son destinados a la construcci\u00f3n de viviendas de promoci\u00f3n p\u00fablica. Tampoco procede la calificaci\u00f3n como autoconsumo.<\/strong><\/p>\n\u201cMediante Escritura P\u00fablica de 27 de enero de 2010 se procedi\u00f3 a elevar a p\u00fablico el Convenio de 17 de diciembre de 2009 suscrito por el Consorcio Urban\u00edstico \u00abMostotes-Sur\u00bb de M\u00f3stoles y el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), por el cual, seg\u00fan consta textualmente en la escritura \u00abel primero cedi\u00f3 al segundo, que acept\u00f3, sin contraprestaci\u00f3n alguna para este \u00faltimo, la parcela resultante n\u00famero 63, situada en el Plan Parcial del PAU-4 en el t\u00e9rmino municipal de M\u00f3stoles (Madrid), como cuerpo cierto, libre de cargas y grav\u00e1menes as\u00ed como de arrendatarios y ocupantes, para la protecci\u00f3n de vivienda con Protecci\u00f3n P\u00fablica en r\u00e9gimen de Alquiler con opci\u00f3n de compra\u00bb<\/p>\n
La conclusi\u00f3n que alcanzamos, de no sujeci\u00f3n a IVA, es coincidente con la mantenida por la Direcci\u00f3n General de Tributos en distintas Resoluciones que contemplan una situaci\u00f3n similar a la ahora examinada y considera no sujetas a IVA las cesiones gratuitas de los Ayuntamientos a otras Administraciones, Entidades de Derecho P\u00fablico o Privado, para la construcci\u00f3n de viviendas. Y a\u00fan cuando es cierto que las mismas se dictan con la redacci\u00f3n actualmente vigente del art\u00edculo 7.8\u00ba de la Ley ( en la que se hace referencia a cesiones sin contraprestaci\u00f3n o con contraprestaci\u00f3n tributaria), en la de 3 de marzo de 2005, referida a la cesi\u00f3n a empresa perteneciente \u00edntegramente a una Comunidad Aut\u00f3noma, se se\u00f1ala \u00ab….se puede concluir que, en t\u00e9rminos de la Sexta Directiva, se trata de una actuaci\u00f3n en la que el ayuntamiento act\u00faa en el desarrollo de sus funciones p\u00fablicas. Por tanto, la promoci\u00f3n indirecta por parte de la citada Administraci\u00f3n no se realiza en el desarrollo de ninguna actividad que se pueda calificar como empresarial o profesional a los efectos del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, de modo que las cesiones de terreno que efect\u00faa no se hallar\u00edan sujetas al citado Impuesto. A\u00fan en el caso en que la actividad de promoci\u00f3n indirecta pudiera considerarse como una actividad empresarial o profesional desarrollada por el Ayuntamiento consultante, las cesiones de terrenos objeto de consulta tampoco se hallar\u00edan sujetas al Impuesto, ya que dicha cesiones se realizan gratuitamente con lo cual, falta el requisito de onerosidad exigido por el art\u00edculo 4 de la Ley 37\/1992 y que en el caso de los Entes p\u00fablicos no admite excepci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
Sentencia del TSJ de Madrid de 25 de septiembre de 2014, Recurso 404\/2012. \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n de las reducciones en el ISD: es el valor total de las participaciones<\/strong><\/p>\n\u201cCentrado el objeto del presente recurso se trata de determinar si la minoraci\u00f3n de la reducci\u00f3n del 95% <\/strong>prevista en el art. 20.2.c) de la Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , relativa a las participaciones de entidades a las que sea de aplicaci\u00f3n la exenci\u00f3n del art. 4.8 de la Ley 19\/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio , tiene que ser calculada sobre la totalidad del importe de las participaciones adquiridas \u00abmortis causa\u00bb o sobre el valor de las mismas que resulte exento del Impuesto sobre el Patrimonio<\/strong>. Es decir, se trata de analizar si resulta procedente trasladar al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la regla de proporcionalidad prevista en la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio relativa a la exenci\u00f3n \u00fanicamente de los bienes y participaciones en entidades que est\u00e9n afectos al desarrollo de la actividad empresarial.<\/p>\nLa discrepancia entre las partes supone determinar si la citada reducci\u00f3n del 95% puede hacerse en funci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a la actividad econ\u00f3mica, como as\u00ed entienden la Comunidad de Madrid y el TEAC, o si, seg\u00fan entienden las recurrentes, debe operar sobre el 100% del valor neto de las participaciones dejadas en herencia una vez probado que est\u00e1n exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio, pero con independencia de que esta exenci\u00f3n fuera total o parcial en el impuesto sobre el Patrimonio.<\/p>\n
Sobre la cuesti\u00f3n planteada en este proceso esta misma Secci\u00f3n -como acertadamente se invoca en la demanda- ya se ha pronunciado, entre otras, en sentencias de 7 de Septiembre de 2012 y 13 de Junio de 2013. Razones de unidad de doctrina y de seguridad jur\u00eddica nos obligan a remitirnos a los fundamentos jur\u00eddicos contenidos en dichas sentencias para, en este caso, estimar el presente recurso contencioso administrativo.\u201d En dichas sentencias el Tribunal dijo que \u201clas normas deben interpretarse de acuerdo con su sentido gramatical y m\u00e1s aun en una normativa en la que est\u00e1 prohibida expresamente la interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica. De tal manera que cuando el articulo 20.2.c) se\u00f1ala que la reducci\u00f3n del 95% debe afectar al valor de la empresa familiar adquirida mortis causa debe entenderse que incluye el valor total de la misma pues no se se\u00f1ala que deba ser en relaci\u00f3n con el valor de la empresa entendida \u00fanicamente respecto de los bienes patrimoniales que est\u00e1n afectos a la citada actividad empresarial. Y es esa la interpretaci\u00f3n que corresponde realizar del precepto de la Ley reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones <\/em><\/strong>pues si del indicado articulo se dedujera la interpretaci\u00f3n pretendida por la Comunidad de Madrid carecer\u00eda de sentido la regulaci\u00f3n espec\u00edfica que han introducido algunas Comunidades Aut\u00f3nomas en el ejercicio de sus competencias tributarias que han indicado de forma expresa que la citada reducci\u00f3n del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones solo puede incluir al valor de los bienes afectos a la actividad empresarial de la empresa familiar que se trasmite \u00abmortis causa\u00bb. Y entre ellas se encuentra la regulaci\u00f3n efectuada por las Comunidades Aut\u00f3nomas de Galicia, Catalu\u00f1a y Valencia.\u201d<\/em><\/p>\nSentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 26 de septiembre de 2014, Recurso 1556\/2011. El devengo de ITP en las subastas judiciales tiene lugar cuando se libra testimonio del auto<\/p>\n
\u201c<\/strong>El recurso plantea una controversia en orden a la determinaci\u00f3n de la fecha del devengo del ITPAJD -TPO- (art. 49.1.a) TRLITP-AJD) en un supuesto de adquisici\u00f3n de un inmueble mediante subasta judicial, ya que dicha fecha constituye el dies a quo <\/em>del c\u00f3mputo del plazo de presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n liquidaci\u00f3n por dicho tributo -treinta d\u00edas h\u00e1biles-, conforme al art\u00edculo 102.1 RITP-AJD, aprobado por RD 828\/1995, de 29 de mayo ; y, por extensi\u00f3n, la clave en orden a determinar si en el presente caso es ajustado a Derecho el recargo por presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea de las citadas autoliquidaciones.<\/p>\nAl respecto, la demandante sostiene que las autoliquidaciones del ITPAJD -TPO- se realizaron en plazo; fundando su afirmaci\u00f3n en la interpretaci\u00f3n de la citada normativa en los t\u00e9rminos de que el devengo en los supuestos de adjudicaciones de inmuebles en subasta judicial se produce en el momento en que se libra por el Secretario Judicial mandamiento a la parte del testimonio del auto judicial de adjudicaci\u00f3n, que le permite la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, de conformidad con la redacci\u00f3n de los arts. 1.414 y 1.515 LEC, por Ley 10\/1992, de 30 de abril.<\/p>\n
Oponi\u00e9ndose a dicha posici\u00f3n, el Letrado de la Generalitat sostiene, con base en la interpretaci\u00f3n de la normativa en cuesti\u00f3n en los t\u00e9rminos de fijar la firmeza de la resoluci\u00f3n judicial en la fecha en la que se dicta el auto de adjudicaci\u00f3n, el acomodo a Derecho de las liquidaciones del recargo por presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea, confirmadas por el TEARV con base en dicha argumentaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n
La cuesti\u00f3n ya se resolvi\u00f3 en la Sentencia 1243\/03 en la que se acept\u00f3 el razonamiento de la TEAC en su Resoluci\u00f3n de 25 de noviembre de 1987, en la que se se\u00f1al\u00f3 \u201cque la fecha de devengo en las adjudicaciones de bienes inmuebles en subasta judicial deb\u00eda entenderse referida a la fecha del otorgamiento de la escritura p\u00fablica para su inscripci\u00f3n, y que como a partir de la ley 10\/1992, de 30 de abril, que modifica, entre otros, los arts. 1514 y 1515 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , basta como t\u00edtulo de inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de los inmuebles adjudicados en subasta el testimonio del auto judicial, lo congruente con la doctrina jurisprudencial antes mencionada y con la l\u00f3gica del precepto es que no se entienda devengado el impuesto hasta el momento del libramiento a la parte del testimonio que le sirva de t\u00edtulo inscribible, por lo que habi\u00e9ndose librado el testimonio del Auto el d\u00eda 8 de enero de 1996, y habi\u00e9ndose presentado el documento junto con la preceptiva autoliquidaci\u00f3n el d\u00eda 2 de febrero de 1996, medi\u00f3 un plazo inferior a treinta d\u00edas h\u00e1biles entre ambas fechas, por lo que tal presentaci\u00f3n no puede calificarse como extempor\u00e1nea, procediendo la anulaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n practicada.\u201d<\/p>\n
Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 29 de septiembre de 2014, Recurso 844\/2011. Impuesto sobre Sucesiones. Comprobaci\u00f3n de valor. Medio de comprobaci\u00f3n mediante el valor catastral al que se aplica un coeficiente. No es obligatorio para la Administraci\u00f3n comprobar el valor de todos los bienes.<\/strong><\/p>\n\u201c<\/strong>En cualquier caso no cabe, desde luego, imponer a la Administraci\u00f3n el deber de comprobar individualmente el valor de todos y cada uno de los bienes que formaban parte del caudal hereditario si no existe ning\u00fan elemento que permita considerar que no se hubo procedido al correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto, como ocurre con los bienes cuyo valor no ha sido objeto de comprobaci\u00f3n. Es decir el mecanismo de legal valoraci\u00f3n empleado por la Administraci\u00f3n permite tener por justificado, como aqu\u00ed ocurre, que el bien objeto de valoraci\u00f3n tiene un valor m\u00ednimo, el que resulta de la aplicaci\u00f3n de la norma legal referida, por debajo del cual cabe presumir la existencia de una infravaloraci\u00f3n en la liquidaci\u00f3n presentada por el contribuyente que legitima la comprobaci\u00f3n. Por el contrario, si el contribuyente declara un valor que no es inferior al resultante de la aplicaci\u00f3n de dicho mecanismo no cabe suponer, por aplicaci\u00f3n de la misma regla, que el valor del bien era, en realidad, inferior al declarado, pues no es esperable que, al realizar la liquidaci\u00f3n, se declare un valor superior al real, entre otros motivos dado el car\u00e1cter perjudicial que implicar\u00eda dicha conducta para el contribuyente, pues con ello estar\u00eda asumiendo resultar obligado a pagar una suma superior a la verdaderamente adeudada.\u201d<\/p>\nSentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 30 de septiembre de 2014, Recurso 794\/2010. Escritura de declaraci\u00f3n de obra nueva y reparcelaci\u00f3n. Determinaci\u00f3n de la base imponible. Las normas t\u00e9cnicas de valoraci\u00f3n y el cuadro marco de valores y los m\u00f3dulos del Colegio de Arquitectos pueden utilizarse, pero debe explicarse como se aplican.<\/strong><\/p>\n\u201c<\/strong>La Administraci\u00f3n, si no est\u00e1 conforme con el valor declarado, puede reclamar el presupuesto de ejecuci\u00f3n material y si no est\u00e1 conforme con el mismo (como sucede en el ICIO mencionado por el Tribunal Supremo en relaci\u00f3n al ITPAJD en sus sentencias de 29 de mayo de 2009 , dictada en inter\u00e9s de la ley, o de 9 de Abril de 2012, dictada en el recurso de casaci\u00f3n en unificaci\u00f3n de doctrina n\u00ba 95\/2009) puede desplegar cuantas facultades de inspecci\u00f3n y comprobaci\u00f3n le asisten, pero desde luego de manera fundada en algo concreto y no por referencia a un valor medio; eso s\u00ed, dif\u00edcilmente pueden desmentirse los datos de un presupuesto de ejecuci\u00f3n material si ni siquiera se est\u00e1 dispuesto a desplazarse al lugar de la obra nueva a fin de examinar por ejemplo si la calidad de los materiales es la que se dice ser y dem\u00e1s circunstancias del hecho imponible.<\/p>\nLa Administraci\u00f3n parece entender que todas las obras cuestan lo mismo por m2 y es obvio que eso no es as\u00ed. Consideramos trasladable a este impuesto el criterio jurisprudencial sentado para el Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, consistente en que el valor real de una obra nueva es el coste real de construcci\u00f3n representado por los desembolsos que deben hacerse para la ejecuci\u00f3n de la misma seg\u00fan el presupuesto de ejecuci\u00f3n material con arreglo al Proyecto debidamente visado por el Colegio de Arquitectos (y sin que puedan incluirse otra serie de gastos indirectos que se incluyen en determinados presupuestos como inseparables para la obtenci\u00f3n de la licencia, gastos generales, beneficio industrial, honorarios facultativos, licencias, etc.). La Administraci\u00f3n tiene plenas facultades de investigaci\u00f3n; simplemente no las ejerce y la sustituye por la aplicaci\u00f3n de un m\u00f3dulo insuficiente para desmentir la declaraci\u00f3n del sujeto pasivo.\u201d<\/p>\n
Sentencia del TSJ de Murcia de 30 de septiembre de 2014, Recurso 657\/2010. Concepto de valor real y su aplicaci\u00f3n en AJD<\/strong><\/p>\n\u201cEl Tribunal Constitucional, en Sentencia 194\/2000, de 19 de julio , ha indicado la ausencia en la legislaci\u00f3n de qu\u00e9 debe entenderse por valor real, siendo una magnitud indeterminada en tanto que ni determina que debe entenderse por valor real, ni especifica los par\u00e1metros que deben emplear en todo caso los sujetos pasivos del ITP para determinarlo, concluyendo que: \u00abla Ley, ni define qu\u00e9 debe entenderse por valor real, ni especifica qu\u00e9 criterios o par\u00e1metros -de entre los m\u00faltiples y heterog\u00e9neos que existen- deben tenerse en cuenta a la hora de fijarlo. <\/strong>De este modo, no resulta aventurado afirmar que la tarea de comprobar el \u00abvalor real\u00bb de los bienes y derechos,<\/strong> lejos de arrojar una cifra -en pesetas- exacta, incontrovertible o, al menos, previsible dentro de un margen razonable, normalmente dar\u00e1 lugar a tantos resultados como peritos la lleven a cabo. <\/strong>El propio legislador es consciente de esta circunstancia cuando permite que el sujeto pasivo promueva la \u00bb tasaci\u00f3n pericial contradictoria, en correcci\u00f3n\u00bb de la valoraci\u00f3n practicada por la Administraci\u00f3n…\u00bb \u201cEn definitiva no cabe incluir en la valoraci\u00f3n al efecto de determinar la base imponible del impuesto costes que no constituyan los de la ejecuci\u00f3n material de la obra (presupuesto de ejecuci\u00f3n material de la obra) como son los gastos generales, el beneficio industrial u otros como honorarios profesionales, licencias e impuestos como el IVA o similares, gastos de notario y registro etc.<\/strong> En este caso en el valor de la edificaci\u00f3n consignado en la p\u00f3liza de seguros decenal por da\u00f1os a la edificaci\u00f3n, figuran conceptos como los se\u00f1alados (honorarios t\u00e9cnicos: proyecto, direcci\u00f3n facultativa, otros) que deben ser excluidos.\u201d<\/p>\nSobre la discutida cuesti\u00f3n de las valoraciones en ITP resultan de inter\u00e9s las observaciones del Abogado Javier G\u00f3mez Taboada<\/strong> publicadas en el n\u00famero 59, enero \u2013 febrero de 2015, de la revista del Colegio Notarial de Madrid El Notario del Siglo XXI bajo el t\u00edtulo de \u201cLas comprobaciones de valores: suma y sigue\u201d<\/a><\/p>\nSentencia del TSJ de Canarias, Sede de Santa Cruz de Tenerife, de 2 de octubre de 2014, Recurso 187\/2013. Efectos de la entrega de la notificaci\u00f3n a un tercero.<\/strong><\/p>\n\u201cCon car\u00e1cter general, en primer lugar, debe subrayarse que en los supuestos en los que se ha entregado la notificaci\u00f3n a un tercero que, tal y como exige la jurisprudencia, guarda con el interesado proximidad o cercan\u00eda geogr\u00e1fica, la norma s\u00f3lo establece -puede establecer- una mera presunci\u00f3n -eso s\u00ed, de cierta intensidad- de que el acto o resoluci\u00f3n lleg\u00f3 a conocimiento del destinatario.<\/strong> Por esta raz\u00f3n, esta Sala ha se\u00f1alado, recogiendo la doctrina constitucional, que \u00abes verdad que cuando la notificaci\u00f3n se practica correctamente a un tercero, si el interesado niega haberla recibido o haberlo hecho intempestivamente el \u00f3rgano judicial o la Administraci\u00f3n no pueden presumir sin m\u00e1s que el acto ha llegado a conocimiento del interesado, sino que deben atender a dicha alegaci\u00f3n ( SSTC 275\/1993, de 20 de septiembre, FFJJ 3 y 4; 39\/1996, de 11 de marzo, FJ 2 ; 78\/1999, de 26 de abril, FJ 2 ; 113\/2001, de 7 de mayo (RTC 2001, 113), FJ 3 ; 21\/2006, de 30 de enero, FJ 3 ; 113\/2006, de 5 de abril , FJ 6), pero corresponde a la parte probar dicho extremo ( STC 116\/2004, de 12 de julio , FJ 5.) En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencias de 15 de diciembre de 2009 (rec. cas. n\u00fam. 4789\/2004), FD Tercero; y de 4 de marzo de 2010 (rec. cas. n\u00fam. 2421\/2005), FD Quinto)\u00bb (Sentencia de 16 de diciembre de 2010 (rec. cas. n\u00fam. 3943\/2007), FD Tercero; en el mismo sentido, Sentencia de 14 de marzo de 2011 (rec. cas. n\u00fam. 5455\/2007), FD Cuarto).<\/p>\nCorresponde adem\u00e1s al obligado tributario el esfuerzo de probar que, pese al cumplimiento exquisito de las normas que regulan las notificaciones, el acto o resoluci\u00f3n no lleg\u00f3 a tiempo para que el interesado pudiera reaccionar contra el mismo, y tal esfuerzo debe consistir en algo m\u00e1s que meras afirmaciones apod\u00edcticas no asentadas en prueba alguna (<\/strong> STC 116\/2004, de 12 de julio , FJ 5; y Sentencias de esta Sala de 27 de noviembre de 2008 (rec. cas. n\u00fam. 5565\/2006), FD Cuarto ; de 15 de diciembre de 2009 (rec. cas. n\u00fam. 4789\/2004), FD Tercero; de 4 de marzo de 2010 (rec. cas. n\u00fam. 2421\/2005), FD Quinto ; de 16 de diciembre de 2010 (rec. cas. n\u00fam. 3943\/2007), FD Tercero ; y de 14 de marzo de 2011 (rec. cas. n\u00fam. 5455\/2007), FD Cuarto).<\/p>\nFinalmente, conviene precisar asimismo que lo que los interesados deben probar es que el acto o resoluci\u00f3n no les lleg\u00f3 \u00ab a tiempo \u00bb para reaccionar contra el mismo (STC 113\/2006, de 5 de abril, FJ 6), o \u00ab que no les fue trasladado con el tiempo suficiente para reaccionar en defensa de sus derechos e intereses leg\u00edtimos \u00bb<\/strong> (STC 113\/2006, de 5 de abril, FJ 6). De manera que si tuvo conocimiento del acto por el tercero cuando a\u00fan le quedaba tiempo para reaccionar, el interesado est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de hacerlo, sin que, en principio, quepa interpretar -como a menudo se hace- que el plazo para recurrir se cuenta desde que el tercero le hizo entrega de la comunicaci\u00f3n (STC 184\/2000, de 10 de julio, FJ 3. En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en la Sentencia de 16 de diciembre de 2010 (rec. cas. n\u00fam. 3943\/2007), FD Tercero, y, citando la anterior, en la Sentencia de 14 de marzo de 2011 (rec. cas. n\u00fam. 5455\/2007), FD Cuarto).\u00bb<\/p>\nEn el presente caso, el recurrente no prueba en modo alguno que no tuviera tiempo para reaccionar frente al acuerdo notificado hasta la fecha en la que concluy\u00f3 el plazo para interponer la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico administrativa, lo que se ha acreditado es que en fecha posterior a la notificaci\u00f3n, el 1\/9\/2009, pas\u00f3 a tener relaci\u00f3n laboral con una empresa que aun cuando no consta datos del RM si coincide su denominaci\u00f3n con el primer apellido del esposo de la recurrente.\u201d<\/p>\n
Sentencia del TSJ de Asturias de 6 de octubre de 2014, Recurso 66\/2013. I<\/strong>mpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados. Sujeci\u00f3n al tributo de los derechos de adquisici\u00f3n preferente y de retracto convencional.<\/strong><\/p>\n\u201c<\/strong>En contra de lo que se sostiene por la recurrente este Tribunal entiende que en la discutida cl\u00e1usula de los contratos de compraventa no se establece un \u00fanico derecho ejercitable en dos fases sino dos derechos perfectamente diferenciados: Derecho de Adquisici\u00f3n Preferente (tanteo) y Derecho de Retracto convencional y no legal, tal y como resulta de la propia redacci\u00f3n (por cierto, bastante desafortunada) de la referida cl\u00e1usula en cuyo p\u00e1rrafo cuarto expresamente se habla de \u00ablos derechos de adquisici\u00f3n preferente y retracto precedentemente establecidos…\u00bb y se\u00f1al\u00e1ndose en el siguiente p\u00e1rrafo una cl\u00e1usula penal para el caso de incumplimiento del ofrecimiento de adquisici\u00f3n preferente exclusivamente, a la vez que en el p\u00e1rrafo tercero se hace expresa distinci\u00f3n entre el Derecho de Retracto y el Derecho de Adquisici\u00f3n Preferente. Establecida la existencia de dos derechos perfectamente diferenciados es claro que el Derecho de Retracto al ser ejecutable frente a cualquier adquirente del comprador tiene naturaleza real y ello con independencia de que haya accedido o no al Registro ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2005 ),puesto que lo \u00fanico que ello implicar\u00eda ser\u00eda la no afectaci\u00f3n a terceros de buena fe pero s\u00ed a los adquirentes que debieron conocer su existencia a tenor de lo previsto en p\u00e1rrafo tercero de la repetida cl\u00e1usula.<\/strong><\/p>\nTambi\u00e9n cabe deducir la naturaleza real del referido derecho de la remisi\u00f3n que expresamente se hace en la escritura a los art. 1507 y ss del C.C. entre los que se encuentra el art. 1510 que atribuye al contrato convencional eficacia erga omnes.<\/em><\/p>\nConcurriendo, pues todos los requisitos previstos en el art. 31.2 del Real Decreto Legislativo\u00a0 1\/1993 en relaci\u00f3n con el referido derecho de retracto es por lo que, con independencia del car\u00e1cter obligacional con el que expresamente se estableci\u00f3 el Derecho de Adquisici\u00f3n Preferente ( p\u00e1rrafo primero de la cl\u00e1usula Sexta), ha de considerarse pertinente el devengo del impuesto, en base a todo lo dem\u00e1s arriba razonado y con independencia de la argumentaci\u00f3n que en las resoluciones impugnadas pudiera contenerse.\u201d<\/p>\n
Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 14 de octubre de 2014, Recurso 1455\/2011. No existe exenci\u00f3n para las cooperativas protegidas en las distribuciones del pr\u00e9stamo hipotecario.<\/p>\n
\u201c<\/strong>La alegaci\u00f3n de la actora acerca de que debe aplicarse la \u00abexenci\u00f3n\u00bb <\/strong>prevista en el art. 33.1 de la Ley 20\/1990, de 19 de diciembre, sobre R\u00e9gimen Fiscal de las Cooperativas, a la distribuci\u00f3n <\/em>del cr\u00e9dito hipotecario que se contiene en las citadas escrituras p\u00fablicas tampoco puede prosperar,<\/strong> toda vez que en ese precepto se establecen los \u00abbeneficios fiscales\u00bb que se reconocen a las cooperativas protegidas <\/strong>y que se refieren, respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, por lo que aqu\u00ed interesa, a los actos, contratos y operaciones -por lo que ahora importa- siguientes: \u00abb) La constituci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de pr\u00e9stamos incluso los representados por obligaciones\u00bb, no\u00a0 comprendi\u00e9ndose, por tanto, dentro de esa exenci\u00f3n la distribuci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario litigioso<\/strong>. Debe a\u00f1adirse a esto que no puede aplicarse la analog\u00eda para extender m\u00e1s all\u00e1 de sus t\u00e9rminos estrictos el \u00e1mbito de las exenciones, como resulta del art. 14 de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria\u201d<\/p>\nSentencia del TSJ de Castilla La Mancha\u00a0de 16 de octubre de 2014, Recurso 629\/2012. S\u00f3lo son deducibles los gastos de \u00faltima enfermedad satisfechos por los herederos.<\/p>\n
\u201c<\/strong>En el caso examinado, en puridad, el actor no acredita que los gastos causados en la Cl\u00ednica de Navarra se deban a tratamientos de la \u00faltima enfermedad de don Jes\u00fas Manuel, limit\u00e1ndose su hijo y heredero a afirmar que el causante falleci\u00f3 por padecer un c\u00e1ncer de pulm\u00f3n con met\u00e1stasis \u00f3sea no considerando que mediara un tiempo excesivo entre tales facturas y el fallecimiento. Resulta discutible, efectivamente, que facturas emitidas ocho meses antes del fallecimiento del causante puedan imputarse a la \u00faltima enfermedad de \u00e9ste. Lo que pretende la Ley es deducir de la herencia aquellos gastos de la enfermedad que ha producido la muerte, sin que trat\u00e1ndose de enfermedades que la persona padece durante un largo per\u00edodo de tiempo de meses o a\u00f1os, no se puede tener en cuenta, como \u00faltima enfermedad, aqu\u00e9lla que entre el diagn\u00f3stico y la muerte han transcurrido varios a\u00f1os, pues la propia naturaleza del precepto exige que se refieran \u00fanicamente al \u00faltimo periodo,<\/strong> al agravamiento final de la \u00faltima enfermedad. Pero es lo cierto, que en este caso el interesado no presenta informe m\u00e9dico de la causa de la muerte, de la enfermedad padecida, ni del tiempo de duraci\u00f3n de esta.<\/p>\nIndependientemente de lo anterior, tampoco se cumple el segundo de los requisitos antes expuestos pues no hay acreditaci\u00f3n alguna de que tales facturas fueran abonadas por don Jacobo <\/strong>\u2013heredero–<\/strong>. En efecto, pese a poner de manifiesto el Abogado del Estado esta circunstancia, el actor no ha considerado oportuno ni aportar prueba, dentro del tr\u00e1mite correspondiente, ni hacer el menor comentario sobre la cuesti\u00f3n en su escrito de conclusiones.<\/p>\nPor tanto, no cumpli\u00e9ndose en el presente caso los requisitos para que tales gastos sean deducibles, procede la desestimaci\u00f3n del presente recurso jurisdiccional.\u201d<\/p>\n
Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de octubre de 2014, Recurso 41472011. Impuesto sobre Sociedades. Motivaci\u00f3n. Libre circulaci\u00f3n de capitales. Donaci\u00f3n a la Asociaci\u00f3n Diocesana de Niza. Deducibilidad fiscal.<\/strong><\/p>\n\u201cEl 30 de octubre de 2007, la Unidad de Gesti\u00f3n de Grandes Empresas de la Delegaci\u00f3n Especial de Madrid de la AEAT dict\u00f3 liquidaci\u00f3n provisional a la sociedad ahora demandante, por el impuesto y ejercicio aludidos, en la que se indicaba que aqu\u00e9lla declar\u00f3 tres donaciones: la primera, a la parroquia de San Sebasti\u00e1n M\u00e1rtir, por 120.000 euros, por lo que puede deducirse 42.000 euros; la segunda a la Fundaci\u00f3n S\u00edndrome de Down de Madrid, de 15.034,00 euros, que permiten una deducci\u00f3n de 5.261,90 euros; el tercer donativo corresponde a la asociaci\u00f3n diocesana de Niza, del que se niega la deducci\u00f3n en virtud del art\u00edculo 16 de la Ley 49\/2002, de 23 de diciembre,<\/strong> de R\u00e9gimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo , en relaci\u00f3n con la disposici\u00f3n adicional octava (sic) de la misma ley.<\/p>\n\u00a0De tal exclusi\u00f3n deriva una liquidaci\u00f3n a ingresar de 276.645,61 euros<\/strong>, compuesta de cuota por importe de 257.664,89 euros e intereses de demora que ascienden a 18.980,72 euros.<\/p>\nDisconforme con el citado acto administrativo, la entidad interpuso reclamaci\u00f3n en primera instancia ante el Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Regional de Madrid. El TEAR, el 23 de febrero de 2010, la desestim\u00f3, confirmando la liquidaci\u00f3n girada.<\/p>\n
Contra dicho acuerdo se interpuso recurso de alzada ante el Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Central\u201d, igualmente desestimado.<\/p>\n
Se estima el recurso \u201catendida la expresada jurisprudencia comunitaria sobre unos hechos que, en lo sustancial, son id\u00e9nticos a los que en este asunto se eval\u00faan, puede llegarse a la misma conclusi\u00f3n, que debemos sintetizar de esta manera: a) no hay ninguna raz\u00f3n que justifique, desde la perspectiva del Derecho comunitario, la diferencia de trato entre las donaciones efectuadas a entidades de utilidad p\u00fablica (entidades beneficiarias del mecenazgo en la expresi\u00f3n del art\u00edculo 16 de la Ley 49\/2002, del Mecenazgo ),\u00a0 por la sola raz\u00f3n de su lugar de residencia; b) la mencionada Ley debe interpretarse conforme a las normas, principios y exigencias del Derecho comunitario, sin que la utilidad p\u00fablica -la Ley habla del tercer sector <\/em>, esto es, la participaci\u00f3n privada en actividades de inter\u00e9s general- pueda ser constre\u00f1ida a las que realicen las entidades residentes en Espa\u00f1a o cuyos fines beneficien, de forma exclusiva o no, a ciudadanos espa\u00f1oles; c) la claridad de esta jurisprudencia y la identidad del asunto<\/strong> debatido con el que ha sido resuelto en la expresada sentencia del TJUE de 27 de enero de 2009, C-318\/07 (Persche), hacen innecesario plantear cuesti\u00f3n prejudicial al efecto, en virtud de los principios del acto claro (asunto CILFIT) y del acto aclarado, aclaraci\u00f3n que, precisamente, puede entenderse efectuada en la mencionada sentencia y, por remisi\u00f3n contenida en ella, a la de 14 de septiembre de 2006, asunto C-386\/04 (