{"id":30708,"date":"2016-12-13T19:24:11","date_gmt":"2016-12-13T18:24:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=30708"},"modified":"2017-02-23T22:12:50","modified_gmt":"2017-02-23T21:12:50","slug":"tema-11-hipotecario-registros-efectos-de-la-nulidad-del-acto-o-contrato-inscrito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oposiciones\/temas\/tema-11-hipotecario-registros-efectos-de-la-nulidad-del-acto-o-contrato-inscrito\/","title":{"rendered":"Tema 11 Hipotecario Registros. Efectos de la nulidad del acto o contrato inscrito."},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: justify;\"><strong><a id=\"arriba\"><\/a>TEMA 11. DERECHO HIPOTECARIO. Registros Programa anterior.<\/strong><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>Tema 11. Efectos de la nulidad del acto o contrato inscrito. Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias en el Registro. La acci\u00f3n pauliana.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Temas m\u00e1s cercanos en los nuevos programas:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Registros: Tema 8.<\/strong> Efectos de la inscripci\u00f3n respecto de los actos y contratos nulos. Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias en el Registro de la Propiedad. La acci\u00f3n \u00abpauliana\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Notar\u00edas:\u00a0Tema 6. <\/strong>Efectos de la inscripci\u00f3n respecto de los actos y contratos nulos. Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias en el Registro de la Propiedad. La acci\u00f3n pauliana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><a href=\"#1efec\">EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO O CONTRATO INSCRITO.<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"#2acc\">LAS ACCIONES RESCISORIAS, REVOCATORIAS Y RESOLUTORIAS EN EL REGISTRO.<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"#3pauliana\">LA ACCI\u00d3N PAULIANA.<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"#anexos\">Anexos.<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong><a id=\"1efec\"><\/a>1.- EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO O CONTRATO INSCRITO<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como forma de conservar el prestigio de la instituci\u00f3n registral, y de alcanzar el objetivo de la doble concordancia entre los pronunciamientos registrales y la realidad jur\u00eddica extrarregistral, y entre las instituciones civiles y los principios hipotecarios, la legislaci\u00f3n hipotecaria se ha preocupado en se\u00f1alar unos <strong>requisitos<\/strong> para que el Registro de la Propiedad s\u00f3lo publique lo que es v\u00e1lido:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Titulaci\u00f3n aut\u00e9ntica<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/strong> (art. 3 LH): \u201c<em>Para que puedan ser inscritos los t\u00edtulos expresados en el art\u00edculo anterior, deber\u00e1n estar consignados en <u>escritura p\u00fablica, ejecutoria o documento aut\u00e9ntico<\/u>, expedido por Autoridad judicial, o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">En otras palabras, t\u00edtulos en su acepci\u00f3n formal, como fuente de conocimiento o instrumentos que permitan la inscripci\u00f3n en el Registro de los t\u00edtulos materiales del art. 2 LH.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><strong>Calificaci\u00f3n registral<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/strong> (art. 18 LH): \u201c<em>Los Registradores calificar\u00e1n, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extr\u00ednsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripci\u00f3n, as\u00ed como la capacidad de los otorgantes y la <u>validez de los actos dispositivos<\/u> contenidos en las escrituras p\u00fablicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro<\/em>\u201d. Por ejemplo, examinando la concurrencia de los requisitos de consentimiento, objeto y causa del art. 1261 CC para los contratos consensuales, o de la forma en los solemnes (art. 1280 CC).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, hemos de reconocer la posibilidad de inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de actos o contratos nulos, deducida de una simple interpretaci\u00f3n a sensu contrario del <strong>art\u00edculo 33 LH<\/strong>: \u201c<em>La inscripci\u00f3n no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como <strong>ejemplos de inscripciones basadas en actos o contratos nulos<\/strong>, podemos mencionar los siguientes:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>los casos de \u201c<em>inscripciones condicionadas<\/em>\u201d (desaparecidas con la reforma del Reglamento Hipotecario de 1982): supuestos en los cuales faltaba un determinado requisito como la autorizaci\u00f3n, licencia, aprobaci\u00f3n o intervenci\u00f3n de una autoridad administrativa, y en los cuales se practicaba la inscripci\u00f3n, pero se hac\u00eda constar en el asiento la posible causa de anulabilidad (Por ejemplo, actos dispositivos realizados por la mujer casada sin licencia marital).<\/li>\n<li><em>actos administrativos<\/em> consecuencia del privilegio del que gozan las Administraciones P\u00fablicas, la llamada autotutela declarativa o ejecutiva, en virtud del cual sus actos sujetos al Derecho Administrativo ser\u00e1n ejecutivos y se presumir\u00e1n v\u00e1lidos (arts. 56-57 Ley 30 \/ 1992, 30 noviembre, del R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan). Es importante aqu\u00ed hacer unos peque\u00f1os apuntes:\n<ul>\n<li>el \u00e1mbito de la calificaci\u00f3n registral<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> (art. 99 RH), el cual se extiende, por ejemplo, a los tr\u00e1mites esenciales del procedimiento, pero no al fundamento de la resoluci\u00f3n reca\u00edda (y sin perjuicio de la sujeci\u00f3n de todas las Administraciones P\u00fablicas al principio de legalidad del art. 9.3 CE).<\/li>\n<li>La DGRN, en R. 22 de febrero de 2007, interpretando el <a href=\"http:\/\/www.060.es\/canales\/legislacion\/servicios\/disposiciones\/6-ides-idweb.jsp\">art\u00edculo 95<\/a> de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan (relativo a la ejecuci\u00f3n forzosa de los actos administrativos): \u201d<em>la singular protecci\u00f3n que el Registro de la Propiedad otorga al titular inscrito constituye un l\u00edmite importante a las facultades reivindicativas y de autotutela de la Administraci\u00f3n que resulta obligada a impugnar judicialmente la presunci\u00f3n de legitimidad que deriva de la inscripci\u00f3n en el Registro\u201d<\/em>.\u00a0 Basa su doctrina fundamentalmente en interpretar la excepci\u00f3n \u00ab\u2026la ley exija la intervenci\u00f3n de los Tribunales\u00bb, poni\u00e9ndola en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria, al sancionar que los asientos del Registro est\u00e1n bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud, protecci\u00f3n judicial de la que goza el titular registral. A lo anterior tan s\u00f3lo reconoce como <em>contraexcepciones:<\/em> los deslindes de costas (<a href=\"http:\/\/noticias.juridicas.com\/base_datos\/Admin\/l22-1988.t1.html#a13\">art\u00edculo 13<\/a> de la Ley de Costas) y de cauces p\u00fablicos (art\u00edculo 87 de la Ley de Aguas dice la Resoluci\u00f3n, aunque <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/boe\/dias\/boe\/dias\/2001\/07\/24\/pdfs\/A26791-26817.pdf\">parece que es el 95<\/a>), as\u00ed como aquellos otros supuestos de autotutela expresamente admitidos por la Ley.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>los actos administrativos, en cuanto a su forma, pueden ser expresos o t\u00e1citos: es aqu\u00ed donde entran los supuestos de derechos adquiridos por los particulares a trav\u00e9s del silencio administrativo positivo, donde se practica la inscripci\u00f3n, sin perjuicio de la posible impugnaci\u00f3n posterior de la Administraci\u00f3n competente<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>actos llevados a cabo por el <em>contador-partidor<\/em>, distribuyendo la herencia del causante, los cuales se presumen v\u00e1lidos, mientras no se impugnen judicialmente (RDGRN 24\/marzo\/2001)<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>. Recordar la Ley de Jurisdicci\u00f3n voluntaria reforma el art\u00edculo 1057 C\u00f3digo Civil estableciendo que \u201cLa partici\u00f3n as\u00ed realizada requerir\u00e1 aprobaci\u00f3n del Secretario judicial o del Notario, salvo confirmaci\u00f3n expresa de todos los herederos y legatarios\u201d.<\/li>\n<li>actos efectuados por el <em>concursado<\/em>, contraviniendo las normas prohibitivas o limitativas sobre su patrimonio impuestas en el convenio, los cuales se inscriben, sin perjuicio de la posible posterior impugnaci\u00f3n por cualquier acreedor ante el Juez de lo mercantil (art. 137 LC). Tradicionalmente fue muy discutida la naturaleza de los actos realizados en el \u00e1mbito de la quiebra<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>.<\/li>\n<li><em>vicios contractuales<\/em> (simulaci\u00f3n, reserva mental, vicios del consentimiento, mala fe, actos realizados por un incapaz sin previa declaraci\u00f3n judicial\u2026), los cuales escapan del doble filtro de la actuaci\u00f3n del Notario autorizante y del Registrador, dejando su posible impugnaci\u00f3n para la v\u00eda judicial, con sus garant\u00edas procesales de contradicci\u00f3n y defensa, al margen de los limitados medios del Registrador en el procedimiento registral.<\/li>\n<li>por \u00faltimo, los posibles supuestos de calificaci\u00f3n err\u00f3nea del Registrador, con una posible responsabilidad civil por su parte, y no del Estado<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para terminar esta peque\u00f1a introducci\u00f3n al tema objeto de la exposici\u00f3n, hemos de mencionar una serie de supuestos en los cuales es la jurisprudencia la que va delimitando el grado de ineficacia del negocio jur\u00eddico en cuesti\u00f3n, ante la falta de un requisito exigido por la ley. Hablamos de conceptos jur\u00eddicos a veces dif\u00edcil de deslindar en la pr\u00e1ctica, como nulidad o anulabilidad (causa originaria: falta de causa o vicio en el consentimiento), resoluci\u00f3n o rescisi\u00f3n (causa sobrevenida: falta en el pago del precio aplazado, o lesi\u00f3n o perjuicio para una de las partes o de un tercero).<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Siguiendo la doctrina hipotecarista cl\u00e1sica (<em>Jer\u00f3nimo Gonz\u00e1lez o Sanz Fern\u00e1ndez<\/em>), podemos diferenciar en la exposici\u00f3n tres aspectos:<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>1.- Efectos de la inscripci\u00f3n respecto del acto o contrato nulo<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como ya adelantamos con anterioridad, el art\u00edculo 33 LH viene a decir lo siguiente: \u201c<em>La inscripci\u00f3n no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esto se justifica porque la inscripci\u00f3n, pese a los importantes efectos que la ley le atribuye (prioridad o legitimaci\u00f3n registral por ejemplo), carece no obstante de virtudes sanatorias o taumat\u00fargicas, no pudiendo por tanto sanar los vicios de que adoleciera un t\u00edtulo al llegar al Registro de la Propiedad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como ya dej\u00f3 sentado <em>N\u00fa\u00f1ez Lagos<\/em> hace tiempo, los t\u00edtulos se inscriben en el Registro porque son v\u00e1lidos, pero no son v\u00e1lidos porque se inscriban.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, la interpretaci\u00f3n doctrinal de este precepto legal no ha sido un\u00e1nime, pudiendo marcar claramente dos posiciones encontradas:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>positiva<\/u><\/li>\n<li><em>G\u00f3mez de la Serna<\/em> entiende que su objeto exclusivo est\u00e1 en evitar dudas infundadas, atendiendo al gran valor que en la ley se concede a las inscripciones; ello podr\u00eda inducir a alguna persona no perita en Derecho a desistir, ante el silencio legal, de las reclamaciones a que tendr\u00eda derecho.<\/li>\n<li><em>Galindo y Escosura<\/em>, as\u00ed como <em>Morell<\/em>, lo defendieron como un precepto necesario e important\u00edsimo por la doctrina impl\u00edcita que conten\u00eda, \u201cguarda \u00fanica de la propiedad\u201d, la cual, de otro modo, se convertir\u00eda en el patrimonio del m\u00e1s astuto o del m\u00e1s perverso, con lo cual quedar\u00eda desnaturalizado el Registro de la Propiedad, al convertirlo de protector en tirano de la propiedad inmueble.<\/li>\n<li><em>Garc\u00eda Garc\u00eda <\/em>defiende el art. 33 LH al considerarlo como clarificador de los efectos de nuestro sistema registral, am\u00e9n de delimitar el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n del art. 34, y el concepto de tercero hipotecario, concepto s\u00f3lo referido a aquellas causas de nulidad o resoluci\u00f3n que no est\u00e1n en el contrato adquisitivo en que interviene el tercero adquirente, pues respecto a ella el tercero no es tal, sino parte de la relaci\u00f3n jur\u00eddica viciada. Preceptos ambos, por tanto, complementarios y no excluyentes como defiende Roca Sastre.<\/li>\n<li><u>negativa<\/u><\/li>\n<li><em>Felic\u00edsimo De Castro<\/em> entiende que estamos ante un precepto de doctrina equivocada y perturbadora, en cuanto la inscripci\u00f3n no transforma en v\u00e1lido el t\u00edtulo nulo, pero produce sus peculiares efectos, como la legitimaci\u00f3n registral. Es por ello que el art. 33 LH deber\u00eda a\u00f1adir un inciso: \u201c<em>sin perjuicio de los particulares efectos que pueda producir el asiento<\/em>\u201d.<\/li>\n<li><em>Roca Sastre<\/em>, lo critica desde la perspectiva de ser un precepto superfluo: 1) por su evidencia; 2) porque tal regla la presuponen el art. 79.3 LH (cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n por nulidad del t\u00edtulo) y 40.d) LH (rectificaci\u00f3n de la inexactitud registral por falsedad, nulidad o defecto del t\u00edtulo que hubiere motivado el asiento); 3) porque lo mismo ocurre con el art. 34 LH, interpretado a sensu contrario<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un aspecto relevante a tratar es la dependencia, o no, del art\u00edculo 33 LH con su posterior 34.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Podemos afirmar que <strong>toda transmisi\u00f3n o gravamen sobre bienes inmuebles requerir\u00e1 la concurrencia de dos requisitos<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>acto o contrato v\u00e1lido<\/u>: la falta de este primer requisito elimina la causa de la transmisi\u00f3n, lo cual provoca que nos encontremos ante una <em>venta nula de cosa propia<\/em> (art. 33 LH).<\/li>\n<li><u>preexistencia del derecho en el enajenante<\/u>: la falta de este segundo requisito no elimina la causa de la transmisi\u00f3n, por aplicaci\u00f3n del principio de la fe p\u00fablica registral, que antepone el asiento del tercero hipotecario por encima de la realidad extrarregistral, dando lugar a una <em>venta v\u00e1lida de cosa ajena<\/em> (art. 34 LH)<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sobre ello ha habido una extensa jurisprudencia, recogida en la <strong>STS 5\/marzo\/2007<\/strong> (reiterada por la posterior de 7\/septiembre\/2007).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A trav\u00e9s de ella se procede a la fijaci\u00f3n definitiva en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los arts. 34 LH y 1473 CC (venta de cosa ajena y doble venta), al mismo tiempo que desarrolla una magn\u00edfica s\u00edntesis de la evoluci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hasta los a\u00f1os 90, si un propietario vend\u00eda dos veces una misma finca, se ven\u00eda entendiendo que nos encontr\u00e1bamos ante un supuesto de doble venta (art. 1473 CC). No hab\u00eda dudas sobre ello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partir de la d\u00e9cada de los 90, se empieza a introducir un nuevo supuesto, el de venta de cosa ajena (con el problema de la falta de regulaci\u00f3n legal expresa, a diferencia de la doble venta). La cual, en un primer momento se entendi\u00f3 como nula o inexistente por falta de objeto; luego se empez\u00f3 a admitir su validez por el car\u00e1cter consensual y obligacional de la compraventa, para m\u00e1s tarde, modificar en parte el concepto de doble venta, introduciendo la exigencia de que la primera venta no se hubiera consumado mediante la traditio. Esto se tradujo en cierta coetaneidad cronol\u00f3gica entre las transmisiones, ya que cuanto m\u00e1s tiempo transcurriera entre la primera y la segunda transmisi\u00f3n, m\u00e1s probable ser\u00eda la consumaci\u00f3n de la primera venta (consecuencia de todo ello es que, habiendo t\u00edtulo y modo en la primera transmisi\u00f3n, la jurisprudencia pas\u00f3 de calificar tales supuestos de doble venta a venta de cosa ajena)<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, la doctrina que se recoge en sendas STS del a\u00f1o 2007 es que en las adquisiciones en subasta (procedimiento apremio administrativo o judicial) el rematante o adjudicatario s\u00ed re\u00fane la cualidad de tercero hipotecario, a efectos de la aplicaci\u00f3n del art. 34 LH<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>. Para ello el Alto Tribunal se fundamenta en el art. 594 LEC (declara expresamente la validez del embargo trabado sobre cosa ajena), as\u00ed como los antecedentes legislativos, hist\u00f3ricos, la realidad social actual y el esp\u00edritu y finalidad de la normativa hipotecaria, reforzando el papel que desempe\u00f1a el Registro de la Propiedad en la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En definitiva, tenemos que el art\u00edculo 33 LH sienta la <strong>regla general<\/strong> de nuestro sistema registral (la inscripci\u00f3n no goza de fuerza convalidante para los actos nulos), pero admite dos <strong>excepciones<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>tercero hipotecario<\/u> protegido por la fe p\u00fablica (art. 34 LH) ya comentado, y<\/li>\n<li><u>usucapi\u00f3n secundum tabulas<\/u> (art. 35 LH), donde un usucapiente con t\u00edtulo putativo inscrito se ampara en la fuerza de su inscripci\u00f3n como justo t\u00edtulo para subsanar los posibles vicios del t\u00edtulo de propiedad del transmitente.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>2.- Efectos de la inscripci\u00f3n en s\u00ed misma considerada<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aqu\u00ed podemos hacer una distinci\u00f3n entre <u>dos contrapuestas opiniones doctrinales<\/u>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la <em>opini\u00f3n mayoritaria de la doctrina<\/em>, seg\u00fan la cual es posible hablar de dos clases de nulidad de inscripci\u00f3n:\n<ul>\n<li>nulidad formal<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> (art. 30 LH: \u201c<em>Las inscripciones de los t\u00edtulos expresados en los art\u00edculos 2 y 4 ser\u00e1n nulas si en ellas se omite o se expresa, con inexactitud sustancial, alguna de las circunstancias comprendidas en el art\u00edculo 9, sin perjuicio de lo previsto en esta ley sobre rectificaci\u00f3n de errores<\/em>\u201d).<\/li>\n<li>nulidad material (art. 33 LH: \u201c<em>La inscripci\u00f3n no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes<\/em>\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><em>Sanz Fern\u00e1ndez, <\/em>quien s\u00ed acepta hablar de nulidad de inscripci\u00f3n, cuando \u00e9sta nace por defecto del asiento, y no de nulidad de inscripci\u00f3n, cuando \u00e9sta procede de un defecto del t\u00edtulo (el asiento producir\u00e1 todos sus efectos mientras no se corrija en v\u00eda judicial la inexactitud registral, al amparo del art. 1.3 LH<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>). M\u00e1s que una inscripci\u00f3n nula, tendr\u00edamos una inscripci\u00f3n inexacta, que facultar\u00e1 al verdadero titular del derecho a ejercitar la acci\u00f3n de rectificaci\u00f3n del Registro (art. 40 LH).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">En conclusi\u00f3n, podemos afirmar que mientras no se declare judicialmente la nulidad de su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, el titular inscrito goza de importantes efectos derivados de la naturaleza de nuestro propio sistema registral, como son la prioridad (frente a los t\u00edtulos no inscritos) y la legitimaci\u00f3n (con la consiguiente facultad dispositiva), si bien no resulta amparado por la fe p\u00fablica registral, al ser uno de sus presupuestos legales la validez de la adquisici\u00f3n propia<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>3.- Efectos de la inscripci\u00f3n de un acto o contrato nulo respecto asientos posteriores.<\/strong><\/h3>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>acto o contrato nulo impide al titular inscrito ser el verdadero due\u00f1o o titular del derecho<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aqu\u00ed hay que diferenciar la respuesta al problema creado con tal inscripci\u00f3n, seg\u00fan busquemos la soluci\u00f3n en los <strong>principios civiles o hipotecarios<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el <em>Derecho Civil<\/em>, el adquirente de un contrato viciado no incorpora a su patrimonio ning\u00fan derecho, porque tampoco lo ten\u00eda el transmitente<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, en el <em>Derecho Hipotecario<\/em>, consecuencia del principio de legitimaci\u00f3n registral (arts. 1.3, 38, 97 LH), se le reconoce al titular inscrito el ius disponendi, que se traducir\u00e1 en actos dispositivos de su derecho a favor de un tercero, el cual si es hipotecario (art. 34 LH), resultar\u00e1 protegido por la fe p\u00fablica registral. Ello por aplicaci\u00f3n de un principio superior, de rango constitucional como es el de seguridad jur\u00eddica (art. 9.3 CE), que protege el cr\u00e9dito territorial o la libre circulaci\u00f3n de los bienes en favor de quien adquiere derechos confiando en los pronunciamientos del Registro de la Propiedad.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>rectificaci\u00f3n del Registro<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta discordancia entre los pronunciamientos registrales y la realidad jur\u00eddica extrarregistral nos llevar\u00e1 a una situaci\u00f3n de inexactitud del Registro, con la consiguiente necesidad de rectificaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora bien, tal rectificaci\u00f3n <strong>no afectar\u00e1 en ning\u00fan caso a los titulares inscritos protegidos por la fe p\u00fablica registral<\/strong>. Ello viene consagrado en dos preceptos legales:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>31 LH: \u201c<em>La nulidad de las inscripciones de que trata el art\u00edculo precedente no perjudicar\u00e1 el derecho anteriormente adquirido por un tercero protegido con arreglo al art\u00edculo 34<\/em>\u201d.<\/li>\n<li>40.4 LH: \u201c<em>En ning\u00fan caso la rectificaci\u00f3n del Registro perjudicar\u00e1 los derechos adquiridos por tercero a t\u00edtulo oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento que se declare inexacto<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un problema que nos aparece en el horizonte es el de la necesidad, o no, de proceder a la <strong>cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n<\/strong> que se practic\u00f3 en base a un acto o contrato nulo, cuando ya tenemos un tercero posterior protegido por esa fe p\u00fablica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La jurisprudencia se pronunci\u00f3 en <em>sentido negativo<\/em>, en la STS 26\/febrero\/1944, al entender que la inscripci\u00f3n del tercero hipotecario se encuentra amparada por la fe p\u00fablica, y que la inscripci\u00f3n a cancelar aparece ya extinguida por la inscripci\u00f3n de la transmisi\u00f3n a favor de tercero<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por otro lado, dentro de la doctrina hipotecarista, Lacruz Berdejo opta por la resolver la cuesti\u00f3n en <em>sentido positivo<\/em>, bas\u00e1ndose en el art. 173.2 RH \u201c<em>Las cancelaciones que se hagan por consecuencia de declararse nulos los t\u00edtulos inscritos surtir\u00e1n efectos sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 34 de la Ley<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sobre esta materia, a la hora de c\u00f3mo proceder desde un punto de vista registral, hay que acudir al art. 53 RH, seg\u00fan el cual \u201c<em>Declarada la nulidad de un asiento, mandar\u00e1 el Juez o el Tribunal cancelarlo y, en su caso, extender otro nuevo en la forma que proceda, seg\u00fan la Ley. Este nuevo asiento surtir\u00e1 efecto desde la fecha en que deba producirlo, seg\u00fan sus respectivos casos<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En relaci\u00f3n a ese nuevo asiento, unas veces bastar\u00e1 la cancelaci\u00f3n del asiento anulado (y como consecuencia, recobrar\u00e1 vigencia el asiento inmediatamente anterior al asiento anulado), y otras veces, ser\u00e1 necesario extender otro nuevo asiento cuando el anterior sea err\u00f3neo o irregular y se produzca una situaci\u00f3n nueva que ha de reflejarse en el Registro de la Propiedad. Importante, desde el prisma de la prioridad registral, es no olvidar que la fecha que concede tal prioridad ser\u00e1 la del asiento de presentaci\u00f3n (arts. 24-25 LH) del mandamiento judicial que ordene extender tal asiento<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, podr\u00e1 practicarse la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del dominio, pero no la cancelaci\u00f3n de hipotecas y otros derechos reales posteriores no demandados en juicio sobre la nulidad del t\u00edtulo adquisitivo<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong><a id=\"2acc\"><\/a>2.- LAS ACCIONES RESCISORIAS, REVOCATORIAS Y RESOLUTORIAS EN EL REGISTRO<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como primera idea a tener en cuenta, la doctrina hipotecarista ha estudiado la posible conexi\u00f3n de los art\u00edculos 34 y 37 LH. Por tanto, analicemos en primer t\u00e9rmino lo que nos dicen tales preceptos legales.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>34 LH: \u201c<em>El tercero que de buena fe adquiera a t\u00edtulo oneroso alg\u00fan derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, ser\u00e1 mantenido en su adquisici\u00f3n, aunque despu\u00e9s se anule o resuelva el derecho del otorgante por virtud de causas que no consten en el Registro<\/em>\u201d.<\/li>\n<li>37 LH: \u201c<em>Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias no se dar\u00e1n contra tercero que haya inscrito los t\u00edtulos de sus respectivos derechos conforme a lo prevenido en esta Ley.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Se except\u00faan de la regla contenida en el p\u00e1rrafo anterior:<\/em><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><em>Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen a causas que consten expl\u00edcitamente en el Registro.<\/em><\/li>\n<li><em>Las de revocaci\u00f3n de donaciones, en el caso de no cumplir el donatario condiciones inscritas en el Registro.<\/em><\/li>\n<li><em>Las de retracto legal, en los casos y t\u00e9rminos que las leyes establecen.<\/em><\/li>\n<li><em>Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acreedores, las cuales perjudicar\u00e1n a tercero:<\/em>\n<ol>\n<li><em>Cuando hubiese adquirido a t\u00edtulo gratuito.<\/em><\/li>\n<li><em>Cuando, habiendo adquirido a t\u00edtulo oneroso, hubiese sido c\u00f3mplice en el fraude. El simple conocimiento de haberse aplazado el pago del precio no implicar\u00e1, por s\u00ed solo, complicidad en el fraude.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>En ambos casos no perjudicar\u00e1 a tercero la acci\u00f3n rescisoria que no se hubiere entablado dentro del plazo de cuatro a\u00f1os, contados desde el d\u00eda de la enajenaci\u00f3n fraudulenta.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>En el caso de que la acci\u00f3n resolutoria, revocatoria o rescisoria no se pueda dirigir contra tercero, conforme a lo dispuesto en el p\u00e1rrafo primero de este art\u00edculo, se podr\u00e1n ejercitar entre las partes las acciones personales que correspondan<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrando ya de lleno en la ex\u00e9gesis de los dos preceptos legales, tenemos a autores como <em>Sanz Fern\u00e1ndez o Roca Sastre<\/em>, que los consideran como complementarios, de forma que la regla general estar\u00eda contenida en el art. 34 LH, y las excepciones en el art. 37 LH, al faltar alguno de los presupuestos legales de la fe p\u00fablica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, otros hipotecaristas como <em>Lacruz<\/em>, defienden que la protecci\u00f3n del tercero se encuentra dispersa no s\u00f3lo en los art\u00edculos citados, sino tambi\u00e9n en otros muchos: arts. 17 y 32 LH frente a los t\u00edtulos no inscritos; art. 34 LH, frente a la nulidad o resoluci\u00f3n del derecho del otorgante; as\u00ed como otros, por ejemplo, arts. 31, 40, 220 LH (frente a inexactitud registral).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya que el art. 34 LH, y por ende, la figura del tercero hipotecario, se estudia con m\u00e1s detenimiento en otras partes del Temario, nos centraremos en el estudio del art. 37 LH.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En general, este art\u00edculo aglutina una serie de acciones, algunas de car\u00e1cter personal, otras de car\u00e1cter real, con el problema a\u00f1adido de contar con una doble regulaci\u00f3n legal, tanto en el C\u00f3digo Civil como en la Ley Hipotecaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una norma com\u00fan a todas ellas est\u00e1 en que, tomada la anotaci\u00f3n preventiva de demanda en los libros del Registro, tales acciones afectar\u00e1n a todo tercero (aun siendo en algunos casos acciones personales).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analicemos a continuaci\u00f3n cada una de tales acciones:<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>1.- Acciones rescisorias<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entendiendo por tales aquellas que ocasionan un perjuicio o lesi\u00f3n a alguna de las partes contratantes o tercero, nos referiremos siempre al ejercicio de tales acciones, y no a condiciones impuestas en un contrato, pese a la dicci\u00f3n legal del art. 23 LH (las condiciones que afectan a la eficacia de un negocio jur\u00eddico s\u00f3lo pueden ser suspensivas o resolutorias).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan <em>Garc\u00eda Garc\u00eda<\/em>, las acciones rescisorias ordinarias, en cuanto a su naturaleza jur\u00eddica, son acciones personales (art. 1295 CC); es decir, no afectan a terceros (y ello tanto si es tercero civil o que no ha inscrito \u2013art. 1295 CC-, como si es un tercero que s\u00ed ha inscrito \u2013art. 37 LH-, salvo que semejante tercero (civil o hipotecario) haya actuado con fraude (art. 1295 CC)<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, <em>Sanz Fern\u00e1ndez<\/em> critica la inclusi\u00f3n de este precepto dentro de la legislaci\u00f3n hipotecaria, introducido en la inicial Ley Hipotecaria de 1861 y mantenida de forma inexplicable en las reformas posteriores, al entender que tal acci\u00f3n no tiene posibilidades de ser ejercitada cuando haya un tercero hipotecario<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La rescisi\u00f3n s\u00f3lo procede en los <strong>casos taxativamente previstos en la ley<\/strong> (art. 1290 CC):<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>contratos que puedan celebrar los tutores sin autorizaci\u00f3n judicial o los celebrados en representaci\u00f3n de los ausentes, siempre que las personas a quienes representen hayan sufrido lesi\u00f3n en m\u00e1s de la cuarta parte del valor de las cosas que hayan sido objeto de aqu\u00e9llos (art. 1291.1 y 2 CC)<\/li>\n<li>enajenaciones realizadas en fraude de acreedores (art. 1291. 3 CC): acci\u00f3n pauliana que luego comentaremos.<\/li>\n<li>contratos sobre cosas litigiosas, si los celebra el demandado sin conocimiento y aprobaci\u00f3n de las partes litigantes o de la autoridad judicial (art. 1291.4 CC)<\/li>\n<li>lesi\u00f3n ultra dimidium, por perjuicio al vendedor en relaci\u00f3n a lo que se entiende por justo precio en una compraventa (s\u00f3lo Catalu\u00f1a y Navarra<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a>)<\/li>\n<li>negocios liquidatorios: particiones de herencia, divisi\u00f3n de cosa com\u00fan y disoluci\u00f3n de sociedad civil, por lesi\u00f3n en m\u00e1s de la cuarta parte del valor de las cosas que fueron adjudicadas (arts. 1074, 406 y 1708 CC)<\/li>\n<li>algunos casos regulados en la legislaci\u00f3n especial, como lo establecido por el TR de la Ley del Suelo (perjuicio al comprador por incumplimiento del vendedor en los deberes urban\u00edsticos), o art. 71 LC (perjuicio a la masa activa del concurso por actos dispositivos del concursado).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Expuestos algunos de los casos, estudiemos ahora sus <strong>efectos<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el \u00e1mbito del <u>Derecho Civil<\/u>, se destruye la titularidad del adquirente, pero sin car\u00e1cter retroactivo; es decir, con efectos ex nunc, volviendo las cosas a su estado originario, salvo que se lleve a cabo una indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica, dado el car\u00e1cter subsidiario de las acciones rescisorias. Esta obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n de lo adquirido, en cuanto que es meramente personal, nunca afectar\u00e1 a los terceros subadquirentes que lo sean de buena y a t\u00edtulo oneroso (arts. 1295 y 1298 CC).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el terreno del <u>Derecho Hipotecario<\/u>, conforme al art\u00edculo 34 LH, el tercero que re\u00fana los requisitos exigidos en el mismo, ser\u00e1 mantenido en su adquisici\u00f3n, aunque despu\u00e9s se anule o resuelva (o rescinda) el del otorgante por causas que no consten expl\u00edcitamente en el Registro<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a>; ello se complementa con el art\u00edculo 37.1 LH, al proteger al tercero que haya inscrito su derecho, frente a las acciones rescisorias que no se justifiquen por causas reflejadas en el Registro con anterioridad a la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo del tercero.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>2.- Acciones revocatorias<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">En sentido amplio, se entiende por <strong>revocaci\u00f3n<\/strong> la destrucci\u00f3n de la titularidad del adquirente en virtud de un t\u00edtulo v\u00e1lido y perfecto, como consecuencia de una causa posterior a su existencia e incierta (lo que excluye el plazo resolutorio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, la doctrina hipotecarista suele emplear un concepto m\u00e1s restringido, ci\u00f1endo su ejercicio para el \u00e1mbito de las <u>donaciones<\/u>, y estudiando aparte las acciones resolutorias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por tanto, los <strong>casos<\/strong> ser\u00edan los siguientes:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>superveniencia o supervivencia de hijos (art.644 CC)<\/li>\n<li>incumplimiento del donatario de las <em>condiciones<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\"><strong>[23]<\/strong><\/a><\/em> impuestas por el donante (art. 647 C)<\/li>\n<li>ingratitud del donatario (art. 648 CC)<\/li>\n<li>otros casos similares o de deducci\u00f3n anal\u00f3gica podr\u00edan ser la reducci\u00f3n de donaciones inoficiosas (art. 654 CC), o la resoluci\u00f3n de cesiones gratuitas de las Administraciones P\u00fablicas y reversi\u00f3n al \u00f3rgano cedente por incumplimiento de la obligaci\u00f3n de destino (arts. 150-151 LPAP).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <strong>efectos<\/strong> de la revocaci\u00f3n son diferentes, seg\u00fan nos encontremos en el primer y tercer supuesto, o en el segundo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el primer caso, la revocaci\u00f3n tiene efectos <u>ex nunc<\/u>, sin efectos retroactivos. As\u00ed lo acreditan los arts. 645 CC, que nos habla de restituci\u00f3n al donante de los bienes donados, o su valor si el donatario los hubiese vendido (y que si se hallaren hipotecados, podr\u00e1 el donante liberar la hipoteca pagando la cantidad que garantice, con derecho a reclamarla del donatario); e igualmente el 649 CC, que deja subsistentes las enajenaciones e hipotecas anteriores a la anotaci\u00f3n de demanda de revocaci\u00f3n en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, en el segundo caso, la revocaci\u00f3n genera unos efectos <u>ex tunc<\/u>, con efectos retroactivos, provocando la nulidad de las enajenaciones e hipotecas constituidas por el donatario, siempre y cuando la condici\u00f3n conste inscrita en el Registro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En definitiva, y por regla general, las revocaciones no perjudicar\u00e1n al tercero, esto es, al adquirente del donatario, salvo que tal revocaci\u00f3n se base en condiciones inscritas en el Registro, o en una previa anotaci\u00f3n preventiva de demanda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para terminar, haremos hincapi\u00e9 en cierto <strong>desenfoque conceptual<\/strong> en la terminolog\u00eda empleada por la legislaci\u00f3n hipotecaria. El incumplimiento por el donatario de <u>condiciones<\/u> impuestas por el donante, m\u00e1s que una acci\u00f3n revocatoria, generar\u00e1 una acci\u00f3n resolutoria, comprendida en el supuesto del primer n\u00famero del art. 37 LH. Por su parte, la revocaci\u00f3n en sentido estricto se refiere m\u00e1s bien a <u>cargas o modos<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a><\/u>, cuyo incumplimiento afecta a la m\u00e9dula sustantiva del negocio de la donaci\u00f3n.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>3.- Acciones resolutorias<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Siguiendo en este punto a Roca Sastre, podemos aqu\u00ed diferenciar tres clases de <strong>supuestos <\/strong>de resoluci\u00f3n:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>incumplimiento de las obligaciones rec\u00edprocas o bilaterales<\/u> (art. 1124 C): al tratarse de una condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita y no constar de forma expl\u00edcita en el Registro, no perjudicar\u00e1 a tercero salvo que, nuevamente como en otros casos anteriores, se hubiera anotado preventivamente la demanda de resoluci\u00f3n.<\/li>\n<li><u>incumplimiento de condiciones resolutorias expresas<\/u>; las cuales al estar reflejadas en un asiento del Registro s\u00ed perjudicar\u00e1n al tercero, quien no podr\u00e1 invocar uno de los cuatro presupuestos legales de la fe p\u00fablica (la buena fe, entendida como desconocimiento de la inexactitud registral al tiempo de su adquisici\u00f3n). Sirvan los siguientes ejemplos:<\/li>\n<li>condici\u00f3n resolutoria en garant\u00eda del precio aplazado en una compraventa (arts. 1504 CC, 11 LH y 59 RH)<\/li>\n<li>reservas hereditarias<a href=\"#_ftn25\" name=\"_ftnref25\">[25]<\/a> y sustituciones fideicomisarias<a href=\"#_ftn26\" name=\"_ftnref26\">[26]<\/a><\/li>\n<li>donaciones, instituciones de heredero y legados \u201csub modo\u201d<\/li>\n<li><u>origen legal<\/u>, como los <em>retractos legales<a href=\"#_ftn27\" name=\"_ftnref27\"><strong>[27]<\/strong><\/a><\/em>, que representan una excepci\u00f3n a la fe p\u00fablica registral, al perjudicar al tercero pese a no estar aquellos inscritos previamente en el Registro (lo cual se justifica por la superior publicidad que genera la Ley frente a la publicidad registral). Si bien son objeto de estudio m\u00e1s detenido en otro tema espec\u00edfico, podemos resaltar la opini\u00f3n de algunos hipotecaristas, como <em>Tirso Carretero<\/em>, quien los critica negativamente, dada la amplia floraci\u00f3n de retractos legales en la actualidad y su escasa publicidad, actuando a modo de cargas ocultas, con perjuicio del tr\u00e1fico inmobiliario y la seguridad del cr\u00e9dito territorial.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong><a id=\"3pauliana\"><\/a>LA ACCI\u00d3N PAULIANA<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si realizamos una breve <strong>rese\u00f1a hist\u00f3rica<\/strong> sobre la acci\u00f3n pauliana, habremos de llegar a la conclusi\u00f3n de que no hay unanimidad a la hora de encontrar su origen o punto de partida. Si bien es cierto que durante muchos a\u00f1os se defendi\u00f3 su procedencia romana<a href=\"#_ftn28\" name=\"_ftnref28\">[28]<\/a>, a d\u00eda de hoy hay muchos autores que m\u00e1s bien la sit\u00faan en el Derecho intermedio<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">M\u00e1s importante que su origen hist\u00f3rico es delimitar su <strong>concepto<\/strong>. De la mano de <em>De Diego<\/em> podemos definirla como \u201caquella que corresponde a los acreedores para pedir la revocaci\u00f3n de los actos realizados en fraude y da\u00f1o de sus leg\u00edtimos derechos\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Y si importante es encontrar un concepto apropiado, m\u00e1s si cabe lo es un estudio a fondo sobre su <strong>naturaleza jur\u00eddica<\/strong>, en base a sus caracteres:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>acci\u00f3n personal<\/u>: si afecta a un tercero, no ser\u00e1 por su eficacia real, sino por la complicidad de los adquirentes en el fraude (o porque conste previamente extendida la anotaci\u00f3n preventiva de demanda<a href=\"#_ftn29\" name=\"_ftnref29\">[29]<\/a>, que en cualquier caso sirve para destruir la buena fe del adquirente).<\/li>\n<li><u>acci\u00f3n rescisoria<\/u>: los actos que se rescinden son v\u00e1lidos (a diferencia de los simulados o fraudulentos), pero dignos de menor protecci\u00f3n que el cr\u00e9dito insatisfecho. Ello encuentra su base \u00faltima en la obligaci\u00f3n gen\u00e9rica de todo deudor de mantener su propia solvencia.<\/li>\n<li><u>Acci\u00f3n subsidiaria<a href=\"#_ftn30\" name=\"_ftnref30\">[30]<\/a><\/u>: s\u00f3lo utilizable por el acreedor cuando carezca de todo otro recurso legal<a href=\"#_ftn31\" name=\"_ftnref31\">[31]<\/a> para obtener la reparaci\u00f3n del perjuicio (art. 1294 CC).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al gozar la acci\u00f3n pauliana de una doble <strong>regulaci\u00f3n legal<\/strong>, estudiaremos a continuaci\u00f3n ambas, por separado.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>C\u00f3digo Civil<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">En su libro IV (\u201cObligaciones y contratos\u201d) se regula la acci\u00f3n pauliana; en concreto, en sus arts. 1290-1299.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Am\u00e9n de su <u>concepto legal<\/u> recogido en su art. 1111 CC, que dice lo siguiente: \u201c<em>Los acreedores, despu\u00e9s de haber perseguido los bienes de que est\u00e9 en poder el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de \u00e9ste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona <\/em>(acci\u00f3n subrogatoria)<em>; pueden tambi\u00e9n impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho <\/em>(acci\u00f3n pauliana)\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En cuanto a sus <strong>requisitos<\/strong> para su aplicaci\u00f3n:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>un cr\u00e9dito a favor del actor<\/u> (acreedor)<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanto la acci\u00f3n subrogatoria como la pauliana son medios que permiten la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito. En el primer caso, incrementando el patrimonio del deudor con bienes o derechos que le son debidos; en el segundo, reintegrando en el patrimonio del deudor bienes o derechos que han salido de su esfera patrimonial, principalmente con intenci\u00f3n fraudulenta, con perjuicio de sus propios acreedores<a href=\"#_ftn32\" name=\"_ftnref32\">[32]<\/a>.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>un acto dispositivo del deudor<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es decir, que el deudor haya celebrado un acto o contrato posterior que beneficie patrimonialmente a un tercero (art. 1291.3 CC). Acto que podr\u00e1 ser de naturaleza gratuita u onerosa.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>eventus damni<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tal requisito se alude al perjuicio patrimonial que sufre el acreedor por el acto dispositivo llevado a cabo por el deudor; es decir, la insolvencia patrimonial del mismo, sin llevar hasta un \u00faltimo extremo el requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n<a href=\"#_ftn33\" name=\"_ftnref33\">[33]<\/a>.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>consilium fraudis<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es decir, el fraude del deudor a su acreedor que menoscaba sus posibilidades de hacer efectivo su cr\u00e9dito. Fraude que afecta al acto dispositivo del deudor que coment\u00e1bamos antes, ya sea oneroso o gratuito, y que la ley presume en ciertos casos<a href=\"#_ftn34\" name=\"_ftnref34\">[34]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, a d\u00eda de hoy la jurisprudencia ya no viene considerando necesario un \u201c<em>animus docendi<\/em>\u201d o intenci\u00f3n de perjudicar a los acreedores (STS 31\/diciembre\/1997 y 31\/diciembre\/1998); es decir, a pesar del requisito del \u201cconsilium fraudis\u201d (subjetivo), la acci\u00f3n pauliana tiene actualmente un car\u00e1cter de cierta objetividad. M\u00e1s bien se interpreta como una necesidad de demostrar el resultado producido y la conciencia o conocimiento del mismo por parte del deudor (\u201c<em>scientia fraudis<\/em>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir que tanto la existencia del fraude como la realidad o no de bienes suficientes en el patrimonio del deudor son puras cuestiones de hecho (por tanto, de libre apreciaci\u00f3n por el juzgador de instancia, y no susceptibles de casaci\u00f3n: STS 14\/diciembre\/1993).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el \u00e1mbito procesal, cabe mencionar las STS 16 y 22\/junio\/1999, que admitieron la acci\u00f3n pauliana no s\u00f3lo en base a pruebas fehacientes y concluyentes, sino tambi\u00e9n permitiendo al Juzgado de instancia basarse en indicios o presunciones; igualmente, tambi\u00e9n acept\u00f3 la posibilidad de que, adem\u00e1s de pedir en el escrito de interposici\u00f3n de la demanda la rescisi\u00f3n de una donaci\u00f3n por haberse efectuado en fraude de acreedores, se solicitase igualmente una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios subsidiariamente, si los bienes ya estuvieran en poder de un tercero hipotecario.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>conscius fraudis<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para el caso de que la enajenaci\u00f3n fuera onerosa, el adquirente ha de ser c\u00f3mplice en el fraude. Eso s\u00ed, el simple conocimiento del aplazamiento del pago del precio no implica complicidad en el fraude (art. 11 LH).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez que concurren todos esos requisitos, los <strong>efectos<\/strong> de la acci\u00f3n ser\u00e1n los siguientes:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><u>rescisi\u00f3n del acto o contrato<\/u> (art. 1291 CC), a trav\u00e9s de una sentencia judicial firme que declare la concurrencia de todos los presupuestos de la rescisi\u00f3n.<\/li>\n<li><u>devoluci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n<\/u> (arts. 1295 y 1298 CC): en principio, toda rescisi\u00f3n conllevar\u00e1 la restituci\u00f3n de las cosas que fueron objeto del contrato, con sus frutos, y del precio con sus intereses; no obstante, en casos de adquirentes de mala fe que por cualquier causa no puedan llevar a cabo tal restituci\u00f3n, \u00e9sta se traducir\u00e1 en una indemnizaci\u00f3n al acreedor de los da\u00f1os y perjuicios causados.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Especialmente importante este segundo supuesto, desde el punto de vista hipotecario, ya que uno de los casos en que ello ocurrir\u00e1 ser\u00e1 cuando los bienes objeto del contrato \u201c<em>se hallen legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe<\/em>\u201d (es decir, que no ten\u00edan conocimiento del fraude que se estaba perpetrando).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En cuanto al <strong>plazo<a href=\"#_ftn35\" name=\"_ftnref35\">[35]<\/a><\/strong> para el ejercicio de la acci\u00f3n, \u00e9ste ser\u00e1 de cuatro a\u00f1os (art. 1299 CC), a semejanza con la acci\u00f3n de anulabilidad (art. 1301 CC), y a diferencia con la acci\u00f3n de nulidad de pleno derecho, la cual se entiende imprescriptible.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Respecto al <u>c\u00f3mputo<a href=\"#_ftn36\" name=\"_ftnref36\">[36]<\/a><\/u> del mismo, hemos de partir como d\u00eda inicial o <em>dies a quo, <\/em>a contar desde la fecha de la enajenaci\u00f3n fraudulenta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En conclusi\u00f3n, los terceros subadquirentes quedar\u00e1n inmunes ante la acci\u00f3n pauliana cuando lo sean a t\u00edtulo oneroso (no lo exige expresamente el CC, pero se entiende que la acci\u00f3n pauliana no se detiene ante adquirentes gratuitos), y de buena fe, en los t\u00e9rminos ya apuntados; es decir, que ignoraba el fraude al acreedor.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Ley Hipotecaria<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como ya comentamos con anterioridad a la hora de hablar de otro tipo de acciones, la Ley Hipotecaria la regula en el art. 37.4: \u201c<em>Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias no se dar\u00e1n contra tercero que hay inscrito los t\u00edtulos de sus respectivos derechos conforme a lo prevenido en esta Ley.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Se except\u00faan de la regla contenida en el p\u00e1rrafo anterior:<\/em><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><em>Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acreedores, las cuales perjudicar\u00e1n a tercero:<\/em>\n<ol>\n<li><em>Cuando hubiese adquirido a t\u00edtulo gratuito.<\/em><\/li>\n<li><em>Cuando, habiendo adquirido a t\u00edtulo oneroso, hubiese sido c\u00f3mplice en el fraude. El simple conocimiento de haberse aplazado el pago del precio no implicar\u00e1, por s\u00ed solo, complicidad en el fraude.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>En ambos casos no perjudicar\u00e1 a tercero la acci\u00f3n rescisoria que no se hubiere entablado dentro del plazo de cuatro a\u00f1os, contados desde el d\u00eda de la enajenaci\u00f3n fraudulenta.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>En el caso de que la acci\u00f3n resolutoria, revocatoria o rescisoria no se pueda dirigir contra tercero, conforme a lo dispuesto en el p\u00e1rrafo primero de este art\u00edculo, se podr\u00e1n ejercitar entre las partes las acciones personales que correspondan<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dicho lo cual, para llegar al actual art\u00edculo 37.4 LH, hemos de hacer una breve <strong>evoluci\u00f3n hist\u00f3rica<\/strong> de la legislaci\u00f3n hipotecaria:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la <u>LH 1861<\/u> regul\u00f3 esta materia b\u00e1sicamente en tres partes:\n<ul>\n<li>art\u00edculo 36, donde se recog\u00eda la regla general, en virtud de la cual las acciones rescisorias y resolutorias no se dar\u00edan contra tercero que hubiese inscrito su t\u00edtulo<\/li>\n<li>art\u00edculo 37, introduciendo como requisitos para la acci\u00f3n pauliana que las enajenaciones a rescindir lo fueran a t\u00edtulo gratuito, y que el tercero hubiera sido c\u00f3mplice en el fraude (am\u00e9n del plazo reducido de un a\u00f1o para su ejercicio)<\/li>\n<li>art\u00edculos 39, 40, 41, donde se contemplaban algunos casos de presunciones de fraude<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>la <u>LH 1869<\/u> sigui\u00f3 la pauta de la ley inicial<\/li>\n<li>la <u>LH 1909<\/u> trat\u00f3 de armonizar su contenido con el CC (1888), bajo dos premisas fundamentales:\n<ul>\n<li>subsistencia del art\u00edculo 37 LH, que dio lugar a dos enconadas teor\u00edas<a href=\"#_ftn37\" name=\"_ftnref37\">[37]<\/a>, seg\u00fan se defendiera la protecci\u00f3n al primer adquirente del acto rescindible, o s\u00f3lo al segundo adquirente o subadquirente (siendo \u00e9sta \u00faltima la que predomin\u00f3 en la jurisprudencia del TS)<\/li>\n<li>supresi\u00f3n de los art\u00edculos 39, 40, 41 LH, al ser considerados como innecesarios, al estar ya regulada semejante cuesti\u00f3n en el CC<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>por \u00faltimo, la <u>LH 1944<\/u>, en los t\u00e9rminos ya expuestos, modific\u00f3 el art\u00edculo 37 en una doble direcci\u00f3n:\n<ul>\n<li>suprimi\u00f3 la expresi\u00f3n \u201c<em>segunda enajenaci\u00f3n<\/em>\u201d<\/li>\n<li>ampli\u00f3 el plazo de la acci\u00f3n a cuatro a\u00f1os, para coordinarse con el art. 1299 CC<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez abordada la cuesti\u00f3n desde un punto de vista civil, hemos de decir, en palabras de <em>Roca Sastre<\/em>, que la acci\u00f3n pauliana s\u00f3lo interesa al Derecho Hipotecario respecto de las repercusiones contra terceros adquirentes o subadquirentes que inscriban sus t\u00edtulos en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De hecho, parte de la <strong>doctrina hipotecarista<\/strong> entiende que este art\u00edculo 37.4 LH es superfluo e innecesario, siendo materia extrahipotecaria (Derecho Civil puro), y estando ya contenido en el art\u00edculo 34 LH.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><u>Roca Sastre<\/u><\/em> entiende que la LH s\u00f3lo protege al segundo adquirente (subadquirente), de forma que el primer adquirente (parte en el acto fraudulento) ya estar\u00e1 protegido por el CC (art.1295) si es de buena fe y a t\u00edtulo oneroso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dicho autor sigue argumentando su l\u00ednea de pensamiento en base a la necesidad de diferenciar el tratamiento que reciben los adquirentes, por un lado, y los subadquirentes, por el otro:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>el adquirente del deudor (primer adquirente) se rige por las normas del CC (art.1295): estar\u00e1 protegido si lo es de buena fe y a t\u00edtulo oneroso (por tanto, no cabe acci\u00f3n pauliana contra \u00e9l, pero no por ser un tercero protegido, sino por faltar uno de los requisitos para la efectividad de tal acci\u00f3n pauliana: esto es, la complicidad en el fraude); adem\u00e1s, su posici\u00f3n jur\u00eddica ser\u00eda indiferente en este caso, tanto si inscribe su derecho como si no.<\/li>\n<li>el subadquirente (segundo adquirente) se rige por las normas de la LH (arts. 34 y 37): estar\u00e1 protegido si lo es de buena fe, a t\u00edtulo oneroso, inscribe su derecho y no es c\u00f3mplice en el fraude perpetrado.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por otro lado, <em><u>Garc\u00eda Garc\u00eda<\/u> <\/em>defiende una posici\u00f3n singular, algo al margen de la opini\u00f3n mayoritaria ya comentada. Afirma que la acci\u00f3n pauliana perjudica a los terceros civiles (aun de buena fe y a t\u00edtulo oneroso), al no haber inscrito su t\u00edtulo. Por el contrario, no perjudicar\u00e1 a terceros que cumplan todos los requisitos de los art\u00edculos 34 y 37 LH: adquisici\u00f3n a t\u00edtulo oneroso, de buena fe, con la inscripci\u00f3n de su t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n, previa inscripci\u00f3n (en la que se apoyan y conf\u00edan), e inexistencia de anotaci\u00f3n preventiva de demanda con anterioridad a su adquisici\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Igualmente, este mismo autor diferencia el tratamiento jur\u00eddico del subadquirente, en funci\u00f3n de que el primer adquirente est\u00e9, o no, protegido frente a la acci\u00f3n pauliana (en el primer caso, quedar\u00e1 tambi\u00e9n protegido al cumplir los requisitos del CC y art. 37.4 LH; en el segundo caso, ya no nos sirve el CC, sino que hemos de acudir a normativa hipotecaria, pero no al art. 37 LH, sino al 34, en el sentido de definir aqu\u00ed buena fe no como falta de complicidad en el fraude, sino como desconocimiento de la inexactitud registral).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En definitiva, considera que la opini\u00f3n mayoritaria puede llevarnos a un contrasentido, puesto que los primeros adquirentes necesitar\u00edan cumplir menos requisitos que los subadquirentes para quedar protegidos frente a la acci\u00f3n pauliana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dada la complejidad de la cuesti\u00f3n, sobre todo en orden a apreciar si concurren, o no, todos los presupuestos legales para obtener una resoluci\u00f3n favorable en el ejercicio de la acci\u00f3n pauliana, es relevante descender a la praxis jur\u00eddica y su <strong>jurisprudencia<\/strong>, que nos ofrece una delimitaci\u00f3n positiva y negativa de tales supuestos:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ed se apreci\u00f3 la rescisi\u00f3n en los casos siguientes (<u>delimitaci\u00f3n positiva<\/u>):<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>STS 20\/mayo\/2002 (daci\u00f3n en pago de pensi\u00f3n compensatoria por el marido a la esposa)<\/li>\n<li>STS 12\/diciembre\/2002 (compraventa donde no hay el m\u00e1s m\u00ednimo indicio del pago del precio)<\/li>\n<li>STS 31\/diciembre\/2002 (permuta de solar por obra futura entre dos sociedades, representadas ambas por un mismo administrador)<\/li>\n<li>STS 21\/noviembre\/2006 (hipotecante no deudor)<\/li>\n<li>STS 12\/marzo\/2007 (liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, dando lugar a la adjudicaci\u00f3n de la finca a la esposa, la cual a continuaci\u00f3n la vende seguidamente a los hijos por un precio muy inferior al tasado)<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">No se apreci\u00f3 la rescisi\u00f3n en ejemplos como \u00e9stos (<u>delimitaci\u00f3n negativa<\/u>):<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>STS 5\/febrero\/2003 (compraventa entre parientes, ya que la mera existencia de una relaci\u00f3n familiar no desvirt\u00faa la presunci\u00f3n de causa negocial existente y l\u00edcita)<\/li>\n<li>STS 30\/mayo\/2003 (renuncia a la herencia por el heredero)<\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong><a id=\"anexos\"><\/a>ANEXO I<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>CE\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CC\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 C\u00f3digo Civil<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 LH\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ley Hipotecaria<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 RH\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Reglamento Hipotecario<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 LPAP\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ley Patrimonio Administraciones P\u00fablicas<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art\u00edculo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tribunal Supremo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 STS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sentencia del Tribunal Supremo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Direcci\u00f3n General Registros y Notariado<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 RDGRN\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P\u00ba\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Principio<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>ANEXO II<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Siempre he considerado que, al igual que las normas del ordenamiento jur\u00eddico se interpretan las unas por las otras, atendiendo al sentido del conjunto (interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica: art. 1285 CC o canon de la totalidad seg\u00fan el TS), lo mismo se puede decir del temario de una oposici\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es decir, que en un examen oral, como los dos que se efect\u00faan en la oposici\u00f3n a Registros, el Tribunal tender\u00e1 a valorar de forma positiva a aquel opositor que, sin caer en el riesgo de irse por las ramas, exponiendo un tema diferente del que le corresponda, tenga la brillantez y capacidad jur\u00eddica suficiente para enlazar los temas a exponer con algunas conexiones relevantes del resto del Temario de la oposici\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En concreto, el Tema 11 de Derecho Hipotecario tiene, por ejemplo, las siguientes <strong>conexiones<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Temario Derecho Civil<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Nulidad como sanci\u00f3n general (art. 6.3 CC: actos contra legem)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T11<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La buena fe y el abuso de derecho (art. 7 CC)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T23\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>El negocio jur\u00eddico. Elementos esenciales. Vicios del consentimiento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T24\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>La causa de los negocios jur\u00eddicos<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T25\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>La forma del negocio jur\u00eddico. Vicios de la forma<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T26\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>La representaci\u00f3n en los negocios jur\u00eddicos (mandato verbal,\u2026)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T36\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Unidades m\u00ednimas de cultivo (parcelaciones en suelo r\u00fastico)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T37\u00a0\u00a0<\/strong>Modos de adquirir el dominio. T\u00edtulo y modo. Funci\u00f3n de la inscripci\u00f3n en las transmisiones<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T40\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Modos de perder el dominio. Adquisiciones \u201ca non domino\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T56\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Obligaciones: condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita del art. 1124 CC<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T59\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Acci\u00f3n subrogatoria<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T62\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>El contrato<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T63\u00a0\u00a0<\/strong>Generaci\u00f3n, perfecci\u00f3n y consumaci\u00f3n del contrato. Efectos generales del contrato. Elementos del contrato<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T65\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad. La confirmaci\u00f3n de los contratos. Rescisi\u00f3n de los contratos. Acci\u00f3n pauliana. Lesi\u00f3n \u201cultra dimidium\u201d en Catalu\u00f1a y Navarra<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T67\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Venta de cosa ajena<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T68\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Condici\u00f3n resolutoria expl\u00edcita del art. 1504 CC<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T87\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Disposiciones generales sobre r\u00e9gimen econ\u00f3mico-matrimonial (disposici\u00f3n de vivienda habitual, de bienes comunes,\u2026)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T90\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Disposici\u00f3n de bienes gananciales<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T105\u00a0\u00a0 <\/strong>Ineficacia, revocaci\u00f3n, nulidad y caducidad del testamento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T119\u00a0\u00a0 <\/strong>Enajenaci\u00f3n de los bienes sujetos a reserva<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T123\u00a0\u00a0 <\/strong>Nulidad y rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n hereditaria<strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Temario Derecho Hipotecario<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Ley Hipotecaria y C\u00f3digo Civil: relaciones de ambos cuerpos legales<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T6\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Tradici\u00f3n: t\u00edtulo y modo en la inscripci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T7-8\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>P\u00ba legitimaci\u00f3n registral: consecuencias sustantivas y procesales<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T9-10\u00a0 <\/strong>P\u00ba fe p\u00fablica registral: tercero hipotecario<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T12\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Prescripci\u00f3n: secundum tabulas (art. 35 LH)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Condiciones suspensivas y resolutorias<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T23\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>P\u00ba legalidad: calificaci\u00f3n registral<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T28\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Asiento de cancelaci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T46\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Inscripci\u00f3n de adquisiciones hereditarias<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T49\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Sociedad de gananciales<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T50\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Concurso<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T57\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Inexactitud registral<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>T66\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Calificaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de la hipoteca (entre otros en materia de hipotecas)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> No siendo v\u00e1lida cualquiera de las formas documentales recogidas en el art. 3 LH para cualquier acto o contrato, sino precisamente la exigida por la ley para cada caso particular (RDGRN 14\/noviembre\/1998).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> En su doble funci\u00f3n de control de la legalidad y de funci\u00f3n creadora, a la hora de dar soluci\u00f3n registral a posibles conflictos civiles que se presenten en el tr\u00e1fico inmobiliario, como por ejemplo posicionarse sobre la validez o no de nuevas figuras jur\u00eddicas (RDGRN 26\/octubre\/1973). Lo mismo cabr\u00eda decir de determinadas cl\u00e1usulas en las hipotecas, como las de vencimiento anticipado que rozan el car\u00e1cter abusivo (STS 16\/diciembre\/2009 y RDGRN 1\/octubre\/2010).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> \u00c1mbito de la calificaci\u00f3n que ser\u00e1 m\u00e1s o menos extenso seg\u00fan se trate de \u201c<em>actos administrativos<\/em>\u201d o \u201c<em>actos de las Administraciones P\u00fablicas<\/em>\u201d (STS 10\/junio\/1988, entre otras); es decir, seg\u00fan act\u00faen en el tr\u00e1fico como personas jur\u00eddicas privadas o a trav\u00e9s de sus prerrogativas p\u00fablicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Especialmente importantes en el \u00e1mbito urban\u00edstico (STS 28\/enero\/2009), teniendo en cuenta la regulaci\u00f3n contenida sobre el r\u00e9gimen del silencio en los 11.3 TR de Ley del Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana 7\/2015, 30 de octubre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Actos similares a las \u201c<em>inscripciones condicionadas<\/em>\u201d ya mencionadas, por cuanto se viene entendiendo por la jurisprudencia registral que se inscriben en el Registro bajo la condici\u00f3n suspensiva de la aceptaci\u00f3n por los herederos (Resoluci\u00f3n 7\/enero\/1875) o legatarios (Resoluci\u00f3n 30\/abril\/1878).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> As\u00ed, por ejemplo la STS 14\/febrero\/2006 habl\u00f3 de nulidad radical para los actos dispositivos del quebrado, realizados con posterioridad a la fecha de la retroacci\u00f3n de la quiebra, dejando a salvo al tercero hipotecario (aunque es tambi\u00e9n muy discutido si estamos, o no, ante una excepci\u00f3n a la fe p\u00fablica).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> A diferencia de los funcionarios administrativos de carrera, donde el Estado responde en \u00faltima instancia ante un mal funcionamiento de los servicios p\u00fablicos (art. 106 CE).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Como bot\u00f3n de muestra de ser un tema todav\u00eda de gran actualidad, la STS 22\/abril\/2010: en relaci\u00f3n a una venta de los bienes de un menor realizada por sus padres, sin la autorizaci\u00f3n judicial que exige el art. 166 CC, lo entiende como un claro caso de negocio jur\u00eddico incompleto, de eficacia provisional, y nunca un negocio nulo de pleno derecho, susceptible por tanto de ratificaci\u00f3n posterior por el afectado, al tenor del art. 1259 CC (misma doctrina aplicada hist\u00f3ricamente a las actuaciones del mandatario verbal: RDGRN 3\/marzo\/1953).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> La validez de las ventas de cosa ajena se puede encontrar, entre otras, en las STS 5\/julio\/1958 y 5\/julio\/1976, sobre la base de ser la compraventa un contrato consensual, generador de obligaciones rec\u00edprocas, donde concurren los tres requisitos del art. 1261 CC (consentimiento, objeto, causa).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Como ejemplo de esta l\u00ednea jurisprudencial, la STS 8\/marzo\/1993, sobre un embargo de finca inscrita a nombre del deudor, que hab\u00eda sido anteriormente enajenada en escritura p\u00fablica no inscrita: el TS entendi\u00f3 que el adquirente inscrito (por el embargo) no queda protegido por art. 34 LH porque este precepto s\u00f3lo protege frente a la nulidad del acto adquisitivo anterior, pero no frente a la nulidad del acto propio (y por consiguiente, el embargo indebidamente realizado \u2013por pertenecer la finca a persona diferente del deudor- as\u00ed como el proceso posterior son nulos, a instancia del interesado, por ir embargo, subasta y adjudicaci\u00f3n contra la ley).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Dejando siempre a salvo la posibilidad de que el verdadero due\u00f1o ejercite la tercer\u00eda de dominio antes de la adjudicaci\u00f3n definitiva en la subasta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Esta nulidad formal cuenta con algunas excepciones: por aplicaci\u00f3n de la fe p\u00fablica (art. 31 LH), tratarse de inscripciones concisas (art. 52 RH), o anotaciones preventivas, que cuentan con un sistema de nulidad menos riguroso (art. 75 LH).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> En concreto, el art. 1.3 LH dice lo siguiente: \u201c<em>Los asientos del Registro, practicados en libros que se determinan en los art\u00edculos 238 y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, est\u00e1n bajo la salvaguardia de los Tribunales, y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los t\u00e9rminos establecidos en esta Ley<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> STS 25\/julio\/1996 confirm\u00f3 que la fe p\u00fablica registral s\u00f3lo protege frente a la nulidad del acto adquisitivo anterior, pero no frente a la nulidad del propio acto del tercero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> As\u00ed lo recogen sendos aforismos latinos: \u201c<em>Nemo dat quod non habet<\/em>\u201d (nadie da lo que no tiene) o \u201c<em>Nemo in aliud plus iura transferre potest quam ipse habet<\/em>\u201d (nadie puede transmitir a otro sobre una cosa m\u00e1s derechos de los que realmente tiene sobre tal objeto).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Con base en el art. 76 LH: \u201c<em>Las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero, sino por su cancelaci\u00f3n o por la inscripci\u00f3n de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Salvo que tal mandamiento se base en una previa anotaci\u00f3n preventiva de demanda vigente (arts. 42.1 y 86 LH).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Sobre un asunto similar, la RDGRN 10\/febrero\/2005 consider\u00f3 que, una vez cancelada una anotaci\u00f3n preventiva de querella, carece de efectos respecto a inscripciones posteriores la sentencia de nulidad del t\u00edtulo anterior decretada en juicio penal sin que haya sido parte el titular registral.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Por tanto, estas acciones s\u00f3lo afectar\u00e1n a terceros de mala fe, sean civiles o hipotecarios, y no por la naturaleza (personal) de la acci\u00f3n, sino como sanci\u00f3n a la mala fe.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Entre otras razones, porque la rescisi\u00f3n conlleva una lesi\u00f3n o perjuicio (arts. 1074 y 1299 CC), elementos que no podr\u00e1n constar nunca de forma expl\u00edcita en los asientos del Registro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> En los territorios de Derecho Com\u00fan regidos por el vigente CC, no cabe tal posibilidad, al no ser el justo precio un requisito para la compraventa (\u201c<em>tantum valet res, quantum vendi potest<\/em>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Constancia expl\u00edcita que podr\u00e1 tener su origen en la propia delimitaci\u00f3n de la extensi\u00f3n del derecho que se adquiere e inscribe, copiando literalmente las posibles condiciones suspensivas o resolutorias (art. 51.6 RH) o a trav\u00e9s de un asiento registral independiente (b\u00e1sicamente, anotaci\u00f3n preventiva de demanda).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Condiciones entendidas aqu\u00ed en un sentido vulgar, como meras obligaciones o cargas, y no en un sentido jur\u00eddico, como se regulan en los arts. 1113 y ss. CC.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Como ejemplos de <em>donaciones modales<\/em> en la jurisprudencia, podemos mencionar los siguientes: STS 23\/noviembre\/2004 (cesi\u00f3n gratuita a cambio de asistir y cuidar al donante), STS 20\/julio\/2007 (donaci\u00f3n de finca con destino a campamento militar, donde el Ministerio Defensa posteriormente la vendi\u00f3 a una Cooperativa de Viviendas), o STS 25\/septiembre\/2007 (donaci\u00f3n de templo cat\u00f3lico con cl\u00e1usula de reversi\u00f3n parcial -50% superficie- a favor del concedente en caso de destrucci\u00f3n del edificio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> Si los bienes hereditarios est\u00e1n, o no, sujetos a reserva, es algo que escapa de la calificaci\u00f3n registral (art. 265 RH).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref26\" name=\"_ftn26\">[26]<\/a> La inscripci\u00f3n de la cl\u00e1usula de la sustituci\u00f3n fideicomisaria viene exigida expresamente por el art. 82 RH (tambi\u00e9n 426-22 CC Catalu\u00f1a).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref27\" name=\"_ftn27\">[27]<\/a> Ejemplos de ellos los tenemos en el C\u00f3digo Civil (de coherederos, comuneros, colindantes\u2026), en la legislaci\u00f3n especial (montes, arrendamientos urbanos o r\u00fasticos, urbanismo, viviendas de protecci\u00f3n oficial\u2026) o en la foral (derecho de abolorio aragon\u00e9s o de torner\u00eda catal\u00e1n).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref28\" name=\"_ftn28\">[28]<\/a> <em>Interdictum frudatotium, restitutio in integrum ob fraudem, actio ex delicto.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref29\" name=\"_ftn29\">[29]<\/a> As\u00ed, la RDGRN 13\/febrero\/1929 resolvi\u00f3 positivamente la posibilidad del reflejo registral de la acci\u00f3n pauliana a trav\u00e9s de una anotaci\u00f3n preventiva de demanda, al amparo de una interpretaci\u00f3n flexible del art\u00edculo 42.1 LH, en relaci\u00f3n a ciertas acciones personales con trascendencia real.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref30\" name=\"_ftn30\">[30]<\/a> Entendida la subsidiariedad como insolvencia patrimonial del deudor, si bien no es necesario que tal insolvencia sea absoluta: basta con una notable disminuci\u00f3n del patrimonio que haya dificultado el reintegro del cr\u00e9dito por parte del acreedor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref31\" name=\"_ftn31\">[31]<\/a> No se daba tal subsidiariedad en el caso de la STS 30\/mayo\/2003 (renuncia de la herencia por los herederos, en perjuicio de los acreedores), al proceder con car\u00e1cter preferente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1001 CC (acci\u00f3n que permite a los acreedores solicitar al Juez la aceptaci\u00f3n de herencia en nombre de su deudor).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref32\" name=\"_ftn32\">[32]<\/a> En ambos casos, en \u00edntima conexi\u00f3n con el principio de responsabilidad universal del art. 1911 CC: \u201c<em>Del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes o futuros<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref33\" name=\"_ftn33\">[33]<\/a> STS 31\/diciembre\/1997 afirm\u00f3 que no es necesario que el acreedor llegue hasta el final en los procedimientos previos contra los bienes del deudor para acreditar tal insolvencia (pudiendo ser manifiesto que esas otras acciones o recursos legales del acreedor est\u00e9n abocadas a la esterilidad pr\u00e1ctica).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref34\" name=\"_ftn34\">[34]<\/a> As\u00ed el art. 1297 CC, para los actos gratuitos y onerosos celebrados por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria o expedido mandamiento de embargo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref35\" name=\"_ftn35\">[35]<\/a> Otras acciones rescisorias gozan de un plazo m\u00e1s amplio: sirva de ejemplo en Navarra la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n en el justo precio, alcanzando una duraci\u00f3n de diez o treinta a\u00f1os (seg\u00fan la lesi\u00f3n sea enorme o enorm\u00edsima).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref36\" name=\"_ftn36\">[36]<\/a> No obstante, esta regla general se except\u00faa en casos particulares de mala fe. As\u00ed, la STS 30\/mayo\/2003, para un supuesto de ocultaci\u00f3n del acto realizado, vino a aplicar el c\u00f3mputo desde la fecha de la inscripci\u00f3n en el Registro de la enajenaci\u00f3n (excepci\u00f3n por tanto a la regla general en virtud de la cual es la fecha del asiento de presentaci\u00f3n la que determina la prioridad, debiendo acudir en este caso concreto a la inscripci\u00f3n, no entendida en sentido general, sino como uno de los asientos espec\u00edficos del art\u00edculo 41 RH).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref37\" name=\"_ftn37\">[37]<\/a> En el primer caso, en base a que en la relaci\u00f3n de cr\u00e9dito el primer adquirente tambi\u00e9n es <em>tercero<\/em> y puede ser protegido, puesto que aunque resulta parte en la enajenaci\u00f3n, no deja de ser tercero en el cr\u00e9dito. Por su parte, en el segundo caso, se argumenta que siendo el primer adquirente tercero en la relaci\u00f3n de cr\u00e9dito, no obstante es <em>parte<\/em> en la acci\u00f3n pauliana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><strong>ENLACES:<\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: 18pt;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/TEMA-11-HIPOTECARIO-REGISTROS-PROGRAMA-ANTERIOR-.doc\" target=\"_blank\">TEMA EN WORD<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oposiciones\/temas-hipotecario-registros-programa-anterior\/\">P\u00c1GINA PRINCIPAL DE LOS 82 TEMAS DE HIPOTECARIO<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/secciones\/oposiciones\/temas\/\">OTROS TEMAS EN LA WEB<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/secciones\/oposiciones\/\">SECCI\u00d3N OPOSITORES<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">NORMAS: \u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/cuadros\/normas-basicas\/\">Cuadro general.<\/a> \u00a0 \u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/cuadro-de-informes-mensuales-generales-de-lo-publicado-en-el-boe\/\">Por meses. <\/a>\u00a0 \u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=1241\">+ Destacadas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">NORMAS: \u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/normas\/2002-2015\/\">Res\u00famenes 2002 \u2013 2016.<\/a>\u00a0 \u00a0<a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/normas\/futuras-normas\/\">Futuras.<\/a>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/secciones\/consumo-y-derecho\/normas-cyd\/\">\u00a0Consumo<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">NORMAS: \u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/cuadros\/tratados_\/tratados-internacionales-y-acuerdos-internacionales-cuadros\/\">Tratados internacionales<\/a>,\u00a0\u00a0<span style=\"font-family: 'comic sans ms', sans-serif;\"><a class=\"style110\" href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/cuadros\/forales\/\" target=\"_top\">Derecho Foral<\/a>, \u00a0<\/span><span class=\"style11\" lang=\"es\" style=\"font-family: 'comic sans ms', sans-serif;\"><a class=\"style9\" href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/cuadros\/europeas\/\" target=\"_top\">Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">RESOLUCIONES: \u00a0 \u00a0<a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/cuadro-resoluciones-dgrn-por-meses\/\">Por meses.<\/a> \u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/titulares-de-resoluciones\/\">Por titulares.<\/a>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/practica\/indice-jc-casas\/\">\u00cdndice Juan Carlos Casas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">WEB: \u00a0\u00a0<span style=\"font-family: 'comic sans ms', sans-serif;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/esta-web\/que-ofrece\/\" target=\"_top\">Qu\u00e9 ofrecemos<\/a>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/1198-2\/\">NyR, p\u00e1gina de inicio<\/a><\/span><span style=\"font-family: 'comic sans ms', sans-serif;\">\u00a0 \u00a0<\/span><span style=\"font-family: 'comic sans ms', sans-serif;\"><a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/esta-web\/ideario\/ideario-de-esta-web\/\" target=\"_top\">Ideario<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">CASOS PR\u00c1CTICOS: \u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/practica\/casos-practicos\/\">Madrid y Bilbao.<\/a>\u00a0 \u00a0 <a href=\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/category\/secciones\/internacional\/dictamenes-derecho-internacional-privado\/\">Internacional<\/a>.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\"><a href=\"#arriba\">IR ARRIBA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMA 11. DERECHO HIPOTECARIO. Registros Programa anterior. &nbsp; Tema 11. Efectos de la nulidad del acto o contrato inscrito. Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias en el Registro. La acci\u00f3n pauliana. Temas m\u00e1s cercanos en los nuevos programas: Registros: Tema 8. Efectos de la inscripci\u00f3n respecto de los actos y contratos nulos. 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