{"id":30987,"date":"2016-12-21T13:42:08","date_gmt":"2016-12-21T12:42:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=30987"},"modified":"2020-09-26T18:17:27","modified_gmt":"2020-09-26T16:17:27","slug":"informe-noviembre-2016-registros-mercantiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-mercantil\/informes-mensuales-o-m\/informe-noviembre-2016-registros-mercantiles\/","title":{"rendered":"Informe noviembre 2016 Registros Mercantiles. Cl\u00e1usulas suelo Medidas cautelares."},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES<\/strong><\/h1>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Jos\u00e9 Angel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n. Registrador Central de Bienes Muebles.<\/h2>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a>

RESUMEN DEL RESUMEN:<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
– Disposiciones generales. <\/span><\/h6>\n

Como disposiciones de car\u00e1cter general<\/strong> de inter\u00e9s para los RRMM y de BBMM, aunque con un inter\u00e9s mercantil muy marginal, rese\u00f1amos las siguientes:<\/p>\n

— La Resoluci\u00f3n de 4 de noviembre de 2016<\/a>, de la Subsecretar\u00eda, sobre cambio numeraci\u00f3n<\/strong> de \u00f3rdenes ministeriales.<\/p>\n

— El Real Decreto 410\/2016, de 31 de octubre<\/a>, por el que se aprueba el Plan Estad\u00edstico Nacional 2017-2020<\/strong>, que afecta a los mercantiles\u00a0 en cuanto a los datos que suministra el CORPME sobre sociedades mercantiles.<\/p>\n<\/a>

– Resoluciones de propiedad<\/strong><\/span><\/h6>\n

Como resoluciones de propiedad<\/strong> de posible aplicaci\u00f3n al RM y de BM podemos considerar las siguientes:<\/p>\n

— La de 10 de octubre sobre la consideraci\u00f3n de prestamista profesional<\/strong>, considerando bastante con\u00a0la existencia de dos pr\u00e9stamos,\u00a0otorgados por la misma persona, <\/strong>aunque admitiendo prueba negativa del propio prestamista,\u00a0<\/strong>por acta de notoriedad.<\/strong><\/p>\n

— <\/strong>La de 11 de octubre, interesante <\/strong>en cuanto resume<\/strong> los\u00a0distintos supuestos que pueden plantearse en las anotaciones de embargo cuando el titular registral est\u00e1 fallecido y sus requisitos.<\/p>\n

— La de 13 de octubre que declara que para tomar anotaci\u00f3n de embargo sobre bienes de persona cuyo c\u00f3nyuge est\u00e1 declarado en concurso<\/strong>, estando el bien inscrito como com\u00fan (consorcio conyugal), es necesario que el embargo sea ordenado por el juez del concurso<\/strong>. La doctrina debe ser aplicable igualmente a los c\u00f3nyuges casados en gananciales.<\/p>\n

— La de 18 de octubre seg\u00fan la cual si se presenta una segunda copia<\/strong> de una escritura ya inscrita y de ella resulta que se cometi\u00f3 un error sustantivo en la primera copia<\/strong>, procede su inscripci\u00f3n, pese a la existencia de titulares intermedios, los cuales en ning\u00fan caso pueden ser perjudicados.<\/p>\n

— La de 19 de octubre sobre c\u00f3mputos de plazo a los efectos de interponer el recurso<\/strong> y sobre forma de notificaci\u00f3n al notario. En cuanto al c\u00f3mputo del plazo para recurrir se cuenta de fecha a fecha y por tanto aunque el\u00a0d\u00eda inicial<\/strong>\u00a0es el siguiente al de la notificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n, el\u00a0d\u00eda final<\/strong>\u00a0coincide<\/strong> con el correlativo mensual de dicha notificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n. En cuanto a la forma de notificar,<\/strong> ser\u00e1, a los particulares por correo certificado, salvo que admitan la comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica, y, en cuanto a los notarios, por correo electr\u00f3nico siempre que se pueda acreditar la emisi\u00f3n y contenido del correo. La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n entra en el tema de la abusividad de los intereses de demora<\/strong>, llegando la DG a la conclusi\u00f3n de que se aplica a los contratos anteriores<\/strong>, no porque la sentencia tenga efecto retroactivo, que no lo tiene, sino porque sirve como elemento interpretativo de la Ley.<\/p>\n

— La de 25 de octubre seg\u00fan la cual en caso de subapoderamiento<\/strong>\u00a0es suficiente la rese\u00f1a de la inicial escritura de apoderamiento y la de la de sustituci\u00f3n de poder, con juicio de suficiencia de esta \u00faltima, y que el poder dado por un banco para vender inmuebles es de car\u00e1cter civil y no mercantil y por tanto el apoderado no tiene que estar expresamente facultado para sustituir su poder.<\/p>\n

— La de 26 de octubre que estima que se puede cambiar la tasaci\u00f3n<\/strong> a efectos de subasta, rebaj\u00e1ndola, sin necesidad del consentimiento de los titulares intermedios.<\/p>\n

— La de 26 de octubre que establece que en hipoteca a favor de la AEAT<\/strong>\u00a0no es necesario fijar \u00a0un tipo m\u00e1ximo<\/strong> para los intereses de demora.<\/p>\n

— La de 7 de noviembre, muy importante, pues fija la doctrina de que una hipoteca puede garantizar intereses de demora,<\/strong> como indemnizaci\u00f3n por el retraso en el pago de la obligaci\u00f3n garantizada, y ello, aunque\u00a0no se pacte<\/strong>\u00a0que la obligaci\u00f3n principal los devengue y aunque\u00a0no se establezca un tipo concreto<\/strong>\u00a0para la demora.<\/p>\n<\/a>

– Resoluciones de mercantil<\/strong><\/span><\/h6>\n

Como resoluciones de mercantil<\/strong> de inter\u00e9s se han publicado las siguientes:<\/p>\n

— La de 10 de octubre sobre prenda de una licencia de taxi<\/strong>, estimado que dado que la transmisi\u00f3n de la licencia est\u00e1 sujeta a autorizaci\u00f3n administrativa s\u00f3lo podr\u00e1, en su caso, inscribirse, si se constituye bajo condici\u00f3n suspensiva.<\/p>\n

— La Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2016, importante en cuanto viene a establecer que la notificaci\u00f3n hecha a uno de los administradores mancomunados<\/strong> de una sociedad es v\u00e1lida y surte todos sus efectos.<\/p>\n

— La de 17 de octubre sobre sociedades inscritas con objetos profesionales<\/strong> antes de la Ley 2\/2007, ratificando la DG su postura de quedar disueltas de pleno derecho<\/strong>, siendo s\u00f3lo posible su reactivaci\u00f3n. Estimamos que esta doctrina debemos aplicarla con la necesaria prudencia<\/strong> y s\u00f3lo en aquellos caso en los que el objeto profesional sea palmario<\/strong>.<\/p>\n

— La de 18 de octubre reiterando que en caso de establecerse como forma de administraci\u00f3n la de varios mancomunados<\/strong>, debe decirse su forma de actuaci\u00f3n aunque sea utilizando la frase legal de que actuar\u00e1n \u201cal menos dos de ellos\u201d.<\/p>\n

—La de 19 de octubre que fija la doctrina de que en las sociedades civiles profesionales<\/strong> debe fijarse la cuota<\/strong> de cada uno de los socios, aunque todos ellos lo sean de industria.<\/p>\n

—La de 24 de octubre, muy importante, pues declara que la decisi\u00f3n del Presidente<\/strong> de la junta, a los efectos del c\u00f3mputo de asistentes y de la validez o no de las representaciones alegadas, puede ser revisada<\/strong>, v\u00eda calificaci\u00f3n registral, seg\u00fan la realidad de lo acontecido y siempre que resulte de la documentaci\u00f3n aportada y, en su caso, tambi\u00e9n del propio registro.<\/p>\n

— La de 26 de octubre, tambi\u00e9n interesante, pues sigue en la v\u00eda de minimizar defectos del convocatoria<\/strong> en cuanto a la claridad del orden del d\u00eda, y admite, una vez m\u00e1s, la convalidaci\u00f3n de acuerdos supuestamente nulos.<\/p>\n

— La de 3 de noviembre reiterando que para inscribir la renuncia de un administrador<\/strong>, debe acreditarse, si la sociedad es an\u00f3nima, o manifestarse, si es limitada, la fecha y la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta. En definitiva podemos decir que lo trascendente a los efectos de exigir acreditaci\u00f3n o manifestaci\u00f3n depender\u00e1 de los que digan los estatutos, o en su defecto la LSC, sobre la forma en que debe hacerse la convocatoria de la junta.<\/p>\n

— La de 2 de noviembre reiterando que para convocar por web<\/strong> esta debe estar creada, inscrita y publicada, no sirviendo a efectos de convocar la junta<\/strong> la web que, en su caso, se hiciera constar a los efectos de la Ley sobre la Servicios de la Sociedad de Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico.<\/p>\n

— La de 7 de noviembre, muy del caso concreto y que plantea un curioso caso de interpretaci\u00f3n<\/strong> de estatutos.<\/p>\n

— Finalmente la de 14 de noviembre sobre el car\u00e1cter imperativo del art. 246.2 de la LSC<\/strong>, estableciendo que si los estatutos sociales regulan la convocatoria del Consejo a petici\u00f3n de los administradores, o consejeros, debe tenerse en cuenta dicho precepto debido a su car\u00e1cter.<\/p>\n<\/a>

CUESTIONES DE INTER\u00c9S:<\/strong><\/span><\/h6>\n

Como cuesti\u00f3n de inter\u00e9s<\/strong>, en este informe, planteamos la siguiente:<\/p>\n<\/a>

Adopci\u00f3n de oficio de medidas cautelares<\/strong> en acciones individuales para la declaraci\u00f3n de abusividad de las cl\u00e1usulas suelo.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Se ha publicado un muy interesante auto del TJUE, de 26 de octubre<\/a> de 2016 <\/strong>(asuntos acumulados C\u2011568\/14 a C\u2011570\/14)<\/strong>, del que extraemos unas consideraciones que pueden ser importantes a la hora de calificar, tanto pr\u00e9stamos hipotecarios, con condiciones generales encubiertas, como contratos relativos a bienes muebles, propuestos por las empresas de financiaci\u00f3n a los efectos del art\u00edculo 10 de la Ordenanza de 19 de julio de 1999, o bien pactados fuera del modelo y por tanto sujetas a la calificaci\u00f3n del Registrador Provincial.<\/p>\n

Aunque el auto se plantea en relaci\u00f3n a las cl\u00e1usulas suelo<\/strong> en las hipotecas<\/strong>, problema que ha encontrado ya una soluci\u00f3n<\/strong> al parecer definitiva<\/strong> al haber declarado el TJUE la retroactividad total de la nulidad de dichas cl\u00e1usulas<\/strong><\/a>, la doctrina que exponemos se puede aplicar a todo otro supuesto en que se diluciden cl\u00e1usulas que pudieran ser abusivas<\/strong> en el contexto de la Directiva 93\/13<\/strong>.<\/p>\n

Este auto que en definitiva no es m\u00e1s que un recopilatorio<\/strong> de la doctrina del TJUE sobre el ejercicio de acciones individuales y colectivas<\/strong> y la adopci\u00f3n de medidas cautelares<\/strong> en las individuales, adquiere una gran trascendencia<\/strong> a la vista de la sentencia del TJUE que con fecha de 21 de diciembre de 2016<\/a><\/strong>\u00a0ha declarado la retroactividad total de la nulidad de las cl\u00e1usulas suelo contenidas en las hipotecas de las entidades crediticias espa\u00f1olas, que seg\u00fan nuestro TS en sentencia de 9 de mayo de 2013<\/a>, hab\u00eda limitado a los intereses devengados a partir de la fecha de la sentencia.<\/p>\n

Si todos los jueces que han conocido de dichas cl\u00e1usulas suelo abusivas hubieran adoptado de oficio, como medida cautelar, la de la suspensi\u00f3n del pago de intereses en virtud de la indicada cl\u00e1usula<\/strong>, se hubiera evitado, no s\u00f3lo la devoluci\u00f3n de cantidades percibidas indebidamente en hipotecas que siguen vivas, sino lo que es m\u00e1s importante se hubieran evitado las ejecuciones hipotecarias<\/strong> de personas imposibilitadas del pago del pr\u00e9stamo, por unas cantidades <\/strong>(la de los intereses) que ahora ha quedado establecido que en su d\u00eda fueron indebidamente percibidas.<\/p>\n

El art\u00edculo de derecho interno<\/strong> espa\u00f1ol que se somete a debate en este auto es el <\/strong>art\u00edculo 721 de la LEC en su apartado 2<\/strong>, que impide al juez tomar medidas cautelares de oficio.<\/p>\n

Transcribimos a continuaci\u00f3n por claridad la totalidad del precepto mencionado:<\/p>\n

Art. 721. Necesaria instancia de parte.<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Bajo su responsabilidad, todo actor, principal o reconvencional, podr\u00e1 solicitar del tribunal, conforme a lo dispuesto en este T\u00edtulo, la adopci\u00f3n de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare.<\/li>\n
  2. Las medidas cautelares previstas en este T\u00edtulo no podr\u00e1n en ning\u00fan caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos especiales. Tampoco podr\u00e1 \u00e9ste acordar medidas m\u00e1s gravosas que las solicitadas.<\/li>\n<\/ol>\n

    Visto lo anterior rese\u00f1amos las conclusiones<\/strong> que se derivan del auto citado:<\/p>\n

    — Ya la sentencia de 14 de abril de 2016, Sales Sinu\u00e9s y Drame Ba (C-381\/14 y C-385\/14, EU:C:2016:252), al tratar de las relaciones \u201centre las acciones individuales y las acciones colectivas paralelas dirigidas a que se declare el car\u00e1cter abusivo de unas cl\u00e1usulas contractuales\u2026, declar\u00f3 que la Directiva 93\/13<\/a> se opone<\/strong> a una normativa nacional, como la normativa espa\u00f1ola examinada en el litigio principal, que obliga al juez que conoce de una acci\u00f3n individual de un consumidor a suspender autom\u00e1ticamente la tramitaci\u00f3n de esa acci\u00f3n en espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva que se encuentra pendiente<\/strong>, sin que pueda tomarse en consideraci\u00f3n si es pertinente esa suspensi\u00f3n desde la perspectiva de la protecci\u00f3n del consumidor que present\u00f3 una demanda judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir desvincularse de la acci\u00f3n colectiva\u201d.<\/p>\n

    — Que \u201cseg\u00fan reiterada jurisprudencia(del TJUE), el juez nacional que conoce de un litigio regido por el Derecho de la Uni\u00f3n debe estar facultado para conceder medidas cautelares<\/strong> a fin de garantizar<\/strong> la plena eficacia de la resoluci\u00f3n judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Uni\u00f3n (v\u00e9anse las sentencias de 19 de junio de 1990, Factortame y otros, C-213\/89, EU:C:1990:257, apartado 21; de 11 de enero de 2001, Siples, C-226\/99, EU:C:2001:14, apartado 19, y de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432\/05, EU:C:2007:163, apartado 67)\u201d.<\/p>\n

    — Que \u201cen cuanto a la tutela judicial de los derechos que la Directiva 93\/13<\/a> otorga a los consumidores contra el uso de cl\u00e1usulas abusivas en los contratos que celebren con profesionales, es jurisprudencia reiterada que el art\u00edculo 6, apartado 1, de esta Directiva, a tenor del cual las cl\u00e1usulas abusivas no vinculan al consumidor<\/strong>, constituye una disposici\u00f3n imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre \u00e9stas (v\u00e9anse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415\/11, EU:C:2013:164, apartados 44 y 45, y de 17 de julio de 2014, S\u00e1nchez Morcillo y Abril Garc\u00eda, C-169\/14, EU:C:2014:2099, apartados 22 y 23)\u201d.<\/p>\n

    — Que \u201cel juez nacional debe apreciar de oficio el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula contractual<\/strong> incluida en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de dicha Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello (v\u00e9anse las sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415\/11, EU:C:2013:164, apartado 46, y de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C-280\/13, EU:C:2014:279, apartado 34)\u201d.<\/p>\n

    — \u201cEn lo que respecta a las consecuencias que se derivan<\/strong> de la constataci\u00f3n de oficio del car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula contractual, el Tribunal de Justicia ha estimado ya que, si bien la Directiva 93\/13<\/a> no persigue la armonizaci\u00f3n de las sanciones aplicables en tales circunstancias, su art\u00edculo 7, apartado 1, obliga no obstante a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cl\u00e1usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores<\/strong> (sentencias de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472\/10, EU:C:2012:242, apartado 35, y de 14 de abril de 2016, Sales Sinu\u00e9s y Drame Ba, C-381\/14 et C-385\/14, EU:C:2016:252, apartado 31)\u201d.<\/p>\n

    — Que en virtud del principio de equivalencia<\/strong>, el art\u00edculo 721, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplica de igual modo \u201cen los litigios relativos a derechos reconocidos por el Derecho nacional y en los relativos a derechos basados en el Derecho de la Uni\u00f3n\u201d.<\/p>\n

    — Que en virtud del\u00a0principio de efectividad<\/strong>, en el caso de que se plantee la cuesti\u00f3n \u201cde si una disposici\u00f3n procesal nacional hace imposible o excesivamente dif\u00edcil la aplicaci\u00f3n del Derecho de la Uni\u00f3n debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposici\u00f3n en el conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de \u00e9ste ante las diversas instancias nacionales (sentencia de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC, C-49\/14, EU:C:2016:98, apartado 43 y jurisprudencia citada)\u201d.<\/p>\n

    En el presente asunto, es preciso hacer<\/p>\n

    — Que \u201cel art\u00edculo 7, apartado 1, de la Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional<\/strong>, \u2026 que no permite que el juez que conoce de una acci\u00f3n individual de un consumidor dirigida a que se declare el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula del contrato que le une a un profesional adopte de oficio medidas cautelares<\/strong>, con la duraci\u00f3n<\/strong> que estime oportuna, a la espera de que exista sentencia firme en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n colectiva pendiente cuya soluci\u00f3n puede ser aplicada a la acci\u00f3n individual, cuando tales medidas sean necesarias para garantizar la plena eficacia de la resoluci\u00f3n judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados por el consumidor sobre la base de la Directiva 93\/13\u201d.<\/p>\n

    — Que en virtud del principio de autonom\u00eda procesal<\/strong> corresponde al ordenamiento jur\u00eddico interno de cada Estado miembro establecer \u201clas reglas de armonizaci\u00f3n del ejercicio de acciones individuales y colectivas y tambi\u00e9n las relativas a la adopci\u00f3n de medidas cautelares\u201d,\u2026 \u00a0\u201ca condici\u00f3n, no obstante, de que no sean menos favorables<\/strong> que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil<\/strong> el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Uni\u00f3n confiere a los consumidores (principio de efectividad) (v\u00e9ase la sentencia de 14 de abril de 2016, Sales Sinu\u00e9s y Drame Ba, C-381\/14 y C-385\/14, EU:C:2016:252, apartado 32 y jurisprudencia citada)\u201d.<\/p>\n

    En definitiva, lo esencial del auto es la afirmaci\u00f3n de que el juez espa\u00f1ol debe adoptar medidas cautelares de oficio<\/strong>, cuando se ejerce una acci\u00f3n individual para declarar abusiva una cl\u00e1usula, sin necesidad de esperar a que se resuelva la acci\u00f3n colectiva<\/strong>.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    DISPOSICIONES GENERALES:\u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
    <\/a>Cambios en la numeraci\u00f3n de \u00f3rdenes ministeriales<\/strong><\/span><\/h6>\n

    Resoluci\u00f3n de 4 de noviembre de 2016, de la Subsecretar\u00eda, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeraci\u00f3n de las \u00f3rdenes ministeriales que se publican en el Bolet\u00edn Oficial del Estado.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2016-10206 – 2\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 164\u00a0KB)<\/a> \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

    <\/a>Plan Estad\u00edstico Nacional 2017-2020<\/strong><\/span><\/h6>\n

    Real Decreto 410\/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estad\u00edstico Nacional 2017-2020.<\/p>\n

    El\u00a0art\u00edculo 149.1.31<\/a>\u00a0de la Constituci\u00f3n determina la\u00a0competencia exclusiva del Estado<\/strong>\u00a0sobre las\u00a0estad\u00edsticas para fines estatales, teniendo tal consideraci\u00f3n las estad\u00edsticas incluidas en el Plan Estad\u00edstico Nacional.<\/p>\n

    Las estad\u00edsticas cuya realizaci\u00f3n resulte obligatoria por exigencia de la\u00a0normativa europea<\/strong>\u00a0quedar\u00e1n incluidas autom\u00e1ticamente en el Plan Estad\u00edstico Nacional, siendo la disposici\u00f3n m\u00e1s relevante el\u00a0Reglamento (UE) n.\u00ba 99\/2013<\/a>\u00a0del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a015 de enero de 2013.<\/p>\n

    El Plan tendr\u00e1 una vigencia de\u00a0cuatro a\u00f1os\u00a0<\/strong>y es el principal instrumento ordenador de la actividad estad\u00edstica de la Administraci\u00f3n General del Estado, seg\u00fan la Ley\u00a012\/1989, de 9 de mayo<\/a>, de la Funci\u00f3n Estad\u00edstica P\u00fablica.<\/p>\n

    El\u00a0sexto Plan Estad\u00edstico Nacional<\/strong>\u00a0correspondiente al cuatrienio\u00a02013-2016<\/strong>\u00a0se aprob\u00f3 por\u00a0Real Decreto 1658\/2012, de 7 de diciembre<\/a>, siendo desarrollado en\u00a0programas anuales<\/strong>.\u00a0<\/p>\n

    Pr\u00f3xima a finalizar su vigencia se aprueba el\u00a0nuevo plan para el cuatrienio 2017-2020<\/strong>, que se inserta en los\u00a0cinco\u00a0anexos<\/strong>\u00a0de este real decreto.<\/p>\n

    Las estad\u00edsticas han de efectuarse en el cuatrienio por los servicios estad\u00edsticos de la Administraci\u00f3n General del Estado o cualesquiera otras entidades dependientes de ella.<\/p>\n

    Las estad\u00edsticas del plan se presentan clasificadas en\u00a0sectores<\/strong>\u00a0atendiendo a la materia tratada y se concretan las\u00a0l\u00edneas estrat\u00e9gicas<\/strong>\u00a0que van a regir la producci\u00f3n estad\u00edstica para fines estatales en dicho cuatrienio.<\/p>\n

    Para\u00a0cada operaci\u00f3n estad\u00edstica\u00a0<\/strong>se determinan sus\u00a0aspectos esenciales<\/em><\/strong>: los organismos que intervienen, fines y descripci\u00f3n general, colectivo y \u00e1mbito territorial y la estimaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos presupuestarios necesarios para su financiaci\u00f3n, as\u00ed como el Programa de inversiones.<\/p>\n

    Art\u00edculo 3. Obligatoriedad de respuesta.<\/strong><\/p>\n

    De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 7 de la Ley 12\/1989, de 9 de mayo, de la Funci\u00f3n Estad\u00edstica P\u00fablica, y en la disposici\u00f3n adicional cuarta de la Ley 4\/1990, de\u00a029 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 1990, para la elaboraci\u00f3n de todas las estad\u00edsticas incluidas en el Plan Estad\u00edstico Nacional 2017-2020 los datos se exigir\u00e1n con car\u00e1cter obligatorio, sin perjuicio de que ser\u00e1n de aportaci\u00f3n estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podr\u00e1n recogerse, previo consentimiento expreso de los interesados, los datos susceptibles de revelar el origen \u00e9tnico, las opiniones pol\u00edticas, las convicciones religiosas o ideol\u00f3gicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar.<\/p>\n

    Obligatoriedad de respuesta.<\/strong>\u00a0Las estad\u00edsticas incluidas en el Plan Estad\u00edstico Nacional 2017-2020 son de cumplimentaci\u00f3n obligatoria (art. 3 de este RD,\u00a0art. 7 Ley 12\/1989<\/a>\u00a0y\u00a0D. Ad. 4\u00aa Ley 4\/1990<\/a>). No obstante, ser\u00e1n de aportaci\u00f3n estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podr\u00e1n recogerse previo consentimiento expreso de los interesados los datos susceptibles de revelar el origen \u00e9tnico, las opiniones pol\u00edticas, las convicciones religiosas o ideol\u00f3gicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar.<\/p>\n

    Contenido de los anexos.<\/strong><\/p>\n

    \u2026<\/p>\n

    Interviene el\u00a0Colegio de Registradores\u00a0<\/strong>en cuatro estad\u00edsticas:<\/p>\n

    7284 Estad\u00edstica de Sociedades Mercantiles.<\/em><\/strong><\/p>\n

    Fines: Informaci\u00f3n mensual y anual de las sociedades creadas, disueltas<\/strong>, y de las modificaciones<\/strong> de sociedades.<\/p>\n

    Organismos que intervienen: INE, Registro Mercantil Central y Colegio de Registradores (MJUS).<\/p>\n

    Descripci\u00f3n general (principales variables): N\u00famero y capital social de las sociedades constituidas, disueltas o que modifican su capital. Estado de la sociedad (constituci\u00f3n, aumento de capital, condici\u00f3n jur\u00eddica de la sociedad, capital…). Colectivo: Sociedades mercantiles.<\/p>\n

    Este real decreto entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda 1 de enero de 2017.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2016-10773 – 166\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 2.649\u00a0KB)<\/a> \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    RESOLUCIONES.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    VALORACI\u00d3N DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:<\/strong><\/p>\n

    Se van a seguir estos criterios a juicio\u00a0de las personas que las resumen:<\/strong><\/p>\n

    ()\u00a0 <\/strong>\u00a0Reiterativa o de escas\u00edsimo inter\u00e9s<\/p>\n

    * <\/strong>\u00a0\u00a0Poco inter\u00e9s o muy del caso concreto<\/p>\n

    ** <\/strong>\u00a0Interesante (categor\u00eda est\u00e1ndar)<\/p>\n

    *** <\/strong>Muy interesante.<\/p>\n

    \u21d2\u21d2\u21d2<\/strong>\u00a0Imprescindible.<\/p>\n

    429.** LEY 2\/2009\u00a0y PRESTAMISTA PROFESIONAL. PODER, COPIA AUTORIZADA y JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA.<\/strong><\/p>\n

    Resoluci\u00f3n de 10 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Valencia n.\u00ba 11, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de cesi\u00f3n parcial de pr\u00e9stamo hipotecario entre particulares.<\/p>\n

    Hechos:<\/strong>\u00a0Se otorga una escritura, complementada por otra, en virtud de la cual se cede la posici\u00f3n jur\u00eddica acreedora del prestamista en un pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria. El adquirente manifiesta que no es un prestamista profesional. En la primera escritura se aporta copia simple de un poder, pero no se emite juicio de suficiencia. En la segunda se hace uso de un poder contenido en la escritura complementada, pero no se dice que se exhibe copia autorizada.<\/p>\n

    La registradora\u00a0<\/strong>encuentra dos defectos: que el\u00a0cesionario<\/strong>\u00a0es un prestamista profesional, a pesar de su aseveraci\u00f3n en contra, pues\u00a0figura como titular de otros pr\u00e9stamos hipotecarios<\/strong>. Y, en cuanto a los\u00a0poderes<\/strong>, que falta el juicio de suficiencia notarial en la primera escritura, y la exhibici\u00f3n al notario autorizante de copia autorizada en la segunda.<\/p>\n

    El interesado<\/strong>\u00a0recurre y alega, en cuanto a los poderes, que al exhibirse al registrador la copia autorizada de la primera escritura puede comprobar por s\u00ed mismo las facultades del apoderado, y en cuanto a la escritura complementaria, que el poder consta en el cuerpo de la escritura, que tambi\u00e9n tiene a la vista el registrador. En cuanto a la consideraci\u00f3n de prestamista profesional del cesionario, alega que la apreciaci\u00f3n de la registradora es subjetiva e imprecisa, que se trata de un jubilado y que \u00fanicamente ha otorgado 2 pr\u00e9stamos en los \u00faltimos seis a\u00f1os y por cuestiones personales.<\/p>\n

    La DGRN<\/strong>\u00a0desestima el recurso. En cuanto al poder recuerda su doctrina de que\u00a0el notario deber\u00e1 hacer constar el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas<\/strong>, congruente con el contenido del t\u00edtulo mismo, y que se le han acreditado dichas facultades mediante\u00a0la exhibici\u00f3n de documentaci\u00f3n aut\u00e9ntica\u00a0<\/strong>y la expresi\u00f3n de los datos identificativos del documento del que nace la representaci\u00f3n. En la primera escritura falta ese juicio de suficiencia, y en la segunda escritura falta la menci\u00f3n a la exhibici\u00f3n de copia aut\u00e9ntica o al menos a la existencia en el protocolo del original sin nota de revocaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo\u00a0166.2 del Reglamento Notarial<\/a>.<\/p>\n

    En cuanto al segundo defecto, entiende\u00a0que,\u00a0para considerar a un prestamista como profesional basta la existencia de dos pr\u00e9stamos,\u00a0<\/strong>lo que constituye indicio suficiente acerca de la cuesti\u00f3n debatida y justificaci\u00f3n adecuada para exigir bien el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la citada ley o bien una prueba satisfactoria de su no necesidad.\u00a0Admite como prueba negativa,\u00a0<\/strong>cuya carga atribuye al prestamista, el acta notarial de notoriedad<\/strong>\u00a0que, en este supuesto concreto, podr\u00eda ir dirigida a la acreditaci\u00f3n de la amistad existente entre los deudores y el acreedor y al estado de necesidad de los primeros que operar\u00eda como causa de la concesi\u00f3n excepcional del pr\u00e9stamo.<\/p>\n

    COMENTARIO:<\/strong>\u00a0Respecto de los poderes hay que sacar como conclusi\u00f3n de la posici\u00f3n de la DGRN que, en la pr\u00e1ctica, el notario tendr\u00e1 que emitir siempre el juicio de suficiencia del poder sobre la base de la copia simple, advirtiendo de la falta de copia autorizada, pues en otro caso habr\u00e1 de subsanar ese defecto registral mediante diligencia; y por otro lado, si no se le exhibe copia autorizada del poder al notario, no se subsanar\u00e1 la omisi\u00f3n exhibiendo la copia autorizada al registrador, con lo que tendr\u00e1 que exhibirse al notario, y \u00e9ste reflejarlo por diligencia, de la que se emitir\u00e1 copia para el Registro lo cual parece, como m\u00ednimo, excesivamente formalista, pues el Registrador puede comprobar por s\u00ed mismo tanto la existencia de la copia autorizada, como las facultades contenidas evitando un nuevo viaje documental de ida y vuelta.<\/p>\n

    Respecto del car\u00e1cter profesional del prestamista, el notario, al no tener acceso al Servicio de Interconexi\u00f3n de los Registros, no podr\u00e1 ejercer adecuadamente su funci\u00f3n, por lo que parece imprescindible que se le permita el acceso a dicho servicio para ejercer su funci\u00f3n y velar por la legalidad, al menos en este tipo de operaciones, pues no olvidemos que en tal caso la subsanaci\u00f3n del pr\u00e9stamo o de la cesi\u00f3n no es posible y habr\u00eda que empezar la operaci\u00f3n de nuevo desde el principio (FIPER, seguro profesional, etc).\u00a0(AFS)<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2016-10062 – 12\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 254\u00a0KB)<\/a> \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

    430.*** REGISTRO DE BIENES MUEBLES. PRENDA SOBRE LICENCIA DE TAXI. SU CONSTITUCI\u00d3N BAJO CONDICI\u00d3N SUSPENSIVA.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    Resoluci\u00f3n de 10 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador mercantil y de bienes muebles I de Zaragoza en relaci\u00f3n a una prenda de licencia de taxi.<\/p>\n

    Hechos:<\/strong>\u00a0Se presenta en el RBM una prenda sin desplazamiento sobre una licencia de taxi.<\/p>\n

    El registrador considera que\u00a0no es inscribible<\/strong>, entre otros defectos relativos a errores en el t\u00edtulo, o cl\u00e1usulas sin eficacia real, por\u00a0no acreditarse la autorizaci\u00f3n del Ayuntamiento para la constituci\u00f3n de la prenda<\/strong>, indispensable para la inscripci\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el\u00a0art\u00edculo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria<\/a>, exigida tambi\u00e9n por el art\u00edculo 6 del Reglamento Municipal del Servicio Urbano de autotaxi de Zaragoza. La autorizaci\u00f3n es necesaria por cuanto la prenda, aun no significando una transmisi\u00f3n actual, s\u00ed implica la posibilidad de una transmisi\u00f3n en caso de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

    El interesado recurre y alega la\u00a0Resoluci\u00f3n de 30 de Mayo de 2016 de la DGRN<\/a>\u00a0que permiti\u00f3 la prenda sin desplazamiento de licencias de taxi y que adem\u00e1s dijo que el Registrador comunicar\u00e1 de oficio esta circunstancia -la constituci\u00f3n de la prenda- a la Administraci\u00f3n P\u00fablica competente mediante certificaci\u00f3n emitida al efecto.<\/p>\n

    Doctrina:<\/strong>\u00a0La DG\u00a0confirma<\/strong>\u00a0la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

    Parte de la base de que lo esencial en este tipo de prendas es indagar acerca de la enajenabilidad de los bienes objeto de la garant\u00eda.<\/p>\n

    Para ello aplica el\u00a0Reglamento Municipal del Servicio Urbano de Autotaxi<\/strong>, en el supuesto de la resoluci\u00f3n el de Zaragoza, del cual resulta que las licencias son enajenables en determinadas condiciones y que en todo caso su transmisi\u00f3n exige la autorizaci\u00f3n del Ayuntamiento.<\/p>\n

    Por ello confirma la nota si bien dice que debe admitirse la posibilidad \u201cde constituir prenda sobre licencia de taxi,\u00a0sujeta a la condici\u00f3n suspensiva<\/strong>\u00a0de la obtenci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n del Ayuntamiento, \u2026 por cuanto no puede decirse que en estos casos estemos en presencia de verdaderas \u00abconditio iuris\u00bb, dado que adem\u00e1s la transmisi\u00f3n se llevar\u00e1 a efecto, en su caso, con su ejecuci\u00f3n hipotecaria(sic). En este sentido quien est\u00e9 interesado en participar en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria (sic) en calidad de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario, deber\u00e1 comunicarlo al Ayuntamiento al objeto de obtener la oportuna autorizaci\u00f3n, que se otorgar\u00e1 siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos en la normativa Municipal\u201d.<\/p>\n

    Comentario<\/strong>: La resoluci\u00f3n, a la vista de las normas municipales aplicables al supuesto y al propio FD antes transcrito, no queda suficientemente clara.<\/p>\n

    Por una parte confirma la nota, por lo que en principio parece que no es posible la inscripci\u00f3n de la prenda sin esa autorizaci\u00f3n. Pero por otra nos dice que es posible constituirla bajo condici\u00f3n suspensiva.<\/p>\n

    De ello\u00a0deducimos<\/strong>\u00a0lo siguiente:<\/p>\n

    1\u00ba. Que si la licencia, de la clase que sea, est\u00e1 sujeta en cuanto a su transmisi\u00f3n, a autorizaci\u00f3n administrativa, no puede inscribirse sin dicha autorizaci\u00f3n.<\/p>\n

    2\u00ba. Que para que la prenda de esas licencias sea inscribible sin autorizaci\u00f3n, deben constituirse bajo condici\u00f3n suspensiva, pero en el sentido que ahora veremos.<\/p>\n

    3\u00ba. Que debe hacerse constar en el t\u00edtulo de su constituci\u00f3n que para adjudicarse la licencia por parte del acreedor o para ser postor en la subasta, deber\u00e1n cumplirse las exigencias establecidas en las normas municipales aplicables al caso.<\/p>\n

    Dada la gran\u00a0variabilidad\u00a0<\/strong>de las normas municipales aplicables a estas licencias de taxis, cuando nos encontremos ante una de ellas deberemos examinar muy cuidadosamente el\u00a0car\u00e1cter y naturaleza<\/strong>\u00a0de las normas que las disciplinan. Una vez hecho esto creemos que lo que\u00a0puede sujetarse a condici\u00f3n suspensiva<\/strong>, no es la constituci\u00f3n de la prenda en s\u00ed,\u00a0sino su ejecuci\u00f3n<\/strong>, o mejor dicho\u00a0su adjudicaci\u00f3n<\/strong>\u00a0al mejor postor o al acreedor en pago de su cr\u00e9dito. Esto es en definitiva lo que creemos que ha querido decir la DG en el transcrito FD. Y lo que es m\u00e1s conforme con la posibilidad de constituir hipoteca sobre bienes sujetos a condiciones resolutorias o en otras situaciones especiales (cfr. art. 107 LH<\/a>). Aclaremos adem\u00e1s que la prenda se va a constituir sobre los derechos derivados de la licencia, no sobre la licencia en s\u00ed.<\/p>\n

    Inscribir un derecho real sujeto a condici\u00f3n suspensiva no parece lo m\u00e1s ajustado a la naturaleza de todo derecho real de garant\u00eda, aunque sea mobiliaria. No obstante, un caso muy especial de hipoteca sujeta a condici\u00f3n suspensiva fue admitido en\u00a0la resoluci\u00f3n de la DGRN de 2 de septiembre de 2008.<\/a>\u00a0(JAGV)<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2016-10063 \u2013 4\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 171\u00a0KB)<\/a> \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    434.* ANOTACI\u00d3N PREVENTIVA DE EMBARGO HABIENDO FALLECIDO EL TITULAR REGISTRAL. DIFERENTES SUPUESTOS<\/strong><\/p>\n

    Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Zaragoza n.\u00ba 5, por la que se suspende la extensi\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo.<\/p>\n

    La Direcci\u00f3n, como ya hizo en la\u00a0R de 9 de julio de 2011<\/a>\u00a0esquematiza en esta Resoluci\u00f3n los\u00a0distintos supuestos que pueden plantearse en las Anotaciones de embargo cuando el titular registral est\u00e1 fallecido y sus requisitos:<\/p>\n

    a) procesos\u00a0por deudas del titular registral<\/strong> fallecido antes o durante el procedimiento: si falleci\u00f3 durante el procedimiento deber\u00e1 acreditarse que se demand\u00f3 al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitaci\u00f3n con sus herederos por sucesi\u00f3n procesal conforme al\u00a016 LEC<\/a>; Si falleci\u00f3 antes de iniciado el procedimiento, adem\u00e1s del fallecimiento deber\u00e1 acreditarse, si los herederos fueran ciertos y determinados, que la demanda se ha dirigido contra \u00e9stos indicando sus circunstancias personales (art 166.1.\u00ba RH<\/a>), sin que proceda en este caso aportar los t\u00edtulos sucesorios. Si los herederos fueran indeterminados se abordar\u00e1 posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.<\/p>\n

    b) procesos ejecutivos\u00a0por deudas de los herederos ciertos y determinados<\/strong>del titular registral fallecido antes de iniciado el procedimiento: igual que en supuesto anterior deber\u00e1 acreditarse el fallecimiento, que la demanda se ha dirigido contra \u00e9stos indicando sus circunstancias personales y adem\u00e1s, acompa\u00f1ando los t\u00edtulos sucesorios y el certificado del Registro General de Actos de \u00daltima Voluntad (1.\u00ba p\u00e1rrafo segundo RH<\/a>).\u00a0En definitiva, deber\u00e1 acreditarse su condici\u00f3n de herederos del titular registral.<\/strong><\/p>\n

    c)\u00a0procesos ejecutivos contra herederos indeterminados \u2013herencia yacente<\/strong>– del titular registral, bien sea por deudas propias del causante o de la propia herencia yacente, ser\u00e1 preciso para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador.<\/p>\n

    En este supuesto se trata de una demanda efectuada por la comunidad de propietarios de un piso, contra un heredero concreto y contra la herencia yacente y los herederos desconocidos de los titulares registrales. De la documentaci\u00f3n aportada en el expediente resulta que los titulares fallecidos lo hicieron intestados y que las deudas reclamadas se deben a cuotas impagadas posteriores al fallecimiento de los mismos.<\/p>\n

    Para resolver el expediente la\u00a0Direcci\u00f3n<\/strong>\u00a0distingue dos supuestos:<\/p>\n

    1.-Respecto a la esposa, que premuri\u00f3, resulta la existencia de un documento de partici\u00f3n firmado por sus 2 hijos \u2013 que est\u00e1n demandados- y el viudo, ahora fallecido. En este caso entiende el Centro que estamos ante el supuesto de deudas de herederos ciertos y determinados, en cuyo caso, conforme el art. 166.1.\u00aa, p\u00e1rrafo segundo, RH deber\u00e1 acreditarse su condici\u00f3n de herederos del titular registral y para ello es imprescindible la presentaci\u00f3n del t\u00edtulo sucesorio. Por lo que en este punto\u00a0confirma la nota<\/strong>.<\/p>\n

    2.-Sin embargo, respecto a esposo no est\u00e1 aceptada su herencia ni realizada operaci\u00f3n alguna en cuanto a la partici\u00f3n hereditaria, pudiendo existir herederos que no sean coincidentes con los de su esposa; estamos por tanto ante un supuesto de deudas de estos herederos indeterminados \u2013ya que nos encontramos ante un supuesto de herencia yacente\u2013, y ser\u00e1 preciso, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente. En este caso como la demanda se ha dirigido finalmente contra personas determinadas como posibles herederos del causante, la herencia yacente est\u00e1 correctamente emplazada y no es precisa la designaci\u00f3n de administrador judicial. Por lo que respecto a este\u00a0causante se rechaza el defecto.\u00a0<\/strong>(MN)<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2016-10067 – 6\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 189\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

    436.*** ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO SEGUIDO CONTRA EL C\u00d3NYUGE DE UNA PERSONA DECLARADA EN CONCURSO: ES COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CONCURSO.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Zaragoza n.\u00ba 9, por la que se deniega una anotaci\u00f3n de embargo seguido contra el c\u00f3nyuge de una persona declarada en concurso.<\/p>\n

    Se plantea la procedencia de una\u00a0Anotaci\u00f3n de embargo decretado contra un c\u00f3nyuge\u00a0<\/strong>estando la finca inscrita con car\u00e1cter com\u00fan para su consorcio conyugal y\u00a0con la declaraci\u00f3n de concurso voluntario del otro c\u00f3nyuge.<\/strong><\/p>\n

    El\u00a0Registrador<\/strong>\u00a0sostiene que\u00a0el embargo deber\u00eda proceder del juzgado de lo mercantil<\/strong>.<\/p>\n

    La\u00a0Direcci\u00f3n<\/strong>\u00a0confirma la nota. La declaraci\u00f3n de concurso supone, de un lado, la determinaci\u00f3n de todo el activo del concursado que va a responder de los cr\u00e9ditos concursales y de otro la integraci\u00f3n en la masa pasiva de todos los cr\u00e9ditos contra el concursado. Desde el punto de vista del activo, el\u00a0art 76 LC<\/a>\u00a0establece, como regla general, que constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaraci\u00f3n de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusi\u00f3n del procedimiento. Y en el caso de que se trate de persona casada\u00a0el art 77<\/a>\u00a0determina que: \u00ab1. En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprender\u00e1 los bienes y derechos propios o privativos del concursado. 2. Si el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluir\u00e1n en la masa, adem\u00e1s, los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado. En este caso, el c\u00f3nyuge del concursado podr\u00e1 pedir la disoluci\u00f3n de la sociedad o comunidad conyugal y el juez acordar\u00e1 la liquidaci\u00f3n o divisi\u00f3n del patrimonio que se llevar\u00e1 a cabo de forma coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidaci\u00f3n del concurso<\/em>\u00bb. La exclusi\u00f3n del bien consorcial de la masa activa del concurso, por no responder de las obligaciones del concurso, corresponde declararlo al juez del concurso. De esta posible responsabilidad de los bienes comunes respecto de las deudas contra\u00eddas por el concursado, se deriva el hecho de que se mande inscribir la declaraci\u00f3n del concurso de un c\u00f3nyuge sobre la finca inscrita con car\u00e1cter consorcial, requiere notificaci\u00f3n al c\u00f3nyuge no deudor (arts 144 RH<\/a>\u00a0y\u00a077 LC<\/a>\u00a0y\u00a0R 23 de octubre de 2015).<\/a><\/p>\n

    Lo que ocurre en este caso el mandamiento de embargo se refiere a una deuda del c\u00f3nyuge del concursado, debiendo resolverse si sus acreedores se ven afectados por la situaci\u00f3n concursal de una persona que no es quien contrajo la deuda sino su consorte. La LC tras la reforma por la Ley 38\/2011 dice en el\u00a0art. 49.2<\/a>\u00a0\u00aben el caso de concurso de persona casada en r\u00e9gimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se integrar\u00e1n en la masa pasiva los cr\u00e9ditos contra el c\u00f3nyuge del concursado, que sean, adem\u00e1s, cr\u00e9ditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyuga<\/em>l. El\u00a0art.219 del C\u00f3digo de Derecho Foral de Arag\u00f3n<\/a>\u00a0prev\u00e9 que \u00abde las deudas contra\u00eddas por un c\u00f3nyuge\u2026 responden en primer lugar los bienes privativos del c\u00f3nyuge deudor, y faltando estos o siendo estos insuficientes, los bienes comunes\u2026\u00bb. En el caso de embargo de bienes comunes por insuficiencia de los privativos, puede el c\u00f3nyuge no deudor pedir la disoluci\u00f3n de la comunidad.<\/em><\/p>\n

    En el caso planteado, el embargo del bien consorcial es solicitado por los acreedores del c\u00f3nyuge no concursado, embargo que debe ser notificado al c\u00f3nyuge concursado, para que, si lo estima oportuno, ejercite la opci\u00f3n de disolver la comunidad conyugal o, como le permite el C\u00f3digo de Derecho Foral de Arag\u00f3n, salvar el valor que le corresponde en el patrimonio com\u00fan, pidiendo la liquidaci\u00f3n del bien, sin disoluci\u00f3n del consorcio. Cualquiera de las dos opciones, dada la situaci\u00f3n especial del concursado, deber\u00e1n ejercitarse ante el juez del concurso, y dado que el concursado tiene sus facultades intervenidas, se requiere la concurrencia de la administraci\u00f3n concursal. Esto no significa que los acreedores del c\u00f3nyuge deudor no concursado queden desprotegidos. De las deudas contra\u00eddas por uno solo de los c\u00f3nyuges responden como se ha dicho, sus bienes privativos y subsidiariamente los bienes comunes, pero estos bienes comunes est\u00e1n sujetos a las vicisitudes derivadas de la actividad de ambos c\u00f3nyuges no solo de su c\u00f3nyuge deudor. Permitir la ejecuci\u00f3n separada supondr\u00eda hacer estos cr\u00e9ditos de mejor condici\u00f3n que el resto de cr\u00e9ditos contra el consorcio conyugal. Corresponde, en definitiva, al juez del concurso determinar si los acreedores del c\u00f3nyuge del concursado deben incluirse en la masa pasiva, por tratarse de cr\u00e9ditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal. (MN)<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2016-10105 – 7 p\u00e1gs. – 196 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/a>

    437.*** EJECUCI\u00d3N HIPOTECARIA.\u00a0PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL: NOTIFICACI\u00d3N Y REQUERIMIENTO DE PAGO A UN SOLO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Alicante n.\u00ba 1, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura p\u00fablica de adjudicaci\u00f3n de dos fincas, objeto de un procedimiento ejecutivo extrajudicial.<\/p>\n

    Hechos:<\/strong><\/p>\n

    Se trata de una escritura por la que se procede a la venta de dos fincas registrales a favor de una entidad bancaria como consecuencia de un procedimiento extrajudicial de ejecuci\u00f3n de hipoteca, acompa\u00f1\u00e1ndose copia del acta autorizada por el mismo notario donde se recogen los tr\u00e1mites y diligencias esenciales exigidas por el Reglamento Hipotecario.<\/p>\n

    \u00a0La venta extrajudicial se produce como consecuencia del impago del pr\u00e9stamo hipotecario. En la escritura de constituci\u00f3n de la hipoteca se se\u00f1al\u00f3 como domicilio de notificaciones de la mercantil deudora el propio domicilio de la entidad.<\/p>\n

    \u00a0En primer lugar, se llev\u00f3 a cabo un requerimiento notarial, en el domicilio que constaba en la escritura y en el Registro, que result\u00f3 fallido.<\/p>\n

    As\u00ed mismo, se intent\u00f3 efectuar el requerimiento en la vivienda hipotecada, compareciendo finalmente en la notaria el administrador mancomunado de la sociedad deudora que acept\u00f3 darse por notificado, entreg\u00e1ndole copia \u00edntegra de las diligencias practicadas hasta ese momento. Se hizo constar que dicho requerimiento se llevaba a cabo con respecto al mismo en su doble condici\u00f3n de administrador mancomunado de la mercantil deudora y\u00a0de hipotecante no deudor (el \u00f3rgano de representaci\u00f3n de la mercantil deudora, est\u00e1 formado por tres administradores mancomunados, debiendo actuar dos de ellos cualesquiera conjuntamente).<\/p>\n

    La\u00a0registradora<\/strong>\u00a0se\u00f1ala que, siendo la deudora una sociedad, el requerimiento fuera del domicilio social debe ser efectuado a quien ostente su representaci\u00f3n, y un administrador mancomunado no ostenta por s\u00ed solo la representaci\u00f3n de una sociedad limitada.<\/p>\n

    El\u00a0notario recurrente<\/strong>\u00a0argumenta que una cosa es el poder de representaci\u00f3n de los administradores y otra la facultad para recibir notificaciones y requerimientos, que tiene su regulaci\u00f3n en el\u00a0art\u00edculo 235 de la actual Ley de Sociedades de Capital<\/a>.<\/p>\n

    Decisi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

    La Direcci\u00f3n general,\u00a0estima el recurso<\/strong>\u00a0y revoca la nota de calificaci\u00f3n para ello encuentra la soluci\u00f3n al problema se plantea, en cuanto a si, estando compuesto el \u00f3rgano de administraci\u00f3n por tres administradores mancomunados debiendo ejercer la representaci\u00f3n conjuntamente al menos dos de ellos, es v\u00e1lida la notificaci\u00f3n efectuada a un solo administrador.<\/p>\n

    Para ello considera que hay que diferenciar el\u00a0poder de representaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de los administradores en virtud del cual estos tienen encomendadas la gesti\u00f3n de la actividad ordinaria de la sociedad y las relaciones de \u00e9sta con los terceros y que se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos y otra la\u00a0capacidad para recibir notificaciones y requerimientos<\/strong>.<\/p>\n

    \u00a0La Ley de Sociedades de Capital distingue ambas cuestiones:<\/p>\n