{"id":31436,"date":"2017-01-05T13:06:48","date_gmt":"2017-01-05T12:06:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=31436"},"modified":"2022-12-23T18:19:56","modified_gmt":"2022-12-23T17:19:56","slug":"resoluciones-dgrn-enero-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/por-meses\/resoluciones-dgrn-enero-2017\/","title":{"rendered":"Resoluciones Direcci\u00f3n General de los Registros y el Notariado. Enero 2017"},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME N\u00ba 268. (BOE ENERO de 2017).<\/strong><\/span><\/h1>\n

Segunda Parte: RESOLUCIONES.<\/strong><\/span><\/h1>\n

Ir a la Primera Parte (Disposiciones y Secci\u00f3n II)<\/a><\/strong><\/span><\/h2>\n<\/a>
VALORACI\u00d3N DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:<\/strong><\/span><\/h6>\n

Se van a seguir estos criterios a juicio\u00a0de las personas que las resumen:<\/strong><\/p>\n

() \u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0Reiterativa o de escas\u00edsimo inter\u00e9s<\/p>\n

* \u00a0<\/strong> \u00a0 \u00a0Poco inter\u00e9s o muy del caso concreto<\/p>\n

** \u00a0<\/strong> \u00a0Interesante (categor\u00eda est\u00e1ndar)<\/p>\n

*** \u00a0<\/strong>Muy interesante.<\/p>\n

\u21d2\u21d2\u21d2<\/strong> Imprescindible. \u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>1.** CONSTANCIA REGISTRAL DEL DERECHO DE REVERSI\u00d3N.\u00a0RECTIFICACI\u00d3N DE ERRORES.<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 12 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Camas, por la que suspende la inscripci\u00f3n de una solicitud de rectificaci\u00f3n de error en asientos registrales.<\/p>\n

Hechos:<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u2013 Con fecha de 30 de noviembre de 2011 se acuerda por el Pleno de un Ayuntamiento la adscripci\u00f3n de la parcela M13 del Proyecto de Reparcelaci\u00f3n al Patrimonio Municipal del Suelo y la cesi\u00f3n gratuita<\/strong> de la misma, junto con la parcela M12, tambi\u00e9n integrante del citado patrimonio y a consecuencia del proyecto de reparcelaci\u00f3n, a una sociedad mercantil<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0\u2013 La efectividad de tal cesi\u00f3n quedaba condicionada al cumplimiento del destino previsto<\/strong> en el art\u00edculo 76.b) de la Ley 7\/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci\u00f3n Urban\u00edstica 2 de Andaluc\u00eda,<\/a> y el art\u00edculo 39 del Real Decreto Legislativo 2\/2008, de 20 de junio<\/a>, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, esto es, la promoci\u00f3n de viviendas de protecci\u00f3n p\u00fablica; condici\u00f3n que expresamente constaba en el contrato administrativo de cesi\u00f3n que se firm\u00f3 con la mercantil en escritura p\u00fablica otorgada\u00a0 el d\u00eda 27 de diciembre de 2011.<\/p>\n

\u00a0\u2013 Con fecha 16 de febrero de 2012 se practica la inscripci\u00f3n<\/strong> de la cesi\u00f3n de las fincas.<\/p>\n

\u00a0\u2013 Con fecha 29 de octubre de 2015 se practica anotaci\u00f3n preventiva de concurso voluntario<\/strong>\u00a0 sobre las fincas registrales cedidas, conservando la mercantil sus facultades de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de \u00e9stas a la intervenci\u00f3n de sus administradores concursales, mediante su autorizaci\u00f3n o conformidad.<\/p>\n

\u00a0\u2013 El d\u00eda 14 de julio de 2016 se presenta en el Registro, por parte del Ayuntamiento, una solicitud para la correcci\u00f3n de error advertido en la inscripci\u00f3n<\/strong> de las fincas registrales cedidas ya que, pese a constar en el acto administrativo y \u00a0en la propia escritura p\u00fablica, no se hab\u00eda hecho constar en el registro su derecho reversi\u00f3n<\/strong> de car\u00e1cter legal<\/strong> a favor del Ayuntamiento para el caso de que la finca no cumpliera<\/strong> la finalidad a la que estaba sujeta.<\/p>\n

\u00a0El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n<\/strong> del citado documento por dos defectos:<\/p>\n

    \n
  1. Considera que el derecho real de reversi\u00f3n no consta perfectamente delimitado<\/strong> de acuerdo con el principio de especialidad de nuestra legislaci\u00f3n hipotecaria, cuya titularidad, si bien deviene \u00abex lege\u00bb, requiere estar formalizado en escritura p\u00fablica,<\/li>\n
  2. y segundo, la rectificaci\u00f3n de errores<\/strong> de t\u00edtulos inscritos en el Registro de la Propiedad requiere el consentimiento de todas las partes del contrato formalizado en escritura p\u00fablica, Sin que en este caso conste el consentimiento de la entidad mercantil o la oportuna resoluci\u00f3n judicial.<\/li>\n<\/ol>\n

    La Direcci\u00f3n General<\/strong>, estima el recurso y revoca<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

    Para ello comienza haciendo referencia a su doctrina<\/strong> relativa a los puntos siguientes:<\/p>\n

      \n
    1. La relativa a la calificaci\u00f3n de los documentos administrativos<\/strong>, y que cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificaci\u00f3n del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, adem\u00e1s de a la propia legislaci\u00f3n administrativa aplicable, a la legislaci\u00f3n hipotecaria, que impone el filtro de la calificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos por los art\u00edculos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento.<\/li>\n
    2. Tambi\u00e9n, al principio b\u00e1sico que rige en el sistema registral espa\u00f1ol por el que para la rectificaci\u00f3n de los asientos del registro<\/strong> es preciso el consentimiento del titular o bien una resoluci\u00f3n judicial supletoria y por esta protecci\u00f3n singular que el Registro de la propiedad atribuye al titular inscrito constituye un importante l\u00edmite de las facultades<\/strong> reivindicativas y de autotutela de la Administraci\u00f3n.<\/li>\n
    3. La relativa a la naturaleza de los contratos celebrados por Administraciones P\u00fablicas<\/strong>, de los llamados actos separable<\/strong>s, consolidada ya a nivel normativo (vid. art\u00edculos 20 y 21 del Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico<\/a>, o el art\u00edculo b) de la Ley 29\/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa<\/a>). Seg\u00fan la misma, en los contratos privados de los entes p\u00fablicos se han de distinguir dos aspectos:<\/li>\n<\/ol>\n

      – el relativo a los efectos y extinci\u00f3n del contrato<\/strong>, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado<\/strong> y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria;<\/p>\n

      – y por otro, la fase de preparaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n del contrato<\/strong>, la que hace referencia a la formaci\u00f3n de la voluntad contractual del ente p\u00fablico y la atribuci\u00f3n de su representaci\u00f3n, que se rige por la normativa especial<\/strong> y cuya infracci\u00f3n corresponde revisar la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa.<\/p>\n

      Y, finalmente, que el principio de la legitimaci\u00f3n registral<\/strong> y sus efectos jur\u00eddicos privilegiados en cuanto a la presunci\u00f3n a favor del titular registral, constituye un importante l\u00edmite a las facultades exorbitantes de la Administraci\u00f3n, que obliga a \u00e9sta<\/strong>, fuera<\/strong> de los supuestos previstos legalmente<\/strong>, a impugnar judicialmente<\/strong> la fuerza legitimadora de la inscripci\u00f3n, a falta de consentimiento del titular registral.<\/p>\n

      Centr\u00e1ndonos en el objeto del recurso, en el caso de cesiones gratuitas de bienes integrantes<\/strong> del patrimonio municipal del suelo<\/strong> en el \u00e1mbito de la Comunidad de Andaluc\u00eda, resulta de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 26 y 27 de la Ley 7\/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andaluc\u00eda<\/a>, y el Decreto 18\/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andaluc\u00eda, que en su art\u00edculo 50.6<\/a>, establece que las cesiones gratuitas de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo se regir\u00e1n por lo dispuesto en su legislaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n

      De estos, el art\u00edculo 52 del Decreto 18\/2006, dispone que la cesi\u00f3n deber\u00e1 formalizarse en escritura p\u00fablica o documento administrativo, la cual se inscribir\u00e1 en el Registro de la Propiedad cuando proceda, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y el art\u00edculo 53, que, al regular la reversi\u00f3n de los bienes patrimoniales cedidos, establece que, si no se<\/strong> destinan al uso previsto<\/strong> dentro del plazo se\u00f1alado en el acuerdo de cesi\u00f3n o dejasen de estarlo posteriormente, se considerar\u00e1 resuelta la cesi\u00f3n y revertir\u00e1n a la administraci\u00f3n local<\/strong> con todas las mejoras realizadas, la cual tendr\u00e1 derecho a percibir del beneficiario, previa tasaci\u00f3n pericial, el valor de los detrimentos sufridos por los citados bienes. En el acuerdo de cesi\u00f3n gratuita deber\u00e1 constar expresamente la reversi\u00f3n autom\u00e1tica<\/strong> a la que se refiere el apartado primero.<\/p>\n

      As\u00ed, el recurrente pretende la constancia registral de la garant\u00eda legal de la reversi\u00f3n ya que \u00e9sta const\u00f3 en el acuerdo administrativo de cesi\u00f3n aceptado por el cesionario, y protocolizado en escritura, pero no se reflej\u00f3 en el contenido de la misma, formalizaci\u00f3n que era necesaria para la perfecci\u00f3n de la cesi\u00f3n con todos sus efectos jur\u00eddicos, incluido el de reversi\u00f3n legal.<\/p>\n

      La Direcci\u00f3n General interpretando de forma conjunta la naturaleza del derecho de reversi\u00f3n como garant\u00eda \u00abex lege\u00bb, ligada necesariamente a la cesi\u00f3n gratuita de bienes patrimoniales, con fin de asegurar el cumplimiento del fin p\u00fablico a que se encuentra naturalmente afecto el patrimonio p\u00fablico de suelo, junto a la potestad reconocida a la Administraci\u00f3n de tutelar, incluso con eficacia ejecutiva, el cumplimiento de su objeto, debe llevar a admitir la virtualidad<\/strong> de la citada reversi\u00f3n en caso de incumplimiento<\/strong>, aunque no se hubiera reflejado<\/strong> en el documento de formalizaci\u00f3n de la cesi\u00f3n <\/strong>o, incluso, en el propio expediente administrativo. Sin embargo, su configuraci\u00f3n como causa de resoluci\u00f3n expl\u00edcita de la cesi\u00f3n, con plenos efectos jur\u00eddicos reales y su aptitud para ser susceptible de constancia registral, requiere el cumplimiento de las exigencias del principio de determinaci\u00f3n o especialidad \u2013art\u00edculos 9 de la Ley Hipotecaria y 51.6. \u00aa de su Reglamento.<\/p>\n

      Como sabemos, es regla b\u00e1sica en nuestro Derecho hipotecario que los asientos del registro\u00a0 est\u00e1n bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (art\u00edculo 1, p\u00e1rrafo tercero, de la Ley Hipotecaria) y como consecuencia de ello la rectificaci\u00f3n de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya alg\u00fan derecho o bien una resoluci\u00f3n judicial reca\u00edda en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda alg\u00fan derecho (cfr. art\u00edculos 40, 217 y 219 de la Ley Hipotecaria).<\/p>\n

      No obstante, este principio tiene una serie de matizaciones ya que si lo que se rectifica no es un error del registro sino de la formalizaci\u00f3n de los negocios que han accedido al mismo, necesitaremos adem\u00e1s del consentimiento del titular registral que tales rectificaciones sean eficaces por s\u00ed mismas, pero cuando se trata de errores que provienen de la tramitaci\u00f3n de un expediente administrativo lo que se precisa en estos casos es la propia rectificaci\u00f3n del expediente administrativo que dio lugar a la certificaci\u00f3n administrativa que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo inscribible, admiti\u00e9ndose de este modo la rectificaci\u00f3n de situaciones jur\u00eddicas reales inscritas en virtud de t\u00edtulo administrativo.<\/p>\n

      En conclusi\u00f3n, la Direcci\u00f3n General admite la rectificaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n para que se refleje en la misma un elemento esencial, como es la reversi\u00f3n legal\u00a0<\/strong>(que goza de eficacia legal directa), en los t\u00e9rminos pactados con el cesionario, apoyada en un documento fehaciente que acredite el texto literal de la resoluci\u00f3n administrativa firme que acuerde la cesi\u00f3n, y la citada garant\u00eda, que debieron reflejarse tanto en el documento que accedi\u00f3 al registro como en la inscripci\u00f3n registral, para lo cual ser\u00e1 preciso que se aporte de nuevo la escritura en la que se encuentre incorporada el acuerdo de cesi\u00f3n con la reversi\u00f3n. \u00a0(MGV)<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2017-178 \u2013 14\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 295\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0.Otros formatos<\/a><\/p>\n

      \u00a0<\/span><\/p>\n<\/a>

      <\/a>2.*** REDUCCI\u00d3N DE CAPITAL SOCIAL CON DEVOLUCI\u00d3N DE APORTACIONES Y AMORTIZACI\u00d3N DE \u00a0PARTICIPACIONES. FIRMA DEL ACTA. FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENTES.<\/strong><\/span><\/h6>\n

      Resoluci\u00f3n de 12 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Zaragoza a inscribir una escritura de reducci\u00f3n del capital social de una sociedad.<\/p>\n

      Hechos:<\/strong> Se trata de una reducci\u00f3n del capital social<\/strong> mediante la amortizaci\u00f3n de un n\u00famero determinado de participaciones sociales con la consiguiente restituci\u00f3n de aportaciones<\/strong> a los socios. El acuerdo se toma en junta universal si bien con la particularidad de que el 25{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} del capital social aparece representado<\/strong> por tres administradores mancomunados designados en testamento de uno de los socios fallecido. Uno de ellos se niega a firmar el acta. Se amortizan 131.000 participaciones con numeraci\u00f3n correlativa, es decir sin tener en cuenta la numeraci\u00f3n de las participaciones que les corresponde a cada uno de los socios.<\/p>\n

      \u00a0El registrador considera que existen tres defectos<\/strong>:<\/p>\n

        \n
      1. La junta no tiene la consideraci\u00f3n de universal<\/strong> al faltar la firma de uno de los administradores mancomunados del patrimonio hereditario de un socio fallecido.<\/li>\n
      2. No consta la identificaci\u00f3n de las participaciones<\/strong> que se amortizan.<\/li>\n
      3. No constan completos los datos de los socios<\/strong> a los que se le restituyen aportaciones.<\/li>\n<\/ol>\n

        El interesado recurre pues para \u00e9l es claro que la Junta tuvo el car\u00e1cter de universal, que las participaciones sociales amortizadas constan perfectamente identificadas y que los datos de identidad constan por el \u00a0nombre, dos apellidos y rese\u00f1a del documento de identidad.<\/p>\n

        Doctrina<\/strong>: La DG revoca el primer defecto<\/strong>, tal y como ha sido formulado, y confirma<\/strong> los otros dos.<\/p>\n

        Indica la DG, respecto del primer defecto, que ser\u00eda necesaria una mayor claridad en el acta con relaci\u00f3n a la representaci\u00f3n de las participaciones pero que en la resoluci\u00f3n debe limitarse a analizar \u201cla objeci\u00f3n expresada por el registrador al entender que es necesario que el acta sea firmada por todos los administradores del patrimonio hereditario, y en definitiva por todos los asistentes, para considerar v\u00e1lidamente constituida la junta general universal\u201d.<\/p>\n

        Para el CD, siguiendo la Resoluci\u00f3n de 13 de junio de 2016<\/a>, y el art\u00edculo 102 del Reglamento del Registro Mercantil<\/a>, es \u201cresponsabilidad del presidente comprobar debidamente, y conforme a derecho, si los socios que concurren representados lo est\u00e1n debidamente\u201d.<\/p>\n

        En este caso incluso pudiera bastar con que las participaciones estuvieran representadas por s\u00f3lo dos de los mancomunados, pero incluso admitiendo que seg\u00fan el testamento tuvieran que asistir los tres, debemos tener en cuenta que pese a que el art\u00edculo 112.3.2.\u00aa del RRM<\/a> exige que en caso de junta universal \u00a0\u201cen el acta figure el nombre y la firma de los asistentes que sean socios o representantes de \u00e9stos\u201d \u201clo cierto es que la falta de firma del acta no constituye un defecto que impida la inscripci\u00f3n, y ello porque la exigencia reglamentaria de la firma del acta ha sido notablemente flexibilizada por la jurisprudencia\u201d.<\/p>\n

        As\u00ed lo ha hecho el Tribunal Supremo, que consider\u00f3 irrelevante la negativa a firmar el acta a efectos de entender v\u00e1lidamente constituida la junta como universal en su Sentencia de 16 de julio de 1994, y en la de \u00a029 de diciembre de 1999, y tambi\u00e9n la \u00a0Direcci\u00f3n General en la Resoluci\u00f3n de 17 de febrero de 1992, se\u00f1al\u00f3 \u00a0que el hecho de \u201cno constar que el acta de la Junta ha sido firmada por los socios\u2013 carece(como defecto) de s\u00f3lido fundamento, pues la falta de firma \u201cno trasciende a su validez intr\u00ednseca y aunque estas firmas implican indudablemente una garant\u00eda a\u00f1adida de la veracidad del acta<\/strong> en cuanto ratifican la asistencia de todos<\/strong> los socios y la aceptaci\u00f3n por ellos del orden del d\u00eda, su omisi\u00f3n no restringe ni compromete la eficacia probatoria del acta en cuanto a estos extremos, que se funda en su adecuada aprobaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

        En cuanto a la identificaci\u00f3n de las participaciones amortizadas es obvio que no se ha hecho de forma correcta, pues lo procedente hubiera sido amortizar las participaciones correspondientes a cada socio y una vez hecho esto anular las restantes volvi\u00e9ndolas a renumerar a partir del n\u00famero 1 para que todas ellas sigan siendo correlativas<\/strong>.<\/p>\n

        Y finalmente en cuanto al \u00faltimo de los defectos tambi\u00e9n es claro pues si para garant\u00eda de los acreedores la LSC exige que conste la identidad de las personas a las que se les restituye el capital esa identidad debe reflejarse con todos los daos que exige el art\u00edculo 38 del RRM<\/a> y por tanto debe incluir el domicilio.<\/p>\n

        Comentario<\/strong>: Plantea esta resoluci\u00f3n el importante problema de si es o no necesario<\/strong> que en las certificaciones de juntas universales, conste que el acta<\/strong>, o mejor la lista de asistentes, haya sido firmada por todos ellos<\/strong> a los efectos de acreditar que efectivamente asistieron.<\/p>\n

        Como dice la DG los textos legales son claros y el art\u00edculo 112 del RRM<\/a> exige que en la certificaci\u00f3n de la junta universal conste que en el acta figura la firma de los socios o de sus representantes.<\/p>\n

        Ante esta claridad y a la vista tanto de esta resoluci\u00f3n de la DG y de las citadas por ella, as\u00ed como de las sentencias tambi\u00e9n citadas del TS, nos podemos preguntar \u00bfes o no exigible en t\u00e9rminos generales que conste en la certificaci\u00f3n que el acta ha sido firmada por todos los socios?<\/strong><\/p>\n

        Para contestar a esta pregunta creemos que, a los efectos de la inscripci\u00f3n, debemos distinguir dos supuestos:<\/p>\n

        — Los casos normales<\/strong> en el que los acuerdos se toman por unanimidad o con el voto en contra de alg\u00fan socio sin especificar, por no solicitarlo el interesado (cfr. art. 97.1.7\u00aa del RRM<\/a>), qui\u00e9n sea el que vota en contra, creemos que los acuerdos de estas juntas no ser\u00e1n inscribibles sin que conste en la certificaci\u00f3n que el acta ha sido firmada por todos los socios o por sus representantes.<\/p>\n

        — Los casos excepcionales<\/strong>, en los que despu\u00e9s de rese\u00f1ar que asisten todos los socios, por s\u00ed o debidamente representados, se toman los acuerdos con el voto en contra de alguno o algunos socios, indicando la identidad de estos socios y manifestando que uno o alguno de ellos se niegan a firmar el acta, se exprese o no la causa de esta negativa, pudieran inscribirse los acuerdos si el registrador no duda de la veracidad de lo que se refleja en la certificaci\u00f3n.<\/p>\n

        Como digo deben ser casos excepcionales, <\/strong>como el que resulta de la resoluci\u00f3n que comentamos, pues si la celebraci\u00f3n de la junta universal lleva un orden l\u00f3gico, lo primero que debe hacerse ser\u00e1 firmar la lista de asistentes y una vez hecho esto proceder al examen del orden del d\u00eda y a la adopci\u00f3n de los acuerdos pertinentes. Si en todas las juntas universales se tomaran estas precauciones el problema que se plantea en esta resoluci\u00f3n, de que alguno de los asistentes e niegue a firmar el acta dejar\u00eda de existir.<\/p>\n

        Por ello compartimos plenamente el criterio de la DG<\/strong> de que en el caso planteado la falta de firma de uno de los administradores mancomunados del patrimonio relicto no es obst\u00e1culo suficiente para que una junta no tenga el car\u00e1cter de universal.<\/p>\n

        Ahora bien reconocido lo anterior y reconociendo tambi\u00e9n que la falta de firma de uno de los socios, si por otras medios resulta clara su asistencia a la junta, no debe ser defecto que impida la inscripci\u00f3n, s\u00ed queremos dejar constancia de que esas firmas, a los efectos de la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil son de una gran importancia pues frente al registrador calificante que se enfrenta a la certificaci\u00f3n con lo que en ella se dice, si falta la firma de uno o varios de los socios, falta tambi\u00e9n la garant\u00eda de su asistencia<\/strong>.<\/p>\n

        Es decir en este punto se debe ser muy prudente, pues si de la redacci\u00f3n del acta no resulta con claridad meridiana la asistencia de todos los socios, su aceptaci\u00f3n de la celebraci\u00f3n de la junta y del orden del d\u00eda y encima no se manifiesta que todos los socios firmaron, ello puede ser un indicio de la no asistencia de algunos de los socios. Aparte de ello, para el certificante, si el socio impugna la junta por su no asistencia, va a tener muy complicada la prueba de lo contrario.<\/p>\n

        No otra cosa ha querido decir el TS cuando en su sentencia de 29 de diciembre de 1999, citada en la resoluci\u00f3n, expres\u00f3 que \u201cen todo caso, aun cuando el acta de la Junta Universal no haya sido firmada por todos los socios, como prescribe el apartado 4.\u00ba \u00abin fine\u00bb del art\u00edculo 97<\/a> del Reglamento del Registro Mercantil, no supone la p\u00e9rdida de virtualidad del acta, sino un mero defecto que no alcanza a su validez, sin desde\u00f1ar que dichas firmas suponen una garant\u00eda de la veracidad del acta, en cuanto ratifican la presencia y aceptaci\u00f3n de los socios\u201d.<\/strong><\/p>\n

        En cuanto al problema relativo a la no adecuada identificaci\u00f3n de las participaciones amortizadas es un claro defecto, pero debemos reconocer que el final al que se llega en los acuerdos adoptados es el mismo<\/strong> al que se llegar\u00eda haciendo bien las cosas. Por tanto, en nuestra opini\u00f3n, \u00a0en caso de juntas universales, en que se amortizan las participaciones de cada uno de los socios, pero no todas, y que por ello esas participaciones amortizadas no pueden tener numeraci\u00f3n correlativa, pero despu\u00e9s las participaciones restantes numeradas correlativamente se asignan debidamente a los socios, quiz\u00e1s sea un defecto que por s\u00ed solo no debe provocar el rechazo de la inscripci\u00f3n de unos acuerdos sociales, pues insistimos el resultado final ser\u00e1 id\u00e9ntico amortizando las participaciones correctas o amortizando las participaciones de forma correlativa y con independencia de su pertenencia a los distintos socios. (JAGV)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2017-179 \u2013 7\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 199\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        <\/a>3. *** DONACI\u00d3N NO COLACIONABLE CON IMPUTACI\u00d3N A LOS TERCIOS DE LA HERENCIA.\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 12 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Orihuela n\u00ba 4, por la que se deniega la inscripci\u00f3n de una donaci\u00f3n no colacionable con prohibici\u00f3n de disponer.<\/p>\n

        Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura de donaci\u00f3n de una bien inmueble de un padre a un hijo en la que se dice que \u00abEl donante ordena que la donaci\u00f3n aqu\u00ed recogida sea imputable, por este orden, a los tercios de mejora, libre disposici\u00f3n y leg\u00edtima, ordenando que no sea colacionable\u00bb.<\/p>\n

        El registrador<\/strong> (y el registrador sustituto tambi\u00e9n) consideran que hay una contradicci\u00f3n pues si la donaci\u00f3n se imputa a los tercios indicados significa que es colacionable, y sin embargo se dice que es no colacionable. De ello concluye que la donaci\u00f3n es nula.<\/p>\n

        El notario autorizante<\/strong> recurre y alega que la donaci\u00f3n es v\u00e1lida y surte todos los efectos desde que se otorga con independencia de los efectos que se puedan producir en caso de muerte del donante en orden a la imputaci\u00f3n en la herencia o de la computaci\u00f3n para el c\u00e1lculo de las leg\u00edtimas. Por otra parte no encuentra ni entiende que haya ninguna contradicci\u00f3n entre esa imputaci\u00f3n hecha en el testamento y el car\u00e1cter de no colacionable, pues todo depende de la voluntad exclusiva del donante que puede incluso modificar en un momento posterior.<\/p>\n

        La DGRN<\/strong> revoca la nota, pues tampoco encuentra contradicci\u00f3n alguna entre imputaci\u00f3n y colaci\u00f3n en dicha donaci\u00f3n, ya que son dos instituciones diferentes.<\/p>\n

        Diferencia entre las operaciones de<\/strong>\u00a0computaci\u00f3n <\/strong>de la leg\u00edtima, que se determina sumando el \u201crelictum\u201d con el \u201cdonatum\u201d, e\u00a0 imputaci\u00f3n<\/strong> que consistente en colocar a cuenta de la leg\u00edtima lo que un legitimario ha recibido de su causante como heredero, como legatario o como donatario y \u00a0la instituci\u00f3n de la colaci\u00f3n<\/strong> que es la agregaci\u00f3n intelectual que deben hacer al activo hereditario los legitimarios que concurran en una sucesi\u00f3n con otros, de los bienes que hubieren recibido del causante en vida de \u00e9ste, a t\u00edtulo gratuito, para computarlo en la regulaci\u00f3n de las leg\u00edtimas y en la cuenta de la partici\u00f3n<\/p>\n

        La colaci\u00f3n lleva simplemente a una menor participaci\u00f3n de uno o varios legitimarios en la herencia, equivalente a lo que recibi\u00f3 en vida del causante pero no evita las operaciones de computaci\u00f3n e imputaci\u00f3n.<\/p>\n

        En todo caso, en vida del donante no cabe plantearse problema alguno de colaci\u00f3n o imputaci\u00f3n, reducci\u00f3n por inoficiosidad y fijaci\u00f3n de leg\u00edtimas, lo que no ocurrir\u00e1 hasta el fallecimiento del mismo, como en el presente caso.<\/p>\n

        COMENTARIO:<\/strong> Por tanto, la computaci\u00f3n y la imputaci\u00f3n son operaciones contables, independientes de la voluntad del donante, objetivas podr\u00edamos decir, relacionadas s\u00f3lo y directamente \u00a0con el c\u00e1lculo y pago de las leg\u00edtimas. La primera determina el importe de la leg\u00edtima, y la segunda si esa leg\u00edtima ha sido cubierta o no en la herencia teniendo en cuenta lo donado.<\/p>\n

        En cambio la colaci\u00f3n es una instituci\u00f3n que depende de la voluntad del donante\/causante, y est\u00e1 relacionada directamente con la cuenta de partici\u00f3n o haber hereditario del donatario\/legitimario y s\u00f3lo indirectamente con la leg\u00edtima. El donante a un heredero forzoso tiene la facultad de ordenar la no colaci\u00f3n de lo donado, es decir que no se considere un anticipo a cuenta de la herencia, estableciendo una excepci\u00f3n a la regla general te\u00f3rica que es la \u00a0colaci\u00f3n, aunque en la pr\u00e1ctica en la casi totalidad de los testamentos se dispensa de la obligaci\u00f3n de colacionar pues el testador que dona quiere que lo donado se considere una mejora.<\/p>\n

        M\u00e1s dudoso es si la escritura de donaci\u00f3n es el instrumento adecuado para ordenar imputaciones en la herencia de lo no colacionable pues no es un testamento, aunque un argumento a favor es que si el donante puede lo m\u00e1s (ordenar colacionar o no), con mayor l\u00f3gica tiene que poder lo menos (ordenar su imputaci\u00f3n). Recordemos que el donante puede cambiar de voluntad y que aunque en la donaci\u00f3n haya ordenado colacionar, puede luego dispensar la colaci\u00f3n \u00a0en un testamento posterior.<\/p>\n

        En cualquier caso, aunque es un tema complejo, dicha voluntad expresa del donante de imputaci\u00f3n de lo donado s\u00f3lo tiene efectos cuando tenga lugar la herencia y en modo alguno supone defecto de la donaci\u00f3n, que produce efectos inmediatos inter vivos, y menos la nulidad de la misma, como se defiende en la nota de calificaci\u00f3n del presente caso.(AFS)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2017-180 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 175 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        <\/a>4.*** DONACI\u00d3N CON PROHIBICI\u00d3N DE DISPONER EN FAVOR DE MENOR DE EDAD.<\/span><\/strong><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 12 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Orihuela n\u00ba 4, por la que se deniega la inscripci\u00f3n de una donaci\u00f3n no colacionable con prohibici\u00f3n de disponer.<\/p>\n

        Hechos.-<\/strong> Se otorga una escritura de donaci\u00f3n de un inmueble de un padre a dos hijos, uno de ellos menor de edad (14 a\u00f1os) que acepta por s\u00ed mismo la donaci\u00f3n y al que el notario considera con capacidad suficiente para aceptar.\u00a0La donaci\u00f3n contiene una prohibici\u00f3n de disponer; \u00a0el donante ordena que no se colacione en la herencia y la imputaci\u00f3n en los tercios de la herencia en determinado orden.<\/p>\n

        El registrador <\/strong>(y su sustituto) encuentra tres defectos:<\/p>\n

        Primero, hay una contradicci\u00f3n pues si la donaci\u00f3n se imputa a los tercios indicados significa que es colacionable, y sin embargo se dice que es no colacionable. De ello concluye que la donaci\u00f3n es nula.<\/p>\n

        Segundo, la prohibici\u00f3n de disponer afecta a la leg\u00edtima, tanto si se considera colacionable la donaci\u00f3n como si no, por lo que el defecto lo considera insubsanable.<\/p>\n

        Tercero, la donaci\u00f3n contiene una carga (la prohibici\u00f3n de disponer) por lo que el menor de edad no puede aceptar por s\u00ed mismo, sino por medio de su padre y madre actuando conjuntamente.<\/p>\n

        El notario autorizante<\/strong> recurre y alega: En cuanto al primer defecto, que la donaci\u00f3n es v\u00e1lida y surte todos los efectos desde que se otorga, con independencia de los efectos que se puedan producir en caso de muerte del donante en orden a la imputaci\u00f3n en la herencia\u00a0 o de la computaci\u00f3n para el c\u00e1lculo de las leg\u00edtimas. Por otra parte no encuentra ni entiende que haya ninguna contradicci\u00f3n entre esa imputaci\u00f3n hecha en el testamento y el car\u00e1cter de no colacionable, pues todo depende de la voluntad exclusiva del donante que puede incluso modificar en un momento posterior. En cuanto al segundo defecto, argumenta que no existen leg\u00edtimas en vida del donante, y adem\u00e1s a\u00f1ade que s\u00ed se admiten cargas en el tercio de mejora siempre que sea a favor de otros legitimarios. En cuanto al tercer defecto, la prohibici\u00f3n de disponer no es una carga para el donatario, por lo que la donaci\u00f3n no es condicional ni onerosa y por ello puede aceptar por s\u00ed s\u00f3lo el menor de edad.<\/p>\n

        La DGRN<\/strong>\u00a0 revoca los tres defectos, el primero id\u00e9ntico al recogido en la resoluci\u00f3n anterior n\u00ba 3\/2017, pues adem\u00e1s se trata del mismo notario y registrador.<\/p>\n

        Respecto del primer defecto no encuentra contradicci\u00f3n alguna entre imputaci\u00f3n y colaci\u00f3n en dicha donaci\u00f3n, ya que son dos instituciones diferentes. Diferencia entre las operaciones de<\/strong>\u00a0 computaci\u00f3n <\/strong>de la leg\u00edtima, que se determina sumando el \u201crelictum\u201d con el \u201cdonatum\u201d, e\u00a0 imputaci\u00f3n<\/strong> que es colocar a cuenta de la leg\u00edtima lo que un legitimario ha recibido de su causante como heredero, como legatario o como donatario y \u00a0la instituci\u00f3n de la colaci\u00f3n<\/strong> que es la agregaci\u00f3n intelectual que deben hacer al activo hereditario los legitimarios que concurran en una sucesi\u00f3n con otros, de los bienes que hubieren recibido del causante en vida de \u00e9ste, a t\u00edtulo gratuito, para computarlo en la regulaci\u00f3n de las leg\u00edtimas y en la cuenta de la partici\u00f3n. La colaci\u00f3n lleva simplemente a una menor participaci\u00f3n de uno o varios legitimarios en la herencia, equivalente a lo que recibi\u00f3 en vida del causante pero no evita las operaciones de computaci\u00f3n e imputaci\u00f3n. En todo caso en vida del donante no cabe plantearse problema alguno de colaci\u00f3n o imputaci\u00f3n, reducci\u00f3n por inoficiosidad y fijaci\u00f3n de leg\u00edtimas, lo que no ocurrir\u00e1 hasta el fallecimiento del mismo.<\/p>\n

        Respecto del segundo defecto, s\u00f3lo tras el fallecimiento del causante podr\u00e1 determinarse si esa carga impuesta en la donaci\u00f3n infringe realmente los derechos legitimarios, pues no existe leg\u00edtima hasta que no haya causante<\/strong>, momento en el que habr\u00e1 de efectuarse el c\u00f3mputo, valoraci\u00f3n (incluida la colaci\u00f3n \u00abimpropia\u00bb del art\u00edculo 818) e imputaci\u00f3n.<\/p>\n

        Respecto del tercer defecto, aclara que la donaci\u00f3n modal<\/strong> es aquella \u00aben que se impone al beneficiario el cumplimiento de una obligaci\u00f3n, como determinaci\u00f3n accesoria de la voluntad del donante\u00bb. En el presente caso la donaci\u00f3n tiene un gravamen (la prohibici\u00f3n de disponer) pero no supone una obligaci\u00f3n o carga personal para el donatario, por lo que no es de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en el art\u00edculo 626 CC<\/a> \u00a0sino en el art\u00edculo 625 CC<\/a> y es posible por ello que el donatario menor de edad pueda aceptarla por s\u00ed mismo sin intervenci\u00f3n de sus padres, si tiene capacidad natural para querer y entender. A\u00f1ade que las normas limitativas de la capacidad de los menores han de interpretarse de forma restrictiva.<\/p>\n

        COMENTARIO.-<\/strong>\u00a0 Por tanto, en las donaciones la regla general es que para aceptarlas no hay que ser mayor de edad, sino que basta con tener capacidad natural de entendimiento, a juicio del notario en su caso. La excepci\u00f3n es cuando la donaci\u00f3n es onerosa o con carga, entendida por tal cuando haya una obligaci\u00f3n personal para el donatario, en las que es necesaria la intervenci\u00f3n de los representantes legales del menor (de ambos padres, pues la patria potestad se ejerce conjuntamente como regla general). (AFS)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2017-181 – 9 p\u00e1gs.<\/abbr> – 217 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        <\/a>5.** TRANSMISI\u00d3N DE FINCA SIN SUPERFICIE INSCRITA.\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 13 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad accidental de Borja, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de la superficie de una finca que constaba inscrita sin ella, y se omite la inscripci\u00f3n de otros extremos.<\/p>\n

        Hechos:\u00a0<\/strong>Se trata de una escritura por la que se llevan a cabo operaciones de ejecuci\u00f3n de fiducia sucesoria, liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal y aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes de una herencia.<\/p>\n

        Una de las fincas del inventario\u00a0 \u00abconsta inscrita como extensi\u00f3n superficial ignorada<\/strong>\u00bb.\u00a0 Y en\u00a0 la descripci\u00f3n de la escritura se dice que: \u00abseg\u00fan reciente medici\u00f3n de 131 metros cuadrados de superficie\u2026\u00bb. Declaran los otorgantes que no se puede aportar la referencia catastral, y ha sido infructuosa su b\u00fasqueda por el notario autorizante.<\/p>\n

        Respecto de la misma finca se solicita la cancelaci\u00f3n de un usufructo vitalicio por fallecimiento de la usufructuaria, lo que se acredita con certificado de defunci\u00f3n y, asimismo, de manera expresa la cancelaci\u00f3n de una anotaci\u00f3n de embargo\u00a0 por caducidad.<\/p>\n

        En relaci\u00f3n a otra finca del inventario, se manifiesta que tiene una cabida de 46 \u00e1reas y 78 centi\u00e1reas de cabida real y catastrada, aunque, seg\u00fan el Registro y t\u00edtulo anterior, tiene cabida de 47 \u00e1reas y 17 centi\u00e1reas y en la certificaci\u00f3n catastral aparece la rese\u00f1ada como real y catastral de 4.678 metros cuadrados.<\/p>\n

        El registrador suspende<\/strong> la inscripci\u00f3n se\u00f1alando como defecto para la inscripci\u00f3n de la transmisi\u00f3n de la primera finca el de no constar su extensi\u00f3n superficial. Y en cuanto a la segunda se inscribe \u00a0con la cabida que consta en el Registro.<\/p>\n

        \u00a0La recurrente<\/strong>, por su parte, \u00a0alega, en cuanto a la primera finca, que no consta la extinci\u00f3n del usufructo a favor de la fallecida usufructuaria y tampoco figura la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de embargo preventivo sobre esa misma finca, extremos, ambos solicitados expresamente en el t\u00edtulo.<\/p>\n

        Asimismo, considera que no se trata de una inmatriculaci\u00f3n sino de la transmisi\u00f3n de una finca ya inscrita en el Registro, por lo que haci\u00e9ndose constar ahora la extensi\u00f3n que tiene, no hay motivo para cerrar el Registro a la misma.<\/p>\n

        En cuanto a la otra finca, se dice que se ha inscrito conforme la cabida que aparece en el Registro cuando en el titulo se hab\u00eda hecho constar en la descripci\u00f3n, la cabida real y la catastral, cuando la \u00fanica diferencia de cabida es del 0,83{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}.<\/p>\n

        Finalmente, el recurrente alega que no se han hecho constar los medios de impugnaci\u00f3n contra la calificaci\u00f3n.<\/p>\n

        Decisi\u00f3n:\u00a0<\/strong>La\u00a0 Direcci\u00f3n General desestima el recurso<\/strong> en cuanto a los extremos relativos a la primera<\/strong> finca<\/strong>\u00a0 y estim\u00e1ndolo en todo<\/strong> lo dem\u00e1s.<\/p>\n

        En cuanto a la primera finca y en relaci\u00f3n a la falta de expresi\u00f3n de la superficie,<\/strong> la Direcci\u00f3n General dice \u00abes doctrina de este Centro Directivo que se debe exigir que se exprese la superficie de la finca en el t\u00edtulo presentado, aunque en el historial registral la misma aparezca sin expresi\u00f3n de su medida\u00bb. La completa descripci\u00f3n de la finca en el t\u00edtulo es indispensable para que el registrador pueda llegar a la convicci\u00f3n de que el mismo tiene por objeto una determinada finca registral. Y que la inscripci\u00f3n de la superficie de una finca que hasta ese momento no la ten\u00eda consignada en el registro, sin ser en sentido t\u00e9cnico una inmatriculaci\u00f3n, tiene cierta entidad inmatriculadora<\/strong>, por lo que ha de estar dotado de las debidas garant\u00edas de notificaci\u00f3n a los propietarios colindantes potencialmente afectados, utilizando para ello, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13\/2015, bien el procedimiento registral que se regula en el art\u00edculo 199 de la Ley Hipotecaria<\/a> o bien el expediente notarial regulado en el art\u00edculo 201.1<\/a> del mismo texto legal. No obstante considera que no es posible acudir a la v\u00eda excepcional del art\u00edculo 201.3, pues tal supuesto est\u00e1 reservado para el caso de que la superficie que se pretende inscribir no excede en m\u00e1s del 5{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} o del 10{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} \u00abde la cabida que conste inscrita\u00bb, y, en el presente caso no consta inscrita cabida alguna.<\/p>\n

        En lo que respecta a la constancia de la cabida real y catastral<\/strong>, de la otra finca inventariada, para la DG la rogaci\u00f3n para la inscripci\u00f3n comprende todo el contenido del documento presentado a la misma, salvo que se exprese lo contrario. En el supuesto de este expediente, se hace constar en la descripci\u00f3n de esta finca la cabida real que coincide con la catastral y no con la previamente inscrita, suponiendo una rectificaci\u00f3n de cabida de tan s\u00f3lo el 0,83{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} de la que aparece en el Registro, por lo que en el presente caso, s\u00ed considera aplicable la v\u00eda prevista en el art\u00edculo 201.3 de la Ley Hipotecaria para la inscripci\u00f3n de tan peque\u00f1a rectificaci\u00f3n superficial, siempre y cuando concurran los requisitos que el mismo exige y, en particular, que el registrador, en resoluci\u00f3n motivada, no albergue dudas sobre la realidad de la modificaci\u00f3n solicitada y que realizada la operaci\u00f3n registral, la notifique a los titulares registrales de las fincas colindantes.<\/p>\n

        En cuanto al resto de los extremos recurridos,<\/strong> esto es, la no inscripci\u00f3n de la extinci\u00f3n del usufructo y la no cancelaci\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva caducada, carece de motivaci\u00f3n alguna por parte del registrador por lo que ha de ser tambi\u00e9n revocada la calificaci\u00f3n en este punto. Y que es indispensable hacer constar en la nota los medios de impugnaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n en la forma determinada por el art\u00edculo 19 bis de la LH<\/a>.<\/p>\n

        En consecuencia<\/strong> de esta resoluci\u00f3n se pueden extraer tres conclusiones:<\/strong><\/p>\n

        1\u00aa. Que no es posible inscribir la transmisi\u00f3n una finca sin superficie, aunque as\u00ed figurara en el registro<\/strong>.<\/p>\n

        2\u00aa. Que para la constancia de esa superficie que no constaba en el registro se requiere el expediente de los art\u00edculos 199 o 201 de la Ley Hipotecaria<\/strong>.<\/p>\n

        3\u00aa. Que una peque\u00f1a disminuci\u00f3n de cabida<\/strong> respecto de la inscrita se puede acreditar con el expediente del art.201.3 de la Ley Hipotecaria. \u00a0(MGV)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2017-182 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 193 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a>.<\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        <\/a>6.** RECTIFICACI\u00d3N DE FINCAS CON HISTORIAL CADUCADO POR HABERSE APORTADO A UNA REPARCELACI\u00d3N.\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 13 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Alcal\u00e1 la Real a inscribir una escritura de rectificaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

        Hechos: <\/strong>una escritura de partici\u00f3n, adjudicaci\u00f3n de herencia y segregaci\u00f3n del a\u00f1o 1987 es rectificada en dos ocasiones, en 2007 y, en 2009. El objeto de la rectificaci\u00f3n es la descripci\u00f3n de una determinada finca registral haciendo constar que la misma tiene una superficie actual de 568,67 metros cuadrados.<\/p>\n

        La finca figuraba inscrita en el Registro con una cabida de 27,5 metros cuadrados. Fue objeto de aportaci\u00f3n a un proyecto de reparcelaci\u00f3n con una cabida de 4.430,93 metros cuadrados y se adjudic\u00f3, como finca de resultado, con una cabida de 1.741,77 metros cuadrados.<\/p>\n

        La Direcci\u00f3n General<\/strong> confirma la calificaci\u00f3n del Registrador toda vez que la rectificaci\u00f3n que se pretende afecta al objeto mismo del proyecto de reparcelaci\u00f3n ya inscrito habi\u00e9ndose producido adem\u00e1s el cierre del historial registral de la finca matriz en la que habr\u00eda de practicarse dicha rectificaci\u00f3n. Para llevar a cabo la rectificaci\u00f3n que se pretende ser\u00eda preceptivo rectificar todo el proyecto de reparcelaci\u00f3n cumpliendo con el procedimiento y requisitos correspondientes<\/strong> y ello con fundamento en los arts. 23.1 y 68 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 7\/2015, de 30 de octubre.<\/p>\n

        Como ya defendiera la R. de 4 de noviembre de 2013, hasta<\/strong> tanto no se produzca el cierre<\/strong> registral de las fincas<\/strong> de origen al tiempo de la inscripci\u00f3n del conjunto del proyecto de reparcelaci\u00f3n, no se produce su extinci\u00f3n<\/strong>. El t\u00edtulo formal<\/strong> para la inscripci\u00f3n es el acuerdo de aprobaci\u00f3n definitiva de la distribuci\u00f3n de beneficios y cargas una vez sea firma en v\u00eda administrativa. Inscrito el proyecto de reparcelaci\u00f3n<\/strong>, se aplican los principios hipotecarios<\/strong> de nuestro sistema registral, en particular, que la rectificaci\u00f3n de los asientos del Registros exige, como regla, el consentimiento del titular o la oportuna resoluci\u00f3n judicial (arts. 1 y 40 LH). (ER)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2017-183 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 184 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        <\/a>7.** NECESIDAD DE TITULACI\u00d3N P\u00daBLICA. NO CABE CANCELAR ANOTACI\u00d3N NO CADUCADA POR INSTANCIA.\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 13 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad accidental de Tacoronte, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una instancia privada.\u00a0<\/p>\n

        HECHOS:<\/strong>\u00a0Se presenta instancia privada, acompa\u00f1ada de fotocopia<\/u><\/em> compulsada de una escritura, solicitando que se haga constar que la SA titular registral est\u00e1 \u201cen liquidaci\u00f3n\u201d<\/em>; y que se cancelen las anotaciones preventivas (no caducadas) extendidas con posterioridad<\/strong> \u2013so pretexto de que una Sentencia hab\u00eda declarado la nulidad de la compra de una finca por la propia administradora, y la cancelaci\u00f3n del asiento a favor de esta, con la consiguiente reinscripci\u00f3n a favor de la SA.<\/p>\n

        La REGISTRADORA<\/strong> inicial, y luego el REGISTRADOR SUSTITUTO, califican negativamente, por:<\/p>\n

        a) No aportarse titulaci\u00f3n p\u00fablica aut\u00e9ntica (<\/strong>Art 3\u00ba LH<\/a>);<\/p>\n

        b)<\/strong> Y No aportarse el correspondiente mandamiento judicial ordenando la cancelaci\u00f3n (Art 83 LH<\/a>) ya que la mera voluntad del titular registral del dominio no es suficiente para cancelar asientos en favor de terceros.<\/p>\n

        El ABOGADO de la SA <\/strong>recurre <\/strong>exponiendo todos los hechos en que pretende basar su argumentaci\u00f3n (ciertamente muy pobre de argumentos registrales), como queriendo demostrar ante la DGRN que tales cancelaciones deber\u00edan ser procedentes.<\/p>\n

        Obviamente la DGRN<\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0desestima el recurso<\/strong> y confirma <\/strong>la calificaci\u00f3n registral sustitutiva, reiterando que:<\/p>\n

        a) Las fotocopias<\/strong> aunque est\u00e9n \u201ccompulsadas\u201d (legitimadas) notarialmente<\/u><\/em>, no son<\/u> (<\/strong>Art 3\u00ba LH<\/a>) titulaci\u00f3n aut\u00e9ntica suficiente<\/u><\/strong> para hacer constar que la SA se halla \u201cen liquidaci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/strong><\/p>\n

        b)<\/strong> Y que no habiendo caducado una anotaci\u00f3n preventiva<\/strong> NO puede cancelarse sino por providencia judicial (Art 83 LH<\/a>).<\/p>\n

        Criterios que se reiteran en la resoluci\u00f3n siguiente, la n\u00famero #8<\/a><\/p>\n

        COMENTARIO<\/strong> (ACM<\/a>)\u00a0 Aunque la exposici\u00f3n de hechos no es muy clara, y al margen de que el resultado de la Resoluci\u00f3n era evidente, pues ambos Registradores, no pod\u00edan ni plantearse la cancelaci\u00f3n, no me ha quedado claro por qu\u00e9 la Registradora inicial lleg\u00f3 a considerar la instancia privada<\/strong> como un \u201cdocumento administrativo\u201d <\/em>(sic) y por tanto por qu\u00e9 practic\u00f3, incluso prorrog\u00f3, el asiento de presentaci\u00f3n en el Libro Diario, cuando el Art 420 RH <\/a>expresamente lo veta a los documentos privados, salvo los casos excepcional y espec\u00edficamente contemplados por las normas. Imagino que ser\u00eda por las propias circunstancias el caso, y las pobres, pero insistentes y copiosas argumentaciones del recurrente, y no complicar a\u00fan m\u00e1s el asunto. Pero lo cierto, es que al margen de las acertadas calificaciones registrales, opino que lo procedente hubiera sido denegar directamente la presentaci\u00f3n. (ACM)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2017-184 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 179 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        <\/a>8.() NECESIDAD DE TITULACI\u00d3N P\u00daBLICA. NO CABE CANCELAR ANOTACI\u00d3N NO CADUCADA NI INSCRIPCIONES PREVIAS POR INSTANCIA.<\/span><\/strong><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 13 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Alicante n\u00ba 2, por la que se deniega la inscripci\u00f3n de una instancia en la que se solicita la anulaci\u00f3n de asientos registrales y la reinscripci\u00f3n en favor de una entidad comercial de una finca registral. (ACM)<\/p>\n

        – Reitera la anterior resoluci\u00f3n, la n\u00famero #7<\/a>\u00a0 (R. 13 de diciembre 2016<\/a>)\u00a0<\/p>\n

        – Si bien aqu\u00ed merece destacarse la extensa y bien fundada calificaci\u00f3n<\/span> de la Registradora de Alicante,\u00a0 que analiza pormenorizadamente todos los aspectos, quasi<\/em> a modo de trabajo doctrinal,<\/em> y que adem\u00e1s S\u00cd deniega directamente el asiento de presentaci\u00f3n por tratarse de un mero documento privado<\/strong> no contemplado en el Art 420 RH <\/a>. Tras la denegaci\u00f3n, la registradora emite igualmente una detallada calificaci\u00f3n con todos los acertados argumentos jur\u00eddicos que concurren en el caso concreto. (ACM<\/a>)<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2017-185 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 208 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        <\/a>9.*** ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO DE FINCA DE ENTIDAD CONSTANDO EN EL REGISTRO MERCANTIL LA DECLARACI\u00d3N DE CONCURSO Y SU CONCLUSI\u00d3N POR INSUFICIENCIA DE LA MASA ACTIVA<\/span><\/strong><\/h6>\n

        Resoluci\u00f3n de 14 de diciembre de 2016, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n negativa de la registradora de la propiedad de Palencia n\u00ba 2 a extender una anotaci\u00f3n preventiva de embargo.\u00a0<\/p>\n

        Hechos: <\/strong>se presenta mandamiento dictado por el Juzgado de lo Social ordenando practicar anotaci\u00f3n preventiva de embargo sobre una determina finca registral cuya titularidad corresponde a una sociedad mercantil.<\/p>\n

        La Registradora<\/strong>, adem\u00e1s de se\u00f1alar como defecto la falta de sello del Juzgado en alguno de los folios del mandamiento, al consultar el Registro Mercantil, comprueba que consta inscrita la cancelaci\u00f3n de asientos, el cierre de la hoja registral de la sociedad, el cese del administrador concursal y el auto de conclusi\u00f3n de concurso de la ejecutada por insuficiencia de la masa activa.<\/p>\n

        La Direcci\u00f3n General <\/strong>reitera su doctrina de que la ausencia del sello del Juzgado<\/strong> o Tribunal constituye una formalidad extr\u00ednseca del documento que genera dudas acerca de su autenticidad, cuesti\u00f3n \u00e9sta que cae dentro de la calificaci\u00f3n registral. Destaca la correcta actuaci\u00f3n de la registradora al consultar el Registro Mercantil para comprobar la situaci\u00f3n de la sociedad titular de la finca.<\/p>\n

        En esta resoluci\u00f3n el Centro Directivo analiza lo que doctrinalmente se conoce como \u201cconcursos sin masa\u201d<\/strong> y recuerda que la anotaci\u00f3n o inscripci\u00f3n registral del concurso no tiene car\u00e1cter constitutivo pues los efectos del concurso se producen desde el momento en que se dicta el auto que lo declara<\/strong> (art. 21 LC).<\/p>\n

        La cuesti\u00f3n esencial consiste en determinar si puede extenderse una anotaci\u00f3n de embargo ordenada en una ejecuci\u00f3n singular iniciada una vez concluido el concurso por insuficiencia de la masa activa<\/strong> o, si por el contrario, debe procederse a la reapertura del concurso en los t\u00e9rminos del art. 179 LC y, una vez producido este hecho, para poder practicar la anotaci\u00f3n preventiva, se precisa autorizaci\u00f3n del Juez del concurso en la medida en que la reapertura supone la continuaci\u00f3n del procedimiento inicial. A juicio de la Direcci\u00f3n General es preciso que quede debidamente acreditado que la finca no ha sido objeto de liquidaci\u00f3n en sede concursal o, en caso contrario, que no se ha acordado la reapertura del concurso<\/strong> y ello por las siguientes razones:<\/strong><\/p>\n

        Primera.- Una de las causas de conclusi\u00f3n del concurso que prev\u00e9 el art. 176 LC y, desarrolla el art. 176 bis, es la comprobaci\u00f3n, en cualquier estado del procedimiento, de la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los cr\u00e9ditos contra la masa, lo que conlleva los efectos previstos en el art. 178 LC, en especial, si el deudor es persona jur\u00eddica, el p\u00e1rrafo 3\u00ba contempla su extinci\u00f3n as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de su inscripci\u00f3n registral. Pero, como ha se\u00f1alado la doctrina y la jurisprudencia, esto no significa que se produzca una extinci\u00f3n, v\u00eda condonaci\u00f3n, de las deudas de la sociedad, ni que los bienes que permanezcan a nombre de la sociedad pasen a ser \u00abres nullius\u00bb.<\/strong><\/p>\n

        Segunda.- A juicio del Centro Directivo, debe seguirse la tesis \u201cde la personalidad controlada\u201d<\/strong> defendida por el Tribunal Supremo, entre otras, en la m\u00e1s reciente Sentencia de 20 de marzo de 2013 y es que la extinci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica que dispone el art. 178.3 \u201cdebe entenderse como una presunci\u00f3n de extinci\u00f3n de la sociedad a favor o en garant\u00eda de terceros de buena fe, evitando as\u00ed que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tr\u00e1fico. Pero resulta inoperante respecto de los acreedores subsistentes, ya que \u00e9stos, seg\u00fan dispone el mismo art\u00edculo 178, en su apartado 2, podr\u00e1n iniciar ejecuciones singulares contra el deudor persona jur\u00eddica, por lo que \u00e9sta ha de conservar su personalidad jur\u00eddica o capacidad procesal para soportar en el lado pasivo esas reclamaciones\u201d. Por tanto, incluso despu\u00e9s de la cancelaci\u00f3n persiste todav\u00eda la personalidad jur\u00eddica de la sociedad extinguida como centro residual de imputaci\u00f3n en tanto no se agoten totalmente las relaciones jur\u00eddicas de que la sociedad es titular.<\/p>\n

        Tercera.- El art. 178.2 LC dispone que \u201clos acreedores podr\u00e1n iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso<\/strong> o no se declare nuevo concurso\u201d. La competencia, exclusiva y excluyente del Juzgado de lo Mercantil para conocer de las acciones ejecutivas contra el patrimonio del ejecutado es de car\u00e1cter excepcional y s\u00f3lo se justifica mientras se est\u00e9 tramitando el concurso. Finalizado \u00e9ste, el juez del concurso pierde su competencia en materia de ejecuciones sobre los bienes del concursado que no hayan sido objeto de liquidaci\u00f3n, salvo que del auto o sentencia de conclusi\u00f3n del concurso resulte otra cosa.<\/p>\n

        Valorando el caso estudiado<\/strong>, la DG desestima el recurso considerando que, para anotar el embargo, \u00abdeber\u00e1 acreditarse, mediante la aportaci\u00f3n de la oportuna resoluci\u00f3n del juez concursal, si la finca en cuesti\u00f3n se incluy\u00f3 en la masa activa de la sociedad concursada y si se vio o no afectada por las operaciones aprobadas en el plan de liquidaci\u00f3n\u00bb.\u00a0(ER)<\/p>\n