<\/p>\n
FALLO:<\/strong><\/span><\/p>\n En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:<\/p>\n 1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Los art\u00edculos 6 y 7 de la Directiva 93\/13\/CEE<\/a> del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl\u00e1usulas abusivas<\/strong> en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen<\/strong> a una disposici\u00f3n de Derecho nacional, como la disposici\u00f3n transitoria cuarta<\/a> de la Ley 1\/2013, de 14 de mayo<\/strong>, de medidas para reforzar la protecci\u00f3n a los deudores hipotecarios, reestructuraci\u00f3n de deuda y alquiler social, que supedita el ejercicio por parte de los consumidores, frente a los cuales se ha iniciado un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria que no ha concluido antes de la entrada en vigor de la Ley de la que forma parte esa disposici\u00f3n, de su derecho a formular oposici\u00f3n a este procedimiento de ejecuci\u00f3n bas\u00e1ndose en el car\u00e1cter supuestamente abusivo de cl\u00e1usulas contractuales, a la observancia de un plazo preclusivo de un mes<\/strong>, computado a partir del d\u00eda siguiente al de la publicaci\u00f3n de esa\u00a0Ley.<\/p>\n 2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Directiva 93\/13<\/a> debe interpretarse en el sentido de que no se opone<\/strong> a una norma nacional, como la que resulta del art\u00edculo 207<\/a> de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 1\/2013 y posteriormente por el Real Decreto-ley 7\/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigaci\u00f3n, el desarrollo y la innovaci\u00f3n, y por el Real Decreto-ley 11\/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del car\u00e1cter abusivo de las cl\u00e1usulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cl\u00e1usulas<\/strong> de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resoluci\u00f3n con fuerza de cosa juzgada<\/strong>.<\/p>\n Por el contrario<\/strong>, en caso de que existan una o varias cl\u00e1usulas contractuales cuyo eventual car\u00e1cter abusivo no ha sido a\u00fan examinado<\/strong> en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional<\/strong>, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposici\u00f3n<\/strong>, est\u00e1 obligado a apreciar<\/strong>, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual car\u00e1cter abusivo de esas cl\u00e1usulas<\/strong>.<\/p>\n 3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El art\u00edculo 3, apartado 1, y el art\u00edculo 4 de la Directiva 93\/13<\/a> deben interpretarse en el sentido de\u00a0que:<\/p>\n \u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El examen del eventual car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula<\/strong> de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica determinar si \u00e9sta causa<\/strong> en detrimento del consumidor un desequilibrio importante<\/strong> entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Este examen debe realizarse teniendo en cuenta las normas nacionales<\/strong> aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes, los medios de que dispone el consumidor en virtud de la normativa nacional para hacer que cese el uso de ese tipo de cl\u00e1usulas, la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato en cuesti\u00f3n, y todas las circunstancias que concurran en su celebraci\u00f3n.<\/p>\n \u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0En caso de que el \u00f3rgano jurisdiccional remitente considere que una cl\u00e1usula contractual relativa al modo de c\u00e1lculo de los intereses ordinarios<\/strong>, como la controvertida en el litigio principal, no est\u00e1 redactada de manera clara y comprensible<\/strong> a efectos del art\u00edculo 4, apartado 2, de la citada Directiva, le incumbe examinar si tal cl\u00e1usula es abusiva<\/strong> en el sentido del art\u00edculo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. En el marco de este examen, el \u00f3rgano jurisdiccional remitente deber\u00e1, en particular, comparar el modo de c\u00e1lculo<\/strong> del tipo de los intereses ordinarios previsto por esa cl\u00e1usula y el tipo efectivo<\/strong> resultante con los modos de c\u00e1lculo generalmente aplicados y el tipo legal de inter\u00e9s<\/strong>, as\u00ed como con los tipos de inter\u00e9s aplicados en el mercado en la fecha en que se celebr\u00f3 el contrato controvertido en el litigio principal en relaci\u00f3n con un pr\u00e9stamo de un importe y una duraci\u00f3n equivalentes a los del contrato de pr\u00e9stamo considerado.<\/p>\n \u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Por lo que se refiere a la apreciaci\u00f3n por parte de un tribunal nacional del eventual car\u00e1cter abusivo<\/strong> de una cl\u00e1usula relativa al vencimiento anticipado<\/strong> por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un per\u00edodo limitado<\/strong>, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del pr\u00e9stamo est\u00e1 supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligaci\u00f3n que revista car\u00e1cter esencial<\/strong> en el marco de la relaci\u00f3n contractual de que se trate, si esa facultad est\u00e1 prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene car\u00e1cter suficientemente grave<\/strong> en relaci\u00f3n con la duraci\u00f3n y la cuant\u00eda<\/strong> del pr\u00e9stamo, si dicha facultad constituye una excepci\u00f3n<\/strong> con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales espec\u00edficas y si el Derecho nacional prev\u00e9 medios adecuados<\/strong> y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicaci\u00f3n de esa cl\u00e1usula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del pr\u00e9stamo.<\/p>\n 4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Directiva 93\/13<\/a> debe interpretarse en el sentido de que se opone<\/strong> a una interpretaci\u00f3n jurisprudencial<\/strong> de una disposici\u00f3n de Derecho nacional relativa a las cl\u00e1usulas de vencimiento anticipado<\/strong> de los contratos de pr\u00e9stamo, como el art\u00edculo 693<\/a>, apartado 2, de la Ley 1\/2000, modificada por el Real Decreto-ley 7\/2013, que proh\u00edbe al juez nacional que ha constatado el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la pr\u00e1ctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la disposici\u00f3n de Derecho nacional<\/strong>.<\/p>\n RESUMEN Y COMENTARIO POR CARLOS BALLUGERA<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n TS PLANTEA CUESTI\u00d3N PREJUDICIAL SOBRE VENCIMIENTO ANTICIPADO<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n VER SENTENCIA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n DIRECTIVA 93\/13 CEE<\/a><\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n SECCI\u00d3N CONSUMO Y DERECHO<\/a><\/span><\/strong><\/p>\nENLACES<\/span><\/strong><\/h2>\n