{"id":3302,"date":"2015-03-19T12:44:15","date_gmt":"2015-03-19T11:44:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=3302"},"modified":"2016-06-21T19:33:45","modified_gmt":"2016-06-21T17:33:45","slug":"informe-opositores-julio-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oposiciones\/informes-opositores\/informe-opositores-julio-2014\/","title":{"rendered":"Informe Opositores Julio 2014"},"content":{"rendered":"

INFORME PARA OPOSITORES A NOTAR\u00cdAS Y REGISTROS.<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 JULIO\u20132014<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong>J<\/strong>os\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, Notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Sumario<\/strong><\/span><\/p>\n

I\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Doctrina<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Compraventa. Ayuntamiento<\/a>.<\/span><\/p>\n

II\u00a0\u00a0\u00a0 Se ha publicado<\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Ley de Navegaci\u00f3n Mar\u00edtima<\/a><\/span><\/p>\n

III\u00a0\u00a0 Jurisprudencia<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0Curatela<\/a>.<\/span><\/p>\n

IV\u00a0 Resoluciones comentadas<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 1\u00a0\u00a0 P.Horizontal: Cl\u00e1usula estatutaria sobre agrupaci\u00f3n y divisi\u00f3n de fincas<\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 2\u00a0\u00a0 P.Horizontal: Constituci\u00f3n y modificaci\u00f3n. Usufructuarios<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00a0\u00a0 Hipoteca: ejecuci\u00f3n hipotecaria<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 4\u00a0\u00a0 Hipoteca: valor de tasaci\u00f3n<\/a><\/span><\/p>\n

V\u00a0 Cuestionario pr\u00e1ctico<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 1 \u00a0\u00a0Anotaci\u00f3n de embargo<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 2\u00a0\u00a0 Exceso de cabida<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 3\u00a0\u00a0 Herencia<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.1\u00a0\u00a0 Impuesto de sucesiones<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.2\u00a0\u00a0 Herencia yacente.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 4\u00a0\u00a0 Hipoteca<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 5\u00a0\u00a0 Inmatriculaci\u00f3n<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 6\u00a0\u00a0 Partici\u00f3n<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 7\u00a0\u00a0 Recurso gubernativo<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 8\u00a0\u00a0 Sociedades<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 8.1\u00a0\u00a0 Administradores<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 8.2\u00a0\u00a0 CNAE<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 9\u00a0 \u00a0Junta General<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 10 \u00a0Disoluci\u00f3n<\/a><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

<\/a>Doctrina<\/strong>.<\/span><\/p>\n

<\/a>Contrato de compraventa. Ayuntamiento. Ley de contratos de Administraciones P\u00fablicas<\/strong>.<\/p>\n

Se reproduce en este apartado el texto publicado en el Informe del mes de julio, donde se plantea la naturaleza administrativa de un contrato de compraventa en la que interviene un Ayuntamiento y exponen los rasgos diferenciales del contrato administrativo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Un Ayuntamiento solicita que se practique anotaci\u00f3n preventiva de un acuerdo municipal que se resuelve unilateralmente la venta hecha en escritura p\u00fablica a una sociedad de dos fincas registradas. En los solares adquiridos se iban a construir viviendas de promoci\u00f3n p\u00fablica, y precisamente por no haberse construido el Ayuntamiento decide resolver el contrato.\u00a0<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cuestiones a resolver<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1 La posibilidad o no de practicar la anotaci\u00f3n preventiva exige resolver primeramente si el acuerdo municipal resolutorio del contrato est\u00e1 dentro del \u00e1mbito competencial del Ayuntamiento, es decir, si se trata de un acto administrativo que, por estar dotado de imperium<\/em>, se impone a la otra parte contratante.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2 Para resolver la cuesti\u00f3n apuntada es preciso decidir previamente si el contrato celebrado entre la Administraci\u00f3n y la sociedad es o no administrativo, pues, si fuera administrativo estar\u00eda\u00a0 regulado por la legislaci\u00f3n espec\u00edfica en la materia, que actualmente es la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (R.D. Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre).<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La decisi\u00f3n que se adopte sobre esta cuesti\u00f3n condicionar\u00e1 tambi\u00e9n qu\u00e9 jurisdicci\u00f3n competente para conocer el litigio (civil o administrativa) y el \u00e1mbito de calificaci\u00f3n registral.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Posicionamientos<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1 Para el Ayuntamiento se trata de un contrato administrativo especial dado el inter\u00e9s p\u00fablico que late en la compraventa de los dos solares, que iban a destinarse a la construcci\u00f3n de viviendas de promoci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2 La Registradora entiende que se trata de un contrato sometido a las normas del Derecho privado y que el Ayuntamiento carece de facultades para resolverlo unilateralmente en base a una decisi\u00f3n administrativa.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Resoluci\u00f3n entiende que el contrato en cuesti\u00f3n no tiene naturaleza administrativa y se regula por las normas del C\u00f3digo Civil en todo lo concerniente a la relaci\u00f3n negocial entre los contratantes, de modo que no cabe la resoluci\u00f3n unilateral por parte de la Administraci\u00f3n, quien no puede hacer uso del privilegio de la autotutela en este \u00e1mbito negocial.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En la Resoluci\u00f3n se hace una extensa y precisa exposici\u00f3n del estado de la cuesti\u00f3n que ya de por s\u00ed es dif\u00edcil, dificultad a la que cabe a\u00f1adir \u2013dice la Resoluci\u00f3n- una jurisprudencia zigzagueante<\/em> y una falta de sinton\u00eda<\/em> a veces entre los criterios de las Salas de lo civil y de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En este comentario se har\u00e1, casi exclusivamente, una sistematizaci\u00f3n del extenso contenido de la Resoluci\u00f3n, a la que se a\u00f1adir\u00e1 una breve rese\u00f1a doctrinal que facilite la lectura y complemente los argumentos.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1<\/strong>\u00a0 Contratos administrativos y autotutela de la Administraci\u00f3n: referencia doctrinal<\/strong>. (Notas tomadas del Tomo I del Curso de Derecho Administrativo. EDUARDO GARC\u00cdA DE ENTERR\u00cdA y TOM\u00c1S RAM\u00d3N FERN\u00c1NDEZ. Decimocuarta edici\u00f3n, p\u00e1ginas 690 y siguientes. Ed. Thomson-Civitas).<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La consideraci\u00f3n del contrato administrativo como negocio regido por el Derecho p\u00fablico tiene su origen en el Derecho franc\u00e9s, de donde pasa tambi\u00e9n al espa\u00f1ol.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0No ocurre as\u00ed en otros sistemas, que ni han cuestionado que los contratos de las administraciones p\u00fablicas est\u00e9n sometidos a las normas generales de la contrataci\u00f3n del Derecho privado, ni que las cuestiones litigiosas que puedan surgir sean conocidas por la jurisdicci\u00f3n civil.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En esta consideraci\u00f3n de los contratos administrativos sometidos a un r\u00e9gimen especial de Derecho p\u00fablico cabe distinguir tres etapas sucesivas, diferenciadas fundamentalmente por los efectos o consecuencias que se derivan de tal concepci\u00f3n.<\/p>\n

    \n
  1. a)<\/strong> Primera etapa: comprende fundamentalmente el S. XIX. Su fundamento reside en la distinci\u00f3n entre actos de autoridad y actos de gesti\u00f3n, encontr\u00e1ndose los contratos entre estos \u00faltimos, que se caracterizan porque la Administraci\u00f3n no est\u00e1 dotada de imperium<\/em> y contrata con los ciudadanos en igualdad de condiciones.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consecuencia de este planteamiento es que la diferencia entre los contratos administrativos y los contratos entre particulares es s\u00f3lo procesal, es decir, que su conocimiento se atribuye a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, tal atribuci\u00f3n no significa que sustantivamente se les aplique otra legislaci\u00f3n que no sea la civil.<\/p>\n

    \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Buena muestra de esta concepci\u00f3n es la opini\u00f3n de DUGUIT, quien, ya en el S.XX (dicen los autores citados), \u201c\u2026sigue afirmando que el contrato es en todo caso una instituci\u00f3n jur\u00eddica general que tiene siempre los mismos caracteres y los mismos efectos, cualquiera que sea el Tribunal competente, y que permanece id\u00e9ntica por m\u00e1s que su vinculaci\u00f3n a un servicio p\u00fablico determine la competencia de la jurisdicci\u00f3n administrativa\u2026\u201d.<\/p>\n

      \n
    1. b)<\/strong> Segunda etapa: comienza en el S.XX (en el asunto Terrier tratado por el Consejo de Estado franc\u00e9s en 1903) y perdura durante buena parte del siglo. Su fundamento reside en el criterio de servicio p\u00fablico, es decir, ya no se trata ya de una diferencia funcional entre acto de autoridad y acto de gesti\u00f3n sino de un criterio material o sustancial, el del servicio p\u00fablico.<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dado que la Administraci\u00f3n gestiona servicios p\u00fablicos y de inter\u00e9s general, se concluye que es l\u00f3gico que su r\u00e9gimen contractual no sea similar al de las relaciones entre particulares, sino que tales contratos han de estar sometidos a un r\u00e9gimen espec\u00edfico acorde con el inter\u00e9s general que est\u00e1 en juego. Ello justifica su autonom\u00eda respecto del Derecho privado y se habla del criterio de las cl\u00e1usulas exorbitantes del Derecho com\u00fan<\/em>, es decir, que en los contratos administrativos, por la \u00edndole de los asuntos e intereses que est\u00e1n en juego, hay cl\u00e1usulas y contenidos no encajables ni explicables desde el Derecho de los contratos civiles.<\/p>\n

      \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En el Derecho espa\u00f1ol, esta orientaci\u00f3n se ve refrendada en la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965.<\/p>\n

        \n
      1. c)<\/strong> Tercera etapa: es una etapa de revisi\u00f3n y modulaci\u00f3n del criterio del servicio p\u00fablico o inter\u00e9s general, porque, llevado al extremo, traer\u00eda como consecuencia la desaparici\u00f3n del Derecho privado \u2013o derecho entre iguales- en toda relaci\u00f3n jur\u00eddica que el ciudadano tuviera con la Administraci\u00f3n, ya que, por principio, toda actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n ha de estar presidida por un inter\u00e9s general. La consecuencia pr\u00e1ctica ser\u00eda que los ciudadanos deber\u00edamos soportar indiscriminadamente el complejo mundo de privilegios de que est\u00e1 dotada la Administraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

        \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En el Derecho espa\u00f1ol, dicen los autores citados, esta orientaci\u00f3n se comenz\u00f3 a corregir parcialmente en la Ley de 17 de marzo de 1973 y ha quedado superada actualmente tras las Directivas comunitarias y la Ley de Contratos de las Administraciones P\u00fablicas, de 18 de mayo de 1995. Este criterio se vio refrendado posteriormente por RD Legislativo 2\/2000, de 16 de junio, la Ley 30\/2007, de 30 de mayo y la vigente Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (R.D. Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre).<\/p>\n

        \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A esta etapa de revisi\u00f3n y atenuaci\u00f3n del criterio del servicio p\u00fablico o inter\u00e9s general responde la teor\u00eda de los actos separables<\/em>, que est\u00e1 plenamente consolidada en la actualidad, incluso legalmente, como destaca la Resoluci\u00f3n-: \u201c\u2026 inicialmente propugnada en sede doctrinal, acogida posteriormente por la jurisprudencia y consolidada hoy d\u00eda a nivel normativo (vid. <\/em>arts. 20 y 21 del Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, o el art\u00edculo 2.b) de la Ley 29\/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa). Seg\u00fan esta doctrina en los contratos privados de los entes p\u00fablicos se han de distinguir dos aspectos: por un lado, el relativo a los efectos y extinci\u00f3n del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; y por otro, la fase de preparaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n del contrato, la que hace referencia a la formaci\u00f3n de la voluntad contractual del ente p\u00fablico y la atribuci\u00f3n de su representaci\u00f3n, que se rige por la normativa especial y cuya infracci\u00f3n corresponde revisar la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa (vid. <\/em>Resoluci\u00f3n de 27 de marzo de 1999).<\/p>\n

        \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0 Sobre el r\u00e9gimen de los contratos administrativos<\/strong>.<\/p>\n

          \n
        1. a)<\/strong> La perfecci\u00f3n del contrato administrativo se produce con el acuerdo de adjudicaci\u00f3n que adopta la administraci\u00f3n, sin perjuicio de la posterior documentaci\u00f3n, que constituye el t\u00edtulo legitimador y probatorio del adjudicatario.<\/li>\n
        2. b)<\/strong> La documentaci\u00f3n del contrato es reglada, de modo que, junto al imprescindible consentimiento de los contratantes, han de constar incorporados los pliegos administrativos que especifican el contrato. Estos pliegos de condiciones constituye la legislaci\u00f3n del contrato.<\/li>\n
        3. c)<\/strong> Cualquier alteraci\u00f3n de esta legislaci\u00f3n del contrato de forma unilateral por la Administraci\u00f3n (prerrogativa que tiene en base al inter\u00e9s general que preside su actuaci\u00f3n) se ha de sujetar al procedimiento legalmente establecido en garant\u00eda de los ciudadanos (Principio de legalidad \u2013art. 9 CE- e interdicci\u00f3n de la arbitrariedad).<\/li>\n
        4. d)<\/strong> Dentro de las facultades exorbitantes del Derecho com\u00fan<\/em> que se conceden a la Administraci\u00f3n en este tipo de contratos hay que destacar la facultad resolutoria, que es una prerrogativa que la Administraci\u00f3n puede ejercitar unilateralmente si bien de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Por tanto, al Ayuntamiento, en cuanto \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, le corresponde acordar la resoluci\u00f3n del contrato, mientras que la tutela de los intereses particulares se consigue, am\u00e9n de por la necesaria audiencia de parte, por la necesaria concurrencia de dictamen del Consejo de Estado, u \u00f3rgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Aut\u00f3noma, en caso de oposici\u00f3n a la resoluci\u00f3n y por el sistema ordinario de recursos administrativos<\/em>.<\/li>\n
        5. e)<\/strong> Acordada unilateralmente la resoluci\u00f3n del contrato, se pone fin a la v\u00eda administrativa y el acuerdo es inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio del recurso a la v\u00eda contencioso-administrativa. En el Registro de la Propiedad el acuerdo resolutorio produce la cancelaci\u00f3n del derecho inscrito mediante la presentaci\u00f3n del documento administrativo (art\u00edculo 156 del Real Decreto Legislativo 3\/2011) que, como tal, goza de las presunciones de legalidad, ejecutividad y eficacia de los actos administrativos (arts. 56 y 57 de la Ley 30\/1992, de 26 noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan), sin perjuicio de que el registrador ejercite su competencia de calificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 99 del Reglamento Hipotecario\u2026\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

          3 La compraventa de inmuebles est\u00e1 excluido de la Ley de Contratos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica: es un contrato civil<\/strong>.<\/p>\n

            \n
          1. a)<\/strong> El contrato de compraventa de un bien inmueble es de naturaleza civil y no administrativa. As\u00ed lo dice el art\u00edculo 4.1.p de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (R.D.Legislativo 3\/2001, de 14 de noviembre). Anteriormente, tambi\u00e9n el RD Legislativo 2\/2000 (de 16 de junio) y la Ley 30\/2007 (de 30 de mayo) segu\u00edan el mismo criterio revisionista de la doctrina administrativista extrema de la Ley de Contratos del estado de 1965.<\/li>\n
          2. b)<\/strong> No cabe admitir el criterio del Ayuntamiento que, siguiendo la doctrina superada del inter\u00e9s general y del servicio p\u00fablico, argumentaba que el contrato celebrado era un contrato administrativo especial (de los del apartado b) del art\u00edculo 5.2) por estar vinculado al giro o tr\u00e1fico espec\u00edfico de la Administraci\u00f3n contratante, para satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad p\u00fablica espec\u00edfica competencia de aqu\u00e9lla o porque as\u00ed lo declare la ley, circunstancias que entiende concurren en este caso al tratarse de contratos de venta de parcelas destinadas a la construcci\u00f3n sobre las mismas de viviendas de promoci\u00f3n p\u00fablica, y estar vinculada dicha finalidad con las competencias urban\u00edsticas del Ayuntamiento, entendiendo que si dicha finalidad urban\u00edstica no se cumple por el adjudicatario, debe ser cumplida por el propio Ayuntamiento, lo que requiere la resoluci\u00f3n del contrato<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

            \u00a0 \u00a0Como anteriormente se ha dicho, de seguirse el criterio del Ayuntamiento, no habr\u00eda nunca contrataci\u00f3n entre iguales cuando interviniera una Administraci\u00f3n. A\u00fan m\u00e1s, pienso que no cabe expandir el concepto de contrataci\u00f3n administrativa, trat\u00e1ndose de inmuebles, mediante el recurso de incorporar a la causa contractual el motivo subjetivo del Ayuntamiento de buscar un inter\u00e9s general, que en el caso de la Resoluci\u00f3n era la construcci\u00f3n de viviendas de promoci\u00f3n publica.<\/p>\n

              \n
            1. c)<\/strong> Por este motivo, me parece poco clara la Resoluci\u00f3n cuando parece dejar la puerta abierta a que se causalicen los motivos al decir lo siguiente: \u201c\u2026 A la vista de la jurisprudencia invocada, ya de por s\u00ed suficientemente contundente en su conclusi\u00f3n, unido al hecho de que no consta en el presente expediente que hubiera motivos subjetivos que se incorporaran al contrato en el momento de su perfecci\u00f3n como causa de los mismos para ambas partes, esto es, como determinantes de la declaraci\u00f3n de voluntad y el consentimiento de las dos partes contratantes, que es lo que exige el Tribunal Supremo para atribuirles relevancia jur\u00eddica, y que en todo caso la finalidad de la construcci\u00f3n de las viviendas no se incorpor\u00f3 al contrato como elemento condicionante de la eficacia del negocio jur\u00eddico seg\u00fan resulta de su falta de reflejo en el Registro, hemos de concluir en la desestimaci\u00f3n de este primer motivo de impugnaci\u00f3n de la nota de calificaci\u00f3n, pues de lo dicho y argumentado resulta con claridad que el contrato que se pretende resolver unilateralmente en base a la potestad exorbitante que la Administraci\u00f3n ostenta para ello en relaci\u00f3n a los contratos administrativos, en este caso no se puede ejercitar por tratarse de un contrato de naturaleza privada, sujeta al Derecho privado que no admite dicha facultad de resoluci\u00f3n unilateral (vid. art\u00edculo 1256 del C\u00f3digo Civil)\u2026<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Una cosa es que a los motivos se les d\u00e9 en v\u00eda judicial relevancia jur\u00eddica y otra bien distinta es que mediante el recurso\u00a0 de causalizarlos volvamos nuevamente a incidir en una fragmentaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico repleta de facultades exorbitantes frente al ciudadano y excluyente de la aplicaci\u00f3n de las normas generales de las obligaciones y contratos.<\/p>\n

                \n
              1. 11 de julio de 2014<\/a>. BOE 31 julio 2014\/8213.<\/li>\n<\/ol>\n

                \u00a0<\/p>\n

                <\/a>Se ha publicado<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                \u00a0<\/a><\/strong>La Ley 14\/14 de Navegaci\u00f3n Mar\u00edtima desde una \u00f3ptica notarial<\/strong><\/a><\/p>\n

                Fuente: <\/strong>EL NOTARIO DEL SIGLO XXI – <\/strong>SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 \/ N\u00ba57<\/strong><\/p>\n

                Autor: Jes\u00fas Casas<\/strong><\/p>\n

                Al magn\u00edfico informe realizado por Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn en notariosyregistradores<\/a>.com, y al art\u00edculo publicado en la misma p\u00e1gina por Tom\u00e1s Feliu Alvarez de Sotomayor<\/a>, se a\u00f1ade este resumen de Jes\u00fas Casas en la Revista El Notario del Siglo XXI.<\/p>\n

                El autor resume el contenido del T\u00edtulo X de la Ley de Navegaci\u00f3n Mar\u00edtima (LNM), que, bajo el t\u00edtulo de \u201cCertificaci\u00f3n p\u00fablica de determinados expedientes de derecho mar\u00edtimo\u201d (arts. 501 a 524), regula los expedientes de jurisdicci\u00f3n voluntaria, cuya competencia se atribuye en exclusiva a los Notarios (art. 501) a cuyo efecto declara h\u00e1biles todos los d\u00edas y horas \u201csin excepci\u00f3n\u201d<\/em> (art.502).<\/p>\n

                Estos expedientes son los siguientes:<\/p>\n

                1<\/strong> Protesta de mar por incidencias de viaje<\/strong> (Cap. II. del T\u00edt. X, arts. 504 y 505):<\/p>\n

                Art\u00edculo 504. Acreditaci\u00f3n de las incidencias.<\/p>\n

                  \n
                1. En los casos en que la legislaci\u00f3n aplicable exija que el capit\u00e1n al llegar al puerto de destino haga constar algunas incidencias del viaje, deber\u00e1 hacerlo ante la Capitan\u00eda Mar\u00edtima, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, y si se tratara de un pa\u00eds extranjero, ante el c\u00f3nsul espa\u00f1ol.<\/li>\n<\/ol>\n

                  Podr\u00e1 tambi\u00e9n utilizarse este expediente para acreditar las incidencias cuando el capit\u00e1n lo considerase conveniente.<\/p>\n

                    \n
                  1. En el plazo de veinticuatro horas a contar desde su llegada al puerto de destino el capit\u00e1n deber\u00e1 entregar una copia de la parte correspondiente del Diario de Navegaci\u00f3n y del acta en que hubiera hecho constar las incidencias producidas, as\u00ed como, en su caso, una copia de la diligencia de protesta de incidencias instruida en un puerto de arribada previo al de destino. Asimismo, deber\u00e1 entregar una copia del acta de protesta a todos los interesados, que sean conocidos, en los hechos acaecidos y, en su caso, entregar\u00e1 inexcusablemente copia compulsada en el supuesto previsto en el art\u00edculo 187.<\/li>\n<\/ol>\n

                    Art\u00edculo 505. Tasaci\u00f3n pericial.<\/p>\n

                      \n
                    1. El notario deber\u00e1, por iniciativa de los interesados, proceder al examen del buque y de las mercanc\u00edas que transporta, as\u00ed como ordenar la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os causados.<\/li>\n<\/ol>\n

                      Para realizar las anteriores diligencias, el notario recibir\u00e1 declaraci\u00f3n de los firmantes del acta o actas levantadas, interesados y consignatarios, si residieren o tuvieren representaci\u00f3n en el lugar.<\/p>\n

                        \n
                      1. La valoraci\u00f3n de los da\u00f1os se realizar\u00e1 por un perito nombrado de com\u00fan acuerdo por el capit\u00e1n y los interesados o consignatarios y, en defecto de acuerdo, por el notario.<\/li>\n<\/ol>\n

                        Destaca JESUS CASAS lo siguiente: a) Nada dice el art. 504 sobre la posibilidad de que el Capit\u00e1n pueda hacer, facultativamente, la protesta ante Notario, ni que la copia que debe entregar en el plazo de 24 horas deba ser compulsada notarialmente. b) Sin embargo, el art. 505 establece que \u201c\u2026el notario, a instancia de los\u00a0interesados, deber\u00e1 proceder al examen del buque y de las mercanc\u00edas que transporta, as\u00ed como \u201cordenar\u201d (sic) la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os causados, recibiendo declaraci\u00f3n de los firmantes en el acta o actas, de los interesados y de los consignatarios. La valoraci\u00f3n de los da\u00f1os se realizar\u00e1 por un perito nombrado de com\u00fan acuerdo por el Capit\u00e1n y los interesados y, en defecto de acuerdo, por el notario\u2026\u00a0 Nos encontramos ahora con que el notario al que se ha solicitado levantar acta de los da\u00f1os puede, sin no hay acuerdo de las partes, nombrar a un perito que tase los da\u00f1os derivados de un accidente de la navegaci\u00f3n\u00a0o da\u00f1o a la carga o cualquier otra circunstancia semejante. La LNM no dice m\u00e1s, o bien el Reglamento Notarial es modificado en lo que sea menester o este expediente crear\u00e1 no pocos problemas en la pr\u00e1ctica\u2026\u201d<\/p>\n

                        2\u00a0 Liquidaci\u00f3n de aver\u00eda gruesa<\/strong> (Cap.III del T\u00edtulo X, arts.506 a 511):\u00a0<\/p>\n

                        rt\u00edculo 506. Objeto del expediente y legitimaci\u00f3n.<\/p>\n

                        En caso de que los interesados en un viaje mar\u00edtimo no llegasen a un acuerdo para la liquidaci\u00f3n privada de la aver\u00eda gruesa, cualquiera de ellos podr\u00e1 dirigirse a un notario solicitando se tramite el expediente que se regula a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

                        Art\u00edculo 507. Solicitud y emplazamiento a los interesados.<\/p>\n

                          \n
                        1. En el escrito de solicitud del expediente de liquidaci\u00f3n de aver\u00eda gruesa deber\u00e1 expresarse una relaci\u00f3n circunstanciada de los hechos acaecidos, gastos y da\u00f1os producidos y documentos que justifican la petici\u00f3n, as\u00ed como relaci\u00f3n nominal de los interesados.<\/li>\n
                        2. Admitida la solicitud, el notario lo notificar\u00e1 a todos los interesados en el viaje mar\u00edtimo, en el buque o en el cargamento, instruy\u00e9ndoles de su derecho a intervenir en la tramitaci\u00f3n del expediente.<\/li>\n<\/ol>\n

                          Art\u00edculo 508. Nombramiento e intervenci\u00f3n del liquidador.<\/p>\n

                            \n
                          1. El notario designar\u00e1 un liquidador a efectos de practicar la liquidaci\u00f3n.<\/li>\n
                          2. El notario se\u00f1alar\u00e1 al liquidador un plazo razonable para preparar la liquidaci\u00f3n, que deber\u00e1 fijarse en funci\u00f3n de las dificultades del caso y que no podr\u00e1 exceder de cuatro meses, salvo causa justificada a instancia del propio liquidador.<\/li>\n<\/ol>\n

                            Todos los interesados est\u00e1n obligados a prestar al liquidador designado la colaboraci\u00f3n requerida en orden a la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n.<\/p>\n

                              \n
                            1. Presentada la liquidaci\u00f3n de aver\u00eda gruesa por el liquidador, o su dictamen negativo a la procedencia de la liquidaci\u00f3n, el notario lo pondr\u00e1 de manifiesto a los interesados, quienes podr\u00e1n mostrar su acuerdo con \u00e9l o impugnarlo durante los treinta d\u00edas siguientes.<\/li>\n<\/ol>\n

                              Art\u00edculo 509. Impugnaciones.<\/p>\n

                              Recibidas las conformidades o las impugnaciones, el notario las trasladar\u00e1 al liquidador, quien vendr\u00e1 obligado en el plazo de treinta d\u00edas a emitir dictamen fundamentado sobre su procedencia y, en su caso, las modificaciones de la liquidaci\u00f3n original que proponga.<\/p>\n

                              Art\u00edculo 510. Aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n y recurso.<\/p>\n

                                \n
                              1. El notario, a la vista de los escritos de los interesados y el dictamen del liquidador, dictar\u00e1 resoluci\u00f3n motivada aprobando, modificando o rechazando la liquidaci\u00f3n.<\/li>\n
                              2. Esta resoluci\u00f3n ser\u00e1 recurrible con efectos suspensivos ante el Juzgado de lo Mercantil competente. En este caso, admitido el recurso, el secretario judicial designar\u00e1 un nuevo liquidador para que practique la liquidaci\u00f3n en la forma y plazos se\u00f1alados en el art\u00edculo 508. Recibidas las impugnaciones de los interesados o transcurrido el plazo de treinta d\u00edas desde que se les puso de manifiesto la liquidaci\u00f3n, el secretario judicial convocar\u00e1 una vista que se celebrar\u00e1 por los tr\u00e1mites del juicio verbal.<\/li>\n<\/ol>\n

                                Art\u00edculo 511. Ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

                                La resoluci\u00f3n firme ser\u00e1 t\u00edtulo bastante para despachar ejecuci\u00f3n contra los interesados que en el plazo de quince d\u00edas no abonasen la contribuci\u00f3n se\u00f1alada en la decisi\u00f3n, as\u00ed como contra quienes garantizaron su obligaci\u00f3n, en los l\u00edmites de la garant\u00eda prestada.<\/p>\n

                                La aver\u00eda gruesa se define como aquel da\u00f1o voluntariamente causado en el buque o en las mercanc\u00edas trasportadas para evitar un da\u00f1o mayor al propio buque o a dichas mercanc\u00edas. La cuant\u00eda del da\u00f1o causado se distribuye proporcionalmente entre todos los interesados (propietario del buque, propietarios de las mercanc\u00edas, asegurador, fletador..)<\/p>\n

                                Destaca JESUS CASAS que \u201c\u2026La aver\u00eda gruesa es una instituci\u00f3n\u2026 milenaria que encuentra sus ra\u00edces en la Lex Rhodia de Iactu, que regulaba la echaz\u00f3n de las mercanc\u00eda a la mar en caso de peligro para el buque y la contribuci\u00f3n de todos los interesados en el viaje mar\u00edtimo en la cobertura de los da\u00f1os (\u201csacrificio com\u00fan\u201d). La aver\u00eda gruesa se liquida usualmente siguiendo las Reglas de York y Amberes, que son actualizadas de forma habitual a propuesta del Comit\u00e9 Mar\u00edtimo Internacional. La liquidaci\u00f3n se realiza por un experto denominado \u201cliquidador de aver\u00edas\u201d (average adjuster, en ingl\u00e9s) con mucha frecuencia fuera de Espa\u00f1a, ya que es el armador quien puede declarar la citada aver\u00eda.\u00a0 Lo que indica el art. 506 es que si lo interesados (que pueden ser tantos como miles, en el caso de un buque portacontenedores, por ejemplo) no llegan a un acuerdo \u201ccualquiera de ellos\u201d puede dirigirse a un notario para que tramite un expediente de aver\u00eda gruesa\u2026\u201d.<\/p>\n

                                Los art\u00edculos regulan el procedimiento a seguir, el cual concluye con una resoluci\u00f3n emitida por el Notario que, una vez forme, es t\u00edtulo bastante para despachar ejecuci\u00f3n. Contra al resoluci\u00f3n notarial cabe recurso ante el Juzgado de lo Mercantil competente.<\/p>\n

                                  \n
                                1. Dep\u00f3sito y venta de mercanc\u00edas y equipajes en el transporte mar\u00edtimo<\/strong>. (Cap.IV del T\u00edt. X, arts. 512 a 515):<\/li>\n<\/ol>\n

                                  Art\u00edculo 512. \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n y legitimaci\u00f3n.<\/p>\n

                                  Ser\u00e1n aplicables las disposiciones contenidas en este cap\u00edtulo cuando la ley aplicable al contrato de fletamento faculte al porteador a solicitar el dep\u00f3sito y venta de las mercanc\u00edas o equipajes transportados en los casos en que el destinatario no abone el flete, el pasaje o los gastos conexos a su transporte o no se presente para retirar los efectos porteados, as\u00ed como cuando el transporte no pueda concluir a causa de una circunstancia fortuita sobrevenida durante el viaje, que hiciere imposible, ilegal o prohibida su continuaci\u00f3n.<\/p>\n

                                  Art\u00edculo 513. Solicitud.<\/p>\n

                                    \n
                                  1. En la solicitud de dep\u00f3sito y venta se expresar\u00e1n con claridad los siguientes extremos:<\/li>\n
                                  2. a) Transporte de que se trata, con copia del conocimiento del embarque o t\u00edtulo del pasaje.<\/li>\n
                                  3. b) Identidad del destinatario si fuere conocido.<\/li>\n
                                  4. c) Flete, pasaje o gastos reclamados.<\/li>\n
                                  5. d) Descripci\u00f3n de la clase o cantidad de mercanc\u00edas cuyo dep\u00f3sito se solicita, con su valoraci\u00f3n aproximada.<\/li>\n
                                  6. e) Fundamento de la solicitud, sea por impago o por falta de retirada de mercanc\u00edas.<\/li>\n
                                  7. Quien inste el dep\u00f3sito propondr\u00e1 a las personas o entidades a que se refiere el art\u00edculo 626 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/li>\n
                                  8. Si el impedimento para concluir el transporte se debiere a una circunstancia fortuita sobrevenida durante el viaje, que hiciere imposible, ilegal o prohibida su continuaci\u00f3n, deber\u00e1 acreditarse de forma fehaciente el hecho correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                    Art\u00edculo 514. Procedimiento.<\/p>\n

                                      \n
                                    1. Admitida a tr\u00e1mite la solicitud, el notario requerir\u00e1 de pago inmediatamente al destinatario de las mercanc\u00edas o equipajes que figure en el t\u00edtulo presentado. Si este no fuera nominativo no se realizar\u00e1 el requerimiento, salvo que as\u00ed lo pida el solicitante designando para ello persona determinada.<\/li>\n
                                    2. Si el destinatario no fuere hallado, o el requerido no pagara o diera garant\u00eda suficiente de pago en el acto del requerimiento o en las cuarenta y ocho horas siguientes, el notario acordar\u00e1 el dep\u00f3sito de la mercanc\u00eda o equipajes.<\/li>\n
                                    3. Practicado el dep\u00f3sito y nombrado el depositario, el notario acordar\u00e1 la tasaci\u00f3n y venta por persona o entidad especializada o en p\u00fablica subasta de los efectos se\u00f1alados.<\/li>\n<\/ol>\n

                                      La venta de los efectos depositados proceder\u00e1 asimismo cuando presentaren riesgo de deterioro, o cuando por sus condiciones u otras circunstancias, los gastos de conservaci\u00f3n o custodia fueran desproporcionados.<\/p>\n

                                        \n
                                      1. Con el importe obtenido de la venta se atender\u00e1 en primer lugar al pago de los gastos del dep\u00f3sito y los de la subasta, y el remanente se entregar\u00e1 al solicitante en pago del flete o gastos reclamados y hasta ese l\u00edmite.<\/li>\n<\/ol>\n

                                        Art\u00edculo 515. Oposici\u00f3n al pago.<\/p>\n

                                          \n
                                        1. Si el titular de las mercanc\u00edas o equipajes manifestara su oposici\u00f3n al pago en el acto del requerimiento o en las cuarenta y ocho horas siguientes, se depositar\u00e1 el remanente a resultas del juicio correspondiente. En este caso, el titular deber\u00e1 presentar demanda o iniciar de otro modo el procedimiento judicial o arbitral ante el tribunal competente en el plazo de veinte d\u00edas si se presentase ante un tribunal espa\u00f1ol y de treinta d\u00edas si se presentase ante un tribunal extranjero, en ambos casos a contar desde la manifestaci\u00f3n de la oposici\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                          De no presentarse la demanda en el plazo establecido el notario proceder\u00e1 a entregar el remanente al solicitante de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del art\u00edculo anterior.<\/p>\n

                                            \n
                                          1. Cuando el dep\u00f3sito se hubiera evitado, o levantado, por la prestaci\u00f3n de garant\u00eda suficiente por parte del destinatario, este deber\u00e1 presentar su demanda en el plazo establecido en el apartado anterior que se contar\u00e1 desde su constituci\u00f3n. No haci\u00e9ndolo as\u00ed, el notario acordar\u00e1 el pago de lo reclamado con cargo a la garant\u00eda establecida.<\/li>\n<\/ol>\n

                                            \u00a0Comenta el autor lo siguiente: \u201c\u2026Si la ley aplicable al contrato de fletamento (usualmente se rige por Derecho ingl\u00e9s en la pr\u00e1ctica, como se ha dicho anteriormente) faculta al porteador a depositar y vender las mercanc\u00edas o equipajes transportados en caso de impago o falta de aceptaci\u00f3n de la entrega o en caso de finalizaci\u00f3n del transporte por arribada forzosa fuera del puerto de destino, se puede dirigir una solicitud a un notario, que deber\u00e1 requerir de pago al destinatario o dar garant\u00eda. Si no lo hace el propio notario \u201cacordar\u00e1\u201d el dep\u00f3sito de las mercanc\u00edas o equipajes, nombrando depositario, tras lo cual el notario \u201cacordar\u00e1\u201d la tasaci\u00f3n y venta por persona especializada o en p\u00fablica subasta. La venta \u201cproceder\u00e1 asimismo\u201d (sic) cuando las mercanc\u00edas puedan deteriorarse o los gastos de conservaci\u00f3n y custodia sean desproporcionados. El importe de la venta se destinar\u00e1 al pago de los gastos de dep\u00f3sito y subasta (no se incluyen\u00a0los del experto tasador) y el remanente se entregar\u00e1 al solicitante del pago hasta el l\u00edmite solicitado. No se indica que se har\u00e1 con el resto del sobrante, si lo hubiere. Pero el \u201ctitular\u201d de las mercanc\u00edas o equipajes podr\u00e1 oponerse al pago en cuarenta y ocho horas con lo que el remanente se depositar\u00e1 (\u00bfd\u00f3nde?) a resultas del juicio o arbitraje correspondiente, que deber\u00e1 iniciarse en veinte d\u00edas si en Espa\u00f1a y en treinta si en el Extranjero. Lo mismo suceder\u00e1 si el destinatario (ahora no se dice \u201ctitular\u201d) presta garant\u00eda\u2026\u201d.<\/p>\n

                                            4 Expediente sobre extrav\u00edo, sustracci\u00f3n o destrucci\u00f3n del conocimiento de embarque<\/strong> (Cap. V del T\u00edtulo X, arts.517 a 522).<\/p>\n

                                            Art\u00edculo 516. Notario competente.<\/p>\n

                                            Para conocer del expediente regulado en este cap\u00edtulo ser\u00e1 competente el notario con sede en el lugar de destino fijado en el conocimiento para la entrega de las mercanc\u00edas.<\/p>\n

                                            Art\u00edculo 517. Requerimiento del tenedor despose\u00eddo.<\/p>\n

                                              \n
                                            1. En los casos de extrav\u00edo, sustracci\u00f3n o destrucci\u00f3n de un conocimiento de embarque, el tenedor despose\u00eddo del mismo deber\u00e1 acudir ante el notario competente, requiri\u00e9ndole para que inste al porteador a que no se entreguen las mercanc\u00edas a tercera persona para que el t\u00edtulo sea amortizado y que se le reconozca la titularidad del conocimiento de embarque desaparecido.<\/li>\n
                                            2. El tenedor despose\u00eddo podr\u00e1 realizar todos los actos tendentes a la conservaci\u00f3n de su derecho. Tambi\u00e9n podr\u00e1 recibir mercanc\u00edas del porteador una vez llegadas al lugar de destino, siempre que preste cauci\u00f3n ante el notario por un importe equivalente al valor de las mercanc\u00edas recibidas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                              Art\u00edculo 518. Contenido del requerimiento.<\/p>\n

                                              En el requerimiento que el tenedor despose\u00eddo haga al notario deber\u00e1 indicar las menciones del conocimiento a que se refiere el art\u00edculo 248, as\u00ed como las circunstancias en que vino a ser tenedor y las que acompa\u00f1aron a la desposesi\u00f3n. Asimismo, deber\u00e1 acompa\u00f1ar los elementos de prueba de que disponga y proponer aquellos otros que puedan servir para fundamentar su derecho.<\/p>\n

                                              Art\u00edculo 519. Traslado del requerimiento y alegaciones.<\/p>\n

                                              Admitido el requerimiento, el notario mediante acta lo notificar\u00e1 al porteador inst\u00e1ndole a que, si se presentara tercero alguno a reclamar las mercanc\u00edas, proceda a su retenci\u00f3n y ponga las circunstancias de la presentaci\u00f3n en conocimiento del notario. Igual notificaci\u00f3n se har\u00e1 al cargador y, en su caso, endosantes, cuando fueran personas distintas del tenedor y con domicilio conocido. Todos podr\u00e1n formular ante el notario, dentro de los diez d\u00edas siguientes, las alegaciones que estimen oportunas.<\/p>\n

                                              Art\u00edculo 520. Publicaci\u00f3n del requerimiento y sobreseimiento.<\/p>\n

                                                \n
                                              1. El notario, hechas las averiguaciones solicitadas y las que estime oportunas sobre la veracidad de los hechos y sobre el derecho del tenedor despose\u00eddo dentro del plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo anterior, proceder\u00e1 inmediatamente a publicar el requerimiento recibido en la secci\u00f3n que corresponda del Bolet\u00edn Oficial del Estado, fijando un plazo de un mes, desde la fecha de publicaci\u00f3n, para que el tenedor del t\u00edtulo pueda comparecer y formular oposici\u00f3n.<\/li>\n
                                              2. Si de las averiguaciones practicadas o de las alegaciones de los interesados resultase manifiestamente infundado el requerimiento, el notario podr\u00e1 cerrar el expediente sin realizar la publicaci\u00f3n, dejando sin efecto lo solicitado al porteador y procediendo, en su caso, a la devoluci\u00f3n de la cauci\u00f3n al requirente cuando hubiera restituido las mercanc\u00edas.<\/li>\n
                                              3. Si se presentara tercero reclamando las mercanc\u00edas y justificara documentalmente su derecho, el porteador pondr\u00e1 en conocimiento del notario tal circunstancia. El notario incorporar\u00e1 al expediente esa reclamaci\u00f3n y su justificaci\u00f3n documental, quedando suspendido el expediente durante dos meses, sin que pueda autorizar acta de amortizaci\u00f3n del conocimiento de embarque sustra\u00eddo o extraviado. Transcurridos dos meses sin que el tercero acredite que ha sido admitida la demanda judicial en ejercicio de su pretensi\u00f3n, el notario proseguir\u00e1 la tramitaci\u00f3n del expediente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                En caso de que el tercero acredite la admisi\u00f3n de su demanda judicial, el notario declarar\u00e1 concluido el expediente sin autorizar la amortizaci\u00f3n.<\/p>\n

                                                Art\u00edculo 521. Amortizaci\u00f3n del conocimiento.<\/p>\n

                                                Transcurrido un mes desde la publicaci\u00f3n del requerimiento sin que nadie la contradiga, el notario mediante acta de notoriedad har\u00e1 constar la amortizaci\u00f3n del t\u00edtulo y se reconocer\u00e1 al requirente la titularidad del mismo.<\/p>\n

                                                Declarada la amortizaci\u00f3n del conocimiento, no tendr\u00e1 este ninguna eficacia y el tenedor despose\u00eddo cuyo derecho hubiere sido reconocido podr\u00e1, en su caso, retirar la cauci\u00f3n prestada o exigir al porteador la entrega inmediata de las mercanc\u00edas, previo pago de los gastos de dep\u00f3sito ocasionados.<\/p>\n

                                                Art\u00edculo 522. Irreivindicabilidad del conocimiento y acciones de da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n

                                                Lo establecido en este cap\u00edtulo se entender\u00e1 sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0254.<\/p>\n

                                                Comenta JESUS CASAS lo siguiente: \u201c\u2026 El conocimiento de embarque se regula en los arts.246 y siguientes LNM. Aunque la pr\u00e1ctica y los Convenios regular otros documentos de transporte, como las cartas de porte mar\u00edtimo (seawaybills), las cartas de porte multimodal y los conocimientos de embarque electr\u00f3nico, en la pr\u00e1ctica el conocimiento de embarque, que es documento de emisi\u00f3n obligatoria<\/strong>, para el buque, dada su triple tradicional funci\u00f3n<\/strong> (t\u00edtulo representativo de lar mercanc\u00edas, v\u00e1lido para su tradici\u00f3n, prueba de la carga a bordo y contrato de transporte) lo hace especialmente extendido y relevante, incluso a efectos financieros y asegurativos. Pues bien, los notarios de aquellos puertos espa\u00f1oles en los que se hubiera fijado el destino de una carga son competentes para iniciar un expediente de extrav\u00edo, destrucci\u00f3n o sustracci\u00f3n del mismo<\/span>, a instancias del tenedor despose\u00eddo del mismo<\/span>, para que el porteador no entregue las mercanc\u00edas a tercera persona y el conocimiento mismo sea amortizado. Se trata de un expediente contradictorio en el que el notario es quien requiere al porteador para que no entregue las mercanc\u00edas y las retenga, notificando al cargador y endosantes, que tendr\u00e1n diez d\u00edas para formular alegaciones, tras lo cual el notario, hechas las averiguaciones que se le soliciten y estime oportunas, publicar\u00e1 el requerimiento en el BOE por plazo de un mes para que el tenedor material del t\u00edtulo comparezca y, en su caso, formule oposici\u00f3n. Si el requerimiento recibido resulta manifiestamente infundado, el notario puede poner fin al expediente sin publicaci\u00f3n, y devolviendo la cauci\u00f3n recibida. Si se presenta un tercero reclamando las mercanc\u00edas y justific\u00e1ndolo documentalmente, el notario incorporar\u00e1 la reclamaci\u00f3n y documentos al expediente, quedando la tramitaci\u00f3n en suspenso dos meses, para que dicho tercero acredite haber presentado demanda judicial (o arbitral, deber\u00eda decirse y suponemos), o, de no hacerse, se seguir\u00e1 con el expediente. Si se acredita la presentaci\u00f3n de demanda, el expediente concluir\u00e1 sin autorizar su amortizaci\u00f3n. Si no hay contradicci\u00f3n en el plazo de un mes, el notario redactar\u00e1 acta de notoriedad y amortizar\u00e1 el conocimiento de embarque de que se trate, reconociendo al requirente la titularidad del mismo y quedando el conocimiento ineficaz\u2026\u201d.<\/p>\n

                                                  \n
                                                1. De la enajenaci\u00f3n de efectos mercantiles alterados o averiados<\/li>\n<\/ol>\n

                                                  Art\u00edculo 523. \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

                                                  Si los efectos que constituyen el cargamento de un buque, apareciesen alterados, averiados o en peligro de inminente aver\u00eda, aquel a quien corresponda la conservaci\u00f3n de las mercanc\u00edas bajo su custodia y no hubiere podido obtener instrucciones del titular de aquellas, deber\u00e1 solicitar a un notario la autorizaci\u00f3n para la venta en p\u00fablica subasta o por persona o entidad especializada.<\/p>\n

                                                  Art\u00edculo 524. Valoraci\u00f3n pericial. Venta de los efectos.<\/p>\n

                                                  Presentada la solicitud, en la que se expresar\u00e1 el n\u00famero y la clase de los efectos que hayan de venderse, el notario nombrar\u00e1 perito que reconozca los g\u00e9neros.<\/p>\n

                                                  Acreditado por la declaraci\u00f3n pericial el estado de los g\u00e9neros, si el notario lo considera necesario, ordenar\u00e1 la tasaci\u00f3n y venta por persona o entidad especializada o en p\u00fablica subasta de los efectos se\u00f1alados. Con el precio obtenido se atender\u00e1, en primer lugar, el pago de los gastos del notario y del perito, y el remanente se entregar\u00e1 al titular de las mercanc\u00edas.<\/p>\n

                                                  \u00a0<\/p>\n

                                                  <\/a>Jurisprudencia<\/strong><\/span><\/p>\n

                                                  <\/a>CURATELA<\/strong>.<\/p>\n

                                                  STS 27 noviembre 2014<\/p>\n

                                                  Recurso 1670\/2013<\/p>\n

                                                  Resoluci\u00f3n 698\/2014<\/p>\n

                                                  Ponente: Jos\u00e9 Antonio Seijas Quintana.<\/p>\n

                                                  Voces.
                                                  Curatela. Incapacitaci\u00f3n Medidas de apoyo. Convenci\u00f3n de Nueva York.<\/p>\n

                                                  Normas: art. 289 CC. Art. 12.4 Convenci\u00f3n de Nueva York de 13 diciembre 2006 (BOE21 abril 2008).<\/p>\n

                                                  Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

                                                  La persona que recurre ha sido sometida a curatela por raz\u00f3n de una patolog\u00eda que afecta limitadamente a su capacidad de obrar, o como dice la Sentencia, \u00able impide desarrollar de forma adecuada, efectiva y en plano de igualdad, las facultades inherentes a su capacidad\u00bb.<\/p>\n

                                                  La Sentencia de instancia fija el alcance de las restricciones impuestas del siguiente modo:
                                                  1) Se le reconoce derecho de voto y derecho a disponer de una cantidad para gastos cotidianos.<\/p>\n

                                                  2) Se le restringe: (i) En el \u00e1mbito personal se le obliga a someterse a un control facultativo de su enfermedad, reconociendo al curador competencia para gestionar tal tratamiento e, incluso, promover el internamiento si fuera necesario. (ii) En el \u00e1mbito patrimonial necesitar\u00e1 la asistencia del curador pata todos los actos de contenido patrimonial, de administraci\u00f3n o disposici\u00f3n. (iii) Procesalmente, deber\u00e1 ser asistido por el curador para iniciar cualquier demanda o querella.<\/p>\n

                                                  \u00a0El afectado impugna las medidas adoptadas en su protecci\u00f3n y el TS desestima su recurso.
                                                  Argumentos de la Sentencia<\/strong>.<\/p>\n

                                                    \n
                                                  1. Incapacitaci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n

                                                    La incapacitaci\u00f3n es una forma de proteger a las personas afectadas por una discapacidad (STS 282\/2009, de 21 de abril)<\/p>\n

                                                    No es una medida discriminatoria ni vulneradora de la dignidad de la persona, que no se ve privada de sus derechos fundamentales, aunque si se ve afectada o privada, seg\u00dan los casos, de autonom\u00eda para ejercerlos.<\/p>\n

                                                    Por ello, El procedimiento de incapacitaci\u00f3n se debe interpretar desde la perspectiva de que la persona con discapacidad \u00ab… sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitaci\u00f3n es s\u00f3lo una forma de protecci\u00f3n…\u00bb<\/p>\n

                                                    Por ello, debe evitarse la regulaci\u00f3n y tratamiento abstracto y r\u00edgido de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del discapacitado, de modo que las formas de protecci\u00f3n que se adopten ser\u00e1n s\u00f3lo \u00aben la medida que lo precise\u00bb la persona.<\/p>\n

                                                    La STS 282\/2009, de 29 de abril, dice que (i) \u00ab…la privaci\u00f3n de todo o parte de los derechos que se ostentan como consecuencia de la cualidad de persona s\u00f3lo pueden adoptarse como un sistema de protecci\u00f3n…\u00bb, y (ii) para que funcionen los sistemas de protecci\u00f3n se requiere que concurran unos requisitos, a saber: falta de capacidad, entendida en sentido jur\u00eddico, que la falta de capacidad sea permanente o estable, la incapacitaci\u00f3n debe contemplar la variedad de hip\u00f3tesis que pueden plantearse, debiendo graduar la insuficiencia ps\u00edquica de cada caso, as\u00ed como la mayor o menor reversibilidad de la insuficiencia<\/p>\n

                                                    2\u00a0 Medidas de apoyo.<\/p>\n

                                                    Son todas aquellas que se adopten para proteger a quien, por raz\u00f3n de una discapacidad, necesita de una asistencia para ejercer su capacidad jur\u00eddica. Las medidas de apoyo no suponen una sustituci\u00f3n en la toma de decisiones, sino una ayuda para tomarlas, por eso no implican una p\u00e9rdida de la capacidad de obrar o capacidad de ejercer la capacidad jur\u00eddica o personalidad.<\/p>\n

                                                    3\u00a0 Curatela.<\/p>\n

                                                    A la luz de la Convenci\u00f3n, la curatela se debe reinterpretar como una medida de apoyo y de asistencia consistente en un complemento de capacidad que \u00ab…tendr\u00e1 por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido (STS 1 julio 2014),<\/p>\n

                                                    La curatela no est\u00e1 circunscrita a la esfera patrimonial, sino que la asistencia del curador, al amparo de lo previsto en el art. 289 CCivil, puede comprender tanto la esfera patrimonial como la personal (STS 995\/1991, de 31 de diciembre).<\/p>\n

                                                    La persona sujeta a curatela no se ve privada de su capacidad de obrar, sino asistida en aquellos aspectos de la vida, personales o patrimoniales, en los que necesita un apoyo que le garantice una participaci\u00f3n efectiva en la vida social en igualdad de condiciones, evitando cualquier vulneraci\u00f3n de sus derechos o trato abusivo por raz\u00f3n de la discapacidad<\/p>\n

                                                    El curador no suple la voluntad del afectado, sino que \u00ab…refuerza, controla y encauza, complementando su deficiente capacidad, por lo que la funci\u00f3n no viene a ser de representaci\u00f3n, sino m\u00e1s bien de asistencia y protecci\u00f3n…\u00bb<\/p>\n

                                                    En el caso de la Sentencia, la curatela comprende la supervisi\u00f3n de que el discapaz se someta al tratamiento m\u00e9dico necesario por raz\u00f3n de su enfermedad.<\/p>\n

                                                    \u00a0<\/p>\n

                                                    <\/a>Resoluciones comentadas<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. <\/a>Propiedad horizontal<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                                      Cl\u00e1usula estatutaria sobre agrupaci\u00f3n y divisi\u00f3n de fincas.<\/p>\n

                                                      \u00a0<\/p>\n\n\n\n
                                                      \n

                                                      \u00a0CIVIL<\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      Notarias<\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      T. 42<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      Registros<\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      T.42<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                      \u00a0<\/p>\n\n\n\n
                                                      \n

                                                      \u00a0HIPOTEARIO<\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      Notarias<\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      T. 29<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      Registros<\/p>\n<\/td>\n

                                                      		\n

                                                      T.34<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                      Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

                                                      Se discute sobre si pueden o no acceder al Registro de la Propiedad las cl\u00e1usulas estatutarias del r\u00e9gimen de propiedad horizontal de un edificio que permiten a los titulares de las fincas realizar, sin necesidad de consentimiento o autorizaci\u00f3n de la junta de propietarios, la subdivisi\u00f3n y segregaci\u00f3n de las mismas e incluso la desvinculaci\u00f3n de los anejos, sin alteraci\u00f3n de las cuotas de los restantes, as\u00ed como agregar y agrupar las expresadas fincas con otras colindantes, aunque pertenezcan a un inmueble distinto, tanto horizontal como verticalmente, abriendo al efecto las puertas y accesos necesarios.<\/p>\n

                                                      \u00bfSon admisibles tales cl\u00e1usulas tras la modificaci\u00f3n de LPH operada por la DF 1\u00aa Ley 8\/2013 de 26 de junio<\/span>? SI<\/strong>.<\/p>\n

                                                      En todo lo que no sea norma imperativa, debe regir la voluntad de los interesados como resulta del \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 396 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n

                                                      Comentario<\/strong><\/p>\n

                                                      La DG y el Tribunal supremo (SS.15 de noviembre 2010 y\u00a025 febrero de 2013) admiten la validez de este tipo de cl\u00e1usulas.<\/p>\n

                                                      La R. 19 de junio de 2012 admite que el due\u00f1o pueda actuar no s\u00f3lo sobre los elementos arquitect\u00f3nicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, comprendidas en su unidad privativa y que le sirvan exclusivamente a \u00e9l, sino tambi\u00e9n sobre los elementos comunes que separan los distintos pisos o locales de su propiedad, siempre que no se altere o menoscabe la seguridad del edificio, su estructura general, configuraci\u00f3n exterior o se perjudiquen de cualquier modo los derechos de cualquier otro propietario.<\/p>\n

                                                      Tales cl\u00e1usulas pueden ir m\u00e1s all\u00e1, facultando, incluso, \u00a0que se altere la estructura general del edificio siempre que no se menoscabe su seguridad, pues, si puede la junta autorizarlo no constando en estatutos, tambi\u00e9n podr\u00e1 haber quedado plasmada anticipadamente la voluntad de los propietarios en este sentido en el t\u00edtulo constitutivo, y dicha autorizaci\u00f3n conllevar\u00e1 todos los elementos necesarios para su ejecuci\u00f3n, entendi\u00e9ndose incluido, en su caso, el que se afecten elementos comunes no esenciales para la edificaci\u00f3n, quedando conformada, tras la agrupaci\u00f3n, la finca resultante como una unidad, sino arquitect\u00f3nica, s\u00ed de destino. Y es que en todo lo que no es normativa imperativa, debe regir la voluntad de los interesados como resulta del \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 396 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n

                                                      \u00a0<\/p>\n

                                                      R 7 mayo 2014<\/a>. BOE 3 julio 2014\/6985<\/p>\n

                                                        \n
                                                      1. <\/a>Propiedad horizontal<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                        Constituci\u00f3n y modificaci\u00f3n no requiere intervenci\u00f3n de usufructuarios.<\/p>\n\n\n\n
                                                        \n

                                                        \u00a0CIVIL<\/p>\n<\/td>\n

                                                        		\n

                                                        Notarias<\/p>\n<\/td>\n

                                                        		\n

                                                        T. 42<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

                                                        		\n

                                                        Registros<\/p>\n<\/td>\n

                                                        		\n

                                                        T.42<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                        Para agrupar fincas basta el consentimiento de los nudo propietarios y no se precisa el de los usufructuarios.<\/p>\n

                                                        COMENTARIO.<\/p>\n

                                                          \n
                                                        1. Propiedad horizontal: La constituci\u00f3n en r\u00e9gimen de propiedad horizontal \u2013y lo mismo cabe entender de su modificaci\u00f3n- no requiere intervenci\u00f3n del usufructuario (R.21 noviembre 2002).<\/li>\n<\/ol>\n

                                                          En el caso concreto, aunque se hab\u00eda previsto en la escritura su ratificaci\u00f3n por parte de la usufructuaria, la DGRN no lo considera relevante porque el acuerdo de la junta de propietarios corresponde adoptarlo a los nudo propietarios y no a los usufructuarios.<\/p>\n

                                                            \n
                                                          1. Extinci\u00f3n de condominio ordinario: Tampoco es necesaria la intervenci\u00f3n de los usufructuarios en el caso de divisi\u00f3n de cosa com\u00fan (arts. 405 y 490 CC).<\/li>\n
                                                          2. Junta de propietarios: El consentimiento que deben prestar el resto de los propietarios del edificio a la agrupaci\u00f3n \u2013en defecto de pacto estatutario autorizando la operaci\u00f3n- es un acto por el que se atribuye competencia a la junta como \u00f3rgano colectivo. Ahora bien, nada impide que tal acuerdo colectivo sea sustituido por el consentimiento expreso de todos los propietarios mediante su comparecencia en la escritura. Por otro lado, la adopci\u00f3n de los acuerdo de la junta de propietarios corresponde a los nudo propietarios y no a los usufructuarios.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                            R.7 mayo 2014<\/a>. BOE 3 julio 2014\/6984.<\/p>\n

                                                            \u00a0<\/strong><\/p>\n

                                                            III.<\/a> Hipoteca. Ejecuci\u00f3n hipotecaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n
                                                            \n

                                                            \u00a0HIPOTEARIO<\/p>\n<\/td>\n

                                                            		\n

                                                            Notarias<\/p>\n<\/td>\n

                                                            		\n

                                                            T. 68<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

                                                            		\n

                                                            Registros<\/p>\n<\/td>\n

                                                            		\n

                                                            T.76<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                            \u00a0Supuesto de hecho.<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se pretende la inscripci\u00f3n de un decreto de adjudicaci\u00f3n de finca en procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria y la consiguiente cancelaci\u00f3n de las cargas que hay sobre la finca. Respecto de las cargas se hace constar que existen varias anotaciones preventivas posteriores a la inscripci\u00f3n de constituci\u00f3n de hipoteca, unas anteriores y otras posteriores a la nota de expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n de cargas.<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El problema que se plantea es que los importes por principal e intereses que constan en el decreto del Secretario judicial exceden de las cifras fijadas para la responsabilidad hipotecaria de la finca.<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN<\/strong><\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Al existir las cargas antedichas, la Resoluci\u00f3n resuelve que no es posible proceder a lo solicitado porque, habiendo titulares de cargas, al acreedor no se le puede entregar por cada uno de los conceptos debidos m\u00e1s cantidad que la fijada en la responsabilidad hipotecaria: \u201c\u2026Dada la existencia de cargas posteriores\u2026la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, intereses y costas, no puede exceder del l\u00edmite de la cobertura hipotecaria\u2026\u201d<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Con base en resoluciones anteriores y conforme al art\u00edculo 130 de la Ley Hipotecaria sienta la siguiente doctrina:<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1\u00ba La ejecuci\u00f3n directa contra los bienes hipotecados, como establece el art\u00edculo 130 de la Ley Hipotecaria, s\u00f3lo podr\u00e1 ejercitarse sobre la base de aquellos extremos contenidos en el t\u00edtulo que se hayan recogido en el asiento respectivo.<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0 2\u00ba En el procedimiento de ejecuci\u00f3n directa nada impide reclamar al deudor por todo lo debido al acreedor aunque exceda de la cifra de responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros con cargas inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad hipotecaria act\u00faa como l\u00edmite (art. 692.1 LECivil).<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0 3\u00ba Cubierta la cifra de responsabilidad hipotecaria, el sobrante que hubiera se depositar\u00e1 a disposici\u00f3n de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el bien hipotecado.<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0 4\u00ba Pagados estos acreedores posteriores, el sobrante que quedara se entregar\u00e1 al propietario del bien hipotecado.<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0 5\u00ba No obstante, cuando el propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, el precio del remate, en la cuant\u00eda que exceda del l\u00edmite de la cobertura hipotecaria, se destinar\u00e1 al pago de la totalidad de lo que se deba al ejecutante por el cr\u00e9dito que sea objeto de la ejecuci\u00f3n, una vez satisfechos, en su caso, los cr\u00e9ditos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca y siempre que el deudor no se encuentre en situaci\u00f3n de suspensi\u00f3n de pagos, concurso o quiebra.<\/p>\n

                                                            \u00a0\u00a0\u00a0 6\u00ba Cada uno de los conceptos de la responsabilidad hipotecaria act\u00faan como compartimentos estancos, es decir, no son intercambiables ni compensables. Por tanto, \u201c\u2026no cabe utilizar el exceso la cobertura hipotecaria correspondiente a uno de los conceptos para garantizar la deuda correspondiente a otro concepto, pues la cantidad asegurada, pues la cantidad sobrante por cada concepto ha de ponerse a disposici\u00f3n de los titulares de asientos posteriores. As\u00ed se deduce del art\u00edculo 692.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes citado, al proscribir expresa y literalmente a que \u00ablo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos (principal de su cr\u00e9dito, los intereses devengados y las costas causadas) exceda del l\u00edmite de la respectiva cobertura hipotecaria\u00bb. As\u00ed lo reitera, igualmente, el art\u00edculo 132.3 de la Ley Hipotecaria, al extender la calificaci\u00f3n registral a \u00abque lo entregado al acreedor en pago del principal del cr\u00e9dito, de los intereses devengados y de las costas causadas, no exceda del l\u00edmite de la respectiva cobertura hipotecaria\u00bb\u2026\u201d.<\/p>\n

                                                            \u00a07\u00ba Coherentemente con lo dicho, el sobrante se debe referir a cada partida de responsabilidad hipotecaria individualmente considerada. \u201c\u2026Sentado lo anterior, para determinar la existencia de sobrante la cuant\u00eda que ha de valorarse es el importe de la adjudicaci\u00f3n que en este caso asciende a 127.800, resultando que conforme a las cifras reclamadas se imputar\u00edan 120.960 euros al pago del principal y 6.840 euros al pago de los intereses, ahora bien puesto que la respectiva cobertura hipotecaria es la que limita, conforme a la legislaci\u00f3n anteriormente invocada, que cantidad debe percibir el acreedor por cada uno de los conceptos garantizados considerados independientemente y en consecuencia la existencia de excedente, y ascendiendo \u00e9sta a 112.000 euros en concepto de principal, resulta evidente la existencia de un sobrante de 8960 euros por el primer concepto que debe ponerse a disposici\u00f3n de los acreedores posteriores\u2026\u201d.<\/p>\n

                                                            R.24 de junio de 2014<\/a>.BOE 29 JULIO 2014\/8101\/<\/p>\n

                                                            \u00a0<\/p>\n

                                                              \n
                                                            1. <\/a>Hipoteca. Valor de tasaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                                              \u00a0<\/p>\n\n\n\n
                                                              \n

                                                              \u00a0HIPOTEARIO<\/p>\n<\/td>\n

                                                              		\n

                                                              Notarias<\/p>\n<\/td>\n

                                                              		\n

                                                              T. 68<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

                                                              		\n

                                                              Registros<\/p>\n<\/td>\n

                                                              		\n

                                                              T.76<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                              \u00a0<\/p>\n

                                                              \u00a0<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se cuestiona la Resoluci\u00f3n si es posible inscribir las cl\u00e1usulas de una escritura de hipoteca sobre una vivienda en construcci\u00f3n relativas a la ejecuci\u00f3n judicial y a la venta extrajudicial, teniendo en cuenta que se fijan dos valores de tasaci\u00f3n para la finca hipotecada: uno de ellos es el valor actual de la finca y el segundo valor es el que tendr\u00eda hipot\u00e9ticamente la finca una vez finalizada la construcci\u00f3n.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Posicionamientos<\/strong>.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1 El Registrador entiende que es necesario \u201cconcretar un \u00fanico valor a efectos de eventual subasta de la finca hipotecada\u201d, pues el art. 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no tiene en cuenta la posibilidad de que existan dos valores.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2 El Notario argumenta que la Orden ECOI\/805\/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoraci\u00f3n de inmuebles, contempla esta dualidad de valores de tasaci\u00f3n en los edificios para la garant\u00eda hipotecaria de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos hipotecarios que formen parte (o vayan a formar parte) de la cartera de cobertura de t\u00edtulos hipotecarios emitidos por las entidades.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A\u00f1ade que \u201c\u2026la Orden ECO\/805\/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoraci\u00f3n bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, fue dictada en uso de las habilitaciones normativas se\u00f1aladas en el art\u00edculo\u00a037.4 del Real Decreto 685\/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2\/1981, de 25 de marzo, de regulaci\u00f3n del mercado hipotecario\u2026\u201d,\u00a0 que es la Ley a la que se remite el art. 682 LEcivil.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DGRN<\/strong>.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Desestima el recurso del Notario porque la valoraci\u00f3n estimada que se hace de la obra terminada no es m\u00e1s que \u201c\u2026una hip\u00f3tesis sujeta a concreci\u00f3n que no puede pretender el amparo de los pronunciamientos registrales, pues dicha valoraci\u00f3n es distinta de lo que se define en la norma aplicable como valor de tasaci\u00f3n a efectos de subasta\u2026\u201d.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lo que propone la Resoluci\u00f3n para salvaguardar los intereses en juego<\/em>, es que \u201c\u2026sea la \u00faltima tasaci\u00f3n a realizar, necesaria para la entrega final de fondos y que habr\u00e1 de quedar incorporada bien al acta de terminaci\u00f3n de obra bien al acta de entrega final que en su caso se estipule, la que, en ese momento ulterior, deba considerarse para la fijaci\u00f3n definitiva del tipo para la subasta, rigiendo hasta aquel momento la fijada como actual\u2026\u201d.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comentario<\/strong>.<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En casos como el presente no parece consistente argumentar en contra de la doble valoraci\u00f3n diciendo que la LECivil habla de tasaci\u00f3n en singular. T\u00e9ngase en cuenta que se trata de una finca que se va a construir y que, por tanto, ir\u00e1 aumentado su valor a la vez que se ejecuta la obra. Hasta tal punto es as\u00ed, que la propia regulaci\u00f3n del mercado hipotecario contempla la existencia de dos valoraciones en casos como este. Ajena a la realidad, la Resoluci\u00f3n exige una foto fija -aqu\u00ed y ahora- para una realidad din\u00e1mica, y de ah\u00ed que tenga que recurrir al remedio de la valoraci\u00f3n final<\/p>\n

                                                              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adem\u00e1s de otras consideraciones pr\u00e1cticas, me plantea bastantes dudas la legalidad de la Resoluci\u00f3n, pues la DGRN hace caso omiso de lo que dice la normativa del mercado hipotecario (y normativa es tanto la ley como los reglamentos que la desarrollan) y vulnera, a mi juicio, el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (Art. 23 Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno), seg\u00fan el cual, ser\u00e1n nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento aunque el \u00f3rgano que las dicte sea de igual o superior rango que el que hubiera dictado el reglamento.\u00a0<\/p>\n

                                                              R.4 de junio de 2014<\/a>. BOE 25 julio 2014\/7920<\/p>\n

                                                              \u00a0<\/strong><\/p>\n

                                                              <\/a>Cuestionario pr\u00e1ctico<\/strong>.<\/span><\/p>\n

                                                              <\/a>Anotaci\u00f3n de embargo<\/strong>.<\/p>\n

                                                              Por deudas de la comunidad (art. 9 LPH).<\/p>\n

                                                              Interesa destacar que la preferencia que le reconoce el art. 9 no tiene pero se trascendencia real ni es una hipoteca legal tacita cuyo efecto sea modificar el rango registrales de cargas anteriores. Tal preferencia deber\u00e1 hacerse valer en el juicio correspondiente mediante la oportuna tercer\u00eda (art. 613, 614 y 620 LECivil).<\/p>\n

                                                              R.23 junio 2014<\/a>. BOE 29 julio 2014 \/252<\/p>\n

                                                              \u00a0<\/p>\n

                                                              <\/a>Exceso de cabida<\/strong>.<\/p>\n

                                                              Sentencia declarativa<\/p>\n

                                                              Reitera doctrina: cabe declarar exceso de cabida y procedimiento declarativo pero cumpliendo los requisitos espec\u00edficos del expediente de dominio para tales casos. En el presente falta la intervenci\u00f3n en el procedimiento de los colindantes. (Habla de colindantes registrales). No puede suplir el defecto la notificaci\u00f3n notarial a los colindantes una vez concluido el procedimiento.<\/p>\n

                                                                \n
                                                              1. 18 junio 2014<\/a>. BOE 29 julio 2014\/246\/8093<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                \u00a0<\/strong><\/p>\n

                                                                <\/a>Herencia<\/strong>.<\/p>\n

                                                                  \n
                                                                1. Justificaci\u00f3n pago, prescripci\u00f3n y\/o exenci\u00f3n I. Sucesiones.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                  Debe presentarse a la oficina tributaria competente el mismo t\u00edtulo que se presenta a inscripci\u00f3n, aunque se hubiera liquidado el impuesto previamente mediante documento privado.<\/p>\n

                                                                  COMENTARIO<\/p>\n

                                                                    \n
                                                                  1. Impuesto de sucesiones<\/span>: (i) la presentaci\u00f3n debe de hacerse en la oficina tributaria competente y no en otra. (ii) A efectos de inscripci\u00f3n, debe presentarse tanto la carta de pago (debidamente sellada), como la nota de justificaci\u00f3n, no sujeci\u00f3n o exenci\u00f3n que deber\u00e1n ser emitidas por la Oficina Tributaria competente. (iii) El documento que debe estar presentado a liquidaci\u00f3n es el mismo que se va a inscribir y no otro. El hecho de que se haya liquidado el impuesto mediante declaraci\u00f3n privada, no implica que no deba presentarse ante los \u00f3rganos competentes la escritura p\u00fablica otorgada, ya que debe ser la oficina tributaria quien compruebe la exactitud de los hechos imponibles y la correspondencia de los dem\u00e1s datos contenidos en ambos documentos<\/li>\n
                                                                  2. Principio de tracto sucesivo<\/span>: (i) existiendo los t\u00edtulos intermedios no se produce una interrupci\u00f3n del tracto en sentido estricto, como se ha puesto de manifiesto en numeros\u00edsimas Resoluciones. (ii) Existe interrupci\u00f3n cuando la inscripci\u00f3n de una adquisici\u00f3n del dominio o de un derecho real no se puede basar inmediatamente en el derecho de quien en el Registro aparece como titular. (iii) No hay interrupci\u00f3n cuando el promotor del expediente de reanudaci\u00f3n es heredero o causahabiente del titular registral, incluso cuando adquiri\u00f3 de los herederos del titular registral<\/li>\n
                                                                  3. T\u00edtulo sucesorio y certificado de \u00faltimas voluntades<\/span>: su presentaci\u00f3n es imprescindible para la calificaci\u00f3n registral. Desde el punto de vista formal, se admite la presentaci\u00f3n de las primeras copias, testimonios por exhibici\u00f3n y traslados directos del testamento, o bien que figuren insertos en la escritura\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                    R.6 mayo 2014<\/a>. BOE 3 julio 2014\/6983<\/p>\n

                                                                    \u00a0<\/p>\n

                                                                      \n
                                                                    1. Herencia yacente.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                      Entrega de legado,<\/p>\n

                                                                      \u00bfFallecido el heredero sin aceptar ni repudiar la herencia quien debe entregar el bien legado al legatario si se desconocen los herederos de heredero fallecido<\/span>?
                                                                      Se aplica la doctrina de la representaci\u00f3n procesal de la herencia yacente y de qu\u00e9 casos precisan el nombramiento de un administrador de la herencia que represente a los herederos desconocidos. Cabe la notificaci\u00f3n personal, por ejemplo, al albacea o contador partidor, que evitar\u00eda el nombramiento de administrador al ml producirse un llamamiento absolutamente gen\u00e9rico e indeterminado.<\/p>\n

                                                                      R.27 junio2014<\/a>. BOE 29 julio 2014\/261.<\/p>\n

                                                                      \u00a0<\/p>\n

                                                                      <\/a>Hipoteca<\/strong>
                                                                      Fijaci\u00f3n de dominio para notificaciones<\/p>\n

                                                                      \u00a0\u00bfEs inscribible la hipoteca aunque se haya omitido o no resulte claramente determinado el domicilio del deudor a los efectos de notificaciones<\/span>? SI<\/strong>.<\/p>\n

                                                                      Lo que sucede es que se excluye de la inscripci\u00f3n los pactos relativos a al ejecuci\u00f3n directa y extrajudicial.<\/p>\n

                                                                      R 30 junio 2014<\/a>. BOE 29 julio 2014\/264<\/p>\n

                                                                      \u00a0<\/strong><\/p>\n

                                                                      <\/a>Inmatriculaci\u00f3n<\/strong>
                                                                      Titulo ad hoc<\/p>\n

                                                                      Vende una sociedad y despu\u00e9s vuelve a comprar en dos meses. Comprador y vendedor son representados por la misma persona Reitera doctrina.<\/p>\n

                                                                      R.17 junio 2014<\/a>. BOE 29 julio 2014\/245\/8092<\/p>\n

                                                                      <\/a>Partici\u00f3n<\/strong>
                                                                      Necesidad de intervenci\u00f3n de todos los legitimarlos en la partici\u00f3n. Reitera doctrina<\/p>\n

                                                                      R 16 junio 2014<\/a>. BOE 29 julio 2014 \/243\/8090<\/p>\n

                                                                      \u00a0<\/p>\n

                                                                      <\/a>Recurso gubernativo<\/strong><\/p>\n

                                                                      Presentado el recurso de forma telem\u00e1tica \u00bfbasta con acompa\u00f1ar una copia telem\u00e1tica de la escritura pero sin pie de copia ni de testimonio<\/span>? SI<\/strong>.<\/p>\n

                                                                      \u00bfHa de presentarse la copia efectivamente calificada o el testimonio de la misma<\/span>? NO<\/strong>. \u00bfY si la escritura calificada fue presentada en su momento telem\u00e1ticamente? Basta con presentar el escrito de recurso sin acompa\u00f1ar copia alguna, pues ya la tiene disponible el registrador telem\u00e1ticamente.<\/p>\n

                                                                        \n
                                                                      1. 3 junio 2014<\/a>. BOE 25 julio 2014\/224<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                        \u00a0<\/p>\n

                                                                        <\/a>Sociedades<\/strong>.<\/p>\n

                                                                        ADMINISTRADORES.<\/p>\n

                                                                          \n
                                                                        1. Retribuci\u00f3n de los administradores<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                          \u00bfEs inscribible la cl\u00e1usula estatutaria sobre retribuci\u00f3n de los administradores por sus trabajos independientes del cargo social<\/span>? SI<\/strong>.<\/p>\n

                                                                          Dice Garc\u00eda Valdecasas que lo que no cabe es confundir el cargo de administrador con de alta direcci\u00f3n. Pero no hay inconveniente en que el administrador pueda estar ligado con la sociedad adem\u00e1s por un contrato de trabajo o que reciba una retribuci\u00f3n por la actividad de que se trate ajena a su cargo social (ver art. 220 LSC, RR 3 y 5 abril 2013).<\/p>\n

                                                                          R.12 mayo 2014<\/a>. BOE 11 julio 2015 \/195<\/p>\n

                                                                            \n
                                                                          1. Retribuci\u00f3n de los administradores<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                            El concreto sistema retributivo debe constar en los estatutos y no puede quedar al arbitrio de la junta. (R.16 febrero 2013).<\/p>\n

                                                                            R.17 junio 2014<\/a>. BOE 29 julio 2014\/244<\/p>\n

                                                                              \n
                                                                            1. Renuncia administrador \u00fanico<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                              Reitera doctrina: no cabe si no ha convocado la junta general para proveer el cargo.
                                                                              RR 5<\/a> y 6 junio 2014<\/a>. BOE 25 julio 2014\/ 229 y 230<\/p>\n

                                                                              \u00a0
                                                                              <\/a>CNAE<\/strong><\/p>\n

                                                                              Basta consignar en la escritura de constituci\u00f3n o de cambio de objeto social el CNAE relativo a la actividad principal de las varias actividades fijadas estatutariamente. Tiene finalidad estrictamente estad\u00edstica.<\/p>\n

                                                                              Lo que si parece necesario (dice Garcia Valdecasas) aunque la R. no lo diga es indicar la actividad a la que se r\u00edete el CNAE.<\/p>\n

                                                                              \u00bfDonde se debe consignar? Bien en la escritura de constituci\u00f3n bien el art. relativo al objeto social.<\/p>\n

                                                                              \u00bfQu\u00e9 ocurrir\u00eda si se ampliar\u00e1 el objeto social pero la ampliada no pasara a ser la principal? Pienso que, haci\u00e9ndolo constar, no habr\u00e1 que identificar el c\u00f3digo de esta nueva actividad si la principal no ha variado.<\/p>\n

                                                                              RR 2 junio 2014. BOE 25 julio 2014\/221<\/a> y 224<\/a> y 228<\/a> (ampliaci\u00f3n objeto)<\/p>\n

                                                                              \u00a0<\/p>\n

                                                                              <\/a>Junta General-<\/strong><\/p>\n

                                                                                \n
                                                                              1. Convocatoria junta general: muerto un socio.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                La convocatoria puede ser remitida al domicilio se\u00f1alado por el socio o al que conste en la documentaci\u00f3n social (art. 173 TRLSC). Por ello, fallecido un socio, corresponder\u00e1 al conjunto de los herederos implicados hacer saber esta circunstancia al \u00f3rgano de administraci\u00f3n y designar a la persona que los represente (art. 126 TRLSC).<\/p>\n

                                                                                R.23 mayo 2014<\/a> BOE 22 julio 2014\/210<\/p>\n

                                                                                  \n
                                                                                1. Convocatoria de junta<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                  Todos los administradores, menos uno, renuncian al cargo, si bien supeditan o condicionan dicha renuncia a su aprobaci\u00f3n por una futura junta general.<\/p>\n

                                                                                  \u00bfQui\u00e9n debe convocar y la junta general ?<\/p>\n

                                                                                  \u00bfEl administrador que queda? NO<\/p>\n

                                                                                  \u00bfDeben intervenir en el acuerdo tambi\u00e9n los renunciantes? SI, pues aunque la renuncia se hubiera aceptado en el consejo, sin embargo se condicion\u00f3 a la posterior aprobaci\u00f3n de la junta general, por lo que hasta ese momento los renunciantes siguen siendo consejeros.<\/p>\n

                                                                                  R.16 junio 2014<\/a>. BOE 29 julio 2014\/241<\/p>\n

                                                                                  \u00a0<\/p>\n

                                                                                  <\/a>Disoluci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

                                                                                  Disoluci\u00f3n por transcurso de plazo fijado de duraci\u00f3n<\/p>\n

                                                                                  \u00a0\u00bfCabe acordar la prorroga o la reactivaci\u00f3n antes del vencimiento del t\u00e9rmino y presentar el acuerdo a inscripci\u00f3n una vez transcurrido el plazo? \u00bfEs inscribible el acuerdo<\/span>? SI<\/strong>.<\/p>\n

                                                                                  Lo mismo en el caso de reactivaci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                  R.9 junio 2014<\/a>. BOE 25 julio 2014 \/232<\/p>\n

                                                                                  \u00a0<\/p>\n

                                                                                  IR A LA SECCI\u00d3N<\/a><\/strong><\/h3>\n

                                                                                  LISTA DE INFORMES<\/a><\/h2>\n

                                                                                  RESOLUCIONES POR MESES<\/a><\/strong><\/h3>\n

                                                                                  DISPOSICIONES 2002-2016<\/a><\/strong><\/h3>\n

                                                                                  DISPOSICIONES + DESTACADAS<\/a><\/strong><\/h3>\n

                                                                                  CUADRO NORMAS B\u00c1SICAS<\/a><\/strong><\/h3>\n

                                                                                   <\/p>\n

                                                                                  \"Lanzarote.<\/a>

                                                                                  Lanzarote. La Geria. Cultivo de vides regadas con el roc\u00edo de la ma\u00f1ana.<\/p><\/div>\n

                                                                                   <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n

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                                                                                  \"\"<\/CENTER><\/p>\n

                                                                                  Jurisprodencia, resoluciones, cuestiones pr\u00e1cticas… Contratos administrativos, navegaci\u00f3n mar\u00edtima,. Curatela.\u00a0<\/p>\n

                                                                                  <\/p>\n

                                                                                  Seguir leyendo…<\/h2>\n

                                                                                  <\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":3307,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[220],"tags":[1035,1038,1040,1034,1032,1033,1031,1039,386,1036,1037,441],"class_list":{"0":"post-3302","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-informes-opositores","8":"tag-arucas","9":"tag-contratos-administrativos","10":"tag-curatela","11":"tag-informe-opositores","12":"tag-jose-antonio-riera","13":"tag-jose-antonio-riera-alvarez","14":"tag-junio-2014","15":"tag-navegacion-maritima","16":"tag-opositores-2","17":"tag-opositores-a-notarias","18":"tag-opositores-a-registros","19":"tag-riera"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3302"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3302\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}