{"id":35038,"date":"2017-04-15T21:30:52","date_gmt":"2017-04-15T19:30:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=35038"},"modified":"2017-07-25T20:45:48","modified_gmt":"2017-07-25T18:45:48","slug":"devolucion-de-ingresos-indebidos-por-inconstitucionalidad-si-existe-liquidacion-firme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/fiscal\/articulos-fiscal\/devolucion-de-ingresos-indebidos-por-inconstitucionalidad-si-existe-liquidacion-firme\/","title":{"rendered":"Devoluci\u00f3n de Ingresos Indebidos por Inconstitucionalidad si existe Liquidaci\u00f3n Firme."},"content":{"rendered":"

\u00a0<\/h1>\n

\u00a0<\/h1>\n

<\/a>LA DEVOLUCI\u00d3N DE INGRESOS INDEBIDOS POR DECLARACI\u00d3N DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO EXISTA UNA LIQUIDACI\u00d3N TRIBUTARIA FIRME<\/strong><\/h1>\n

\u00a0(Ante la la posible inconstitucionalidad de\u00a0liquidaciones por plusval\u00eda municipal cuando no haya habido efectivo incremento de valor)<\/strong><\/h2>\n

JOAQU\u00cdN ZEJALBO MART\u00cdN, <\/strong><\/h2>\n

NOTARIO CON RESIDENCIA EN LUCENA, PROVINCIA DE C\u00d3RDOBA<\/strong><\/h2>\n

 <\/p>\n<\/a>

Resumen: <\/strong><\/span><\/h6>\n

Ante la presumible declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la normativa estatal contenida en la Ley de Haciendas Locales, s\u00f3lo en cuanto grave plusval\u00edas ficticias, se plantea el problema de la posible devoluci\u00f3n del impuesto ya pagado, siempre que no haya transcurrido el plazo previsto para su devoluci\u00f3n. Cuando se trate de un supuesto de liquidaci\u00f3n, en el que ya exista un acto administrativo firme, el examen de los medios establecidos en la LGT, interpretados por la doctrina m\u00e1s reciente y por la jurisprudencia, nos hace ver que es pr\u00e1cticamente imposible obtener dicha devoluci\u00f3n. Lo mismo ocurre si acudimos a la v\u00eda de la exigencia de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador tras la Ley 40\/2015.<\/span><\/p>\n<\/a>

Introducci\u00f3n.<\/span><\/h6>\n

La inminente declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad<\/strong> de la normativa estatal contenida en la Ley de Haciendas Locales, solo en cuanto grava plusval\u00edas inexistentes, plantea el\u00a0 problema de si es posible en aquellos supuestos en los que se haya\u00a0 satisfecho el impuesto por el\u00a0 sistema liquidaci\u00f3n,<\/strong> no el de autoliquidaci\u00f3n, por ser el primero el sistema de gesti\u00f3n vigente en el ayuntamiento correspondiente, la devoluci\u00f3n del impuesto pagado en contravenci\u00f3n de la normativa que ha sido declarado inconstitucional.<\/strong> En los supuestos de autoliquidaci\u00f3n, en el que no existe acto administrativo, lo que procede es instar la devoluci\u00f3n dentro del plazo de prescripci\u00f3n del impuesto.<\/p>\n

Advertimos que conforme a los apartados 2 y 3 de art\u00edculo 126<\/strong> del Real Decreto 1065\/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gesti\u00f3n e inspecci\u00f3n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos<\/strong>,<\/p>\n

\u201c2. La solicitud s\u00f3lo podr\u00e1 hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidaci\u00f3n y antes de que la Administraci\u00f3n tributaria haya practicado la liquidaci\u00f3n definitiva <\/strong>o, en su defecto, antes de que haya prescrito el derecho de la Administraci\u00f3n tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la liquidaci\u00f3n o el derecho a solicitar la devoluci\u00f3n correspondiente. El obligado tributario no podr\u00e1 solicitar la rectificaci\u00f3n de su autoliquidaci\u00f3n cuando se est\u00e9 tramitando un procedimiento de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n cuyo objeto incluya la obligaci\u00f3n tributaria a la que se refiera la autoliquidaci\u00f3n presentada<\/strong>, sin perjuicio de su derecho a realizar las alegaciones y presentar los documentos que considere oportunos en el procedimiento que se est\u00e9 tramitando que deber\u00e1n ser tenidos en cuenta por el \u00f3rgano que lo tramite.<\/p>\n

3. Cuando la Administraci\u00f3n tributaria haya practicado una liquidaci\u00f3n provisional, el obligado tributario podr\u00e1 solicitar la rectificaci\u00f3n de su autoliquidaci\u00f3n \u00fanicamente si la liquidaci\u00f3n provisional ha sido practicada por consideraci\u00f3n o motivo distinto del que se invoque en la solicitud del obligado tributario<\/strong>. Se considerar\u00e1 que entre la solicitud de rectificaci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n provisional concurre consideraci\u00f3n o motivo distinto cuando la solicitud de rectificaci\u00f3n afecte a elementos de la obligaci\u00f3n tributaria que no hayan sido regularizados mediante la liquidaci\u00f3n provisional.\u201d<\/p>\n

Si el acto administrativo de liquidaci\u00f3n ya es firme<\/strong> se aplica lo dispuesto en el art\u00edculo 221. 3 de la Ley General Tributaria<\/strong>, al disponer que \u00abcuando el acto de aplicaci\u00f3n de los tributos o de imposici\u00f3n de sanciones en virtud del cual se realiz\u00f3 el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, \u00fanicamente se podr\u00e1 solicitar la devoluci\u00f3n del mismo instando o promoviendo la revisi\u00f3n del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisi\u00f3n establecidos en los p\u00e1rrafos a), c) y d) del art\u00edculo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisi\u00f3n regulado en el art\u00edculo 244 de esta ley.\u00bb<\/strong><\/p>\n

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de febrero de 2017, Recurso 15225\/2016, ante una petici\u00f3n de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos ha declarado que conforme al art\u00edculo 221.3 de la Ley 58\/2003, cuando se trate de actos firmes s\u00f3lo puede instarse la devoluci\u00f3n por medio de alguno de los procedimientos de revisi\u00f3n <\/strong>establecidos en los apartados a),\u00a0c) y d) del art\u00edculo 216 o a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, art\u00edculo 244, y no suscitando una pretensi\u00f3n aut\u00f3noma.<\/p>\n

En consecuencia, procede, en principio, el estudio de los aludidos apartados del art\u00edculo 216\u00a0que<\/strong> regulan las siguientes clases de procedimientos de revisi\u00f3n: <\/strong><\/p>\n

a) Revisi\u00f3n de actos nulos de pleno derecho;<\/p>\n

b) Revocaci\u00f3n;<\/p>\n

y c) Rectificaci\u00f3n de errores.<\/p>\n<\/a>

Revisi\u00f3n de actos nulos de pleno derecho.<\/span><\/h6>\n

Dejando de lado el procedimiento de rectificaci\u00f3n de errores<\/strong> regulado en el art\u00edculo 220,<\/strong> que se refiere a los errores materiales, de hecho, o aritm\u00e9ticos, <\/strong>comenzamos con el art\u00edculo 217<\/strong> de la LGT que regula el procedimiento de revisi\u00f3n de los actos nulos de pleno derecho, disponiendo en su apartado 1 lo siguiente: \u00ab1. Podr\u00e1 declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, as\u00ed como de las resoluciones de los \u00f3rganos econ\u00f3mico-administrativos, que hayan puesto fin a la v\u00eda administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos<\/strong>:<\/p>\n

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.<\/p>\n

b) Que hayan sido dictados por \u00f3rgano manifiestamente incompetente por raz\u00f3n de la materia o del territorio.<\/p>\n

c) Que tengan un contenido imposible.<\/p>\n

d) Que sean constitutivos de infracci\u00f3n penal o se dicten como consecuencia de \u00e9sta.
\n e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formaci\u00f3n de la voluntad en los \u00f3rganos colegiados.<\/p>\n

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jur\u00eddico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisici\u00f3n.<\/p>\n

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposici\u00f3n de rango legal.\u00bb<\/p>\n

La lectura del precepto nos hace ver que en ninguno de sus apartados cabr\u00eda incluir, en principio, la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad<\/strong> que afecte a la Ley de Haciendas Locales en cuanto grave plusval\u00edas inexistentes, afectando al principio constitucional de capacidad econ\u00f3mica.\u00a0<\/p>\n

Al estudiar el tema el profesor <\/span>Esrnesto Eseverri Mart\u00ednez<\/strong>, Catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada y Magistrado del TSJ de Andaluc\u00eda, en su reciente obra \u201c<\/span>La devoluci\u00f3n de ingresos indebido<\/strong>s\u201d, 2017, p\u00e1gina 267,aventura una soluci\u00f3n cuando el acto administrativo de liquidaci\u00f3n es firme y ha sobrevenido una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la norma aplicada en dicho acto: \u201c<\/span>solo se me ocurre como v\u00eda argumentativa de la nulidad absoluta del acto recurrido la que recoge la letra f) de su aparatado I, es decir, la existencia de un acto expreso contrario al ordenamiento jur\u00eddico por el que la Administraci\u00f3n tributaria ha adquirido un derecho (el cobro de un tributo), careciendo de los requisitos esenciales para hacerlo, como as\u00ed viene a acreditarlo la sentencia de inconstitucionalidad o la vulneraci\u00f3n del Derecho comunitario<\/strong>.\u201d<\/span><\/p>\n

Sobre la cuesti\u00f3n escribe la profesora Bego\u00f1a Sesma S\u00e1nchez<\/strong>, Catedr\u00e1tica de Derecho Financiero y Tributario, en su obra \u201cLa nulidad de las liquidaciones tributarias\u201d,<\/strong> 2017, p\u00e1gina 235, \u00a0que \u201cadmitir que la invalidez de la norma, especialmente si es por inconstitucionalidad, significa la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones afectadas y que, por consiguiente, puede ejercitarse sin l\u00edmite temporal alguno e incluso en aquellos supuestos en los que la sentencia de inconstitucionalidad pretenda limitar los efectos hac\u00eda el pasado de la misma, como sostiene alg\u00fan autor, significar\u00eda un caos jur\u00eddico absoluto.<\/strong>\u00a0 Es una evidencia, pero que conviene tener muy presente que ni el art\u00edculo 217 de la LGT ni el art\u00edculo 47 LPAC contemplan entre las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos \u201cla inconstitucionalidad, ilegalidad o infracci\u00f3n del derecho comunitario de la norma que ha dado cobertura al acto si \u00e9ste ya es firme.\u201d<\/p>\n<\/a>

Revocaci\u00f3n. <\/span><\/h6>\n

Igual conclusi\u00f3n a la general expuesta antes podr\u00edamos obtener del art\u00edculo\u00a0219<\/strong> de la LGT, salvo lo que diremos a continuaci\u00f3n, relativo a la revocaci\u00f3n de los actos de aplicaci\u00f3n de los tributos al disponer lo siguiente:<\/p>\n

\u00ab1. La Administraci\u00f3n tributaria podr\u00e1 revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situaci\u00f3n jur\u00eddica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitaci\u00f3n del procedimiento se haya producido indefensi\u00f3n a los interesados.<\/strong><\/p>\n

La revocaci\u00f3n no podr\u00e1 constituir, en ning\u00fan caso, dispensa o exenci\u00f3n no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al inter\u00e9s p\u00fablico o al ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n

    \n
  1. La revocaci\u00f3n s\u00f3lo ser\u00e1 posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripci\u00f3n.\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n

    El problema de la aplicaci\u00f3n del precepto es que no atribuye ning\u00fan derecho al obligado tributario para obtener la revocaci\u00f3n, pues es potestativo para la Administraci\u00f3n estimar, si as\u00ed lo considerase, que dicha inconstitucionalidad supone una infracci\u00f3n manifiesta de la Ley<\/strong> y como consecuencia de ello proceder a la revisi\u00f3n del acto administrativo de liquidaci\u00f3n ya firme, aparte de que se podr\u00eda argumentar que lo que realmente contempla el art\u00edculo es un acto administrativo que vulnere la Ley, no la Constituci\u00f3n. Por otro lado, como indica Eseverri en la obra antes citada, p\u00e1gina 203, dicha ilegalidad ha de ser \u201cevidente, ostensible sin albergar g\u00e9nero de duda alguno que permita especular sobre su contenido.\u201d<\/p>\n

    De todas formas, nos a\u00f1ade el profesor Eseverri, pagina 200, que \u201cel acto denegatorio, expreso o t\u00e1cito, de apertura de un procedimiento de revocaci\u00f3n no es susceptible de recurso alguno por enmarcarse en el ejercicio de una potestad discrecional de la Administraci\u00f3n sobre la que el administrado no dispone el ejercicio de ninguna acci\u00f3n revisora al no haberse cuestionado ning\u00fan derecho que afecte al obligado tributario.\u201d<\/strong>\u00a0 \u201cEn cualquier caso, el ejercicio de ese derecho de petici\u00f3n a cargo de los interesados para que la Administraci\u00f3n tributaria ponga en ejercicio su potestad revocadora, de ning\u00fan modo equivale al ejercicio de una acci\u00f3n impugnatoria de aquel acto tributario cuya legalidad u oportunidad se cuestiona.\u201d<\/p>\n

    Precisa el art\u00edculo 10.1 del Real Decreto 5120\/2005, de 13 de mayo que \u00abel procedimiento de revocaci\u00f3n se iniciar\u00e1 exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n competente mediante un escrito que dirigir\u00e1n al \u00f3rgano que dict\u00f3 el acto. En este caso, la Administraci\u00f3n quedar\u00e1 exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito\u00bb.<\/p>\n

    El abogado cordob\u00e9s Jose Mar\u00eda P\u00e9rez Ben\u00edtez en su informe accesible libremente en internet, titulado \u00abPluva-lios. Declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad y posibilidades de recurso\u00bb, fechado el 1 de marzo de 2017 escribe que\u00a0\u00abla \u00fanica opci\u00f3n que cabe interponer es la del recurso de revocaci\u00f3n <\/strong>previsto en el art\u00edculo 219 LGT, siempre y cuando no hayan transcurrido cuatro a\u00f1os desde que adquiri\u00f3 firmeza la liquidaci\u00f3n. No obstante, la consecuci\u00f3n de una resoluci\u00f3n favorable, desgraciadamente, es poco menos que una fantas\u00eda.<\/strong> Y es que este procedimiento se inicia exclusivamente de oficio, pudiendo no obstante el contribuyente promover su iniciaci\u00f3n, aunque la Administraci\u00f3n s\u00f3lo estar\u00e1 obligada a acusar recibo de dicha solicitud (art. 10 RD 520\/2005). Sobre el particular, aunque ha habido alguna Sentencia, como la n\u00ba 1434 de 7 de julio de 2014, del TSJ de Andaluc\u00eda (Sala de M\u00e1laga, Secci\u00f3n 3a) que ha declarado la obligatoriedad de la Administraci\u00f3n de iniciar el procedimiento cuando el contribuyente lo argumenta de forma razonad<\/strong>a, lo cierto es que la misma contraviene frontalmente lo dispuesto por la STS de 19 de mayo de 2011 (Secci\u00f3n 2a, RJ\/2011\/4487)<\/strong><\/p>\n

    No obstante, en caso de iniciarse, la resoluci\u00f3n que ponga fin al procedimiento deber\u00e1 sujetarse a derecho<\/strong> y a las normas propias del procedimiento \u2013 motivaci\u00f3n, etc-, pudiendo ser objeto de control judicial. As\u00ed lo ha declarado \u2013no sin pol\u00e9mica- la STS de 19 de febrero de 2014 (Secci\u00f3n 2a, RJ\/2014\/2504).\u00bb<\/strong><\/p>\n

    \u00abA dicho criterio se opusieron los Magistrados D. Rafael Fern\u00e1ndez Montalvo y D. Jos\u00e9 Antonio Montero Fern\u00e1ndez, emitiendo voto particular en la misma sentencia. En esencia, estos Magistrados denunciaban la incoherencia <\/strong>de este pronunciamiento, respecto del de la Sentencia de 19 de mayo de 2011 \u2013de la misma Sala y Secci\u00f3n-, por cuanto que un procedimiento <\/strong>como este, cuya iniciaci\u00f3n corresponde determinar exclusivamente a la Administraci\u00f3n, sin que esta decisi\u00f3n sea objeto de control judicial;<\/strong> sin embargo, s\u00ed sea objeto de fiscalizaci\u00f3n en el caso de que decida tramitar y resolver el mismo.<\/strong><\/p>\n

    Sin que sea el momento ni el lugar de tomar partido en esta pol\u00e9mica, es claro que, visto el estado de las cosas, se antoja improbable que cualquier Ayuntamiento acuerde la iniciaci\u00f3n de un procedimiento de estas caracter\u00edstica<\/strong>s, el cual concluir\u00e1 necesariamente en contra de sus intereses. En este sentido, es claro que s\u00f3lo una presi\u00f3n ciudadana y\/o institucional ante una eventual pluralidad de supuestos, y en aras de la precitada justicia material y no discriminatoria por raz\u00f3n de la forma de exigir el impuesto, podr\u00e1 conseguir que, en este tipo de casos, la Administraci\u00f3n tome como h\u00e1bito la iniciaci\u00f3n del procedimiento de revocaci\u00f3n a instancias del contribuyente.<\/p>\n

    No obstante, y en opini\u00f3n de quien suscribe, no caben procedimientos alternativos a \u00e9ste tales como el de la revisi\u00f3n de oficio ex art. 217 LGT, dado que el derecho de capacidad econ\u00f3mica infringido no es susceptible de amparo constitucional, o el de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos<\/strong> ex art. 221 LGT, ya que frente a una liquidaci\u00f3n que ha adquirido firmeza, resulta improcedente interponer devoluci\u00f3n de ingresos indebidos, seg\u00fan ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de marzo de 2002 \u2013RJ 3541-.\u00bb<\/p>\n<\/a>

    Recurso extraordinario de revisi\u00f3n.<\/span><\/h6>\n

    Por \u00faltimo, nos queda conforme a la LGT\u00a0instar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n regulado en el art\u00edculo 244 de la LGT,<\/strong> pero como veremos tambi\u00e9n es inviable este medio.\u00a0 El apartado 1 de dicho art\u00edculo dispone que \u00ab1. El recurso extraordinario de revisi\u00f3n podr\u00e1 interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administraci\u00f3n tributaria y contra las resoluciones firmes de los \u00f3rganos econ\u00f3mico-administrativos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:<\/p>\n

    a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisi\u00f3n del asunto que fueran posteriores al acto o resoluci\u00f3n recurridos o de imposible aportaci\u00f3n al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.<\/strong><\/p>\n

    b) Que al dictar el acto o la resoluci\u00f3n hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resoluci\u00f3n.<\/p>\n

    c) Que el acto o la resoluci\u00f3n se hubiese dictado como consecuencia de prevaricaci\u00f3n, cohecho, violencia, maquinaci\u00f3n fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado as\u00ed en virtud de sentencia judicial firme.\u00bb<\/p>\n

    Se podr\u00eda pensar en la posible aplicaci\u00f3n del apartado a), entendiendo que la sentencia de inconstitucionalidad se concept\u00fae como la aparici\u00f3n de un documento de valor esencial para la decisi\u00f3n del asunto que fuese posterior al acto administrativo de liquidaci\u00f3n. Sin embargo, la jurisprudencia no lo ha entendido as\u00ed<\/strong>. El profesor Ernesto Eseverri en su ponencia titulada \u201cNulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de la UE: retroacci\u00f3n de actuaciones y devoluci\u00f3n de ingresos indebidos\u201d, presentadas en las \u201cJornadas sobre Mercado Interior y derecho de la Uni\u00f3n Europea\u201d, Doc. N\u00ba 15\/2013, Instituto de Estudios Fiscales, escrib\u00eda en 2013 lo siguiente: \u201cEl Tribunal Supremo<\/strong>, desde su lejana en el tiempo, sentencia de 5 de marzo de 1985 (RJ 1985\\1513), pasando por las de 29 de octubre de 1997 (RJ 1997\\9247), 11 de febrero de 1999 (RJ 1999\\1211), ha venido sosteniendo que las sentencias \u2013al igual que los autos y providencias\u2013 no tienen el car\u00e1cter de documentos en los que sea posible fundamentar un recurso extraordinario de revisi\u00f3n con causa en error producido en la resoluci\u00f3n cuya rescisi\u00f3n se pretende<\/strong>, doctrina que aun quedando referida al recurso de revisi\u00f3n en sede jurisdiccional fundamentado en el art\u00edculo 102 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, bien pudiera resultar de plena aplicaci\u00f3n tambi\u00e9n al mandato del art\u00edculo 244 LGT dada la similar literalidad de los t\u00e9rminos de uno y otro precepto legal.\u201d<\/p>\n

    Jos\u00e9 Ignacio Ruiz Toledano, Inspector de Hacienda del Estado, y Luis Javier Ruiz Gonz\u00e1lez, Inspector de Seguros del Estado y vocal del TEAR de Madrid, escriben en la obra \u201cLa revisi\u00f3n de actos en materia tributaria\u201d, dirigida por Pablo Chico de la C\u00e1mara y Javier Gal\u00e1n Ruiz, 2017, p\u00e1gina 252, que las Sentencias del TS de 22 de mayo de 2015, Recurso 4060\/2012 y 24 de junio de 2008, Recurso 3681\/2005, no reconocen que una sentencia judicial pueda ser considerada documento a efectos de fundamentar un recurso extraordinario de revisi\u00f3n para aplicar los criterios que contenga.<\/p>\n

    Podemos traer a colaci\u00f3n en esta materia una frase contenida en muchas sentencias del Tribunal Constitucional como la Sentencia del Pleno\u00a0 60\/2015, de 18 de marzo de 2015<\/strong>, relativa a la inconstitucionalidad de la ley valenciana que exig\u00eda el requisito de la residencia habitual\u00a0 en la Comunidad Valenciana para la aplicaci\u00f3n de bonificaciones en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: \u201cEl principio de seguridad jur\u00eddica<\/strong> (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de<\/strong> las situaciones jur\u00eddicas consolidadas; no s\u00f3lo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino tambi\u00e9n las situaciones administrativas firmes\u00bb. <\/strong>Como consecuencia de dicha Sentencia la Direcci\u00f3n General de Tributos y Juego de dicha Comunidad dict\u00f3 la Instrucci\u00f3n 1\/2015 relativa a dicha sentencia y a la devoluci\u00f3n del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones disting<\/strong>uiendo los distintos supuestos, entre ellos, que se hubiese presentado liquidaci\u00f3n o autoliquidaci\u00f3n<\/strong>. Por su inter\u00e9s y relaci\u00f3n de analog\u00eda con el supuesto estudiado se acompa\u00f1a un enlace de dicha Instrucci\u00f3n obtenida gracias a Jos\u00e9 Mar\u00eda Salcedo Benavente, abogado de \u00c1tico Jur\u00eddico.<\/p>\n

    La intangibilidad de las situaciones jur\u00eddicas consolidadas, entendiendo por tales las decididas con fuerza de cosa juzgadas y las situaciones administrativas firmes es una constante en la doctrina del tribunal Constitucional.<\/strong> Sirva para ello , entre otras, la siguiente declaraci\u00f3n contenida en el Fundamento Jur\u00eddico 15 de\u00a0 la Sentencia del TC 140\/2016, de 21 de julio,<\/strong> BOE de 15 de agosto de 2016: \u201cdebemos traer a colaci\u00f3n, a la hora de precisar el alcance en el tiempo de nuestra declaraci\u00f3n de nulidad, el principio de seguridad jur\u00eddica (art. 9.3CE), al que responde la previsi\u00f3n contenida en el art. 40.1 LOTC, seg\u00fan el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes \u201cno permitir\u00e1n revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada\u201d en los que se haya hecho aplicaci\u00f3n de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulaci\u00f3n del alcance de nuestra declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. M\u00e1s all\u00e1 de ese m\u00ednimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jur\u00eddica (art. 9.3 CE) tambi\u00e9n reclama que \u2013en el asunto que nos ocupa- esta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad solo sea eficaz pro futuro, esto es, en relaci\u00f3n con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde a\u00fan no haya recaudo una resoluci\u00f3n firme <\/strong>[SSTC 36572006, de 21 de diciembre, FJ8 \u2013con cita de la anterior 54\/2002, de 27 de febrero, FJ 9-; 161\/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104\/2013, de 25 de abril, FJ 4].\u00bb<\/p>\n

    Siguiendo al abogado Emilio Aparicio Santamar\u00eda en su post publicado el 3 de agosto de 2016 en su blog indubioproadministardo, escribiendo sobre la aludida sentencia del TC relativa a las tasas judiciales, \u00abal no ser la autoliquidaci\u00f3n un acto administrativo no cabe hablar de firmeza de la misma en tanto en cuanto no haya practicado la administraci\u00f3n la oportuna liquidaci\u00f3n definitiva o, en su defecto, haya prescrito el derecho de la Administraci\u00f3n para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaci\u00f3n como el derecho a la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos<\/strong>.\u00bb<\/p>\n

    En los supuestos de liquidaci\u00f3n estamos ante un acto administrativo<\/strong>, que cuando resulta inatacable, se le atribuye la cualidad de la firmeza, al ser definitivo.<\/p>\n

    Esta distinci\u00f3n entre la liquidaci\u00f3n y autoliquidaci\u00f3n<\/strong>, no existiendo en el segundo supuesto acto administrativo, determina un r\u00e9gimen distinto en caso de declaraci\u00f3n de nulidad por inconstitucionalidad de la norma aplicada<\/strong>, que, incluso, ha sido regulada en concreto, con motivo de las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, publicada en el BOE el 25 de marzo de 2017, y de 1 de marzo de 2017, publicada en el BOE el 7 de abril de 2017, que han declarado, respectivamente, la nulidad de la Normas Forales de Guip\u00fazcoa y \u00c1lava relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en la medida, \u00fanicamente, en la que someten a tributaci\u00f3n situaciones de inexistencia de incremento de valor. En efecto, tanto el Decreto Foral – Norma 2\/2017, de 28 de marzo, Guip\u00fazcoa,<\/strong> por el que se modifica el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Bolet\u00edn Oficial\u00a0 de Gipuzkoa n\u00fam. 64, de 31 de marzo de 2017, como el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3\/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, \u00c1lava,<\/strong> relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Bolet\u00edn Oficial del Territorio Hist\u00f3rico de \u00c1lava n\u00famero 40, de 5 de abril de 2017, contienen sendas disposiciones transitorias \u00fanica, 1 con id\u00e9ntico contenido:\u00a0<\/strong><\/p>\n

    \u00abR\u00e9gimen transitorio aplicable en relaci\u00f3n con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana<\/em><\/p>\n

      \n
    1. Liquidaciones firmes correspondientes a devengos anteriores al 25 de marzo de 2017 -fecha de la publicaci\u00f3n de la STC en \u00c1lava-.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      En relaci\u00f3n con las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondientes a devengos anteriores a 25 de marzo de 2017 – fecha de la publicaci\u00f3n de la STC en \u00c1lava-, que hayan adquirido firmeza con anterioridad a dicha fecha, no les resultar\u00e1 de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo \u00fanico del presente decreto foral-norma y, en consecuencia, se aplicar\u00e1n las siguientes reglas<\/strong>:<\/p>\n

      1.\u00aa- No proceder\u00e1n rectificaciones, restituciones o devoluciones basadas en la aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo \u00fanico del presente decreto foral-norma<\/strong><\/p>\n

      2.\u00aa- <\/strong>Continuar\u00e1n hasta su completa terminaci\u00f3n los procedimientos recaudatorios relacionados con las mismas y se exigir\u00e1n \u00edntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.\u00bb<\/p>\n

      El apartado primero del art\u00edculo 1 dispone <\/strong>lo siguiente: \u00ab1. Para que nazca la obligaci\u00f3n tributaria principal del impuesto<\/strong> sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en la Norma Foral 16\/1989, de 5 julio, ser\u00e1 necesaria la existencia de incremento de valor de los terrenos<\/strong>, puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisi\u00f3n de su propiedad por cualquier t\u00edtulo, o de la constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, sobre los mismos.<\/p>\n<\/a>

      Responsabilidad patrimonial del Estado.<\/span><\/h6>\n

      Agotados los medios recogidos en la Ley General Tributaria para obtener la devoluci\u00f3n s\u00f3lo nos queda acudir a la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.<\/strong> Para ello tenemos que examinar la actual regulaci\u00f3n contenida en la segunda de las llamadas vulgarmente leyes siamesas. es decir, la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, cuyo art\u00edculo 32.4 dispone lo siguiente: \u00abSi la lesi\u00f3n es consecuencia de la aplicaci\u00f3n de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, proceder\u00e1 su indemnizaci\u00f3n cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuaci\u00f3n administrativa que ocasion\u00f3 el da\u00f1o, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.\u00bb<\/strong><\/p>\n

      Los requisitos que exige para obtener la indemnizaci\u00f3n los hace pr\u00e1cticamente inviable<\/strong>, pues es preciso que exista un recurso ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa contra la actuaci\u00f3n administrativa que ocasion\u00f3 el da\u00f1o en el que se hubiese alegado la inconstitucionalidad, que se hubiese desestimado mediante sentencia firme. La doctrina entiende que la nueva regulaci\u00f3n puede rozar la inconstitucionalidad, siendo un tema debatido sobre el que discrepan administrativistas y fiscalistas, remiti\u00e9ndonos a la obra citada de la profesora Bego\u00f1a Sesma.<\/p>\n

      Si el acto administrativo de liquidaci\u00f3n es firme s\u00f3lo cabr\u00eda obtener una sentencia que fuese desestimatoria si el recurso pasase el filtro del 51 de la Ley de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa que regula las causas de inadmisi\u00f3n, entre las que est\u00e1 la caducidad del plazo de interposici\u00f3n, que se repite al resolver las alegaciones previas o al dictar sentencia.<\/p>\n

      En definitiva, como concluye el profesor Eseverri, p\u00e1gina 272, \u201cno cabe la posibilidad de ejercitar una acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando quien haya resultado afectado por la aplicaci\u00f3n de la ley inconstitucional o contraria al derecho comunitario haya consentido el acto administrativo dej\u00e1ndolo firme.\u201d<\/strong><\/p>\n

      Ante esta situaci\u00f3n fiscalistas destacados como Javier G\u00f3mez Taboada<\/strong>, estiman \u2013nos remitimos al art\u00edculo publicado en el diario Atl\u00e1ntico de Vigo el pasado 19 de marzo- \u00a0que lo prudente, cuando se estime la presumible inconstitucionalidad de la liquidaci\u00f3n, es impugnar en plazo el acto administrativo para evitar que adquiera firmeza, invocando desde un principio su inconstitucionalidad. Para dicho letrado tras la nueva Ley, seg\u00fan escrib\u00eda en \u00bfHay Derecho? el pasado 21 de febrero, \u201cs\u00f3lo cabr\u00e1 la responsabilidad patrimonial si se pasa por el ojo de una aguja.\u201d<\/p>\n

      Lucena, 12 de abril de 2017<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n<\/a>

      ENLACES:\u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n

      SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL GUIP\u00daZCOA<\/a><\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n

      ANULADA PARCIALMENTE LA REGULACI\u00d3N ESTATAL<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

      PLUSVAL\u00cdA MUNICIPAL Y EXTINCI\u00d3N PARCIAL DE COMUNIDAD<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

      NOTA DE LA FEMP<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

      INSTRUCCI\u00d3N GENERALITAT VALENCIANA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

      PLUSVAL\u00cdA MUNICIPAL Y EXTINCI\u00d3N PARCIAL DE COMUNIDAD<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

      SECCI\u00d3N FISCAL<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

      NORMAS: \u00a0 Cuadro general.<\/a> \u00a0 \u00a0 Por meses. <\/a>\u00a0 \u00a0 + Destacadas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

      NORMAS: \u00a0 Res\u00famenes 2002 \u2013 2017.<\/a>\u00a0 \u00a0Futuras.<\/a>\u00a0 \u00a0Consumo<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

      NORMAS: \u00a0\u00a0Tratados internacionales<\/a>,\u00a0\u00a0Derecho Foral<\/a>, \u00a0<\/span>Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

      RESOLUCIONES: \u00a0 \u00a0Por meses.<\/a> \u00a0 Por titulares.<\/a>\u00a0 \u00cdndice Juan Carlos Casas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

      WEB: \u00a0\u00a0Qu\u00e9 ofrecemos<\/a>\u00a0 NyR, p\u00e1gina de inicio<\/a><\/span>\u00a0 \u00a0<\/span>Ideario<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

      CASOS PR\u00c1CTICOS: \u00a0 Madrid y Bilbao.<\/a>\u00a0 \u00a0 Internacional<\/a>.<\/span><\/strong><\/p>\n

      IR ARRIBA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

      \"Devoluci\u00f3n<\/a>

      Almendros en flor en Washington. Por Silvia N\u00fa\u00f1ez.<\/p><\/div>\n

       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      \u00a0 \u00a0 LA DEVOLUCI\u00d3N DE INGRESOS INDEBIDOS POR DECLARACI\u00d3N DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO EXISTA UNA LIQUIDACI\u00d3N TRIBUTARIA FIRME \u00a0(Ante la la posible inconstitucionalidad de\u00a0liquidaciones por plusval\u00eda municipal cuando no haya habido efectivo incremento de valor) JOAQU\u00cdN ZEJALBO MART\u00cdN, NOTARIO CON RESIDENCIA EN LUCENA, PROVINCIA DE C\u00d3RDOBA   Resumen: Ante la presumible declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":35043,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[260],"tags":[7215,854,1101,7216],"class_list":{"0":"post-35038","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-articulos-fiscal","8":"tag-devolucion-de-ingresos-indebidos","9":"tag-joaquin-zejalbo","10":"tag-plusvalia-municipal","11":"tag-recurso-de-revision"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35038\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35043"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}