{"id":35203,"date":"2017-04-20T20:07:54","date_gmt":"2017-04-20T18:07:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=35203"},"modified":"2017-04-24T00:13:11","modified_gmt":"2017-04-23T22:13:11","slug":"comprobacion-de-valores-por-coeficiente-corrector-del-valor-catastral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/participa\/noticias\/comprobacion-de-valores-por-coeficiente-corrector-del-valor-catastral\/","title":{"rendered":"Comprobaci\u00f3n de valores por coeficiente corrector del valor catastral"},"content":{"rendered":"

RESE\u00d1A DE LA SENTENCIA DEL TS DE 06.04.2017, RECURSO 888\/2016<\/strong><\/h1>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

JOAQU\u00cdN ZEJALBO MART\u00cdN, NOTARIO CON RESIDENCIA EN LUCENA, PROVINCIA DE C\u00d3RDOBA. <\/strong><\/h2>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Comprobaci\u00f3n de Valores por el sistema de estimaci\u00f3n mediante la aplicaci\u00f3n de coeficientes correctores al valor catastral. Validez de la Orden 23\/2013, de 20 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2013, en base a los datos facilitados por la Gerencia Regional del Catastro, y requisitos para su aplicaci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

De esta importante sentencia<\/a>\u00a0 reproducimos los Fundamentos de Derecho S\u00e9ptimo y Octavo:<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u201cS\u00c9PTIMO<\/strong>.- En definitiva, si la Administraci\u00f3n tributaria se acoge al segundo de los medios previstos en el art. 57.1 de la Ley General Tributaria<\/a><\/strong>\u00a0de 2002, que permite la aplicaci\u00f3n de coeficientes multiplicadores, determinados y publicados por la Administraci\u00f3n tributaria<\/strong> competente, a los valores que figuren en el Catastro<\/strong> Inmobiliario, no cabe plantear la improcedencia del m\u00e9todo planteado<\/strong>, tan v\u00e1lido como cualquier otro t\u00e9cnico y objetivo de valorar. Cuesti\u00f3n distinta es que el contribuyente no se encuentre conforme<\/strong> con el valor final asignado, en cuyo caso podr\u00e1 promover la tasaci\u00f3n pericial contradictoria<\/strong> a que se refiere el apartado 2 del art. 57 de la Ley General Tributaria, o<\/strong> bien agotar los recursos disponibles alegando y probando<\/strong> que el coeficiente aprobado por la Administraci\u00f3n Tributaria de la Comunidad Aut\u00f3noma aplicado al valor catastral no responde al valor real del bien<\/strong>.<\/p>\n

En todo caso, la utilizaci\u00f3n<\/strong> de este medio para la comprobaci\u00f3n exige que la Administraci\u00f3n justifique adecuadamente su elecci\u00f3n y razone el resultado de la comprobaci\u00f3n<\/strong> de modo que permita al contribuyente conocer los datos tenidos en cuenta relativos a la referencia catastral del inmueble, su valor catastral en el a\u00f1o del hecho imponible, el coeficiente aplicado y la normativa en que se basa la Administraci\u00f3n Tributaria, al objeto de que pueda prestar su conformidad o rechazar la valoraci\u00f3n.<\/p>\n

Sin embargo, lo que no resulta admisible es que la normativa auton\u00f3mica se aplique a hechos imponibles producidos con anterioridad a su entrada en vigor<\/strong>, aunque se hayan tenido en cuenta valores vigentes a la fecha del devengo, toda vez que los obligados tributarios tienen derecho a conocer previamente los valores considerados por la Administraci\u00f3n<\/strong> para evitar una posterior comprobaci\u00f3n, cuyo resultado si resulta favorable genera intereses de demora. En efecto, no debemos olvidar que el art. 157.1 del propio Real Decreto 1065\/2007,<\/a><\/strong> de 27 de julio<\/a>, por el que se aprob\u00f3 el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gesti\u00f3n e inspecci\u00f3n tributaria, que desarrolla el art. 134.1 de la Ley General Tributaria , dispone que la comprobaci\u00f3n de valores no proceder\u00e1 cuando el obligado tributario haya declarado de acuerdo con los valores publicados por la propia Administraci\u00f3n<\/strong> actuante en aplicaci\u00f3n de alguno de los medios previstos en el art. 57.1 de la Ley General Tributaria , agregando el art. 158.1 <\/a>del mismo Reglamento que la aplicaci\u00f3n<\/strong> del medio de valoraci\u00f3n consistente en la estimaci\u00f3n por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de car\u00e1cter fiscal exigir\u00e1 que la metodolog\u00eda t\u00e9cnica utilizada para el c\u00e1lculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodolog\u00eda y el periodo de tiempo hayan sido objeto de aprobaci\u00f3n y publicaci\u00f3n <\/strong>por la Administraci\u00f3n tributaria que los vaya a aplicar.<\/p>\n

Por otra parte, el art. 90 de la Ley General Tributaria<\/a>\u00a0regula la informaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n Tributaria con car\u00e1cter previo<\/strong> a la adquisici\u00f3n o transmisi\u00f3n de bienes inmuebles, informaci\u00f3n que l\u00f3gicamente ha de tener en cuenta los coeficientes aprobados.<\/p>\n

En consecuencia, si los obligados tributarios pueden consignar en sus declaraciones y autoliquidaciones el valor que la Administraci\u00f3n Tributaria asigna a los bienes inmuebles urbanos aplicando los coeficientes establecidos al valor catastral actualizado a la fecha del devengo, sin que el \u00f3rgano de gesti\u00f3n pueda proceder a la comprobaci\u00f3n por otro medio si han declarado un valor igual o superior, razones de seguridad jur\u00eddica impiden aplicar la normativa con car\u00e1cter retroactivo.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

OCTAVO.-<\/strong> Por todo lo expuesto, no cabe aceptar el criterio que mantiene la sentencia de instancia y que le lleva a anular en su conjunto la Orden 23\/2013.<\/strong> Ahora bien, no procede considerar v\u00e1lida la disposici\u00f3n transitoria de la referida Orden en cuanto establece que \u00ablos coeficientes a los que se refiere el art\u00edculo 1 de la presente orden podr\u00e1n aplicarse<\/strong> en las comprobaciones <\/strong>de valor relacionadas con hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones producidos en 2013<\/strong> cuando los procedimientos en los que se realicen tales comprobaciones se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente orden\u00bb. <\/strong><\/p>\n

Todo lo anterior comporta la necesidad de estimar parcialmente el recurso de casaci\u00f3n interpuesto con anulaci\u00f3n de la sentencia impugnada. Por las mismas razones, constituidos en Tribunal de instancia, estimamos tambi\u00e9n parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, declarando que la Orden 23\/2013 de 28 de febrero, de la Consejer\u00eda de Hacienda y Administraci\u00f3n P\u00fablica de Valencia de la Comunidad Valenciana se ajusta a Derecho<\/strong>, sin que proceda, en cambio, mantener su disposici\u00f3n transitoria \u00fanica que debe anularse, lo que incide en la validez de la liquidaci\u00f3n impugnada al haberse otorgado la escritura de extinci\u00f3n de condominio objeto de comprobaci\u00f3n en fecha 11 de enero de 2013, con anterioridad a la entrada en vigor de la referida Orden.<\/p>\n

La estimaci\u00f3n parcial del recurso de casaci\u00f3n determina la improcedencia de hacer pronunciamiento en cuanto a las costas.\u201d<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

La doctrina de esta sentencia ha sido reiterada por el TS en otra del mismo d\u00eda, Recurso 118372016. En ambas existe un extenso voto particular<\/strong> del magistrado Francisco Jos\u00e9 Navarro Sanchis<\/strong> del que entresacamos las siguientes consideraciones:<\/p>\n

\u201cEs digno de elogio el designio de evitar la litigiosidad, pero no a toda costa<\/strong>, pues parece que la preocupaci\u00f3n que late en \u00f3rdenes auton\u00f3micas de esta clase es la de enervar los efectos adversos de una jurisprudencia que reclamaba dar cuenta razonada de las valoraciones acometidas, tratando de orillar con este nuevo m\u00e9todo que se mantenga el control judicial por el sencillo m\u00e9todo de suprimir tales comprobaciones, ya que dudosamente puede admitirse que la aplicaci\u00f3n de los coeficientes generales previstos en la orden suponga, en sentido propio y genuino, una comprobaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

En resumidas cuentas, se ha reemplazado un medio de comprobaci\u00f3n, con ciertas imperfecciones y con un alto coste de gesti\u00f3n para las comunidades aut\u00f3nomas, por algo que no puede ser considerado, ni etimol\u00f3gica ni jur\u00eddicamente, como un medio de comprobaci\u00f3n<\/strong> ( art. 57 LGT ), pues pese a la dicci\u00f3n legal, no se ejercita realmente la facultad de comprobar cuando se descree del valor declarado por el contribuyente -acertado o no, veraz o falso, pero referido desde luego sobre un bien singular y concreto- y en su lugar se sustituye dicho valor por otro de superior cuant\u00eda basado en f\u00f3rmulas abstractas hasta lo cabal\u00edstico, de las que la orden no da cuenta formal mediante su publicaci\u00f3n, el cual se impone a fortiori como expresi\u00f3n buscada de la norma como valor real<\/strong>, sin otra motivaci\u00f3n que el reflejo num\u00e9rico correspondiente\u201d<\/p>\n

\u201cEsto es, que seg\u00fan la conclusi\u00f3n a que arriba la sentencia, procede acoger la tesis del recurso de casaci\u00f3n conforme a la cual es admisible situar el valor real en el empleo de coeficientes generales y \u00fanicos para todo el municipio, prescindir por tanto de cualquier actividad de individualizaci\u00f3n -tal es por definici\u00f3n la tarea de comprobar que legitima el citado art\u00edculo 57 LGT – y deferir a un hipot\u00e9tico y potestativo empleo de la tasaci\u00f3n pericial contradictoria la resoluci\u00f3n de las discrepancias y objeciones del interesado al respecto<\/strong>.<\/p>\n

\u00a0Esta nueva doctrina del Tribunal Supremo no s\u00f3lo arrincona a\u00f1os de jurisprudencia aquilatada caso a caso, en inter\u00e9s de los derechos y garant\u00edas del contribuyente, sino que parece constituirse en el nuevo paradigma o referencia para cualquier actividad similar<\/strong> que emprendan, por la v\u00eda reglamentaria, otras comunidades aut\u00f3nomas, pues la legitimidad de la orden, en esencia, no se subordina tanto a su contenido -que la sentencia no analiza-, o de su nivel de detalle o del hallazgo m\u00e1s o menos acertado del valor real al que se debe orientar en el impuesto que nos ocupa, sino que m\u00e1s bien depende de la habilitaci\u00f3n contenida para esta modalidad supuestamente comprobadora en el art\u00edculo 57.1.b) LGT , ya que en sus prescripciones est\u00e1 \u00ednsita la idea central de que ahora el valor real puede fijarse de este modo global y estimativo, por aproximaci\u00f3n, sobre la base de presunciones que son iuris et de iure<\/strong> (como seguidamente expondr\u00e9), de suerte que no s\u00f3lo ser\u00eda discrecional la elecci\u00f3n del m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la forma jur\u00eddica de desarrollarlo\u201d<\/p>\n

\u201cUna de los sustentos argumentales de la sentencia, en mi opini\u00f3n tambi\u00e9n err\u00f3neo, es la de salvar la legalidad de la orden<\/strong> -en los no concretados preceptos de \u00e9sta que ser\u00edan nulos en tanto determinantes de la comprobaci\u00f3n del valor real mediante coeficientes multiplicadores- es que siempre le queda al interesado la opci\u00f3n de promover una tasaci\u00f3n pericial contradictoria y, desde luego, la ulterior impugnaci\u00f3n<\/strong> jurisdiccional de la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

No comparto tan optimista visi\u00f3n.\u201d<\/strong><\/p>\n

\u201cEn primer t\u00e9rmino, la tasaci\u00f3n pericial contradictoria se configura ahora<\/strong> (art. 57.2 LGT), no como un hito en el procedimiento de gesti\u00f3n o inspecci\u00f3n<\/strong> que desemboca en una liquidaci\u00f3n, sino como un medio impugnatorio sui generis<\/strong> que, adem\u00e1s, en el impuesto que nos ocupa, se desarrolla tras la adopci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n y como alternativa al empleo del recurso de reposici\u00f3n o la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa (art. 46.2, segundo p\u00e1rrafo, de su texto refundido). En otras palabras, opera este medio frente a un acto definitivo, impugnable y rodeado de todas las presunciones y prerrogativas propias de tales actos, como las de legalidad, acierto y ejecutividad.\u201d<\/p>\n

\u201cCobra vigencia y actualidad, por otra parte, nuestra constante doctrina jurisprudencial conforme a la cual se hace virtualmente imposible acudir a una valoraci\u00f3n objetiva de los inmuebles, a cargo de un perito neutral, cuando el interesado desconoce las razones determinantes de la liquidaci\u00f3n que se le ha girado y del aval\u00fao econ\u00f3mico en que se basa<\/strong>, y as\u00ed lo declara la ya mencionada sentencia de 29 de marzo de 2012, con cita de otras varias.\u201d<\/p>\n

\u201cCon independencia de tal dificultad intr\u00ednseca, hay una raz\u00f3n de mayor entidad jur\u00eddica a\u00fan: tal como se configura en la orden anulada por la Sala sentenciadora, que establece \u00edndices multiplicadores del valor catastral, \u00fanicos para cada municipio e inmunes a toda idea de singularidad, concreci\u00f3n y motivaci\u00f3n espec\u00edfica, la tasaci\u00f3n pericial contradictoria se presenta como un instrumento in\u00fatil o de utilidad muy reducida para reaccionar frente a una liquidaci\u00f3n que se ha limitado a efectuar una pura operaci\u00f3n aritm\u00e9tica<\/strong>, en aplicaci\u00f3n de una disposici\u00f3n general que se viene a conceptuar a s\u00ed misma, no como un instrumento de auxilio a la comprobaci\u00f3n, sino como la comprobaci\u00f3n misma; no como un medio dirigido a obtener el valor real, sino como expresi\u00f3n \u00fanica e invariable de tal valor real.\u201d<\/p>\n

\u201cPero es que hay m\u00e1s a\u00fan: si el presupuesto de partida es que el valor real ya no es el asociado al mercado -el que pactar\u00edan sujetos de derecho independientes en un negocio traslativo de la titularidad de un inmueble libre de cargas- sino que es el resultante de aplicar los coeficientes o \u00edndices multiplicadores del valor catastral<\/strong>, pues es en ellos donde reside ahora tal valor intr\u00ednseco -as\u00ed lo da a entender la sentencia-, sin prestar atenci\u00f3n, por tanto, a datos o consideraciones singulares referentes a los inmuebles respecto a los cuales se realice en cada caso el hecho imponible, la tasaci\u00f3n pericial contradictoria se mostrar\u00e1 un instrumento inservible e in\u00fatil en tanto ya no podr\u00e1 dirigirse a establecer un valor real aut\u00f3nomo, singular y propio del bien en cuesti\u00f3n<\/strong>, distinto al reflejado en los coeficientes, sino s\u00f3lo y \u00fanicamente a desacreditar la correcci\u00f3n de la orden en cuanto al establecimiento de \u00e9stos.\u201d<\/p>\n

\u201cPor lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n resulta incoherente que se haga descansar en una tasaci\u00f3n pericial por experto independiente la soluci\u00f3n a las discrepancias o inexactitudes del nuevo sistema de valoraci\u00f3n presuntiva,<\/strong> pues el sentido de tal prueba dirimente es l\u00f3gicamente el de confirmar o rebatir las previas conclusiones establecidas en una comprobaci\u00f3n o valoraci\u00f3n anterior, pero regida por una unidad de m\u00e9todo, ya que lo que se valora es lo mismo y el m\u00e9todo y objetivo tambi\u00e9n ser\u00edan comunes. Sin embargo, la examinada regla se quiebra cuando no se fija el valor real mediante un acto administrativo de comprobaci\u00f3n t\u00e9cnica singular a cargo de una persona versada en la tasaci\u00f3n por sus conocimientos y experiencia, sino que tal valor lo fija una disposici\u00f3n reglamentaria, que es abstracta e indefinida<\/strong> por su propia \u00edndole, pues resulta entonces problem\u00e1tico establecer la concordancia objetiva entre la prueba presuntiva que la norma arroja y el contenido del dictamen pericial contradictorio,<\/strong> pues aqu\u00e9lla ni es pericial ni est\u00e1 en un plano de igualdad con la valoraci\u00f3n propugnada por el interesado.\u201d<\/p>\n

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ENLACES:<\/span><\/h2>\n

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STS 1358\/2017<\/a>\u00a0Y STS 1361\/2017<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

ORDEN 23\/2013, DE 20 DE DICIEMBRE<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

NOTICIAS<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

ALGUNAS SENTENCIAS FISCAL<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

SECCI\u00d3N FISCAL<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

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NORMAS: \u00a0 Cuadro general.<\/a> \u00a0 \u00a0 Por meses. <\/a>\u00a0 \u00a0 + Destacadas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

NORMAS: \u00a0 Res\u00famenes 2002 \u2013 2017.<\/a>\u00a0 \u00a0Futuras.<\/a>\u00a0 \u00a0Consumo<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

NORMAS: \u00a0\u00a0Tratados internacionales<\/a>,\u00a0\u00a0Derecho Foral<\/a>, \u00a0<\/span>Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

RESOLUCIONES: \u00a0 \u00a0Por meses.<\/a> \u00a0 Por titulares.<\/a>\u00a0 \u00cdndice Juan Carlos Casas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

WEB: \u00a0\u00a0Qu\u00e9 ofrecemos<\/a>\u00a0 NyR, p\u00e1gina de inicio<\/a><\/span>\u00a0 \u00a0<\/span>Ideario<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

CASOS PR\u00c1CTICOS: \u00a0 Madrid y Bilbao.<\/a>\u00a0 \u00a0 Internacional<\/a>.<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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