<\/p>\n
\u00a0 Coordina: Joaqu\u00edn Zejalbo Mart\u00edn, <\/b><\/span><\/p>\n Notario con residencia en Lucena<\/a> (C\u00f3rdoba)<\/b><\/span><\/p>\n \u00a0<\/strong>\u00a0<\/p>\n Sentencias del Tribunal Supremo.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Agencia Tributaria de Catalu\u00f1a<\/a>.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones y sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n .<\/a><\/p>\n SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO.<\/strong><\/span><\/p>\n Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014, Recurso 1881\/2012. Se aprecia simulaci\u00f3n, habi\u00e9ndose creado una apariencia de arrendamiento para poder deducirse el IVA<\/p>\n No se admite el Recurso de Casaci\u00f3n contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de marzo de 2012, Recurso 552\/2009, rese\u00f1ada en el Informe de marzo de 2012, en el que escribimos lo siguiente: \u201cUna sociedad que est\u00e1 construyendo un hospital ante la imposibilidad de deducirse el IVA soportado, al tratarse de la prestaci\u00f3n de servicios sanitarios, constituye otra sociedad a la que domina en un cien por cien de su capital, arrend\u00e1ndole dicho hospital. La Administraci\u00f3n, el TEAC y la Audiencia Nacional aprecian la existencia de una simulaci\u00f3n en la operaci\u00f3n descrita.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>La ciencia jur\u00eddica afirma mayoritariamente que la figura de la simulaci\u00f3n est\u00e1 basada en la presencia de una causa falsa y que la simulaci\u00f3n absoluta se produce cuando se crea la apariencia de un contrato, pero, en verdad, no se desea que nazca y tenga vida jur\u00eddica; sostiene, tambi\u00e9n, que el contrato con simulaci\u00f3n absoluta est\u00e1 afectado de nulidad total, tanto por la tajante declaraci\u00f3n del art\u00edculo 1276, como por lo dispuesto en los art\u00edculos 1275 y 1261.3, en relaci\u00f3n con el 6.3, todos del C\u00f3digo Civil .\u201d<\/p>\n \u201cEfectivamente esta Sala llega a id\u00e9ntica soluci\u00f3n a la vista de c\u00f3mo se han producido ciertos actos con transcendencia jur\u00eddica, a saber: 1.- De los tres centros hospitalarios que S… gestiona en V…., solo uno se ha construido, el Centro Hospitalario C…….e y s\u00f3lo en la adquisici\u00f3n de \u00e9ste ha soportado IVA y tambi\u00e9n s\u00f3lo en este se acude a la f\u00f3rmula de disociar gesti\u00f3n\/propiedad, a trav\u00e9s de un arrendamiento, ya que para los otros dos la sociedad propietaria de las instalaciones presta directamente los servicios sanitarios. 2.- S…construye el nuevo hospital durante el periodo 1998 y hasta finales del 2000 y pese a lo elevado de su coste de construcci\u00f3n, pierde dinero en su explotaci\u00f3n v\u00eda arrendamiento. 3.- La entidad H…. se constituye en octubre de 2000, justo cuando el nuevo hospital est\u00e1 acabando de construirse, despu\u00e9s de haberse denegado por dos veces la devoluci\u00f3n de IVA. 4.- La entidad actora se da de alta en el ep\u00edgrafe 861.2 alquiler de locales industriales el 29 de diciembre de 2000, es decir con posterioridad a la construcci\u00f3n del hospital y 4.- Finalmente hay una total dependencia de H… respecto de S…., estando aquella participada al 100% por \u00e9sta, siendo los \u00f3rganos de Administraci\u00f3n comunes, coincidiendo arrendadora y arrendataria. Por tanto la creaci\u00f3n de la entidad H… en realidad no responde a la intenci\u00f3n de desarrollar una actividad diferenciada en el \u00e1mbito del sector sanitario sino el intento de conseguir la deducci\u00f3n de un IVA soportado que de otro modo no podr\u00eda haberlo sido, sin que frente a ello puedan v\u00e1lidamente prosperar las alegaciones de la parte actora, pues el hecho de que la Administraci\u00f3n con anterioridad no hubiera calificado la operaci\u00f3n de arrendamiento objeto de controversia, no impide que pueda hacerlo posteriormente.\u201d<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/a><\/p>\n SENTENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LA\u00a0AUDIENCIA NACIONAL<\/strong><\/span><\/p>\n Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 4 de noviembre de 2014, Recurso 2470\/2011. Naturaleza Jur\u00eddica del Consorcio de Compensaci\u00f3n de Seguros. Se califica como Administraci\u00f3n Institucional que goza de exenci\u00f3n en el ITP.<\/p>\n \u201c<\/strong>Seg\u00fan su normativa reguladora, el Consorcio de Compensaci\u00f3n de Seguros es conceptuado como una Entidad P\u00fablica Empresarial de las previstas en el art. 43.1.b) de la Ley 6\/1997. <\/strong>Esto es, se concept\u00faa como un Organismo P\u00fablico al que se encomienda la realizaci\u00f3n de actividades prestacionales, la gesti\u00f3n de servicios o la producci\u00f3n de bienes de inter\u00e9s p\u00fablico susceptibles de contraprestaci\u00f3n. En concreto, seg\u00fan la normativa antes rese\u00f1ada, al Consorcio de Compensaci\u00f3n de Seguros se le encomiendan las funciones enumeradas en el art. 3\u00ba del RD-Leg. 7\/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci\u00f3n de Seguros.\u201d Dicho art\u00edculo 43 clasifica los Organismos P\u00fablicos en Organismos aut\u00f3nomos, Entidades p\u00fablicas empresariales, y Agencias Estatales.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 6 de noviembre de 2014, Recurso 817\/2011.<\/p>\n \u201cLa resoluci\u00f3n del TEARV en su Fundamento Cuarto, donde efect\u00faa una s\u00edntesis de la finalidad del Registro de Bienes Muebles, creado en D. A. \u00danica del RD 1.828\/1993 de 3 de diciembre, que aprobaba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de Contrataci\u00f3n, con la descripci\u00f3n de las secciones de que se compone y, la enumeraci\u00f3n de los actos y contratos inscribibles en el mismo, y Quinto, donde se argumenta la conclusi\u00f3n tras lo expuesto en el anterior, es sumamente clara : \u00bb la adquisici\u00f3n de una Oficina de Farmacia solo tendr\u00eda posibilidad de acceso al Registro de Bienes Muebles en las secciones 3\u00aa, como establecimiento mercantil, o 5\u00aa en cuanto otros bienes registrables\u00bb,secciones estas que carecen de desarrollo reglamentario que permita conocer con la suficiente precisi\u00f3n los bienes que tienen acceso a las mismas ; e igual ocurre con el negocio de compraventa con pago del precio al contado por el que se ha adquirido en el presente caso la citada Oficina de Farmacia, que \u00fanicamente cabria encuadrar como acto o contrato inscribible en el gen\u00e9rico apartado de \u00bb otros contratos sobre bienes muebles <\/strong>\u00bb y forzando mucho el encaje, ya que el contrato de compraventa al contado difiere mucho en cuanto a su naturaleza jur\u00eddica de los t\u00edpicos que tienen cabida en este Registro como las compraventas a plazos , contratos de financiaci\u00f3n, de garant\u00eda, etc,..; todo ello sin contar con que dada la compleja estructura empresarial de las Oficinas de Farmacia, tienen forzado encaje en la amplia y gen\u00e9rica calificaci\u00f3n que de los bienes muebles se contiene en los arts.335 y 336 del CC .\u00bb<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0 Por su parte la Administraci\u00f3n, en s\u00edntesis, mantiene que en cualquier transmisi\u00f3n de oficina de farmacia, ya se transmita la totalidad del patrimonio afecto a la explotaci\u00f3n, ya sea solo del negocio en si, se transmite la licencia -el derecho de establecimiento, con reserva de un bien, siempre tiene lugar una adquisici\u00f3n valuable que debe acceder al Registro; apoya su tesis en los arts.333, 334 y 335 del CC, los que estima no son correctamente interpretados, al encontrarnos ante un registro que tambi\u00e9n lo es de titularidades con fin de dar publicidad a estas. Por ultimo y al Sexto se concluye: En consecuencia, y dado que, como se ha visto, el acceso al Registro de Bienes Muebles de la operaci\u00f3n controvertida es inespec\u00edfico y limitado, <\/strong>y no puede alcanzar en ning\u00fan caso al conjunto del valor reflejado en la transmisi\u00f3n de una farmacia en funcionamiento, que se utiliza como base imponible, y existiendo una marcada desproporci\u00f3n entre el mismo y el objeto de inscripci\u00f3n registral, no cabe sino considerar que la liquidaci\u00f3n no se ajusta al hecho imponible gravado y debe ser anulada .\u201d<\/strong><\/p>\n El Tribunal valenciano reitera su ya cl\u00e1sica doctrina sobre el tema, rese\u00f1ada y estudiada por nosotros en otras ocasiones.<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 7 de noviembre de 2014, Recurso 199\/2011. Imposibilidad de aplicar las reducciones `previstas en el ISD al ser el cargo de administrador gratuito y percibir una retribuci\u00f3n exclusivamente como trabajador.<\/strong><\/p>\n .\u201dEn relaci\u00f3n con\u00a0 la reducci\u00f3n por adquisici\u00f3n de la empresa \u201cEl \u00fanico impedimento para su aplicaci\u00f3n seg\u00fan el TEAR, es que \u00bb no se cumple con el requisito de que, precisamente por el ejercicio de sus funciones de administraci\u00f3n de la sociedad, percibieran una retribuci\u00f3n que suponga m\u00e1s del 50 % de los ingresos de los Administradores <\/em>\u00ab, y lo hace derivar de tres elementos; en primer lugar, que los estatutos de la Sociedad no contemplen la retribuci\u00f3n de los Administradores; en segundo lugar, que la retenci\u00f3n practicada al sujeto pasivo y al causante no fuera del 35 %, y en tercer lugar, que las retribuciones de los mismos se documenten en recibos de salarios iguales a los trabajadores por cuenta ajena al servicio de la sociedad, y dado que se trata de bonificaciones fiscales, la carga de la prueba corresponde a quien lo pide.\u201d \u201cEl \u00fanico impedimento para su aplicaci\u00f3n seg\u00fan el TEAR, es que \u00bb no se cumple con el requisito de que, precisamente por el ejercicio de sus funciones de administraci\u00f3n de la sociedad, percibieran una retribuci\u00f3n que suponga m\u00e1s del 50 % de los ingresos de los Administradores <\/em>\u00ab, y lo hace derivar de tres elementos; en primer lugar, que los estatutos de la Sociedad no contemplen la retribuci\u00f3n de los Administradores; en segundo lugar, que la retenci\u00f3n practicada al sujeto pasivo y al causante no fuera del 35 %, y en tercer lugar, que las retribuciones de los mismos se documenten en recibos de salarios iguales a los trabajadores por cuenta ajena al servicio de la sociedad, y dado que se trata de bonificaciones fiscales, la carga de la prueba corresponde a quien lo pide.\u201d<\/p>\n Se invoca por los recurrentes la Sentencia del TS de 31 de marzo de 2013, Recurso 4203\/2014, cuya doctrina no admite el Tribunal, entres otras razones, por ser una sentencia aislada, que no crea jurisprudencia, y porque \u201cen la citada sentencia el TS hace especial hincapi\u00e9 en lo que debe entenderse como \u00ablabores de direcci\u00f3n en la empresa\u00bb, y la interpretaci\u00f3n que debe darse al art\u00edculo 5 del Reglamento del Impuesto sobre el Patrimonio.<\/p>\n Pero no analiza de forma espec\u00edfica la cuesti\u00f3n clave de que para gozar de este beneficio fiscal, m\u00e1s all\u00e1 de que el sujeto pasivo lleve a cabo funciones de direcci\u00f3n, se le ha de retribuir en esta condici\u00f3n y no como empleado de la Sociedad, es decir, como consecuencia de una relaci\u00f3n laboral por cuenta ajena, como es el presente caso; ya que como Administrador, o como persona que dirige la empresa, se llame como se llame, nada percibe<\/strong>.\u201d<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Asturias de 10 de noviembre de 2014, Recurso 908\/2013.\u00a0 Constituci\u00f3n de fianza en la escritura de compraventa y subrogaci\u00f3n de pr\u00e9stamo hipotecario. Unidad de acto. No sujeci\u00f3n de la fianza a ITPAJD.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>El objeto tributario se refiere a la fianza constituida en garant\u00eda de un pr\u00e9stamo hipotecario otorgado por la hoy recurrente, con motivo de la subrogaci\u00f3n del adquirente de la vivienda en el pr\u00e9stamo pendiente del transmitente, que la Administraci\u00f3n entiende no tributa en unidad de acto, lo que impugna la parte actora, centr\u00e1ndose la controversia en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 25.1 del R.D. 828\/1995, de 29 de mayo, RITP, proyectado sobre la constituci\u00f3n de fianza en la misma escritura de compraventa y subrogaci\u00f3n de los compradores en un pr\u00e9stamo hipotecario anterior, de forma que el pr\u00e9stamo y su devoluci\u00f3n por quien se subroga se ha asegurado con dos garant\u00edas, por la hipoteca y por la fianza, y en tal sentido, las resoluciones judiciales avalan, en general, la tesis de la actora en una interpretaci\u00f3n conjunta de los art\u00edculos 7.1.B) del RDL 1\/1993, 15.1 del TRLITP-AJD y 25.1 del RITP, seg\u00fan el cual \u00abla constituci\u00f3n de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garant\u00eda de un pr\u00e9stamo, tributar\u00e1n exclusivamente por el concepto de pr\u00e9stamo, cuando la constituci\u00f3n de la garant\u00eda sea simult\u00e1nea con la concesi\u00f3n del pr\u00e9stamo o en el otorgamiento de \u00e9ste estuviese prevista la posterior constituci\u00f3n de la garant\u00eda\u00bb, precepto que el Tribunal Supremo mantuvo su adecuaci\u00f3n a derecho en las sentencias de 3 de noviembre de 1997, y con ellos, como se\u00f1ala la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, de fecha 18 de junio de 2014, adem\u00e1s de otras recogidas en la demanda, \u00abresulta irrelevante que la fianza no fuera constituida en el momento en que se constituy\u00f3 el pr\u00e9stamo inicial, pues lo fue en la misma escritura de compraventa y subrogaci\u00f3n en el pr\u00e9stamo, el cual mantuvo su plena vigencia y existencia, produci\u00e9ndose una novaci\u00f3n contractual en la que, con unidad de acto, el comprador se subrog\u00f3 en las obligaciones contractuales del inicial prestatario, siendo por tanto la resoluci\u00f3n del Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Regional de Valencia disconforme al precepto reglamentario y a la jurisprudencia interpretativa del mismo (se\u00f1alar tambi\u00e9n sentencias concordantes como la del Tribunal Supremo de 27-6-2002 y las del TSJ de Catalu\u00f1a de 30-3-2006. 16-7-2007 y 4-6-2008), pues los derechos de hipoteca y dem\u00e1s derechos reales en garant\u00eda de un pr\u00e9stamo tributar\u00e1n exclusivamente por este \u00faltimo concepto.<\/p>\n En efecto la escritura de la que dimana la liquidaci\u00f3n impugnada, formaliza la venta de una finca por el precio equivalente al capital pendiente de amortizar del cr\u00e9dito con garant\u00eda hipotecaria inicial que grava la total finca, en el que se subrogan los compradores, al propio tiempo que se constituye un nuevo afianzamiento, aceptando la entidad CAM la subrogaci\u00f3n y el nuevo afianzamiento contenidos en la escritura.<\/p>\n Se trata, por consiguiente, de un supuesto de constituci\u00f3n de dos garant\u00edas distintas en relaci\u00f3n con un cr\u00e9dito, formalizadas en unidad de acto en la escritura correspondiente, en la que la compradora se subroga en la garant\u00eda hipotecaria, al propio tiempo que se constituye una fianza para garantizar dicho cr\u00e9dito. De tal forma que esta segunda garant\u00eda se deriva sin ninguna duda del documento contractual novado de pr\u00e9stamo, conforme viene exigiendo la doctrina jurisprudencial que ha quedado anteriormente referenciada, con la l\u00f3gica consecuencia de que, como sostienen las partes demandadas en sus argumentaciones, no surgir\u00e1 la obligaci\u00f3n de tributar nuevamente por este afianzamiento, dado que ya se tribut\u00f3 por el pr\u00e9stamo al que garantiza…\u00bb, criterio que este Tribunal hace suyo, y supone la estimaci\u00f3n del recurso.\u201d<\/p>\n Igual criterio mantiene el TSJ de Galicia <\/strong>en la Sentencia de 22 de noviembre de 2014, Recurso 15179\/2014.\u00a0 En un sentido contrario el TSJ de Extremadura.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de noviembre de 2014, Recurso 3154\/2011. En la fianza no simult\u00e1nea la base imponible del impuesto de TPO se limita a la obligaci\u00f3n a\u00fan no amortizada y no al total de la llamada obligaci\u00f3n originaria garantizada.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>De los preceptos citados \u2013arts. 1822 y 1827 del C\u00f3digo Civil- se deduce que, \u00abel capital de la obligaci\u00f3n\u00bb es \u00abel importe afianzado\u00bb, es decir, el montante total que el fiador garantiza mediante el contrato de fianza. A este respecto, la expresi\u00f3n \u00abimporte afianzado\u00bb puede entenderse referida exclusivamente al principal del pr\u00e9stamo, si la garant\u00eda prestada por el fiador se circunscribe a dicho importe. No obstante, en aplicaci\u00f3n del principio de autonom\u00eda de la voluntad que rige en nuestro Derecho Privado, debe tenerse en cuenta que si el \u00e1mbito de la fianza no se limita al principal del pr\u00e9stamo, sino que se extiende expresamente a otros conceptos, como pueden ser los intereses, indemnizaciones u otros -no se olvide que el C\u00f3digo Civil exige que la fianza sea expresa-, todos ellos formar\u00e1n parte de la base imponible, por haber sido incluidos en el \u00abimporte afianzado\u00bb.<\/strong><\/p>\n En cuanto a la base imponible de la fianza sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 10.2.j) del TRLITPAJD, estar\u00e1 constituida por \u00abel capital de la obligaci\u00f3n\u00bb o \u00abimporte afianzado\u00bb, entendiendo por tal el montante total que, de acuerdo con las normas de Derecho Civil que resulten aplicables, el fiador garantiza mediante el contrato de fianza. De acuerdo con el principio de autonom\u00eda de la voluntad que rige en nuestro Derecho Privado, para la determinaci\u00f3n en cada caso concreto de la base imponible de un pr\u00e9stamo asegurado con fianza deber\u00e1 atenderse a lo convenido por las partes en el contrato de fianza en cuesti\u00f3n, a fin de determinar el importe total que efectivamente queda garantizado con la fianza. En definitiva en el caso de autos, en el que a tenor de la fianza suscrita, y otra cosa no alega la administraci\u00f3n recurrente el fiador garantiza el importe todav\u00eda no amortizado, deberemos concluir en consecuencia que la base imponible del impuesto debe limitarse a dicha cuant\u00eda y no al total de la llamada obligaci\u00f3n originaria garantizada, lo que nos conduce en consecuencia a la desestimaci\u00f3n del recurso.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 25 de noviembre de 2014, Recurso 1976\/2011.<\/p>\n \u201cRespecto de la procedencia de que se indemnice al actor los da\u00f1os y perjuicios consistentes en los gastos del aval presentado para obtener la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del acto recurrido ha de resolverse en el sentido ya consolidado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que mantiene que resultan indemnizables tales gastos como consecuencia de la necesidad de obtener el pleno restablecimiento de la situaci\u00f3n jur\u00eddica individualizada a que se refiere el art. 31.2 LRJCA , y de lograr la plena indemnidad del perjudicado, pues la constituci\u00f3n de avales o garant\u00edas producen gastos resarcibles por estar en relaci\u00f3n causal con el acto suspendido. Y si bien es cierto que la simple declaraci\u00f3n de la nulidad de un acto administrativo no presupone ni genera inexorablemente un derecho a la indemnizaci\u00f3n por surgir \u00e9ste de la existencia de un da\u00f1o o lesi\u00f3n-patrimonial sufridos por un particular como consecuencia del actuar de la Administraci\u00f3n, no lo es menos que si la lesi\u00f3n existe y por a\u00f1adidura el acto o actuaci\u00f3n resulta ilegal, la imputaci\u00f3n del da\u00f1o a la Administraci\u00f3n puede resultar obligada, como acontece cuando el recurrente est\u00e1 sufriendo hasta la cancelaci\u00f3n del aval unos perjuicios representados por la comisi\u00f3n percibida por la entidad de cr\u00e9dito que no ten\u00eda ning\u00fan deber jur\u00eddico de soportar al dimanar de un funcionamiento anormal de la Hacienda P\u00fablica, que dict\u00f3 un acto improcedente.<\/p>\n Por ello, debe reconocerse el derecho de la parte actora a que le sea satisfecho el importe de las cantidades abonadas a la entidad bancaria o de cr\u00e9dito en concepto de comisi\u00f3n o precio del aval hasta que se proceda a su cancelaci\u00f3n, conforme a las previsiones del art\u00edculo 33 LGT, desarrolladas por los arts. 72 y ss Real Decreto 520\/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisi\u00f3n en v\u00eda administrativa.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de Madrid de 2 de diciembre de 2014, Recurso 1328\/2012.<\/p>\n \u201cEl tenor literal de la cl\u00e1usula que contiene dicha valoraci\u00f3n es claro y no ofrece lugar a dudas en cuanto a lo valorado, que es lo donado, es decir, el 50% del rese\u00f1ado bien inmueble, y no la totalidad del mismo, siendo ese valor el que se declar\u00f3 como base imponible a efectos del Impuesto sobre Donaciones. La modificaci\u00f3n de dicha valoraci\u00f3n se produjo por escritura p\u00fablica de fecha 10 de septiembre de 2010 -con posterioridad al inicio del procedimiento de gesti\u00f3n que finaliz\u00f3 con la liquidaci\u00f3n provisional ahora recurrida-, y sin que el interesado haya aportado prueba alguna que justifique la existencia del error invocado<\/strong>, pues no hay ning\u00fan dato del que pueda inferirse que el valor fijado en la escritura de donaci\u00f3n fuese el de la totalidad del inmueble y no el porcentaje transmitido. Por tanto, hay que estar al valor determinado en la mencionada transmisi\u00f3n, ya que la posterior rectificaci\u00f3n del mismo constituye una mera declaraci\u00f3n de voluntad que carece de todo apoyo probatorio y cuya finalidad no parece ser otra que alterar el valor inicialmente asignado para reducir la carga tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas. <\/strong><\/p>\n Es intrascendente por ello que el recurrente haya presentado una solicitud de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos relativa al Impuesto sobre Donaciones y tambi\u00e9n que la escritura de subsanaci\u00f3n haya sido inscrita en el Registro de la Propiedad,<\/strong> pues ninguno de esos actos tiene eficacia frente a la Administraci\u00f3n tributaria al ser plenamente v\u00e1lido el valor asignado en la escritura p\u00fablica de donaci\u00f3n por no haberse justificado que no se corresponda con el valor real del porcentaje del inmueble transmitido.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Madrid de 4 de diciembre de 2014, Recurso 1523\/2012. Liquidaci\u00f3n por IRPF. Reducci\u00f3n. Base imponible. Pensiones compensatorias. Necesidad de satisfacer personalmente tales rentas para la reducci\u00f3n pretendida.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>En opini\u00f3n del recurrente no existe duda alguna acerca del derecho a la reducci\u00f3n de las cantidades satisfechas en concepto de pensi\u00f3n compensatoria al c\u00f3nyuge y anualidades por alimentos, cuando las mismas lo sean por decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n Manifiesta que en el presente caso, se aport\u00f3 en el escrito de contestaci\u00f3n al requerimiento, copia de la sentencia de 10.11.1999 de Medidas Provisionales, copia de la sentencia de 04.10.2006 de modificaci\u00f3n de medidas definitivas y justificantes de pago de la pensi\u00f3n compensatoria realizados durante el ejercicio 2008 tal y como consta acreditado en el expediente administrativo enviado por la AEAT.<\/p>\n En opini\u00f3n del recurrente la expresi\u00f3n satisfechas por decisi\u00f3n judicial implica el cumplimiento dos requisitos, que la pensi\u00f3n compensatoria se haya establecido judicialment<\/strong>e (hecho que ha quedado probado con la aportaci\u00f3n de la Sentencia de 10.11.1999 ) y que la pensi\u00f3n compensatoria haya sido abonada <\/strong>mediante la acreditaci\u00f3n de dicho extremo: hecho que tambi\u00e9n ha quedado acreditado con la aportaci\u00f3n de los justificantes de pago de la pensi\u00f3n compensatoria realizadas durante el ejercicio 2008.<\/p>\n Alega que en relaci\u00f3n con el cumplimiento del segundo de los requisitos anteriormente expuestos, en los justificantes de pago figura como ordenante B……., S.L., sociedad mercantil de la que el recurrente es titular del 99,99% del capital social, por tanto, y pese a que dichos pagos son realizados por B…….., S.L., los pagos mensuales de la pensi\u00f3n compensatoria realizados a favor de Do\u00f1a Piedad se han cargado en la cuenta que el recurrente mantiene con dicha sociedad (cuenta n\u00b0 55100).<\/strong><\/p>\n Destaca que en prueba de ello, se aport\u00f3 certificaci\u00f3n relativa a la citada cuenta, y que as\u00ed consta en la contabilidad de la empresa.\u201d<\/p>\n \u201cLa \u00fanica cuesti\u00f3n planteada en los presentes autos consiste en determinar si es conforme a derecho la decisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n que corrigi\u00f3 la reducci\u00f3n practicada en la base imponible general por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos en la autoliquidaci\u00f3n por el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, correspondiente al ejercicio 2008, del recurrente, al entender que las cantidades satisfechas en concepto de \u00abpensiones compensatorias a favor del c\u00f3nyuge\u00bb no eran deducibles del citado impuesto, toda vez que hab\u00edan sido pagadas por una sociedad de la que el recurrente era accionista al 99%.<\/p>\n Para resolver esta cuesti\u00f3n debe partirse de las normas que disciplinan el Impuesto de la Renta de la Personas F\u00edsicas, esto es, la Ley 35\/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y de modificaci\u00f3n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.\u201d<\/p>\n El Tribunal concluye exponiendo lo siguiente: \u201cpara que se pueda practicar una reducci\u00f3n en la base imponible general por pensiones compensatorias, lo que constituye una \u00abdisminuci\u00f3n de renta\u00bb el contribuyente deber\u00e1 haber satisfecho personalmente la cantidad en cuesti\u00f3n, no siendo posible practicar esa reducci\u00f3n cuando el pago se haya efectuado por una tercera persona, lo que viene vedado por el car\u00e1cter personal y directo del tributo, por lo que procede desestimar el presente recurso contencioso- administrativo.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 9 de diciembre de 2014, Recurso 1712\/2011. Para que se sujete la operaci\u00f3n a IVA el transmitente debe ser empresario y actuar en el ejercicio de su actividad empresarial.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u201cDe lo expuesto resulta que no todas las transmisiones de inmuebles est\u00e1n sujetas a IVA, sino s\u00f3lo aqu\u00e9llas que se realizan por empresarios o profesionales, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, respecto de bienes que integran el patrimonio empresarial o profesional. <\/strong>Por ello, el elemento central del litigio se reduce a determinar si la parte vendedora era o no empresario, para lo cual se exige estar ante la entrega de bienes que formen parte de su patrimonio empresarial al objeto de que dicha operaci\u00f3n est\u00e9 sujeta al IVA y, en tal sentido, cabe se\u00f1alar que en este recurso no consta prueba alguna del car\u00e1cter de<\/strong> empresario de la parte vendedora<\/strong>. En efecto, en relaci\u00f3n con tal conclusi\u00f3n hay que recordar, primero, que seg\u00fan constat\u00f3 la Inspecci\u00f3n, extremo que no ha sido en absoluto desvirtuado, ninguno de los transmitentes figuraba en el censo del IAE ni era tampoco declarante del IVA a la fecha de la transmisi\u00f3n, ni en los a\u00f1os inmediatamente anteriores, segundo, que tampoco consta que declararan ingresos por el concepto de actividades econ\u00f3micas del IRPF o rendimientos del capital inmobiliario en dicho impuesto, tercero, que en la propia escritura, al referirse a la situaci\u00f3n arrendaticia, figura que la finca se encontraba libre de arrendamientos a excepci\u00f3n del s\u00f3tano destinado a bodega, y cuarto, que incluso algunos de los vendedores ten\u00edan solo la cualidad de nudos <\/strong>propietarios, por lo que malamente pod\u00edan ceder una facultad, el uso, que no les correspond\u00eda. Se juzga asimismo oportuno subrayar que tiene raz\u00f3n el TEAR de Castilla y Le\u00f3n en la interpretaci\u00f3n que de la normativa aplicable hace en la parte final de su resoluci\u00f3n y en particular en aqu\u00e9lla en la que afirma que \u00abcuando el art\u00edculo 5 de la Ley del IVA dice que tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de empresarios los arrendadores, se ci\u00f1e, exclusivamente, a la actividad de arrendamiento. Extender esa consideraci\u00f3n a otras actividades, como la venta del inmueble arrendado, nos llevar\u00eda a considerar que pueden repercutir IVA, renunciando a la exenci\u00f3n, particulares como los que nos ocupan, lo cual es contrario a la finalidad de la renuncia seg\u00fan la explica la Exposici\u00f3n de Motivos de la ley en la parte transcrita, e implicar\u00eda que cualquier particular que arrendara una vivienda y posteriormente la vendiera a un empresario o profesional, que alegara tener derecho a la deducci\u00f3n total del IVA, tuviera que repercutir IVA en esa operaci\u00f3n,<\/strong> sacando as\u00ed el impuesto de la \u00f3rbita de las actividades empresariales y traslad\u00e1ndolo a las ventas efectuadas por particulares, lo cual parece contrario al esp\u00edritu del IVA\u00bb.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de Catalu\u00f1a de 11 de diciembre de 2014, Recurso 1314\/2011.\u00a0<\/p>\n \u201c<\/strong>La cuesti\u00f3n que se ventila en este proceso es la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n en la base imponible para determinar la liquidable del 95% del valor de adquisici\u00f3n, conforme al art. 20.6 de la Ley 29\/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, centr\u00e1ndose la litis en determinar si tal porcentaje ha de aplicarse al valor total de las participaciones o s\u00f3lo sobre el valor de las participaciones por la parte que corresponde a la proporci\u00f3n existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma y el valor del patrimonio neto de la entidad, <\/strong>por aplicaci\u00f3n del art, 4 de la Ley 19\/1991, del Impuesto sobre Patrimonio, por remisi\u00f3n del precepto antes visto de la LISD.<\/p>\n La Inspecci\u00f3n consider\u00f3 que no concurr\u00eda aquel factor de afectaci\u00f3n en la parte del inmovilizado constituido por inversiones financieras permanentes, que consist\u00edan en fondos de inversi\u00f3n depositados en el BBVA,<\/strong> aplicando el porcentaje del 95% sobre la base que de ello resultaba.\u201d<\/p>\n \u201cAl respecto hay que considerar que el art. 20.6 de la LISD se refiere a la transmisi\u00f3n intervivos de \u00abparticipaciones en entidades del donante a los que sea de aplicaci\u00f3n la exenci\u00f3n regulada en el apartado octavo del art\u00edculo 4\u00aa de la Ley 19\/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre Patrimonio \u00ab, y de la literalidad no se evidencia que la remisi\u00f3n sea s\u00f3lo el apartado 2-d) del precepto, es decir, al requisito de ejercicio efectivo por el sujeto de las funciones de direcci\u00f3n y porcentaje de la remuneraci\u00f3n percibida por ello, con exclusi\u00f3n en la remisi\u00f3n de la referencia a los activos efectos, sino \u00abentidades a los que sea de aplicaci\u00f3n la exenci\u00f3n regulada….\u00bb, es decir, cuales sean esas entidades y cual sea el alcance de la exenci\u00f3n como regulada, en toda su regulaci\u00f3n.<\/p>\n Respecto a la interpretaci\u00f3n finalista, hay que considerar que la Ley ten\u00eda como objetivo aliviar el coste fiscal derivado de la transmisi\u00f3n de las empresas familiares, en su forma de empresa individual o de participaciones, y por tanto atendiendo a una efectiva actividad econ\u00f3mica, de lo que resulta que, por ser ajenos a ello, deb\u00eda excluirse en la aplicaci\u00f3n del porcentaje de reducci\u00f3n en base los activos que no estuvieran afectos.<\/strong><\/p>\n No se trata de aplicar una reducci\u00f3n sobre todos los activos atendiendo a su integraci\u00f3n en la empresa, y sus participaciones, sino de aplicar la reducci\u00f3n en la misma medida en que los activos est\u00e1n afectos a la actividad econ\u00f3mica,<\/strong> porque en la continuidad de la empresa familiar reduciendo el impacto fiscal, que es lo que se pretende, son ajenos los activos que no sean precisos, afectos a la actividad. Hay que a\u00f1adir que en el informe ampliatorio se relata, y ello no ha sido cuestionado, que los activos considerados excluidos formaban parte del patrimonio personal de los socios, y por tanto tambi\u00e9n del donante y fueron aportados sin que provinieran de beneficios de actividad econ\u00f3mica alguna, de manera que la realidad de las cosas es que un elemento del patrimonio personal que se pretende donar es incluido en\u00a0 el activo de una sociedad, y de esta manera transmitiendo las participaciones sociales representativas de tal activo se aplica la reducci\u00f3n del 95%, todo lo cual es ajeno a la finalidad de la Ley, que, se insiste, es minorar el impacto fiscal de una empresa familiar, de sus participaciones, para no perjudicar o hacer muy dif\u00edcil la continuidad de la empresa misma.<\/p>\n Por \u00faltimo hay que a\u00f1adir que la Llei 21\/2001, antes citada, preve\u00eda la imputaci\u00f3n, a los efectos de determinar el porcentaje, solo de los activos afectos, aplicando la reducci\u00f3n a las adquisiciones \u00abmortis causa\u00bb, y que la Llei 19\/2010 extiende tal regulaci\u00f3n a las donaciones, pero de tal regulaci\u00f3n espec\u00edfica no se desprende que la legislaci\u00f3n estatal no excluyera los bienes no afectos al punto que hubo de ser la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica la que tuviera que hacer tal precisi\u00f3n, sino que lo que resulta es que la normativa auton\u00f3mica abandona la remisi\u00f3n a la Ley del Impuesto de Patrimonio y establece directamente en la regulaci\u00f3n del Impuesto de Sucesiones y Donaciones la repetida exclusi\u00f3n del valor de los bienes no afectos.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Burgos de 18 de diciembre de 2014, Recurso 33\/2014. Devengo del IVA en la permuta del suelo por obra. En el Impuesto sobre Sociedades rige otra regla.<\/strong><\/p>\n \u201cCuando se realiza una permuta como la documentada en el indicado instrumento p\u00fablico, tienen lugar en realidad dos operaciones, a saber, por un lado, la entrega del terreno y por otro lado, la entrega de la construcci\u00f3n como contraprestaci\u00f3n al terreno recibido.<\/p>\n La entrega del terreno que recibe la entidad actora debe ser considerada como un pago anticipado de la prestaci\u00f3n que debe realizar, esto es, de la entrega de las edificaciones porque es esa entrega la que sirve de pago a la edificaci\u00f3n que en el futuro se va a recibir.<\/p>\n As\u00ed las cosas, es verdad que el art\u00edculo 75.Uno de la Ley 37\/1992 de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, a prop\u00f3sito del devengo del impuesto, dice: Primero. \u00abSe devengar\u00e1 el Impuesto: En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposici\u00f3n del adquirente o, en su caso, cuando se efect\u00faen conforme a la legislaci\u00f3n que les sea aplicable\u00bb<\/em>.<\/p>\n Pero este mismo art\u00edculo tiene un apartado Dos, que es el que aqu\u00ed resulta aplicable, y que dice: \u00abNo obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realizaci\u00f3n del hecho imponible el impuesto se devengar\u00e1 en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n Consiguientemente, en el caso que nos ocupa, en la medida en que estamos ante una permuta de terrenos por edificaciones y en la que se establecen, como hemos dicho, dos transmisiones (la entrega del solar y la entrega de las edificaciones que se van a construir sobre el mismo) resulta que se produce un pago anticipado por la entrega de la edificaci\u00f3n y que est\u00e1 representado por la entrega del solar, por lo que es de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 75.2.<\/strong><\/p>\n Consiguientemente, el IVA correspondiente se devenga en la fecha de la entrega del terreno. <\/strong>Para construir (solar), esto es en este caso, en la fecha en que se document\u00f3 en las correspondientes escrituras p\u00fablicas el contrato de permuta, ya que en ese momento se produce la entrega del terreno.\u00a0 La base imponible del impuesto en un caso como en el que nos ocupa es la que indica el art\u00edculo 79.Uno de la Ley del Impuesto, que dice: \u00abEn las operaciones cuya contraprestaci\u00f3n no consista en dinero, se considerar\u00e1 como base imponible la que se hubiese acordado en condiciones normales de mercado, en la misma fase de producci\u00f3n o comercializaci\u00f3n, entre partes que fuesen independientes\u00bb.<\/em><\/p>\n \u201cLo anteriormente expuesto viene avalado por el Tribunal Supremo en las Sentencias citadas por la propia Resoluci\u00f3n recurrida, Sentencias de fechas 18 de marzo de 2009 (recurso de casaci\u00f3n 5013\/2006) y de 29 de abril de 2009 (recurso de casaci\u00f3n 5483\/2006), jurisprudencia aplicada por los Tribunales Superiores de Justicia en sentencias posteriores.<\/p>\n En efecto la Sentencia de fecha 20 de junio de 2012 (recurso n\u00ba 166\/10) dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dice: <<La cuesti\u00f3n que se suscita entre las partes en los presentes autos ha sido resuelta por el Tribunal Supremo Sala 3\u00aa, sec. 2\u00aa, S 29-4-2009, rec. 5483\/2006, sentencia que confirma el criterio mantenido en la sentencia de instancia al declarar que en el momento del devengo del impuesto, en este caso el de la formalizaci\u00f3n en escritura p\u00fablica del contrato de permuta, se produjo la entrega de los bienes que se intercambiaban, por una parte las dos parcelas y por otra los derechos sobre pisos y plazas de garajes, a\u00fan no finalizados pero completamente determinados, siendo este momento al que debe atenderse para fijar el valor de mercado de dichos bienes para determinar la base imponible.\u201d<\/em><\/p>\n \u201c<\/em><\/strong>En el caso de permuta de terrenos a cambio de edificaciones futuras el momento que interesa a los efectos del Impuesto sobre Sociedades no es el momento en el que se suscribe el contrato de permuta y se entrega el terreno -pago anticipado por la entrega del bien- sino el momento en el que la construcci\u00f3n est\u00e1 en condiciones de ser entregada, porque es ese el momento en el que se produce la corriente material de los bienes y es en ese momento cuando el ingreso debe imputarse a la sociedad promotora que ha recibido el terreno y entrega la edificaci\u00f3n y no cuando se suscribe el contrato.<\/strong> El art\u00edculo 19.1 del Real Decreto Legislativo 4\/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades dice: \u00abLos ingresos y los gastos se imputar\u00e1n en el per\u00edodo impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlaci\u00f3n entre unos y otros\u00bb.<\/em><\/p>\n Por lo tanto, la operaci\u00f3n de permuta es valorada de manera distinta en funci\u00f3n de cu\u00e1l es el hecho imponible en uno y otro impuesto y en funci\u00f3n de lo que establece la normativa de cada tributo.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de Madrid de 22 de diciembre de 2014, Recurso 648\/2012. Tributaci\u00f3n del derecho de transmisi\u00f3n. Fiscalmente existen dos transmisiones. El devengo tiene lugar el d\u00eda del fallecimiento. Igual soluci\u00f3n en la plusval\u00eda municipal.<\/strong><\/p>\n \u201cEl TEAR lo que entiende es que se producen dos transmisiones a los efectos del impuesto, una la del primer causante al llamado a su herencia y, otra, de este \u00faltimo a su propio heredero que no adquiere del causante inicial directamente sino a trav\u00e9s de la herencia del primer causante y tal es el criterio que se deduce de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2011<\/strong> (recurso 2610\/2008 ), y que nos lleva a la desestimaci\u00f3n del motivo y sin perjuicio de que los interesados pudiesen instar el reintegro de posibles ingresos indebidos, cuando se\u00f1ala \u00abEn relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n en la sentencia de esta Sala de 31 de marzo de 2004.\u201d<\/p>\n \u201cLa siguiente cuesti\u00f3n que plantea la recurrente es que como la escritura de aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de la herencia de su hermano fue en fecha 20 de diciembre de 2006, ya fallecido su padre, determinados bienes no pasaron a la masa del padre lo que determina que el hecho imponible no tuviera lugar conforme al art\u00edculo 3\u00ba 1 a) de la Ley 29\/1987 , entendiendo que los bienes relacionados por la Administraci\u00f3n como n\u00fameros 15, 39 al 43, 52, 65 al 70 y 72 no forman parte de la masa pues conforme a dicha escritura son bienes que heredaron su viuda y su madre.<\/p>\n La respuesta ha de ser negativa pues el art. 24.1 de la Ley 29\/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que \u00abEn las adquisiciones por causa de muerte… el impuesto se devengar\u00e1 el d\u00eda del fallecimiento del causante…\u00bb, y el art. 10 del RD 1629\/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, dispone que \u00ab1. Constituye el hecho imponible: a) La adquisici\u00f3n de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro t\u00edtulo sucesorio. …2. Las adquisiciones a que se refiere la letra a) del apartado anterior se entender\u00e1n realizadas el d\u00eda del fallecimiento del causante, por lo que para exigir el Impuesto bastar\u00e1 que est\u00e9 probado el hecho originario de la transmisi\u00f3n, aunque no se hayan formalizado ni presentado a liquidaci\u00f3n los documentos, inventarios o particiones.\u201d<\/strong><\/p>\n En la plusval\u00eda municipal tambi\u00e9n se devenga dos transmisiones; as\u00ed lo expresa la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona n\u00ba 10 de 30 de septiembre de 2014 Recurso 193\/2013.<\/strong><\/p>\n En definitiva, la Sentencia civil del TS de 11 de septiembre de 2013, Recurso 397\/2011, aparte de estar desconectada de la realidad, pues en la mayor\u00eda de las ocasiones no deber\u00eda operar el derecho de transmisi\u00f3n por existir aceptaciones t\u00e1citas no acreditadas y de perjudicar al c\u00f3nyuge viudo del transmitente, que mayoritariamente son mujeres, al haber, estad\u00edsticamente, m\u00e1s viudas que viudos, fiscalmente carece de consecuencias pr\u00e1cticas. A todas estas cuestiones hicimos referencia en la rese\u00f1a <\/a>\u00a0que escribimos de la Resoluci\u00f3n de la DGRN de 11 de junio de 2014, publicada en notariosyregistradores.com en agosto de 2014.<\/strong><\/p>\n La doctrina civil de la Sentencia de 11 de septiembre de 2013 ha sido reiterada por otra de 20 de enero de 2014, Recurso 495\/2001, aunque en este caso dicha doctrina no constituye la ratio decidendi<\/em> de la resoluci\u00f3n del TS.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Madrid de 22 de diciembre de 2014, Recurso 583\/2012. La acreditaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n provisional como VPO <\/strong><\/p>\n \u201cResulta reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que esta Secci\u00f3n ha contemplado asimismo en anteriores resoluciones de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, de que el plazo de tres a\u00f1os a que se refiere el precepto \u2013art. 45 del TR de ITP- citado puede ser objeto de interrupci\u00f3n cuando el adquirente de las fincas destinadas a la construcci\u00f3n de viviendas de protecci\u00f3n oficial no puede obtener la c\u00e9dula de calificaci\u00f3n provisional por motivos ajenos a su voluntad o imputables a la actuaci\u00f3n de la propia administraci\u00f3n (<\/strong>jurisprudencia asimismo aplicada por el TEAR de Madrid como se aprecia de las distintas resoluciones aportadas por la codemandada).\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0Sentencia del TSJ de Madrid de 23 de diciembre de 2014, Recurso 642\/2012.\u00a0 Sujeci\u00f3n a ITP de la concesi\u00f3n de un hospital<\/strong><\/p>\n La Consejer\u00eda de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid acuerda adjudicar el contrato denominado \u00abConcesi\u00f3n de obra p\u00fablica para la construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n del Hospital de C……\u00bb a la entidad actora, \u00abH………., S.A.\u00bb, con sujeci\u00f3n a los Pliegos de Cl\u00e1usulas Administrativas Particulares y de Prescripciones T\u00e9cnicas aprobados por Orden del Consejero de Sanidad y Consumo. \u201cDel examen del contrato y del Pliego de Cl\u00e1usulas Administrativas Particulares se desprende que, como contin\u00faa argumentando el Tribunal Supremo en el FJ 4\u00ba de aquella sentencia \u2013del TS de 9 de mayo de 2014-, \u00abestamos en presencia de una concesi\u00f3n, pues al margen de las menciones all\u00ed contenidas a la figura de la concesi\u00f3n o a la del concesionario, de los mismos resulta acreditado un desplazamiento patrimonial en favor de la entidad contratante al colocarla en situaci\u00f3n de obtener un beneficio especial con motivo de la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico con la construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n del nuevo Hospital <\/strong>…, con todos los servicios que se detallan en el propio contrato y Pliego correspondiente.\u00bb<\/p>\n En efecto, el hecho de que en el apartado B.7 del Pliego, relativo a \u00abDerechos de la Sociedad.<\/p>\n Concesionaria\u00bb, se contemple que \u00abel derecho que ostenta la Sociedad Concesionaria a una contraprestaci\u00f3n podr\u00e1 tener la consideraci\u00f3n de activos susceptibles de cederse, pignorarse, titularizarse…\u00bb, s\u00f3lo puede significar que la actora -como contin\u00faa argumentando la STS citada- ha adquirido derechos derivados de una inicial actuaci\u00f3n administrativa, derechos que se han integrado en su patrimonio, pues si no fuera as\u00ed, no podr\u00eda cederlos o constituir prenda sobre ellos<\/strong>. Asimismo, el que la actora deba, conforme deriva de la cl\u00e1usula B.12, ejecutar el contrato en todas sus fases a su riesgo y ventura robustece la idea de que nos situamos en el \u00e1mbito de una concesi\u00f3n y no de un simple contrato de obras.<\/p>\n Por tanto, del examen del contrato y del pliego se desprende que las obligaciones que asume la sociedad concesionaria van -como contin\u00faa razonando el Tribunal Supremo la sentencia que hemos transcrito- \u00abmucho m\u00e1s all\u00e1 de la realizaci\u00f3n de una simple obra p\u00fablica y se incardina claramente en la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, que aunque no incluya la asistencia sanitaria, s\u00ed comprende una serie de servicios que gestiona la recurrente y pone a disposici\u00f3n de la profesionales sanitarios. … El servicio m\u00e9dico-asistencial como tal ser\u00e1 prestado por la Administraci\u00f3n, pero para esa prestaci\u00f3n es necesaria la existencia de un soporte o sustrato material relativo al equipamiento, el mantenimiento, la reposici\u00f3n, etc…. que ser\u00e1 prestado por el recurrente, (….)…..\u00bb. En definitiva, gestionar\u00e1 la estructura material del servicio, participando en la explotaci\u00f3n del mismo….\u00bb.<\/p>\n Y todo ello resulta congruente, tambi\u00e9n en nuestro caso, con el objeto y finalidad del contrato, que va mas all\u00e1 de una simple obra p\u00fablica, dado que el objeto del contrato, que seg\u00fan la cl\u00e1usula primera del Pliego, se ejecutar\u00e1 a riesgo y ventura del concesionario, comprende la redacci\u00f3n del proyecto de construcci\u00f3n del hospital, la ejecuci\u00f3n y direcci\u00f3n de las obras, y la explotaci\u00f3n y mantenimiento de la obra p\u00fablica y del mobiliario relacionado en el Anexo VI, entendiendo por tal la puesta a disposici\u00f3n del Hospital mediante la prestaci\u00f3n de los servicios residenciales y complementarios no sanitarios propios del mismo, as\u00ed como la explotaci\u00f3n de las zonas complementarias y espacios comerciales autorizados. Y en cuanto su finalidad, es \u00abla creaci\u00f3n de una nueva infraestructura hospitalaria, prevista en el Plan de Infraestructuras Sanitarias para el per\u00edodo 2004-2007 para satisfacer las necesidades sanitarias del A………….. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n en este caso se pone en relaci\u00f3n el objeto y finalidad del contrato con la duraci\u00f3n de la concesi\u00f3n -30 a\u00f1os- y la retribuci\u00f3n por los conceptos antes indicados del concesionario.\u00a0 Razones por las cuales, debemos concluir – en id\u00e9ntico sentido que el Tribunal Supremo en la sentencia a la que venimos haciendo menci\u00f3n- que nos encontramos ante una concesi\u00f3n y no ante un contrato de concesi\u00f3n de obra p\u00fablica.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Arag\u00f3n de 23 de diciembre de 2014, Recurso 524\/2011. Legitimaci\u00f3n del albacea para obtener informaci\u00f3n catastral<\/strong><\/p>\n El art\u00edculo 53 de la Ley del Catastro dispone: \u201cAcceso a la informaci\u00f3n catastral protegida.<\/p>\n En este caso el recurrente y otro, son albaceas, contadores partidores o ejecutores testamentarios y sus funciones seg\u00fan se establece en la herencia, son entregar legados, partir la herencia, adjudicar los bienes e interpretar las disposiciones testamentarias y adem\u00e1s solidariamente las siguientes: efectuar la partici\u00f3n de la herencia, tomar posesi\u00f3n de los bienes relictos, (…) efectuar la entrega de los legados ordenados tanto de bienes inmuebles como de muebles, gestionar todo lo necesario ante toda clase de oficinas p\u00fablicas y privadas, (…) En definitiva se les faculta para realizar y gestionar todo lo necesario o conveniente hasta dar debido cumplimiento a lo dispuesto.<\/p>\n Dentro de lo debido es claro que tambi\u00e9n es su obligaci\u00f3n como ejecutor testamentario, la liquidaci\u00f3n y pago de los debidos impuestos tanto de Sucesiones, como de Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. As\u00ed se acredita por que es reconocido como representante legal de la herencia yacente (aporta documento con la demanda en tal sentido), obligada al pago de \u00e9stos, mientras los herederos no acepten la misma.<\/p>\n Por tanto cuando la ley del Catastro exige que haya un consentimiento expreso, espec\u00edfico y por escrito del afectado, no puede excluir el consentimiento expreso dado por el causante para ejecutar su voluntad, mientras no se exceda de su cometido. Y dentro de \u00e9l de ese consentimiento, est\u00e1 estrechamente incluido el que otorg\u00f3 en su d\u00eda la causante, otorgando la representaci\u00f3n en el sentido m\u00e1s lato del t\u00e9rmino para actuar en ejecuci\u00f3n de la herencia, como albacea, contador partidor o ejecutor testamentario. No se aprecia otra f\u00f3rmula en nuestro derecho para otorgar ese consentimiento que no sea en el testamento. En la medida por tanto en que para ejecutar el testamento, -y aqu\u00ed esta cuesti\u00f3n no se niega-, es preciso obtener los datos catastrales de los bienes inmuebles, a los albaceas se les debe otorgar legitimaci\u00f3n, porque ya les fue concedida esa legitimaci\u00f3n por la causante. <\/strong><\/p>\n Legitimaci\u00f3n que les viene igualmente deferida de la propia Ley, cuando el C\u00f3digo Civil, les otorga las facultades que les haya conferido el testador y adem\u00e1s si nada dice las establecidas en el art. 902 . Si para ejercer estas facultades -de obligado cumplimiento- necesitan los datos catastrales, el catastro debe otorgar la legitimaci\u00f3n para entregar estos datos. La \u00fanica oposici\u00f3n admisible ser\u00eda la contraposici\u00f3n de intereses con los herederos que se menciona en la contestaci\u00f3n a la demanda. Contraposici\u00f3n que no se da en este caso en que \u00e9stos no han aceptado la herencia. Pero aunque as\u00ed fuera, la Ley permite que haya varios legitimados para obtener los datos, siempre que tengan inter\u00e9s (colindantes, investigadores.). Aqu\u00ed existe ese inter\u00e9s y por lo tanto el hecho de que tambi\u00e9n pudieran pedir los datos los herederos, no debe ser causa para la denegaci\u00f3n.<\/p>\n Est\u00e1 de m\u00e1s a\u00f1adir que si se le ha reconocido como representante legal de la herencia yacente, se coloca en la posici\u00f3n de los herederos y por tanto tiene la legitimaci\u00f3n directa. Y que incluso se le ha retribuido con un inmueble, por lo que no tiene explicaci\u00f3n que al menos se le hubiera dado los datos del inmueble que constituye retribuci\u00f3n de su cargo.\u201d<\/p>\nNo sujeci\u00f3n a AJD de la transmisi\u00f3n de las Oficinas de Farmacia.<\/span><\/h6>\n
\u00a0Si la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n ha sido ilegal el ciudadano tiene derecho al resarcimiento de los perjuicios ocasionados, Un ejemplo ser\u00eda el coste de los avales.<\/span><\/h6>\n
\u00a0Ineficacia frente a la Hacienda P\u00fablica de la escritura de rectificaci\u00f3n del valor de la finca donada.<\/span><\/h6>\n
Exclusi\u00f3n de los activos no afectos en la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n del ISD.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Tributaci\u00f3n del derecho de transmisi\u00f3n. Fiscalmente existen dos transmisiones. <\/strong><\/span><\/h6>\n
\n